Tras la aprobación en sesiones extraordinarias en el Congreso de la reforma laboral y pese a la presión y reclamo de los gremios, el Gobierno nacional promulgó la norma, que comenzará a regir desde este viernes. Lo hizo por intermedio de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La Ley 27.802, identificada como “Ley de Modernización Laboral”, está compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.

"En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026", estableció el Decreto 137/2026, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La mayor cantidad de cambios se dará, según especialistas en cuestiones laborales, en materia de indemnizaciones, salario, vacaciones, duración de la jornada de trabajo, los derechos colectivos y el funcionamiento de los sindicatos. Además, se incluirán beneficios para formalizar empleo y un régimen para inversiones medias.

La norma que comenzó a regir este viernes establece que sus disposiciones no serán aplicables, entre otros, “a los dependientes de la Administración Pública”, “al personal de casas particulares”, “a los trabajadores agrarios”, “a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas” y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.

A partir de la modificación del sistema de indemnizaciones por despido, se introdujo una batería de modificaciones en la legislación laboral, con el propósito de abaratar los despidos y garantizar el pago de indemnizaciones. Este nuevo esquema excluyó del cálculo conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas y premios, a la vez que estableció un piso mínimo y un máximo.

El rediseño del régimen estableció que la indemnización por despido no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio mensual fijado en cada convenio colectivo de la actividad correspondiente. Para el mínimo, fijó un piso del 67% de la remuneración habitual. Si la aplicación del tope convencional reduce la base salarial a una cifra inferior, dicha reducción no podrá superar el 33%.

Otra de las modificaciones prevé que las grandes empresas puedan abonar las sumas derivadas de sentencias de despidos en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las pymes contarán con la posibilidad de extenderse hasta 12 cuotas. Además, se incorporó un esquema de actualización de las indemnizaciones judiciales solo por inflación, con un adicional del 3% anual.

En paralelo, la norma crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El artículo 58 describe que su objeto es “coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos” vinculados con la extinción del contrato de trabajo. En ese sentido, el artículo 60 fija su financiación mediante contribuciones mensuales obligatorias del 1% para grandes empresas y del 2,5% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Por otro lado, se habilitó la extensión del horario de jornada laboral diaria de hasta 12 horas, a condición de que exista acuerdo voluntario en esquemas flexibles como bancos de horas y se garantice un descanso de al menos 12 horas entre turnos. Además, incorporó la posibilidad de contratar trabajadores a tiempo parcial por debajo de la jornada legal completa.

Sobre las vacaciones, en tanto, el sustituido artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que el empleador deberá otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril, con notificación escrita “con una antelación no menor a treinta (30) días”, permitiendo fraccionamientos mínimos de siete días.

En cuanto al funcionamiento sindical, la ley modifica la Ley 23.551. El nuevo artículo 20 bis dispone que las asambleas deben realizarse “siempre que ello no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa” y que requerirán autorización previa del empleador respecto de horario y duración. El artículo 20 define como infracciones muy graves acciones como “provocar, instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”.

El derecho de huelga quedará restringido en los servicios esenciales (salud, distribución de agua potable, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, entre otros) y deberá asegurarse un mínimo del 75% de la dotación de personal en actividad.

En el caso de los denominados servicios de importancia “trascendental”, como el transporte de pasajeros y cargas, medios de comunicación, industrias siderúrgica, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos y minería, entre otros, deberá garantizarse el funcionamiento al 50%.

La reforma introdujo el Programa de Promoción del Empleo Registrado y establece un mecanismo de blanqueo laboral, permitiendo la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen su situación.

En paralelo, se agregará el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% anual y asigna una reducción aún mayor para quienes contraten a personal previamente no registrado antes del 10 de diciembre de 2025, así como a ex monotributistas o extrabajadores públicos.

