Luego que la Justicia federal de Campana hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo (VAT) y frenara la eliminación de ese subsidio, el ministerio de Capital Humano, que apelará el fallo, dijo que cumplirlo llevará a que el Gobierno avance con otros beneficios.

Así lo hizo saber la ministra Sandra Pettovello, quien aseguró que el Gobierno había dejado sin efecto ese programa que le entregaba $78.000 mensuales a unas 900 mil personas para redireccionar los fondos a la doble escolaridad de escuelas vulnerables y capacitación laboral. Sin embargo, ahora con el fallo del juez Adrián González Charvay deberá frenar esos beneficios.

“En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, indicó en un comunicado.

Según indicó el Ministerio, el programa VAT finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento de su creación. Frente a ello, se hizo una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal.

Ahora el magistrado ordenó al Gobierno mantener los pagos a los beneficiarios del plan, con la advertencia de aplicar multas por cada día de incumplimiento. Le exigió “al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo”.

En abril de 2024, el Gobierno dio a conocer los lineamientos de Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo, entre otros, de quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa VAT y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no por ahora no fueron alcanzados por la baja.

El VAT estaba orientado a la población de 18 a 49 años y apuntaba a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. No obstante, en junio de 2025 (última información disponible) el programa había permitido la inserción laboral de 1.500 personas (el 0,17% del total), según el informe Nº 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación. En tanto, 55 mil (el 6,1% del total) realizaron actividades de formación profesional.

El nuevo sistema incorpora, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno de Javier Milei avanzará desde el 9 de abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La iniciativa que apunta a reemplazar las transferencias monetarias por formación profesional, generó críticas de gremios y organizaciones sociales.

La medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano, alcanza al programa Volver al Trabajo (VAT), que beneficia a unas 900 mil personas. Desde los próximos días, dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral.

Desde el área comandada por Sandra Petovello, indicaron que los beneficiarios que deseaban capacitarse debían acceder al Portal Empleo,  y anotarse siguiendo el link que les llegó a su mail o por Mi Argentina. Había tiempo hasta el 20 de marzo para hacerlo.

Desde que planificó cambios en los denominados planes sociales, el Gobierno libertario se puso un plazo de 24 meses, algo que culmina este 9 de abril. El programa, anunciado en 2024 y que arrancó con la cifra de $78.000, no fue prorrogado, y ahora entra en vigencia una prueba piloto que arrancó en enero con veinte desocupados que tomaron clases en un Centro de Formación ubicado en el barrio porteño de Paternal.

La intención oficial es que, en lugar de recibir dinero de manera permanente, los beneficiarios del VAT accedan a herramientas de formación que les permitan mejorar su inserción laboral mediante títulos profesionales con aval del sector productivo. 

Para ello, Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

La decisión de modificar el programa Volver al Trabajo generó malestar entre los beneficiarios. Desde Pilar, diferentes organizaciones sociales advirtieron esta semana que su eliminación va a afectar a unos 10 mil beneficiarios, lo que significarán "78 millones de pesos menos circulando en la economía local”, expresaron tras la realización de una asamblea popular. 

En cuanto a los vouchers, en diálogo con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9), Nicolás Caropresi, coordinador nacional del MTE explicó que la idea de Capital Humano es “destinar esos 78 mil pesos de cada beneficiario a las empresas Sinteplast, Arcos Dorados y Metrogas para que los capaciten en atender al cliente en un Mc Donalds sin el aseguro de contratación, también capacitación para trabajos de pintura – algo que nuestros compañeros hacen con los ojos cerrados- y otro de una duración de 15 días en Metrogas denominado “invierno seguro” y que habla de la correcta ventilación en ambientes. Forman a la gente en cursos que no tienen ninguna salida laboral”, se quejó Caropresi. 

Con información de Agencia DIB

El gobierno dio de baja hoy el plan Potenciar Trabajo como tal y dividió a sus beneficiarios en dos grupos que recibirán beneficios de acuerdo a su situación de vulnerabilidad, al tiempo que disolvió las unidades de gestión que intermediaban en la entrega de la ayuda, con el declarado objetivo de correr de ese rol a las organizaciones sociales.

“Se termina el curro de los intermediarios”, escribió en la red social X una cuenta ultra libertaria llamada “Agarrá la pala”, y el mensaje fue compartido en señal aprobatoria por el presidente Javier Milei, que como confirmó el vocero Manuel Adorni maneja en persona sus cuentas.

