Una extensa investigación de cinco años culminó con un mega operativo que permitió desarticular a una organización dedicada a ofrecer servicios de emergencias médicas en diversos distritos bonaerenses. La red utilizaba a personas sin título ni habilitación para ejercer la medicina, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

El despliegue policial incluyó 40 allanamientos en La Plata, Florencio Varela, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Tres de Febrero, Lomas de Zamora y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Lomas de Zamora, las fuerzas de seguridad detuvieron a nueve personas y aprehendieron a otras 20. Para desentrañar el modus operandi, los investigadores analizaron más de 30.000 horas de conversaciones telefónicas.

La organización, cuya base operativa se encontraba en Florencio Varela, funcionaba bajo la fachada de una empresa de emergencia.

Según el expediente, la empresa obtenía contratos con obras sociales y prestadoras estatales como PAMI e IOMA. Los choferes de las ambulancias eran obligados a cumplir funciones de asistencia sanitaria, utilizando chaquetas e identificaciones apócrifas para simular profesionalismo durante jornadas laborales de 12 y 24 horas.

La causa, a cargo del fiscal Darío Provisionato de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1, investiga además un presunto esquema de fraude contra el Estado mediante la facturación de prestaciones inexistentes. Se sospecha que la red contaba con el aval de profesionales que cedían sus matrículas y sellos a cambio de dinero.

Durante los procedimientos, la policía secuestró siete ambulancias, 22 sellos profesionales, 65 sellos de instituciones sanitarias y prepagas como PAMI y Swiss Medical, 19 estetoscopios, medicamentos y uniformes con inscripciones del SAME.

También se incautaron $5.780.200 y US$19.368 en efectivo, junto con dispositivos electrónicos que serán peritados. La investigación cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N.º 8 de Florencio Varela.

Un niño de 4 años falleció luego de ser atacado por un perro de raza pitbull en Moreno. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Fresnos al 2500, en la localidad de Francisco Álvarez, donde personal médico del SAME constató el deceso del menor, identificado como Homero Mauro Leonar Fernández.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón. Según la información brindada por la agencia Noticias Argentinas, la madrina del niño, Yohana Mercado, de 31 años, dio aviso a la policía tras el ataque. La mujer relató que dejó al menor solo en la vivienda durante 10 minutos para retirar a su hija de una actividad de patín y, al regresar, encontró al perro de su propiedad tras haber agredido al pequeño.

La fiscal Carina Saucedo dispuso la aprehensión de Mercado y caratuló la causa, en principio, como homicidio culposo. En el lugar del hecho trabajaron peritos y se ordenó la autopsia correspondiente sobre el cuerpo de la víctima.

Este lunes, la implicada debe comparecer ante la sede fiscal mientras avanza la investigación. Por otra parte, se dispuso que el animal quede bajo la supervisión del área de Zoonosis municipal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 5 de San Martín comenzó a juzgar al comandante de Gendarmería Juan Alberto López Torales, de 64 años. Se lo acusa de haber simulado ser atropellado durante una protesta de trabajadores de la firma LEAR, en el kilómetro 31,5 de la autopista Panamericana, el 30 de julio de 2014. El debate se realizará los miércoles de octubre y noviembre.

Durante la primera jornada, el lunes, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio presentados por el fiscal y la querella. Después, el tribunal le preguntó al acusado si iba a declarar en indagatoria y se negó.

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal (MPF), la próxima audiencia será la semana que viene, con los testimonios de la víctima de la presunta maniobra llevada adelante por el acusado y sus acompañantes.

El comandante llegó a juicio imputado como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y falso testimonio, contemplados en los artículos 142 inciso 1º, 144 bis inciso 1º y último párrafo, y 275 del Código Penal de la Nación.

La escala penal va de uno a cinco años de prisión e incluye la inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena.

La causa se inició por la denuncia del abogado Manuel Garrido, a la que se sumó la presentación de la entonces diputada nacional Miryam Bregman. Los hechos ocurrieron pasadas las 9 de la mañana del 30 de julio de 2014 sobre la autopista Ingeniero Pascual Palazzo, conocida como Panamericana.

Trabajadores de la autopartista LEAR realizaban una protesta cerca del kilómetro 31,5, en El Talar de Pacheco, partido de Tigre. Mientras personal de Gendarmería rodeaba a los manifestantes, el imputado corrió hacia un Chevrolet Corsa que uno de ellos conducía a baja velocidad. Según la denuncia de Garrido, el gendarme “se arrojó deliberadamente contra el capot del vehículo, simulando haber sido atropellado”.

Distintos testigos presenciaron la escena, que además fue registrada por las cámaras de los canales de noticias y de los medios que cubrían la protesta.

