El juzgado federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantenga el pago de las prestaciones económicas del Programa Volver al Trabajo (VAT), que tiene casi un millón de beneficiarios en el país y que en Pilar alcanza a 10.000 personas.

El fallo del juez Adrián González Charvay se da luego de que la eliminación del VAT fuera anunciada por el ejecutivo, y obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a pagar la prestación de $78 mil dentro de los próximos tres días y que mantenga el programa hasta que haya una sentencia de fondo.

El pago del salario social complementario -creado por una ley unánime del Congreso en 2017 y que se pagaba a través del VAT- se interrumpió a principios de mes, cuando el Gobierno avanzó con la voucherización de los programas.

El programa repuesto ahora por la Justicia había reemplazado al Potenciar Trabajo. El Gobierno presentó la aplicación en su lugar de vouchers como reemplazo, destinados a capacitación laboral en algunas empresas.

Antes había dado de baja la contraprestación que debían dar los beneficiarios con el pretexto de correr de la intermediación a las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Gran parte de esos recursos se pagaron vía la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Un grupo de trabajadores del VAT había promovido una acción colectiva contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril de 2026, con pago de una última asignación este mes.

“El corte abrupto de la prestación compromete derechos constitucionales básicos”, señaló González Charvay en su decisión. El magistrado citó además el "principio de no regresividad de los derechos sociales" y ordenó al Estado restituir o mantener los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de multas, consignó la agencia DIB, que también adelantó que el gobierno apelará el fallo.

La decisión de Charvay señala que el programa de vouchers de capacitación que el presidente Javier Milei presentó con Pettovello y todo el gabinete en el Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, no constituye una medida equivalente a un ingreso monetario. Argumenta que no garantiza condiciones mínimas de subsistencia y citó el artículo 14 bis de la Constitución al tiempo que recordó que es deber del Estado adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables.

Un correo electrónico que circula bajo el asunto "¿Te robaron o perdiste el celular? Línea *910 Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso", y que a simple vista podría hacer creer que es enviado por el Gobierno, se trata de una estafa.

Enviado desde la dirección "hola@comunicacion.argentina.gob.ar", el mail apunta a informar sobre la existencia de dicho servicio ofrecido por el Ministerio de Seguridad, el cual efectivamente existe de manera oficial. Sin embargo, en este caso no tiene ningún vínculo con el Gobierno.

Se trata de una estafa diseñada para robar datos o instalar software malicioso en el dispositivo de la víctima.

El texto del correo explica que “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal".

El servicio *910 existe y es legítimo. Este permite bloquear líneas y equipos ante robos, pero se accede llamando desde cualquier teléfono, no a través de enlaces.El problema en el polémico mail es el link que aparece al final del mensaje, ya sea donde dice “Ver más” o “Desuscribirme”, ya que ambas conducen un enlace malicioso. Hacer click allí puede derivar en el robo de datos bancarios, cuentas personales y servicios digitales, así como en la instalación de malware en el dispositivo. Tampoco hay que cliquear sobre la imagen.

Toda la información oficial del gobierno argentino se publica exclusivamente en el portal argentina.gob.ar.  

Noticias Argentinas. 

El aumento de casos por fiebre chikungunya no cesa y se notificaron 268 nuevos, mientras que, hasta el momento, el total de confirmados y probables es de 837, de los cuales 746 son autóctonos y 91 con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, mientras que hay una aceleración sostenida en las notificaciones desde las primeras semanas de 2026. Mientras que la provincia con más casos continúa siendo Salta, con 494 confirmados y probables, en territorio bonaerense se registraron 28.

Según la información publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 14 de 2026, el 93% de los casos se concentra en la región NOA, con 782 confirmados y probables. Salta continúa siendo la provincia con la mayor cantidad de casos (494 confirmados y probables). También se identifican focos importantes de transmisión en Tucumán (144 casos) y Jujuy (80 casos).

En cuanto al resto de las provincias del país, se mantiene la tendencia al aumento y, hasta el momento, se registraron 47 casos de chikungunya en Santiago del Estero y 17 en Catamarca.

En la Región Centro la provincia de Buenos Aires también presenta un número elevado de casos, con 28 confirmados y probables; le siguen Córdoba con 14 casos y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con 7, a la vez que el resto de los casos se ubican en Entre Ríos y San Luis (2 casos cada una), y en Santa Fe y Chaco (1 caso cada una).

Por esto, la cartera sanitaria nacional sostiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para identificar cambios en los patrones de circulación viral, optimizar la capacidad de respuesta y acompaña a las jurisdicciones para fortalecer la respuesta. Asimismo, recomienda a los servicios de salud aplicar métodos directos y confirmatorios (como qRT-PCR y ELISA NS1) en muestras tomadas durante los primeros 6 días de síntomas, a fin de proveer información oportuna que permita caracterizar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas para orientar las medidas de control local.

En tanto, la circulación de los virus respiratorios continúa estable; los casos de influenza se mantienen bajos y dentro de lo esperado para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARSCoV2.

En lo relacionado con influenza A(H3N2), a través de la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas anteriores se pudieron confirmar 18 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K). El total acumulado hasta el momento es de 136 casos, los cuales representan el 78% del total de casos de influenza notificados.

