El Gobierno nacional habilitó este lunes a través del decreto 102/2025 a las empresas de medicina prepaga para que puedan actualizar libremente los valores de las cuotas, independientemente del plan.

Hasta ahora, y después de la desregulación que impulsó la administración libertaria, las prepagas podían establecer el valor de la cuota que quisieran. Pero a la hora de hacer los ajustes mensuales, estaban obligadas a aumentar el mismo porcentaje para todos.

Con el cambio en el artículo 17 del decreto 1993/2011, se estableció que “los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley N° 26.682 y sus modificaciones podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud ofrecidos durante toda la vigencia del contrato. El porcentaje de ajuste podrá variar según las características específicas de cada plan de salud que comercialicen”.

En ese sentido, se agregó: “El valor de la cuota de la última franja etaria no podrá superar el triple del valor de la cuota de la primera franja etaria. Los planes de cobertura para la última franja etaria deben estar disponibles sin límites de edad máxima, ya sea para la admisibilidad de nuevos usuarios o la permanencia de los existentes”.

“Las entidades deberán informar a los usuarios, de manera clara y destacada, las modificaciones en el valor de las cuotas y/o de los copagos. Esta comunicación, que deberá detallar el porcentaje de variación aplicado y el nuevo valor de la cuota mensual, se realizará dentro de los CINCO (5) días posteriores a la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA”, agregó el documento que estableció que los usuarios deben ser notificados de los ajustes con una antelación no inferior a 30 días corridos previo al vencimiento.

Hasta ahora las prepagas podían establecer libremente el valor de la cuota pero no tenían permitido aumentar en mayor medida a los planes más caros. El fundamento del cambio es que con ese porcentaje fijo los planes más baratos terminaban financiando a los más caros, lo que implicaba un perjuicio directo en el bolsillo de la clase media y, también, atentaba contra la libre competencia.

En medio de su pelea para evitar aumentos que impacten sobre la inflación, el Gobierno aspira a que esta medida permita actualizaciones más bajas para los planes más baratos y “una asignación más eficiente de los costos asociados a la prestación de servicios de salud”.

El nuevo decreto establece además que los valores de lo que se llama última etapa etaria, es decir la población mayor, no podrán superar el triple del valor de la primera franja, los más jóvenes.

La medida también dispuso que las prepagas tengan sus planes de salud disponibles para los mayores sin límite de edad, tanto para afiliados nuevos como para los ya existentes. (DIB)

Las cuotas de la medicina prepaga fueron las que más subieron en 2024, muy por encima de la inflación, por lo que el Gobierno busca ponerle un tope a esos ajustes que causaron estragos en los presupuestos de los sectores medios y los jubilados.

El año pasado, las prepagas subieron sus cuotas un 124%, apenas por debajo del costo de vida, que fue del 127,8%.

Tras el dato de inflación de enero, que marcó una desaceleración al 2,2%, en la administración libertaria buscan como evitar que las empresas de medicina privada sigan remarcando sin cesar.

Lo curioso es que fue el propio gobierno de Javier Milei el que le dio vía libre a los aumentos del sector financiador de servicios de salud a poco de asumir, cuando liberó sus precios.

Según trascendió, el Gobierno analiza un decreto que limitará hacia adelante los aumentos de las empresas de medicina prepaga.

La idea es que los aumentos ya no podrán ser generalizados para todos los afiliados de una misma compañía, sino que se deberá discriminar por planes.

Para los adultos mayores, no podrán superar el triple del valor que se les cobre a los más jóvenes.

Las prepagas anunciaron subas en enero de entre 3% y 3,9% según el plan, es decir casi el doble del IPC general.

Para justificar los índices de ajuste, los representantes del sector de las prepagas argumentan que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios.

Al menos cinco grandes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero, con un máximo del 4%.

El Gobierno anunció a mediados de diciembre último la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga.

Se trata de las firmas: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles para que se produzca la prueba concedida, pero de ser necesario se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más.

Una vez concluido este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.

Asimismo, la cartera que conduce Pablo Lavigne precisó que “el artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.

