Vecinos de Pilar volvieron a manifestar su malestar tras una nueva resolución judicial que autoriza el funcionamiento provisorio de la Central Termoeléctrica Matheu III, pese a la vigencia de una medida cautelar ambiental que ordenó la suspensión total de su operación hace casi una década.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Campana, que dispuso una nueva prórroga por el término de tres meses, desde el 5 de febrero hasta el 5 de mayo de 2026. La autorización habilita el uso de dos turbinas, en el horario de 9 a 21, y contempla la posibilidad de funcionamiento fuera de esa franja horaria “de manera excepcional, con autorización de CAMMESA”.

Desde la organización 1810 – Vecinos Unidos por Pilar cuestionaron que la resolución vuelva a fundarse en argumentos energéticos sin incorporar controles ambientales ni sanitarios actualizados. En el comunicado difundido este jueves, señalaron que “la resolución no incorpora estudios ambientales ni sanitarios actualizados, ni mediciones independientes de ruido, vibraciones o emisiones”.

La medida cautelar que ordenó la suspensión total de la central termoeléctrica fue dictada en 2017 por razones ambientales y sanitarias. En 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó esa decisión y adecuó su pronunciamiento conforme a los lineamientos expresos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de protección ambiental y aplicación del principio precautorio.

Sin embargo, desde entonces, la planta fue habilitada de manera excepcional mediante prórrogas sucesivas. Para los vecinos, este esquema terminó consolidando un funcionamiento continuo. En ese sentido, advirtieron que “estas prórrogas sucesivas no fijan un límite final, ni condicionan la continuidad del funcionamiento a la obtención de habilitaciones ambientales definitivas”.

Según plantearon, “en los hechos, lo que fue presentado como una excepción temporal se transforma en un funcionamiento continuado, vaciando de contenido una medida cautelar ambiental firme, confirmada por la Cámara Federal de San Martín y ajustada a la doctrina de la Corte Suprema”.

La resolución judicial fundamenta la autorización en la emergencia energética nacional, prorrogada hasta julio de 2026, y en informes técnicos del sistema eléctrico. No obstante, desde 1810 – Vecinos Unidos por Pilar señalaron que no se tuvieron en cuenta variables estacionales relevantes.

En el comunicado, remarcaron que “a partir de esta etapa del año, las temperaturas comienzan a descender y el consumo energético disminuye de manera gradual y significativa”, especialmente durante los meses de transición hacia el otoño. Además, indicaron que la resolución “no acompaña proyecciones técnicas actuales que justifiquen la necesidad de mantener esta autorización excepcional durante marzo, abril y comienzos de mayo”.

Para la organización vecinal, la emergencia energética no puede operar como un justificante automático. En ese sentido, afirmaron que “la emergencia energética no puede justificar la ausencia de controles ambientales, ni la omisión de un análisis razonable de la evolución real de la demanda energética”, ni tampoco “el apartamiento de los criterios obligatorios fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aplicados por la Cámara Federal de San Martín”.

La nueva prórroga volvió así a reactivar un conflicto de larga data en Pilar, donde el funcionamiento de la termoeléctrica Matheu III continúa generando cuestionamientos judiciales, ambientales y sanitarios, que se renuevan con cada decisión que extiende su operación provisoria.

La Justicia Federal de Campana autorizó el funcionamiento parcial de la termoeléctrica ubicada en Villa Rosa, operada por SCC Power Argentina S.A., en medio de la fuerte oposición de los vecinos y del Municipio de Pilar, que rechazaron la continuidad de la actividad debido al impacto ambiental y su cercanía con zonas residenciales.

Según la resolución, la Central Matheu III podrá operar de forma provisoria, con un máximo de dos turbinas y solo entre las 9 y las 21 horas, durante un plazo de tres meses, es decir desde noviembre, hasta fines de enero.

La medida se fundamentó en la emergencia energética declarada por la Ley 27.742 y en informes de CAMMESA y de la Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico, que advirtieron sobre el riesgo de cortes en el norte del AMBA y en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La decisión judicial rechazó el pedido de la empresa de operar fuera del horario autorizado al considerar que no presentó una justificación suficiente para extender el esquema de funcionamiento.

La disposición incluyó además un requerimiento a SCC Power Argentina para que, en un plazo de 30 días, presente avances concretos del plan de desmovilización de la Central Matheu III, incluido el estado de las gestiones ante organismos competentes, el nivel de ejecución de las tareas y los plazos previstos para su finalización.

El fallo también ordenó a la Municipalidad de Pilar realizar controles periódicos de fiscalización sobre la planta durante el período autorizado y remitir los informes al tribunal.

La postura del Ejecutivo local fue coincidente con la de las asociaciones vecinales, ya que el municipio manifestó su oposición a la continuidad del funcionamiento de la termoeléctrica.

Las organizaciones vecinales sostienen desde hace años que la central funciona en una zona rodeada de áreas residenciales, y que genera ruidos y vibraciones, además de representar un riesgo ambiental y sanitario para la comunidad.

La planta ya había sido objeto de acciones judiciales, reclamos administrativos y medidas temporales de restricción, además de anuncios previos de un supuesto cierre y desmantelamiento progresivo, que los vecinos denuncian como incumplidos.

La autorización otorgada por la Justicia mantiene vigente el conflicto entre los residentes del área, que exigen el cese definitivo de la operación, y la empresa, que argumenta la necesidad de sostener la generación eléctrica en un contexto crítico para el sistema energético.

Repudio

Por medio de un comunicado conjunto, las organizaciones 1810 y Juvevir mostraron su descontento para con la medida.

“La Justicia vuelve a fallarle a los vecinos de Pilar y Escobar. El juez federal Adrián González Charvay volvió a conceder una nueva prórroga de tres meses a las empresas SCC Power (ex Stoneway) (…) en un fallo que resulta tan injustificado como preocupante. La resolución judicial se dictó a pesar de que la Autoridad del Agua (ADA) no respondió dentro de los plazos, que la OPDS tampoco contestó, y que tanto el Municipio de Pilar como el Ministerio Público Fiscal se opusieron enfáticamente a la extensión del permiso”, sostuvieron.

“Tanto JUVEVIR como 1810 Vecinos Unidos por Pilar presentaron recientemente una exposición conjunta impecable, en la que se aportaron todos los argumentos técnicos, ambientales y jurídicos que justificaban rechazar cualquier nueva prórroga. Sin embargo, una vez más, el juez eligió ignorar las evidencias y el reclamo de los vecinos. Este fallo constituye un nuevo golpe a la confianza ciudadana en la Justicia. Una vez más, vemos cómo el poder judicial se muestra débil frente a los intereses empresariales y políticos, y no tiene la valentía necesaria para poner fin a una situación que afecta gravemente la salud, el ambiente y la calidad de vida de miles de vecinos de Pilar, Matheu y zonas aledañas”, añadieron.