Por otro lado, el BEN informó que también se confirmaron cinco nuevos casos de dengue: dos en la provincia de Buenos Aires, dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Salta con antecedente de viaje a PBA, mientras que se indicó que, desde el inicio de la temporada 2025-2026, se notificaron 45 casos confirmados. Más de la mitad de los casos, el 55,6%, corresponden a personas sin antecedentes de viaje y el 44,4% a casos con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

Finalmente, el BEN informó que se confirmaron tres nuevos casos de coqueluche y que se sostiene la tendencia a la disminución registrada a finales de 2025. El grupo de 0 a 5 años concentra el mayor número de casos, especialmente los menores de 1 año (39,5% del total).

Fuente: Agencia DIB

Trenes Argentinos Operaciones reactivó el proyecto destinado a recuperar parte de la flota de la línea San Martín, luego de varios meses de demora en un esquema considerado clave para recomponer la prestación del servicio ferroviario en el área metropolitana.

La empresa estatal avanzó con nuevos llamados orientados a poner en marcha trabajos de fondo sobre las formaciones, junto con la adquisición de insumos necesarios para las tareas. El objetivo es intervenir coches que arrastran años de uso intensivo y que no habían recibido mantenimiento integral desde su incorporación.

De acuerdo con información difundida por el portal especializado enelSubte, una de las gestiones abiertas apunta a la compra de repuestos y componentes técnicos para locomotoras y vagones.

Entre los elementos requeridos figuran piezas vinculadas a sistemas de freno, suspensión, ruedas, neumáticos, iluminación, electrónica, puertas, ventanas y otros componentes esenciales para el funcionamiento de las unidades.

En ese proceso se presentaron seis firmas interesadas en participar como proveedoras: Sabic, Grupo Monllor, Ferropar, Sim Impex, Expocomex y Motora Argentina.

En paralelo, se busca contratar la ejecución de una intervención de mayor escala sobre 117 coches remolcados CSR Puzhen, entre coches convencionales y furgones. Ese lote forma parte de una flota total de 160 unidades asignadas a la línea.

Las unidades alcanzadas por el plan ya superan los 13 años de servicio y no atravesaron hasta ahora procesos de “media vida”, instancia habitual en material rodante de uso intensivo.

Los trabajos previstos abarcan bogíes, frenos, circuitos eléctricos, bastidores, estructuras de tracción, carrocerías y techos, sectores donde el desgaste acumulado comenzó a impactar en la operación cotidiana.

También se contemplan mejoras internas para los pasajeros, con reemplazo completo de pisos, renovación de asientos, reparación de ventanas y puertas, además de la revisión de dispositivos de emergencia.

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de sumar equipos de aire acondicionado, una demanda sostenida por usuarios del ramal que hasta ahora no había tenido implementación generalizada.

En 2022 se había realizado una experiencia piloto en los Talleres Mechita, donde se climatizó una unidad de prueba. Sin embargo, aquella iniciativa no tuvo continuidad en el resto de la flota.

Mientras tanto, durante los últimos meses solo se concretaron intervenciones puntuales, como cambios de tapizados dañados o instalación de cámaras de seguridad en algunos coches, medidas consideradas insuficientes frente al estado general de las formaciones.

La concreción del nuevo plan será determinante para mejorar las condiciones de viaje, elevar la disponibilidad de unidades y reforzar la capacidad operativa de una de las líneas ferroviarias con mayor movimiento de pasajeros del conurbano, que une Pilar con la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), que reunió a más de 15.000 participantes, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, con la participación del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, autoridades sanitarias de 18 provincias, junto al Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

El encuentro se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron los datos correspondientes a 2025 del informe federal, que evidencian un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

Las provincias señalaron que la situación actual no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha empeorado, lo que refleja una mayor presión sobre el sistema público de salud, en un escenario de fuerte desfinanciamiento por parte del Estado nacional. En ese marco, también se expresó una profunda preocupación por la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención.

Asimismo, se destacó la necesidad de analizar la situación de la salud mental en relación con el contexto social actual, atravesado por el ajuste económico y el incremento de las desigualdades, factores que impactan directamente en los padecimientos de la población.

En relación con el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades expresaron un enérgico rechazo. Advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente.

Además, remarcaron que ninguna de las provincias fue consultada en el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental.

En tanto, este lunes, el proyecto que impulsa el Ejecutivo que ingresó el fin de semana al Congreso, será presentado a todos los ministros de Salud del país en una reunión del CoFeSa (Consejo Federal de Salud)

La ley actual de Salud Mental dice: compromiso financiamiento. La modificación que propone nación: sin financiamiento. Después chamuyen lo que quieran, pero la única realidad es que lo que hacen es ajustar en salud mental. El problema no es la Ley. Es que no la cumplen.… pic.twitter.com/37BPbjbhW1

En este sentido, se planteó la urgente necesidad de reactivar el COFESAMA (Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones) como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, cuya convocatoria ha sido reiteradamente solicitada por las autoridades sanitarias provinciales. Participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.

- Fortalecer instancias federales de trabajo y decisión acordes a la magnitud de la situación actual.

- Impulsar la elaboración de estudios epidemiológicos federales y guías clínicas de buenas prácticas, especialmente para la atención de urgencias en infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales.

