Un informe del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral, denominado “Impacto de la Ley Bases en la delegación legislativa a la luz de la praxis en la Argentina. Actualización y comparación de DNU y decretos delegados”, revela una acentuada utilización de la delegación legislativa por parte del Poder Ejecutivo durante la administración de La Libertad Avanza, especialmente tras la sanción de la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos.Desde su sanción y hasta el cumplimiento del plazo de la delegación legislativa en la Ley Bases, se triplicó el uso de decretos delegados respecto a los de Necesidad y Urgencia. Los autores del informe son Alfonso Santiago, Luis Vivacqua, Verónica Nolazco y Alejandro Krüeger French.Según ese análisis, la delegación legislativa presenta mayores garantías de legitimidad democrática, al implicar una habilitación expresa previa del Congreso que delimita la materia, las bases y el plazo para su ejercicio. En este sentido, se presenta como un instrumento más adecuado que los DNU para la implementación de programas de gobierno dentro de un sistema republicano y una democracia constitucional.

El informe ofrece un análisis detallado y cuantitativo del uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y Decretos Delegados (DD) en Argentina, con el foco puesto en la administración actual, desde el inicio del mandato el 10 de diciembre de 2023 hasta el 8 de julio de 2025, fecha en la cual se venció el plazo para el ejercicio de la delegación legislativa conferida por la “Ley Bases”.

El estudio muestra que las últimas presidencias no contaron con mayoría en el Congreso lo cual condujo a un notable incremento de ambas clases de decretos -DNU y DD- desde la presidencia de Alberto Fernández hasta la fecha. El informe refiere un incremento de 152,11 % de DNU y un 240% de DD, comparando las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y un aumento de 7% de DNU y un 268 % de DD entre las presidencias de Macri y los primeros 18 primeros meses de la presidencia de Milei.

Si bien la pandemia y sus consecuencias dispararon la cantidad de DNU y DD durante el año 2020, la falta de una mayoría consolidada en el Congreso mantuvo elevado el promedio de estos decretos durante el resto del mandato de Fernández. Si se compara la presidencia de Alberto Fernández con la de Mauricio Macri, se pasó de un promedio mensual de 0,56 a 3,73 DNU y de 1,47 a 1,77 DD. Esta falta de mayoría legislativa se profundizó al asumir la presidencia de Milei, donde el oficialismo no alcanza un tercio en ninguna de ambas Cámaras. En lo que lleva de mandato, el promedio mensual de DNU pasó a 4,22 y el de DD a 5,11.

En consecuencia, el estudio permite observar que en los años en que el oficialismo tuvo mayoría en las Cámaras del Congreso, la tendencia fue utilizar los DNU en mayor medida. En cambio, en los años en que existió paridad en la representación de las fuerzas políticas en el Poder Legislativo, se observa una tendencia al incremento por parte del PE en la emisión de decretos delegados y una reducción de los DNU.

“Estas tendencias podrían explicarse en que, ante un contexto de carencia de mayorías del oficialismo en las Cámaras del Congreso, parece más probable obtener la aprobación por la Comisión y las Cámaras de un decreto delegado que de un decreto de necesidad y urgencia, cuyos requisitos de validez teóricamente están sujetos a un escrutinio más estricto”, explica Luis Vivacqua, director ejecutivo del ODCL y coautor del informe.

Entre diciembre de 2023 y julio de 2025, Milei dictó un total de 92 decretos delegados. Antes de la sanción de la Ley de Bases el 27 de junio de 2024, sólo se habían emitido 7 decretos delegados. Sin embargo, tras su vigencia, el Poder Ejecutivo dictó 85 DD, de los cuales 70 tienen su origen en la Ley de Bases, y 15 se fundamentan en otras leyes delegantes, entre las que se destaca el Código Aduanero con 8 decretos.