Por último, las medianas inversiones tendrán un tratamiento diferencial, ya que contarán con amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de IVA. Este régimen regirá por dos años y estará disponible para empresas que inviertan entre US$ 150.000 y USD 9 millones en bienes muebles nuevos o en obras productivas, con la excepción de automóviles.

Fuente: Agencia DIB

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos de Pilar, Sergio González, cuestionó con dureza la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, aprobada en el Senado, modificada en Diputados y que deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva. En ese marco, reclamó la convocatoria a un paro nacional de 36 horas como respuesta del movimiento obrero.

“La reforma es criminal y totalmente desastrosa. Lo que pasó en el Senado, lo que pasa en Diputados y lo que seguramente va a volver a pasar en el Senado es un ataque directo al trabajador”, afirmó González. Nos quieren hacer responsables de un desastre que no generamos”, agregó en diálogo con Pilar de Todos.

En ese sentido, remarcó el rol del salario en la economía real. “Nosotros con el sueldo fortalecemos el mercado interno, consumimos acá y no hacemos fuga de capitales. No somos los responsables de la crisis”, sostuvo. “Sin embargo, quieren responsabilizar al pueblo obrero y seguir ajustando al trabajador”, enfatizó.

González advirtió que la reforma no traerá inversiones ni empleo. “Con este escenario no van a venir industrias ni van a apostar a la Argentina. Al contrario, vamos a ver muchos más desocupados y una etapa muy triste del país. Nosotros queremos seguir trabajando y produciendo, pero con este modelo eso no va a pasar”, sostuvo.

El dirigente gremial también apuntó al creciente malestar social. “La gente está muy disconforme. Cuando le metés la mano en el bolsillo, ahí se dan cuenta y empiezan a entender lo que está pasando”, señaló. “Hoy la gente no llega a la quincena”, remarcó.

Además, cuestionó el rol del Congreso en el tratamiento de la ley. “Supuestamente los diputados y senadores que nos representan no conocían la ley. Imaginate nosotros, que trabajamos ocho, diez o doce horas por día y estamos en otro escenario, tratando de mantener la olla parada”, expresó.

Sobre el contenido del proyecto, González sostuvo que no beneficia ni a los trabajadores ni a las empresas. “Que alguien me diga un solo artículo que beneficie al trabajador”, desafió. “Esta ley no le sirve a ninguna empresa ni a ninguna pyme”, aseguró, y agregó: “Las fábricas cierran, no abren nuevas, y con una reforma laboral eso no va a cambiar”.

En relación a las indemnizaciones, cuestionó el pago en cuotas. “Nos quieren hacer financiar nuestra propia indemnización en 12 pagos. ¿En qué se beneficia el empresario pagando en cuotas?”, planteó, y advirtió: “Esto no va a terminar con la industria del juicio, al contrario, va a haber muchísimos más juicios que antes”.

También se refirió al banco de horas y a la capacitación laboral. “Capacitar un trabajador en nuestra industria lleva seis o siete meses y lo hace otro trabajador, no el empresario”, explicó. “Nada de esto se la van a llevar de arriba”, afirmó.

En el plano gremial, González destacó la conformación del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), integrado por ATE, la CTA, organizaciones sociales y otros gremios. “Antes de que la CGT lanzara el paro, nosotros ya habíamos parado nuestra actividad”, señaló, y agregó que ahora buscan profundizar las medidas.

“Pedimos una reunión con el triunvirato de la CGT para exigir un paro urgente de 36 horas”, confirmó. Según explicó, la medida debería coincidir con el tratamiento final de la reforma en el Senado.“No solo tiene que putear el trabajador, también tiene que salir a putear el empresario, porque esta ley tampoco le sirve. Acá se cruzó un límite terrible”, concluyó.

El Gobierno consiguió el dictamen en Senadores del proyecto de la reforma laboral con las modificaciones de la Cámara baja. Ahora la iniciativa se discutirá el viernes 27 y el oficialismo buscará convertirla en ley justo antes del discurso de apertura de sesiones ordinaria que dará el presidente Javier Milei en el Congreso.

