La termoeléctrica SCC Power finalmente y tras varios años de lucha vecinal dejará de estar en Villa Rosa.

La empresa informó a la Comuna un proceso de desmantelamiento que se llevará a cabo en tres etapas y demandará varios meses.

Se da luego de un fuerte rechazo vecinal, de organizaciones intermedias y del propio Municipio de Pilar.

La termoeléctrica, ex Araucaria, comenzó a funcionar en medio de un escándalo en 2017, bajo la gestión del gobierno de Cambiemos.

No solo fue SCC Power, sino también otra más, APR Energy, planta que ya había dejado de trabajar hace tiempo.

Desde el primer momento fueron vecinos, agrupaciones ambientales las que alzaron la voz en contra de las empresas, ya que se habían emplazado en áreas residenciales, que con el aval de Cambiemos fueron modificadas para uso industrial en una sesión del Concejo Deliberante, con el rechazo del entonces edil Federico Achával.

Fue más tarde que, a instancias de una denuncia, intervino la Justicia Federal y paralizó el funcionamiento de las termoeléctricas.

Las plantas, no obstante, funcionaron intermitentemente debido a diversos recursos administrativos y jurídicos.

En las últimas semanas la Justicia de Campana, tras un pedido del gobierno Nacional, autorizó a que la empresa SCC Power pueda funcionar hasta junio de este año, ante la necesidad de abastecer el sistema eléctrico por posibles cortes de luz.

No obstante, SCC Power ya tenía previsto retirarse de su actual locación, justamente debido a las medidas que el Municipio, las organizaciones y los vecinos vienen llevando a cabo.

«Ante las acciones legales que afectaron directamente el derecho de la empresa a desarrollar la actividad para la cual realizó una considerable inversión, la realidad es que la Central se vio imposibilitada de operar conforme a lo inicialmente previsto y comprometido. Estos impedimentos, fuera de control de la empresa, afectan la viabilidad de su funcionamiento y desarrollo», reza un escrito que semanas atrás la empresa presentó ante el Municipio.

«Por lo tanto, la compañía está tomando las medidas necesarias para llegar a los acuerdos con las autoridades competentes y poder llevar adelante el proceso de desmovilización de la Central», agregaron.

Pilar de Todos pudo saber que ese proceso demandará al menos dos años, y se dividirá en tres etapas.

El primero será desmantelar el sistema de combustible líquidos, que incluyen cuatro tanques, además de demoler la obra civil y el retiro de escombros, lo que demandará, desde el comienzo de las labores, unos seis meses.

Luego, con una duración de 24 meses, se avanzará en el desarme de las turbinas, y sistemas vinculados, para en última instancia avanzar en un plan de reforestación y parquizado.

«Es un triunfo»

Los vecinos de la zona celebraron la salida de SCC Power, y destacaron la lucha que encararon desde hace varios años.

«No creemos que la planta vaya a funcionar hasta junio, ya que no hay necesidad de inyectar más energía porque no hay alto consumo. Lo que sí sabemos es que presentó el proceso de desmantelamiento y, luego de años de lucha, se van», destacó Raúl Regis, de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, una de las organizaciones que se presentó ante la Justicia.

Desde el primer momento señalaron no solo el cuestionado cambio de zonificación, sino también los ruidos molestos generados por los motores, y el presunto daño al medioambiente generado por las emanaciones de los motores, entre otros aspectos.

«Desde la empresa se dieron cuenta que ya no iban a lograr ninguna autorización más. Desde 1810 estamos satisfechos por el sacrificio y el trabajo de estos años. Queremos agradecer al intendente Federico Achával, porque realmente fue el único político que se comprometió y nos acompañó. Yo no hablo de la parte partidaria, pero tengo que reconocer que se comprometió en campaña, cumplió y nos acompañó. Y al alma de toda esta lucha, que desde el cielo nos siguió guiando, el abogado Gustavo Madeira», cerró Regis.

La empresa termoeléctrica SCC Power (ex Aracucaria) apeló medida judicial que le impide funcionar en Pilar.

La planta, ubicada en Villa Rosa, había recibido una autorización para funcionar por seis meses, tiempo que venció a fines de junio.

Power, por medio de su presidente, Damián Iriarte, pidió seguir inyectando energía al sistema, pero la Justicia Federal denegó ese pedido ya que la firma no había respetado las condiciones de trabajo.

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Es que el Juez Adrián González Charvay, de Zárate – Campana, había impuesto como condición un funcionamiento limitado en cuanto a la cantidad de turbinas que enciende la planta, indicación que apuntaba a evitar la generación de ruidos molestos.

Al intentar renovar la prórroga, la empresa adujo que cumplió con lo solicitado, pero informes del Municipio indicaron que se superaron los ruidos aceptados, en el marco de una serie de controles que allí se hicieron, por lo que Charvay denegó el pedido.

No obstante, la empresa apeló esa medida y ahora será Tribunal de Apelaciones de San Martín el que deberá resolver cómo prosigue la situación.

Agrupaciones ambientalistas le reclamaron a la Justicia que adopte “medidas de fondo” respecto a la radicación de una termoeléctrica en Pilar.

Es que si bien el Juez Federal Adrián González Charvay, de Zárate – Campana, decidió denegarle el permiso a la planta SCC Power para que siga funcionando, ex Araucaria, desde sectores ecológicos temen que esa determinación pueda retrotraerse, como ocurrió a principios de año.