El análisis temático de estos decretos revela que un 76% de las normas dictadas se concentran en materia económica y de administración pública. Dentro del ámbito económico, la mayoría de los decretos (34.3%) están relacionados con el comercio exterior y temas aduaneros, seguidos por la reestructuración y disolución de diversos Fondos Públicos (31.4%). En cuanto a la administración pública, gran parte de los decretos (45.7%) se enfocan en la transformación del Estado, mediante la disolución, creación y reorganización de organismos públicos, impactando también en áreas como los derechos humanos (14,3%), empresas y sociedades del Estado (14.3%), desregulación (20 %), y la Unidad de Información Financiera (5.7%). Otras áreas cubiertas por los decretos delegados incluyen temas laborales y de seguridad social (10 %), energía e infraestructura (5,4 %), y defensa y seguridad (8,7 %).

Las cifras muestran que el núcleo central de la transformación del Estado impulsada por la gestión de La Libertad Avanza se realizó a través de decretos delegados, lo que presupone un acuerdo previo del Congreso nacional.

Según el informe del ODCL, el incremento en el uso de los decretos delegados se dió en un contexto de ausencia de mayoría legislativa del oficialismo en el Congreso, una tendencia que, históricamente, se asocia con un mayor uso de este tipo de instrumento.

Un dato fundamental es que, en lo que va de 2025, los decretos delegados casi triplicaron el número de DNU, una situación que no se observaba desde el año 2010. La Ley Bases representa un punto culminante en la evolución de las delegaciones legislativas en Argentina, tanto por la amplitud de materias que abarca como por el volumen y alcance de los decretos dictados en consecuencia.

“Por tercera vez en la historia -la primera fue en 2010 en una situación de minoría legislativa para Cristina Fernández en Cámara de Diputados y la segunda en 2016, durante el primer gobierno de Mauricio Macri- ha habido mayor cantidad de decretos delegados en relación con decretos de necesidad y urgencia”, sostiene Luis Vivacqua.

El estudio concluye que, si bien la delegación legislativa es una herramienta recurrente en la práctica institucional argentina utilizada por diversos gobiernos para implementar sus programas, en el caso de la actual administración de Javier Milei, su magnitud y centralidad la posicionan como una estrategia normativa fundamental.

Finalmente, el informe subraya que, cuando se ajustan a los límites constitucionales, las delegaciones legislativas constituyen un mecanismo legítimo en el marco de una democracia constitucional, e incluso se consideran preferibles, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, frente a la práctica más discrecional de los decretos de necesidad y urgencia.

El informe fue elaborado por Alfonso Santiago, Luis Esteban Vivacqua, María Verónica Nolazco y Alejandro Krüeger French, en colaboración con Fermín Olcese, Camila Klappenbach y Anita Doucet.

Tras arduas negociaciones con la oposición dialoguista, que logró cambiar varios artículos, Milei finalmente obtuvo el nuevo paquete de leyes “fundamental”, según su criterio, para llevar adelante las transformaciones que quiere para la Argentina. La reglamentación se produce en la previa a la firma del Pacto de Mayo en la que el Gobierno buscará lograr el compromiso de distintos sectores, dirigentes y gobernadores sobre diez puntos relacionados a su plan económico, social y político.

En tanto, con la ley Bases Milei logró tener el visto bueno para avanzar en cambios profundos cambios en prácticamente todas las áreas de la vida cotidiana: relaciones laborales, empleo, obras públicas, entre otras.

En ese sentido, en el artículo 1° de la Ley Bases se declara “la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año” y se delegan “en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”, uno de los puntos que más controversia generó.

Las obras públicas financiadas por el Estado que superen los $10.000 millones serán canceladas salvo aquellas con avance de ejecución del 80% o más, o que posean financiamiento internacional, afectando infraestructuras como rutas, hospitales y escuelas.

La ley bases tiene además impacto en el mundo laboral de los empleados de organismos del Estado, quienes quedan sujetos a reestructuración y podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Durante este período, recibirán capacitación o se les asignarán tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados con una indemnización basada en su mejor salario mensual y su antigüedad.

