Los contratos de alquiler pactados durante el último mes, tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres, son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses.

De acuerdo a los resultados de un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados, las condiciones en los contratos empeoraron a la hora de alquilar una vivienda en el último mes. El relevamiento, denominado Encuesta Nacional Inquilina, refleja las respuestas de 3.300 casos de todo el país.

En ese marco, la amplia mayoría (92,9%) de los y las inquilinos encuestados consideró que 2024 será peor que el año pasado.

En lo que respecta a los plazos, en el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos iguales o menores a seis meses. En los contratos firmados con anterioridad a esa fecha esa situación se presenta en el 28,3% de los casos, es decir, a pesar del incumplimiento de la legislación, esto se daba en un porcentaje mucho menor.

Antes del DNU, el 69% de los contratos contemplaba actualización anual (lo que marcaba la ley), 20% cada seis meses y sólo el 4% actualizaba cada tres meses. Después del 1° de noviembre, esa actualización anual sólo se presenta en el 7,6% de los casos encuestados.

Y a esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.

Actualmente, la participación del gasto de alquiler más las expensas en los ingresos de los hogares encuestados representa el 31,6%. Sin embargo, esta incidencia es diferente cuando se comparan los alquileres iniciados antes y después de noviembre del año pasado.

Los inquilinos que comenzaron su período de alquiler entre 2021 y noviembre de 2023, destinan en promedio un 28,6% de los ingresos totales del hogar a pagar el alquiler. Mientras que aquellos que empezaron el período de alquiler después del DNU, dedican el 41,6% de sus ingresos a afrontar el costo de la vivienda.

En relación a los sentimientos generados por la cuestión de la vivienda, predomina la angustia (78%), la ansiedad (75%) y el sentimiento de desesperanza (68%) entre los y las inquilinas que respondieron el cuestionario. A esto se suma que 55,8% tiene algún tipo de deuda, en general con los bancos. (DIB)

El Gobierno adelantó que “seguramente habrá novedades” en cuanto a la ley de Alquileres que, según consideró, causó “mucho daño al mercado inmobiliario”, y reiteró sus cuestionamientos a la ley de Movilidad Jubilatoria por entender que genera una “pérdida del poder adquisitivo” para la clase pasiva, al tiempo que se refirió a las paritarias y criticó el “esquema absolutamente injusto” de los subsidios al transporte público de pasajeros.

En su ya habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que la ley de alquileres “ha hecho mucho daño al mercado inmobiliario y todo lo que hace daño a la gente va a ser subsanado y corregido”.

Además, remarcó que en el oficialismo se promueve “siempre la libertad de las partes en los contratos privados”, y que “seguramente haya novedades”.

Así lo señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina, en la que reiteró conceptos que había formulado anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, en cuanto a que las medidas anunciadas son “un paquete de emergencia” y que en el Gobierno no están “cómodos” ni “de acuerdo” con muchos de sus puntos.

En ese sentido, en referencia a la suba de alícuotas impositivas y la posible reversión de la modificación del impuesto a las Ganancias aprobada meses atrás, Adorni afirmó que “cualquier corrección al alza de un impuesto va a ser de cortísimo plazo” y formará parte del “telón de fondo para lo que viene”.

Ante la posibilidad de suspender la vigencia de la ley de Movilidad Jubilatoria, Adorni dijo que “en los cálculos técnicos” que realizó el Ministerio de Economía, se comprobó que con la actual normativa “se espera que el jubilado tenga una gran pérdida del poder adquisitivo”.

“No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo, eso efectivamente hay que corregirlo”, sentenció, aunque prefirió no dar precisiones sobre qué modalidad se tomará como reemplazo de la ley vigente: “hablamos sobre verdades y hechos ciertos, no sobre especulaciones y deseos”, manifestó, para agregar que informará al respecto “cuando tengamos cada una de las precisiones”.

En otro tramo de la conferencia, Adorni sostuvo que el Gobierno nacional aspira a “tener la mejor relación con los sindicatos” y aseguró que “las paritarias serán libres”

Adorni tuvo una referencia extensa en su conferencia a los subsidios al transporte público de pasajeros, cuestionando tanto las inequidades regionales como las que existen entre usuarios de diferente poder adquisitivo dentro de una misma localidad.

“Hoy hay gente que paga mucho más de lo que se pagan en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires”, región a la que calificó como “la madre de todo el esquema de subsidios, que es absolutamente injusto”.

