La Diputada Nacional Marcela Campagnoli lamentó haber sido acusada por el Presidente, Javier Milei, como “traidora” luego de que en la jornada del martes, por falta de apoyos, el oficialismo decidiera que el proyecto de Ley Ómnibus vuelva a comisión.

Es que el mandatario nacional publicó en su cuenta de X el listado de los diputados que acompañaron y los que no lo hicieron llamándolos “leales” a los primeros y “traidores” a los segundos, este último apartado en el que aparece el nombre de Campagnoli.

En una entrevista concedida al programa Radial Agenda Propia de FM Estudio 2, la diputada pilarense planteó: “Me siento muy triste porque esto no lleva a ningún lado bueno. No me siento traidora de nada ni de nadie. Mucho menos del electorado y de las normas y la Constitución. Lamento que el Presidente considere traidores a quienes todo este tiempo estuvimos ayudando para que salga la mejor ley”, expuso Campagnoli, quien la semana pasada había votado en general la normativa, pero se negó a avalar, como históricamente lo hace la Coalición Cívica, la delegación de poderes,

Además la legisladora señaló que “lo que falló fue la estrategia parlamentaria, porque nunca hubo alguien empoderado del gobierno para llevar adelante las negociaciones”.

“Tuvimos espíritu de colaboración y por eso no me siento traidora de nadie. Pero me duele que un Presidente que es de todos los argentinos, utilice prácticas que no colaboran a la armonía en la sociedad”.

Finalmente mostró preocupación por la “falta de cintura política (por parte de Milei) para poder avanzar”, y hasta dudó de las verdaderas intenciones del gobierno en sacar la ley adelante.

“Rezo para que el Presidente entre en razones, que sepa que la política es el arte de lo posible y eso se hace negociando en el buen sentido del concepto, para lograr la mejor ley para los argentinos", concluyó Campagnoli.

La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 votos contra 109 el proyecto de “Ley Ómnibus” (“Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”) que establece una fuerte reforma del Estado y permite la privatización de varias empresas públicas, y la discusión artículo por artículo continuará el próximo martes.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo de los diputados del bloque oficialista La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Creo, Avanza La Libertad, Producción y Trabajo, Buenos Libre, Independencia y Unión Mendocina.

Unión por la Patria y la izquierda rechazaron el proyecto. Asimismo, también votaron negativamente dos legisladores de la UCR, cuatro de Hacemos Coalición Federal y uno de Por Santa Cruz.

El proyecto de “Ley Ómnibus” fue presentado por el gobierno de Javier Milei a fines de diciembre del año pasado. La iniciativa generó fuertes rechazos por parte de distintas organizaciones que en los últimos días se manifestaron en las puertas del congreso. Asimismo, el pasado 24 hubo un paro nacional en rechazo a esta medida y al mega DNU que también impulsa el Gobierno.

En el marco de la discusión en Diputados, el proyecto de “Ley de Bases” sufrió grandes modificaciones, aunque recién ahora se están conociendo las mismas. En tanto, la aprobación en general de hoy no significa que la totalidad de la iniciativa haya conseguido la media sanción, ya que la discusión pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes cuando comience a tratarse artículo por artículo. (DIB) 

La Cámara de Diputados debatirá en sesión especial este miércoles el proyecto de “Ley Ómnibus”. El oficialismo de la Cámara baja convocó para el miércoles a las 10 para discutir el proyecto de la ley “Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos”, que demandará al menos 30 horas de discusión.

De acuerdo con la agencia Télam, una fuente allegada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había anticipado que mañana martes se realizará la reunión de Labor Parlamentaria para “ordenar” el debate con los presidentes de bloques.

Después de que se postergara la semana pasada la llegada del proyecto al recinto, Menem buscaba ultimar los detalles de la sesión con las autoridades de los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para pulir la iniciativa y ordenar la discusión, luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar del proyecto el paquete fiscal.

