Beneficiarios del Plan Volver al Trabajo continúan en estado de alerta ante la posibilidad de que el programa nacional deje de abonarse en los próximos meses. 

En Pilar, el concejal Manuel Cáceres expresó preocupación por el futuro de la asistencia y por el impacto que tendría una eventual suspensión en los sectores más vulnerables.

El eje de la discusión se concentra en el reciente fallo judicial que ordenó al Estado nacional garantizar la continuidad del programa, que actualmente entrega un ingreso mensual de 78 mil pesos a cada beneficiario.

En una entrevista concedida al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9) Cáceres sostuvo que la importancia del plan excede a quienes cobran de manera directa.

“No es solo lo que recibe una persona, sino lo que se mueve dentro del barrio. Esa plata sostiene comedores, merenderos y pequeñas economías locales”, afirmó.

Según detalló el edil, en el distrito de Pilar son más de 7.000 personas las que dependen de ese ingreso mensual.  En ese sentido, advirtió que una interrupción del programa también afectaría el consumo cotidiano en los barrios.

“Son cientos de millones que dejan de circular en consumos básicos como alimentos, pañales o garrafas”, señaló.

Además, remarcó que entre los beneficiarios no solo hay integrantes de organizaciones sociales, sino también trabajadores informales que encuentran en ese dinero un respaldo mínimo para sostener sus gastos esenciales.

El concejal indicó que el último pago fue realizado este mes y que ahora todo dependerá de la postura que adopte el Gobierno nacional frente a la resolución judicial.

“El fallo está, pero el Gobierno puede acatarlo o no. Por eso estamos en estado de alerta y visibilización”, advirtió.

En paralelo, señaló que distintas organizaciones sociales y representantes legislativos impulsan acciones para exigir el cumplimiento de la medida tanto en el plano judicial como político. 

“La gente no sabe si el mes que viene va a cobrar. Y eso desorganiza todo: desde la comida hasta la posibilidad de que un chico tenga para la escuela”, expresó.

Y cerró: “El trabajo sin salario es esclavitud. Y muchos de los beneficiarios trabajan todos los días en la economía popular”. 

Luego que la Justicia federal de Campana hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo (VAT) y frenara la eliminación de ese subsidio, el ministerio de Capital Humano, que apelará el fallo, dijo que cumplirlo llevará a que el Gobierno avance con otros beneficios.

Así lo hizo saber la ministra Sandra Pettovello, quien aseguró que el Gobierno había dejado sin efecto ese programa que le entregaba $78.000 mensuales a unas 900 mil personas para redireccionar los fondos a la doble escolaridad de escuelas vulnerables y capacitación laboral. Sin embargo, ahora con el fallo del juez Adrián González Charvay deberá frenar esos beneficios.

“En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, indicó en un comunicado.

Según indicó el Ministerio, el programa VAT finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación. Frente a ello, se hizo una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal.

Ahora el magistrado ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan, con la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento. Le exigió “al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo”.

En abril de 2024, el Gobierno dio a conocer los lineamientos de Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo, entre otros, de quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa VAT y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no por ahora no fueron alcanzados por la baja.

El VAT estaba orientado a la población de 18 a 49 años y apuntaba a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. No obstante, en junio de 2025 (última información disponible) el programa había permitido la inserción laboral de 1.500 personas (el 0,17% del total), según el informe Nº 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación. En tanto, 55 mil (el 6,1% del total) realizaron actividades de formación profesional.

El nuevo sistema incorpora, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.

Fuente: Agencia DIB

El juzgado federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantenga el pago de las prestaciones económicas del Programa Volver al Trabajo (VAT), que tiene casi un millón de beneficiarios en el país y que en Pilar alcanza a 10.000 personas.

El fallo del juez Adrián González Charvay se da luego de que la eliminación del VAT fuera anunciada por el ejecutivo, y obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a pagar la prestación de $78 mil dentro de los próximos tres días y que mantenga el programa hasta que haya una sentencia de fondo.

El pago del salario social complementario -creado por una ley unánime del Congreso en 2017 y que se pagaba a través del VAT- se interrumpió a principios de mes, cuando el Gobierno avanzó con la voucherización de los programas.

El programa repuesto ahora por la Justicia había reemplazado al Potenciar Trabajo. El Gobierno presentó la aplicación en su lugar de vouchers como reemplazo, destinados a capacitación laboral en algunas empresas.