La segunda fase de la estrategia libertaria incluye cerrar filas en el Senado y blindar los votos necesarios con los gobernadores afines.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocaron para este viernes a firmar dictamen con el nuevo texto. Antes del mediodía, el proyecto ya había obtenido dictamen en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado, tras debatirse el texto que volvió modificado desde la Cámara de Diputados.

El oficialismo, encabezado por Bullrich, acordó aceptar los cambios introducidos -entre ellos la eliminación del artículo 44- y dejó el camino allanado para que la iniciativa se trate en el recinto el próximo viernes, con la expectativa de convertirla en ley.

Durante el plenario hubo fuertes cuestionamientos de la oposición, que denunció supuestas irregularidades en la conformación de las comisiones y en los plazos reglamentarios. Senadores del peronismo advirtieron que podrían judicializar el proceso, además de ratificar su rechazo integral al proyecto.

Pese a las críticas y al clima de tensión, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para avanzar con el despacho y defendió la rapidez del trámite como parte de una agenda de “modernización” del sistema laboral. De este modo, la discusión quedó formalmente habilitada para el viernes próximo. Los libertarios esperan que se convierta en ley antes del discurso de apertura de sesiones ordinarias que Javier Milei dará el 1° de marzo. 

En Diputados, el oficialismo logró quórum y mayoría gracias al acompañamiento de bloques provinciales alineados con mandatarios como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Mario Pasalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La Casa Rosada ahora trabaja para que ese esquema se replique en el Senado. Es que la reforma forma parte del programa estructural del Gobierno y su aprobación es vista como una señal hacia el mercado y los organismos internacionales.

En Diputados, Unión por la Patria intentó dejar sin quórum la sesión y luego forzar el regreso del proyecto a comisión cuando el oficialismo quedó momentáneamente sin mayoría en el recinto. El oficialismo tomó nota de esa jugada y buscará garantizar presencia permanente de sus legisladores y aliados durante toda la sesión en la Cámara alta.

Agencia DIB 

La CGT confirmó un paro general, sin movilización, para el día que se debata en la Cámara de Diputados la reforma laboral y a la medida se sumó el transporte público por lo que no funcionarán colectivos, trenes ni subtes.

En cuanto a cuándo será la huelga, en principio sería este jueves, aunque también es posible que por razones de tiempo la Cámara de Diputados trate ese proyecto el próximo miércoles 25.

En cualquiera de esas dos fechas, en esa jornada no habrá colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas.

Así lo confirmó Omar Maturano, titular del gremio ferroviario La Fraternidad, quien dijo que durante esas 24 horas que dure la medida de fuerza no habrá transporte, lo que asegura un alto impacto ya que imposibilita sobre todo en las grandes ciudades que la gente llegue a su trabajo.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT”, anticipó el dirigente.

Con la adhesión de los gremios del transporte, se espera una jornada sin servicios de colectivos y trenes y con vuelos afectados en todo el país. Con el transporte paralizado, se espera una reducción marcada de la actividad laboral y comercial, especialmente en el Área Metropolitana (AMBA) y en los principales centros urbanos.

Colectivos (UTA): no habrá servicio durante la jornada del paro.

Trenes: La Fraternidad y la Unión Ferroviaria anticiparon adhesión, por lo que no circularían formaciones.

Vuelos: la participación de pilotos y otros sindicatos del sector afectará vuelos comerciales, con posibles cancelaciones o reprogramaciones.

Subte y Premetro: permanecerán sin servicio en la Ciudad de Buenos Aires, ya que los sindicatos que representan a los trabajadores del sistema también confirmaron su participación en la protesta.

Luego de la polémica generada por el artículo de la reforma laboral que recorta el sueldo durante las licencias por enfermedad, la senadora Patricia Bullrich dijo que darán marcha atrás y anticipó que impulsarán modificaciones en la Cámara de Diputados para que los casos de mayor gravedad sigan cobrando la totalidad de sus haberes.