También se puso como ejemplo para dejar en evidencia una “inequidad” que, subrayó, “hay que pulverizarla: “Si salgo de la Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde me está pagando parte del boleto de colectivo que yo sí puedo pagar”, planteó.

“La decisión está tomada, el subsidio a la oferta va a desaparecer”, sostuvo, luego de asegurar que “lo racional es que esté focalizado en la demanda”. (DIB)

El titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, se mostró “preocupado” por las declaraciones del presidente electo Javier Milei sobre la derogación de la Ley de Alquileres y su intención de que las operaciones en el sector se puedan hacer con cualquier moneda, y dijo que teme por “una crisis habitacional y social muy profunda”.  

“Podemos estar frente a una situación donde se van a dolarizar todos los alquileres, y se concentrará mucho más la vivienda, habrá una crisis habitacional y social muy profunda, de la que nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos”, dijo Muñoz en el marco de una entrevista por Radio Provincia. 

El referente del sector señaló que una situación similar se dio entre 1976 y 1985 “cuando no había marco regulatorio” y “se podía pagar en cualquier moneda y no había plazo mínimo de contratos”, y explicó que “de ese momento no nos recuperamos más”.

Los dichos de Muñoz surgen tras las declaraciones de Milei de ayer en las que consideró que hay que derogar la Ley de Alquileres y “entender que es un contrato entre partes”. “Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño. Terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”, opinó el presidente electo. Y sostuvo que su idea es que los contratos se puedan pactar “en cualquier moneda”.

“Lo tomamos con preocupación, porque esto produce la suspensión de firmas de contratos o profundiza la ilegalidad”, señaló Muñoz al referirse a las palabras de Milei.

De cualquier manera, el titular de la Federación de Inquilinos Nacional sostuvo que actualmente “no se está cumpliendo” la Ley de Alquileres. “Es muy difícil defenderla, cuando nadie la hace cumplir y defender al Estado cuando en este tema, ha mirado para otro lado”, indicó. Y agregó: “Hicimos campaña por Sergio Massa con los inquilinos e inquilinas, pero nos era muy difícil explicar porque teníamos que seguir así”. (DIB) MT

El Gobierno promulgó este martes la denominada Ley de Alquileres con contratos de tres años y actualización semestral, modificaciones que fueron impulsadas por el kirchnerismo en el Senado, y luego aprobadas días atrás en la Cámara de Diputados.

Según el decreto 533/2023, publicado en el Boletín Oficial, la ley 27.737, que introduce una serie de modificaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación, comenzará a regir los contratos de alquiler celebrados a partir de este miércoles, es decir, un día después de su promulgación. Además, se aclaró en el artículo 12, “resultará de aplicación para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes”.

La propuesta fue sancionada en la madrugada del pasado miércoles por 128 votos a favor y 114 en contra, en una sesión maratónica de Diputados que se desarrolló en un contexto de fuerte crisis económica, con una escalada inflacionaria que se convirtió en uno de los puntos centrales en la recta final hacia las elecciones presidenciales de este domingo.

Entre los principales puntos de la normativa, sancionada por 128 votos a favor y 114 en contra, básicamente de Juntos por el Cambio, se encuentra la ratificación de que “el contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de tres años”.

Al mismo tiempo, ahora establece que en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse “en moneda nacional y por períodos mensuales”, para intentar frenar los contratos en dólares y el pago anticipado. Tampoco se pueden publicar avisos en moneda estadounidense.

En paralelo, indica que “podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis (6) meses”, dejando atrás el plazo mínimo de actualización de un año.

Los ajustes, según la ley, “deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado por el INDEC y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el Banco Central de la República Argentina”.

Para calcular el aumento, se tomará el coeficiente de los últimos 6 meses, se multiplicará primero entre sí y luego por la cuota de alquiler. Por ejemplo, si se toma el período mayo a octubre de este año, un alquiler de $80.000 pasaría a $110.190

El artículo 8, en tanto, refleja que “los ingresos provenientes de contratos de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”, mientras que el artículo 11 dice que locatario y locador podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. (DIB) FD

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma a la ley de alquileres, tras una sesión maratónica. La votación obtuvo 128 votos afirmativos frente a 114 votos negativos y comenzará a regir apenas sea publicada en el Boletín Oficial.

Con las modificaciones introducidas, los contratos de alquiler mantienen los tres años de vigencia, pero los valores deberán actualizarse cada seis meses, en lugar de ajustarse una vez por año, como establece la ley actual.

Además, se introdujo un nuevo método de ajuste, a través de un índice denominado Casa Propia.