No serán afectados los empleados que sean delegados sindicales con mandato vigente o que estén de licencia por motivos como enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio. Una vez vencida la licencia, podrían ser puestos en disponibilidad.

Además, se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas, y a partir del cumplimiento de los requisitos de jubilación, los empleados podrían ser exhortados a iniciar los trámites previsionales.

Dentro de la Ley Bases se establece que el derecho a huelga no podrá ser tomado como un elemento causal de despido, aunque sí se podrá descontar el día a aquellos empleados que paren.

En tanto, uno de los cambios más sustanciosos que introduce la ley está dado por las relaciones laborales entre privados: se introduce un período de prueba de seis meses para nuevos empleados, ampliable a ocho meses o un año dependiendo del tamaño de la empresa. Mientras que participar en bloqueos o tomas de la empresa será considerado como injuria laboral grave y justificación para el despido.

También se plantea un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, financiado con un aporte mensual del empleador que no supere el 8% del salario. Se trata de un sistema similar al que utiliza la UOCRA y que, para aplicarse, deberá ser acordado a través del convenio colectivo de trabajo. Además, se establecerán indemnizaciones agravadas en casos de despido por discriminación.

Para el caso de los trabajadores independientes o monotributistas, podrá contratar a otros tres trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que también concentró varias críticas, está destinado a fomentar grandes inversiones con grandes exenciones impositivas.

Para calificar, las compañías deben realizar una inversión mínima de 200 millones de dólares. Las reglas del régimen permiten a los inversores recaudar un porcentaje de las exportaciones dos años después del inicio de la inversión: el 20% en el segundo año, el 40% en el tercer año, y el 100% a partir del cuarto año.

El paquete fiscal establece una reversión del impuesto a las Ganancias que había establecido el entonces ministro de Economía Sergio Massa durante la última parte del año pasado, cuando era el candidato presidencial de Unión por la Patria.

A partir de ahora, el mínimo no imponible será de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. Así, con alícuotas que van del 5% al 35%, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos el año pasado. Se podrán deducir del impuesto gastos por alquiler y servicios médicos. La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el caso del impuesto a los Bienes Personales, el mínimo no imponible se elevará, eximiendo a quienes posean bienes por debajo de los $100 millones. Las alícuotas disminuirán a un rango entre 0,5% y 1,5%. Además, un régimen especial permitirá adelantar el pago del tributo de cinco ejercicios a una tasa preferencial.

En cuanto a los monotributistas, sus escalas y montos de facturación se incrementarán hasta un 400% desde julio. Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción, actualizándose semestralmente según el índice de precios al consumidor. Así, la categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales -actualmente era de $2,1 millones-, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68 millones.

Por otro lado, se establece un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Sumando todos los parámetros, las cuotas a pagar van desde $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Hasta ahora, los montos iban de $12.128 a $66.111. (DIB)

Familiares y allegados a la joven pilarense que fue detenida por fuerzas policiales tras la marcha en contra de la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso claman por su liberación.

Se trata de Sasha Lyardet, de 24 años, quien fue apresada el pasado miércoles tras la feroz represión de la Policía que concluyó con varias detenciones “arbitrarias y al voleo”, según denunciaron agrupaciones políticas y organismos de Derechos Humanos.

En las últimas horas la Justicia liberó a varios de ellos, pero a Sasha le negaron la excarcelación y, según confirmó su familia, fue trasladada al Penal de Ezeiza.

Por medio de un comunicado, la familia de la joven pidió por su pronta liberación. “No hay consuelo para tanta falta de coherencia”, reclamaron al tiempo que dieron detalles sobre cómo fue detenida.

“La detuvieron porque, entre las corridas, se volvió para levantar a una amiga que se cayó y ahí 3 motos se subieron a la vereda y las agarraron”, consignaron los familiares de la joven que es estudiante universitaria y cursa una carrera en la Universidad Nacional de San Martín.