A su vez, las entidades expresaron su “más enérgico repudio a esta decisión judicial, que desconoce el principio precautorio ambiental y la voluntad de las comunidades que desde hace años vienen exigiendo el cese definitivo de las plantas termoeléctricas ilegales”.

Vecinos se presentaron formalmente ante la Justicia Federal para fijar su oposición a que una termoeléctrica siga funcionando en Villa Rosa.

Es que la compañía SCC Power presentó una solicitud ante el Juzgado Federal de Campana para continuar con la operación de la Central Matheu III, situada en la localidad, en el límite con Escobar, durante seis meses más, a partir del 1 de noviembre.

Según consta en la presentación, la empresa pidió autorización para operar dos turbinas de 9 a 21 horas, con posibilidad de hacerlo fuera de ese horario si CAMMESA lo exige, invocando una “emergencia energética” y pronósticos climáticos adversos para los próximos meses.

En el escrito, SCC Power recordó que ya había obtenido una autorización provisoria en diciembre de 2024, la cual fue prorrogada en marzo de 2025, y sostuvo que la central “operó de manera estable y segura” durante ese período.

Esas prórrogas se dieron en el medio de una fuerte oposición de los vecinos de las plantas, quienes señalan los ruidos molestos que generan los motores, entre otros aspectos negativos. La firma fue varias veces infraccionada e incluso clausurada, aunque luego, de la mano de varios recursos administrativos y jurídicos, volvió a funcionar.

El permiso obtenido en marzo había sido presentado como el último, antes de que la empresa se vea obligada a tener que moverse a una zona no residencial.

Es más, la empresa había comunicado meses atrás que iba a comenzar un proceso de desmantelamiento de la planta, que le demandaría unos dos años en total, para dejar de operar en esa zona.

Fue así que el Juzgado Federal de Campana dio traslado del pedido a las partes involucradas —entre ellas el Municipio de Pilar, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua y la Secretaría de Energía—, otorgando un plazo de cinco días hábiles para expedirse. 

TE PUEDE INTERTESAR: La termoeléctrica SCC Power desmantelará la planta de Villa Rosa

Al enterarse de la petición, los vecinos alzaron la voz y se opusieron con firmeza. Tanto que en las últimas horas mantuvieron un encuentro en la sede del Juzgado Federal de Campana, donde la comitiva de la ONG 1810 fue atendida por la Secretaria Federal.

“Durante la audiencia se entregó una nota que reflejó el malestar vecinal y se detallaron los reiterados incumplimientos de SCC Power S.A., recordando que las plantas deberían haber sido desmanteladas hace tiempo. El encuentro permitió reabrir el diálogo institucional y dejar asentada la postura firme de los vecinos”, señalaron desde la entidad, presidida por Raúl Regis, además vecino de una de las plantas.

A su vez, desde 1810 formalizaron una presentación judicial, donde apuntan a que no se le dé autorización a la empresa, donde además se enteraron que la Comuna de Pilar, a través de su asesor legal, también se negó a que la Justicia les dé una nueva autorización.

“La documentación presentada incorporó los antecedentes, los incumplimientos constatados y el pedido expreso de hacer cumplir los fallos vigentes. En el mismo expediente, el Municipio de Pilar presentó su descargo, en el cual se opuso enfáticamente a la nueva prórroga solicitada por SCC Power S.A., reafirmando su posición en defensa del ambiente y del cumplimiento de las resoluciones judiciales", agregaron desde la entidad.

La compañía SCC Power presentó una solicitud ante el Juzgado Federal de Campana para continuar con la operación de la Central Matheu III, situada en la localidad de Villa Rosa, durante seis meses más, a partir del 1 de noviembre.

Según consta en la presentación, la empresa pidió autorización para operar dos turbinas de 9 a 21 horas, con posibilidad de hacerlo fuera de ese horario si CAMMESA lo exige, invocando una “emergencia energética” y pronósticos climáticos adversos para los próximos meses.

En el escrito, SCC Power recordó que ya había obtenido una autorización provisoria en diciembre de 2024, la cual fue prorrogada en marzo de 2025, y sostuvo que la central “operó de manera estable y segura” durante ese período.

Esas prórrogas se dieron en el medio de una fuerte oposición de los vecinos de las plantas, quienes señalan los ruidos molestos que generan los motores, entre otros aspectos negativos. La firma fue varias veces infraccionada e incluso clausurada, aunque luego, de la mano de varios recursos administrativos y jurídicos, volvió a funcionar.

El permiso obtenido en marzo había sido presentado como el último, antes de que la empresa se vea obligada a tener que moverse a una zona no residencial.

Es más, la empresa había comunicado meses atrás que iba a comenzar un proceso de desmantelamiento de la planta, que le demandaría unos dos años en total, para dejar de operar en esa zona.

De momento, el Juzgado Federal de Campana dio traslado del pedido a las partes involucradas —entre ellas el Municipio de Pilar, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua y la Secretaría de Energía—, otorgando un plazo de cinco días hábiles para expedirse.

TE PUEDE INTERTESAR: La termoeléctrica SCC Power desmantelará la planta de Villa Rosa

Vecinos, en contra

Desde 1810 Vecinos Unidos por Pilar, organización que desde hace ocho años reclama el cierre y traslado de las plantas termoeléctricas de Villa Rosa, expresaron su malestar ante este nuevo pedido.

“Nos mintieron otra vez. Estas plantas deben irse definitivamente”, afirmaron en un comunicado.

Desde la entidad, presidida por Raúl Regis, recordaron que en 2024 la empresa SCC Power obtuvo un permiso excepcional por seis meses para operar, con el compromiso de iniciar su traslado definitivo fuera de la zona urbana, autorización que luego fue prorrogada.

Ese permiso, otorgado por el Juzgado Federal de Campana, fue presentado como la “última prórroga posible”.

“Nos mintieron nuevamente. Dijeron que se iban y no cumplieron. La emergencia energética no puede ser excusa para violar la ley ni para poner en riesgo la salud y el ambiente de miles de familias de Pilar y Escobar”, cuestionaron.

El texto también destaca que “ha llegado el momento de actuar con responsabilidad y coraje”, e insta al Juez Federal Adrián González Charvay a “hacer cumplir la ley y garantizar que las decisiones judiciales se respeten”.

Además, confían en que “el intendente de Pilar acompañará a la comunidad y defenderá los derechos de sus ciudadanos, poniéndose del lado de los vecinos y no de las empresas”.

En ese contexto, la agrupación convocó a una movilización vecinal para el jueves 30 de octubre a las 10:00 horas, frente al Juzgado Federal de Campana, para “exigir el cumplimiento efectivo de la ley, la protección ambiental y el traslado definitivo de las termoeléctricas”.

