Finalmente la Justicia condenó a tres años de prisión a un exempleado de una granja de rehabilitación de Pilar por la muerte de Saulo Rojas, ocurrida en el año 2013.

La pena recayó sobre Ángel «Pipi» Súñez, quien se desempeñaba como cuidador en la Fundación San Camilo y quien debía velar por la integridad del joven a quien había encerrado en una celda de castigo. Saulo, que además tenía problemas de salud, terminó suicidándose. 

Este lunes, y tras varias jornadas de juicio oral, Súñez fue condenado por el delito de homicidio culposo y deberá cumplir la pena además de haber quedado inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos o privados en cualquier tipo de institución donde se deba vigilar o cuidar a seres humanos.

Cabe destacar que desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, esta es la primera vez en el país que un miembro de una comunidad terapéutica es condenado por el suicidio de un paciente.

En la sentencia, los jueces señalaron que en el lugar «operaron graves violaciones a los derechos humanos» y agregaron que, «con su accionar, Súñez era uno de los protagonistas que las llevaban adelante».

Además, los jueces avalaron el pedido de la Fiscal Paula Valeria Oyola para que se siga investigando posibles delitos de abuso sexual y torturas entre otros.

Tras el falló, Myriam Lucero, la mamá de Saulo expresó: «No es el punto final ni el cierre. Los principales responsables de la muerte de mi hijo y de tanto daño que se hizo todavía están libres. No voy a bajar los brazos. De las testimoniales salieron a la luz las tremendas situaciones que se vivían adentro. Esto continuará".

El caso

El condenado Súñez era empleado de seguridad de la Fundación San Camilo, donde Saulo estaba internado desde junio de 2012 y un año después se quitó la vida en una habitación llamada "el engomado", a donde se recluía a pacientes a modo de castigo, algo prohibido por la ley de Salud Mental sancionada en 2010.

En 2017, el establecimiento fue clausurado por el Ministerio de Salud bonaerense tras constatar "graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios".

Por la muerte de Rojas fueron también imputados Martín Iribarne, dueño de la Fundación, y Alejandro Jacinto, psicólogo y director terapéutico, quienes no tenían antecedentes penales y aceptaron una "probation".

El próximo lunes se conocerá el veredicto en el juicio por la muerte de un joven en una granja de rehabilitación de Pilar.

Se trata del juicio por Saulo Rojas quien se suicidó en el año 2013 en la Fundación San Camilo.

Esta semana se iniciaron las audiencias en el Juzgado en lo Correccional Nro 4 de San Isidro con Ángel "Pipi" Súñez, exempleado de la Fundación, en el banquillo de los acusados.

Desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, esta es la primera vez que un miembro de una comunidad terapéutica llega a juicio oral por el suicidio de un paciente.

Súñez está acusado de homicidio culposo ya que él era el encargado de cuidar al joven que había sido encerrado en una celda.

Este jueves se llevó a cabo la jornada de alegatos donde la fiscal Paula Valeria Oyola pidió una pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y también solicitó que a Súñez se lo inhabilite por 10 años para ocupar cargos públicos o privados en cualquier tipo de institución donde se deba vigilar o cuidar a seres humanos.

Además, la fiscal pidió que la totalidad de la prueba documental de la causa quede para investigación, ya que aseguró que se tratan de "hechos sumamente graves para la vigencia de los Derechos Humanos" y advirtió que el caso de Saulo Rojas es "un árbol que no puede dejar de mostrarnos el bosque".

A su turno, el abogado defensor Rodolfo Andreacchio pidió una atenuación de la pena ante la confesión de culpabilidad expresada por el acusado durante la jornada de ayer, que la misma sea en suspenso y coincidió en el pedido de inhabilitación realizado por la Fiscalía.

Tras escuchar los alegatos, el juez Juan Facundo Ocampo convocó a una nueva audiencia el próximo lunes para la lectura del veredicto, a pesar de que la familia de la víctima esperaba que se definiera hoy mismo la sentencia.

"Son 9 años de lucha y de pedir justicia por mi hijo y por los otros chicos de San Camilo", aseguró a Télam la madre de Saulo, Miriam Lucero, quien vestía una remera negra que decía "El amor vence al odio".

"El juez decidirá qué grado de responsabilidad tiene Súñez", agregó la mujer, y remarcó que aunque la sentencia sea de "dos años, tres, cinco o ninguno acá la condenada soy yo a la tristeza y a la ausencia de mi hijo".

El acusado era empleado de seguridad de la Fundación San Camilo, donde Saulo estaba internado desde junio de 2012 y un año después se quitó la vida en una habitación llamada "el engomado", a donde se recluía a pacientes a modo de castigo, algo prohibido por la ley de Salud Mental sancionada en 2010.

En 2017, el establecimiento fue clausurado por el Ministerio de Salud bonaerense tras constatar "graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios".

Por la muerte de Rojas fueron imputados Martín Iribarne, dueño de la Fundación, y Alejandro Jacinto, psicólogo y director terapéutico, quienes no tenían antecedentes penales y aceptaron una "probation".

Súñez, en cambio, llegó a la instancia de juicio oral acusado por homicidio culposo y la fiscal alegó hoy que "se ha logrado acreditar con la totalidad de las pruebas y los testimonios que el día 14 de junio de 2013 el imputado, que cumplía la función de vigilador en San Camilo, aisló en una habitación en construcción a Saulo y violó el deber de cuidado que le era exigido".