El Gobierno nacional dispuso la revisión de las solicitudes para acceder a los subsidios de electricidad y gas por redes que, después de un año desde su presentación, no hayan podido ser vinculadas con un suministro informado por las empresas prestadoras. Estos usuarios tendrán 60 días para actualizar sus datos.

La medida fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de depuración del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

La norma apunta específicamente a solicitudes en las que existe una inconsistencia entre los datos declarados por el usuario y la información sobre los suministros de electricidad o gas remitida por las prestadoras. El Gobierno consideró razonable establecer un plazo de un año desde el alta antes de someter esos trámites a revisión.

Los usuarios alcanzados deberán ser notificados a través de los medios de contacto que declararon al realizar el trámite. A partir de esa notificación tendrán 60 días corridos para rectificar, actualizar o completar los datos del suministro o informar uno nuevo que pueda ser correctamente vinculado.

Si transcurren esos 60 días sin que el usuario realice las modificaciones necesarias y continúa sin poder establecerse la vinculación con un suministro, la solicitud de subsidio será dada de baja.

La disposición no afecta a todas las personas que reciben subsidios ni implica una baja automática del beneficio por el mero paso del tiempo: el procedimiento se concentra en las solicitudes que llevan un año sin poder asociarse con los servicios declarados.

Quedan expresamente exceptuadas las solicitudes correspondientes al Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, ya que este tipo de provisión no está asociado a una red de distribución ni a un punto de suministro identificable mediante una prestadora y un número de cliente.

Los usuarios pueden consultar su situación respecto de los subsidios a través de Mi Argentina, en la opción Trámites, y solicitar una revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Fuente: Agencia DIB

El presidente Javier Milei anunció hoy el endurecimiento del régimen de sanciones contra empresas que operen la extracción de recursos en las Islas Malvinas y la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, durante una cadena nacional dedicada exclusivamente a la cuestión de la soberanía en las Islas en las que explícitamente citó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de que ese país revise su posición al respecto.

Milei dio un discurso de unos 10 minutos, rodeado de la totalidad de los miembros de su gabinete, de un fuerte tono reivindicativo en la soberanía argentina en las Islas en un marco de expectativa por el anuncio anticipado de que lo haría, lanzado el mismo día en que Trump mencionó por primera vez que evalúa la posibilidad de que EEUU revise su posición de neutralidad histórica en el conflicto, algo que volvió a sugerir hoy, de un modo menos explícito, en una entrevista en la que dejó clara la tensión política entre su país y Gran Bretaña.

Milei hizo foco en el proyecto Sea Lion, una iniciativa para extraer petróleo en la cuenca norte de Malvinas gestionado a través de una joint venture que integran las empresas israelí Navitas y la británica Rockhopper. “Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, dijo el presidente.

En concreto, Milei anunció en ese punto un decreto para “reglar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad” a la aplicación de la ley 26.659 -sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández- “para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos”. Dijo que endurecerán sanciones “tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas”.

Por otra parte, adelantó el envío de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de modificar la Ley N° 26.659 para crear un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y “que esta se aplique de forma transversal”. El presidente señaló que “esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas”.

Finalmente, en el plano de los anuncios Milei adelantó que “el Gobierno Nacional ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”. La referencia de Milei es a una base en Tierra del Fuego cuya construcción se detuvo hace unos meses.

Milei dejó en claro que tomó el guante que le dejó Donald Trump. El mandatario estadounidense viene amagando con revisar la el apoyo de ese país al Reino Unido. En su discurso, Milei dijo que los Estados Unidos “está revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”.

Y sostuvo que este posible cambio de posición se debe al “declive” del Reino Unido frente al “futuro floreciente” que promete Argentina. Según su opinión, esto se debe en parte a que Argentina no tiene los “problemas” de inmigración que sí tienen los británicos.

Milei finalmente convocó a la dirigencia “política, económica y social” de la Argentina a mostrar un “frente unido” en la causa por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Este tema demanda una pausa, que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como Nación y como sociedad. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, expresó Milei por cadena nacional.

Fuente: Agencia DIB.

Mientras la mayoría de los hogares argentinos con dificultades financieras aseguran que contrajeron deuda para cubrir alimentos o gastos de vivienda, la tarjeta de crédito pasó a jugar un rol clave. Y sólo un tercio de las familias pudo pagar el total del consumo.

De acuerdo a un relevamiento realizado por la consultora Inteligencia Analítica sobre un universo focalizado de 2.252 casos efectivos, el 48,2% de los consultados señaló a la tarjeta como su principal deuda, mientras que el 52,1% aseguró que es la obligación a la que destina el mayor pago mensual.

El informe también expuso el deterioro de la capacidad de pago de este segmento de la población. El 62,1% de los encuestados mantiene actualmente algún pago atrasado, mientras que el 77,2% reconoció que durante los últimos seis meses tuvo que recurrir a una deuda nueva para cancelar otra anterior. Los datos reflejan una dinámica en la que el crédito deja de utilizarse únicamente para financiar consumos y comienza a funcionar como una herramienta para cubrir gastos corrientes y obligaciones previamente contraídas.

La forma en que los usuarios afrontan los resúmenes de las tarjetas muestra otra señal de ese deterioro. Apenas el 36% de los consultados pagó el total de su último resumen, mientras que el 27,6% abonó más que el mínimo, pero menos que el total. A su vez, el 18,4% pagó solamente el mínimo y otro 11,8% realizó un pago inferior a ese monto.

De esta manera, tres de cada diez encuestados no cancelaron siquiera el total exigido para evitar la financiación del saldo. La situación adquiere mayor relevancia porque los pagos parciales dejan un saldo pendiente que continúa generando intereses y puede incrementar el costo de los consumos realizados con la tarjeta.

