A tres años del crimen de Sofía Fernández, la mujer trans que murió en la Comisaría Quinta de Pilar, familiares, amigos y organizaciones volvieron a movilizarse para exigir avances en la causa y la elevación a juicio de los diez efectivos involucrados.

La jornada comenzó con una intervención en la estación de trenes de Pilar, donde se realizó una pegatina para visibilizar el caso. Luego, los manifestantes se trasladaron a la plaza 12 de Octubre, donde se desarrolló el acto central con la participación de allegados y referentes.

En ese marco, Mabel Valdez, hermana de la víctima, reiteró el pedido de justicia y cuestionó la demora judicial. “Basta de impunidad, no queremos que pase toda una vida para que mi hermana tenga justicia”, expresó.

Fernández tenía 38 años, era docente de Literatura y estaba próxima a iniciar la carrera de Enfermería. Había sido detenida por causas que nunca quedaron del todo claras y, dos días después, su cuerpo fue hallado sin vida en una celda de la dependencia policial.

En un primer momento, la versión oficial indicó que se trataba de una “muerte súbita”. Sin embargo, la autopsia determinó que el fallecimiento se produjo por “asfixia traumática por obstrucción de la vía aérea”, al establecer que murió ahogada con trozos de colchón y su propia ropa interior.

Además, se constató que fue sujetada y golpeada por varias personas, de acuerdo a las pericias que forman parte del expediente.

El caso tuvo un derrotero judicial complejo. Inicialmente, solo uno de los diez policías fue imputado. Pero en noviembre del año pasado, la Cámara de Casación hizo lugar a los recursos presentados por la fiscalía y la querella, y dispuso que todos los involucrados sean llevados a juicio.

Durante la movilización, Valdez insistió en la necesidad de acelerar los tiempos procesales. “No queremos más impunidad. Dependemos de que el juez eleve la causa a juicio. La justicia la queremos ahora. Sabemos que nadie se suicida en una comisaría”, sostuvo.

En ese contexto, tres de los acusados enfrentarán cargos por “homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial”, mientras que el resto será juzgado por encubrimiento agravado y falsificación de documento público.

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal resolvió llevar a juicio a los diez policías implicados en la causa por la muerte de Sofía Fernández, ocurrida en una celda de la comisaría de Presidente Derqui.

La resolución representa un giro en el caso en el que meses atrás, y a instancias del Juzgado de Garantías, su titular Walter Saettone había establecido el sobreseimiento para 9 de los 10 efectivos implicados, decisión que fue apelada.

Ahora, según el fallo de la Cámara, existen elementos de convicción suficientes que justifican la continuidad del proceso contra los diez policías implicados, aunque con distintos grados de responsabilidad penal.

En su resolución, a la que tuvo acceso Pilar de Todos, los jueces revocaron parcialmente la decisión de primera instancia y consideraron acreditada, con el nivel de probabilidad exigido en esta etapa, la hipótesis de homicidio agravado para Carlos Matías Rodríguez, Yésica Isabel Núñez y Edith Viviana Ruiz. Puntualmente, según la resolución serán juzgados por el delito  de "homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o mas personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial".   

Para los magistrados, los informes forenses y las pericias realizadas “permiten sostener que Sofía Fernández fue víctima de una asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias, con signos de lesiones vitales en el labio y costillas”. Entre los elementos valorados figuran las conclusiones de la médica forense Dra. Figueroa y del perito Junod, quienes coincidieron en que la muerte no fue autoinfligida, sino consecuencia de una maniobra externa.

Por otra parte, la Cámara dispuso también la elevación a juicio de Gonzalo Robles, Ezequiel Ávalos Ybañez, Daniel Salerni, Gustavo Camacho, Miriam Valor, Gabriela Miño y Camila Pitulak, imputados por encubrimiento agravado y falsificación de documento público. En ese punto, el tribunal sostuvo que las pruebas sobre la manipulación de actas, la omisión de registros y la alteración del libro de guardia “constituyen indicios razonables de una conducta dirigida a ocultar lo ocurrido dentro de la dependencia policial”.

Entre las evidencias destacadas se menciona una mancha con ADN de la víctima hallada en un colchón, que podría haberse originado antes del deceso. También fueron valorados los mensajes de audio y fotografías extraídas de los teléfonos de los efectivos, donde se observan conversaciones sobre qué información registrar y cómo consignarla en las actas. Además, el fallo hace referencia al borrado de más de 1.300 archivos en el celular de la víctima y al desconectado del sistema de cámaras de seguridad, hechos que para la Cámara refuerzan la hipótesis de ocultamiento.