- Reconocer que los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo.

En paralelo, en la asamblea del CoSaPro, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires acordaron una serie de lineamientos comunes para abordar la salud mental en sus territorios, fortaleciendo la integración con las políticas provinciales y promoviendo una respuesta articulada frente al incremento de la demanda.

Del mismo modo, subrayaron el acompañamiento a los “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires” que buscan organizar para la etapa actual las políticas municipales y su integración con las provinciales en el marco de una altísima incidencia de padecimientos en la esfera de la salud mental.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de sostener y fortalecer los espacios de articulación federal y provincial, y advirtieron que cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual en salud mental.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno de Javier Milei avanzó con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos y definió cómo se aplicará la asistencia para usuarios de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Se trata de un reintegro de $9593 que otorgará a usuarios sin conexión de gas natural por la compra de cada garrafa de 10 kilos.

Mediante la Disposición 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía reglamentó el sistema de reintegros dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese sentido, se estableció que los usuarios de garrafas de GLP de 10 kilos que se inscriban en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) recibirán una asistencia económica por su consumo. El esquema prevé un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa.

En cuanto al monto, la disposición fijó un valor inicial de $9.593 por garrafa, que podrá actualizarse periódicamente en función del precio del butano y los costos asociados definidos por la Secretaría de Energía.

El reintegro se hará a través de la acreditación del monto del subsidio en la cuenta bancaria o billetera virtual que declare el beneficiario. El Banco Nación será el encargado de poner a disposición las herramientas digitales para el pago. Además, se prevé que otras entidades financieras puedan sumarse en el futuro.

Para acceder, los usuarios deberán completar sus datos en el registro oficial a través del sitio web de subsidios, lo que permitirá conformar el padrón de beneficiarios dentro del nuevo esquema.

En enero, cuando se lanzó el nuevo esquema de subsidios focalizados, el Gobierno remarcó que los beneficiarios del ex Programa Hogar "contarán con un plazo de seis meses para inscribirse en el SEF, garantizando durante ese período la continuidad de la asistencia mientras se completa la migración al nuevo esquema.

Una vez finalizado ese proceso, el Programa Hogar será dado de baja y los usuarios quedarán incluidos en el régimen general de subsidios energéticos focalizados". La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aportará los datos para analizar la incorporación al régimen de subsidios focalizados.

Fuente: Agencia DIB

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó la normativa para la determinación anual e ingreso del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.

La norma incorpora las previsiones necesarias para los sujetos que elijan el Régimen de Declaración Jurada Simplificada, según la Resolución General 5836/2026 publicada en el Boletín Oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Este régimen opcional se basa en las condiciones dispuestas por la Ley N° 27.799 y apunta a consolidar el sistema de Inocencia Fiscal por el cual el Gobierno nacional pretende que circulen ahorros de los residentes en el país.

Para ingresar a este mecanismo tributario, los contribuyentes deben realizar el trámite a través del servicio "Ganancias Personas Humanas - Portal Integrado" en el sitio web del organismo. Para acceder al sistema es necesario contar con Clave Fiscal con Nivel de Seguridad 2 o superior.

Bajo este sistema, el organismo “pondrá a disposición la información obrante en sus sistemas, así como aquella suministrada por responsables y/o terceros”.

Los usuarios pueden revisar la información precargada antes de enviarla.

Los responsables “podrán efectuar los ajustes, modificaciones, incorporaciones y/o eliminaciones que consideren pertinentes” y luego deberán confirmar la presentación.La normativa también aclara el procedimiento para corregir datos ya presentados.

El texto establece que “la presentación de declaraciones juradas rectificativas deberá efectuarse a través del régimen general o del régimen simplificado, según corresponda”. 

N/A

Horas después que el Gobierno de Javier Milei confirmara que la estatal bonaerense Aubasa no podrá participar de la etapa II de la Red Federal de Concesiones de rutas nacionales, ahora habilitó a nueve provincias a concesionar tramos emplazados en sus respectivos territorios mediante el sistema de obra pública por peaje.

La decisión quedó establecida por intermedio del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Las provincias beneficiadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Se trata de distritos cuyos gobernadores (Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, respectivamente) mantienen vínculos políticos cercanos con la Rosada y fueron claves en diversas votaciones legislativas del oficialismo.

El documento aclara que el Estado nacional mantendrá la titularidad y podrá reasumir la gestión del corredor correspondiente. En ese sentido, destaca que la delegación tendrá carácter “funcional, limitado, temporal y revocable” y que “no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional”.

Según los considerandos, varias jurisdicciones provinciales solicitaron al Estado nacional contar con herramientas para gestionar rutas que atraviesan sus territorios, con el objetivo de asumir “la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento” de esos tramos, en el marco del “fortalecimiento del régimen federal”.

El decreto también establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes “no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos u otras obras” ajenas a la concesión otorgada, y que los tramos delegados “no podrán ser licitados conjuntamente en un mismo corredor vial” con rutas de otras jurisdicciones.

Esta decisión nacional se da en medio de tensión con la Provincia, luego que Aubasa fuera excluida del proceso licitatorio "destinado a modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional mediante inversión 100% privada".

“Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación”, indicó Nación para justificar su decisión.

Frente a esto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó una ofensiva judicial a raíz de lo que considera que Nación busca excluir a la empresa estatal bonaerense de licitaciones clave para operar rutas nacionales.

Fuente: Agencia DIB 

Los precios mayoristas registraron en marzo una suba del 3,4%, lo que marcó una aceleración frente a los incrementos del 1,7% en enero y del 1% en febrero, de acuerdo al informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El avance del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) estuvo impulsado principalmente por los productos nacionales, que aumentaron 3,5%, mientras que los importados registraron una variación del 1,1%.

En la comparación interanual, el índice mostró un incremento del 27,9%, mientras que en el acumulado del primer trimestre del año alcanzó el 6,1%.

Dentro del índice general, los productos primarios encabezaron las subas con un aumento del 7,8%. En ese segmento se destacó el rubro “Petróleo crudo y gas”, que registró un alza del 27,3% y explicó gran parte del resultado mensual.

En contraposición, los productos agropecuarios mostraron una caída del 3,2%, lo que contribuyó a moderar parcialmente la suba del índice.

Por su parte, los productos manufacturados y la energía eléctrica aumentaron 2,3%. Entre ellos, se destacaron “Alimentos y bebidas” (2,5%), “Productos refinados del petróleo” (6,6%) y “Sustancias y productos químicos” (1,4%).

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, registró una suba del 3% en marzo. En este caso, la variación interanual fue del 27,1% y la acumulada en el año alcanzó el 5,3%.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostró un incremento del 3% mensual, con una suba interanual del 28,1% y un acumulado del 5,3% en el primer trimestre.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en la suba del índice fueron “Petróleo crudo y gas”, que aportó 2,02 puntos porcentuales, seguido por “Productos refinados del petróleo” (0,77%) y “Alimentos y bebidas” (0,31%).

En sentido contrario, los productos agropecuarios registraron una incidencia negativa de -0,40%, lo que amortiguó el impacto del resto de los aumentos.

Los productos importados, con una suba del 1,1%, tuvieron una incidencia menor en la dinámica general del índice.

En medio de cierres de empresas, despidos y pedidos de concurso, el empleo registrado sigue con números en rojo, volvió a caer en enero y acumuló una pérdida superior de 124.000 puestos en los últimos doce meses y 300.000 si se toma la llegada al poder de Javier Milei, según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La contracción del último mes estuvo impulsada principalmente por el sector público, mientras que en el ámbito privado el retroceso fue marginal. De acuerdo con la información disponible, la baja mensual fue la más leve de los últimos ocho meses.

En el sector privado registrado, la caída fue de apenas 0,04%, lo que marca una desaceleración en el ritmo de destrucción de empleo. Sin embargo, en términos acumulados, entre noviembre de 2023 y enero de este año se perdieron 206.262 puestos en este segmento, llevando el nivel de empleo a valores similares a los de comienzos de 2015.

En tanto, la mayor incidencia en la caída de enero provino del sector público, que retomó un sendero descendente a partir de septiembre de 2025, luego de una etapa de relativa estabilidad. Si bien el ajuste es más moderado que el registrado a comienzos de 2024, la reducción de puestos es sostenida: 77.044 desde finales del Gobierno de Alberto Fernández.

En contraste, el empleo en casas particulares mostró una leve recuperación desde el tercer trimestre de 2025, aunque se mantiene muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. De hecho, según datos del SIPA hay alrededor de 21.000 puestos menos que en noviembre de 2023.

A nivel sectorial, la dinámica fue dispar. La construcción mostró señales de recuperación y encadenó dos meses consecutivos de crecimiento, aunque desde niveles muy deprimidos. Así lo reflejó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma.

En contraste, la industria manufacturera y el comercio volvieron a registrar caídas significativas. Estas tres actividades concentran casi la mitad del empleo asalariado registrado, por lo que su evolución resulta determinante. “Particularmente crítica es la situación de la industria, que se ubica 6,1% por debajo de su último pico, alcanzado en agosto de 2023, y se encuentra entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Las perspectivas de corto plazo no muestran señales de reversión”, señaló.

En cuanto a los sectores con mejor desempeño en términos de actividad, no se observa un correlato en la generación de empleo. El trabajo registrado en el agro se ubica apenas 2,4% por encima de fines de 2023, aunque continúa en niveles históricamente bajos. En minería y petróleo, el empleo se encuentra casi 10% por debajo de los niveles de hace dos años, en un contexto donde el crecimiento de Vaca Muerta no logra compensar la caída en las cuencas convencionales.

Por su parte, la intermediación financiera exhibe un fuerte crecimiento de la actividad, pero continúa reduciendo puestos de trabajo: el empleo en el sector cayó 3,5% desde fines de 2023 y se ubica en niveles mínimos desde 2011. En tanto, el sector informático, uno de los más dinámicos en las últimas décadas, mantiene un saldo positivo frente a 2023, aunque en los últimos meses evidenció una pérdida de dinamismo.

Fuente: Agencia DIB

Los boletos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un aumento del 5,4% desde el 1 de mayo, a partir del dato de inflación de marzo que se conoció el martes. Es que las tarifas del transporte en el AMBA se actualizan en función del último dato de inflación disponible -en este caso, el de marzo, que fue del 3,4%- más un 2% adicional.

