El Gobierno bonaerense aprobó este miércoles un nuevo régimen para la adjudicación de viviendas sociales y la regularización dominial en barrios populares, con el objetivo de unificar criterios, simplificar trámites y mejorar el acceso a soluciones habitacionales para sectores vulnerables.

La medida, oficializada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, establece un marco general de actuación para el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que será el encargado de implementar este régimen en los procesos de reurbanización integral. La normativa busca ordenar la selección de beneficiarios, la adjudicación de viviendas, los mecanismos de control y la organización de la convivencia entre adjudicatarios.

El decreto también faculta al OPISU a diseñar programas específicos para cada proyecto, donde se definirán aspectos clave como el valor de las viviendas, los plazos de pago y la posibilidad de aplicar quitas o planes especiales en casos de extrema vulnerabilidad socioeconómica. En ese sentido, se establece que los valores no podrán incluir ni las mejoras realizadas por los vecinos ni la valorización del suelo.

Asimismo, la norma dispone que el régimen aprobado será complementado, en los aspectos no previstos, por el Decreto N° 134/17, que regula la adjudicación de viviendas sociales en la provincia de Buenos Aires, y exceptúa estos procesos de otras disposiciones administrativas para agilizar su implementación.

La iniciativa se enmarca en la política de acceso justo al hábitat establecida por la Ley N° 14.449 y en los principios constitucionales que promueven el acceso a la vivienda, contemplando tanto la construcción de nuevas unidades como la regularización de barrios informales. Además, se prevé la intervención de la Escribanía General de Gobierno en la formalización de los actos notariales necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las adjudicaciones y titularizaciones.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó un régimen para el recupero de la inversión en viviendas sociales. La iniciativa, Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el Instituto de la Vivienda, busca “hacer más justo” el sistema de cuotas que pagan las familias adjudicatarias y hacerse de fondos para encarar nuevas obras.

La nueva modalidad surge tras el análisis del sistema vigente, en el que se detectaron diferencias significativas entre los montos de las cuotas que pagan familias de distintos barrios y proyectos habitacionales, lo que en muchos casos generaba desigualdades y dificultades para sostener los pagos.

Por eso, con el objetivo de garantizar que la inversión del Estado provincial en la construcción de viviendas permita realizar nuevas obras, se decidió avanzar con el Régimen de Recupero de la Inversión en Vivienda. El mismo establece una metodología actualizada para determinar y actualizar las cuotas que deben abonar las familias adjudicatarias, buscando equilibrar la inversión realizada por el Estado con la capacidad real de pago de los hogares.

Por otro lado, se creó un Plan de Saneamiento y Consolidación de Deuda – Período Hogar BA, destinado a las familias que registren cuotas impagas hasta el 15 de mayo de 2026. A través de este mecanismo podrán regularizar su situación y reordenar sus planes de pago.

El recupero de las cuotas es una herramienta clave para sostener la política habitacional, ya que los fondos que regresan al sistema del Estado bonaerense se reinvierten en nuevas obras y permiten ampliar el acceso a la vivienda a más familias.

De esta manera, la Provincia busca fortalecer un sistema solidario en el que el esfuerzo conjunto entre el Estado y los bonaerenses garantice condiciones más equitativas para quienes ya han sido adjudicatarios de una casa construida con inversión pública.

Según la resolución publicada en el Boletín oficial, el plan de pagos del Régimen General de Recupero consiste en 360 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Su monto va a depender del precio final de la vivienda aplicando la cotización de Unidades de Vivienda (UVI) elaborado por el Banco Central todos los meses. El valor de los inmuebles se va a determinar multiplicando la cantidad de metros cuadrados construidos por el costo del metro cuadrado en UVI.

Mientras que el valor máximo de la cuota no podrá superar el 30% de dos salarios mínimos vitales y móviles, se informó que para entrar en mora los adjudicatarios deberán pagar 6 cuotas fuera de término. Pero si llegan a las 9 cuotas, las autoridades podrán impulsar acciones administrativas o judiciales.

En tanto, hasta el 30 de junio estará la posibilidad de sumarse a un plan de cancelación de pagos con quitas de hasta el 30%. De acuerdo a la normativa, las personas adjudicatarias podrán cancelar en un único pago el saldo actualizado de las cuotas por vencer con descuentos del 10, el 20 y hasta el 30 por ciento según la cantidad de pagos que adelanten.

Fuente: Agencia DIB

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de 430 escrituras gratuitas a familias del municipio de Morón, donde además inauguró las obras de ampliación de la Escuela Secundaria N°34. Fue junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente local, Lucas Ghi.

“Argentina está viviendo momentos muy críticos a causa de un programa económico que favorece a un puñado de personas y excluye a los sectores trabajadores, a las pymes y a la industria”, sostuvo Kicillof y agregó: “Necesitamos que en el país las prioridades dejen de ser la timba y las criptomonedas, y vuelvan a ser la educación, la salud, el empleo y la justicia social”.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 430 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. De esta manera, son 1.136 las escrituras entregadas en Morón desde el inicio de la gestión.  

En ese contexto, Kicillof afirmó: “En la Provincia creemos que la seguridad jurídica no debe alcanzar sólo a las familias con mejores posibilidades económicas, sino también a los sectores populares a los que una escritura les es inaccesible a los valores de mercado”.

Por su parte, Mena remarcó: “En tiempos donde se cuestiona el rol del Estado, nosotros reivindicamos la política como herramienta de transformación: estos títulos de propiedad gratuitos son un acto de justicia social y de perseverancia después de años de esfuerzo y lucha de cada una de las familias”.