Por orden del excoordinador de Fuerzas de Seguridad Roberto Ángel Galeano, el resto de los efectivos sacó por la fuerza al conductor y lo apresó. El hombre permaneció detenido varias horas y se le abrió una causa por lesiones culposas y resistencia a la autoridad agravada.

El expediente tramitó ante la Unidad Funcional de Instrucción Distrito El Talar del Departamento Judicial de San Isidro. El 20 de mayo de 2016 el conductor resultó sobreseído.

En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Domínguez destacó que fueron falsos los motivos alegados para justificar la detención del conductor y que el gendarme no fue embestido por el manifestante “sino que se arrojó deliberadamente sobre el vehículo”.

Además, el fiscal indicó: “La intervención de López Torales (simular un atropellamiento y afirmación falsa de dicho evento, en un acta de procedimiento y en dos declaraciones testimoniales prestadas bajo juramento de ley los días 30 y 31 de julio de 2014) resultó esencial para la invención –a sabiendas de su falsedad– de una causal de detención –volcada en las actuaciones cuestionadas– destinada a simular una privación de libertad (que se determinó ilegal, cometida mediando abuso funcional y violencia)”.

Personal policial de José C. Paz detuvo a tres personas que, según la investigación, integrarían una organización dedicada a las entraderas. Los arrestos se concretaron en inmediaciones de Alem y Pueyrredón, donde además se secuestró un arma de fuego.

Las pesquisas partieron de distintos robos cometidos bajo la modalidad de entradera en ese distrito. Tras analizar la información reunida, los investigadores vincularon a la banda, en principio, con al menos cuatro hechos. En uno de ellos, la víctima fue un edil de José C. Paz.

Ese trabajo permitió individualizar a varios de los presuntos integrantes del grupo.

Con el objetivo de profundizar las tareas y evitar nuevos hechos, se dispuso un despliegue preventivo y operativo. Participaron de forma coordinada los Gabinetes de Prevención (PDS) de las distintas dependencias policiales de José C. Paz, que realizaron tareas de saturación y recorridas estratégicas en varios sectores de la localidad.

El despliegue permitió detectar movimientos de integrantes de la organización en la vía pública, presumiblemente próximos a cometer un nuevo ilícito. Ante esa situación, el personal interviniente montó un operativo que terminó con la aprehensión de tres sujetos, considerados parte de la banda investigada.

Durante el procedimiento se secuestraron un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa. Serán sometidos a pericias que podrían aportar datos para determinar la participación de los aprehendidos en los hechos investigados.

El expediente fue caratulado “Robo agravado en poblado y en banda reiterados – Lesiones – Tenencia y portación ilegal de arma”. Interviene la UFI N.º 24.

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una denuncia penal por el episodio ocurrido en Nordelta en el que un hombre fue filmado mientras disparaba contra carpinchos.

El organismo que conduce Guido Lorenzino  pidió además que el hecho no sea investigado únicamente como un posible caso de maltrato animal, sino también bajo el régimen específico de protección de la fauna silvestre previsto por la Ley 22.421 y el Código Rural bonaerense.

La presentación destaca que “el carpincho es una especie de fauna silvestre autóctona protegida y que la normativa provincial considera comprendidas dentro de los actos de caza no sólo la muerte o captura de animales, sino también su persecución y acoso”.

La Defensoría solicitó que se investigue la eventual aplicación del artículo 25 de la Ley 22.421, se incorporen los videos originales, se perite el arma secuestrada y se requiera informe a la autoridad provincial de Flora y Fauna sobre el régimen de protección aplicable.

Según el área de Protección Animal de la Defensoría, “la convivencia con la fauna silvestre no se resuelve de esta manera. Estos hechos deben ser investigados con toda la normativa de protección ambiental y de fauna vigente”.

La denuncia será incorporada a la investigación penal ya iniciada ante la Fiscalía de Benavídez.

Una bióloga del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires advirtió que el conflicto con carpinchos en urbanizaciones del Delta bonaerense exige estudios técnicos y protocolos, y no respuestas individuales ni impulsivas.

El planteo surgió luego de la denuncia contra un hombre, sospechado de disparar contra estos animales en Nordelta, un hecho que reabrió el debate sobre cómo convivir con la fauna silvestre en espacios urbanos que avanzaron sobre ambientes naturales.

La doctora Lorena Haurigot, integrante del Consejo, sostuvo que la intervención es necesaria, pero dentro del marco normativo. Explicó que la biología cuenta con herramientas como los estudios poblacionales y los planes de manejo de poblaciones.

“Hay que dar una respuesta a este conflicto”, sostuvo Haurigot, quien remarcó que esas medidas deben ser consensuadas, aprobadas y supervisadas por la Dirección de Flora y Fauna bonaerense, autoridad de aplicación de la normativa sobre conservación de fauna silvestre.

Según la especialista, el fenómeno no puede analizarse solo desde el comportamiento de los animales, ya que las características de las urbanizaciones cerradas también pueden potenciar el conflicto.