Así, el pasaje mínimo de las líneas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires será de $ 753,86, mientras que en las de la provincia de Buenos Aires ascenderá a $ 918,35.

Con este incremento, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan en lo que va del año un alza del 39,47% en la Provincia y del 27,01% en CABA, muy por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre (9,4%). En abril, los boletos ya habían subido 4,6% y 4,9%, respectivamente.

En el caso de la ciudad de La Plata y su región, el boleto de 0 a 3 kilómetros pasará de $ 948,91 a $ 1.000,15; de 3 a 6 kilómetros, de $ 1.035,90 a $ 1.091,84; de 6 a 12, de $ 1.120,94 a $ 1.181,47; de 12 a 27, de $ 1.200,46 a $ 1.265,28; y para más de 27 kilómetros, de $ 1.266,73 a $ 1.335,13.

Este nuevo aumento se da en el marco de la discusión entre el Gobierno y las empresas para destrabar el conflicto por los subsidios, que afectó a miles de pasajeros por la reducción de frecuencias. A fines de abril está previsto un nuevo encuentro de la mesa técnica de trabajo con el objetivo de reorganizar el sistema.

Fuente: Agencia DIB

El Gobierno de Javier Milei aprobó el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, con el que busca reforzar el marco regulatorio que se aplica para afrontar situaciones de este nivel que se registren en el país y que tienen a las inundaciones como problemática principal.

El programa se oficializó este jueves, mediante la publicación de la resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial. Esta medida busca fortalecer la coordinación frente a eventos que amenacen la seguridad y el bienestar de la población.

El programa había sido presentado en agosto de 2025 en el ámbito del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, organismo encargado de centralizar las decisiones en esta materia. Su elaboración fue impulsada por la Secretaría Ejecutiva del mismo consejo y contó con la validación de distintas áreas técnicas, incluida la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad.

El plan se inscribe dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir), que establece la necesidad de coordinar acciones entre Nación, provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil.

De esta manera, el programa actualizado establece los lineamientos estratégicos que regirán la acción pública frente a fenómenos naturales y antrópicos. Su propósito es anticipar, mitigar y gestionar los efectos de desastres, promoviendo la resiliencia de la sociedad en su conjunto.

El documento fija los lineamientos que guiarán la política pública frente a desastres naturales y antrópicos, con foco en anticipar, reducir impactos y mejorar la capacidad de respuesta, además de fortalecer la resiliencia social.

De acuerdo al anexo publicado en la norma, el diagnóstico inicial de la iniciativa quinquenal identifica la diversidad de amenazas que enfrenta el territorio argentino, desde terremotos y erupciones volcánicas hasta inundaciones, sequías, incendios y riesgos tecnológicos.

En este contexto, el informe señala que el 60% de los desastres registrados en el país son inundaciones, responsables del 95% de las pérdidas económicas y personas afectadas, según datos del Banco Mundial y la CEPAL. Las regiones del Noreste (NEA), Noroeste (NOA), Centro y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han sido especialmente golpeadas por eventos hidrometeorológicos extremos.

En materia de amenazas geodinámicas, Argentina cuenta con 39 volcanes activos o potencialmente activos y una alta exposición a sismos, en especial en Cuyo y el NOA, donde la memoria colectiva recuerda la destrucción de San Juan en 1944. Las amenazas tecnológicas, vinculadas principalmente al transporte y manejo de materiales peligrosos, instalaciones industriales y nucleares, representan riesgos crecientes para las zonas urbanas y rurales próximas a estos centros.

Fuente: Agencia DIB

Los estudiantes argentinos pierden más de 30 días de clase por año, lo que hace que a lo largo de todo el proceso educativo de primaria, los alumnos puedan perder en promedio el equivalente a un año completo de escolaridad. Es decir, 195 días.

Este escenario se explica, según el informe del Observatorio Argentinos por la Educación, por múltiples factores: paros, malas condiciones de las escuelas, problemas climáticos, feriados nacionales, provinciales y municipales, jornadas de capacitación de maestros y hasta, en algunos casos, viajes.

Los datos del informe se desprenden de tres jurisdicciones que ponen esa información a disposición -CABA, provincia de Buenos Aires y Mendoza- y se proyectaron al resto del país. Y las cifras encienden las alarmas, ya que el tiempo escolar efectivo en el aula es clave para tener calidad en los aprendizajes.

En concreto, los calendarios escolares establecen en promedio alrededor de 190 días de clase al año. Sin embargo, los datos disponibles muestran que los estudiantes faltan a clases cerca de 30 días a lo largo del año. Esto reduce el tiempo efectivo de escolarización a 155 días. Y si ese nivel de inasistencias se mantiene constante durante toda la primaria, los alumnos pueden perder unos 195 días de clase. Es decir, el equivalente a un año completo.

Hay que aclarar que cuando se habla de paros no sólo afectan los que realizan los gremios docentes. Las protestas de estatales que agrupan a auxiliares o inclusive los de la CGT o el transporte, también impactan en la actividad escolar.