“Muchas familias de Morón hoy están recibiendo su escritura, y eso no es un gesto de generosidad de ningún gobierno, sino el cumplimiento efectivo de un derecho: fue posible gracias a la decisión política de una gestión que protege y piensa en el futuro”, subrayó Ghi.

Durante la jornada, las autoridades inauguraron las obras de ampliación de la ES N°34 “María Luisa Anido”, en la cual se construyeron cuatro nuevas aulas, SUM, hall de acceso, dependencias administrativas y sanitarios, a partir de una inversión de $1.301 millones.

Al respecto, Terigi remarcó: “Las nuevas instalaciones que inauguramos eran muy esperadas por la comunidad educativa del distrito: estamos muy orgullosos de seguir construyendo, ampliando y mejorando los edificios escolares de todos los niveles y en cada rincón de la Provincia”.

Por último, Kicillof remarcó: “La deserción del Estado nacional en la educación pública es preocupante: dejaron de enviar libros gratuitos, eliminaron el Fondo de Incentivo Docente y paralizaron todas las obras de infraestructura escolar”. “Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires elegimos el camino opuesto: invertir cada vez más para mejorar la calidad del sistema educativo bonaerense”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci; la senadora nacional Juliana Di Tullio; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Coordinación Institucional del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana; el dirigente Juan Zabaleta; la directora de la Escuela Secundaria N° 34, Romina Libralato; funcionarios y funcionarias locales.

Concejales del oficialismo y la oposición protagonizaron un nuevo cruce en el recinto de sesiones al tratar el proyecto que prevé la construcción de viviendas sociales en el distrito.

Es que este jueves se votó en la quinta sesión ordinaria una serie de modificaciones catastrales que se efectuaron en el proyecto original que establece la construcción de unidades funcionales en el barrio San Alejo.

Puntualmente, se trata de un cambio en la cantidad de viviendas que se erigirán. Según se desprende del expediente, se pasó de poco más de 200 a 182 casas que se construirán en ese barrio.

Al mismo tiempo, el texto establece la desafectación de parcelas que serán destinadas a la construcción de un Centro de Desarrollo Integral, espacios verdes, una escuela entre otros servicios comunitarios.

“Este proyecto trabaja en el sentido de que 182 familias de Pilar puedan acceder a la casa propia. Un proyecto que contempla el Centro de Desarrollo Infantil, el espacio que va a ser destinado a una escuela y un nuevo club en San Alejo. La pandemia macrista nos dejó un Pilar con retraso en muchísimas cuestiones. En ese contexto, nosotros creemos que la salud, la educación, el deporte, la cultura son muy importantes y también lo es que muchas familias puedan acceder a la vivienda propia y que esto genere justicia social”, defendió el presidente del bloque del Frente de Todos, Silvio Rodríguez.

Desde la oposición, en tanto, la edil del PRO, Adriana Cáceres planteó que, según su mirada, “el Municipio busca reducir la cantidad de viviendas que este mismo cuerpo ya votó en Diciembre del año pasado”.

“Al kirchnerismo no solo le gusta inaugurar 10 veces la misma obra sino que también trata más de una vez en el mismo recinto un mismo proyecto, que ahora además reduce la cantidad de viviendas. Queremos que en Pilar se hagan obras, pero no de esta manera desarticulada, sin planificación, sin rumbo, donde nos hacen votar una cosa, y ahora nos vuelven a traer el mismo proyecto modificado”, se quejó Cáceres quien se abstuvo de votar la iniciativa.

Y si bien, desde el oficialismo explicaron que las modificaciones tienen que ver con poder sumar servicios al nuevo barrio, la oposición no quedó satisfecha con las modificaciones al proyecto original.

“La modificación de este proyecto de ordenanza es para integrar otros convenios que vinieron después. En esas manzanas se va a construir un CDI, a través de un convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación; se va a terminar el Jardín de Infantes 935 - jardín que estuvo parado por años y que el gobierno anterior no lo pudo terminar -; se va a construir una plaza, se está terminando el Club Municipal tribarrial”, explicó, por su parte, el concejal Iván Giordano.

“¿Quién puede estar en contra de que se construyan viviendas? La última vez que se construyeron viviendas en Pilar fue hace 11 años, y las hizo un gobierno peronista y kirchnerista”, contragolpeó Giornado al tiempo que aclaró que “la cantidad de viviendas que este proyecto de ordenanza modifica, se van a destinar a otros barrios y planes que se encuentran parados”.

En tanto, desde la bancada de Comunidad Pilarense, el edil Flavio Álvarez se quejó por “siempre tener que estar emparchando cuestiones del Intendente y sus funcionarios”.

“Aprobamos un expediente para la construcción de 203 viviendas, y hoy lo que estamos aprobando acá es una quita de 21 viviendas. No puedo ponerle otro título. Más allá de la redistribución, más allá de lo que digan, hay 100 personas se quedan sin su vivienda”, insistió Álvarez quien no acompañó con su voto el expediente.

Quien respondió también a la postura de la oposición fue el concejal Juan Pablo Trovatelli que volvió a explicar que las modificaciones responden a cuestiones técnicas y remarcó que “lo más cerca que estuvo la gestión anterior de llevar soluciones habitacionales fue con la entrega de los microcréditos”.

“Eran 400 millones de pesos que tenían que ver con mejoras habitacionales para las familias más vulnerables de nuestro partido. Pero por ese plan terminaron todos procesados porque no entregaron un solo microcrédito sino que se lo llevaron a sus bolsillos”, disparó Trovatelli.

Finalmente, las modificaciones al proyecto fueron avaladas por la mayoría de las y los concejales.