En el caso de los carpinchos, Haurigot explicó que una población excesivamente numerosa puede llevar a que los ejemplares se alejen de las lagunas y busquen nuevos espacios. A eso se suma que, en barrios cerrados, la dinámica de una población silvestre puede alterarse por la ausencia de predadores naturales.

De ese modo, la aparición reiterada de animales en jardines, calles o propiedades no debería leerse únicamente como una invasión sobre espacios humanos, sino como señal de un desequilibrio que requiere ser estudiado.

La bióloga mencionó estrategias que ya se aplicaron en otros casos, como las intervenciones reproductivas o los traslados. Aclaró que ninguna puede ser decidida de manera unilateral por vecinos, administraciones de barrios o profesionales que actúen en el territorio.

Esas decisiones, indicó, corresponden a la autoridad provincial y deben apoyarse en estudios y procedimientos técnicos. El objetivo es evitar soluciones inmediatas que solo desplacen el problema y avanzar hacia medidas sostenibles en el mediano y largo plazo.

En paralelo, Haurigot se refirió a las acciones preventivas que pueden reducir el contacto entre personas y animales, como la colocación de cercos perimetrales y otras barreras que disuadan el ingreso de fauna a las propiedades.

La especialista aclaró que la situación no es exclusiva de los carpinchos y señaló casos similares con zorros y coipos en barrios privados.

Sobre los zorros, destacó la necesidad de concientizar a los vecinos: alimentar a ejemplares silvestres puede favorecer que permanezcan en un barrio y alterar su comportamiento natural, lo que luego deriva en nuevos conflictos.

La Ley 22.421 fija el marco para la conservación de la fauna silvestre y, según explicó Haurigot, las acciones sobre ejemplares de estas especies no pueden quedar libradas a decisiones particulares. En la Provincia, la Dirección de Flora y Fauna es el organismo que debe supervisar las medidas para mitigar estos conflictos.

Por su parte, el Consejo Profesional de Ciencias Naturales considera que estos casos muestran la importancia de incorporar conocimiento científico y técnico a las decisiones sobre fauna. Según la entidad, no se trata de dejar de intervenir, sino de hacerlo de manera adecuada, dentro de la normativa y con objetivos de largo plazo.

Un hombre fue identificado tras ser captado en video mientras disparaba con un arma de fuego a un grupo de carpinchos en el barrio Los Alisos, ubicado en la localidad de Nordelta, en Tigre. El hecho ocurrió a mediados de septiembre y derivó en una denuncia judicial que se encuentra en plena etapa de investigación.

Las imágenes, difundidas por la organización proteccionista La Voz de los Carpinchos, muestran al sujeto caminando por el límite de su propiedad. En el material se observa cómo el hombre saca un arma y efectúa dos disparos hacia los animales, para luego volver a apuntar hacia el sector del lago. En otra grabación, se escuchan cuatro detonaciones mientras el individuo camina cerca de una pileta, donde también se divisan ejemplares de la fauna autóctona.

A raíz de estos episodios, el 17 de septiembre se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Benavídez. La causa fue encuadrada bajo la Ley Nacional de Protección Animal (14.346), que contempla penas de hasta un año de prisión para quienes cometan actos de crueldad contra los animales.

Vecinos y organizaciones ambientales señalaron que este tipo de situaciones se han registrado de manera reiterada en el complejo. Además, denunciaron haber recibido presuntas intimidaciones al intentar aportar testimonios o pruebas sobre lo ocurrido. Por su parte, la Asociación Vecinal Nordelta confirmó que entregó las evidencias a las autoridades y advirtió que el uso de armas de fuego en una zona residencial representa un riesgo grave para toda la comunidad.

La investigación judicial deberá determinar ahora quién efectuó los disparos, si los animales sufrieron daños y si el responsable contaba con la autorización correspondiente para la tenencia o portación del arma utilizada.

Doce sospechosos fueron detenidos en nueve procedimientos realizados en José C. Paz entre el 17 de septiembre y el 4 de octubre, en los que se secuestraron 998,92 gramos de estupefacientes.

Se trata de 350,17 gramos de clorhidrato de cocaína y 648,75 gramos de marihuana, de acuerdo a los testeos que se hicieron en el lugar. La mayor parte estaba fraccionada en envoltorios de nylon y tubos plásticos, una modalidad compatible con la venta minorista.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, los procedimientos surgieron de recorridas preventivas, controles e identificación de personas en sectores de interés operativo. En ocho de los nueve casos, los sospechosos se desplazaban a pie.

Los operativos estuvieron a cargo de la Estación de Policía de José C. Paz, que conduce el comisario inspector Sergio Torres, extitular de la Sub DDI de Pilar.