Cabe destacar que el 49,3% de los directores considera al ausentismo estudiantil como el factor que más afecta los procesos de enseñanza y aprendizaje, según datos relevados de las pruebas Aprender 2023.

Y si bien temas como paros o malas condiciones de infraestructura golpea más a los sectores populares, expertos del Observatorio subrayaron que el escaso tiempo también se produce en las escuelas más acomodadas, con alumnos que faltan mucho por viajes u otras actividades, avaladas por los padres.

A partir de la evidencia internacional, los autores agregan que aumentar el tiempo de clase puede “mejorar los aprendizajes, especialmente en contextos vulnerables”, pero advierten que “no alcanza con ampliar el calendario: es necesario garantizar el uso efectivo del tiempo en el aula”.

Fuente: Agencia DIB

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, en 2025 se registraron 46.799 casos de sífilis, confirmando un aumento sostenido que se viene registrando en el país desde hace 15 años. Esa cifra es la más alta registrada.

Con una tasa de independencia de 117,2 casos por cada 100 mil habitantes, “la evolución del número absoluto de casos notificados permite observar, desde 2011, una tendencia creciente en la notificación que se acelera a partir de 2015”, señala el Boletín Epidemiológico.

Si bien, durante 2020 y 2021 se verifica una disminución en la cantidad de notificaciones a causa del impacto de la pandemia en el sistema de salud, a partir de 2022 se retoma la tendencia ascendente con una mayor aceleración. En 2023 se superaron los 30.000 casos anuales por primera vez desde el inicio de la serie, y en 2025 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento.

El comportamiento de la sífilis a nivel nacional se enmarca dentro de un escenario de aumento acelerado en todo el mundo y en la Región de las Américas. En 2022, alrededor de 8 millones de adultos de 15 a 49 años adquirieron la infección en el mundo. Se estima que solo en la Región de las Américas se produjeron 3,36 millones de nuevas infecciones en ese mismo año y que alrededor de 3,4 millones de personas viven con la enfermedad. Esto representa un aumento cercano al 30% con respecto a 2020, aun considerando las interrupciones generadas por la pandemia.

Dentro de nuestro país, las tasas de incidencia regionales mantienen comportamientos similares desde el año 2021. Las regiones Sur y Cuyo se posicionan por encima del promedio nacional. En 2025, la región Sur presentó la mayor incidencia en su población (159,8 casos cada 100 mil habitantes), seguida por Cuyo en donde la tasa fue de 137,5 casos cada 100 mil habitantes.

En las regiones del NOA y NEA se observa una tendencia de aumento con oscilaciones interanuales. En 2025, la tasa de incidencia del NEA fue de 133 casos por cada 100 mil habitantes, y la de la región del NOA, de 111,7 casos por cada 100 mil habitantes. Finalmente, la región Centro se mantuvo por debajo del promedio nacional, con una tasa de 109,4 casos por cada 100 mil habitantes.

Siguiendo la misma tendencia observada a nivel mundial, en nuestro país la sífilis afecta mayoritariamente en jóvenes y adultos jóvenes. Mientras que el grupo de 15 a 39 años concentró el 76% del total de casos del país (35.497 registros) en 2025, la población de entre 20 a 24 años presentó la tasa de incidencia más alta, con 290,6 casos cada 100 mil habitantes. En este rango, la afectación en mujeres (366 casos cada 100 mil habitantes) es significativamente mayor que en varones (tasa de 218,2). A partir de los 50 años se observa una inversión del perfil por sexo. Las tasas comienzan a ser superiores en los varones, duplicando la tasa femenina en el grupo de 65 a 69 años.

Ante este escenario, la cartera sanitaria nacional implementa un abordaje integral que incluye vigilancia, diagnóstico, tratamiento y articulación estratégica. En 2025, se creó la Mesa Ministerial de ITS, un espacio de gestión que reúne a referentes de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia. Actualmente, está trabajando en un Plan Operativo Anual para garantizar una respuesta homogénea en todas las jurisdicciones del país a través de estrategias de prevención combinada, testeos en puntos de atención, acceso oportuno al tratamiento, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el uso de la información para la toma de decisiones sanitarias.

Fuente: Agencia DIB

El presidente Javier Milei admitió que el 3,4% de inflación de marzo “es malo”, pero remarcó que espera que “a futuro retorne a su sendero decreciente”.

“El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, sostuvo en su cuenta de X.

El mandatario demostró cierto malestar sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se registró en el tercer mes del año.

Con un incremento del 9,4% en el primer trimestre, se complica el objetivo del Gobierno de finalizar el año con una inflación del 10%, tal como habían pactado en el Presupuesto nacional.

El alza de marzo estuvo influenciada por los rubros de Educación (12,1%) y Transporte (4,1%); a contramano se ubicaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

El Gobierno nacional se comprometió a realizar una transferencia complementaria de fondos a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de evitar nuevas reducciones en las frecuencias y mejorar la prestación del servicio.

La definición se dio tras una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía con representantes de las cámaras empresarias del sector, en medio de un escenario de fuerte tensión por la caída en la cantidad de servicios en distintas líneas.

