El Senado de la Nación convirtió en Ley el nuevo Régimen Penal Juvenil que establece una baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La votación en el recinto cerró con 44 votos positivo, a 27 negativos, con una abstención.

Si bien el principal cambio es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, la iniciativa del Gobierno crea todo un nuevo régimen penal para los menores de edad en el que se contemplan una batería de medidas procesales que van más allá de la detención de los sentenciados.

Así, los jueces podrán optar por castigos que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando el o los delitos tengan penas de hasta 3 años de prisión. El mismo esquema se aplica para casos de hechos castigados con penas de hasta 10 años de detención, pero que no impliquen la muerte o graves lesiones a la víctima.

La pena máxima posible será de 15 años aun cuando las escala penal o la suma de penas, por el concurso de varios delitos, sea superior. La privación de la libertad se aplicará solo en delitos graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual. Prohíbe la sentencia a reclusión y prisión perpetuas.

En los casos que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá dis­poner que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.

La norma es fuertemente cuestionada por organizaciones civiles. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que la iniciativa vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y no garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica. Además, desconoce recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, que instaron al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.

“Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales. El proyecto cumple con ese objetivo ”, afirmó el libertario Gonzalo Guzmán (Salta), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante del oficialismo en el inicio del debate.

En ese sentido, la norma establece una serie de derechos y garantías desde el inicio del proceso penal, reconociéndoles asistencia legal, eficaz e idónea en su comparecencia ante los tribunales. 

Por el contrario desde la oposición manifestaron que el proyecto “es invotable, es imposible de votar ”, tal como sentenció desde el bloque kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca), quien acusó al Gobierno de usar el debate sobre el agravamiento de penas para los menores de edad para tapar la realidad social.

La radical Carolina Losada (Santa Fe) salió al cruce de quienes critican la baja de la edad imputabilidad por considerar que los jóvenes de 14 años no son plenamente conscientes de los delitos que cometen. 

“Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden ”, dijo Losada. “No podemos decir que un chico de 15 no es responsable o no sabe lo que está haciendo”, insistió.

En contra del proyecto se manifestó Gerardo Zamora (Frente Cívico-Santiago del Estero), quien acusó al Gobierno de tomar el camino fácil de apelar al agravamiento de penas para mostrarse como una administración reformista.

“Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. Está bien, pero a veces estás cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este ”, dijo el exgobernador, quien calificó de “inconstitucional” la iniciativa porque “arrasa con facultades de las provincias”, además de aumentarle los gastos a los distritos.

Fuente: Agencia DIB

La Cámara de Comercio e Industria de Pilar expresó su rechazo al aumento de sueldo de los Senadores Nacionales, medida que calificaron de “desafortunada e insensible”.

Por medio de un comunicado, las y los integrantes de la Comisión Directiva expusieron que “en un momento de ajustes y dificultades para el comercio y las pymes necesitamos que todos los sectores mantengan la austeridad”.

Y resaltaron que el proyecto “otorga a los senadores un total de 13 dietas anuales a partir de mayo, siendo un aumento aproximado del 170% correspondiendo a un sueldo bruto de 7 millones de pesos”.

“Creemos que esta medida resulta desmedida, desafortunada e insensible. Mientras el sector privado y la sociedad enfrentan desafíos económicos, es incomprensible aumentar los ingresos de los legisladores”, sostuvieron desde la entidad pilarense.

Asimismo instaron a los legisladores “a reconsiderar esta decisión y priorizar políticas que realmente beneficien a todos los argentinos”.

Los senadores nacionales votaron a mano alzada el aumento de sus dietas y el episodio generó controversia. La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, dio explicaciones a través de un posteo en X y dejó claro que ella no pudo evitar la medida.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”, escribió Villarruel, quien no obstante no se pronunció en contra del fuerte incremento.

El proyecto original llevaba la firma de varios senadores, incluso de la Libertad Avanza y aliados del PRO.

En el recinto, no obstante, esas dos fuerzas no levantaron la mano a la hora de votar la suba, pero evitaron, el igual que Villarruel, exponer públicamente sus reparos en esa sesión.

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, añadió la Vicepresidenta.

En tanto, el senador que presentó la propuesta, el salteño Juan Carlos Romero (PRO), nunca detalló en qué consistía la medida que estaban votando, sino que se refirió al “proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas”. Sin más, en el tiempo récord de un minuto reloj, se alcanzaron los dos tercios de mayorías para tratar el tema sobre tablas y aprobar el aumento.

De acuerdo a los números y a lo votado, el salario de un senador pasaría de $1,7 millones a $4 millones. El proyecto establece que a partir del mes de mayo, los senadores percibirán un total de 13 dietas anuales. Cada una será equivalente a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 de adicional por desarraigo.

Tras conocerse la medida, el Presidente Javier Milei criticó la decisión de la Cámara alta de subirse el sueldo y aclaró que los siete senadores de La Libertad Avanza votaron en contra, con el objetivo de que el escándalo se vuelva en su contra.

“ASÍ SE MUEVE LA CASTA... Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La LIBERTAD AVANZA... El 2025 será paliza histórica...”, escribió en su red social X.