El 24 de septiembre, en la calle Zuviría, detuvieron a una persona de 34 años con siete envoltorios de cocaína (2,1 gramos). El 2 de octubre, en Zuviría y Cacique Coliqueo, aprehendieron a un sospechoso de 20 años con 178 envoltorios de marihuana (51,55 gramos).

A cargo de la comisaría Segunda, se realizaron tres procedimientos. El 26 de septiembre detuvieron a un sospechoso de 32 años con 221 tubos plásticos de presunta cocaína (153 gramos). El 4 de octubre capturaron a otro de 34 años con 242 tubos (163 gramos).

El tercer caso fue el 22 de septiembre, en un operativo en calle Trinidad: un sospechoso de 35 años tenía ocho tubos con 5,07 gramos de cocaína.

La comisaría 3ra. intervino en cuatro procedimientos. El más voluminoso fue el del 23 de septiembre. Tres sospechosos, de 29, 27 y 27 años, fueron detenidos con 201 envoltorios de marihuana (511 gramos) y 66 de cocaína (23 gramos).

El 17 de septiembre, en la calle Lamas, apresaron a un sospechoso de 18 años que circulaba en una moto Siam 110 cc y llevaba siete envoltorios de marihuana (9,2 gramos). El 28 de septiembre, en Castelli, detuvieron a una persona de 32 años con 43 envoltorios de marihuana (77 gramos).

Además, en la calle Adolfo Alsina, dos sospechosos de 35 y 45 años fueron detenidos con siete tubos con una sustancia compatible en primera instancia con cocaína.

Los procedimientos se enmarcan en un refuerzo de las medidas preventivas en José C. Paz. Estas apuntan al narcomenudeo y también a los delitos contra la propiedad, el robo de motovehículos y automotores, y los controles vehiculares. Según las fuentes, se prioriza la presencia en sectores de mayor circulación, corredores comerciales y espacios públicos.

En ese sentido, según las fuentes consultadas por Pilar de Todos, se secuestraron 60 motocicletas en las últimas semanas.

Durante la homilía de esta jornada, en el marco de la misa central posterior a la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, realizó un fuerte llamado a terminar con la intolerancia y la violencia en el país.

El prelado instó a los fieles a dejar de lado el desprecio hacia el prójimo y a trabajar por la unión social.

"Si la Virgen nos abraza, es imposible mirar al otro con desprecio", afirmó el arzobispo durante su mensaje.

En su discurso, García Cuerva pidió a los presentes que se conviertan en artesanos de la fraternidad. Además, solicitó extender el abrazo de María hacia los sectores más vulnerables, incluyendo a los abuelos, personas con discapacidad, desempleados, personas en situación de calle y adolescentes afectados por el consumo de drogas.

El arzobispo también hizo referencia a las solicitudes del papa Francisco, a poco más de un mes de su llegada a la Argentina.

"El Papa dice que quien pase hambre tiene que comer, que a los niños se les tiene que garantizar una educación adecuada, que los ancianos deben vivir serenamente sus años de madurez", señaló el religioso.

Finalmente, el prelado pidió la intercesión de San Francisco de Asís para aprender a abrazar a quienes piensan distinto. García Cuerva concluyó que, más allá de las diferencias legítimas, todos los argentinos son hermanos e hijos de un mismo padre.

Tres hombres fueron detenidos en José C. Paz luego de que un llamado al 911 por un conflicto de pareja derivara en un operativo. En el procedimiento se secuestraron una pistola 9 milímetros, una escopeta, municiones y más de 260 envoltorios con droga.

La intervención comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas fueron enviados a una vivienda por un conflicto entre una mujer y su pareja. En la discusión no hubo personas lesionadas.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, cuando el móvil llegó al lugar los agentes encontraron a varios hombres dentro de la casa. Al advertir la presencia policial, escaparon por los techos del inmueble.

Los uniformados iniciaron un seguimiento que terminó con la aprehensión de tres sospechosos: la pareja de la víctima y dos hombres allegados a él. Ninguno registraba impedimentos legales vigentes.

Siempre de acuerdo a las fuentes, durante el operativo uno de los sujetos intentó frenar el avance  policial con golpes y agresiones físicas. En tanto, otro de los apresados quiso descartar municiones que tenía en su poder uno de sus acompañantes, pero fue interceptado por el personal actuante.

En el procedimiento se secuestró una pistola Browning calibre 9 milímetros con tres cargadores, una escopeta Centurión calibre 12/70 y 22 municiones calibre 9 milímetros.

Además, los efectivos incautaron 66 envoltorios con cocaína, con un peso total de 2,3 gramos, y 201 envoltorios con marihuana, que sumaron 51,1 gramos.

También quedaron secuestrados un automóvil Peugeot 208 y una motocicleta Honda GLH. Tanto las armas como los vehículos no registraban impedimentos.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la UFI N.º 20, a cargo del doctor Carracedo. La causa fue caratulada como violencia de género, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. 