Antes había dado de baja la contraprestación que debían dar los beneficiarios con el pretexto de correr de la intermediación a las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Gran parte de esos recursos se pagaron vía la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Un grupo de trabajadores del VAT había promovido una acción colectiva contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril de 2026, con pago de una última asignación este mes.

“El corte abrupto de la prestación compromete derechos constitucionales básicos”, señaló González Charvay en su decisión. El magistrado citó además el "principio de no regresividad de los derechos sociales" y ordenó al Estado restituir o mantener los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de multas, consignó la agencia DIB, que también adelantó que el gobierno apelará el fallo.

La decisión de Charvay señala que el programa de vouchers de capacitación que el presidente Javier Milei presentó con Pettovello y todo el gabinete en el Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, no constituye una medida equivalente a un ingreso monetario. Argumenta que no garantiza condiciones mínimas de subsistencia y citó el artículo 14 bis de la Constitución al tiempo que recordó que es deber del Estado adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables.

El Gobierno de Javier Milei avanzará desde el 9 de abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La iniciativa que apunta a reemplazar las transferencias monetarias por formación profesional, generó críticas de gremios y organizaciones sociales.

La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, alcanza al programa Volver al Trabajo (VAT), que beneficia a unas 900 mil personas. Desde los próximos días, dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral.

Desde el área comandada por Sandra Petovello, indicaron que los beneficiarios que deseaban capacitarse debían acceder al Portal Empleo,  y anotarse siguiendo el link que les llegó a su mail o por Mi Argentina. Había tiempo hasta el 20 de marzo para hacerlo.

Desde que planificó cambios en los denominados planes sociales, el Gobierno libertario se puso un plazo de 24 meses, algo que culmina este 9 de abril. El programa, anunciado en 2024 y que arrancó con la cifra de $78.000, no fue prorrogado, y ahora entra en vigencia una prueba piloto que arrancó en enero con veinte desocupados que tomaron clases en un Centro de Formación ubicado en el barrio porteño de Paternal.

La intención oficial es que, en lugar de recibir dinero de manera permanente, los beneficiarios del VAT accedan a herramientas de formación que les permitan mejorar su inserción laboral mediante títulos profesionales con aval del sector productivo. 

Para ello, Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

La decisión de modificar el programa Volver al Trabajo generó malestar entre los beneficiarios. Desde Pilar, diferentes organizaciones sociales advirtieron esta semana que su eliminación va a afectar a unos 10 mil beneficiarios, lo que significarán "78 millones de pesos menos circulando en la economía local”, expresaron tras la realización de una asamblea popular. 

En cuanto a los vouchers, en diálogo con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9), Nicolás Caropresi, coordinador nacional del MTE explicó que la idea de Capital Humano es “destinar esos 78 mil pesos de cada beneficiario a las empresas Sinteplast, Arcos Dorados y Metrogas para que los capaciten en atender al cliente en un Mc Donalds sin el aseguro de contratación, también capacitación para trabajos de pintura – algo que nuestros compañeros hacen con los ojos cerrados- y otro de una duración de 15 días en Metrogas denominado “invierno seguro” y que habla de la correcta ventilación en ambientes. Forman a la gente en cursos que no tienen ninguna salida laboral”, se quejó Caropresi. 

Con información de Agencia DIB

 El Gobierno dio a conocer este miércoles los lineamientos del Programa Volver al Trabajo, que reemplaza a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, reportara “deficiencias” en el anterior esquema de asistencia.

Se trata de dos programas que impulsa el Ejecutivo para quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios, que actualmente demandan una inversión de unos 34 millones de dólares al año, según información oficial.

El Gobierno difundió este miércoles en el Boletín oficial los lineamientos generales de los programas, cuyo monto será de $78.000.

Apunta, se informó, a “desarrollar y consolidar competencias socio laborales en los participantes que les permita alcanzar un nivel de empleabilidad inicial real y mejorar sus oportunidades de inserción laboral a través de su participación en actividades de formación laboral, prácticas formativas en ambientes de trabajo, certificación de competencias y participación asistida en el desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos”.

A través de la resolución 84/2024, aquellos que permanecían inscriptos en el Potenciar Trabajo continuarán ahora con el nuevo plan. Para evitar la intermediación, los beneficiarios accederán a la ayuda de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.