Los jueces rechazaron los planteos de las defensas que pedían el sobreseimiento, al considerar que los dictámenes periciales alternativos —que sostenían la posibilidad de un suicidio— no logran descartar la intervención de terceros.

“El conjunto de pruebas reunidas permite afirmar, con el grado de probabilidad requerido, que Sofía Fernández no se quitó la vida”, señala la resolución.

La Cámara también enfatizó que las contradicciones sobre la data de muerte y los horarios de intervención de los peritos no invalidan las conclusiones principales, aunque deberán ser esclarecidas durante el debate oral.

De este modo, el tribunal entendió que corresponde mantener la acusación y que las discrepancias existentes entre los informes deberán ser analizadas en juicio, con la producción y confrontación de toda la prueba.

Con esta resolución, el expediente queda encaminado hacia el debate oral y público, donde se determinará la responsabilidad penal de cada uno de los agentes involucrados en la muerte de la joven, ocurrida en 2023 en la comisaría de Derqui.

La Justicia resolvió sobreseer a nueve de los diez policías imputados por la muerte de Sofía Fernández, la mujer trans de 39 años que apareció sin vida en una celda de la comisaría 5° de Pilar en abril de 2023.

Solo uno de los agentes, el oficial ayudante Carlos Matías Rodríguez, enfrentará un juicio oral por homicidio agravado.

El fallo fue dictado por el juez de Garantías Walter Saettone, quien rechazó el pedido de la fiscalía para que el proceso avance contra el resto de los involucrados.

Los policías Gonzalo Robles, Ezequiel Ávalos Ybañez, Daniel Salerni, Gustavo Camacho, Miriam Valor, Gabriela Miño, Camila Pitulak, Yesica Núñez y Edith Ruiz fueron sobreseídos de forma definitiva.

Algunos de ellos estaban acusados de encubrimiento agravado y falsificación de documentos públicos, y otros por homicidio agravado por odio a la identidad de género.

Para el juez, no existen pruebas suficientes que permitan sostener las imputaciones. Por eso, dio lugar a los planteos de las defensas y cerró la causa para los nueve agentes.

La investigación continuará exclusivamente contra Rodríguez, a quien la fiscalía señala como coautor material del asesinato.

Sofía Fernández era estudiante de enfermería y había sido arrestada el 8 de abril de 2023 en Presidente Derqui, acusada de un supuesto robo.

Su familia denunció desde el inicio que fue víctima de violencia institucional y transfobia.

El cuerpo fue hallado en su celda al día siguiente. Según la autopsia realizada por la médica forense Paola Figueroa, la joven presentaba asfixia mecánica, objetos extraños en la garganta como un trozo de colchón y una bombacha, y lesiones compatibles con una muerte violenta: golpes en las costillas, en el labio y en el tobillo.

Los fiscales Manuel Cayuela y Esteban Álvarez afirmaron que la escena fue modificada para hacer pasar el crimen por un suicidio.

El fallo de Saettone también dejó afuera de la causa a las agentes Núñez y Ruiz, acusadas de homicidio agravado. Con ello, la acusación quedó reducida exclusivamente al rol de Rodríguez, presuntamente implicado en la agresión fatal.

La decisión generó fuerte rechazo en la familia de la víctima. “No vamos a parar hasta que se sepa toda la verdad. Es terrible la impunidad con la que actúa la Justicia. El juez se merece la destitución”, afirmó Mabel Fernández, hermana de Sofía, en declaraciones al canal TN.

La querella ya anunció que apelará el fallo para intentar revertir los sobreseimientos y reabrir el proceso contra los otros policías. Mientras tanto, se espera la fecha del juicio que definirá el futuro de Rodríguez.

Familiares y amigos de Sofia Fernández la recordaron al cumplirse dos años de su asesinato ocurrido en una Comisaría de Pilar.

El hecho ocurrió el 10 de abril de 2023 en un calabozo de la Comisaría 5ta ubicada en la localidad de Presidente Derqui.

Sofía, una mujer trans de 39 años, había sido detenida y alojada en esa dependencia, de acuerdo a los registros, el 8 de ese mismo mes.

Pasadas las horas, le informaron a su familia que se había suicidado. Sin embargo, una vez realizada la autopsia, se reveló que el cuerpo presentaba golpes, moretones, varias costillas rotas y restos de una prenda interior en su garganta.

