El Concejo Deliberante de Pilar aprobó el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, un proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo que busca evitar que fondos vinculados al narcotráfico se incorporen a inversiones, emprendimientos o actividades comerciales que requieran algún tipo de intervención, autorización o control municipal.

La iniciativa fue aprobada en la última sesión del Concejo con 18 votos afirmativos, del oficialismo y bancadas independientes. Votaron en contra los cuatro ediles de La Libertad Avanza que estaban presentes—María Ratti Repetto, Andrés Genna, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas Onganía— mientras que Analía Leguizamón y Sebastián Neuspiller, también de la oposición, estuvieron ausentes.

La norma a la que tuvo acceso Pilar de Todos establece que, en los casos que determine la reglamentación, quienes soliciten autorizaciones, habilitaciones o permisos municipales vinculados a inversiones o emprendimientos deberán presentar una "declaración jurada de origen lícito de fondos y la inexistencia de impedimentos establecidos por la presente ordenanza".

Esa declaración podrá incluir la "identificación del titular de la inversión u operación", el "monto de la inversión", el "origen declarado de los fondos" y, cuando corresponda, la "identificación del beneficiario final" en caso de que intervengan "sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas".

El texto aprobado también habilita "controles reforzados" para operaciones que presenten "inversiones de gran magnitud", "grandes desarrollos inmobiliarios", "fideicomisos inmobiliarios", "estructuras societarias complejas", "dificultades para identificar el beneficiario final" o "inconsistencia entre la actividad declarada y el volumen de la inversión".

Uno de los puntos centrales de la ordenanza es que el Departamento Ejecutivo "no autorizará inversiones, emprendimientos, desarrollos, habilitaciones, permisos o autorizaciones municipales a personas físicas y/o jurídicas que se encuentren investigadas y/o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico mientras subsista dicha situación procesal o judicial". La norma aclara que esa restricción "tendrá carácter preventivo y administrativo".

Alcanza también a personas jurídicas cuando el investigado "sea beneficiaria final", "ejerza directa o indirectamente el control efectivo de la sociedad" o "actúe como administrador, representante, director, socio, controlante o figura equivalente" con incidencia real sobre la inversión.

El texto aclara expresamente que "la autoridad municipal no podrá atribuir responsabilidad penal ni determinar por sí misma la existencia de un delito": la existencia de una causa judicial deberá acreditarse siempre "mediante información proveniente de fuentes oficiales, organismos competentes o autoridades judiciales".

Ante el incumplimiento, el Municipio podrá aplicar "intimación para subsanar", "suspensión del trámite", "rechazo de la solicitud", "revocación o caducidad de permisos o habilitaciones" o las sanciones previstas en la normativa municipal vigente.

La norma define que "la presentación de información falsa, documentación adulterada u ocultamiento deliberado de información relevante" será considerada "incumplimiento grave", sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder.

El proyecto se da en un contexto marcado por la polémica en torno al edificio del exvacunatorio del kilómetro 46 de la Panamericana, que había sido cedido al Municipio y funcionó como centro de vacunación y sede de Licencias de Conducir hasta que, en marzo de 2025, la Justicia Federal ordenó restituirlo a su propietario original, el fondo Pilar Bicentenario, del abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Semanas atrás, la difusión de imágenes del predio abandonado y vandalizado reavivó el debate sobre ese inmueble.

Es que por decisión de la Legislatura bonaerense se cedió el uso a la Comuna, donde la gestión local, durante la pandemia, montó un vacunatorio Covid, un centro de testeo y más tarde el área de Licencias de Conducir.

No obstante, al más tarde registrarse el desalojo, la Comuna expuso que no tuvo tiempo de retirar vacunas que allí se encontraban, además de otros elementos como delantales, barbijos, camillas, y documentación como los carnets de conducir.

“No vamos ni a ceder ni a retroceder ante ninguna presión, ninguna operación, ni programa de televisión, ni a dar lugar que se intenten instalar en Pilar fondos provenientes del lavado de narcotráfico. Esta norma es clara y sencilla, establece que ninguna persona física o jurídica que esté investigada, sospechada de narcotráfico, lavado de dinero del narcotráfico, pueda hacer inversión en todo el ámbito del partido de Pilar”, expuso en la sesión el edil Silvio Rodríguez, titular de la bancada oficialista.