En concreto, Charvay había dejado que la planta, ubicada en Villa Rosa, funcione solo con dos turbinas y en un horario acotado durante seis meses, de enero a junio, ante la alta demanda de energía.

La firma, a días de vencerse ese plazo, pidió una extensión, pero la Justicia se basó en informes de la Comuna que indicaban que se habían generado ruidos molestos, por lo que decidió rechazar el pedido. El Municipio, desde este mes, procedió a clausurar el lugar.

Sin embargo, desde la Organización de Ambientalistas Autoconvocados advirtieron que Charvay “no avanza en las definiciones de fondo”, en el marco de una causa que ellos mismos iniciaron y que busca que la ahora llamada SCC Power sea erradicada del lugar en donde están una espacio rodeado de ámbitos residenciales y comerciales.

Desde Autoconvocados, patrocinados por el abogado Fabián Maggi, indicaron que el fallo de Charvay “invita más a la prudencia que al festejo”, y se quejaron porque tras seis años de presentada la denuncia por parte de la entidad Juvevir, aún no haya una sentencia firme.

“El inicio de la causa se remonta a diciembre de 2017. Por entonces, tras la demanda iniciada por la Asociación Juvevir con el apoyo de nuestra Organización, el Juez Charvay dictó dos medidas cautelares mediante las cuales se clausuraban las obras y el funcionamiento de las Centrales Matheu II (APR) y Matheu III. Por ello, resultó muy sorprendente cuando en enero pasado el Juez habilitó a la empresa a funcionar ‘a prueba’ por 6 meses justo en un contexto de una crisis hídrica sin precedentes, manifestado en un pronunciado y generalizado descenso de las napas que obligó a cientos de vecinos y vecinas de Pilar y Escobar a tener que realizar nuevas perforaciones”, advirtieron.

“Si bien celebramos que en esta ocasión el Juez Charvay haya rechazado el pedido de la empresa para extender su funcionamiento a prueba por 6 meses, llama profundamente la atención que al hacerlo no haya realizado ninguna mención al gravísimo problema del consumo de agua. Tampoco se expidió acerca de nuestro pedido de abrir la etapa probatoria en la causa, lo cual permitiría demostrar de modo definitivo la incompatibilidad ambiental de la empresa y lograr su definitiva erradicación. Adicionalmente, su decisión desfavorable a la empresa coincide con el inicio del período pico de consumo invernal, cuya demanda resulta similar a la de verano como demuestran las series publicadas por CAMMESA. Lo cual muestra, tal como sostuvimos oportunamente, que la emergencia eléctrica alegada no resultaba fundada”, añadieron por medio de un comunicado.

Por último, Autoconvocados señaló que seguirán buscando el objetivo de lograr la erradicación de SCC Power, así como ocurrió en su momento con APR Energy, otra termoeléctrica que había funcionado en el lugar.

Vecinos de la localidad de Villa Rosa vuelven a encender las alarmas ante un nuevo pedido por parte de la empresa termoeléctrica que aún permanece en el distrito para seguir funcionando.

Se trata de la firma SSC Power Argentina -ex Aracucaria-, industria que buscará que la Justicia renueve la autorización para operar durante una determinada cantidad de horas y con limitaciones, permiso que se le otorgó por un plazo de seis meses y que vence a fines de este mes de junio.

La Justicia había impuesto como condición un funcionamiento limitado en cuanto a la cantidad de turbinas que enciende, indicación que apuntaba a evitar la generación de ruidos molestos.

SSC Power busca que se renueve esa autorización por otros seis meses, lo que generó la preocupación de los habitantes de la zona, fervientes opositores a la instalación de las termoeléctricas.

En la solicitud, la firma alegó que “nunca” violó los horarios ni generó ruidos molestos, lo que fue fuertemente rechazado por los vecinos y hasta constatado por inspectores del Municipio de Pilar.

Tras el pedido, la Justicia dio intervención al Municipio desde donde elevaron un contundente informe sobre el funcionamiento de las usinas.

En un escrito al que tuvo acceso Pilar de Todos, la Subsecretaría de Control y el Cuerpo de inspectores de la Comuna expresó que “el criterio que eleva la empresa no es cierta”.

“No es cierta la afirmación realizada por la empresa SSC Power respecto a que no ha generado ruidos, ya que como surge de las actas en más de una oportunidad ha superado los decibeles permitidos por la normativa vigente”, dice el informe y agrega que también se constató que la planta realizó trabajos en “horarios no autorizados”.

Ante dichas anomalías, el Municipio expresó que “considera al ambiente sano como un derecho humano básico y a la normativa que lo regula como de cumplimiento obligatorio”, y rechazó los sucesivos pedidos de prórroga por parte de la firma para poder seguir funcionando sin ajustarse a las normas.

“Entendemos que pretender evadir la normativa y las reglamentaciones ambientales mediante pedidos sucesivos de prórroga, apunta a utilizar la excepción como medio para de evitar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa”, cierra el escrito.

Desde organizaciones vecinales y ambientalistas rechazaron que la firma siga continuando, como el caso de 1810 Vecinos Unidos por Pilar, donde incluso se mostraron confiados en que la Justicia no le otorgue a la empresa una prórroga.

“Tengo que decir que el intendente Federico Achával) tomó un compromiso y lo está cumpliendo. En su momento la clausuró y esta es una contestación contundente”, expuso Raúl Regis, de 1810.