El coeficiente de aumento que se aplicará los nuevos contratos es una modalidad de actualización implementada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para calcular las cuotas de los créditos hipotecarios del plan Procrear II.

Este mecanismo de indexación tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial (CVS) del último año (no la de un único mes) y el promedio de la inflación del mismo periodo (CER). Además, incorpora el Coeficiente de Variación Salarial con un aforo del 0,9. De esta manera, al momento de la actualización, no refleja el promedio de la variación salarial en su totalidad, sino en un 90%.

En la práctica, desde que se creó en 2021, el índice siempre tomó la variación salarial, porque nunca los incrementos de los sueldos superaron a la inflación. Y es muy probable que esto se mantenga en los próximos meses, lo que juega a favor de los inquilinos y en contra de los propietarios.

El Índice Casa Propia originalmente se utiliza para hacer actualizaciones mensuales. Cada mes se publica un índice por el cual hay que multiplicar la cuota del crédito Procrear. Pero, como los alquileres sufren ajuste semestral, los inquilinos deberán multiplicar entre sí los seis últimos datos del coeficiente Casa Propia y, al resultado, multiplicarlo por el monto del alquiler actual.

¿Cómo calcular el nuevo valor del alquiler?

- Ingresar a la web oficial de Casa Propia en argentina.gob.ar para ver los últimos datos del índice.

- Multiplicar los valores del semestre que se quiera calcular.

- Multiplicar el resultado por el monto del alquiler actual.

Por ejemplo, si el inquilino hubiese firmado su contrato en enero de 2023, para saber cuánto tendría que pagar en julio, debe tomar el índice de febrero y multiplicarlo por el de marzo, el resultado multiplicarlo por el de abril y así mes a mes hasta julio.

El resultado de ese cálculo da 1,34594 y, a ese número, se lo multiplica por el valor del alquiler para saber de cuánto será el aumento. De esta manera, con los datos de enero a julio de 2023, un alquiler con un valor de $100.000 quedaría en $134.594 si se actualiza de forma semestral con los datos del índice Casa Propia, lo que representa un incremento de 34,6%.

Hasta noviembre (último mes disponible) el índice Casa Propia se incrementó 69%, contra una inflación interanual (la nueva ley establece que hay que considerar el promedio de los últimos 12 meses) de 138,3% a septiembre.

De acuerdo con el índice Índice de Contratos de Locación (ICL), utilizado en la ley actual, hasta octubre el incremento anual ascendió a 118%, por lo que un alquiler de $100.000, a fin de año superaría ampliamente los $ 220.000. (N/A)

En el ámbito educativo, se tratará la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires; creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos; y la creación de la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

En la agenda parlamentaria, también se abordará la creación del Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital.Consideración de modificaciones introducidas por el H. Senado; Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; y Modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación.

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Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados del Frente de Todos Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente. El dictamen de mayoría obtuvo 41 firmas y le de minoría 37.

Al ratificar que insistirán con la sanción originaria de la Cámara de Diputados, desde el PRO, Pablo Tonelli afirmó que lo avalado por el Senado “ya está probado que no ha dado buenos resultados”. Al respecto, aclaró los principales objetivos de la norma que volverán a acompañar. “El plazo mínimo sea de dos años, que los ajustes puedan hacerse a partir de los cuatro meses, con la periodicidad convengan las partes, y que tengan la libertad de elegir entre varios de los índices o fórmulas que hemos propuesta en esa ley”, detalló.

Itaí Hagman (FdT) aseveró que “la discusión de dos contra tres años al único actor interesado de que los contratos sean más cortos son las inmobiliarias, no son los propietarios y muchos menos los inquilinos”. Con respecto a la norma del Senado remarcó que “es una solución superadora”, la cual aseguró que busca “mejorar el actual mecanismo de indexación al hacerlo por el valor más bajo entre inflación y salario, siendo mucho más razonable”.

Desde el mismo bloque, Eduardo Tonioli sostuvo que “lo que hizo el Senado fue restablecer un grado mínimo de racionalidad a esta discusión, tratando de darle respuesta a los inquilinos”.

En tanto, Karina Banfi (UCR) subrayó que “esta es una medida populista”, donde según consideró “ninguna de las dos partes involucradas está conforme con esta ley”. Son medidas electorales para dividir a la oposición”, fustigó, al tiempo que recalcó que “el problema está en la oferta”. “Esto se debe, principalmente, al intervencionismo estatal”, añadió. Y, concluyó acentuando que “nosotros defendemos a la gente, a los trabajadores y a los honestos”.