Desde el lado de LLA, Repetto y Genna apuntaron a que por el desalojo se perdieron vacunas y otros insumos, al tiempo que este último manifestó que la Comuna aprobó el proyecto inmobiliario de Dolcet en 2011. No obstante, la investigación se concretó mucho más tarde, en 2017, mismo año en que el legislativo anuló las ordenanzas que autorizaban el emprendimiento investigado, a instancias del Frente Pilarense, integrado en su momento por referentes del actual gobierno local.

"Dejamos constancia mediante fotos y videos del estado en el que se encontraban el vacunatorio y las dependencias de Licencias de Conducir. Desde el 13 de marzo de 2025, fecha en la que intervino la Justicia, el Municipio dejó de tener la custodia y guarda del lugar", señaló la Comuna días atrás en una publicación difundida la red social X, donde se mostraba el momento en el que Prefectura llevaba a cabo el desalojo.

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El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, defendió el rol que cumplió el exvacunatorio del kilómetro 46 de la Panamericana y lamentó el estado de abandono en el que se encuentra el predio, tras la viralización de videos que muestran el interior del edificio con vacunas vencidas, camillas y documentación dispersa.

"El 13 de marzo de 2025, de manera intempestiva, la Justicia desalojó el predio del Km 46 de la Panamericana donde funcionaba un vacunatorio y otras dependencias municipales de Pilar, sin dejar retirar los elementos de trabajo, las vacunas y los diferentes insumos que correspondían al funcionamiento del vacunatorio", señaló el funcionario.

Kreplak explicó que, durante más de un año, el lugar permaneció custodiado para hacer cumplir la orden judicial que restituía el edificio a sus anteriores dueños y daba por terminada la cesión del predio al Municipio, "cuestión que imposibilitó el retiro de los diferentes elementos". 

Por decisión de la Legislatura bonaerense, y en medio de una investigación por supuestos vínculos del narcotráfico en la construcción de ese edificio, donde se iban a erigir cocheras privadas, el lugar fue cedido a la Comuna. En medio de la pandemia por el COVID la gestión local decidió montar allí un centro de testeo y un vacunatorio, y más tarde se sumó una dependencia de Licencias de Conducir.

Sin embargo, el año pasado, tal como informara Pilar de Todos en su momento, un operativo llevado a cabo por Prefectura por orden Judicial, desalojó el predio pararestituirlo a su dueño original, sin que los empleados y funcionarios tengan la posibilidad de retirar los elementos que allí se encontraban.

"Es realmente una pena ver el estado en el que se encuentra hoy este espacio y que no se nos haya permitido finalizar su utilización de manera ordenada", sostuvo Kreplak, al describir la imagen actual del predio, "totalmente vandalizado", como "la contracara de lo que este lugar supo ser: un vacunatorio modelo durante una de las campañas de salud más importantes de nuestra historia".

El ministro precisó que allí se aplicaron más de 440.000 dosis contra el Covid-19 y que, finalizada la campaña de inmunización, el predio continuó funcionando "como un espacio sanitario de referencia para Pilar y toda la región".

La postura del ministro se alinea con la que había planteado horas antes el Municipio de Pilar, que también salió a aclarar la situación del predio. La Comuna explicó que mientras el edificio estuvo bajo su cuidado "se mantuvo en correctas condiciones" y funcionó como "un vacunatorio modelo en el que se aplicaron cientos de miles de vacunas". 

De hecho, salió a mostrar en una serie de fotos y videos, que el lugar se encontraba en buenas condiciones y en funcionamiento el día que se realizó el desalojo.

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El Municipio remarcó que perdió el acceso al lugar el 13 de marzo de 2025, por una resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py, que restituyó el edificio a su titular original, el abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, del fondo Pilar Bicentenario, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En la misma línea, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había explicado que la Legislatura provincial expropió el edificio "para darle fines sociales", hasta que el juez federal decidió devolverlo a la firma investigada. Bianco sostuvo que el desalojo se ejecutó "de un día para el otro" y que eso impidió retirar el equipamiento y los medicamentos del lugar.