"Sobre enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables para ponerle una adjetivación, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%", adelantó la senadora, que el martes consiguió que la reforma laboral tenga media sanción en la Cámara alta.

En declaraciones a Todo Noticias reproducidas por DIB, aclaró que aún están "trabajando" en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.

La senadora aclaró que el pago del 100% será "sólo en caso de corroboración concreta y fehaciente" y aseguró que habló del tema "con la mesa política", con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "durante todo el fin de semana" y con la secretaria de Legal y Técnica, María Igarzabal.

"Para esas enfermedades vamos a volver al 100% de acuerdo a la ley, a la vieja ley de Contrato de Trabajo. Es el único país del mundo que va a pagar el 100%. A los vivos se le va a terminar la avivada", afirmó e insistió en que "si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50%".

En el plano de la salud mental, Bullrich sólo respondió que "hay un exceso enorme" de ese tipo de licencias. "La Argentina trucha la tenemos que terminar", dijo y contó que durante su paso por el Ministerio de Seguridad tuvo "muchas de esas" licencias.

La media sanción del Artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, frente a un accidente o enfermedad ajena al ámbito laboral, el trabajador cobrará solo el 50% de su sueldo si el cuadro es producto de una "actividad voluntaria y consciente del riesgo" (ejemplo que el Gobierno graficó días atrás con "lastimarse jugando al fútbol"), y un 75% si no hubo intención.

Ante las críticas por este duro ajuste, Bullrich justificó la esencia original del recorte denunciando una "mafia de certificados truchos" a nivel nacional que perjudica a las empresas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la movilización al Congreso en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

En el marco de la movilización, el mandatario bonaerense volvió a expresarse en contra del proyecto que ya se debate dentro del recinto.

"Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador", expresó Kicillof.

Y agregó que "quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores: deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei".

Por el contrario, según la mirada del Gobernador, "los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional".

Kicillof estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro.

Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar salieron a rechazar fuertemente el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

Bajo el lema “No es reforma, es precarización laboral”, desde el gremio expusieron los puntos más conflictivos del texto y advirtieron: “Detrás de cada derecho hay una familia. No vamos a retroceder”.

En ese contexto, explicaron que en los más de 200 artículos que impulsa el Poder Ejecutivo aparece la modificación de la jornada laboral y la implementación del banco de horas. “Se legaliza la jornada de trabajo de hasta 12 horas y las horas extras ya no se cobrarían sino que se acumularían en un banco de horas con los cuales se compensarían descansos posteriores a disposición del empleador”, consignaron desde el gremio químico conducido por Sergio González.

Y alertaron: “Esto significaría no solo un retroceso al siglo pasado sino que es un gran deterioro en materia de derechos laborales esenciales”.

En cuanto al apartado sobre el denominado Salario dinámico y vacaciones, el gremio consignó que “la reforma propone que los empleadores puedan acordar el pago de parte del salario en moneda extranjera mediante billeteras virtuales o en especies lo que significa que parte del sueldo pueda ser abonado con vivienda o incluso con comida”.

Mientras que las vacaciones se disponen a criterio del empleador pudiendo fraccionarse en tramos de hasta una semana y sin la obligación de realizarse en su totalidad durante el verano. “Esto nuevamente implica un beneficio a favor del empleador y el trabajador pierde un derecho fundamental de elección sobre su descanso”, rechazaron desde el Sindicato.

En cuanto a los despidos e indemnizaciones, completaron que el proyecto “habilita el despido discriminatorio mediante el pago del empleador de un adicional del 50% sobre la indemnización además de que esta última puede pagarse en hasta 12 cuotas en cualquier caso de despido”.

“Este proyecto no es modernización, es pérdida de derechos. No es progreso, es retroceso para los trabajadores”, plantearon en el marco de una serie de acciones que vienen llevando adelante, entre ellas una movilización junto a trabajadores de la ciudad de Rosario.