Por último, Federico Fagioli (FdT) criticó el proyecto que se aprobó en Diputados. “Este proyecto, que pretende que las partes se pongan de acuerdo, en realidad enriquece a un sector, busca que se beneficien los dueños, las inmobiliarias, los sectores que han concentrado la economía en la Argentina”.

El proyecto que aprobó el Senado establece que los contratos, que deberán pagarse en moneda nacional, serán tres años de plazo mínimo legal de locación con ajustes semestrales en lugar de anuales. Además, se aplicará el índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Y habrá incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas.

Cabe recordar, que la norma que aprobó la Cámara de Diputados proponía que el plazo de los alquileres sea de dos años, con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para definir el índice entre las partes.

El Senado aprobó con cambios el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres proveniente de la Cámara de Diputados, por lo que deberá volver a la cámara de origen para ser tratado nuevamente.

Con 37 votos a favor y 29 en contra, se avanzó con la iniciativa que regresa a Diputados en segunda revisión. El proyecto recibió algunos cambios propuestos por el interbloque del Frente de Todos, por lo que ahora será en la Cámara Baja donde se deberá decidir si se insiste con la sanción original o se aceptan las modificaciones.

El proyecto aprobado por el Senado establece tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que “los contratos de locación con destino” a vivienda serán estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

Además, el Senado modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres propiciando que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA”.

Además incorpora un último párrafo sobre el artículo nueve estableciendo que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”.

Finalmente, se suma un nuevo artículo, el número doce sobre el Impuesto a las Ganancias: “las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación”.

Proyecto de Diputados

En cambio el proyecto original de Diputados propone plazos de dos años en los contratos. Además, establece que la actualización de los alquileres se realizaría cada cuatro meses.

Respecto del índice de cálculo, señala que ambas partes pueden convenir el más conveniente entre el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o incluso una combinación entre estos.

Asimismo, habilita la posibilidad de que los propietarios puedan pedir meses por adelantado. Y estipula que los rentistas tendrán exenciones impositivas, pero no tienen la obligación de registrar los contratos de alquiler en AFIP.

Los puntos clave de las modificaciones:

-Mantenimiento de contratos por tres años.

-Ajustes semestrales en lugar de anuales.

-Aplicación del índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Actualmente, se utiliza el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central.

-Contratos en moneda nacional.

-Incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas. (DIB)

Después de muchas idas y vueltas, Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición lograron aprobar una reforma a la Ley de Alquileres que había sido sancionada en 2020, y que no rindió los frutos esperados.

La mal llamada "Ley Lipovetzky", que había sido producto de la construcción transversal entre bloques de diferente signo, establece plazos de tres años para la duración de los contratos de alquiler, actualización anual de los precios en base a la combinación de indicadores de evolución de precios y salarios. En cambio, la media sanción de Diputados, se basa en los siguientes lineamientos: - Duración de los contratos: dos años - Periodicidad para la actualización de precios: cuatrimestral  "En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”. - Mecanismo de actualización: libre, a acordar entre las partes. "Para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

- Incentivos fiscales para promover la oferta de inmuebles en alquiler: Reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan hasta tres unidades de explotación, "en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados" se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma". Se exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler Se modifica el impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes "utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados".

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El Gobierno decidió suspender la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020, luego de una conversación entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Cabe recordar que cuando se discutió en el Congreso, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo. Fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

Así, introdujo al mercado dos cambios clave: convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación y extender la duración de los contratos de dos a tres años.

Tras la disparada de los precios en 2021, Sergio Massa, quien entonces presidía la Cámara de Diputados, criticó duramente la normativa y anunció que impulsaría una modificación. Incluso, el Presidente llegó a hablar de suspender la ley por 90 días, pero finalmente no se avanzó en ese sentido.

De acuerdo a un relevamiento realizado en base a los avisos del portal inmobiliario, Zonaprop, los precios de alquiler en los últimos 12 meses subieron un 118,6%. Mientras que fue de un 245% desde la sanción de la nueva ley en 2020.

Asimismo, desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla, pero ninguno logró avanzar. (DIB)

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La Comisión de Legislación General realizó hoy la cuarta reunión informativa en las se tratan posibles modificaciones a la Ley de Alquileres (27.551). Se estima que este viernes esté definido el cronograma y el listado de proyectos a contemplar.

