El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita según lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS. 

El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, quien también fue ex Secretario de Salud de Pilar. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías. 

El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran ex funcionarios y empleados de la ANDIS y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.

En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Para Casanello, ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”. 

Según el fallo del magistrado la Andis se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.

“Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, añade el juez.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes-, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, añade el fallo. 

Fuente Noticias Argentinas. 

La Cámara Federal porteña ordenó la liberación del médico Pablo Atchabahian y dispuso el cese del arresto domiciliario que se le había impuesto en el marco de la causa ANDIS, al considerar que ya no existen razones procesales que justifiquen la medida.

El fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, revocó la decisión del juez Sebastián Casanello, quien había dispuesto la detención domiciliaria del imputado en su domicilio de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.

A criterio de los magistrados, la medida restrictiva “dejó de ser proporcional” por lo que “pueden aplicarse alternativas menos gravosas, similares a las que rigen para el resto de los imputados”. Los camaristas remarcaron que los argumentos utilizados para sostener la presunción de riesgo procesal “no se encuentran actualmente respaldados”.

La defensa del médico, ex funcionario de Pilar en 2011 y del gobierno de Mauricio Macri,, a cargo del letrado Mariano Fragueiro Frías, había cuestionado la detención al señalar que Atchabahian jamás había sido citado previamente en la investigación y que las presunciones construidas a partir de diversas escuchas telefónicas estaban “tergiversadas”.

La Sala II del Tribunal de Apelaciones señaló que los indicios sobre supuestas dificultades para ubicar a Atchabahian los cuales habían motivado la decisión inicial, correspondieron a una etapa temprana del expediente, cuando “no existía convocatoria alguna a su respecto”.

Además, los camaristas Irurzun Boico y Farah no advirtieron razones objetivas para suponer peligro de entorpecimiento en el devenir de la investigación y que el arresto domiciliario no aporta elementos para neutralizarlo. En ese sentido, los jueces ordenaron la “inmediata fijación” de medidas alternativas para asegurar la sujeción del imputado al proceso.

Para el fiscal Franco Picardi, Atchabahian integraba una estructura que habría intervenido en decisiones administrativas y contrataciones direccionadas. El 14 de noviembre pasado fue indagado por videoconferencia, se negó a declarar ante el juez y el fiscal y quedó detenido ese mismo día.

En una audiencia presencial celebrada la semana pasada ante la Cámara, su defensor afirmó que el médico “siempre estuvo en el mismo lugar” y negó que existiera riesgo de fuga. También aseguró que su intención es declarar y aportar explicaciones en el expediente.

Con información de NA

El pedido para que se levante la prisión domiciliaria del urólogo Pablo Atchabahian quedó formalizado ante el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. La presentación fue realizada por los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, quienes también patrocinan al exjuez Walter Bento.

Los defensores plantearon que el médico, detenido la semana pasada en un barrio privado de Luján de Cuyo, tiene arraigo en Mendoza y se encuentra en pleno ejercicio de su profesión, por lo que —según argumentaron— no habría elementos que indiquen riesgo de fuga. Por eso solicitaron el cese de la domiciliaria o, alternativamente, su reemplazo por medidas más leves, como la prohibición de salida del país y el pago de una caución.

De acuerdo con la causa, Atchabahian —exsecretario de Salud de Pilar de 2011 a 2015— habría actuado como nexo central entre la ANDIS y determinadas droguerías y laboratorios, direccionando compras de medicamentos de alto costo. Para la fiscalía, ese mecanismo posibilitó sobreprecios y el pago de coimas dentro de un sistema que funcionaba como “ventanilla de pagos millonarios y direccionados”, sin respetar los procedimientos administrativos ni los principios de transparencia.

En ese entramado también aparece mencionado Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud y persona de confianza de Atchabahian durante su paso por la agencia entre 2018 y 2019.

