La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal redujo las multas impuestas a Desarrollos Inmobiliarios del Pilar SRL (DIP) y EIDICO S.A., pero confirmó que ambas firmas incumplieron el deber de informar a los compradores del barrio San Ramón, en Pilar del Este, y que dos de las cláusulas de sus contratos eran abusivas.

El fallo, firmado el 11 de agosto por los jueces Liliana María Heiland y Rodolfo Facio, corresponde al expediente 16.358/2026, "Desarrollos Inmobiliarios del Pilar SRL (DIP SRL) y otro c/ EN-M Economía (EX 2006574/25 - DISP 280/26) s/Recurso Directo Ley 24.240 - Art. 45".

Según el fallo al que tuvo acceso Pilar de Todos, un grupo de adquirentes de San Ramón denunció a las dos empresas el 15 de octubre de 2024 ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. El reclamo apuntaba, entre otros puntos, a gastos que consideraban infundados o sin respaldo documental, liquidaciones mensuales, una planilla de aportes, la aplicación de la ley de hábitat, la administración de urbis, la contratación de proveedores y el alcance del mandato que las firmas ejercían sobre el barrio.

La audiencia de conciliación prejudicial, realizada el 29 de enero de 2025, terminó sin acuerdo entre las partes. El expediente pasó entonces a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial (SSDCyLC), que abrió el sumario administrativo.

La SSDCyLC había sancionado a ambas firmas el 18 de febrero de 2026 con una multa individual equivalente a 29 canastas básicas total tipo hogar 3 (CBT), según los valores que publica el INDEC. A DIP le imputó infracciones a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240, por incumplir el deber de informar y por incorporar cláusulas abusivas en sus contratos. A EIDICO le atribuyó el incumplimiento del artículo 4, vinculado exclusivamente con la falta de información a los compradores.

La Cámara confirmó ambas infracciones, aunque dejó sin efecto los reproches sobre dos de las cuatro cláusulas cuestionadas. Por ese motivo, redujo la multa a 20 CBT para cada empresa.

Antes de entrar en el fondo del reclamo, las firmas habían pedido que se declarara prescripta la acción, con el argumento de que las cláusulas objetadas pertenecían a contratos firmados en 2012. También cuestionaron la validez de las notificaciones que la autoridad administrativa les cursó a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), y sostuvieron que esa modalidad había vulnerado su derecho de defensa.

El tribunal rechazó los dos argumentos. Sobre la prescripción, remarcó que las cláusulas seguían regulando una relación contractual vigente y que el plazo no podía contarse desde la firma de los contratos, sino desde la denuncia de octubre de 2024. Sobre las notificaciones, verificó que los números de CUIT utilizados por la plataforma TAD correspondían a las propias firmas sancionadas y que ambas habían participado sin objeciones de la audiencia de conciliación previa.

El eje central del litigio fue el deber de informar que la Ley de Defensa del Consumidor impone a los proveedores. La Cámara sostuvo que, a diferencia de otros casos similares donde la imputación había sido genérica, en este expediente estaban identificados con precisión los pedidos concretos formulados por los denunciantes.

"Las firmas recurrentes no aportaron ninguna prueba que demuestre que esas solicitudes hayan sido efectivamente atendidas. No se refutó, pues, la comisión de una infracción al deber de información previsto en el artículo 4 de la ley 24.240", sostuvo el tribunal.

La resolución administrativa había cuestionado cuatro cláusulas del contrato: la 1 ("Objetivos"), la 2 ("Alcance del mandato"), la 12 ("Ritmo y criterios básicos para la ejecución de las obras") y la 20 ("Jurisdicción y domicilios"). La Cámara revocó la imputación sobre las dos primeras, al no advertir que se hubiera configurado el abuso señalado por la SSDCyLC.

En cambio, confirmó que las cláusulas 12 y 20 eran abusivas y contrarias al Anexo I de la Resolución 53/2003. Sobre la primera, el fallo indicó que "amplían los derechos de la empresa predisponente [...] ya que establece una exoneración de responsabilidad de la empresa predisponente, poniendo la misma en cabeza del consumidor". Sobre la segunda, que otorgaba a las firmas la facultad exclusiva de fijar la jurisdicción de San Isidro para cualquier litigio, sostuvo que "resulta abusiva, en tanto otorga al proveedor la facultad exclusiva de elegir el tribunal competente para las controversias que se susciten con motivo del contrato analizado".

Para resolver este punto, la Sala I tomó como referencia un antecedente de la Sala II —expediente 9875/2025, sobre un reclamo de compradores del Barrio San Ramiro, también en Pilar del Este—, al considerar que existía una analogía sustancial entre ambos casos.

Las firmas habían planteado, además, que el vínculo con los compradores debía entenderse como un contrato asociativo, de colaboración entre partes con intereses recíprocos. La Cámara descartó ese argumento y confirmó que se trataba de un contrato de adhesión, redactado unilateralmente por las empresas.

"El consumidor o usuario tiene, en principio, libertad de contratación, más no libertad de configuración", señaló el fallo al describir la diferencia de posiciones entre las firmas y los compradores.

EIDICO había argumentado que no era parte de los contratos cuestionados y que, por lo tanto, no correspondía sancionarla por su contenido. Según las constancias del expediente, la firma actúa como organizadora del barrio, mientras que DIP es la desarrolladora del emprendimiento. Para la Cámara, esa distinción no exime a ninguna de las dos de responsabilidad, ya que ambas intervienen en la operación comercial que dio origen a los reclamos.