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei aspira a hacer aprobar en el congreso a mediados del mes entrante podría supone un recorte de fondos adicional para el Tesoro de la provincia de Buenos Aires de casi $400.000 millones, a raíz de los cambios que introduce en su capítulo fiscal.

La estimación del costo fiscal de la reforma surge de un estudio elaborado por técnicos del por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos que indica que los cambios en materia de impuestos que están incluidos en la reforma implican una caída de la coparticipación total proyectada de unos $3.187 billones.

El gobierno incluyó en la reforma laboral un capítulo fiscal que rebaja tres puntos la alícuota de Ingresos Brutos a las sociedades (las grandes pasarían de pagar 35 a 31,5% las chicas del 30 a 27%). Y que elimina el impuesto cedular contenido en el anterior, es instaurado durante el gobierno de Mauricio Macri, que de hasta 15% pasa a 0.

Ese recorte implica para la provincia de Buenos Aires una caída de la coparticipación que el estudio calcula en $397.257.914.360. El gobierno de Axel Kicillof lo suma al recorte de fondos automáticos que, según un cálculo que Nación no convalida pero que está judicializado ante la Corte Suprema, alcanza a los 14,7 billones de pesos.

Segunda en el ranking de perdidas quedaría Santa Fe, con $ 161.673 millones y luego Córdoba con $ 160.628 millones menos.

El capítulo impositivo está en el centro de las negociaciones que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores de la oposición dialoguistas, incluyendo a algunos del peronismo. Lo mandatarios presionan por cambios que morigeren la motosierra fiscal para sus distritos y esa podría ser la clave para que la iniciativa avance.

Esas reuniones, sin embargo, no incluyeron hasta ahora encuentros con Axel Kicillof, que los viene solicitando desde que ganó las elecciones de septiembre pasado.

La CGT marchó a la Plaza de Mayo para manifestar, junto a otros sectores gremiales, organizaciones sociales y partidos políticos, su rechazo a la reforma laboral que apura en el Congreso el gobierno de Javier Milei.

“Este es el primer paso de un plan de lucha, sigan sin escucharnos y se viene un paro general”, advirtió uno de los triunviros cegetistas, Octavio Arguello.

Si bien en la manifestación hubo primacía de la CGT -el palco del acto final tenía la simbología de esa central y solo hubo oradores de esa pertenencia- la expresión de rechazo fue mucho más amplia: no solo participaron las dos CTA y ATE, sino organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), partidos de izquierda y dirigentes peronistas, entre ellos el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La manifestación lució multitudinaria pero en la Plaza hubo vacíos.

El escenario se apostó delante de la Pirámide de Mayo y quedó lejos de la Casa Rosada, que estuvo fuertemente custodiada y vallada.

Dentro de Balcarce 50, Javier Milei encabezaba en paralelo al acto de la CGT una reunión con la mesa chica para definir la estrategia parlamentaria sobre la reforma laboral en el Senado y el Presupuesto 2026. El Gobierno quiere apurar la firma de dictamen este jueves y darle media sanción en el Senado el viernes 26.

“No nos para ni el calor ni la Gendarmería ni la Prefectura. Tenemos conciencia y vamos a defender nuestros intereses”, arengó Cristian Jerónimo, jefe del Sindicato del Vidrio, apuntando contra el operativo del Ministerio de Seguridad para que los manifestantes no lleguen a la Plaza: hubo bloqueos y controles de micros en los accesos e intimidación en redes sociales para denunciar la participación obligatoria a la marcha. “No podemos permitir que siga existiendo la transferencia de recursos de los sectores postergados a los más concentrados”, agregó.

Una dura advertencia

La frase más resonante correspondió a otro de los triunviros, Octavio Arguello, jefe de Sindicato del Vidrio. “Este es el primer paso de un plan de lucha nacional, sigan sin escucharnos y se viene un paro general”, lanzó. También habló el tercer triunviro, Jorge Sola, del seguro.