La amiga a la que intentó ayudar es Camila Juárez a quien también le negaron la excarcelación. Desde el momento en el que quedó detenida, su familia tuvo muy poco contacto con ella.

En tanto, su abogada, Candela Ramírez, denunció que Sasha junto a otras compañeras permanecieron primero varias horas arriba de un camión celular y luego en una dependencia policial en pésimas condiciones. “Sin agua, y bajo condiciones muy inhumanas. Es un contexto muy complejo y estamos trabajando con el equipo de abogados del MST”, declaró Ramírez a El Destape Radio.

Quien es Sasha

Sasha fue a la marcha para oponerse a la sanción de la Ley Bases en el Senado de la Nación.

Es estudiante de la Universidad Nacional de San Martín e integrante del MST y si no estuviese detenida, el jueves habría podido rendir un parcial para promocionar una materia.

Su familia la define como una persona “que siempre está para el otro”.  

“Trabaja y vive sola, con amigos y familia que están desesperados. Sasha ayuda a organizar ollas populares y siempre está para el otro”, destacaron sus familiares.

El próximo miércoles es su cumpleaños número 25. Hoy su familia reclama que sea liberada.

“La desidia es total, no hay consuelo para tanta falta de coherencia. Necesitamos que liberen a Sasha y al resto de las detenidas”, reclamaron.

El Senado de la Nación aprobó el paquete fiscal con 37 votos afirmativos y 35 votos negativos pero al iniciar la votación en particular, con varias modificaciones, encontró visto bueno en el blanqueo y la moratoria pero rechazo en Ganancias y Bienes Personales.

Su debate inició a las 3 de la madrugada de este jueves con el anuncio del dictamen de mayoría por parte del senador oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), miembro informante de La Libertad Avanza y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

A diferencia de la ley de Bases, que ya obtuvo la luz verde antes, la mayoría en favor del proyecto en general fue con el apoyo del senador Martín Lousteau (CABA). Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano votaron de manera negativa y se plegaron a los 33 kirchneristas.

La caída del impuesto a las Ganancias estaba en los planes del oficialismo, que ya sabía que la restitución del tributo no tenía los votos suficientes. Sin embargo, el rechazo a Bienes Personales provocó sorpresa y pesadumbre en el oficialismo. La única buena noticia para la Casa Rosada entre tanta desprolijidad legislativa fue que el rechazo, tanto Ganancias como Bienes Personales, no alcanzó una mayoría agravada de dos tercios. Esto podría facilitarle al oficialismo la posibilidad de restituir ambos tributos cuando el proyecto vuelva en segunda revisión.

La reversión de Ganancias tuvo 41 rechazos y solo 31 votos afirmativos. El texto fijaba que el impuesto vuelva a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados. La actualización, por inflación, se fijaba para septiembre de este año, y a partir del año que viene cada seis meses.

Durante el debate en el Senado, el oficialismo incorporó el diferencial del 22 % por zona desfavorable que beneficia a las provincias del Sur. Igualmente los patagónicos votaron en contra.

El título de Bienes Personales también fue rechazado. El texto del oficialismo planteaba una reducción del piso a partir del cual se empieza a pagar Bienes Personales y una disminución en las alícuotas. De acuerdo al proyecto, el mínimo no imponible subía de $ 27 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar iba a pasar de $ 56 a $ 350 millones.

Pero la votación salió rechazada para sorpresa del oficialismo, que no lo esperaba. Hubo 37 votos en contra y 35 a favor. Además de los 33 legisladores de Unión por la Patria, votaron en contra los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, el radical Martín Lousteau y la rionegrina Mónica Silva.

El blanqueo, en tanto, sí encontró el visto bueno del Senado. Este permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Para montos más altos, contempla alícuotas progresivas del 5 % hasta el 15 %. Se aprobó por unanimidad: 72 votos a favor.

A pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), se excluyeron las cláusulas que permitían a los residentes extranjeros ingresar el régimen de regularización y a las personas físicas declarar bienes muebles cuya titularidad se encuentra a nombre de empresas. Estas modificaciones contaron con el voto del kirchnerismo, que consolidó así una mayoría de dos tercios con la intención de que los cambios no puedan ser revertidas por la Cámara de Diputados cuando discuta el proyecto en segunda revisión.

En tanto, también fue aprobado el capítulo que establece una nueva moratoria fiscal, que incluye obligaciones tributarias aduaneras y de seguridad social, que apunta a regularizar deudas vencidas al 31 de marzo último.

El régimen permite saldar estos pasivos al contado o en tres cuotas y condona un 70% de los intereses punitorios y resarcitorios para quienes ingresen en los primeros 30 días de puesto en marcha el plan. El beneficio disminuye de manera gradual a medida que se amplían los plazos de ingreso a la moratoria. (DIB)

El Senado de la Nación aprobó esta noche en general la Ley Bases del Poder Ejecutivo. Fue gracias al voto de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, luego de que la votación -tal como marca el reglamento de la Cámara- resultara empatada en dos oportunidades, 36-36. Así, pasadas las 23, Villarruel tomó la palabra durante un minuto. Enmarcando el discurso en los hechos de violencia que se dieron durante la jornada, “y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo”, dijo. Inmediatamente después, el recinto discutía el articulado en particular.

Apenas segundos después, la Oficina del Presidente celebró “la histórica aprobación de la Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos en el Honorable Senado de la Nación”. “Partiendo de 38 diputados y siete senadores, con grupos terroristas atacando el Congreso, debiendo desplegar las fuerzas de seguridad en defensa de la democracia, con la casta política resistiendo y operando hasta último momento, y debiendo recurrir al desempate de la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el de esta noche es un triunfo del pueblo argentino y el primer paso hacia la recuperación de nuestra grandeza, habiendo aprobado la reforma legislativa más ambiciosa de los últimos cuarenta años”, comienza el comunicado de Presidencia.

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La jornada estuvo marcada por las protestas en las inmediaciones del Congreso, que fueron reprimidas por las fuerzas federales y que dejaron detenidos y heridos, entre ellos diputados de Unión por la Patria. El gobierno calificó como un “intento de golpe de Estado” las manifestaciones de rechazo y felicitó a la Policía Federal “por su accionar reprimiendo a grupos terroristas”, al tiempo que el presidente Javier Milei advirtió sobre la posibilidad de que se implemente la “metodología de tirar muertos en las calles”. Por la noche se dieron cacerolazos en distintos puntos del país.

La jornada también incluyó denuncias de dádivas, por un lado, de amenazas contra la familia de una senadora.

Durante la mañana, el oficialismo consiguió quórum para iniciar el tratamiento de los proyectos de Ley Bases y el paquete fiscal. Los libertarios alcanzaron en la Cámara Alta la presencia de 37 senadores, el número necesario para abrir el debate. Los últimos en aparecer en el recinto fueron el oficialista formoseño Francisco Paoltroni y Carlos Arce, legislador del Frente Renovador de la Concordia Social. El número fue alcanzado también con la presencia del radical Martín Lousteau, quien ya el martes por la anoche se había comprometido a bajar al recinto.

El debate se inició pasadas las 10, cuando el senador Bartolomé Abdala leyó el dictamen de mayoría. Allí expuso las primeras modificaciones que realizó el oficialismo para lograr nuevas voluntades. En el capítulo privatizaciones, fueron quitadas de la lista Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA). Por otro lado, se prohibió la disolución de los organismos de cultura en el artículo 3. Durante la jornada se conocieron nuevas modificaciones, en este caso en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), o en el plano previsional, entre otros. (DIB) GML

El intendente Federico Achával participó de la movilización que se realizó al Congreso Nacional en contra de la aprobación de la Ley Bases que se debate en el Senado.