Según se informó, durante esta semana se avanzará con el pago de una parte significativa de las compensaciones pendientes, correspondientes al saldo de febrero. La medida busca aliviar la situación financiera de las compañías y evitar que se repitan episodios recientes de colapso en el sistema, con largas esperas y menor disponibilidad de unidades.

En paralelo, se acordó realizar un nuevo encuentro dentro de los próximos 15 días, en el marco de un proceso de revisión del esquema de transporte. Uno de los puntos centrales será la normalización de la deuda que el Estado mantiene con el sector, estimada por las empresas en alrededor de 95.000 millones de pesos.

Durante la reunión, las autoridades presentaron además un plan de acción orientado a reorganizar el sistema en el corto plazo. El foco está puesto en garantizar niveles de servicio acordes a la demanda y evitar conflictos como el registrado la semana pasada, cuando se redujeron frecuencias en varias líneas.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que el envío de fondos permitirá “regularizar las cuentas y las frecuencias”. En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) consideraron que la medida representa “un paso importante en la dirección correcta”, aunque advirtieron que el nivel de servicio actual aún se encuentra “lejos de lo ideal”, reprodujo DIB.

Las empresas, en ese contexto, se comprometieron a sostener la mayor cantidad de servicios posibles con los recursos disponibles, mientras continúan las negociaciones con el Gobierno para estabilizar el sistema y evitar nuevas interrupciones.

La inflación de marzo fue de 3,4%, décimo mes consecutivo que el índice no baja, de acuerdo con los datos dados a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el informe oficial, el índice acumuló en el primer trimestre del año una variación de 9,4%. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 32,6%.

En abril del año pasado, el índice había fijado un pico de 2,8%. Luego, en mayo bajó a 1,5%, último descenso. A partir de allí, subió 1,6 en junio; 1,9% en julio y en agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; y 2,9% en enero y febrero.

"El dato es malo. El dato no nos gusta, ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy (sic) elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC!", escribió poco después de las 16 el presidente Javier Milei, que compartió la publicación de su ministro de Economía, Luis Caputo.

En su habitual posteo pos indicador, Caputo, destacó la “fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo. Por su parte, la variación mensual de la Canasta Básica Total bajó de 2,7% en febrero a 2,6% en marzo”. 

Además, siguió Caputo, “la inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero. Esto indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”.

Esta vez, la mirada también estuvo puesta en el contexto internacional. “En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países. Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en Carnes y Derivados”.

A propósito, siempre según el recorte de Caputo, “entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en 'Combustibles', 24% en 'Pasajes de avión de cabotaje' y de 22% en 'Transporte interurbano'”. Por otro lado, “el capítulo 'Educación' registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos ocho años para el mes de marzo”.

De nuevo a los datos duros del Indec, los precios regulados registraron el mayor incremento del mes, con una suba de 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, el IPC núcleo avanzó 3,2% y los precios estacionales subieron 1,0%.

Entre las divisiones que componen el índice, “Educación” fue la de mayor aumento en marzo, con el alza de 12,1%, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo. Le siguió “Transporte”, que registró una suba de 4,1%, asociada a incrementos en combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” mostró una variación de 3,4% y fue la división con mayor incidencia en el resultado general del índice, principalmente por los aumentos en carnes y derivados. El informe también detalló que los bienes registraron un incremento de 3% en marzo, mientras que los servicios avanzaron 4,2%.

Como es costumbre, Caputo cerró: “La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas. A medida que el impacto rezagado del desplome pre electoral en la demanda de dinero el año pasado vaya perdiendo fuerza, el orden fiscal y monetario permitirán que la inflación continúe su convergencia hacia niveles internacionales”.

Caputo, había anticipado que el índice sería superior al 3%, un nivel que atribuyó a “cuestiones estacionales” y al impacto de la guerra en Oriente Medio. A la vez, prometió que a partir del mes que viene el Índice de Precios al Consumidor bajará.

Marzo es un mes que suele marcar subas estacionales grande en "Educación", por el retorno de las clases.

El nivel actual de aumentos de precios dificulta la meta expresada por el presidente Javier Milei respecto de que el índice comience con un cero en agosto, aunque ese señalamiento fue previo a la guerra y su impacto. A la vez, el acumulado quedó en la puerta del total presupuestado para este año, del 10.1%.

#DatoINDECLos precios al consumidor (#IPC) aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el añohttps://t.co/ALtx4h5Sbd pic.twitter.com/6COSfIep4J

DIB

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) frenó el uso, la distribución y la venta a nivel nacional de un perfume tras detectar irregularidades en su elaboración, desvíos de calidad y la presunta usurpación del legajo sanitario de un laboratorio habilitado.

Así lo ordenó la Disposición 1859/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del responsable del organismo de control, Luis Fontana. La medida alcanza al lote 1469 del perfume “Extracto de Perfume Thone”, marca Leduft, con vencimiento en junio de 2027.

De acuerdo con los considerandos de la norma, las actuaciones se iniciaron a partir de tareas de evaluación, investigación y análisis del área de Cosmetovigilancia, luego de reportes que alertaban sobre la “presencia de partículas extrañas en el formulado” del producto.

Al consultar la base de datos de cosméticos inscriptos, la Anmat constató que el producto contaba con registro y que declaraba único establecimiento elaborador a la firma Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo, habilitada bajo el legajo N° 2891. Sin embargo, al ser contactados, los representantes del laboratorio manifestaron que “no habían participado en la elaboración del lote 1469 con vencimiento 06/27”.