Muy cerca de la conducción cegetista se ubicaron históricos dirigentes como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA), Julio Piumato (Judiciales), entre otros.

La CGT considera que la reforma atenta contra los derechos laborales al modificar por completo la Ley de Contrato de Trabajo y avanza sobre la propia existencia de los gremios.

El proyecto libertario regula el derecho de huelga, establece la prioridad de los convenios por empresa y limita la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.

También flexibiliza el costo de las indemnizaciones por despido, reemplaza las horas extras por un bando de horas, deroga estatutos sectoriales y afecta los aportes solidarios de los afiliados.

Los discursos abonaron la idea de un paro general pero no llegaron a confirmarlo. “Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos y se encontrarán con una profundización del plan de lucha. Terminaremos con un paro nacional”, aventuró Sola en su intervención, en la misma línea que Jerónimo.

Los tres triunviros plantaron bandera contra el proyecto ayer mismo en la comisión de Trabajo del Senado que conduce Patricia Bullrich. En ese ámbito subrayaron la responsabilidad política del Congreso, al señalar que tanto el Senado como Diputados deberán hacerse cargo de las modificaciones que se introduzcan en las relaciones laborales. El oficialismo cree tener la mayoría en ambas cámaras para sancionar la ley, y la CGT podría finalmente convocar a un paro general para ese momento. Si el Senado lo aprueba la semana próxima, Diputados podría tratarlo a mediados de enero. 

Fuente: Agencia DIB 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la movilización convocada por las centrales sindicales a la Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma de la Ley Laboral.

“Este proyecto de reforma no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones de las y los trabajadores: en un contexto en el que todos los sectores la están pasando mal, esta ley podría empeorar aún más la situación de la inmensa mayoría de nuestro pueblo”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Todos los días vemos cierres y suspensiones, consecuencia de un Gobierno nacional que le da la espalda a la producción: fueron sus políticas las que han destruido 250 mil puestos de empleo en los últimos dos años".

Kicillof estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro.

LEE MÁS: Kicillof: “La reforma de la Ley laboral no trae nada bueno para los argentinos”

Más temprano, en el marco de un encuentro con empresarios pymes, el mandatario bonaerense había señalado que el texto que el Gobierno Nacional envió al Congreso “no trae nada bueno para los argentinos”

Asimismo agregó que si la reforma se aprueba “se van a facilitar los despidos y el consumo va a seguir derrumbándose”.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) apoya “la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional para modernizar las relaciones laborales”.

“Creemos que actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos”, consignó Cadam en un comunicado, en respaldo al proyecto de reforma laboral que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Parlamento. No obstante, “entendemos que una reforma de esta magnitud merece un debate profundo y un marco legal claro y moderno. Por eso proponemos avanzar hacia una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años”.

De acuerdo con la Cámara, el “problema central” son los juicios laborales con montos impagables. “En la práctica, muchas empresas -sobre todo pyme- enfrentan condenas judiciales que se vuelven imposibles de pagar. Esto no sólo pone en riesgo a las empresas, también termina poniendo en riesgo los puestos de trabajo”.

A propósito, a la Cámara empresaria le “preocupa especialmente que se intente oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación de IPC (Indec) más una tasa de interés”. “No estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación por un índice más intereses, porque esto multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede llevar al cierre de empresas”, rechazó, y agregó: “Este esquema se contrapone con normas vigentes que prohíben indexar sumas de dinero (Ley 23.928 y modificatorias)”.

Y luego el comunicado plantea las propuestas de la Cámara: volver a un sistema de actualización con tasas bancarias; eliminar las “cuotas solidarias” y similares impuestas por convenios; que los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos deben ser estrictamente voluntarios; y que el empleador no sea agente de retención de aportes sindicales.