La oposición también se metió en la polémica. Adriana Cáceres, exedil y actual dirigente del PRO en Pilar, planteó que, si se confirma el vínculo del inmueble con una causa de lavado de dinero, debería aplicarse el régimen de extinción de dominio. 

"Si un bien queda en manos de la Justicia por una causa vinculada al narcotráfico, ¿por qué no puede volver a los vecinos?", planteó, al pedir que se ponga en agenda "la recuperación y reutilización pública del predio del Km 46" para que deje de ser "un elefante blanco".

Por su parte, la concejal del PRO Analía Leguizamón presentó un proyecto de pedido de informes en el Concejo Deliberante para que el Ejecutivo precise qué ocurrió con las vacunas, la documentación y los carnets de conducir que quedaron en el predio tras el desalojo, esto último vinculado a la protección de datos personales.

El Municipio de Pilar difundió una serie de fotos y videos que muestran el buen estado del edificio del kilómetro 46 de la Panamericana al momento en que la Justicia Federal dispuso su desalojo, en marzo de 2025. De este modo, la Comuna insistió en que el predio, donde funcionaron el vacunatorio y el área de Licencias de Conducir, se encontraba en buenas condiciones antes de quedar fuera del control municipal.

La decisión de la Comuna llegó después de que se viralizaran en redes sociales distintos videos grabados por usuarios de YouTube, Instagram y TikTok, que recorren el interior del edificio y muestran vacunas vencidas, camillas, elementos de limpieza, barbijos, y carnets y licencias de conducir dispersos entre los sectores abandonados.

"Dejamos constancia mediante fotos y videos del estado en el que se encontraban el vacunatorio y las dependencias de Licencias de Conducir. Desde el 13 de marzo de 2025, fecha en la que intervino la Justicia, el Municipio dejó de tener la custodia y guarda del lugar", señaló la Comuna en una publicación difundida a través de su cuenta oficial de X.

La aclaración se suma a la publicada la noche del domingo, luego de que se emitiera un informe en el canal LN sobre la situación del predio. En esa oportunidad, el Municipio ya había sostenido que, mientras estuvo bajo su cuidado, el lugar "se mantuvo en correctas condiciones" y funcionó como "un vacunatorio modelo en el que se aplicaron cientos de miles de vacunas".

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La medida que dejó al edificio fuera del alcance del Municipio había sido dictada en marzo de 2025 por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py. La resolución dio por terminada la cesión del predio a la Comuna y lo devolvió a su titular original, el abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, del fondo Pilar Bicentenario. El operativo estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina, que colocó fajas de clausura en las instalaciones.

Por su parte, el Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, también se refirió a la situación del predio y respaldó al Municipio.

"La Justicia lo había embargado. Luego, la Legislatura de la provincia expropió ese edificio para darle fines sociales", relató Bianco.

"En ese contexto funcionó como vacunatorio y lo hacía muy bien hasta que un juez federal decidió devolverle el edificio a la empresa", investigada por supuesto lavado de dinero, completó el funcionario.

Bianco también detalló cómo se ejecutó la medida: "Lo hizo de un día para el otro. Cuando te desalojan, te dicen 'Acá no se puede entrar más'. Y cuando eso se produjo y se impidió que los funcionarios municipales que trabajaban ahí pudieran ingresar, también se impidió que se saquen todos los medicamentos y equipamientos".

Al indicar que el deterioro posterior del predio no respondió a una decisión municipal, agregó: "Obviamente que luego de varios meses y años, el lugar quedó vandalizado. Pero no es que uno puede prever que va a haber un juez que te va a sacar el predio y preventivamente se limpia y retira el material. De un día para el otro te cerraron la puerta, no podés entrar más y quedaron las cosas ahí adentro".

"Quiero desmentir que sea una desidia, no lo fue. Solo hubo un juez federal que decidió devolverle el edificio a quienes lo habían construido a partir del dinero del (supuesto) lavado del narcotráfico", cerró el ministro.

El Municipio de Pilar salió a aclarar la situación del edificio ubicado en el kilómetro 46 de la Panamericana, luego de que se difundieran en redes sociales una serie de videos que muestran el estado de abandono del predio donde funcionó el vacunatorio y, más tarde, el área de licencias de conducir.