Un ejemplo permite dimensionar el efecto que puede tener esta conducta. Una persona que tiene una tarjeta con un límite de $2 millones realiza todos los meses $500.000 en consumos en un pago y otros $600.000 en compras financiadas en seis cuotas. Si en lugar de cancelar el resumen completo opta sistemáticamente por el pago mínimo, el saldo pendiente comienza a acumular intereses y reduce progresivamente el crédito disponible.

En una simulación con esas características, el pago mínimo comienza representando una porción relativamente baja de la deuda, pero aumenta rápidamente a medida que se acumulan los saldos financiados. En el segundo mes alcanza $337.653 y en el tercero trepa a $771.540. Para el cuarto mes llega a $1.102.369 y representa el 56% de la deuda. Hacia el sexto y séptimo mes, la relación entre el pago mínimo y el saldo adeudado alcanza aproximadamente el 65%. El ejemplo muestra cómo mantener los consumos y pagar únicamente el mínimo puede convertir al crédito disponible en una deuda cada vez más difícil de reducir.

El relevamiento de Inteligencia Analítica también mostró hasta qué punto el endeudamiento comienza a retroalimentarse. El 77,2% de los consultados utilizó una deuda nueva para cancelar una obligación anterior durante los últimos seis meses. Dentro de ese grupo, el 63,2% recurrió a esa estrategia en más de una oportunidad y el 14% lo hizo una sola vez. Solo el 21% del total afirmó no haber utilizado una nueva deuda para pagar otra durante ese período.

La relación con los atrasos aparece con claridad en los resultados. Entre quienes no utilizaron deuda para cancelar otra obligación, el 62,3% no registra pagos atrasados. En cambio, entre quienes recurrieron varias veces a esa estrategia, la proporción de personas sin atrasos cae al 25,7%.

El circuito que surge de los datos comienza con la insuficiencia del presupuesto para afrontar los gastos habituales. Ante esa situación, los hogares recurren al crédito, acumulan cuotas y luego necesitan nuevas herramientas de financiamiento para cumplir con las obligaciones anteriores. El resultado es un incremento del nivel de endeudamiento y una mayor exposición a la mora.

Fuente: Agencia DIB

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las críticas de referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y defendió el rumbo económico del Gobierno, en particular la apertura comercial.

En un discurso con fuertes cuestionamientos al esquema de protección de la industria nacional, aseguró que su responsabilidad es defender los intereses del conjunto de los argentinos y no los de determinados empresarios.

“Me toca defender los intereses de los 48 millones de argentinos, no de algunos empresarios en particular”, afirmó Caputo durante su exposición en el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad.

La definición llegó pocas horas después del acto por el Día de la Industria, donde el titular de la UIA, Martín Rappallini, había reclamado al Gobierno la construcción de “un puente” entre la economía que queda atrás y el modelo competitivo que el sector pretende alcanzar. En ese mismo encuentro, el vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, había sido mucho más duro con el ministro.

Moretti acusó al Gobierno de impulsar políticas de “desindustrialización” y cuestionó personalmente a Caputo. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, sostuvo. Y agregó: “Esta gente no conoce el país, no sabe lo que es una fábrica”.

Caputo aludió a esas declaraciones sin mencionar directamente a Moretti. “Hoy en particular hubo algún industrial que no fue respetuoso”, señaló, aunque aclaró que prefería dejar de lado las formas para concentrarse en la discusión de fondo.

“Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera. Segundo, porque entiendo que cada uno defiende sus intereses y eso es inevitable”, sostuvo. Pero inmediatamente marcó su posición: “A mí, como ministro de Economía, me toca defender los intereses de los 48 millones de argentinos, no de algunos empresarios en particular”.

El jefe del Palacio de Hacienda cuestionó además el funcionamiento del modelo económico anterior, al que caracterizó como una economía cerrada, con déficit fiscal financiado mediante emisión y distintos mecanismos de protección para la industria.

Según Caputo, las empresas recibían beneficios vinculados con los costos de la energía, el tipo de cambio y las restricciones a la competencia externa. Ese esquema, afirmó, terminó perjudicando a los consumidores argentinos, que llegaron a pagar determinados productos entre dos y diez veces más que en países vecinos.

Mencionó entre otros ejemplos a los automóviles, la indumentaria, el calzado, los productos electrónicos, los celulares y los neumáticos. “Desde el punto de vista ya moral, a nosotros eso nos parece absolutamente injusto”, sostuvo.

Y profundizó: “La forma no puede ser que los argentinos sigan subsidiando a determinados empresarios. La forma es invertir, competir y lograr que la gente tenga acceso a los mejores productos a mejores precios”.

Las declaraciones de Caputo se produjeron en medio de un creciente contrapunto entre el Gobierno y la industria. Rappallini había advertido que la producción se encuentra un 10% por debajo de los niveles de 2022 y que algunos sectores acumulan caídas de hasta el 30%. También señaló una pérdida de 90.000 empleos registrados.

El titular de la UIA reclamó que la economía no sea evaluada únicamente a partir de la evolución de la inflación y pidió establecer un “puente” para acompañar la transición hacia un modelo más competitivo.

Caputo, en cambio, sostuvo que la mayoría de los empresarios comprende que el cambio de modelo es necesario y que algunos sectores deberán atravesar procesos de reconversión e inversión para competir con productos importados.

En ese sentido, rechazó que la solución para la industria pase por una mayor devaluación. “La cosa no pasa por el tipo de cambio”, afirmó. Para el ministro, la competitividad debe surgir de una reducción de impuestos y regulaciones, un menor costo financiero y mejoras en infraestructura.