Durante la marcha, el jefe comunal destacó: “Queremos una Argentina con inclusión, desarrollo, trabajo y oportunidades para todos, y esta ley no tiene un solo artículo pensado para beneficiar a los trabajadores, a nuestro pueblo, a la producción ni a la industria nacional”.

“Le pedimos a los senadores que no acompañen este proyecto, porque pone en riesgo nuestra soberanía y va a perjudicar directamente a los argentinos y argentinas”, cerró el intendente.

El intendente Federico Achával y el gobernador Axel Kicillof participaron de la marcha por el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, organizada por la CGT.En ese marco, ambos funcionarios criticaron con dureza la Ley Bases que fue aprobada por Diputados, normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei y que ahora deberá ser tratada por el Senado."Con el gobernador Axel Kicillof y trabajadores de todo el país nos movilizamos para conmemorar un nuevo Día del Trabajador. En este día tan importante, nos unimos para defender y proteger los derechos que la Ley de bases pone en riesgo", expuso Achával."Es una Ley que ataca directamente al pueblo argentino: no hay un solo artículo que beneficie a los jubilados, a los trabajadores, a los docentes, a la cultura, a la ciencia, a las provincias, ni a la industria nacional. Nosotros queremos una Argentina y una Provincia que tengan las herramientas y las posibilidades de crecer con desarrollo, educación, trabajo y soberanía nacional", agregó el mandatario local.En ese misma línea, Kicillof sostuvo que hay que "apoyar la unidad del movimiento obrero en un momento muy difícil para nuestro país"."Estamos ante una nueva embestida contra los derechos de las y los trabajadores, que busca llevarnos hacia un modelo de país primario, agroexportador y sin soberanía. Pasó algo de mucha gravedad, por los métodos y, sobre todo, por el contenido: no se trata de nada novedoso vinculado a la escuela austriaca, sino de una reforma laboral que apunta contra los salarios y los derechos”, manifestó el gobernador.“El impacto ya se siente en la industria nacional y en las pymes bonaerenses: el éxito de las políticas del Gobierno nacional implica la derrota de los trabajadores, de los jubilados y de las grandes mayorías populares. Siempre vamos a estar presentes, sin especulaciones, porque el destino de la provincia de Buenos Aires está atado al destino del movimiento obrero y la industria nacional”, cerró Kicillof.

Tras la media sanción que obtuvo la Ley Bases en la Cámara de Diputados, el Gobernador bonaerense expresó su preocupación y bregó para que el texto sea rechazado en el Senado.

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, Kicillof consideró que “el Senado tiene que rechazar la Ley Bases de Milei” y planteó que es “es una ley que institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales, que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad”.

Asimismo, argumentó que “la ley de Milei sienta las bases para desintegrar el Estado y que en Argentina impere la ley de la selva”.

“Lo que pretenden es legalizar los destrozos que ya están haciendo: caída récord de salarios y jubilaciones, recesión, despidos y desempleo, paralización de la obra pública, atropello a las provincias, tarifazos despiadados y entrega del patrimonio nacional”, enumeró el mandatario bonaerense.

El Senado tiene que rechazar la Ley Bases de Milei. Es una ley que institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales, que consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad. La ley de Milei sienta las bases…

En tanto agregó que “no es buena idea darle superpoderes a un presidente tan alejado de la realidad” al que acusó de no ser “capaz ni de gobernar sus propios impulsos que descarga sobre cualquiera que manifieste una crítica”.

Y siguió: “Dicen que ´hay que darle herramientas al presidente´. Me pregunto ¿para qué usará esas herramientas un presidente que considera que el Estado es una organización criminal, que ataca a la Universidad pública y que llama héroes a quienes fugan dólares? No son las bases para refundar la Argentina, son las bases para fundirla”.

Y finalmente planteó que la Ley “entrega a los jubilados, a la clase media, a los trabajadores, a los pequeños productores, a las pymes, para beneficiar al puñado más rico y poderoso”.