La actuación estuvo a cargo de la Comisaría 3ra de José C. Paz. 

Un hombre fue detenido en José C. Paz acusado de haber intentado matar a su hermano de cinco disparos durante una pelea ocurrida en marzo de 2023. Los investigadores lo ubicaron a través de una compra simulada en Marketplace, la plataforma de ventas donde el sospechoso ofrecía herramientas y repuestos de autos.

La captura fue concretada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, el aprehendido es un hombre argentino de 38 años. Está acusado del delito de homicidio agravado en grado de tentativa contra su propio hermano.

Según la reconstrucción de los investigadores, aquella noche de 2023 los hermanos compartían bebidas alcohólicas en la vivienda del ahora imputado. La discusión comenzó porque la víctima le habría usurpado una casa en la localidad de Cuartel V, donde, siempre de acuerdo a la información oficial, comercializaban estupefacientes.

El cruce subió de tono hasta convertirse en una pelea a golpes de puño. En ese momento, el presunto agresor se retiró del lugar a bordo de un vehículo particular y, antes de irse, le advirtió a su hermano: "Te voy a matar a vos".

Minutos después, el sospechoso regresó con una pistola y efectuó cinco disparos contra la víctima. Tres impactaron en el tórax y el brazo derecho. Luego se dio a la fuga.

El herido, en grave estado, fue trasladado por familiares a la Unidad de Pronta Atención (UPA) local, donde recibió la asistencia médica que le permitió salvar la vida.

El capturado ya tenía antecedentes. Según la PFA, había cumplido una condena de tres años y seis meses de prisión por un hecho de "Robo a mano armada".

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de Carlos Ezequiel Hermello, ordenó a la División Homicidios de la fuerza federal localizar y detener al acusado.

Los investigadores comenzaron con un rastreo en redes sociales y detectaron que el hombre usaba un perfil falso. Al profundizar las tareas de ciberpatrullaje, identificaron una cuenta en Marketplace desde la que ofrecía herramientas y distintos repuestos para automotores.

Con ese dato, el personal policial concretó una compra simulada. El usuario del perfil propuso como punto de entrega la calle Marino Leonardo Rosales al 4700, en el barrio María Teresa de Calcuta.

Los efectivos montaron una vigilancia discreta en la zona. Cuando el sospechoso apareció en el lugar acordado, lo identificaron y lo detuvieron.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, en la causa que tramita la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, caratulada como "Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa".

Un hombre fue baleado durante un violento robo a una quinta de Luján en 2020, y el sospechoso señalado como cabecilla de la banda que habría perpetrado el ataque fue detenido esta semana en la localidad bonaerense de Grand Bourg, tras permanecer más de cuatro años prófugo.

Según la reconstrucción del hecho, un grupo de al menos seis delincuentes ingresó a la vivienda con fines de robo y protagonizó un enfrentamiento armado con el propietario, quien resultó gravemente herido. En la huida, uno de los asaltantes dejó caer un teléfono celular, un elemento que terminó siendo clave para la investigación y permitió identificar a los presuntos integrantes de la banda.

Según pudo saber Pilar de Todos, la organización estaba compuesta por al menos seis personas dedicadas a cometer entraderas violentas mediante el uso de armas de fuego en distintos puntos del conurbano bonaerense. Siempre de acuerdo a las fuentes, tras el hallazgo del celular el resto de la banda fue cayendo con el correr de las causas, y el único que permanecía prófugo era su líder, conocido con el apodo de "Coco".

La Unidad Funcional de Instrucción N°9 de Mercedes, a cargo de la Dra. Virginia Mariana Suárez, encomendó a personal de la Policía Federal Argentina la búsqueda del paradero del sospechoso. Con los elementos reunidos en la pesquisa, el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de la Dra. Eliza Fabiana Marcelli, ordenó su detención.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina montaron un operativo discreto en Grand Bourg, donde identificaron al sospechoso en la vía pública, sobre la calle Almirante Brown. Durante el procedimiento, el hombre presentó un documento nacional de identidad y una licencia de conducir que, según se sospecha, serían apócrifos. Recién al ser notificado de la medida judicial vigente en su contra, reveló su verdadera identidad. En el lugar, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y la documentación cuestionada.

El detenido, junto con los elementos secuestrados, quedó a disposición del magistrado interviniente en una causa caratulada como homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa y robo agravado por el uso de arma de fuego, por su comisión en poblado y en banda, y por efracción.

Un abuelo defendió a su nieto de un robo y mató a un delincuente en el partido bonaerense de Moreno, mientras que vecinos lograron detener a los otros dos implicados, a quienes agredieron, hasta la llegada de la Policía.