También defendió la denominada “economía en dos velocidades”, una expresión que utilizó para explicar el crecimiento dispar entre sectores. “No es algo negativo. Es algo obvio”, aseguró, y sostuvo que la reasignación de recursos permitirá fortalecer a las actividades con mayor capacidad exportadora.Agencia DIB

Más de la mitad de los hogares argentinos —el 52%— se ubica en la clase baja, según un relevamiento de la Consultora W sobre la estructura social del país. El dato surge de sumar dos segmentos: el 30% que corresponde a la clase baja no pobre y el 22% que integra la clase baja en situación de pobreza, este último con un ingreso promedio de $1.000.000 por hogar.

El ingreso familiar promedio en la Argentina alcanzó los $2.800.000 netos, de acuerdo con el mismo informe. Sin embargo, ese número no refleja la realidad de la mayoría de los hogares: el 78% percibe ingresos por debajo de esa cifra, lo que evidencia una fuerte concentración del ingreso en la parte alta de la pirámide.

El estudio divide a la sociedad argentina en cinco estratos. En la base están los hogares de clase baja en pobreza, que necesitan un ingreso de referencia de $1.000.000 mensuales y representan el 22% del total. Por encima se ubica la clase baja no pobre, con un piso salarial de $1.500.000 por hogar y una participación del 30%, lo que la convierte en el segmento más numeroso de todos.

La clase media baja agrupa al 26% de los hogares, con ingresos que arrancan en $2.500.000 mensuales. Más arriba, la clase media alta concentra al 17% de la población, con salarios de entre $4.500.000 y $6.500.000.

En el extremo superior de la pirámide, la clase alta reúne solamente al 5% de los hogares argentinos. Para integrar ese segmento, una familia necesita un ingreso mensual de al menos $9.000.000, casi el triple del promedio general.

El resultado final, según la Consultora W, es una estructura donde los estratos bajos —pobres y no pobres combinados— superan en conjunto a la suma de las clases media y alta: 5% de clase alta, 17% de clase media alta, 26% de clase media baja, 30% de clase baja no pobre y 22% de clase baja en pobreza.

El Gobierno fijó un nuevo esquema de actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá a partir de septiembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dio de manera unilateral tras el fracaso en la negociación entre sindicatos y empleadores.

A partir de septiembre, el ingreso mínimo pasa a $383.800, mientras que en octubre se ubicará en $391.200, en noviembre en $398.800 y en diciembre en $406.400. Desde el próximo año, el salario será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.

En el caso de los trabajadores jornalizados, la actualización también quedó escalonada. Para este año, el valor de la hora se estableció en $1.919 en septiembre, $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre, $2.032 en diciembre. Mientras tanto, pasará a ser de $2.071 en enero, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.

A su vez, la resolución también sujeta una actualización del mecanismo de la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral. Además, contará con un piso y un tope directamente vinculados al SMVM: en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superior al 100%.

La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, en su carácter de presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos y entidades del Estado nacional que actúen como empleadores.

La última negociación por el salario mínimo, que en agosto fue de $376.600, se hizo el viernes pasado y volvió a mostrar discrepancias entre sindicatos (pedían llevar a $993.000 en diciembre), empresarios y el Gobierno para definir un valor que impacta de manera directa sobre los ingresos de los trabajadores más rezagados del mercado laboral.

La reunión terminó otra vez sin acuerdo y dejó, en los hechos, la definición final en manos del Poder Ejecutivo, como ocurre desde hace más de dos años.

El SMVM establece el ingreso básico que debe percibir un trabajador por una jornada legal completa y, al mismo tiempo, funciona como referencia para la actualización de programas sociales, prestaciones y subsidios.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno de Javier Milei dispuso aumentos en las tarifas energéticas que elevarán 1,75% las facturas de electricidad para el Área Metropolitana (AMBA) y 1,40% las de gas natural para todo el país en septiembre. Las cifras se ubican por debajo de la inflación de julio, que fue 2,1% y se suman a los que habilitó la Provincia.

La medida surge de los cuadros tarifarios publicados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), con información de la Secretaría de Energía de la Nación. Y tiene como punto central un incremento del monto subsidiado de energía eléctrica.

En este sentido, el Gobierno resolvió elevar el techo de consumo bonificable de energía eléctrica a 200 kWh mensuales, revirtiendo así la reducción a 150 kWh que estaba prevista en el cronograma original establecido a comienzos de este año.

Esa baja formaba parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Con la nueva decisión, el tope subsidiado para la energía eléctrica queda nuevamente fijado en 200 kWh mensuales para los usuarios alcanzados por la medida.

En paralelo con la actualización de los cuadros tarifarios, el Gobierno informó cambios en las bonificaciones extraordinarias. En electricidad, la bonificación extraordinaria se incrementó al 25%. Ese porcentaje, sumado a la bonificación base del 50%, lleva la cobertura total al 75%.

En electricidad, la medida se aplica a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que es la jurisdicción donde el Gobierno nacional tiene competencia. En el caso del gas natural, en cambio, la decisión rige a nivel nacional.

Para el gas, que tendrá un ajuste del 1,40% e impactará en todo el país, la bonificación extraordinaria se ubica en 24,5%. Según el texto oficial, ese nivel hace que la bonificación total alcance el 74,5%.

Fuente: Agencia DIB 

El Gobierno nacional prohibió en todo el país la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de juguetes blandos tipo squishy con forma de gyoza o dumpling, a partir de denuncias y reportes que los vinculan con posibles riesgos para la salud de los consumidores.

La medida alcanza a artículos comercializados bajo nombres como “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Dumpling Squishy con Steamer Box”, además de versiones genéricas sin marca declarada.