De acuerdo a información confirmada a diarios nacionales por el Ejecutivo, los dos universos en los que se dividirán los hasta ahora beneficiarios del Potenciar Trabajo son: “Volver al Trabajo”, en el que se agrupará alrededor de un millón de personas, y el “Programa de Acompañamiento Social”, con alrededor de 200.000 personas.

El primero estará bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Omar Yasín, y el segundo en Niñez y Familia, en cabeza de Pablo de la Torre.

Por ahora, la medida es presentada como un “cambio de paradigma” centrado en eliminar la intermediación de los movimientos sociales.

En concreto en el gobierno apuntan a las Unidades de Gestión, que intervenían en la coordinación y administración de las prestaciones y proyectos del Potenciar. Esas iniciativas eran operativizadas por cooperativas vinculadas a los movimientos sociales, que entre otros roles fiscalizaban el cumplimiento de los trabajos.

En el gobierno dejan trascender que eliminar esa intermediación hará que las personas puedan realizar sus proyectos sin presiones y abaratará el costo del sistema, que podrá volcar más recursos a la asistencia directa.

Para el gobierno libertario, que absorbió a Desarrollo Social como secretaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, el plan evidenció serias falencias. “En cuatro años solo 1,3% de beneficiarios lograron salir del plan por haber conseguido trabajo. El resto de las bajas fueron por incompatibilidades o tope de edad, pero nada más”, detallaron, de acuerdo a información publicada por el diario La Nación.

Los nuevos programas, sus condiciones y a quiénes alcanzanDesde el Poder Ejecutivo explican que “Programa Volver al Trabajo”, fue “creado con el propósito de promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular”.

Su creación agregan las mismas voces, se da bajo la premisa de “no solo mejorar las competencias laborales de los ciudadanos, sino también facilitar su inserción en el mercado de trabajo formal, generando así un ciclo virtuoso de empleabilidad y desarrollo económico”.

El programa, detallan, se propone desarrollar y consolidar competencias sociolaborales, proporcionando las herramientas de capacitación para mejorar la empleabilidad y asegurar una inserción laboral duradera y de calidad.

Y resaltan, como “cambio sustancial” que permite a los beneficiarios del programa compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Esto significa ingresos mensuales de hasta $540,000 para aquellos que están formalmente empleados, incentivando la retención y búsqueda de empleo formal y ofreciendo un apoyo en la transición hacia la formalización laboral. Todo lo cual, mencionan, supone un cambio paradigmático respecto a su predecesor, el programa Potenciar, que limitaba esta compatibilidad a un solo SMVM, desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal.

El “Programa de Acompañamiento Social” tiene la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social. Y apunta, “a mejorar las condiciones de vida de los mayores de 50 años, las madres de más de cuatro hijos y de los adultos mayores” que con situaciones especiales relacionados con la salud, la soledad y la seguridad financiera.

“La intención es ir más allá de la ayuda inmediata y buscar el empoderamiento de los individuos y sus núcleos familiares, fomentando la autonomía y la igualdad de oportunidades en una sociedad que aspira a ser más justa e inclusiva”, detallan.

El programa, según adelantan, tendrá un fuerte énfasis en la construcción de capacidades y el fortalecimiento familiar. En esa línea enumeran la organización de talleres y diálogos sobre educación, salud, nutrición y derechos humanos que fortalezcan el tejido social y comunitario. Y agregan la identificación y aprovechamiento de oportunidades económicas para incrementar los ingresos del hogar y asistencia técnica y capacitaciones para impulsar emprendimientos socio-productivos, apoyo financiero y técnico para proyectos que fomenten la economía solidaria.

Las prestaciones monetarias y no monetarias del programa se centran “en reforzar la capacidad de las familias para integrarse socialmente y romper el ciclo de pobreza intergeneracional”.

Las primeras se otorgarán por beneficiario, alineándose con la estructura del anterior programa Potenciar Trabajo. Cada prestación se definirá con precisión en las resoluciones específicas del programa, que también detallarán su duración y posibles actualizaciones. (DIB)

El Gobierno nacional oficializó este viernes la suspensión del pago por tres meses a más de 22.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habían realizado viajes al exterior, según determinó la justicia.