En la jornada informativa, Germán Hiralde, representante de la Cátedra Derecho a la Vivienda UNDAV, destacó: “La vivienda es un derecho constitucional, humano, fundamental, y es presupuesto de otros derechos porque no puede haber un verdadero derecho a la salud, educación o trabajo, si no se tiene un lugar donde vivir en paz”.

Contemplando la pluralidad de voces de distintos puntos del país, el arquitecto y corredor público Roberto Fabiano, detalló que en el interior “La mayor parte de las propiedades a la venta pertenecen a pequeños inversores, muchas veces jubilados”. Además puntualizó: “En la actualidad es tal el desface entre la posibilidad de pago del inquilino y la necesidad del propietario, que desaparece la oferta de propiedades”.

En representación del ámbito educativo, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, destacó la amplia convocatoria que tuvo la Comisión, definiéndola como “muy diversa para discutir un tema tan necesario y urgente. Destacar y agradecer el tener en cuenta la voz de las universidades, en este caso las nacionales, de múltiples maneras, con el aporte de sus investigadores y profesionales”.

En la cuarta jornada participaron también Josefina Del Río (Subsecretaria de Hábitat de la Municipalidad de Rosario y coordinadora del Centro de Asesoramiento Social en Alquileres), Josefina Mendoza (Fundación Haciendo), Renzo Quero (Asociación Inquilinos San Juan), Claudio Pilo (Hipotecados UVA), Sergio Chouza (Consultora Sarandí), Vanesa Falcón (Red de Derechos Humanos de Corrientes), entre otros.

La comisión de Legislación General se reúne en el Congreso para continuar con las jornadas informativas de la Ley 27.551 sobre Alquileres, logrando así obtener precisiones a medida que avanzan los encuentros en comisión en post de mejorar la legislación actual mediante el diálogo e intercambio de información.

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Se trató de la tercera reunión informativa de la Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, donde expusieron representantes de inquilinos, propietarios e inmobiliarias. El martes próximo comenzará el debate de los legisladores en busca de un dictamen.

En la jornada de ayer, Eduardo Reese, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, señaló que “el mercado inmobiliario no cumple con los postulados y principios que el sistema capitalista ha impuesto para que un mercado funcione correctamente”. En esa línea, agregó: “El mercado inmobiliario es opaco, plagado de prácticas especulativas y presenta una enorme desigualdad en la negociación contractual”.

Desde la Unidad Inmobiliaria del Colegio de Martilleros de San Isidro, Leonor Dueñas, sugirió que “el Estado debe incentivar a los inversores con beneficios en la construcción sobre inmuebles para la locación”.

Rolando Crook, en nombre del Colegio Abogados de Catamarca, dijo que “la problemática que enfrenta tanto el locatario como el locador está basada en el tiempo y el precio”. “Las tarifas son altas y los modos de actualización son injustos, sobre esa base hay que tomar medidas”, añadió.

Por su parte, Lucía Cavallero, integrante del colectivo “Ni una menos”, expresó que “el punto de partida de la discusión es pensar que entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias hay una relación desigual de poder y que no hay un interés común”.

“Debemos mejorar la protección de derechos de las inquilinas, ya que hay un problema de ingresos que afecta a las mayorías sociales”, resaltó.

A su vez, Natalia Ranzuglia, de la Red Inquilines Bonaerenses Tres de Febrero, remarcó que “cuando hablamos de viviendas hablamos de derechos humanos y de la vida de las personas, parece que nos olvidamos de eso”. “No es posible hablar en términos de mercado algo que pone en juego la vida y la salud de las personas”, sintetizó.

Se espera la participación de representantes de la Cámara de Propietarios de la República Argentina; del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC); de la Federación de Inquilinos Nacional (PTE); y del Centro de Estudios alegales y Sociales (CELS), entre otros.

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Presidida por la diputada nacional del Frente de Todos, Cecilia Moreau, la Comisión de Legislación General realizó una amplia ronda de reuniones informativas con el objetivo de debatir y analizar las modificaciones a la Ley de Alquileres (27.551), norma sancionada por el Congreso en 2020. Las reuniones informativas de diputados continuarán este miércoles desde las 13Hs, en el Congreso de la Nación Argentina.

Durante la jornada, el Presidente de la Federación Inmobiliaria de Argentina, Emilio Caravaca Pazos, mencionó la propuesta que ya han presentado por escrito al cuerpo legislativo, incluyendo los puntos que consideran revisables de la legislación, destacando: “Podemos detenernos un poco en los fundamentos sobre eso, entender que la periodicidad de los ajustes ha generado en realidad una situación que ha elevado los valores iniciales de alquiler”.