“Los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”, expresa la norma.

Además, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.

El acceso al programa “Volver al Trabajo” está específicamente dirigido a individuos que previamente formaron parte del “Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – Potenciar Trabajo”. Esta transferencia se fundamenta en el Decreto N° 198/24, asegurando una continuidad en el apoyo a las personas que ya estaban recibiendo ayuda del gobierno en su búsqueda de trabajo y desarrollo profesional.

Prestaciones ofrecidasEl programa incluye una variedad de servicios y asistencias para sus beneficiarios, dentro de los límites del presupuesto y la normativa aplicable. Entre ellos se encuentran:

* Orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo.* Servicios de intermediación laboral.* Capacitación y certificación de competencias laborales.* Prácticas formativas en ambientes laborales.* Promoción para la inserción en trabajos asalariados registrados y en el trabajo independiente y autogestionado.* Fortalecimiento de unidades productivas de carácter individual, asociativo o familiar.Programas de terminalidad educativa o análogos para el desarrollo de competencias básicas.

El Potenciar Trabajo en la mira del Gobierno.

Cuándo cobran los beneficiarios del “Volver al Trabajo”Los beneficiarios del programa recibirán una asignación mensual fija no remunerativa de 78.000 pesos argentinos. Este pago se realizará a mes vencido y directamente a los beneficiarios, a través de los medios de pago utilizados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

El programa tiene una duración prevista de 24 meses, sujeta a la disponibilidad de crédito presupuestario, desde la entrada en vigencia de los lineamientos generales y operativos del programa. Los beneficiarios que estén recibiendo prestaciones al final de la vigencia del programa podrán completar su desarrollo.

Los beneficiarios del programa pueden compaginar la asignación dineraria con las siguientes situaciones:

– Asignación Universal por Hijo: permite la compatibilidad con esta asignación, asegurando apoyo a las familias con hijos.– Asignación Universal por Embarazo para Protección Social: apoyo adicional para mujeres embarazadas.– Prestaciones económicas o materiales de naturaleza habitacional y/o de protección familiar: incluye ayudas del Estado en vivienda y otras necesidades familiares.– Prestaciones de carácter alimentario: compatibilidad con programas de asistencia alimentaria.– Trabajadores independientes inscritos en el Monotributo Social o Monotributo categoría A: facilita la compatibilidad con pequeños emprendedores y trabajadores independientes de baja renta.– Trabajadores registrados bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares: reconoce la situación particular de este sector laboral.– Trabajadores rurales que realicen trabajos temporarios o estacionales: apoya a los trabajadores de temporada, una figura común en el sector agrícola.– Empleo público con remuneración que no exceda tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles: limita el acceso a quienes tienen empleos públicos con ingresos moderados.– Trabajo en el sector privado con remuneración que no exceda tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles: similar al punto anterior, pero aplicado al sector privado.– Empleo formal en el marco del Programa de Inserción Laboral: no aplica el límite de ingresos establecido en los puntos 8 y 9 para este caso.

Por otro lado, hay situaciones específicas que hacen a una persona inelegible para recibir los beneficios del programa:

– Prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal: garantiza la integridad del programa excluyendo a quienes evaden la justicia.– Registrados como empleadores en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): enfocado en personas sin empleados a cargo.– Receptores de subsidio o prestación monetaria no reintegrable para empleo y/o capacitación de cualquier nivel gubernamental: evita la duplicidad de beneficios económicos para el mismo fin.– Titulares de más de un bien inmueble: dirigido a personas con limitada capacidad patrimonial.– Propietarios de automotores, embarcaciones y/o aeronaves de menos de diez años de antigüedad: restringe el acceso a quienes poseen bienes de valor reciente.– Receptores de jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas: se enfoca en individuos activos laboralmente.– Beneficiarios de prestaciones o subsidios por desempleo: evita la acumulación de ayudas para desempleo.– Trabajadores en relación de dependencia, excepto en los casos especificados en las compatibilidades: limita la elegibilidad a quienes no tienen empleo formal o están en situaciones especiales.– Trabajadores independientes registrados, salvo excepciones previstas: apunta a individuos sin ingresos significativos de trabajo autónomo.– Viajes al exterior que impidan cumplir con las contraprestaciones requeridas o a destinos considerados para altos ingresos: asegura el compromiso y la necesidad real de asistencia del beneficiario. (DIB)