La termoeléctrica SCC Power finalmente y tras varios años de lucha vecinal dejará de estar en Villa Rosa.

La empresa informó a la Comuna un proceso de desmantelamiento que se llevará a cabo en tres etapas y demandará varios meses.

Se da luego de un fuerte rechazo vecinal, de organizaciones intermedias y del propio Municipio de Pilar.

La termoeléctrica, ex Araucaria, comenzó a funcionar en medio de un escándalo en 2017, bajo la gestión del gobierno de Cambiemos.

No solo fue SCC Power, sino también otra más, APR Energy, planta que ya había dejado de trabajar hace tiempo.

Desde el primer momento fueron vecinos, agrupaciones ambientales las que alzaron la voz en contra de las empresas, ya que se habían emplazado en áreas residenciales, que con el aval de Cambiemos fueron modificadas para uso industrial en una sesión del Concejo Deliberante, con el rechazo del entonces edil Federico Achával.

Fue más tarde que, a instancias de una denuncia, intervino la Justicia Federal y paralizó el funcionamiento de las termoeléctricas.

Las plantas, no obstante, funcionaron intermitentemente debido a diversos recursos administrativos y jurídicos.

En las últimas semanas la Justicia de Campana, tras un pedido del gobierno Nacional, autorizó a que la empresa SCC Power pueda funcionar hasta junio de este año, ante la necesidad de abastecer el sistema eléctrico por posibles cortes de luz.

No obstante, SCC Power ya tenía previsto retirarse de su actual locación, justamente debido a las medidas que el Municipio, las organizaciones y los vecinos vienen llevando a cabo.

«Ante las acciones legales que afectaron directamente el derecho de la empresa a desarrollar la actividad para la cual realizó una considerable inversión, la realidad es que la Central se vio imposibilitada de operar conforme a lo inicialmente previsto y comprometido. Estos impedimentos, fuera de control de la empresa, afectan la viabilidad de su funcionamiento y desarrollo», reza un escrito que semanas atrás la empresa presentó ante el Municipio.

«Por lo tanto, la compañía está tomando las medidas necesarias para llegar a los acuerdos con las autoridades competentes y poder llevar adelante el proceso de desmovilización de la Central», agregaron.

Pilar de Todos pudo saber que ese proceso demandará al menos dos años, y se dividirá en tres etapas.

El primero será desmantelar el sistema de combustible líquidos, que incluyen cuatro tanques, además de demoler la obra civil y el retiro de escombros, lo que demandará, desde el comienzo de las labores, unos seis meses.

Luego, con una duración de 24 meses, se avanzará en el desarme de las turbinas, y sistemas vinculados, para en última instancia avanzar en un plan de reforestación y parquizado.

«Es un triunfo»

Los vecinos de la zona celebraron la salida de SCC Power, y destacaron la lucha que encararon desde hace varios años.

«No creemos que la planta vaya a funcionar hasta junio, ya que no hay necesidad de inyectar más energía porque no hay alto consumo. Lo que sí sabemos es que presentó el proceso de desmantelamiento y, luego de años de lucha, se van», destacó Raúl Regis, de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, una de las organizaciones que se presentó ante la Justicia.

Desde el primer momento señalaron no solo el cuestionado cambio de zonificación, sino también los ruidos molestos generados por los motores, y el presunto daño al medioambiente generado por las emanaciones de los motores, entre otros aspectos.

«Desde la empresa se dieron cuenta que ya no iban a lograr ninguna autorización más. Desde 1810 estamos satisfechos por el sacrificio y el trabajo de estos años. Queremos agradecer al intendente Federico Achával, porque realmente fue el único político que se comprometió y nos acompañó. Yo no hablo de la parte partidaria, pero tengo que reconocer que se comprometió en campaña, cumplió y nos acompañó. Y al alma de toda esta lucha, que desde el cielo nos siguió guiando, el abogado Gustavo Madeira», cerró Regis.

El Juzgado Federal de Zárate- Campana concedió una prórroga de tres meses para el funcionamiento de la Central Termoeléctrica Matheu III, operada por SCC Power Argentina S.A., ubicada en la localidad de Villa Rosa.

La medida autoriza a la planta a continuar operando hasta el 16 de junio de 2025, en un horario restringido de 9:00 a 21:00.

La decisión judicial se tomó en el marco de la crisis energética que afecta al Gran Buenos Aires y en respuesta a un pedido de la empresa, que argumentó la necesidad de seguir generando electricidad para evitar cortes de luz en la región.

La Dirección Nacional de Regulación y Desarrollo del Sector Eléctrico respaldó la solicitud, afirmando que "las condiciones de criticidad del Sistema Argentino de Interconexión no han cambiado" desde la primera autorización, emanada en diciembre de 2024.

Rechazo vecinal

Antes de que se dictara la resolución, la posible prórroga del permiso generó un fuerte rechazo entre los vecinos que residen en las cercanías de la central.

Los habitantes de la zona habían elevado un pedido formal al juez de la causa, Adrián González Charvay, para que no extendiera la autorización de funcionamiento, alegando que el ruido generado por las turbinas es "ensordecedor" y afecta la vida cotidiana.

A pesar de estas quejas, el juez resolvió conceder la prórroga, aunque mantuvo el límite horario para su operación y ordenó que la Municipalidad de Pilar continúe fiscalizando el impacto ambiental de la planta.

Según trascendió, el tribunal aún espera un informe del municipio sobre los controles realizados, lo que podría ser clave en futuras decisiones respecto al funcionamiento de la central.

La Secretaría de Energía de la Nación solicitó a la Justicia Federal que la termoeléctrica SCC Power pueda seguir funcionando.

Se trata de una planta ubicada en Villa Rosa desde 2017, que siempre fue rechazada por vecinos de la zona, debido a los molestos ruidos que genera.

Si bien SCC Power fue impedida de trabajar, justamente ante la pelea judicial impulsada por los habitantes del área, la Justicia Federal de Zárate - Campana autorizó, a fines del año pasado, que pueda encender sus turbinas en determinados horarios, para abastecer al sistema ante la alta demanda.

Ese permiso tenía una validez de tres meses, aunque era prorrogable por otro período similar.

Ante el vencimiento de la autorización, desde Energía señalaron que las condiciones que llevaron a la Justicia a permitir el funcionamiento de la termoeléctrica aún continúan, por lo que es necesario extender los tiempos.

En el escrito elevado al titular del Juzgado, Adrián González Charvay, se señala que “persiste la necesidad, en el marco de la emergencia declarada y el plan de contingencias elaborado por la autoridad regulatoria, de contar con la mayor cantidad de generación posible para poder atravesar el momento crítico en el cual estamos inmersos”.