Personal del Comando de Patrullas se acercó hasta el cruce de las calles Juramento y Patricias Argentinas tras un llamado al 911 donde se constató la presencia de un hombre fallecido que estaba tendido en la vía pública, presentaba una herida de bala en el cráneo y tenía en su mano un arma de fuego. En el lugar, los efectivos detectaron que un grupo de vecinos redujo a otros dos sujetos.

Con los testimonios aportados se estableció que los tres individuos ingresaron armados al comercio mayorista de alimentos y bebidas de Víctor Insfrán, de 41 años, con el objetivo de robar, confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

Los vecinos, que advirtieron la maniobra, le dieron aviso a Lorenzo Rivero, de 81 años, abuelo de Víctor, quien se acercó hasta el local con un arma larga tipo escopeta y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó contra uno de los ladrones.

El delincuente abatido fue identificado como Nahuel, mientras que sus compañeros, que resultaron heridos por la agresión de los vecinos, son Aníbal Ricardo Rivero, de 45 años, y Hugo Alberto Coronel Romero, de 48.

Producto de la balacera también resultaron heridos el jubilado, con un disparo en el tórax, por lo que fue operado de urgencia, y su nieto, con un tiro en la mano derecha.

Se llevaron a cabo las tareas de campo en el lugar y se logró incautar dos armas de fuego dentro del domicilio de Rivero. A su vez, al delincuente abatido, se le secuestró un cuchillo y un revólver.

La causa quedó a cargo de la UFI N°4 de Moreno y fue caratulada como homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Agencia NA

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Morón, a cargo de la fiscal Marisa Monti, ordenó la detención de un hombre acusado de captar menores a través de perfiles falsos en Instagram y de distribuir material de abuso sexual infantil.

Según la investigación, el acusado —que se desempeña como profesor de guitarra— operaba con identidades apócrifas, entre ellas martuuherrera5, pilarotero.privvv, sofiaecheverri40 y privvv.pilu, con las que se hacía pasar por una joven para contactar a adolescentes en Instagram. Con esos perfiles, habría exigido contenido íntimo bajo amenazas e intimidación, y luego difundido ese material entre otros usuarios.

La causa se inició cuando el padre de una adolescente radicó una denuncia al advertir que su hija recibía mensajes de hostigamiento y amenazas de uno de esos perfiles. A partir de ese testimonio, la fiscalía solicitó las trazas IP de las cuentas involucradas, que permitieron ubicar el punto de conexión en una vivienda de la calle Padre Arrieta, en Castelar, partido de Morón.

Con la autorización del juez de garantías Esteban Juliano, personal policial allanó el domicilio y detuvo al hombre. En el operativo secuestraron dos teléfonos celulares, una CPU, una tablet, una computadora y una guitarra eléctrica, elementos que ahora analizan peritos informáticos para reconstruir el alcance de la maniobra.

El detenido quedó imputado por captación de menores con fines sexuales —delito conocido como grooming— y por distribución de material de abuso sexual infantil (MASI). La fiscalía continúa con la identificación de otras posibles víctimas a partir del contenido hallado en los dispositivos secuestrados, en el marco de una causa que permanece en etapa de instrucción.

El Hospital Universitario Austral duplicó la capacidad de atención de su sede en Escobar, que pasó de 7 a 14 consultorios tras una mudanza a un edificio de 452 metros cuadrados en Asborno 650, frente a la Plaza de Escobar. La nueva infraestructura permitirá atender un mayor volumen de consultas de especialidades médicas y estudios de diagnóstico sin necesidad de trasladarse hasta la sede central de Pilar.

La sede se distribuye entre planta baja y primer piso. Entre las especialidades disponibles figuran Clínica Médica, Pediatría, Ginecología, Traumatología, Cirugía General, Otorrinolaringología, Nutrición y Psicología, junto con prestaciones de diagnóstico por imágenes y cardiológicas.

El Austral llegó a Escobar en 2014, cuando abrió sus primeros consultorios en Asborno 642, a metros del edificio actual. Desde entonces, la sede funcionó como puerta de entrada a una red que permite resolver consultas y estudios de manera ambulatoria cerca del domicilio de los pacientes, derivando a la sede central de Pilar los casos que requieren mayor complejidad.

"Hace doce años llegamos a Escobar con la convicción de que estar cerca también es una forma de cuidado. Hoy damos un nuevo paso para acompañar el crecimiento de esta comunidad y de las zonas aledañas, ampliando nuestra capacidad para responder a sus necesidades de salud", señaló Rafael Aragón, director general del Hospital Universitario Austral.

"Somos un hospital universitario de alta complejidad, pero nuestra misión nos impulsa también a estar cerca de las personas y a procurar dar respuesta, desde nuestras capacidades y posibilidades, a sus distintas necesidades de cuidado de la salud. Por eso es una inmensa alegría renovar nuestra presencia en Escobar y seguir creciendo junto con esta comunidad", agregó Aragón.