“Para nosotros, las bases de una sociedad mejor, las bases de un futuro en común son otras: la solidaridad, la soberanía, la producción, la industria, la cultura, la ciencia, el desarrollo y los derechos”, cerró Kicillof.

El proyecto de ley Bases consiguió la aprobación en general en la Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos, con el respaldo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal), el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y la abstención de algunos radicales disidentes.

Luego, comenzó la votación en particular y el oficialismo consiguió el aval de la Cámara de Diputados para privatizar nueve empresas del Estado, así como también el visto bueno al artículo 3 que permite la modificación de organismos públicos y la reforma laboral.

Según la iniciativa, las empresas Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas de manera total. En tanto, las firmas Agua Y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales S.A. podrán ser privatizadas parcialmente.

Asimismo, con 135 votos positivos frente a 116 negativos y 2 abstenciones, impuso su criterio y logró mantener incólume el artículo 3 del proyecto de Ley Bases, que permite la “reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica” de organismos de la administración central o descentralizada, incluso su disolución total o parcial”.

En el comienzo de la sesión ayer, una de las principales discusiones se dio cuando el oficialismo, para no repetir los errores del debate de febrero, logró que el proyecto sea votado por capítulos enteros, sin entrar en el debate artículo por artículo.

Además de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, votaron en contra los socialistas y la cordobesa Natalia de la Sota. Mientras que los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la Coalición Cívica.

El artículo 3 fue uno de los más cuestionados, ya que faculta al Poder Ejecutivo a “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los organismos públicos que considere innecesarias; también podría fusionarlos, modificar sus estructuras jurídicas o la cantidad de empleados.

Si bien en el dictamen se incluyó a pedido de la UCR un listado de organismos que quedarían exentos, como el Conicet, el Incucai, el INTA o el Instituto Malbrán, la redacción del texto generó dudas y rechazos, pero finalmente fue aprobado. - DIB- 

La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley Bases y el paquete de reforma fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei. Actualmente se está votando cada capítulo y luego pasará a la Cámara de Senadores de la Nación.Esta ley establece varios puntos claves, siendo uno de ellos la privatización de empresas del Estado. En caso de que se apruebe, nueve podrán pasar a manos de privados, ya sea por una privatización total o una concesión.Estipula la ley de Bases sobre estas empresas: “Decláranse ´sujeta a privatización´, en los términos y con los efectos de los Capítulos II y III de la Ley N° 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional enumeradas en el Anexo I que forman parte de la presente ley. Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las Provincias de contratos que se encuentren en ejecución”.

Cuáles son las empresas estatales que pueden ser privatizadas con la ley de Bases, una por una

Aerolíneas Argentinas S.A.Energía Argentina S.A.Radio y Televisión Argentina S.E.Intercargo SAUPor otro lado, para una privatización parcial o concesión figuran en la Ley de Bases las siguientes empresas estatales:

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.Correo Oficial de la República Argentina S.A.Belgrano Cargas y Logística S.A.Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE)Corredores Viales S.A.

La iniciativa fue aprobada en general con el respaldo de 142 legisladores, incluidos miembros del bloque libertario y dialoguistas, mientras que fue rechazada por todos los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, sumando un total de 106 votos en contra, y cinco abstenciones.

El proyecto de ley Bases consiguió la aprobación en general en la Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos, con el respaldo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos e Innovación Federal), el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y la abstención de algunos radicales disidentes.

Ahora comienza el debate por los capítulos claves y se estima que será largo dado que todavía podrían ser rechazados o modificados puntos clave tales como las privatizaciones, las facultades delegadas para disolver organismos públicos, el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral y los impuestos al tabaco.

Una de las principales discusiones se dio cuando el oficialismo, para no repetir los errores del debate de febrero, logró que el proyecto sea votado por capítulos enteros, sin entrar en el debate artículo por artículo.