Así quedó establecido en la Resolución 82/2024, publicada en el Boletín Oficial, que lleva la firma del secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo María de la Torre.

De la Torre, hermano de Joaquín De la Torre, exintendente del partido bonaerense de San Miguel, analizó los tres supuestos causales de quita del programa que estableció el Gobierno y encontró que fueron incumplidos al menos uno en estos 22.501 casos.

Los tres supuestos para la suspensión del plan, cuyo monto es la mitad del salario mínimo, son: en primer lugar, que una persona haya realizado un viaje mayor a 30 días a cualquier destino; en segundo lugar, que el viaje haya sido en avión o crucero; y en tercer lugar, que el destino del viaje haya sido fuera de América Latina.

En tanto, se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano a “notificar la presente medida a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Se trata de un total de 22.501 titulares del programa Potenciar Trabajo, que perdieron “su condición de vulnerabilidad social” teniendo en cuenta “el volumen de los movimientos migratorios de cada beneficiario”, se indica en los considerandos de la norma publicada hoy. El pago por el plan Potenciar Trabajo es la mitad que el Salario Mínimo.

Según se recuerda en el texto, el 5 de octubre de 2023 -durante la gestión anterior- la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) formuló una denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior.

De esta manera quedó radicada una causa por supuesto “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en la secretaría Nro. 2 del Juzgado Federal Nro. 1, con intervención de la Fiscalía Federal 5.

Luego, el 22 de noviembre de 2023 se libró un oficio al entonces Ministerio de Desarrollo Social -que encabezaba Victoria Tolosa Paz- para “determinar quienes se encuentran cumpliendo los requisitos de compatibilidad e incompatibilidad para ser beneficiario del mismo, así como todos los datos personales y laborales de los responsables de dicha área, desde el día de creación del beneficio mencionado hasta la actualidad”, una solicitud que fue reiterada el 28 de diciembre de 2023, ya con el nuevo gobierno.

Según se detalla en la resolución, el 9 de enero pasado, el ministerio realizó una presentación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, de la ciudad, en donde “se requirió autorización para el acceso a la Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los Beneficiarios del Potenciar Trabajo” y la justicia libró un oficio autorizando el acceso al entrecruzamiento.En ese entrecruzamiento de datos, se analizó que los viajes detectados hayan sido “mayor a 30 días a cualquier destino, y/o que el viaje haya sido en avión o crucero y/o que el destino del viaje haya sido fuera de la región de Latinoamérica”.

La resolución indica que los beneficiarios afectados pueden presentar un reclamo respaldado por la documentación correspondiente, que será evaluada por las autoridades. Si cumplido el plazo de tres meses desde la suspensión, no se presentó ningún reclamo, se resolverá el egreso del programa social. (DIB)

Después de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara que en la ciudad de Buenos Aires les quitarán los planes sociales a aquellas familias cuyos hijos o hijas no asistan al colegio, desde el Gobierno nacional rechazaron la posibilidad de avanzar con una medida similar porque tiene “un tinte represivo y punitivo”.

Quien descartó la posibilidad de copiar la iniciativa y aplicarla para los beneficiarios nacionales, algo que había recomendado el mandatario de PRO, fue la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, al asegurar que la decisión del Ejecutivo porteño aparece como un “castigo” y una “doble estigmatización”.

En principio, la portavoz ponderó Ciudadanía Porteña, al decir que fue el primer programa de refuerzo de ingreso universal y que en un año llegó a 80.000 familias que recibían el 75% de la canasta básica “para luchar contra la indigencia”. Actualmente, el plan asiste a más de 40.000 hogares con una transferencia directa para la compra de útiles escolares y alimentos.

Después de enumerar las pautas para acceder a ese beneficio según la ley que lo creó -regularidad escolar, vacunación obligatoria y búsqueda de trabajo para los adultos del hogar-, Cerruti consideró que estos tres ítems, en realidad, son “corresponsabilidades y no requisitos” debido a que tanto el Estado como la familia “se comprometen a llevarlo adelante”.

Fue ahí cuando apuntó contra el retiro de la ayuda social a quienes no asistan a los colegios. “Estas corresponsabilidades son un marco para ayudar a las familias a salir de la situación de vulnerabilidad y no pueden ser usadas como un castigo, una doble estigmatización, una herramienta fiscal para bajar la ayuda”, planteó. Y siguió: “Una familia en situación de vulnerabilidad necesita que el Estado la acompañe, ayude e incentive a volver a una situación de regularidad escolar, de trabajo y de salud; y no que la castigue por no hacerlo”.