Por el caso, hay 10 policías implicados pero, por decisión de la Justicia, solo uno permanece preso acusado de ser el presunto homicida. El resto está imputado por encubrimiento.

"Sabemos que nadie se suicida en una comisaría", sostienen los familiares de Sofía.

En cuanto al avance de la causa, resultaron que "hasta el día de hoy solo conseguimos que uno de los imputados tenga prisión preventiva" y rechazaron que "los demás estén sueltos".

En ese marco, volvieron a alzar la voz al considerar que el crimen de Sofía "fue un crimen de odio por la identidad transgénero".

Y lamentaron que "el de Sofía, es un caso que se suma a las tantas compañeras que fueron asesinadas por policías".

Por otra parte, a dos años del asesinato volvieron a exigir la elevación a juicio de la causa "de manera inmediata" al tiempo que pidieron que "todos los imputados tengan prisión preventiva".

En las próximas semanas se concretará una nueva marcha en pedido de justicia por el asesinato de Sofía Fernández.

Será el martes 8 de octubre a las 11 y 30 horas, cuando la comisión de “Justicia por Sofia Fernández” junto a organizaciones sociales y de DDHH se concentrarán en las puertas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Sofía, mujer trans, fue asesinada en una comisaría de Pilar, la Quinta de Presidente Derqui, en abril del año pasado.

La autopsia determinó que Sofía murió por asfixia traumática, además de presentar su cuerpo golpes en el rostro y otras zonas, además de posibles signos de abuso sexual.

De acuerdo a los peritos, en el crimen deberían haber participado dos o más personas.

En su momento hubo 10 policías detenidos por el crimen, pero 9 de ellos recibieron la libertad aunque siguen imputados, la mayoría por encubrimiento. Otros dos que están con prisión domiciliaria siguen siendo investigados por el asesinato, lo mismo que un tercer aprehendido que sí está tras las rejas, quien se cree que fue el efectivo que mató a Sofía.

La marcha no solo apunta a que los efectivos implicados vuelvan a la cárcel, según señalaron los organizadores, sino a que también el Estado provincial deje de asistir legalmente a los policías acusados.

«El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, no sólo asumió la defensa jurídica, técnica e institucional de los 10 acusados sino que también aportó peritos especialistas en la defensa, perdiendo todo carácter de objetividad», señalaron familiares de Sofía por medio de un comunicado.

"La asistencia jurídica en el caso de las fuerzas federales está vetada mediante la Resolución Nacional 477/2023 que dispone que 'las Direcciones de Asuntos Jurídicos y/o Divisiones Legales y/o equivalentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no brindarán asistencia jurídica a los agentes y/o funcionarios de esas fuerzas federales de seguridad que resulten judicialmente acusados por graves violaciones a los derechos humanos. Esto no sucede en la provincia de Buenos Aires", señalaron.

La muerte de la mujer trans Sofía Fernández en Pilar, encontrada muerte en un calabozo de la comisaría 5ta., catapultó una serie de reclamos en contra de la impunidad policial.

Uno de ellos se vio traducido en un proyecto del ley del diputado provincial Guillermo Kane, del PO-FITU, quien propone evitar mecanismos que sirven de encubrimiento e impunidad para los uniformados que cometen abusos y hechos de violencia.

El proyecto consiste en la derogación de toda normativa que otorgue el privilegio a la policía bonaerense, fuerzas de seguridad y de lugares de encierro a tener una defensa técnica-jurídica del Ministerio de Seguridad, explicó Kane.

En su lugar, se creará una comisión independiente del Estado, integrada por organismos de DDHH en coordinación con la Comisión Provincial por la Memoria.

La iniciativa fue presentada esta semana en la legislatura bonaerense, donde estuvieron presentes familiares de víctimas de abuso policial, incluso de Sofía Fernández, por cuyo caso hay 10 policías imputados, tres directamente vinculados al crimen de la mujer.

«El proyecto tiene que ver con eliminar un privilegio que hace que el Estado provincial esté poniendo equipos de abogados, de peritos, de otros profesionales, para defender a policías que están acusados de asesinato o de otros crímenes graves. En todo esto jugó un rol el caso de Sofía Fernández, asesinada en abril de 2023», explicó Kane en diálogo con el programa Agenda Propia (105.9).

Kane explicó que cuando un policía es imputado es asistido por «un equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, porque así lo establece una resolución ministerial que se reinstaló en un acuerdo con el ex gobernador Daniel Scioli».