“Se remarca la necesidad de continuar contando con la operación de la Central Termoeléctrica Matheu III. Del mismo modo, tal como se ha señalado en el citado informe técnico (…) CAMMESA en su carácter de Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, estimó que las condiciones de criticidad del Sistema Argentino de Interconexión no han cambiado, como tampoco la necesidad de contar con la potencia disponible de la Central Termoeléctrica Matheu III, la cual aportaría beneficios particularmente en el área del Gran Buenos Aires, donde tiene mayor impacto”, continúa el escrito.

“En razón de lo aquí señalado, y atento que se encuentra próxima a vencer la autorización otorgada mediante la resolución del 16/12/2024, para el funcionamiento provisorio de la Central Matheu III, con tres (3) turbinas en el horario estipulado, es que mediante la presente se solicita se prorrogue tal autorización por otro periodo de igual término (…)”, señala el pedido.

"Burla"

El pedido generó un nuevo rechazo por parte de los vecinos de la zona, quienes insistieron en solicitarle al intendente Federico Achával que eleve una petición que los habitantes de Villa Rosa y Matheu pretenden llegue a manos de Charvay.

“Los vecinos de Villa Rosa y Matheu, requerimos no otorgarlo (al permiso) teniendo en cuenta (que) la Central Matheu III es una Industria de tercera categoría, por el daño ambiental que genera, no está permitido que opere en Zonas Residenciales”, señalaron.

“Existe un trabajo en conjunto realizado entre OPDS, Municipio de Pilar y 1810 VUPP en Mayo de 2021  donde se evidencia fehacientemente mediante mediciones acústicas que el ruido que emiten está muy por encima de los decibeles que un ser humano puede tolerar sin que afecte negativamente a su salud (…), y que los vecinos efectuamos diariamente centenas de reclamos en el Sistema del Ministerio de Ambiente (ex OPDS) sumado a notas físicas firmadas por miles de vecinos que entregamos personalmente en el Municipio que documentan el Daño Ambiental y la terrible molestia que nos impide vivir saludablemente”, agregaron desde las entidades Vecinos Unidos por Pilar y Vecinos de Matheu.

“No escuchan y se burlan de los vecinos desesperados que no pueden vivir en paz todo un verano porque los incompetentes equipos del ministerio de energía de (Mauricio) Macri, (Alberto) Fernández ni el actual han tomado las medidas preventivas correctas en su momento para mantener un SADI competente”, agregaron.

Los vecinos, además, señalaron que desde la empresa “no han cumplido el horario permitido en reiteradas oportunidades y han funcionado días de baja temperatura y durante fines de semana (industrias sin operar) momentos en los que no existe necesidad energética extraordinaria”.

“No hemos visto justificativo alguno por parte de CAMMESA que justifique lo antedicho, que es lo que debiera hacer según su dictamen. Solicitamos que no renueven este permiso ‘provisorio’ y las trasladen con urgencia para poder llegar a tenerlas operativas en un lugar adecuado (Zona Industrial) cuando comience el próximo período ‘real’ de alta demanda energética”, siguieron.

Además, los habitantes de la zona “invitaron” a diversos funcionarios nacionales a que vivan 15 días en cercanías a la termoeléctrica antes de adoptar una decisión.

“Invitamos al Presidente Javier Milei, al Ministro de Economía Luis Caputo, al Secretario Coordinador Daniel González, Sra. Secretaria de Energía María Tettamanti, (…) a alejarse de sus escritorios y vivir en una de nuestras casas durante por lo menos, quince días, y desde aquí resuelvan éste y todo el resto de cuestiones que necesiten trabajar, incluyendo lo laboral y soportar a sus hijos, familias, perros, etc. en este contexto, para que verifiquen que es imposible trabajar, dormir, leer, estudiar, relajarse, concentrarse, pasar un momento saludable, tranquilo, etc. sintiendo este ruido y vibración en nuestros cuerpos y objetos, que se va potenciando a medida que pasan los días. Nosotros vivimos así desde hace ya casi tres meses, y últimamente, de día y de noche, con lo cual ni siquiera hemos podido dormir, estamos en un nivel de desesperación y saturación que está al borde de culminar con nuestra infinita paciencia que venimos cultivando y sosteniendo”, cerraron.

Un grupo de vecinos de Pilar y Escobar que viven en cercanías a la termoeléctrica SCC Power reclamaron a la Justicia Federal que la planta deje de funcionar.

Es que el Juzgado Federal de Zárate – Campana, a cargo de Adrián González Charvay, autorizó a la empresa a trabajar a mediados de diciembre del año pasado, durante un lapso de tres meses, tiempo que se puede extender por otro período similar.

Las turbinas podrán estar encendidas en determinados horarios y el objetivo es asegurar el suministro de energía en épocas de mayor demanda.

Apenas conocida la novedad, los vecinos alzaron la voz y pidieron que se proceda a la clausura definitiva del lugar.

Ahora, casi dos meses después, enviaron una nota al intendente Federico Achával para que a su vez esta sea enviada al González Charvay, donde señalan que los ruidos que genera la planta son “insoportables”.

“Mientras escribimos estas palabras los vidrios tiemblan, la vibración se siente en el pecho, tuvimos que pedirles a nuestros hijos que entren para cerrar las puertas y ventanas porque ya el ruido era insoportable. Nos quitaron el derecho a vivir en salud dentro de nuestros hogares”, comienza la misiva.

“Le escribimos con el corazón desbordado de frustración, de impotencia, de angustia. Ya no sabemos a quién más acudir porque hemos golpeado puertas, presentado todos los reclamos posibles y nadie nos escucha. Hemos prestado nuestros domicilios para que tanto la municipalidad como el OPDS realicen mediciones. Hemos dejado de ir a trabajar para estar disponibles, ya que lo único que deseamos e imploramos es que esta tortura termine para siempre. Se han realizado mediciones que confirmaron nuestras afirmaciones, demostrando que los ruidos no permitían una vida digna y atentaban contra nuestra salud física y mental. Sin embargo, aquí estamos nuevamente implorando que esta tortura termine. Señor juez, con el dolor en el alma le escribimos estas palabras porque nos sentimos solos. Abandonados por quienes deberían proteger nuestros derechos más básicos. Como usted bien hizo en más de una oportunidad, como usted bien apreció que nuestra vida así era imposible. Hoy estamos nuevamente solos. Los ruidos y la vibración convirtieron nuestros hogares en un infierno”, denunciaron.

A su vez, indicaron que no pueden estar dentro ni fuera de las casas, y que “desde el momento que encendieron por primera vez las termoeléctricas de Matheu, nuestras vidas cambiaron para siempre”.