El alcance de la decisión no se limita a la venta al público. También obliga a importadores, fabricantes y comerciantes a retirar existencias y destruirlas o desecharlas de forma segura e inmediata, según la normativa vigente.

El eje de la disposición está puesto en la seguridad de los productos destinados al uso infantil. Según el texto oficial, los juguetes podrían contener benceno, ftalatos u otras sustancias químicas tóxicas en concentraciones superiores a las permitidas por las normas técnicas de seguridad aplicables en Argentina.

La medida se fundamenta además en denuncias y antecedentes relacionados con la comercialización de juguetes infantiles importados que podrían contener sustancias peligrosas por encima de los niveles autorizados. Entre los compuestos mencionados aparecen algunos con potencial cancerígeno y mutagénico, cuyos riesgos estarían asociados al contacto con la piel o a la inhalación.

La decisión tiene alcance nacional y se sustenta en el marco de protección establecido por la Constitución Nacional y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Fuente: Agencia DIB 

La demanda de dólares volvió a crecer en julio: 1,7 millones de argentinos compraron moneda estadounidense, el mayor nivel mensual del año y el más alto desde octubre de 2025, cuando se celebraron las elecciones legislativas.

Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), 1,7 millones de personas realizaron compras brutas por US$ 3.319 millones, mientras que 697.000 vendieron por US$ 404 millones. El resultado fue un saldo comprador neto de US$ 2.916 millones.

En junio, la cantidad de compradores había sido de 1,5 millones, que adquirieron billetes por US$ 2.443 millones, en tanto unas 715.000 personas vendieron por US$ 428 millones. Ese registro ya superaba al de mayo, cuando 1,4 millón de argentinos se habían llevado US$ 2.260 millones, de acuerdo a información publicada por el periodista Ismael Bermúdez para el diario Clarín.

El informe del BCRA precisó que, de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, unos US$ 1.000 millones quedaron depositados en bancos locales y otros US$ 1.000 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que cerca de US$ 900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir gastos de servicios y otros consumos realizados con tarjetas.

El comercio exterior, en tanto, dejó ingresos netos por US$ 4.077 millones: los cobros de exportaciones alcanzaron los US$ 10.074 millones, un nuevo máximo histórico por tercer mes consecutivo si no se consideran los meses con programas específicos de incentivo exportador. Los pagos de importaciones, por su parte, sumaron US$ 5.997 millones.

Un 46% de los hogares integrados por personas de sesenta años o más atravesó problemas de ingresos insuficientes entre 2024 y 2025, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata del nivel más alto de la serie relevada desde 2017.

El dato surge del informe "Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)", que marca una suba de cinco puntos porcentuales frente al bienio 2022-2023.

La falta de recursos golpea con mayor dureza a los hogares de menores ingresos. En el estrato socioeconómico muy bajo, el 71,1% de los hogares declaró ingresos insuficientes, mientras que en el sector bajo la cifra llega al 55,2%.

La inseguridad alimentaria en esta franja etaria pasó del 12,3%, registrado entre 2017 y 2019, al 18,4% en el período 2024-2025. La brecha entre clases sociales es amplia: en el nivel medio alto el indicador es del 1,1%, frente al 39,1% del sector muy bajo, lo que implica que el riesgo alimentario en ese grupo multiplica por 35 al de los sectores más acomodados.

Los problemas económicos también impactaron en el pago de tarifas. Un 21,3% de los hogares con adultos mayores debió interrumpir el pago de algún servicio público por falta de dinero, proporción que sube al 39,4% en los sectores de menor poder adquisitivo.

Pese a este panorama, la cobertura estatal mediante programas de transferencia o asistencia alimentaria bajó del 30% durante la pandemia al 26,8% en la actualidad, alcanzando solo al 42,4% de los hogares del estrato más castigado.

Las dificultades habitacionales completan el cuadro: el 11,8% de los adultos mayores habita inmuebles con deficiencias estructurales, porcentaje que sube al 27,5% en los sectores vulnerables. En paralelo, el 25,2% de esta población sufre privaciones en el acceso a agua corriente, gas o saneamiento, una falencia que afecta a cerca de la mitad de los hogares del estrato muy bajo.

El acceso a la salud también retrocedió. El 35,2% de los hogares postergó o directamente suspendió consultas médicas y la compra de medicamentos por motivos presupuestarios, el pico histórico de la serie, con un incremento de casi diez puntos respecto al período previo. Esta situación afecta al 55% de las familias del sector muy bajo.

En cuanto al uso de la obra social durante 2025, el 74% de los afiliados la utilizó para atención médica y el 70% para adquirir medicamentos.

Las opiniones sobre las prestaciones mostraron divisiones: el 61,7% aprobó la atención médica, en tanto que la cobertura de remedios cosechó una valoración positiva inferior al 50%, con mayor reticencia entre los sectores de menores recursos.

La reunión del Consejo del Salario para cerrar un aumento del sueldo mínimo terminó en fracaso, por lo que ahora el Gobierno definirá el nuevo valor por decreto. El encuentro se levantó luego que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta empresaria que contemplaba un ajuste de 1,8% en septiembre y 1,7% a partir de octubre.

La reunión se desarrolló este viernes de manera virtual, bajo la convocatoria de la Secretaría de Trabajo, y las negociaciones finalizaron sin acercamientos entre las propuestas de ambos sectores, por lo que ahora la administración libertaria deberá definir por laudo el nuevo piso salarial, actualmente ubicado en $376.600.

Las centrales obreras unificaron posición y pidieron elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil a $993.000 en diciembre de este año. Sin embargo, la propuesta del sector empresario quedó muy lejos: ofreció un incremento de 1,8% para septiembre y otro 1,7% en octubre. Este porcentaje se mantendrá hasta abril de 2027, mes al que llegaría el salario a los $468.000.