«Es un acuerdo de impunidad, y es un privilegio que tampoco gozan otros funcionarios. No es que si un docente, por ejemplo, por tomar cualquier caso, o un médico de un hospital público de la provincia tiene un problema legal, vienen los equipos de abogados de la provincia. Para nada. Es una particularidad de la policía, pero es una policía que está acusada de cientos de casos de gatillos fáciles. En la presentación, la Comisión Provincial para la Memoria volcó sus estadísticas que por ejemplo, en los últimos años, más de 900 personas han muerto a manos de la policía bonaerense, sea en casos de gatillo fácil o esta modalidad, que es más de un caso por mes, los que aparecen muertos en comisaría y se caratula como muerte dudosa, suicidio, muerte súbita, pero evidentemente hay todo un modus operandi de impunidad, de encubrimiento que se está haciendo. El proyecto busca justamente golpear esta política que tiene que ver con toda una política represiva», agregó el legislador.

Kane insistió en que el proyecto busca igualar a las partes, es decir víctimas y presuntos victimarios a la hora de acceder a herramientas para encontrar Justicia.

«No estamos para nada de acuerdo en este uso de los recursos públicos para encubrir y para impunidad, nos parece que hay que ponerlo en manifiesto», cerró Kane.

El caso de Sofía

Sofía, por causas que no quedan del todo claras, fue detenida en abril del año pasado, y alojada en un calabozo de la comisaría 5ta. de Presidente Derqui.

Durante varias horas sus familiares no supieron nada de ella, y más tarde efectivos policiales se acercaron a su casa y les informaron que la mujer, quien no tenía antecedentes penales, estaba detenida por haber participado de un presunto robo.

Más tarde, personal de Gendarmería volvió a ir hasta la casa y les dijo que Sofía había muerto. Primero adujeron causas naturales, y más tarde mencionaron un posible suicidio.

La autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima, no obstante, determinó que tenía goles en el rostro, costillas rotas, y elementos extraños como un trozo de colchón y de ropa interior en la garganta, lo que la terminó asfixiando.

Por el caso están imputados 10 efectivos, pero nueve de ellos están en libertad. La mayoría está señalado por encubrir en crimen, mientras que el uniformado que permanece aprehendido está señalado como el responsable material del asesinato.

Familiares de Sofía reclaman que todos los policías vuelvan a la cárcel y que la causa sea caratulada como crimen de odio.

Este jueves familiares de Sofía Fernández, la mujer trans que fue asesinada en una comisaría de Pilar, volvieron a las calles para exigir justicia e insistir para que todos los policías imputados vayan a la cárcel.

Como lo viene haciendo desde hace ya varios meses, la familia de la víctima junto con agrupaciones sociales y políticas, se congregó en la intersección de la Panamericana y la Ruta 25 para luego trasladarse hasta las puertas del Juzgado de Garantías N° 7, en la colectora a la altura del Km 52,5.

Encabezados por Mabel, la hermana de Sofía, volvieron a alzar la voz en rechazo a la decisión del Juez Walter Saettone de liberar a 9 de los 10 policías implicados.

Cabe recordar que Sofía había sido trasladada a la Comisaría 5ta de la localidad de Presidente Derqui, en Pilar en abril de 2023 en el marco de una detención cuyas circunstancias están poco claras.

En ese lugar apareció sin vida y si bien a la familia de Sofía le indicaron que se había suicidado, la autopsia realizada al cuerpo reveló que presentaba golpes, diferentes lesiones y que había sido asfixiada por al menos tres personas.

En cuanto al estado de la investigación, Mabel reveló que están esperando los resultados de ADN que consideran clave.  

“Estamos esperando los resultados de ADN los cuales esperemos que den un resultado positivo y que el Juez haga lo que tenga que hacer: que vuelva a cárcel común a todos los imputados”, dijo Mabel.

Es que, como sostienen desde un principio, Sofía fue atacada dentro del calabozo de la Comisaría “por entre dos o más personas” por eso esperan que esos análisis den claridad sobre lo que ocurrió dentro de esa dependencia.

En declaraciones periodísticas Mabel rechazó el hecho de que desde un principio tuvieran dificultades para acceder a la causa e incluso recién hace cuatro meses ella pudo ver el cuerpo de Sofía.

“Se ve claramente que la abandonaron. Pero además tiene signos de violencia: le rompieron la mandíbula, las costillas, tiene un dedo fisurado, laceraciones, un gran golpe en la cabeza y eso el Juez no lo ve”, lamentó Mabel en contacto con Somos Noticias.