En representación del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, Andrés Gariboldi, enfatizó en modificaciones a la Ley: “Tenemos que poner en marcha algunas medidas de corto plazo que son la reducción del plazo del contrato, de 36 a 24 meses, consideramos que requerimos un escalonamiento dentro de las locaciones, no hay ningún producto ni servicio en la República Argentina que se actualice una vez al año”.

El debate en la Comisión de Legislación General contó con 30 expositores con representación federal, entre ellos Federico Prior (Inquilinos de Neuquén), Nire Roldán (Frente Nacional de Inquilinos y Pymes Locatarios), Laura Ceroli (investigadora y docente de planificación urbana), Javier Grandinetti (Consejo Consultivo de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario), Alicia Espinoza (Fuerza de Mujeres Barrio 31), entre otros.

En el encuentro se escucharán las observaciones y necesidades de consejos federales como COFECI, observatorios, asociaciones como ADCOIN, federaciones, investigadores, y fundaciones, con un amplio sentido federal.Dicha dinámica permitirá el diálogo e intercambio entre sectores que representan a inquilinos, locatarios, inmobiliarias, y empresas, en busca junto a los diputados de mejorar la legislación actual.

Dicha comisión avanzará también mañana para retomar nuevamente el debate el 27 y 28 de abril.

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En el marco del trabajo que busca reformar la Ley de Alquileres (27.551), diputadas de distintos partidos políticos se refirieron al enfoque federal y diverso con el que se está desarrollando el debate sobre la normativa en el Congreso de la Nación.

La presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, del Frente de Todos, expresó: “Por indicación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, estamos tratando de dar un paso adelante, con la participación de más organizaciones de la sociedad civil, que en general no tienen acceso al Congreso”.

Y agregó que “de esta manera virtual” pueden “ser escuchados y nosotros podemos nutrirnos de sus realidades a través de los nuevos sistemas que la tecnología nos brinda”.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, Ana Carla Carrizo, de Evolución Radical, indicó que durante el debate se escucharán a 43 organizaciones relacionadas al sector.

“Empezamos a conectaros con los protagonistas para poder entender por qué estos dos artículos de una Ley que tuvo tanto consenso generaron un congelamiento en el mercado de alquileres”, consideró.

En este sentido, Carrizo indicó que el debate seguirá con charlas informativas la semana que viene.

La Comisión de Legislación General, cuya titular es la diputada oficialista Cecilia Moreau, abrió la ronda de exposiciones informativas para analizar las modificaciones a la Ley de Alquileres (27.551).

“Hemos intentado hacer un listado para que todas las partes estén representadas, con un criterio federal, ya que todos somos parte de la problemática y nos parece importante escucharlos”, indicó la legisladora.

Al mismo tiempo, explicó que el martes 19 y miércoles 20 del corriente mes se continuará con el cronograma establecido y con la participación de distintos expositores que surgieron de las propuestas de todos los bloques políticos.

El primer expositor de hoy fue Giovanni Tessaro de la Dirección de Defensa del Consumidor de Chaco, quien manifestó que “es fundamental regular los precios de los alquileres”, al considerar que “son muy onerosos”.

Posteriormente, Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, consideró que “la norma actual no contribuyó a dar solución a la crisis habitacional, a incrementar las plazas disponibles, a facilitar el acceso”. Por el contrario, aseveró, “profundizó la escasez de oferta, disparó los valores y tornó menos previsibles las condiciones contractuales”.

Desde la Unión de inquilinos de Rio Negro, Roberto Díaz, manifestó que “las quejas de los inquilinos tienen mucho que ver con los aumentos semestrales de los contratos”. “No creo en la libertad de las partes porque termina ocurriendo que el inquilino se ve forzado a firmar cuestiones que están por fuera de la ley y sin respaldo del Estado para brindar un lugar a donde denunciar estas irregularidades”, aseveró.

Por su parte, Fernando Olcese, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de San Luis, pidió volver “al periodo contractual mínimo de dos años”.

“Lamentablemente no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, no las hay, pero no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina”, admitió.

Antonio Salinas, Jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, advirtió que “en lo que va de 2022, hemos recibido 245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos e inquilinas”. Los principales incumplimientos están relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración.

Entre otros oradores, en representación de Inquilinos Entre Ríos, Jonathan Villanueva, consideró que “el mercado es voraz y va en desmedro nuestro”. “Los tres años –de contrato de la ley actual- sí nos dan previsibilidad pero también es importante generar políticas para que el acceso a la vivienda de alquiler sea más fácil”, aseveró.