El Gobierno había demandado en la Justicia la presunta “cartelización” de las empresas por la fuerte suba en las cuotas, que aumentaron todos los meses del año después de que Javier Milei decidiera no intervenir en los precios.

NA

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) resolvió imputar a siete empresas de medicina prepaga, a la asociación que las agrupa y a quien ejerció como su presidente, por presuntas prácticas concertadas.

En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la CNDC decidió imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que la presidía, por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo.

Las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación son Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS).

También imputaron a Claudio Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical y quien fue presidente de la UAS.

La apertura de la investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización al realizar un aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024.

En abril de este mismo año, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en conjunto con la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre y cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.

De acuerdo a los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), a partir de la notificación, las personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada.

La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles -y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más- para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos.

En caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones.

En caso contrario, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.

La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina.

En particular, el artículo 2 de la LDC clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.

NA

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 3284/2024, según la cual a partir del 1° de diciembre de 2024 todas las prepagas deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (R.N.A.S.) para que los afiliados puedan dejar de tercerizar los aportes con una obra social sindical y derivarlos en forma directa.

Después de anunciar que Swiss Medical inició el proceso para que los aportes de sus afiliados no triangulen con obras sociales y vayan directo a la empresa de salud, el flamante ministro del área, Mario Lugones, se reunió con las principales prepagas del país para informarles el próximo paso del Gobierno.

Ahora se conoció el detalle de la normativa. “Determínase que a partir del 1º de diciembre de 2024, todas las entidades comprendidas en el artículo 1º de la Ley N° 26.682 que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán estar inscriptas en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (R.N.A.S.) con encuadre en el inciso i) del artículo 1° de la Ley N° 23.660”, indicó el artículo 1° de la normativa.

El siguiente apartado estableció que esa inscripción “habilitará a las entidades a ofrecer planes de salud, siempre y cuando, cumplan con los requisitos establecidos en las Leyes NROS. 23.660, 23.661, 26.682, sus modificatorias y reglamentarias”.

Luego, se aclaró que “el incumplimiento de la inscripción conforme lo establecido en el ARTÍCULO 1°, impedirá la comercialización de dichos planes y dará lugar al inicio del procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 24 de la Ley Nº 26.682”.

Hasta ahora, la masa de aportes de las personas va a las obras sociales con las que las prepagas tienen un convenio para los desregulados del sistema. Esas entidades gremiales se quedan con una comisión y derivan la mayor parte a la empresa de medicina privada que es cobertura del afiliado.

Así, se conforma una especie de “peaje” que en general, en el caso de las grandes prepagas, está en el orden del 2 o 3 por ciento, aunque en el caso de prepagas chicas puede ser un porcentaje mayor. Ahora la incógnita se centra en conocer qué pasará con los 10 mil millones de pesos mensuales que se estima cuesta sostener el sistema de triangulación.

“La transparencia en la operación sobre aquellos fondos que lleven adelante los Agentes del Seguro de Salud es un principio fundamental para garantizar que los beneficiarios sepan con precisión de qué forma se emplean sus aportes y contribuciones”, explicó la SSS en los considerandos de la Resolución.

También señaló que “la inscripción de las entidades comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº 26.682 en el registro correspondiente permite un control adecuado de los planes de salud ofrecidos por las entidades, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y la protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud”.

Según se supo, aquellas prepagas que no estén inscriptas en el registro como agentes del seguro de salud no podrán seguir recibiendo los aportes de los afiliados y deberán conformarse sólo con los contratos privados, por fuera del sistema de la seguridad social. (DIB)

El Gobierno de Javier Milei dispuso habilitar a las prepagas y obras sociales a fijar libremente los precios de los coseguros, que actualmente eran estipulados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mediante la Resolución 1926/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Los coseguros, un plus de dinero que el paciente abona a la hora de utilizar distintas prestaciones de la llamada “atención ambulatoria”, afecta a las obras sociales nacionales y algunos clientes de prepagas, sobre todo a los de planes más básicos.

La normativa determinó dejar “sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades”.