En cuanto al único uniformado que permanece detenido acusado de ser el autor material del crimen, Mabel reveló que “había buscado el nombre de Sofía con su teléfono y es el único que busca relaciones con personas trans”.

Aunque al mismo tiempo consideró “absurdo que sea el único detenido ya que el cuerpo de Sofía indica que fue agarrada por tres o más personas”.

“Le exigimos al Juez que revea la causa, junto con nuestros abogados interpretamos que fue un homicidio agravado por odio a la identidad pero el juez no lo considera así”, cuestionó la mujer.  

Asimismo pidió que “el caso de Sofía no quede impune” y rechazó que el Ministerio de Seguridad bonaerense “provea los abogados y peritos a los asesinos”.

“Seguiremos hasta las últimas consecuencias porque Sofía no tenía motivos para estar detenida ni para suicidarse, como quisieron hacernos creer”, cerró Mabel.

Al cumplirse 15 meses del travesticidio de Sofía Fernández, familiares y allegados de la víctima volvieron a las calles para pedir justicia.

Lo hicieron con una concentración que las y los llevó hasta las puertas de la Comisaría 5ta de la localidad de Presidente Derqui, en Pilar.

En ese mismo lugar, en uno de los calabozos, Sofía apareció sin vida. Su cuerpo fue hallado el pasado 10 de abril de 2023 luego de haber sido apresada, en circunstancias que aún no están del todo claras.

Si bien a la familia de Sofía le indicaron que se había suicidado, la autopsia realizada al cuerpo reveló que presentaba golpes, diferentes lesiones y que había sido asfixiada por al menos tres personas.

Desde ese momento, los familiares de Sofía luchan por llegar a la verdad y que los culpables del asesinato paguen.

Apuntan a 10 policías de esa dependencia. Los uniformados fueron acusados por la Fiscalía como coautores y encubridores del hecho. Sin embargo 9 de ellos, fueron liberados por el Juez Walter Saettone, mientras que uno solo permanece apresado.

También se desestimó la acusación de “crimen de odio por identidad de género".

En la manifestación, desde el MST y la organización Libre Diversidad, rechazaron los pocos avances en la causa, reclamaron “cárcel común para los policías que fueron liberados” y reiteraron que haya avances “para que el crimen no quede impune”.

“Queremos hacerles saber que estamos decididos a continuar con esta lucha hasta que se descubra toda la verdad”.

Familiares de Sofía Fernández, la chica trans que fue asesinada en un calabozo de la Comisaría 5ta de Pilar, denunciaron irregularidades en la investigación en la que están imputados 10 agentes de la Policía Bonaerense. El crimen de Sofía ocurrió el pasado 10 de abril de 2023 en esa dependencia a la que había sido trasladada en el marco de un presunto robo, aunque las causas de su aprehensión no quedaron del todo claras. La víctima había ingresado a la Comisaría el día 8 de abril y dos días después fue encontrada muerta en el calabozo. La autopsia realizada al cuerpo de Sofía reveló que presentaba golpes, diferentes lesiones y que había sido asfixiada por al menos tres personas. Por el caso, en una primera instancia, los 10 efectivos habían sido detenidos. Pero luego el Juez de Garantías Walter Saettone definió dictar la falta de mérito para 9 de ellos quienes obtuvieron la libertad, aunque continúan imputados por el delito de encubrimiento. Hasta el momento, solo uno de los agentes permanece detenido acusado de ser el presunto autor del asesinato de Sofía. A eso se le agrega que el Juez también desestimó de la causa el agravante en la carátula de "Crimen de odio por identidad de género". Sobre el estado actual de la causa, Mabel, la hermana de Sofía expresó su indignación y denunció además que "el juez autorizó a peritos de la policía bonaerense a intervenir, lo cual está prohibido por la ley" ya que se trata de una causa que investiga a efectivos pertenecientes a esa misma fuerza."Ellos quieren hacer pasar la muerte de Sofía como un suicidio, pero sabemos que no fue así. Tenemos peritos que demuestran que fue agarrada y torturada por más de tres personas", rechazó la mujer en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia FM. También remarcó una serie de inconsistencias en la administración de la comisaría, particularmente en la documentación oficial. En ese sentido detalló que los registros de la dependencia fueron adulterados. "El libro de la Comisaría apareció de repente después de no encontrarlo, y había documentos adulterados. Los registros muestran tachaduras y alteraciones que implican un intento de encubrir los hechos", contó Mabel.Para la familia de Sofía "todos los uniformados son responsables" de la muerte. "Sofía era una persona muy inteligente, cariñosa, siempre dispuesta a ayudar. Se estaba preparando para comenzar un curso de enfermería, lo que representaba una nueva oportunidad en su vida. Tenemos muchas pruebas que hablan de sus ganas de vivir. No nos caben dudas que a Sofía la mataron por su identidad de género. Las pruebas están por eso queremos que se haga justicia y que caiga quien tenga que caer", concluyó.