Las grabaciones, realizadas por distintos usuarios de YouTube, Instagram y TikTok, recorren el interior del edificio y exhiben vacunas vencidas, camillas, elementos de limpieza, delantales, barbijos, planillas y carnets y licencias de conducir dispersos entre las áreas abandonadas. (VER AL PIE DE LA NOTA)

Pero además, diversos informes periodísticos difundidos en las últimas horas también dan cuenta del estado en el que se encuentra el lugar. Uno de ellos es el que publicó LN+, bajo el título “Del vacunatorio más grande al ‘basural’ de Alberto y Axel”, en referencia al expresidente Alberto Fernáandez y al actual gobernador provincial Axel Kicillof.

De acuerdo al comunicado difundido por la comuna, mientras el predio estuvo bajo su cuidado "se mantuvo en correctas condiciones" y funcionó como "un vacunatorio modelo en el que se aplicaron cientos de miles de vacunas". El municipio remarcó que allí también funcionó, en paralelo, el espacio de trámites de licencias de conducir.

Es importante aclarar una cuestión sobre el predio del km 46 de Panamericana.Mientras estuvo bajo cuidado del Municipio, allí funcionaron un vacunatorio y el espacio para realizar licencias de conducir. Durante ese período, el predio se mantuvo en correctas condiciones. Fue un… pic.twitter.com/SeVXqVXDEw

“Es importante aclarar una cuestión sobre el predio del km 46 de Panamericana. Mientras estuvo bajo cuidado del Municipio, allí funcionaron un vacunatorio y el espacio para realizar licencias de conducir. Durante ese período, el predio se mantuvo en correctas condiciones. Fue un vacunatorio modelo en el que se aplicaron cientos de miles de vacunas”, expuso la Comuna de Pilar.

“Luego, por decisión de la Justicia, el predio fue entregado a quien se encuentra investigado presuntamente por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Desde entonces, el Municipio quedó imposibilitado de ingresar o realizar cualquier tarea allí”, añadieron desde el gobierno local.

Esa resolución había sido dictada en marzo de 2025 por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py, quien dio por terminada la cesión del predio al Municipio y lo devolvió a su titular original, el abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, del fondo Pilar Bicentenario. El desalojo se ejecutó de manera intempestiva a través de una patrulla de Prefectura Nacional.

El terreno había sido expropiado en el marco de una causa que investigaba el presunto financiamiento con fondos del narcotráfico del proyecto inmobiliario que Corvo Dolcet impulsaba en el lugar, donde en el edificio a medio construir, donde luego se montó el vacunatorio, iba a recibir cientos de cocheras.

El expediente también involucraba a María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria, presuntamente vinculados con el acusado por narcotráfico en Colombia, José Bayron Piedrahita Ceballos. Esa investigación había sido presentada en sociedad por la por entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Más tarde mediante una decisión de la legislatura bonaerense, ese predio fue cedido al Municipio, pero años después, en 2025, devuelto a Corvo Dolcet.

Horas despúes de consumado el desalojo el año pasado, Pilar de Todos constató que el edificio había quedado sin custodia policial ni de ninguna otra fuerza, y que el personal municipal no pudo retirar documentación de las áreas de Salud y de Licencias, además de vacunas que permanecieron en las heladeras del lugar.

Ese abandono, sostenido durante más de un año, es el que ahora quedó expuesto en los videos que circulan en redes sociales sumado a una serie de informes periodísticos, que motivaron el pronunciamiento oficial del Municipio, donde deslinda responsabilidades.Video El Día de La Plata

El Municipio de Pilar habilitará la semana que viene el vacunatorio del Km 46 para aplicar dosis de la vacuna contra la gripe.

En una primera etapa de la campaña que ya se está desarrollando en centros de salud y hospitales, se convocará a embarazadas y puerperas, niños de 6 meses a 3 años y a mayores de 65 años.

Las personas que formen parte de esos grupos se podrán acercar al vacunatorio entre el lunes 18 y el viernes 22 en el horario de 9 a 14 horas.

Además, ya se puede solicitar turno escribiendo al 11 5238 6864.