El documento destacó que la decisión está vinculada “con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.

De esta manera, los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga “podrán fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas”, lo que “permitirá más y mejor oferta para los beneficiarios”, según precisó el Ejecutivo. En ese sentido, puntualizó que la nueva normativa no incide en el sistema público y aseguró que “estos cambios impulsan la libre competencia”.

Esta decisión, que no tiene vinculación directa con los llamados “bonos” o “copagos ilegales” que muchos profesionales de la salud e instituciones cobran, afectará a una población grande y en más de un tipo de prestación.

Esta nueva resolución afecta, por un lado, a unos 6 millones de afiliados a la medicina privada, que contrataron los planes más económicos con coseguros. Y por otro, impacta en unos 15 millones de personas con obras sociales nacionales que son las que están bajo el control de la Superintendencia.

La medida impacta en todas las prestaciones médicas menos las que ya estaban exceptuadas, que son las vinculadas a tratamientos oncológicos, discapacidad, plan materno infantil, y las previstas en las normativas para el tratamiento de Hepatitis, VIH y transmisibles, y de las comprendidas por el Sistema Nacional de Protección de Trasplantados.

Asimismo, la resolución dispone que los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica deberán “ser debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”. (DIB)

A casi un mes de su operación, el periodista derquino Luciano Gómez sigue peleando para que la prepaga Medifé se haga cargo de su recuperación.

Gómez fue intervenido el pasado 29 de noviembre. por una discapacidad motriz que tiene como secuela de haber nacido prematuro -5 meses de gestación-. Y se operó con el objeto de mejorar su cuadro y poder seguir caminando con bastones canadienses.

Le realizaron una osteotomía de tibia en la pierna derecha y se le cortó el gemelo para poder alinearle el pie dado que, producto de la espasticidad - tiene los músculos con un tono muy alto- realizaba la descarga sobre el tobillo.

La cirugía fue un éxito. Salió de acuerdo a lo planeado. Pero los buenos resultados del procedimiento están en peligro, porque la prepaga Medifé, denuncia el damnificado, no le brinda los profesionales y los elementos para que pueda realizar la rehabilitación en su domicilio, ya que por su estado, tras la intervención, le es muy complicado trasladarse.

Gómez relató que desde que le dieron el alta, el jueves 2 de diciembre, la prepaga no le envía la cama ortopédica que necesita para mantener el pie en alto y evitar el dolor, el kinesiólogo a domicilio que le haga movilidad pasiva y magneto terapia para que suelden los huesos, ya que el procedimiento le fracturó la tibia en dos.

A eso se le suma un suplemento para la silla de ruedas que le permita desplazarse y no estar todo el tiempo acostado.

"Me operé el 29 por la tarde, no me querían dar de alta hasta que mi casa esté preparada, porque es una cirugía donde tengo que evitar hacer cualquier tipo de esfuerzo, pero ante el riesgo de un virus intrahospitalarios o el covid decidieron enviarme a mi casa, por eso pedí una cama ortopédica mecánica. La primera receta la mandamos el 2 de diciembre, el 7 la rechazan porque dice que la cama no dice que era mecánica, lo que era real, porque yo no estaba en condiciones de ver una receta. Corregimos la receta, donde pedimos que sea con colchón. El 12 me llamaron de la ortopedia y me dicen que la cama autorizada es  manual y sin colchón", contó Gómez a Pilar de Todos.

"Pedimos además kinesiología; porque si no haga kinesiología la operación puede no tener sentido. Le digo al prestador qué tipo de equipos necesito, como por ejemplo magneto terapia, pero Medifé hizo mal la autorización. La orden del médico dice magneto terapia y la autorización de Medifé no incluye elementos de rehabilitación, por eso el kinesiólogo no pudo venir. Todo fue vuelto a solicitar, pero pese a que dicen que se trata de un tema urgente, que en 72 horas se resuelve, no obtengo respuestas a casi un mes de haberme operado. Lo único que me dicen es que todo está en evaluación. Tuve varias cirugías antes y es la primera vez que no tengo nada para recuperarme, a casi un mes de haberme operado", insistió Gómez.