Así, no se tratarían los capítulos del dictamen de mayoría que establecían una aumento de las retenciones agropecuarias, un nuevo mecanismo de actualización de las jubilaciones desde abril, el blanqueo de capitales, los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales y la moratoria. Es que, por ejemplo, los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) y el de Córdoba, Martín Llaryora, junto con los legisladores de la UCR, el PRO y Hacemos e Innovación, habían rechazado de plano el aumento de las retenciones agropecuarias y el nuevo mecanismo de ajuste de los haberes previsionales.

Gobernadores y legisladores de la llamada “oposición dialoguista” se reunieron esta tarde con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para analizar la postura de ese sector y encontrar acuerdos ante el debate. Luego del encuentro, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó: “Hoy hay un Gobierno paralizado que necesita herramientas. De esta reunión se pudieron destrabar un montón de cosas para avanzar en consensos necesarios para que el Gobierno cuente con esas herramientas”, indicó tras el encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Antes de la reunión, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se había mostrado confiado en que iba a haber “un buen diálogo y que saldrá la ley”, después de que el Gobierno retirara varios puntos del proyecto con los que mandatarios provinciales no estaban de acuerdo. “Fuimos escuchados” por el Gobierno y confió que se podrá conseguir un equilibrio entre las propuestas de los gobernadores y del poder Ejecutivo.

Por su parte, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, llamó a “trabajar en conjunto para sacar una ley buena para Argentina” y pidió “colaborar con el Presidente para no repetir errores del pasado”.

Al encuentro fueron convocados los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y diputados como Miguel Ángel Pichetto, Rodrigo De Loredo, Cristian Ritondo y Diego Santilli, además de Francos. (DIB) GML

Con información de la agencia Télam

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que el gobierno retira todo el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, con el objetivo de acelerar su aprobación en Diputados. Ese apartado contiene el aumento de las retenciones y el ajuste de las jubilaciones, dos de las inicativa que mayor rechazo habían generado en la oposición dialoguista que aprobó el dictamen sobre la norma pero con una serie de objeciones que ponían en duda que el proyecto superase el filtro de la cámara Baja.

En una conferencia de prensa al cabo de otro día debate públicos con de gobernadores de PRO y la UCR como Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryorra (Córdoba) y Sergio Torres (Chubut), Caputo precisó que el capítulo fiscal contiene “El blanqueo, la moratoria, el adealanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias y las retenciones”. Y adelantó que también podría postergarse otro foco de conflicto: “Puede incluir también el cambio de la fórmula jubilatoria. Eso es lo que se retiraría”.

Caputo dijo que entiende que por el capítulo fiscal se puede demorar el tratamiento del resto de la ley: más de 500 artículos de la Ley Bases que implican “un cambio estructural para el país” que en la mirada del funcionario es la parte “más importante” del proyecto porque “es lo que va a sentar las bases para que el país pueda crecer y desarrollarse los próximos 20 años”. En pos de asegurar la aprobación a este tramo, el gobierno resigna a los artículos que se incluyeron para llegar al déficit cero.

El ministro de Economía aclaró un aspecto clave: retirar el capítulo fiscal no implica renunciar al déficit cero. No lo dijo, pero seguramente el gobierno implementará otros recortes del gasto público para intentar llegar a ese mismo objetivo. De hecho, el Gobierno ha insistido varias veces que si no es vía ley, el equilibrio entre gastos e ingresos se alcanzará mediante otros instrumentos. En medio de la pelea con los gobernadores, Milei incluso habría dicho que planeaba dejarlos “sin un peso” si no lo respaldaban.

Por ahora, Caputo se limitó a señalar que “de ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, de déficit cero. Esto por supuesto que se mantiene”. Al respecto, añadió: “No se va a dejar de cumplir la meta de déficit cero y haciendo esto lo que vamos a lograr es facilitarle a los gobernadores y legisladores la parte más importante de la ley”. Y concluyó: “Hoy nos podemos tomar el tiempo de desarrollar nuevas medidas económicas que sean más compatibles, más fáciles de digerir para los diferentes actores económicos.