Además de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, votaron en contra los socialistas y la cordobesa Natalia de la Sota. Mientras que los radicales disidentes Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano se abstuvieron, al igual que Mónica Frade de la Coalición Cívica.

El artículo 3 fue uno de los más cuestionados, ya que faculta al Poder Ejecutivo a “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los organismos públicos que considere innecesarias; también podría fusionarlos, modificar sus estructuras jurídicas o la cantidad de empleados.

Si bien en el dictamen se incluyó a pedido de la UCR un listado de organismos que quedarían exentos, como el Conicet, el Incucai, el INTA o el Instituto Malbrán, la redacción del texto genera dudas y rechazos.

Además, esas excepciones generaron una lluvia de pedidos de otros organismos para ser incorporados. Los radicales incluso pidieron agregar ahora el Banco de Datos Genéticos, que según el vocero presidencial Manuel Adorni, “el Gobierno tomó el compromiso de no avanzar ni en la modificación ni en el cierre” de ese organismo.

Al momento de debatir los artículos de la reforma laboral el bloque radical adelantó que insistirá en incluir la eliminación de la cuota solidaria que los sindicatos cobran por convenio a los trabajadores no afiliados. (DIB)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que el gobierno retira todo el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, con el objetivo de acelerar su aprobación en Diputados. Ese apartado contiene el aumento de las retenciones y el ajuste de las jubilaciones, dos de las inicativa que mayor rechazo habían generado en la oposición dialoguista que aprobó el dictamen sobre la norma pero con una serie de objeciones que ponían en duda que el proyecto superase el filtro de la cámara Baja.

En una conferencia de prensa al cabo de otro día debate públicos con de gobernadores de PRO y la UCR como Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryorra (Córdoba) y Sergio Torres (Chubut), Caputo precisó que el capítulo fiscal contiene “El blanqueo, la moratoria, el adealanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias y las retenciones”. Y adelantó que también podría postergarse otro foco de conflicto: “Puede incluir también el cambio de la fórmula jubilatoria. Eso es lo que se retiraría”.

Caputo dijo que entiende que por el capítulo fiscal se puede demorar el tratamiento del resto de la ley: más de 500 artículos de la Ley Bases que implican “un cambio estructural para el país” que en la mirada del funcionario es la parte “más importante” del proyecto porque “es lo que va a sentar las bases para que el país pueda crecer y desarrollarse los próximos 20 años”. En pos de asegurar la aprobación a este tramo, el gobierno resigna a los artículos que se incluyeron para llegar al déficit cero.

El ministro de Economía aclaró un aspecto clave: retirar el capítulo fiscal no implica renunciar al déficit cero. No lo dijo, pero seguramente el gobierno implementará otros recortes del gasto público para intentar llegar a ese mismo objetivo. De hecho, el Gobierno ha insistido varias veces que si no es vía ley, el equilibrio entre gastos e ingresos se alcanzará mediante otros instrumentos. En medio de la pelea con los gobernadores, Milei incluso habría dicho que planeaba dejarlos “sin un peso” si no lo respaldaban.

Por ahora, Caputo se limitó a señalar que “de ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, de déficit cero. Esto por supuesto que se mantiene”. Al respecto, añadió: “No se va a dejar de cumplir la meta de déficit cero y haciendo esto lo que vamos a lograr es facilitarle a los gobernadores y legisladores la parte más importante de la ley”. Y concluyó: “Hoy nos podemos tomar el tiempo de desarrollar nuevas medidas económicas que sean más compatibles, más fáciles de digerir para los diferentes actores económicos.

Caputo: las amenazas

El miércoles, horas después de que el oficialismo lograra aprobar el dictamen de mayoría del proyecto de Ley Ómnibus, Caputo había lanzado una dura advertencia a los gobernadores: “Se recortarán inmediatamente las partidas a las provincias si alguno de los artículos es rechazado”.

“Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, había afirmado el ministro de Economía, tras la aprobación del dictamen oficialista con disidencias del proyecto de ley ómnibus. (DIB)