“Lo que antes era nuestro hogar, nuestro refugio, nuestro espacio de descanso y tranquilidad, el lugar que elegimos para criar a nuestros hijos, se ha convertido en nuestra peor pesadilla. El ruido es constante, ensordecedor, la vibración es enloquecedora. Es como vivir en un aeropuerto que nunca cierra, donde el estruendo invade cada rincón de nuestras casas, atravesando puertas y ventanas, haciendo vibrar los pisos y vidrios. ¿Por qué tenemos que padecer semejante injusticia? Lo que antes era nuestro hogar hoy nos enferma”, agregaron los vecinos, varios agrupados en entidades como 1810, y Vecinos Unidos por Pilar, Villa Rosa y Matheu.

En la misma nota, señalaron que la planta jamás debería haberse instalado en ese lugar, hace 8 años, bajo la gestión de Cambiemos, luego de un polémico cambio de zonificación, al tiempo que completaron que la empresa “ni siquiera cuenta con las habilitaciones necesarias para funcionar”.

“Solicitamos por favor que anule el permiso provisorio o al menos, gestione que puedan operar solamente en momentos de necesidad real (comprobable). Operan todos los días, aun, con 24 grados de temperatura los fines de semana que las industrias no trabajan. Y fundamentalmente peticionamos que al finalizar estos tres meses de habilitación provisoria no vuelva a renovar permiso alguno y dictamine su inminente traslado a una zona apta para industrias de tercera categoría siendo coherente con las disposiciones legales, normativas, éticas y de sentido común”, concluyeron.

Un grupo de vecinos de las localidades de Pilar y Escobar presentaron una solicitud formal al intendente de Pilar, Federico Achával, exigiendo la clausura y el traslado definitivo de la planta termoeléctrica de SCC Power Argentina (ex Araucaria Energy S.A.).

El reclamo surge tras reiteradas denuncias de irregularidades en el funcionamiento de la planta y sus efectos nocivos sobre la comunidad y el medio ambiente.

En la carta dirigida al municipio, los vecinos señalaron que el 20 de diciembre pasado la planta operó durante toda la noche, incumpliendo las restricciones impuestas por la justicia que limitan su funcionamiento a emergencias y horarios diurnos. "Se realizaron infinidad de denuncias ante la Provincia y varios vecinos aportaron su testimonio ante el Juzgado de Campana denunciando en la causa judicial el funcionamiento ilegal. Entendemos que el Municipio debiera actuar en consecuencia", expresaron.

Los vecinos argumentan que la termoeléctrica fue instalada de manera irregular en un área residencial durante la gestión anterior y que, a pesar de los compromisos asumidos por la actual administración, no se ha resuelto la situación en cinco años. "Es imposible comprender cómo es que, luego de cinco años, aún no hayan accionado en defensa de los vecinos y el medio ambiente, fomentando el traslado a una zona apta para industrias de tercera categoría", enfatizaron.

El documento detalla los múltiples daños atribuidos a la operación de la planta: contaminación sonora, vibraciones, emisiones de CO2, uso inadecuado de agua y manejo incorrecto de residuos, entre otros.

Además, destacan los efectos directos sobre la salud de los vecinos, como el estrés y trastornos del sueño. "El fuerte ruido y la vibración influyen el ánimo de los vecinos, provocando estrés, depresión, angustia, trastornos de sueño e imposibilita concentrarse para trabajar, estudiar, realizar actividades recreativas o sociales", afirmaron.

La comunidad también cuestiona el sistema de emergencia energética utilizado para justificar el funcionamiento de la planta. Según su interpretación del fallo judicial, las turbinas solo deberían operar en situaciones puntuales, pero "estas turbinas funcionan casi todos los días impidiendo a los vecinos vivir normal y saludablemente", recalcaron.

"Por todo lo expuesto, solicitamos la urgente y definitiva clausura y traslado de la empresa Araucaria Energy S.A.", concluye el comunicado firmado por la organización "1810 Vecinos unidos por Pilar", cuyo presidente es Raúl Regis.

La Justicia Federal autorizó a una planta termoeléctrica ubicada en Pilar a volver a funcionar.

El permiso es transitorio, por seis meses, y apunta a «garantizar el suministro eléctrico» en los meses de mayor demanda.

Se trata de la empresa SCC Power, ubicada en Villa Rosa, empresa antes llamada Araucaria.

La termoeléctrica fue duramente cuestionada por vecinos y agrupaciones ambientales, al indicar presuntos daños al medio ambiente, como el uso intensivo de agua, emanación de gases, ruidos molestos, y posible peligro el almacenar cientos de litros de combustible, por lo que tanto el Municipio como la Justicia la clausuraron.

No obstante, ahora, la “Central Matheu III” recibió el visto bueno para encender tres turbinas de 9 a 21 horas, para asegurar el suministro en épocas de alta demanda.

El permiso es por tres meses y se podrá extender por otro período igual por única vez.

En el marco del plan de contingencia lanzado por el gobierno Nacional, la firma pidió una autorización que cuenta con el aval de CAMMESA.

La Cámara Federal de San Martín dejó firme una sentencia del Juez Federal de Zárate – Campana, Adrián González Charvay, por lo que la termoeléctrica ex Araucaria no podrá volver a funcionar.

La Sala 2 de la Cámara confirmó la decisión Charvay, que a mediados del año pasado había denegado a la empresa poner en marcha las turbinas en horario diurno.

De acuerdo al fallo de la Cámara, se tuvo en cuenta que la compañía no acreditó contar con todos los requerimientos legales para reactivarse, además de producir ruidos molestos pese a que funcionaba con dos de sus cuatro turbinas, lo que quedó demostrado luego de una serie de operativos de la Municipalidad.

La decisión se dio en el marco de una causa iniciada por la ONG Juvevir, impulsada por la ambientalista Érica Hahn, y el patrocinio de los abogados Fabían Maggi y Gimena Viviani, en la que también trabajó el fallecido letrado Gustavo Madeira.

Además, la Justicia también emplazó a la empresa APR, otra de las termoeléctricas que se había instalado en el límite entre Pilar y Escobar, a que tramite una auditoria ante la cartera ambiental de la provincia de Buenos Aires.

Es que si bien APR ya se retiró del lugar, se apunta a que el predio quede saneado y sin un potencial daño al medio ambiente, sobre todo lo referido a perforaciones y efluentes.