“Lo que nos ofrecieron fue irrisorio”, planteó el co-secretario de la CGT Cristian Gerónimo, del sindicato del vidrio. Mientras que el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.

Hoy, el Salario Mínimo es de apenas $376.600 mensuales, mientras que la canasta básica para una familia tipo ya alcanza el $1.500.000 y el límite para no ser considerado indigente es de $700.000 por familia.

La intención del Gobierno, que se conoció horas antes de esta cumbre, era mantener el límite del 2% mensual como referencia para los aumentos porcentuales que se homologan en las paritarias, pero habilitar -como parte de esos acuerdos- el pago de sumas fijas o bonos para llevar los sueldos brutos de las categorías inferiores hasta un piso de $ 1.070.000, es decir unos $860.000 en blanco.

Más allá de la frustrada negociación en el Consejo, en el Gabinete estudian cómo impulsar un esquema de salario mínimo garantizado para los convenios colectivos, mediante bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos pactados en las paritarias.

Sin acuerdo en la Mesa del Salario, se verá entonces hasta dónde el Gobierno habilita -por decreto- un aumento al haber mínimo.

El SMVM no solo establece un piso para determinados trabajadores. Su evolución también puede utilizarse como referencia para distintos programas, beneficios y cálculos vinculados al sistema de seguridad social.

Uno de los casos más directos es la Prestación por Desempleo, cuyos montos mínimo y máximo también son analizados por el Consejo del Salario. La prestación es equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador en los seis meses previos al cese.

Además, el salario mínimo puede funcionar como parámetro para determinados requisitos de acceso o permanencia en programas sociales y educativos. Sin embargo, no todas las prestaciones de ANSeS se actualizan automáticamente con el SMVM, ya que algunas cuentan con sus propios mecanismos de movilidad o actualización.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno nacional actualizó el monto mensual de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios y de tecnicaturas vinculadas a disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país. A partir de la cuota correspondiente a junio de 2026, el beneficio será de $187.495 mensuales.

La actualización fue dispuesta por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, luego de la ampliación del crédito presupuestario destinado a becas establecida mediante el Decreto 594/2026, del 15 de julio.

El nuevo monto representa un incremento de $64.968, equivalente a un 53%, respecto de los $122.527 mensuales que habían sido establecidos a fines de junio mediante la Resolución 431/2026.

A su vez, el valor actual más que duplica el monto original fijado para la convocatoria 2026. En marzo, cuando se puso en marcha la convocatoria, la beca había sido establecida en $81.685 mensuales. De esta manera, el incremento acumulado desde entonces alcanza el 129,4%.

La resolución establece expresamente que el nuevo valor de $187.495 tendrá vigencia desde la cuota correspondiente al mes de junio, por lo que la actualización se aplica de manera retroactiva a ese período.

Las Becas Manuel Belgrano tienen como objetivo brindar un incentivo económico a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos para que puedan realizar carreras universitarias o tecnicaturas en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo argentino. Para la convocatoria 2026 se había establecido un cupo máximo de 36.000 becas.

El programa fue creado en 2021 y actualmente depende de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, que actúa como autoridad de aplicación. Entre sus objetivos se encuentra favorecer el acceso, la permanencia y la finalización de estudios superiores en áreas consideradas prioritarias.

Con la nueva actualización, el Gobierno justificó el aumento en la ampliación del crédito presupuestario destinado a becas dispuesta en julio. La medida alcanza al monto previsto en la Resolución 159/2026 y en las bases y condiciones de la convocatoria vigente.

Fuente: Agencia DIB

Como es habitual con la llegada del nuevo mes, una serie de servicios sufrirán un ajuste que, en muchos casos, se ubica por encima de la inflación mensual de julio, de 2,1%. Colectivos, prepagas y colegios privados, entre otros, ya tienen subas confirmadas para septiembre.

Como todos los meses, el ajuste más fuerte volverá a darse en los alquileres alcanzados por la antigua ley, que tendrán una actualización anual de 35,52%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL). Aunque el indicador se desaceleró de manera significativa respecto de los aumentos de tres dígitos que se registraron en 2025, todavía representa un peso importante en el presupuesto familiar. En tanto, los inquilinos a los que les corresponda un ajuste trimestral deberán afrontar una suba del 6,22%.

Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires completarán la segunda cuota del ajuste en las tarifas que había autorizado el Gobierno. Será del 2,5%, lo que se suma al 5% que ya se había aplicado en agosto. La medida alcanza a los distintos niveles de enseñanza —Inicial, Primaria, Secundaria, Técnica, Agraria, Artística y Educación Superior— y ajusta las escalas según el porcentaje de subvención estatal que recibe cada establecimiento, el cual varía entre el 40 y el 100%.

Desde el inicio del nuevo mes, los colectivos en el Área Metropolitana (AMBA) tendrán un aumento que afectarán, entre otros, a usuarios del Gran La Plata. La decisión implica una suba desde el próximo martes del 4,79%, por lo que el boleto mínimo trepará de los $1.210,17 actuales a $1.268,20 y el más caro, que se abona por recorridos de 27 km o más, pasará de $2.077.96 a 2.177,59.

Dentro de la categoría transporte, el ajuste más marcado será en los trenes del AMBA, que subirán 14,29%. De esta manera, el boleto mínimo para las líneas Urquiza, Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur quedará establecido en 480 pesos. El subte, por su parte, también tendrá una suba del 4,1%, con lo que su boleto mínimo pasará a 1.753 pesos.