La autoridad sanitaria también solicitó información a Grupo Leduft S.A., titular de la inscripción del producto ante la Anmat. Según consta en el expediente, la empresa informó que el lote en cuestión fue elaborado “en una instancia inicial y de carácter experimental” en instalaciones ajenas al laboratorio declarado.

Ante ese escenario, señaló que se trataba de cosméticos “elaborados en instalaciones sin habilitación sanitaria”, para los cuales se desconoce “su efectiva composición y condiciones de su elaboración”. En consecuencia, indicó que “no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable”.

Por lo tanto, el artículo 1 de la Disposición resolvió: “Prohíbese el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional” del lote afectado.

Fuente: Agencia DIB

El ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los empresarios a adecuarse a la nueva etapa que transita el país, aseguró que el “camino no va a cambiar” y atribuyó las diferentes realidades que atraviesan los distintos sectores a las decisiones que cada uno de los agentes adopta en la actual coyuntura.

“Este camino no va a cambiar. Algunos se han comido algunas curvas como la de enero del ‘24, la de marzo del ’25, o la de septiembre del ‘25. La de sobre stockearse especulando con que pueda pasar algo malo no va, porque en economía hay una causalidad y este Presidente y este gobierno está haciendo las cosas bien y por eso van a salir bien”, afirmó el ministro.

Caputo habló esta mañana en el Summit 2026 de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) que se realiza en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y que siguió Agencia Noticias Argentinas.

Pese a la enumeración de una serie de logros macro económicos, el jefe del Palacio de Hacienda reconoció que “lamentablemente el trabajo creció en los sectores informales”, pero aseguró que no podían quedarse “con el modelo anterior” porque ya sabían "que fracasó en la Argentina y en todo en el mundo”.

Al respecto señaló que para mejorar la calidad del empleo hay que “incentivar la inversión” con las señales adecuadas. “Para que haya empleo tiene que haber inversión sostenida y nosotros estamos atrayendo masivamente inversión”, afirmó Caputo.

Asimismo, consideró que hay sectores industriales que ya comienzan a reconvertirse en la prestación de servicios y enfatizó: “Trabajamos para que la reconversión se de lo más rápido posible”.

Consultado sobre los sectores más retrasados en la recuperación, el ministro subrayó: “La realidad es heterogénea, como lo es heterogénea la decisión de las personas. No todas las personas reaccionan igual”.El jefe del Palacio de Hacienda insistió en que “los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas” a favor de que el modelo económico ofrecerá las herramientas necesarias para el desarrollo general de la actividad.

En esa línea, reiteró que desde abril habrá una caída muy fuerte de la inflación porque “ya comenzó a observarse una mejora en la demanda de dinero”.

NA 

El sistema de atención del PAMI atraviesa un nuevo conflicto luego de que médicos de cabecera iniciaran un paro de 72 horas en todo el país. La medida de fuerza surge en rechazo a una resolución reciente que, según denuncian los profesionales, implica una caída en sus ingresos reales.

De acuerdo a información de la agencia Noticias Argentinas, la protesta impacta en la atención habitual de miles de afiliados, en un contexto de creciente tensión por las condiciones laborales dentro del organismo.

El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, publicada el 9 de abril, que introduce modificaciones en el sistema de remuneración de los médicos de cabecera.

Desde el sector aseguran que la normativa fue presentada como un “ordenamiento”, pero que en la práctica implica un ajuste. Uno de los puntos centrales es la actualización del valor de la cápita, que pasa a $2.100 por afiliado.

Sin embargo, los profesionales sostienen que ese incremento es insuficiente frente a la eliminación de otros ingresos. “No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”, señalaron.

Entre los principales cambios cuestionados se encuentra la eliminación del pago por consulta presencial, un mecanismo que permitía facturar hasta 140 atenciones mensuales. A esto se suma la incorporación de múltiples prestaciones dentro de un monto fijo y la quita de incentivos vinculados a la formación profesional.

Según explican, el nuevo esquema establece un ingreso fijo por afiliado que debe cubrir la totalidad de la atención médica, incluyendo consultas, seguimiento y prácticas, lo que consideran insuficiente.

“Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina”, advierten desde el sector.

En ese sentido, aseguran que el impacto es directo: mayor carga de trabajo, menores ingresos y pérdida de reconocimiento profesional. Además, remarcan que el esquema resulta inviable para sostener consultorios privados, que deben afrontar costos como alquileres, servicios e insumos.

La resolución también introduce cambios administrativos, como la modificación del nomenclador y la implementación de un esquema unificado para médicos de cabecera, con el objetivo de simplificar la normativa vigente.

Además, elimina incentivos económicos destinados a la formación de posgrado, bajo el argumento de que esos objetivos ya fueron cumplidos. Esta decisión generó rechazo entre los profesionales, que cuestionan la falta de reconocimiento a la capacitación continua.

El conflicto se desarrolla en un escenario de creciente tensión dentro del sistema de salud del organismo, con medidas de fuerza en curso y un reclamo que podría profundizarse en caso de no haber respuestas oficiales.