“A más de 6 años de comenzada la causa judicial, se ha ido confirmando la veracidad de todas y cada una de nuestras denuncias, y en particular, ha quedado totalmente acreditado que estas industrias peligrosas no deben y nunca debieron funcionar en donde se encuentran instaladas. Como resultado del intenso trabajo en sede judicial - desplegado por el Dr. Fabián Maggi, la Dra. Gimena Viviani y antes también por nuestro fallecido compañero el Dr. Gustavo Madeira- ya se logró que la empresa APR se retirara en julio de 2022, y que la empresa SCC (ex-Araucaria) sólo pudiera funcionar brevemente y con la mitad de su capacidad. Gracias a ello, los y las vecinas de las localidades de Matheu y Villa Rosa vieron disminuido el gravísimo impacto no sólo de los ruidos y la contaminación sino también del desmesurado consumo de agua del acuífero Puelches por parte de ambas centrales, justamente en tiempos de escasez hídrica y extremos climáticos”, señalaron desde Ambientalistas Autoconvocados.

La empresa termoeléctrica SCC Power (ex Aracucaria) apeló medida judicial que le impide funcionar en Pilar.

La planta, ubicada en Villa Rosa, había recibido una autorización para funcionar por seis meses, tiempo que venció a fines de junio.

Power, por medio de su presidente, Damián Iriarte, pidió seguir inyectando energía al sistema, pero la Justicia Federal denegó ese pedido ya que la firma no había respetado las condiciones de trabajo.

LEE: Termoeléctricas: ambientalistas piden a la Justicia “medidas de fondo”

Es que el Juez Adrián González Charvay, de Zárate – Campana, había impuesto como condición un funcionamiento limitado en cuanto a la cantidad de turbinas que enciende la planta, indicación que apuntaba a evitar la generación de ruidos molestos.

Al intentar renovar la prórroga, la empresa adujo que cumplió con lo solicitado, pero informes del Municipio indicaron que se superaron los ruidos aceptados, en el marco de una serie de controles que allí se hicieron, por lo que Charvay denegó el pedido.

No obstante, la empresa apeló esa medida y ahora será Tribunal de Apelaciones de San Martín el que deberá resolver cómo prosigue la situación.

Agrupaciones ambientalistas le reclamaron a la Justicia que adopte “medidas de fondo” respecto a la radicación de una termoeléctrica en Pilar.

Es que si bien el Juez Federal Adrián González Charvay, de Zárate – Campana, decidió denegarle el permiso a la planta SCC Power para que siga funcionando, ex Araucaria, desde sectores ecológicos temen que esa determinación pueda retrotraerse, como ocurrió a principios de año.

En concreto, Charvay había dejado que la planta, ubicada en Villa Rosa, funcione solo con dos turbinas y en un horario acotado durante seis meses, de enero a junio, ante la alta demanda de energía.

La firma, a días de vencerse ese plazo, pidió una extensión, pero la Justicia se basó en informes de la Comuna que indicaban que se habían generado ruidos molestos, por lo que decidió rechazar el pedido. El Municipio, desde este mes, procedió a clausurar el lugar.

Sin embargo, desde la Organización de Ambientalistas Autoconvocados advirtieron que Charvay “no avanza en las definiciones de fondo”, en el marco de una causa que ellos mismos iniciaron y que busca que la ahora llamada SCC Power sea erradicada del lugar en donde están una espacio rodeado de ámbitos residenciales y comerciales.

Desde Autoconvocados, patrocinados por el abogado Fabián Maggi, indicaron que el fallo de Charvay “invita más a la prudencia que al festejo”, y se quejaron porque tras seis años de presentada la denuncia por parte de la entidad Juvevir, aún no haya una sentencia firme.

“El inicio de la causa se remonta a diciembre de 2017. Por entonces, tras la demanda iniciada por la Asociación Juvevir con el apoyo de nuestra Organización, el Juez Charvay dictó dos medidas cautelares mediante las cuales se clausuraban las obras y el funcionamiento de las Centrales Matheu II (APR) y Matheu III. Por ello, resultó muy sorprendente cuando en enero pasado el Juez habilitó a la empresa a funcionar ‘a prueba’ por 6 meses justo en un contexto de una crisis hídrica sin precedentes, manifestado en un pronunciado y generalizado descenso de las napas que obligó a cientos de vecinos y vecinas de Pilar y Escobar a tener que realizar nuevas perforaciones”, advirtieron.

“Si bien celebramos que en esta ocasión el Juez Charvay haya rechazado el pedido de la empresa para extender su funcionamiento a prueba por 6 meses, llama profundamente la atención que al hacerlo no haya realizado ninguna mención al gravísimo problema del consumo de agua. Tampoco se expidió acerca de nuestro pedido de abrir la etapa probatoria en la causa, lo cual permitiría demostrar de modo definitivo la incompatibilidad ambiental de la empresa y lograr su definitiva erradicación. Adicionalmente, su decisión desfavorable a la empresa coincide con el inicio del período pico de consumo invernal, cuya demanda resulta similar a la de verano como demuestran las series publicadas por CAMMESA. Lo cual muestra, tal como sostuvimos oportunamente, que la emergencia eléctrica alegada no resultaba fundada”, añadieron por medio de un comunicado.

Por último, Autoconvocados señaló que seguirán buscando el objetivo de lograr la erradicación de SCC Power, así como ocurrió en su momento con APR Energy, otra termoeléctrica que había funcionado en el lugar.

Finalmente el Juzgado Federal de Campana rechazó el pedido de la Termoeléctrica SSC Power Energy – ex Araucaria – para que pueda seguir funcionando de manera provisoria por otros seis meses en Pilar.

Así lo resolvió el Juez Adrián González Charvay este jueves, ante el inminente vencimiento de la autorización provisoria impuesto para este 30 de junio.

La firma había solicitado un nuevo periodo de seis meses y además que se les permita el encendido de una tercera turbina.

“Resuelvo No hacer lugar a las solicitudes presentadas por la empresa SSC Power Argentina S.A – anteriormente Araucaria – respecto al mantenimiento de la modificación de la medida cautelar dictada el 23/1/23, renovándose por un plazo de seis meses y/u otro que considere apropiado y en relación a la autorización para la operación simultánea de tres turbinas”, señala el fallo.

En la solicitud, la empresa había alegado que “nunca” violó los horarios ni generó ruidos molestos, lo que fue fuertemente rechazado por los vecinos y hasta constatado por inspectores del Municipio de Pilar.

TE PUEDE INTERESAR: Termoeléctrica pide autorización para seguir funcionando: fuerte oposición de los vecinos

En ese contexto, fue clave un informe de la Secretaría de Control y del Cuerpo de Inspectores de la Comuna para la resolución que este jueves tomó la Justicia.

“Especial relevancia adquiere el informe elaborado por la Municipalidad de Pilar. Así, expresa que: ´no es cierta la afirmación realizada por la empresa SSC POWER S.A. respecto a que no ha producido ruidos molestos durante su funcionamiento, ya que como surge de las actas en más de una oportunidad ha superado los decibeles permitidos por la normativa vigente”, dice el escrito del Juzgado de Campana en relación al informe que elevó el Municipio.