Las empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Salud los porcentajes de suba que aplicarán a partir de septiembre. En esta oportunidad, se esperan ajustes muy variados dentro del sistema, con diferencias incluso en los diferentes planes de cada empresa. Por ejemplo, OSDE informó incrementos de entre 1,9% y 2,3%; Hospital Italiano, 2,1%; Swiss Medical, 2,2%; Galeno, entre 2,3% y 2,8% y Omint, hasta 2,9%.

La tarifa de agua de AySA, que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano, aumentará 2,3%. Esta suba se suma a los incrementos mensuales que viene aplicando la empresa. También ABSA tendrá un ajuste como parte de las subas bimestrales que realiza.

Como sucede todos los meses, en los próximos días se espera la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Los montos de las subas todavía no están confirmados, pero es un hecho que las tarifas de electricidad y gas volverán a aumentar.

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que aplicarán un nuevo ajuste de tarifas, con un incremento del 2,5% promedio, según el servicio y la operadora.

Fuente: Agencia DIB

Apenas el 14,2% de los jóvenes de entre 18 y 25 años accede a un empleo pleno de derechos, mientras que una proporción importante atraviesa situaciones de precariedad o desempleo, según un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El estudio, titulado “Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión”, advierte que las desigualdades que atraviesan a los jóvenes no se explican únicamente por sus decisiones individuales, sino que están fuertemente condicionadas por la posición socioeconómica del hogar de origen.

El panorama laboral muestra que el 30,2% de los jóvenes tiene un empleo regular, aunque dentro de ese universo sólo el 14,2% alcanza un empleo pleno de derechos y el 16% se encuentra en empleos precarios. A esto se suma que el 22,5% combina empleo irregular y desempleo reciente, mientras que otro 10,7% permanece desempleado durante más de seis meses.

El informe también identifica un 36,6% de jóvenes inactivos, aunque advierte que esta situación requiere una lectura diferenciada: puede responder tanto a quienes se dedican exclusivamente a estudiar como a jóvenes desvinculados simultáneamente de la educación y del mercado laboral.

La desigualdad se hace todavía más marcada cuando se observa el origen social. El empleo regular prácticamente se reduce a la mitad entre los extremos de la estructura socioeconómica: alcanza al 38,9% de los jóvenes del estrato medio alto, pero cae al 19,7% entre aquellos pertenecientes al estrato muy bajo.

La brecha también aparece con fuerza al analizar la relación entre educación y trabajo. Uno de cada cinco jóvenes no estudia ni trabaja, pero esa proporción trepa al 34,2% entre los jóvenes del estrato socioeconómico muy bajo, frente al 8,3% registrado entre los del estrato medio alto.

En el otro extremo, la posibilidad de dedicarse exclusivamente a estudiar también presenta una marcada diferencia social: pasa del 41,2% entre los jóvenes de sectores medios altos al 15,6% entre los de menores recursos.

El informe de la UCA plantea que las desigualdades juveniles comienzan antes del ingreso al mercado laboral y se acumulan desde el hogar de origen. En materia educativa, por ejemplo, el 69% de los jóvenes del estrato medio alto inició o completó estudios superiores, mientras que el 64,7% de quienes pertenecen al estrato muy bajo no terminó la escolaridad obligatoria.

La calidad del empleo del principal sostén económico del hogar también aparece asociada a las trayectorias de los jóvenes. Según el estudio, cuando el hogar cuenta con un empleo pleno aumentan las posibilidades de sostener los estudios, mientras que cuando predominan la precariedad, el subempleo o el desempleo crece la desvinculación educativa y laboral. Sin embargo, el informe advierte que incluso contar con un empleo protegido en el hogar no alcanza para eliminar las desventajas asociadas a una posición socioeconómica baja.

Las diferencias no se limitan al trabajo y la educación. El estudio señala que el 21,4% de los jóvenes presenta malestar psicológico, pero la incidencia aumenta del 15,5% en el estrato medio alto al 28,5% en el muy bajo. También existen fuertes diferencias en las redes de apoyo: el 15,7% de los jóvenes del estrato muy bajo declaró no tener amigos, frente al 1,7% de los pertenecientes al estrato medio alto.

Entre las mujeres jóvenes, las brechas aparecen además en las experiencias de violencia de género. El 19,4% de las jóvenes del estrato muy bajo declaró haber atravesado situaciones de violencia de género, más de tres veces el 6,2% registrado en el estrato medio alto.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno nacional lanzó un nuevo programa de créditos hipotecarios que utilizará fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para ampliar el financiamiento destinado a la compra de la primera vivienda. La iniciativa fue presentada esta jornada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El esquema no habilita una nueva línea de crédito que las personas puedan tramitar de forma directa ante el Estado. Los fondos se licitarán entre las entidades financieras, que luego deberán canalizarlos exclusivamente hacia préstamos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Según informó el Ministerio de Economía, el monto total del programa asciende a $2 billones, con una primera licitación por $200.000 millones. Ninguna entidad bancaria podrá quedarse con más del 20% del monto adjudicado en cada llamado.

El mecanismo contempla dos tramos. Uno, a un año, con una tasa mínima de UVA + 2,50%; otro, a cinco años, con una tasa mínima de UVA + 4,50%. Las entidades que resulten adjudicadas tendrán 90 días corridos para transformar esos fondos en créditos hipotecarios.

El programa fija además un límite al costo del préstamo: ninguna entidad podrá cobrar una tasa superior a UVA + 7,5% anual sobre el capital actualizado por la Unidad de Valor Adquisitivo, el índice que ajusta el crédito según la inflación. Los créditos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo equivalente a 150.000 UVA.

Caputo explicó que el origen de la escasez de crédito hipotecario está en el fondeo de los bancos, al señalar que las entidades "reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo". El FGS, que según el funcionario supera los U$S70.000 millones, aportará solo una parte menor a este programa.