En tanto, el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera, consideró que la decisión de Rodríguez Larreta tiene “un tinte represivo y punitivo”, y consideró que la medida “no ayuda a generar soluciones” ya que termina “castigando a las familias más pobres” de la ciudad de Buenos Aires.

“Si un chico no va a la escuela es un problema, pero si encima se le saca la ayuda a la familia, estamos generando otro problema”, dijo el funcionario en declaraciones a la agencia estatal Télam, en las que consideró que se trata de una medida que es “más para los diarios y que tiene un tinte represivo y punitivo”. Para el funcionario, los motivos que explican la inasistencia escolar tienen que ver con una “multiplicidad de factores” como “las condiciones de la familia, el nivel socioeconómico en el que vive, temas de salud o salud mental”. (DIB) FD

Organizaciones sociales marcharon este mediodía en el centro de Pilar, en reclamo por el control de los planes sociales, administrados actualmente por las agrupaciones.

Es que la intención sería que sean los intendentes y gobernadores los que gestionen y entreguen esos beneficios, como el Potenciar Trabajo, lo que encendió el rechazo de, por ejemplo, Barrios de Pie Pilar - Libres del Sur.

De hecho, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó el rol de los movimientos sociales, lo que generó más malestar.

«Se trata de una jornada de lucha nacional en todos los municipios y las gobernaciones, en conjunto con el Bloque Piquetero, para reclamar en contra del ajuste y la pobreza, y en contra de la persecución y las declaraciones de Cristina», explicó Ana Barreto, de Libres del Sur.

«Ella (por Cristina Fernández) forma parte de este gobierno que responde a la pobreza con más ajuste, y al acuerdo con el FMI, bajar el déficit y el gasto social. Desmerecer nuestro trabajo, el de las organizaciones sociales, donde asistimos alimentariamente a muchas familias y plantear que los planes tienen que ser manejados por los intendentes y los gobernadores fue una falta de respeto», añadió la dirigente en diálogo con el programa Agenda Propia (105.9).

Barreto puso como ejemplo el plan «Potenciar Trabajo», que le otorga a cada beneficiario 22.700 pesos por mes, es decir la mitad del sueldo mínimo, a cambio de 20 horas de trabajo por semana.

Esas labores van desde limpieza de espacios públicos como la labor en merenderos y comedores.

El debate que subyace es el del manejo de esos dineros. Para Barreto, que sean los jefes comunales o los gobernadores quienes los administren sería volver a los «punteros y el clientelismo».

No obstante, Barreto admitió que desde su agrupación reciben dinero de los beneficiarios, aunque aclaró que se trata de sumas voluntarias que solventan los gastos de la organización, actividades o, por ejemplo, el traslado de mercadería que no hace en tiempo y forma el Ministerio de Desarrollo.

«La realidad es que hoy el plan Potenciar Trabajo es el único ingreso de muchas familias, y son 22.700 pesos. Una familia que tiene eso como único ingreso tiene que recurrir a changas, a la mercadería que se entrega en Acción Social o merenderos. Recibimos por parte del gobierno alimentos que destinamos a comedores y a la gente de los barrios. En lo que va del año el Ministerio de Desarrollo debería haber entregado la comida una vez por mes, y sin embargo lo hace cada dos meses», explicó Barreto.

«En Pilar lo que hacemos es poder garantizar el traslado de la mercadería, los fletes, porque el Ministerio no la trae, y alquilar nuestros depósitos. Contamos con un fondo en común donde cada uno aporta lo que quiere, lo que puede, es voluntario. Y además (con esos dineros) garantizamos la logística como organización o por ejemplo las bolsas de consorcio con las que se recolecta la basura cuando los beneficiarios trabajan en la calle. Sería lo ideal que el Estado se haga cargo de la distribución, pero eso no ocurre. Cuando a Potenciar Trabajo lo manejaban los intendentes no había contraprestación, sino que los obligaban (a los beneficiario) a trabajar en campañas electorales. Nosotros hacemos trabajos en merenderos, limpiamos escuelas, plazas y el centro de Pilar, con una carga de 20 horas semanales, además de capacitación en oficios. No queremos volver a manejos vergonzosos y punteriles», concluyó.