Organizaciones volverán a marchar para pedir justicia por el travesticidio de Sofía Fernández (38), la mujer trans que fue encontrada sin vida en el calabozo de la Comisaría 5ta. de Presidente Derqui. La concentración se realizará el próximo viernes 28 a partir de las 11 de la mañana en la intersección de la Ruta 25 y la Panamericana, donde los organizadores luego se trasladarán al Juzgado de Garantía N° 7 de Pilar, a cargo de Wálter Saettone.Reclaman al Juez que cambie la carátula del travesticidio de Fernández por la de crimen de odio a la identidad de género. En ese sentido, entregarán un petitorio con 73 firmas de organizaciones LGBT + del Encuentro Nacional de Disidencias que se llevó a cabo en Rosario. Además, están reclamando que Saettone revea su decisión de liberar a 9 de los 10 policías que están implicados en el crimen.Actualmente solo uno de los uniformados está acusado por el asesinato de Sofía Fernández, mientras que los otros quedaron bajo la lupa judicial por encubrimiento, aunque en una primera instancia los señalados por el asesinato eran tres. El único policía que actualmente se encuentra tras las rejas es el oficial ayudante Carlos Matías Rodríguez, quien es responsabilizado por el crimen. El resto de los implicados son el oficial ayudante Ezequiel Francisco Ávalo Ibáñez, el sargento Germán Gonzalo Robles, la sargento Jésica Isabel Núñez, la subteniente Viviana Edith Ruiz, y Daniel Eduardo Salerni, quien se desempeñaba como titular de la Comisaría 5ta. al momento del hecho.También están imputados Miriam Elizabeth Valor, Camila Belén Pitulak, Gabriela Itatí Mino, y Gustavo Gabriel Camacho.A su vez familiares de Sofía entregaron un petitorio en el Municipio para lograr una audiencia con el intendente Federico Achával.

El crimenSofía Fernández fue encontrada sin vida el 10 de abril del año pasado en un calabozo de la comisaría 5ta. de Presidente Derqui. El 8 de abril había sido detenida por haber estado implicada supuestamente en un robo, aunque los detalles de su aprehensión nunca quedaron del todo claros. En una primera instancia la policía le había informado a la familia de Sofía que la mujer había fallecido debido a muerte súbita, al tiempo que horas más tarde les indicaron que se trataba de un suicidio. Sin embargo la autopsia determinó que Sofía presentaba golpes y había sido asfixiada.

Familiares de Sofía Fernández, la mujer trans que fue asesinada en un calabozo de una comisaría de Pilar, rechazaron la decisión de la Justicia de dejar en libertad a 9 de los 10 efectivos de la Policía Bonaerense implicados en el crimen.

En ese contexto, este lunes volvieron a manifestarse en las puertas del Juzgado de Garantías N°7 para exigir al magistrado, Walter Saetonne que revea la resolución tomada la semana pasada.

En el escrito, firmado por el Juez, a los 9 se les dictó la falta de mérito al no encontrar pruebas suficientes en su contra. La justicia consideró que ninguno de ellos había estado presente en la dependencia policial, la Comisaría 5ta de la localidad de Derqui, en el rango horario en el que Sofía fue asesinada.

LEE MÁS: Liberan a 9 de los 10 policías acusados del travesticidio de Sofía Fernández

Y quedó como único aprehendido el Oficial Ayudante Carlos Matías Rodríguez a quien la Justicia le efectivizó la prisión preventiva luego de que todos los indicios de la causa apuntaran a que él perpetuó el travesticidio.

La decisión del juez provocó malestar entre los allegados de la víctima, quienes acompañados por diferentes agrupaciones políticas y organizaciones sociales, volvieron a marchar.

En medio de la indignación se preguntaron si “al juez no le alcanzó ver el cuerpo de Sofía como estaba; no le sirvió ver las marcas y golpes que tenía, ni que la asfixiaron con una ropa interior y con pedazos de un colchón”, todos datos que se desprenden de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima.  

“La autopsia habló señor Juez y acá hay culpables que deben pagar por el crimen atroz”, pidieron los familiares de Sofía e insistieron que “los 10 policías deben pagar por todo lo que hicieron”.