El documento oficial difundido por el Gobierno incluye un ejemplo. Para una propiedad valuada en USD 106.667, el crédito cubriría el 75% del valor, equivalente a $120.920.000, con una tasa de UVA + 7% a 25 años. La cuota inicial sería de $865.098, mientras que el grupo familiar debería demostrar un ingreso neto mensual de $3.460.391 para sostener una relación cuota-ingreso del 25%. Se trata de una simulación ilustrativa elaborada por el Ministerio de Economía.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló que la cantidad de coches fuera de servicio en la línea San Martín se multiplicó por cuatro entre 2023 y 2024, al pasar de 9 a 36 unidades sobre una flota de 160, en el marco de una auditoría que también detectó demoras críticas en la reparación de las locomotoras y en las obras de infraestructura de la línea que conecta Retiro con Pilar.

El trabajo, que auditó el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, apuntó tanto a fallas de control por parte de los organismos regulatorios como a incumplimientos en los contratos de mantenimiento tercerizado.

La línea cuenta con 160 coches remolcados CSR Puzhen, incorporados en 2013. A comienzos de 2023, apenas nueve unidades estaban apartadas de servicio —una formación completa de siete coches, la F02, más dos unidades sueltas—, lo que representaba un 6% de la flota.

Para diciembre de 2024, la situación se había agravado de forma marcada: a esos nueve coches se sumaron otras tres formaciones —F03 y F09, de siete coches cada una, y F15, de seis— cuyas reparaciones no registraban avances, además de la formación F11, dañada en el choque ocurrido cerca de la estación Palermo en mayo de 2024. En total, 36 coches quedaron fuera de circulación, el 23% de la flota: el número de unidades paradas se multiplicó por cuatro en menos de dos años.

El informe, difundido por el sitio especializado enelsubte.com atribuye buena parte del problema a que la totalidad de la flota alcanzó de manera casi simultánea el kilometraje que exige la realización de reparaciones pesadas, mientras los talleres propios de Trenes Argentinos carecen del equipamiento necesario —como puente grúa o torno de par montado— para afrontar ese tipo de intervenciones.

El panorama de las 24 locomotoras CSR SDD7 asignadas a la línea resultó todavía más delicado. En 2022, la totalidad de las máquinas estaba operativa, aunque ya con demoras en el cronograma de mantenimiento. Para fines de 2023, el 8% de la flota se encontraba fuera de servicio; un año después, ese porcentaje había escalado al 33%.

La AGN vinculó el deterioro a los reiterados atrasos en las revisiones numerales de 300.000 kilómetros contratadas con Motora Argentina —ex TMH—, que permanecían sin avances desde 2022. Solo 13 de las 24 locomotoras habían recibido ese tipo de reparación al momento del cierre de la auditoría.

El esquema de mantenimiento externo se puso en marcha en 2018 con la firma TMH, posteriormente adquirida por Motora Argentina. Entre julio de 2018 y junio de 2023 se completó la reparación de 13 locomotoras y 47 coches, correspondientes a siete formaciones, pero el contrato quedó inconcluso y varias unidades no tuvieron avances desde 2023.

Ante ese escenario, en febrero de 2025 se firmó una renegociación que redujo el alcance de los trabajos a la reparación ampliada de cinco locomotoras SDD7 y a la reparación parcial de 34 coches Puzhen. La primera partida de coches reformados —con mejoras en asientos, iluminación, ventilación y aislación térmica— fue presentada a fines de julio pasado por Trenes Argentinos Operaciones.

En paralelo, la empresa lanzó una nueva contratación para reparar otros 117 coches adicionales, que incluye la instalación de aire acondicionado. Por ese contrato, que permanece en evaluación de ofertas, compiten Motora, Materfer y la UTE Benito Roggio Ferroindustrial-Emepa.

La reparación general de las 24 locomotoras —una intervención mayor prevista al alcanzar los 900.000 kilómetros— sigue sin novedades pese a haber sido adjudicada a fines de 2023. Según relevó la AGN, las órdenes de compra recién se emitieron en febrero de 2025 y los avances fueron prácticamente nulos.

Desde Trenes Argentinos confían en que la reactivación del contrato con Motora, sumada a la futura adjudicación de la reparación de los 117 coches, permita revertir la situación actual, aunque ante la consulta de prensa la empresa se limitó a señalar que "no hay novedades" sobre la licitación.

En contraste, sí prosperó la incorporación de tres locomotoras adicionales, adjudicada en 2021 y reactivada recién en enero de 2025: las unidades llegaron al país en marzo de este año y se fueron incorporando en forma progresiva al servicio.

Más allá del material rodante, el informe también menciona proyectos clave que quedaron truncos. La licitación para renovar vías y señalamiento entre Retiro y Pilar fue cancelada, y el proyecto de electrificación de la línea —que iba a financiarse con un crédito del BID— fue redestinado y finalmente retirado del Presupuesto 2026. Tampoco se completó el viaducto entre Palermo y La Paternal, que incluye la estación Villa Crespo.

En tanto, continúan en trámite otras obras: trabajos de vías, señalamiento y comunicaciones entre Retiro y Palermo, la reforma de esa estación, la renovación de vías entre Caseros y Pilar, la reparación del puente sobre el río Reconquista y la intervención de pasos a nivel entre Pilar y Cabred, además de la finalización de la estación José C. Paz.

Un nuevo mecanismo permitirá a bancos y billeteras virtuales cobrarse deudas impagas directamente desde la cuenta o wallet del cliente moroso, a partir del próximo lunes 31 de agosto. La herramienta, bautizada Cobros por Transferencia, llega tras el rechazo del Banco Central (BCRA) a los pedidos del sector financiero para postergar su entrada en vigencia.