Del acto de apertura participaron, además de Aragón, Andrés Espejo, gerente de la Unidad de Gestión Ambulatoria; Carlos Ramil, intendente interino de Escobar, y directivos de distintas áreas del hospital. El padre Eduardo Carú, jefe de Capellanes de la institución, realizó la bendición del nuevo espacio antes del corte de cinta, del que participaron también representantes de Obras, Admisión y Gestión Ambulatoria, Mantenimiento, Laboratorio, Control de Gestión y el Plan de Salud, junto con médicos, técnicos y bioquímicos que integran la sede.

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 45 años que permanecía prófugo tras ser denunciado por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor de edad, informó la fuerza federal. El operativo se realizó en el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según la investigación, los episodios habrían ocurrido entre mayo de 2022 y abril de 2023 en una vivienda del partido de Malvinas Argentinas, donde el acusado convivía con la víctima. De acuerdo con lo relevado por la causa, el hombre habría abusado sexualmente de la menor en al menos seis oportunidades, siendo el primer hecho cuando ella tenía 14 años.

La adolescente le habría contado lo sucedido primero a su madre, quien —según se desprende de la investigación— no realizó la denuncia por temor a que su pareja fuera detenida. Posteriormente, la menor relató la situación a una tía, quien sí formalizó la denuncia ante la comisaría jurisdiccional. Al tomar conocimiento de esa denuncia, el acusado habría decidido no presentarse ante la Justicia y permaneció prófugo.

De la causa quedó a cargo la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de San Martín, que conduce el fiscal Federico Andrés Affatati, con intervención del Juzgado de Garantías en lo Penal N°4 del mismo departamento judicial, a cargo del juez Alberto Ramón Brizuela. Por tratarse de una persona prófuga, el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo del juez Alejandro Litvack, ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA localizar y detener al acusado.

Según fuentes de la PFA, los investigadores establecieron que el hombre había tramitado su certificado de antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria, y que iba a retirar los resultados en forma presencial en la sede central del organismo. A partir de ese dato, los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones montaron una vigilancia en el lugar, donde identificaron a un hombre con características compatibles con las del prófugo. Tras confirmar su identidad, procedieron a la detención.

Con autorización del magistrado interviniente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial actuante para las diligencias de rigor y luego quedó alojado en la División Alcaidías de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, a la espera de las próximas instancias del proceso judicial.

Autopistas del Sol (AuSol) interrumpirá en forma total la circulación vehicular sobre el Puente Garín, ubicado en el kilómetro 39 del Ramal Campana del Acceso Norte, entre las calles Belgrano (Escobar) y Chilavert (Tigre). El corte comenzará a las 22 de este miércoles 26 de agosto y regirá en ambos sentidos.

La empresa concesionaria informó que llevará adelante tareas técnicas y de mantenimiento de rutina sobre el puente, con el objetivo de garantizar la seguridad vial de los usuarios y permitir el desarrollo de los trabajos con la mayor precisión y celeridad posible. El cierre se extenderá hasta nuevo aviso.

Previo y durante la ejecución de los trabajos, la empresa mantendrá la zona debidamente señalizada y dispondrá de cartelería preventiva para orientar a los conductores. En tanto, se comprometió a mantener informada a la comunidad sobre los avances de la obra y el restablecimiento del tránsito a través de sus canales de comunicación oficiales.

"Debido a la importancia de este enlace interurbano clave para los vecinos de Escobar y Tigre, les pedimos disculpas por las molestias y les solicitamos planificar sus recorridos con tiempo, respetar la cartelería preventiva y las indicaciones del personal en la zona", señalaron desde AuSol.

Como alternativa, la concesionaria recomendó utilizar el cruce de Av. J. D. Perón/Santiago del Estero, a la altura del kilómetro 40.

La Justicia ordenó a la empresa Ferrovías a indemnizar a una pasajera del Tren Belgrano Norte que, en medio de un asalto, fue arrojada de la formación en movimiento y por las heridas sufrió la amputación de una pierna. 

El hecho ocurrió en el año 2015 y ahora, once años después, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena contra la empresa concesionaria. 

Puntualmente se ordenó a Ferrovías S.A.S. a indemnizar a la víctima con $200 millones más intereses. 

El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2015, cerca de la estación Carapachay, y la víctima sufrió la amputación de su pierna derecha, además de múltiples lesiones físicas y un profundo daño psicológico. 

Para los jueces, la empresa incumplió su deber de seguridad al permitir que la formación circulara con las puertas abiertas. 

Todo sucedió cuando la formación comenzaba a salir de la estación Carapachay. En ese momento, un delincuente intentó arrebatarle el celular a E.P.R. 

La mujer forcejeó para evitar el robo y el atacante la empujó hacia el exterior del vagón, cuya puerta permanecía completamente abierta.