En el escrito presentado ante Casanello, la defensa apuntó directamente contra el dictamen del fiscal Franco Picardi. Cuestionó que, pese a extenderse a casi 300 páginas, el documento “no brinda la más mínima referencia al delito o grado de participación” atribuido al médico.

También acusaron al Ministerio Público de basarse en “argumentos inexactos y conjeturales”, citando como ejemplo la interpretación fiscal de una frase telefónica en la que Atchabahian había dicho que “por una cuestión personal trato de no abrir mensajes, ni nada”. Para los investigadores, reflejaba un intento de mantenerse al margen de la causa; para los abogados, fue apenas una expresión de “prudencia”, sin connotación procesal.

La defensa indicó además que Atchabahian no había sido formalmente notificado antes de su detención y aseguró que, una vez analizado el expediente, el médico —que hasta ahora no declaró— se presentará a hacerlo.

Indagatorias en marcha

El expediente avanza esta semana con nuevas declaraciones indagatorias. El empresario Miguel Ángel Calvete debía presentarse el martes, mientras que el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo ya declaró el miércoles. Hoy está previsto el turno de Garbellini.

Con esas instancias cumplidas y el dictamen fiscal en mano, el juez Casanello deberá definir la situación procesal de Atchabahian, incluido si continúa o no bajo prisión domiciliaria.

Pablo Atchabahian, oriundo de Pilar, aunque reside desde hace años en Mendoza. Es urólogo, ejerce en el ámbito privado y fue director médico de la clínica Santa Clara.

En la función pública tuvo una trayectoria extensa: fue secretario de Salud en Pilar; subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal; y luego director de Asistencia Directa en el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley. En 2018 desembarcó en la ANDIS, donde condujo el programa Incluir Salud hasta el final del gobierno de Mauricio Macri.

Tras dejar el sector público, continuó su actividad privada, incluida una vinculación con el laboratorio Roche mencionada en el dictamen fiscal.

Por la causa que investiga las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue detenido el exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri, Pablo Atchabahian.

El también médico urólogo, quien pasó por la secretaría de Salud de Pilar en 2011, está acusado de ser el vínculo entre los laboratorios y la ANDIS en la compra de medicamentos que, según se desprende de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ese organismo, se adquirían a cambio de sobornos que iban a la Casa Rosada.

Según trascendió, Atchabahian se negó a declarar ante el Juez, y quedó en carácter de detenido, pero en su casa.

El médico tuvo un rol clave durante la gestión de Mauricio Macri, cuando en el 2018 fue nombrado en la Agencia Nacional de Discapacidad, para luego pasar a ser Director de Acceso a los Servicios de Salud, siempre bajo la administración de Cambiemos.

Fuentes del sector aseguran que desde esos puestos tejió vínculos con diversas droguerías, entre ellas la Suizo Argentina, una de las señaladas por pagar coimas presuntamente destinadas al entorno del Presidente Javier Milei.

La medida se habría dado ya que Atchabahian no podía ser encontrado por la Justicia, según trascendió estaba en el interior del país, por lo que al momento de la indagatoria se decidió que permanezca detenido en su domicilio.

De hecho, según los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, del pago de esos sobornos, que eran del 8%, el 3% iba a la Secretaría General de la Presidencia, lugar encabezado por Karina Milei.

Además, Spagnuolo fue llamado a indagatoria por el fiscal Franco Picardi, quien consideró que se ha “reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria”, según reprodujo la Agencia Noticias Argentinas.

Además de los dos ya mencionados, la fiscalía también pidió la indagatoria de Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

"ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia", agregó el fiscal.

La investigación comenzó luego de que se conociera una serie de audios que corresponderían al propio Spagnuolo, quien reside en un barrio privado de Pilar, donde aseguraba que se pagaban coimas en torno a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Tras la publicación de los audios, Spagnuolo fue expulsado de la ANDIS, y más tarde aseveró mediante su defensor, Mauricio D’Alessandro, que los audios estaban editados y realizados con inteligencia artificial.