El esquema fue diseñado para contener el aumento de la morosidad no bancaria, en un contexto donde bancos y fintech vienen reclamando más herramientas de cobro. Para que el débito se active, será obligatorio un paso previo: el tomador del crédito deberá dar una autorización expresa a la entidad prestamista, consentimiento que además podrá revocar en cualquier momento.

De acuerdo con el relevamiento de Agencia Noticias Argentinas (NA), la normativa también fija un límite clave para evitar el sobreendeudamiento: las cuotas deberán ser fijas e iguales, y no podrán superar el 30% de los ingresos de la persona. Si el préstamo se depositó en una cuenta de un banco distinto al que otorgó el crédito, esa entidad quedará facultada para debitar la cuota directamente de esa cuenta en caso de atraso.

La entidad acreedora tendrá la obligación de notificar al cliente con un día de anticipación antes de ejecutar el débito. El sistema, además, limita los intentos de cobro: un primer intento y un máximo de dos reintentos, a las 48 y 96 horas, con el objetivo de evitar prácticas abusivas sobre las cuentas de los deudores.

Pese al objetivo declarado, bancos y proveedores de crédito muestran poco entusiasmo con la puesta en marcha del mecanismo, al que señalan con "problemas de diseño". El cuestionamiento central pasa por que el débito solo puede aplicarse sobre la cuenta donde se depositó originalmente el préstamo, lo que en la práctica desalienta su uso: pocas entidades están dispuestas a transferir los fondos de un crédito hacia una cuenta de la competencia. Tampoco podrán cobrarse intereses por los atrasos.

A esto se suma otra limitación: la norma excluye del débito a los saldos en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y compras de dólar MEP. Esa restricción golpea de manera desigual a las billeteras virtuales con CVU, que suelen no mantener saldos líquidos disponibles porque los colocan en cuentas comitentes.

Con la negativa del BCRA a otorgar una prórroga, bancos y fintech deberán tener sus sistemas listos para habilitar la herramienta desde el lunes, aunque la norma no los obliga a utilizarla para el cobro de sus propios préstamos. 

La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) expresó su profunda preocupación ante los alarmantes datos sobre suicidios en el país, que, según informes del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud, la Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia.

La cifra, además, supera los decesos producidos por otros hechos violentos y se ubica por encima del promedio mundial estimado por la OMS, configurando una situación de gravedad sanitaria y social. "Estas cifras no son solo como un dato estadístico, ya que constituyen una grave señal que exige respuestas urgentes por parte del Estado", subrayó la AASM.

Los especialistas de la entidad explicaron que es importante no desconocer que el suicidio "es un fenómeno complejo y multicausal", por lo que sería irresponsable "reducirlo a una única explicación o establecer relaciones causales lineales". Asimismo, aseveraron que "sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento de las personas".

Desde la AASM enumeraron situaciones que actualmente atraviesa gran parte de la población, que derivan en problemas de salud mental: mencionaron la pérdida del trabajo, la precarización laboral, el endeudamiento y las dificultades para sostener la vida cotidiana afectan los vínculos y las expectativas de futuro.

"Preocupa que problemas colectivos sean presentados como responsabilidades exclusivamente individuales. Frente al padecimiento social, la empatía no puede ser considerada una debilidad: las políticas públicas deben reconocer el sufrimiento y brindar respuestas antes de que sea demasiado tarde", aseveraron los especialistas.

La OMS advierte que la pobreza, la desigualdad, la violencia y otras condiciones sociales y económicas afectan la salud mental. "Frente al aumento de las conductas suicidas, no podemos responder con silencio, indiferencia ni culpabilización de las víctimas", apuntaron desde la entidad. Y cerraron: "Desde la AASM reclamamos respuestas urgentes a los problemas de base y políticas públicas inmediatas de prevención del suicidio, con presupuesto suficiente, trabajo intersectorial y participación de la sociedad civil, las universidades, los trabajadores de la salud y las familias".

Agencia DIB

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió otra vez el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. Los contribuyentes alcanzados tendrán tiempo para cumplir con esa obligación hasta el 22 de septiembre de 2026.

La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución General 5890/2026 publicada en el Boletín Oficial, y comprende a quienes tributan mediante el régimen general y también a los adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La nueva fecha reemplaza el vencimiento del 27 de agosto que ARCA había establecido anteriormente. La extensión, sin embargo, alcanza solamente a la presentación de la declaración jurada.

El plazo para pagar el saldo resultante del impuesto no fue modificado y se mantuvo en el 27 de julio de 2026. De esta manera, las dos obligaciones tienen fechas diferentes: el pago debía efectuarse en julio, mientras que la declaración podrá presentarse hasta el 22 de septiembre.

Según indicó ARCA en la normativa, la nueva prórroga se dispuso por “razones de administración tributaria” y con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.

La medida alcanza a la declaración anual de Ganancias de 2025, pero también modifica una obligación correspondiente al año en curso. ARCA postergó hasta el 24 de septiembre de 2026 el vencimiento del primer anticipo del impuesto a las ganancias del período fiscal 2026. Ese primer pago a cuenta tenía originalmente su vencimiento durante agosto.

Cabe destacar que la resolución no introdujo cambios en el impuesto sobre los bienes personales. Tanto la presentación de la declaración jurada como el pago del eventual saldo correspondiente al período fiscal 2025 mantuvieron como fecha límite el 27 de julio de 2026.

Fuente: Agencia DIB

El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, correspondiente a agosto de 2026, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 2775/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de agosto del año en curso, consistente en un incremento del 2,10 %, sin diferencia por tipo de prestación”, indicó el escrito.

En el mismo se señaló además que el porcentaje es “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio de 2026” y además añadió: “Reconócese un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.

NA