Por otro lado, para “frenar la industria del juicio”, “apoyamos medidas para reducir litigios injustificados”. Y plantea un ejemplo: “Si se demuestra que hubo un reclamo exagerado o sin sustento (‘plus petición inexcusable’), pedimos que las costas sean asumidas en forma solidaria entre la parte demandante y su abogado, para que haya responsabilidad real por demandas desmedidas”. Además, Cadam apoya modificar el procedimiento laboral “para que el avance del juicio dependa del impulso de las partes y pueda plantearse la caducidad de instancia cuando un expediente queda sin movimiento, evitando procesos eternos”.

A modo de cierre, para Cadam “cuidar a las empresas es cuidar el trabajo”. “Nuestro objetivo es simple: una legislación moderna, clara y equilibrada, que proteja derechos, reduzca conflictos, evite abusos y permita que las empresas -especialmente las pyme- puedan seguir produciendo y sosteniendo empleo”. (DIB)

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió realizar una manifestación de rechazo contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El reclamo tendrá lugar en Plaza de Mayo y será el jueves 18 de diciembre, a las 15 horas. La semana próxima el proyecto oficial sería tratado en la Cámara de Senadores, de acuerdo a las intenciones del oficialismo.

La medida se tomó en el consejo directivo de la CGT, que permanece reunido en la sede de Azopardo desde el mediodía de este jueves.

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Los sindicatos rechazaron la iniciativa porque que consideran que es “regresiva” y que quita derechos colectivos e individuales.

El proyecto de reforma oficial de Javier Milei busca flexibilizar las contrataciones y los despidos, restringe el derecho a huelga y recorta la fortaleza de las organizaciones sindicales.

De hecho el titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, afirmó este jueves que con la reforma laboral el Gobierno quiere una Argentina “pre peronista”, sin las leyes que se incorporaron a partir de 1945 y calificó la medida de “inconstitucional”. (Agencia DIB)

El Poder Ejecutivo avanzó con la presentación de la Ley de Modernización Laboral, un paquete integral que introduce cambios profundos en las normas de empleo, registración, negociación colectiva y contribuciones patronales. La reforma, que llega en medio de un replanteo general del esquema regulatorio argentino, incluye medidas de desburocratización, reducción de litigiosidad y nuevos incentivos para la contratación formal.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del registro laboral centralizado en ARCA, que pasará a ser la única instancia válida de inscripción de trabajadores. A partir de esta modificación, ningún organismo podrá exigir requisitos adicionales, lo que busca simplificar trámites y unificar la información laboral en un solo sistema.

Contrato

La Ley también introduce cambios amplios en el Régimen de Contrato de Trabajo. Entre ellos, la redefinición de qué conceptos integran las indemnizaciones, mayores posibilidades de pactar remuneraciones en moneda extranjera y un reordenamiento del tiempo de trabajo que permite nuevas modalidades de compensación horaria. Además, se endurecen los requisitos para las certificaciones médicas y se incorpora un esquema más amplio de beneficios no remunerativos.

En materia judicial, el Gobierno impulsa un cambio clave: las indemnizaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo pasarán a ser la única vía de reparación posible ante un despido. De esta manera, se elimina la posibilidad de iniciar reclamos adicionales por daños y perjuicios basados en el Código Civil y Comercial, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad.

Negociación colectiva

Otro punto central es la reforma de la negociación colectiva. Se limita la llamada “ultraactividad”, que mantenía vigentes todos los convenios vencidos de manera indefinida.

Con la nueva norma, solo seguirán en pie las cláusulas normativas hasta que haya un nuevo acuerdo o una prórroga expresa. También se fortalece la autonomía de los convenios sectoriales de menor alcance y se reglamenta el carácter no remunerado de las asambleas sindicales.

Fondo para indemnizaciones

La iniciativa incorpora, además, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que los empleadores deberán aportar un 3% del salario de cada trabajador.

Ese fondo, administrado por entidades supervisadas por la Comisión Nacional de Valores, será inembargable y estará destinado exclusivamente a financiar indemnizaciones y otros pagos previstos por ley.