El periodista derquino Luciano Gómez fue intervenido quirúrgicamente el pasado 29 de noviembre. Él posee una discapacidad motriz como secuela de haber nacido prematuro -5 meses de gestación- y se operó con el objeto de mejorar su cuadro y poder seguir caminando con bastones canadienses.

Le realizaron una osteotomía de tibia en la pierna derecha y se le cortó el gemelo para poder alinearle el pie dado que, producto de la espasticidad - tiene los músculos con un tono muy alto- realizaba la descarga sobre el tobillo.

La cirugía fue un éxito. Salió de acuerdo a lo planeado. Pero los buenos resultados del procedimiento están en peligro, porque la prepaga Medifé, denuncia el damnificado, no le brinda los profesionales y los elementos para que pueda realizar la rehabilitación en su domicilio, ya que por su estado, tras la intervención, le es muy complicado trasladarse.

Gómez relató que desde que le dieron el alta, el jueves 2 de diciembre, la prepaga no le envía la cama ortopédica que necesita para mantener el pie en alto y evitar el dolor, el kinesiólogo a domicilio que le haga movilidad pasiva y magneto terapia para que suelden los huesos, ya que el procedimiento le fracturó la tibia en dos.

A eso se le suma un suplemento para la silla de ruedas que le permita desplazarse y no estar todo el tiempo acostado.

“Desde el primero de diciembre que enviamos las recetas que dicen urgente por la celeridad con la que se necesitan las cosas, que están dando vueltas. Llamé el miércoles al 0800 desde el Sanatorio y me dijeron que, en 72 horas, como era urgente, iba a tener las cosas en mi casa. Llamé el sábado y me dijeron que el lunes pero todavía sigo esperando”, explicó Luciano a Pilar de Todos.

“El mismo lunes que iban a llegar las cosas me pidieron un resumen de historia clínica que justifique el pedido de la cama ortopédica porque la auditoría está evaluando si corresponde o no, siendo que debo tener la pierna en alto para evitar los dolores. Y si bien desde el jueves estoy con almohadones, cuando se cae me duele mucho y por las noches no duermo bien porque el dolor me despierta. Hace cinco días que no puedo conciliar el sueño como corresponde”, agregó.

Luciano sostuvo que , desde el 0800 le responden “con evasivas”, y desde el miércoles que le dicen que las cosas están en trámite.

“El lunes me pidieron un resumen de historia clínica y ahora dicen que como yo envié la documentación incompleta, se cuentan 72 horas a partir de hoy (7) pero ni el 0800 ni la auditoría médica me pidió ese papel en todos los llamados anteriores. Están dilatando la gestión y no entiendo con qué objetivo. Si la rehabilitación no se lleva a cabo como corresponde corre el riesgo que hice e hizo la prepaga en la cirugía. Es desesperante”, subrayó.

Luciano sostuvo también que todos los años tiene problemas con la prepaga para autorizar los tratamientos, las ortesis y los elementos que necesita porque desde las autoridades de la empresa de salud lo han catalogado como un “asociado conflictivo”.

“Ninguna persona con mi diagnóstico -parálisis cerebral/Cuadriparecia Espástica- ha logrado lo que he logrado yo. Pude estudiar, trabajar y sigo caminando cuando muchos sostienen que ya debería estar en silla de ruedas. Pero mi equipo de trabajo - kinesiólogos, terapias como, equinoterapia - hicieron posible que hoy pueda moverme por mis propios medios y me operé para seguir así. No entiendo por qué juegan con mi salud. Me abandonaron después de la cirugía”, lamentó.

El día que le dieron el alta del sanatorio donde estuvo internado, Luciano asegura que Medifé también quiso negarle el traslado en ambulancia a su domicilio porque “la cirugía no ameritaba el traslado.”

“Me negaban el traslado. Estuvieron dos horas gestionándolo las autoridades del sanatorio hasta que lo autorizaron. Parece que las autoridades de la auditoría médica son nuevas y quieren demostrar algo pero no entiendo qué. La verdad es todo muy angustiante”, concluyó.