La víctima cayó a las vías y fue arrastrada varios metros por el tren, lo que provocó la amputación instantánea de su pierna derecha y, graves heridas en distintas partes del cuerpo.

Durante el juicio quedó acreditado que la formación presentaba varias deficiencias en materia de seguridad. 

Entre ellas, que las puertas permanecían abiertas mientras el tren estaba en movimiento; el guarda despachó la formación sin verificar el cierre de los accesos y no había custodia policial preventiva. 

La víctima quedó con una incapacidad física cercana al 92% y una incapacidad psicológica del 50%. Luego de una revisión del monto indemnizatorio fijado en primera instancia, finalmente se estableció que la misma ascienda a casi 200 millones de pesos.

El ciervo de los pantanos que fue encontrado en la autopista Panamericana en el pasado mes de junio, volvió a su hábitat natural. 

Se trata de un macho adulto que había sido rescatado a la altura de Campana, y que tras dos meses de rehabilitación recibió el alta médica y comportamental. Estuvo alojado en el Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn (CRET).

El ejemplar, que lleva un collar satelital,  fue liberado en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, y Proyecto Pantano podrá monitorearlo en su ambiente natural gracias a ese dispositivo. 

“Esta reinserción fue posible gracias al trabajo en red junto a Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, Fundación Temaikèn, Proyecto Pantano, la Mesa de Enlace y las instituciones que integran el Comité Científico-Técnico Ciervo de los Pantanos (Ministerio de ambiente de la provincia de Buenos Aires, INTA, Temaikèn, UBA, CONICET, Proyecto Pantano, Arauco Argentina S.A. Reserva de Biosfera San Fernando, y  otros), junto con organismos provinciales y nacionales, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y la Administración de Parques Nacionales”, expresaron desde la Fundación.

En tanto, en el marco de su recuperación las organizaciones que integran el Comité Científico-Técnico del Ciervo de los Pantanos propusieron a la comunidad cuatro nombres posibles para el ejemplar rescatado, cada uno con un significado vinculado a su historia o su territorio: Lalo, en homenaje al guardaparque que le brindó los primeros auxilios; Katu, que en lengua guaraní significa fuerte, vigoroso y capaz; "El Niño", por el fenómeno climático pronosticado para la región, en contraste con su porte adulto; y Atamá, que en lengua chaná significa río.

La comunidad eligió Lalo como el nombre ganador, en una iniciativa que buscó involucrar activamente a la comunidad en el proceso de conservación, generando conciencia sobre la coexistencia con esta especie en su hábitat natural y la importancia de respetar su espacio y contribuir a su cuidado. 

Durante su estadía en el CRET, el ciervo estuvo bajo tratamiento por un cuadro infeccioso y por una lesión en el cuello. En paralelo, se reforzó su alimentación con vegetación de su hábitat natural. También fue monitoreado a través de cámaras trampa. Allí se observó el comportamiento típico de un animal silvestre de la especie: muy esquivo ante la presencia humana y con hábitos crepusculares conservados.

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Diez personas fueron detenidas en San Martín y Ezeiza, luego de que la Policía Federal desbaratara una organización dedicada a la fabricación y venta de licencias de conducir falsas a través de redes sociales.

Los allanamientos se realizaron en la Dirección de Tránsito de San Martín y en la municipalidad de Ezeiza. Según las fuentes consultadas, la banda comercializaba las licencias apócrifas por Facebook y WhatsApp.

Los compradores eran personas que, por distintos motivos, no lograban obtener el documento de manera legal: problemas médicos, antecedentes penales graves o retiro previo del registro por acumulación de infracciones.

Desde el municipio de San Martín negaron la existencia de una banda organizada y atribuyeron la maniobra a un grupo externo a la administración. Sin embargo, los investigadores sospechan que empleados municipales podrían estar implicados, motivo por el cual varios de ellos fueron demorados durante los operativos, consignó DIB.

El expediente, iniciado en 2024, está a cargo de la jueza federal María Servini y hasta el momento acumula al menos diez detenidos. Los investigadores detectaron más de 20 licencias apócrifas, aunque no descartan que la cifra crezca a medida que avance la pesquisa.

Más allá de la falsificación de un documento público —delito federal en sí mismo—, lo que más preocupa a las autoridades es el riesgo directo que representa para la seguridad vial la circulación de conductores no habilitados.

Circular con una licencia de conducir falsa constituye un delito penado por el uso de documento público falso o adulterado, con una pena de entre uno y seis años de prisión.

Al infractor se le retiene el vehículo, se lo multa y queda inhabilitado para conducir. Además, si protagoniza un siniestro vial con una licencia apócrifa, la aseguradora queda exenta de responder por el hecho.

La ley equipara la responsabilidad penal: castiga de la misma manera a quien fabricó el documento falso que a quien lo utilizó a sabiendas de su invalidez.