El crimen Sofía Fernández (38), estaba por empezar la carrera de enfermería y era docente. Fue detenida en abril del año pasado al verse involucrada en un supuesto intento de robo, aunque nunca quedó del todo claro la circunstancia de su aprehensión. Dos días después, su cadáver fue encontrado en uno de los calabozos de la comisaría 5ta. de Derqui. En primera instancia, los Policías explicaron a la familia de Sofía que la mujer había fallecido por "muerte súbita", y más tarde deslizaron la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, la autopsia reveló que Sofía había muerto por asfixia, al tiempo que se encontraron trozos de un colchón y de su ropa interior en las vías respiratorias. Además, el cuerpo presentaba golpes. Se cree que todo comenzó cuando Sofía se negó a ser detenida en un calabozo con otros hombres. Las pericias indicaron que actuaron tres o más personas, quienes la sujetaron, además de que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”. Para los investigadores el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.

El Juzgado de Garantías N°7 de Pilar dictó la libertad para nueve de los diez policías bonaerenses acusados del travesticidio de Sofía Fernández ocurrido en los calabozos de la Comisaría 5ta de la localidad de Presidente Derqui.

Según el escrito, a los 9 se les dictó la falta de mérito al no encontrar pruebas suficientes en su contra. La justicia consideró que ninguno de ellos había estado presente en la dependencia policial en el rango horario en el que Sofía fue asesinada.

El beneficio recayó en el Oficial Ayudante Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez (32); el Sargento de 29 años, Germán Gonzalo Robles; la Sargento Yésica Isabel Núñez, de 32; y Viviana Edith Ruiz, quien tenía el rango de Subteniente. Todos ellos habían sido acusados de ser autores del asesinato calificado por odio a la identidad de género y por ser perpetrado por miembros integrantes de la fuerza policial.

También fueron liberados Daniel Eduardo Salerni, actualmente titular de la comisaría 2ª de Pilar; Miriam Elisabeth Valor, subcomisaria de 38 años; Camila Belén Pitulak, Oficial de 27 años; Gabriela Itatí Mino, Sargento de 35 años; y Gustavo Gabriel Camacho, Oficial ayudante también de la misma edad. Éstos últimos estaban acusados de encubrimiento.

Así, quedó como único aprehendido el Oficial Ayudante Carlos Matías Rodríguez a quien la Justicia le efectivizó la prisión preventiva luego de que todos los indicios de la causa apuntaran a que él perpetuó el travesticidio.

Según la investigación, Rodríguez era el único que tuvo acceso a la celda de Sofía Fernández durante el rango horario en el que fue asesinada, incluso señala la investigación, que tenía bajo su custodia las llaves que podían abrir el calabozo donde la víctima estaba alojada.

Cabe recordar que Sofía habría muerto durante la madrugada del lunes 10 de abril del 2023 antes de las 10 horas.

El crimen Sofía Fernández (38), estaba por empezar la carrera de enfermería y era docente. Fue detenida en abril del año pasado al verse involucrada en un supuesto intento de robo, aunque nunca quedó del todo claro la circunstancia de su aprehensión. Dos días después, su cadáver fue encontrado en uno de los calabozos de la comisaría 5ta. de Derqui. En primera instancia, los Policías explicaron a la familia de Sofía que la mujer había fallecido por "muerte súbita", y más tarde deslizaron la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, la autopsia reveló que Sofía había muerto por asfixia, al tiempo que se encontraron trozos de un colchón y de su ropa interior en las vías respiratorias. Además, el cuerpo presentaba golpes. Se cree que todo comenzó cuando Sofía se negó a ser detenida en un calabozo con otros hombres. Las pericias indicaron que actuaron tres o más personas, quienes la sujetaron, además de que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”. Para los investigadores el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.

El único policía que continuaba preso por el crimen de la mujer trans Sofía Fernández fue libertado. Se trata de Carlos Rodríguez, acusado de ser el autor material del asesinato, llevado a cabo en abril de 2023 en un calabozo de la comisaría 5ta. de Pilar, en Derqui. La decisión fue adoptada por el Juez de Garantías Wálter Saettone, y se suma a medidas similares que recibieron en su momento otros nueve imputados.

La decisión de Saettone generó un enorme malestar en los familiares de Sofía, quien luego de ser detenida por causas que jamás quedaron del todo claras fue asesinada en el calabozo. “Sin duda nos sorprendió (la decisión del Juez), además de que no fuimos notificados. Esto fue el día viernes treinta de mayo a las once de la noche que se dictó la libertad. Pero es una libertad que viene de las libertades que ya concedió”, explicó Ignacio Fernández Camillo, abogado de la familia de Sofía.