Régimen de incentivo

Para incentivar la formalización, se establece el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que regirá durante un año y otorgará contribuciones patronales reducidas -del 2% por cuatro años- a quienes contraten a personas sin empleo formal reciente, monotributistas, desocupados o exempleados públicos. A su vez, la reforma contempla una reducción general de contribuciones, fijada en 17,40% para empleadores de grandes servicios y comercio, y en 15% para el resto del sector privado.

El proyecto incluye también un régimen especial para trabajadores de plataformas, como repartidores y choferes, a quienes se reconoce como prestadores independientes con requisitos operativos y de cobertura específicos para las empresas que administran las aplicaciones.

Impuestos

Finalmente, la ley incorpora otros cambios vinculados al sistema tributario y al clima de inversiones, como la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias corporativo y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, que promueve la amortización acelerada.

El texto del proyecto cierra: “Con estas medidas propuestas, el proyecto continúa en la senda de simplificación y ordenamiento normativo que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión, orientada a eliminar distorsiones, depurar afectaciones, unificar criterios, dotar de neutralidad al sistema, simplificar y reducir costos de cumplimiento. Este proceso se guía por un principio innegociable: resguardar el equilibrio fiscal que tanto esfuerzo demandó alcanzar”.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno nacional trabaja en una reforma laboral que quiere consensuar con los gobernadores y genera cierto ruido entre los sindicatos. Y si bien la letra chica tiene algunos puntos polémicos, la administración libertaria negó que se vaya a extender la jornada diaria de trabajo.

“La Argentina hace diez años que no crea empleo formal y la mitad de nuestra fuerza de trabajo es informal. Este es un debate que hay que abordar: la reforma laboral está orientada a mejorar la situación del trabajo y formalizar el empleo”, aseguró este jueves el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además rechazó que la reforma piense en quitar derechos o avanzar sobre la jornada laboral, y remarcó que el objetivo es impulsar la formalización y el desarrollo del empleo registrado.

Tras destacar que las medidas tendrán como principal objetivo formalizar el 50% del empleo que se calcula opera bajo la informalidad, el funcionario buscó llevar tranquilidad sobre uno de los puntos más polémicos que se conoció tras que trascendieran las primeras líneas del proyecto: ¿se habilitarán jornadas laborales de 12 horas?

“Eso de que la reforma laboral pasa la jornada de ocho a trece horas no tiene nada que ver, no tiene ningún asidero, es un disparate. Nunca se discutió eso en la propuesta del Gobierno”, dijo en diálogo con Radio Mitre. Y rechazó versiones sobre recortes de vacaciones y llamó a “no dar importancia a rumores ni campañas de miedo”, instando a esperar la presentación oficial del proyecto.

Sin embargo, en el proyecto de ley que presentó la diputada libertaria Romina Diez, propone lo siguiente: incorporar cambios al artículo 197 bis de la Ley N° 20.744, sumando el siguiente texto: “Las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimo sin disponibles de DOCE (12) horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza década actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”.

El ministro además propuso reformular la negociación salarial colectiva. Detalló que en la Argentina los convenios por sector aplican igual en todas las regiones y empresas, algo que, según sus estimaciones, eleva sustancialmente los costos en zonas menos productivas y limita la generación de empleo formal. “Si pudiéramos quebrar esa unicidad salarial, el empleo en el noroeste argentino aumentaría un dieciséis por ciento”, explicó.

También Sturzenegger se refirió al rol de los gremios y las cámaras empresariales, de quienes dijo que “muerden” del salario para cobrar la representación que les dan a los empleados. “A la relación laboral le muerden, más o menos, un millón de pesos por año. Cuando dos personas contratan, arrancan 100 mil pesos abajo porque hay que pagar estos peajes. Eso no trae ningún beneficio directo para el trabajador”, sostuvo, al definir como central reducir estos sobrecostos estructurales. “Si sacáramos ese peaje, le devolveríamos al trabajador 100 luquitas ($100.000) por mes”, cerró. (DIB)