Caputo: las amenazas

El miércoles, horas después de que el oficialismo lograra aprobar el dictamen de mayoría del proyecto de Ley Ómnibus, Caputo había lanzado una dura advertencia a los gobernadores: “Se recortarán inmediatamente las partidas a las provincias si alguno de los artículos es rechazado”.

“Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, había afirmado el ministro de Economía, tras la aprobación del dictamen oficialista con disidencias del proyecto de ley ómnibus. (DIB)

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (APDRA), que cuenta con la participación de la Defensoría de Pilar bajo la dirección de Adrián Maciel, emitió un comunicado en el que destacó que las propuestas del Ejecutivo nacional "vulnerarían de modo flagrante" la normativa vigente. Subrayaron que la actual Ley de Salud Mental fue aprobada con amplio consenso, adoptando un enfoque basado en la inclusión social, la intervención comunitaria y el respeto a los derechos humanos.

Según APDRA, las modificaciones planteadas por el gobierno afectarían la integralidad del sistema de atención pública de la salud, desviándose de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.

Desde la Defensoría del Pueblo de Pilar, expresaron que las propuestas de cambio se perciben como "un retroceso en materia de derechos humanos". Argumentaron que las mismas permitirían a los jueces decidir internaciones sin la evaluación de un equipo interdisciplinario, transformando la internación en un acto jurídico en lugar de un procedimiento clínico-sanitario.

Además, señalaron que las modificaciones facultarían al abogado del Artículo 22 de la ley vigente a oponerse a la externación de su patrocinado, desnaturalizando el derecho a una defensa técnica. También destacaron preocupaciones sobre la autorización de establecimientos específicos y la modificación en la composición del Órgano de Revisión, prescindiendo de organismos representativos.

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina sostiene que la Ley de Salud Mental debe ser implementada, subrayando la importancia de asignar mayores recursos presupuestarios al sistema integral de salud y mejorar las condiciones de tratamiento y abordaje de acuerdo con estándares internacionales, tanto en el sector público como en el privado.

Uno de los capítulos más conflictivos dentro de la denominada Ley Ómnibus que este lunes el Gobierno envió a los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados es el referido a la movilidad jubilatoria.

El Gobierno, informó, va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. Pero a partir de abril, comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato disponible del Indec.

En esta última oferta, la administración de Javier Milei aseguró que “va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual” y que, a partir de abril, “comienza una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC”.

“Así se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”, afirmó el Gobierno en el proyecto.

Esta oferta, que será analizada por los bloques dialoguistas, no encuadraría con lo que habían contrapropuesto los legisladores la semana pasada. En efecto, las bancadas de PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pretenden que la indexación de los haberes jubilatorios opere a partir de enero. En ese punto, el Gobierno propone que sea a partir de abril, con lo que se estaría ahorrando casi cuatro meses de actualización por inflación.

Qué pasa con las jubilaciones de privilegioPor otra parte, de tener el visto bueno en el Congreso, se eliminarán las jubilaciones de privilegio para Presidente y Vicepresidente y, de esa manera, “se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los Presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia”, afirmó el Gobierno.

“A partir de la sanción de esta ley, al Presidente y Vicepresidente de la Nación que culmine su mandato, le resultan aplicables las previsiones de la Ley 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, de acuerdo con uno de los artículos de la iniciativa.