“Hubo una guardia de tres (policías) que son quienes cubrían la guardia en la cual se establece la data de muerte de Sofía (entre ellos Carlos Rodríguez). Y hay otra guardia que continúa, de siete (efectivos) que estaban imputados por encubrimiento doblemente calificado y adulteración de documento público”, añadió el letrado.

Fernández Camillo destacó la labor de los fiscales Cayuela y Álvarez, quienes pidieron la elevación a juicio, algo que aún no lograron. “Los fiscales requieren la elevación a juicio por homicidio triplemente calificado, odio a la identidad, tranfemicidio, agravantes por ser policías y la participación premeditada de dos o más personas. Y además pidieron elevar a juicio a los otros siete policías por encubrimiento doblemente calificado y la adulteración de documentos públicos. Esa requisitoria se realizó el veintisiete de febrero”, agregó el abogado.

Fernández Camillo se mostró sorprendido por el accionar de Saettone, pero recordó que fue el mismo juez que ordenó la detención de Sofía Fernández, por un supuesto robo, hecho que no quedó del todo claro. Sofía fue hallada muerta en una celda, y la autopsia determinó que había sido asfixiada. Incluso tenía rastros de un colchón y ropa interior que le obstruían las vías aéreas.

“Mabel (hermana de Sofía y querellante) lo vive con bastante angustia, pero sabiendo que la instancia es el debate oral, es el juicio. Esto fue en abril de 2023, y todavía estamos en la etapa intermedia de investigación”, agregó.

Sin embargo, familiares de la mujer señalaron que ella no estaba participando de ningún robo, sino que estaba escapando de delincuentes que quisieron asaltarla, por lo que se escondió en una vivienda. Tras el hallazgo del cuerpo de Sofía, la Policía abonó la hipótesis del suicidio, posibilidad que siempre fue descartada por familiares y allegados.

Sofía tenía en la garganta una tanga y además el trozo de un colchón, lo que le obstruyó las vías respiratorias y le generó asfixia. Además, de acuerdo a la autopsia, Sofía tenía golpes, por lo que la Justicia ordenó el secuestro de documentación de la dependencia y de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, aunque el equipo que graba no estaba funcionando.

Este viernes al mediodía, familiares de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada muerta en una celda de una comisaría de Pilar, saldrán a la calle para exigir justicia y avances en la investigación.

Junto a distintas agrupaciones de mujeres, marcharán por el centro y se congregarán en las puertas de la Fiscalía ubicada sobre la calle Tucumán.

Según la convocatoria que divulgaron las organizadoras de la movilización, pedirán que la causa sea trasladada hacia otra fiscalía y que se tomen medidas para garantizar la investigación.

«Sofía apareció muerta en una celda de la comisaría 5ta de la localidad de Derqui. Ella tenía 39 años y fue detenida el sábado 8 de abril manteniéndose incomunicada con su familia, a pesar de presentarse en la comisaría cuando aún se encontraba con vida», expresaron.

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Según relataron, «el martes 11 de abril por la madrugada, personal de Gndarmería junto a una psicóloga del municipio de Pilar le informaron a una hermana que Sofía que había muerto».

«Si bien primero informaron que podría haber sido muerte súbita o paro cardiorespiratorio, luego la policía informó un supuesto suicidio», señalaron, versión que la familia de Sofía descree.

Además, señalaron que «el fiscal a cargo, Gonzalo Agüero, es el mismo fiscal que intervino en la causa de la detención y quien llegó a tomarle testimonio horas antes de su muerte».

«Entendemos que no puede ser la misma fiscalía que debería estar siendo investigada por la detención seguida de muerte la que se auto investigue. Es por eso que reclamamos el inmediato traslado de la causa a otra fiscalía que no esté implicada en el hecho», pidieron.

Y agregaron que «tampoco ninguno de los policías y el comisario Daniel Salerni, de la Comisaría 5ta fue separado de sus funciones, pudiendo en su rol de funcionarios de ley entorpecer la investigación», advirtieron.

«Queremos que se separe a todos los efectivos policiales de sus funciones (y privilegios) y que se cambie la fiscalía que investiga el hecho como corresponde. Queremos acceso pleno a los expedientes de la causa y el aceleramiento de la investigación», reclamaron los familiares de la víctima.