Y agrega que “la empresa aun pasando por encima de la autoridad judicial quien excepcionalmente autorizó el funcionamiento en un horario determinado, superó dichas restricciones poniendo por encima del interés público su propio interés económico”.

Finalmente sostiene que la Comuna “considera al ambiente sano como un derecho humano básico, y a la normativa que lo regula como de cumplimiento obligatorio, y por ello entendemos que pretender evadir la normativa y las reglamentaciones ambientales mediante pedidos sucesivos de prorroga importa utilizar la excepción como medio de evitar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa”.

En tanto, la Justicia concluyó que “al día de la fecha la Central Matheu III operada por SSC Power Argentina S.A. no cuenta con los permisos y autorizaciones pertinentes por parte de los organismos que correspondan para el funcionamiento de la misma, en cualquiera de sus modalidades”. 

Cabe destacar que el pedido de la empresa para continuar con su funcionamiento fue fuertemente rechazado por vecinos y diferentes asociaciones vecinales dedicadas a la defensa del medio ambiente quienes bregan por “la prohibición de toda actividad de esa Central Termoeléctrica en esa zona no apta para tal fin”.

Vecinos de la localidad de Villa Rosa vuelven a encender las alarmas ante un nuevo pedido por parte de la empresa termoeléctrica que aún permanece en el distrito para seguir funcionando.

Se trata de la firma SSC Power Argentina -ex Aracucaria-, industria que buscará que la Justicia renueve la autorización para operar durante una determinada cantidad de horas y con limitaciones, permiso que se le otorgó por un plazo de seis meses y que vence a fines de este mes de junio.

La Justicia había impuesto como condición un funcionamiento limitado en cuanto a la cantidad de turbinas que enciende, indicación que apuntaba a evitar la generación de ruidos molestos.

SSC Power busca que se renueve esa autorización por otros seis meses, lo que generó la preocupación de los habitantes de la zona, fervientes opositores a la instalación de las termoeléctricas.

En la solicitud, la firma alegó que “nunca” violó los horarios ni generó ruidos molestos, lo que fue fuertemente rechazado por los vecinos y hasta constatado por inspectores del Municipio de Pilar.

Tras el pedido, la Justicia dio intervención al Municipio desde donde elevaron un contundente informe sobre el funcionamiento de las usinas.

En un escrito al que tuvo acceso Pilar de Todos, la Subsecretaría de Control y el Cuerpo de inspectores de la Comuna expresó que “el criterio que eleva la empresa no es cierta”.

“No es cierta la afirmación realizada por la empresa SSC Power respecto a que no ha generado ruidos, ya que como surge de las actas en más de una oportunidad ha superado los decibeles permitidos por la normativa vigente”, dice el informe y agrega que también se constató que la planta realizó trabajos en “horarios no autorizados”.

Ante dichas anomalías, el Municipio expresó que “considera al ambiente sano como un derecho humano básico y a la normativa que lo regula como de cumplimiento obligatorio”, y rechazó los sucesivos pedidos de prórroga por parte de la firma para poder seguir funcionando sin ajustarse a las normas.

“Entendemos que pretender evadir la normativa y las reglamentaciones ambientales mediante pedidos sucesivos de prórroga, apunta a utilizar la excepción como medio para de evitar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa”, cierra el escrito.

Desde organizaciones vecinales y ambientalistas rechazaron que la firma siga continuando, como el caso de 1810 Vecinos Unidos por Pilar, donde incluso se mostraron confiados en que la Justicia no le otorgue a la empresa una prórroga.

“Tengo que decir que el intendente Federico Achával) tomó un compromiso y lo está cumpliendo. En su momento la clausuró y esta es una contestación contundente”, expuso Raúl Regis, de 1810.

Ambientalistas presentaron una apelación al fallo que le permite a la termoeléctrica Araucaria volver a funcionar.

La semana pasada el Juzgado Federal de Zárate - Campana habilitó la puesta en marcha de la planta, con el objeto de que inyecte energía al sistema nacional.

El Juez Adrián González Charvay le dio el visto bueno a la empresa, luego de que esta presentara dos estudios de impacto ambiental.

La autorización solo le permite a Araucaria prender 2 de sus turbinas, y durará hasta junio de este año.

Sin embargo, ambientalistas reclamaron que se dé marcha atrás con esa decisión con carácter suspensivo, es decir que hasta se trate el reclamo la empresa no active los motores.

Agrupaciones ambientalistas patrocinadas por el abogado Fabián Maggi expusieron en la apelación que los estudios de impacto ambiental fueron dos, ambos a cargo de la empresa, cuando ellos habían pedido que lo haga una universidad pública.

Además, insistieron en que la firma aún carece de otros permisos para funcionar, como los que otorga la propia Comuna, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), y la Autoridad del Agua (ADA).

“En base a la ausencia de habilitaciones ambientales como son los permisos pertinentes de la Autoridad del Agua y la ausencia de habilitación municipal, la falta de ejecución de las obras de insonorización comprometidas que evidencian un escenario de riesgo ambiental no evaluado e inadmisible, solicitamos se conceda el recurso interpuesto con efecto suspensivo”, dice el escrito al que tuvo acceso Pilar de Todos.

Las organizaciones manifestaron que la decisión de Charvay “luce desprovista de todo apoyo legal, fundada tan solo en la voluntad del magistrado que omite aplicar los principios del derecho ambiental y además prescinde de la normativa específica que regula la actividad industrial (…)”.

Además, ante el argumento de que es necesario encender la planta por la falta de energía, los ambientalistas indicaron que “otro elemento de conocimiento público que revela la falsedad de la alegada existencia de una mayor demanda energética es el verificado por todos los ciudadanos que sabemos que no hubo en el último tiempo cortes de energía y que además los pocos que se producen suceden por fallas en el sistema de distribución y no por deficiencias en la generación”.

El Juzgado Federal de Zárate - Campana habilitó el funcionamiento de una de las termoeléctricas, medida que volvió a encender las alarmas y el malestar de las organizaciones ambientalistas.

Según figura en el fallo, firmado por el Juez Adrián González Charvay, la medida modifica la cautelar que estaba vigente desde el año 2017 y que recaía sobre la firma Araucaria Energy, y se tomó basada en un nuevo estudio de impacto ambiental.

 El escrito señala “permitir el funcionamiento provisorio de la Central Matheu III con dos turbinas”.

Y agrega que dicho funcionamiento será en determinados horarios: “entre las 8 y las 21 horas y hasta el 30 de junio” próximo.

En los argumentos, el fallo resalta que la decisión se toma ya que “es necesario producir energía para evitar el desabastecimiento del suministro en eléctrico en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia”.