También se modifica el artículo 1° de la ley 24.018, que quedará redactado de la siguiente manera: “Los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”. (DIB) FD

La Asociación Patrimonio Natural de Pilar rechazó la Ley Ómnibus que impulsa el Presidente Javier Milei.Es que entre las cientos de modificaciones aparecen cambios en leyes ambientales claves, como la de Bosques o Glaciares.En ese marco, lanzaron la campaña “Salva las Leyes Ambientales”, medida que busca reunir adhesiones a través del sitio www.salvalasleyesambientales.org, donde ya hay unas 36 mil firmas.“El proyecto de Ley Ómnibus, incluye modificaciones a varias leyes ambientales, como las de bosques y glaciares, que se lograron por la fuerte presión de la sociedad. Los cambios propuestos ponen en serio riesgo el futuro de ecosistemas vitales para enfrentar la actual crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos”, señalaron los organizadores de la campaña."Esta regresión de derechos ambientales conquistados es completamente inadmisible. Las normas que pretenden modificarse fueron el resultado de largos debates democráticos y no deben cambiarse en beneficio de sectores corporativos, lo que provocará la destrucción impune de bosques y glaciares, entre otros ecosistemas”, agregaron.La entidad pilarense, que administra la Reserva Natural de Pilar, indicó que "las reformas planteadas implican regresiones ambientales ya que se tratan de pilares de la defensa ambiental”.“Necesitamos que nos ayudes a difundir en tus redes, a tu comunidad de seguidores, sobre el peligro al que se enfrentan nuestros bosques y glaciares si avanzan los cambios propuestos en la Ley Ómnibus. Para poder evitar la regresión ambiental es necesario que se sumen muchos argentinos con su firma para exigirle a los legisladores salvar nuestras leyes ambientales”, sostuvieron desde la Asociación.

La campaña “Salva las Leyes Ambientales” explica que desde la creación de la Ley de Bosques, en 2007, se redujo un 40% la deforestación comparado con la decáda anterior, normativa por medio de la cual en el 80% de los bosques se prohíben desmontes.La Ley Nacional de Glaciares, aprobada en 2010, tiene por fin protejer los glaciares y el ambiente periglacial. En caso de avanzar los cambios, en esas áreas se podrían hacer, por ejemplo, perforaciones para buscar petróleo.

Integrantes de las Bibliotecas Populares de Pilar salieron a la calle para expresar su rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU impulsado por el Presidente Javier Milei.

En el marco de una movida convocada por la Red Federal de Bibliotecas, la actividad se desarrolló esta semana en la Plaza 12 de octubre con una radio abierta, actividades de difusión y una “suelta de libros”.

Entre otras, estuvieron presentes representantes de la Biblioteca Palabas del Alma, de la Biblioteca Ernesto Sábato, de la Biblioteca de la Estación de Manzanares y de Los Cardales.

Todos bajo una premisa; decirle “NO a la quita de recursos por parte del gobierno nacional”.

Es que en la Ley Ómnibus, por ejemplo, se plantea dentro de una monumental serie de desregulaciones el cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes; el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

“Nuestra intención es hacer conocer a la población lo que sucede. Para las bibliotecas los subsidios son una gran ayuda para promover otro tipo de actividades que engrosan nuestras tareas en los barrios como talleres, espectáculos, la edición de libros y la puesta en marcha de grupos comunitarios de teatro como ´Alma de Barro´”, explicó Carla Ponsone de Palabras del Alma al canal Tel Viso Noticias.  

Además agregó que “los subsidios permiten y dinamizan que la cultura llegue a todos los rincones de la República Argentina”.

Con el desfinanciamiento de la CONABIP, Ponsone resaltó que, por ejemplo, no podrán realizar las compras anuales de bibliografía en la tradicional Feria del Libro.

“Esta ley ómnibus nos quita recursos. Fue un encuentro de resistencia y abrazo en la Plaza 12 de octubre. Decimos NO al Apagón Cultural”, cerraron desde las bibliotecas populares.

Con carácter de urgencia, senadores y diputados de Unión por la Patria recibieron en el Palacio Legislativo a gobernadores y vicegobernadores del PJ para hacer una puesta en común sobre el proyecto de ley ómnibus que el Gobierno presentó hoy en la Cámara baja, y para analizar en conjunto los pasos a seguir.