Las autoridades siguen con la búsqueda de un puma que fue visto en las inmediaciones de un country de Pilar.

Se trata de un felino divisado en el perímetro del barrio Los Jazmines, de Pilar del Este, ubicado en Villa Rosa.

El animal fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, al tiempo que desde la administración del barrio emitieron un comunicado a los propietarios dando pautas de seguridad.

En ese sentido, pidieron que, en caso de encontrarse con el ejemplar, no acercarse, dar aviso a Defensa Civil (103) y avisar luego a la guardia del country.

Asimismo pidieron no alimentar al animal y también mantener a las mascotas dentro de las casas.

Con el objetivo de dar con el puma, se despliega desde la mañana de esta jornada un importante operativo en la zona, del que participan efectivos de la Policía de la Provincia, el área de Fauna bonaerense con el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Municipio, al tiempo que también su sumaron drones para dar con el animal, rastrillajes que se mantendrán durante la noche.

Avistaron un puma en inmediaciones de un barrio cerrado de Pilar https://t.co/knxrxMXv7S pic.twitter.com/e2D3HsK7dv

Vecinos de un barrio privado de Pilar se mantienen atentos luego de haber visualizado a un puma que merodeaba cerca del perímetro.

El animal apareció en las inmediaciones de la urbanización Pilar del Este en la localidad de Villa Rosa y fue captado por las cámaras de vigilancia con las que cuenta el predio.

El puma rondaba el perímetro, más precisamente en cercanías del barrio Los Jazmines, por lo que desde la administración del barrio han emitido un comunicado a los propietarios del lugar informando el hallazgo y dando pautas de seguridad.

En ese sentido, pidieron que, en caso de encontrarse con el ejemplar, no acercarse, dar aviso a Defensa Civil (103) y avisar luego a la guardia del country.

Asimismo pidieron no alimentar al animal y también mantener a las mascotas dentro de las casas.

Para intentar dar con el felino, se despliega en la zona un operativo en el que participan efectivos de la Policía de la Provincia, el área de Fauna bonaerense con el apoyo de la Secretría de Seguridad del Municipio. Mantendrán una vigilancia especial en el lugar durante la noche

Avistaron un puma en inmediaciones de un barrio cerrado de Pilar https://t.co/knxrxMXv7S pic.twitter.com/e2D3HsK7dv

Vecinos de varios barrios cerrados de Pilar del Este llevaron a cabo una manifestación para denunciar irregularidades que incluyen la falta de escrituración de sus propiedades y un aumento desproporcionado en las expensas, que alcanzaron los $600.000 mensuales por lote.

Apuntan a la desarrolladora Eidico como principal responsable de la situación, que describen como insostenible.

El problema no es nuevo, pero se ha agravado en los últimos meses con la previsión de un incremento en el impuesto inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires, aún no aprobado por la Legislatura.

"Pagamos $15.700.000 de tasa municipal y estimaron $220.000.000 por cuota bimestral de ARBA, lo que equivale a medio millón por lote. Somos rehenes de Eidico", denunciaron los vecinos.

La principal queja radica en la ausencia de subdivisión de los terrenos, lo que obliga a los propietarios a pagar impuestos como si vivieran en grandes extensiones de tierra, en lugar de lotes individuales.

Esto se traduce en una aplicación de impuestos más altos de ARBA.

Además, los vecinos señalaron la falta de transparencia en la administración de Eidico.

El aumento en las expensas

Las expensas, que hace un año rondaban los $220.000, han subido a $600.000 por lote, según las denuncias vecinales.

Los propietarios atribuyen este aumento al cálculo anticipado que hizo Eidico sobre la posible evolución del impuesto inmobiliario.

Habitantes de barrios como San Ramón, Santa Elena y Santa Guadalupe se reunieron en la avenida Parque y El Pórtico para exigir soluciones inmediatas. “Pedimos que el municipio intervenga para que los lotes sean subdivididos, y cada propietario pague lo que realmente le corresponde”, señalaron en un comunicado.

La postura de Eidico y la Provincia

Desde Eidico aseguraron que están trabajando para regularizar la situación, pero atribuyen el retraso a cuestiones administrativas.

“La valuación y los montos a tributar no son facultad de Eidico y no tenemos ninguna influencia. Como desarrolladores, nuestra obligación es declarar mejoras anualmente en nombre de los propietarios. En paralelo, seguimos trabajando fuertemente en las aprobaciones para la subdivisión y que cada propietario tribute en forma individual el impuesto inmobiliario”, respondió Eidico ante la consulta de Clarín.

“Existe un régimen de regularización de barrios cerrados creado por la Provincia para simplificar dichos trámites y aprobaciones, y estamos trabajando en avanzar en tal sentido. Como es habitual con otras cuestiones, la situación relacionada con las aprobaciones y ARBA es informada periódicamente en detalle a nuestros emprendimientos”, concluyeron.

Desde ARBA, en tanto, expusieron que se trata de un conflicto «entre particulares», y agregaron que la Ley Impositiva establece los impuestos a cobrar, y el urbano 2025, aaún no aprobado, tiene un tope del 28%, con descuentos del 15% para buenos contribuyentes.