Tras conocerse la decisión, desde la Asociación Civil Organización de Ambientalistas Autoconvocados ( O.A.A) mostraron su enojo y tildaron el fallo de “arbitrario”.

“Repudiamos el accionar del juez, del Municipio de Pilar y del Ministerio de Ambiente provincial. Consideramos que el fallo es arbitrario, no aplica los principios del derecho ambiental, permite el funcionamiento sin la totalidad de los permisos y/o habilitaciones ambientales”, manifestaron en un comunicado. 

Cuestionaron que se habilita el funcionamiento “supuestamente para pruebas pero lo hace por un periodo de seis meses que es muy extenso para una simple prueba”.

Y rechazaron que “la Justicia vuelva a actuar privilegiando intereses y con un muy mal accionar”.

La Justicia Federal le negó a la empresa Araucaria, operadora de la termoeléctrica de Villa Rosa.

La firma había pedido poder encender dos turbinas, tras estar parada desde 2017 por no tener permisos municipales ni provinciales.

Así, la empresa buscaba inyectar energía al sistema nacional, al poner en funcionamiento al menos dos motores, pedido que se formalizó a fines de agosto ante el Juez Federal de Zárate - Campana, Adrián González Charvay.

Sin embargo, Charvay denegó la medida y dejó firme la cautelar que obligaba a esa firma y a APR, ya desmantelada, a segur sin funcionar.

Para Charvay, la solicitud de Araucaria “no hace más que evidenciar -de una manera solapada- la reedición de cuestiones que ya han sido tratadas por el suscripto, circunscribiéndose a la falta de los permisos por parte de los organismos que correspondan para el funcionamiento de la central operada por Araucaria S.A., en cualquiera de sus modalidades”.

APR, que ya dejó de estar instalada en Pilar, y Araucaria, desembarcaron en el distrito en 2016, luego de un polémico cambio de zonificación que avaló el oficialismo del Concejo Deliberante en aquel entonces, cuando el gobierno lo encabezaba Nicolás Ducoté.

Los vecinos siempre se opusieron a las plantas, y de hecho el reclamo es ahora que se modifique el Código de Ordenamiento Territorial, también creado durante la gestión de Cambiemos, para que las tierras de esa zona vuelvan a ser residenciales o complementarias club de campo, y así evitar la llegada de nuevas industrias.

Ambientalistas presentaron una medida cautelar ante la Justicia para que se frene el desmantelamiento de una de las termoeléctricas ubicada en Villa Rosa.

Se trata de la firma APR, que hace más de un mes comenzó a cerrar la planta, lo que encendió la alarma de los vecinos.

Es que, señalan, la retirada de la firma no se estaría haciendo acorde a los protocolos establecidos en la legislación vigente, por lo que podría haber riesgo de daño ambiental.

En concreto, apuntan a la remoción de enormes tanques de combustible y al sellado de perforaciones de agua que, de no hacerse como corresponde, contaminarían los acuíferos.

La presentación lleva las firmas de Erica Hahn, integrante de la ONG Ambientalistas Unidos, y del abogado especialista en la materia Fabián Maggi.

Maggi y Hahn, en rigor, ya habían reclamado a la firma que explique qué medidas se estaban llevando a cabo para evitar pasivo ambiental, y cuál era el rol de los entes de control.

Los ambientalistas entienden que “de la respuesta dada por APR Energy surge claramente que no cuenta con la aprobación del Plan de Abandono, siendo absolutamente inadmisible los argumentos de falta de reglamentación de la ley 14.343, dado que dicha ley se encuentra reglamentada por la autoridad de aplicación tal como lo prevé en su artículo 8, por ejemplo, en la resolución 95/14 del OPDS que expresamente menciona a la ley 14.343”.

“Es inverosímil el relato de que la auditoria no requiere aprobación, lo mismo sucede con la trascendencia que se le quiere dar a la inadmisible frase del personal del Ministerio de Ambiente que dice que "a simple vista no se observa contaminación" como si ello fuera suficiente para determinarlo, oportuno es recordar la situación impropia que se dio en la etapa de radicación de esta industria entre el ex OPDS y la empresa, que motivó el inició de una causa penal y una medida cautelar en sede civil. Sin perjuicio de ello en la propia documental que acompaña APR se acredita que necesita la autorización del Ministerio de Ambiente para retiro de los tanques de almacenamiento de combustible”, señala el escrito presentado ante la Justicia.

“Vemos ahora que temerariamente APR confiesa que dejará las perforaciones sin recurrir a su adecuado cierre. APR  NO acreditó haber notificado a la ADA (Autoridad del Agua) dicha desafectación, y lo que es más grave aún confiesa que dejará los pozos sin realizar el correspondiente procedimiento de sellado y clausura que evite el ingreso de contaminantes y que impida el uso clandestino (...)”, agregaron.

En ese contexto, reclamaron que se “dicte una medida cautelar donde ordene la suspensión de todo trabajo de desmantelamiento hasta tanto la demandada no presente resolución del Ministerio de Ambiente que autorice las tareas de la fase de abandono”.

“Asimismo ordene una pronta inspección del predio para determinar el estado del mismo y el avance ilegal del desmantelamiento realizado con especial referencia a los tanques de combustibles, cañerías y perforaciones denunciadas.”, finalizaron.

La firma APR Energy confirmó que se retira de Villa Rosa, tras un largo reclamo vecinal.

Los movimientos en el predio comenzaron a hacerse notar semanas atrás, donde se veía a trabajadores desmantelando las instalaciones y camiones trasladando equipos fuera del lugar.

La preocupación de los habitantes de la zona, no obstante, pasa por saber si la retirada de la termoeléctrica se está haciendo acorde a los protocolos vigentes para asegurar que no haya daño ambiental o, en caso de que se haya producido, este sea remediado.

Es más, también señalan que hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad del lugar, donde llegan ductos de gas natural, que también deben abordarse con la correspondiente supervisión de los organismos de control.

«La empresa confirmó que se va, pero nos dice que no hay reglamentación que indique cómo debe hacer ese proceso, pese a que hay legislación que sí lo indica. Llegó de manera ilegal, y se va de la misma manera», sostuvo a Pilar de Todos la ambientalista Erica Hahn.

Hahn, en ese marco, reclamó que tomen cartas en el asunto los entes de contralor, tanto del ámbito nacional, provincial como municipal.

«Este es un logro que alcanzamos los vecinos por medio de la lucha, un logro de la organización Ambientalistas Autoconvocados. Pero queremos asegurarnos que todo se haga como corresponde. Por ejemplo, nos dijeron de manera extraoficial que hay algunas válvulas de los caños de gas que no son las correctas. Todo eso debe ser analizado por las autoridades. Y además, queremos saber qué va a pasar con la otra termoeléctrica (Araucaria), que es más peligrosa que APR», cerró Hahn.