Como corolario de las deliberaciones, quedó claro que el rechazo del peronismo es unánime y total a todo el paquete de reformas, e incluso hay cuestionamientos constitucionales muy severos a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que constituye un “modelo de concentración de poder” para “cerrar el Parlamento”.

“Hablamos del DNU y de esta novedad que directamente significa cerrar el Parlamento”, reveló un importante senador nacional que participó del cónclave a la prensa acreditada en el Congreso.

Con ironía, la misma fuente habló de un “regalo de Navidad” y calificó a La Libertad Avanza como “el Gobierno de los contentos”, al referirse a cada una de las medidas cuya implementación, estima, irá en desmedro de los diferentes intereses sectoriales y colectivos sociales.

“A los gobernadores de Juntos les quitan la coparticipación y salen contentos de la reunión. A los jubilados le van a sacar la ley de movilidad previsional y están todos contentos. La verdad es que éste es el gobierno de los contentos”, dijo con sarcasmo.

De forma presencial estuvieron en el despacho del tercer piso de la Cámara de Diputados los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Formosa, Gildo Insfrán, de La Rioja, Ricardo Quintela, y de La Pampa, Sergio Ziliotto. Por zoom se sumaron el resto de los mandatarios de Unión por la Patria.

Participaron del encuentro, entre otros, los presidentes de los bloques parlamentarios,  José Mayans (Senado) y Germán Martínez (Diputados), la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, la titular del bloque de Unidad Ciudadana del Senado, Juliana Di Tullio, la vicejefa del interbloque de UP en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, el diputado Leandro Santoro, además de funcionarios bonaerenses como Andrés “Cuervo” Larroque y Cristina Álvarez Rodríguez.

Kicillof asumió un papel de liderazgo, bajó una línea clara de rechazo a la ley del Gobierno y concentró la atención del resto de los participantes. 

Además de compartir las primeras reflexiones sobre el proyecto de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, los legisladores, mandatarios y funcionarios estudiaban la estrategia para bloquear en el Congreso el mega decreto de necesidad y urgencia sobre desregulación del Estado que días atrás dictó el presidente Javier Milei.

Entre el martes y el miércoles de la semana que viene quedaría conformada la comisión bicameral de Trámite Legislativo que tendrá en sus manos el tratamiento sobre la invalidez o invalidez del DNU.

El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de “ley ómnibus”, que contiene 664 artículos que proponen más reformas en el Estado y desregulaciones a las ya establecidas en el reciente DNU, además de privatizaciones, emergencias por dos años y cambios económicos, impositivos y contractuales, entre muchos otros temas.

El proyecto será tratado durante las sesiones extraordinarias y la idea de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto en Diputados el 25 de enero.

El proyecto se denomina “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” y fue entregado este miércoles por el ministro del Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara Diputados, Martín Menem.

El texto, de 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

El punto inicial del extenso texto declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, pudiendo ser prorrogada “por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años”.

“Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”, indica la norma.

Es decir, que si se aprueban las emergencias Milei tendrá las facultades de legislar, algo que la Constitución Nacional prohíbe expresamente en el artículo 76, que dice: “Se prohíbe la

delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

El texto que ingresó este miércoles en Diputados prevé la derogación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel, el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025 y habilita al Ejecutivo a privatizar las empresas estatales.

También modifica la Oficina Anticorrupción, la composición de la Cámara de Diputados e introduce cambios en el financiamiento de los partidos políticos.

“Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto

proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”, se informó en la cuenta de Twitter de la Oficina del Presidente de la Nación.

En esa línea, continuó: “Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.       

En su primer artículo el proyecto de ley ómnibus establece que su objeto es “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”. 

El proyecto modifica una veintena de leyes y entre ellas propone la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada durante 2020, facultando al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones “teniendo