La hermana de Sofía Fernández, la mujer trans asesinada en abril de 2023 en la Comisaría 5ª de Presidente Derqui, volvió a reclamar justicia tras la decisión judicial que ordenó llevar a juicio a los diez policías imputados por su muerte.

El fallo de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó los sobreseimientos dictados por el Juzgado de Garantías de Pilar y dispuso que los agentes sean juzgados por su presunta participación en el hecho. Tres de ellos enfrentarán cargos por “homicidio agravado por odio a la identidad de género y por ser miembros de una fuerza de seguridad”, mientras que los otros siete serán juzgados por encubrimiento agravado y falsificación de documento público.

En su resolución, a la que tuvo acceso Pilar de Todos, los jueces revocaron parcialmente la decisión de primera instancia y consideraron acreditada, con el nivel de probabilidad exigido en esta etapa, la hipótesis de homicidio agravado para Carlos Matías Rodríguez, Yésica Isabel Núñez y Edith Viviana Ruiz. Puntualmente, según la resolución serán juzgados por el delito  de "homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial".

Para los magistrados, los informes forenses y las pericias realizadas “permiten sostener que Sofía Fernández fue víctima de una asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias, con signos de lesiones vitales en el labio y costillas”.

La Cámara dispuso también la elevación a juicio de Gonzalo Robles, Ezequiel Ávalos Ybañez, Daniel Salerni, Gustavo Camacho, Miriam Valor, Gabriela Miño y Camila Pitulak, imputados por encubrimiento agravado y falsificación de documento público. En ese punto, el tribunal sostuvo que las pruebas sobre la manipulación de actas, la omisión de registros y la alteración del libro de guardia “constituyen indicios razonables de una conducta dirigida a ocultar lo ocurrido dentro de la dependencia policial”.

En ese contexto, Mabel Valdés, hermana de la víctima, valoró la medida, pero también denunció que el expediente estuvo atravesado por irregularidades desde el inicio. “Era algo que lo veníamos esperando, solicitando, sabemos que los 10 policías son responsables de la muerte de Sofía, que fue una muerte muy trágica. Nadie tiene derecho a hacerle lo que le hicieron. Todos son responsables y deben pagar por lo que hicieron”, sostuvo.

Justicia por Sofía. https://t.co/UehXtV1ibD

La mujer también apuntó a la responsabilidad del sistema judicial y denunció que se borraron archivos del celular de su hermana. “No puede ser que cada dos por tres haya un muerto o una muerta en una comisaría porque estas cosas siguen pasando y los jueces son responsables de que estas cosas pasen”, afirmó en diálogo con Agenda Propia (105.9).

En su testimonio, detalló que del teléfono de Sofía “se borraron más de 184 archivos”, y reclamó que se determine quién tuvo el aparato bajo custodia. “Esperamos que se haga justicia por Sofía Fernández. Nadie tiene derecho a quitar la vida, y mucho menos a una persona que no molestaba a nadie. Que solo quería vivir la vida como siempre lo deseó. Tenía sueños, tenía esperanzas. Pero nos arruinaron en vida, nos mataron en vida. Esperemos que se haga justicia, que todos paguen”, concluyó.

El caso

Sofía fue detenida a principios de abril de 2023 en circunstancias que nunca quedaron del todo claras.

Dos días después, les avisaron a sus familiares que la habían encontrado muerte en una de las celdas.

En primera instancia se habló de una muerta natural y luego de un presunto suicidio.

Sin embargo, la autopsia reveló que la víctima tenía golpes en el cuerpo y rostro, además de tener obstruidas las vías respiratorias con trozos de su ropa interior y el colchón del calabozo.

Además, las pericias determinaron que Sofía había muerto por asfixia.

En las próximas semanas se concretará una nueva marcha en pedido de justicia por el asesinato de Sofía Fernández.

Será el martes 8 de octubre a las 11 y 30 horas, cuando la comisión de “Justicia por Sofia Fernández” junto a organizaciones sociales y de DDHH se concentrarán en las puertas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Sofía, mujer trans, fue asesinada en una comisaría de Pilar, la Quinta de Presidente Derqui, en abril del año pasado.

La autopsia determinó que Sofía murió por asfixia traumática, además de presentar su cuerpo golpes en el rostro y otras zonas, además de posibles signos de abuso sexual.

De acuerdo a los peritos, en el crimen deberían haber participado dos o más personas.

En su momento hubo 10 policías detenidos por el crimen, pero 9 de ellos recibieron la libertad aunque siguen imputados, la mayoría por encubrimiento. Otros dos que están con prisión domiciliaria siguen siendo investigados por el asesinato, lo mismo que un tercer aprehendido que sí está tras las rejas, quien se cree que fue el efectivo que mató a Sofía.

La marcha no solo apunta a que los efectivos implicados vuelvan a la cárcel, según señalaron los organizadores, sino a que también el Estado provincial deje de asistir legalmente a los policías acusados.

«El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, no sólo asumió la defensa jurídica, técnica e institucional de los 10 acusados sino que también aportó peritos especialistas en la defensa, perdiendo todo carácter de objetividad», señalaron familiares de Sofía por medio de un comunicado.

"La asistencia jurídica en el caso de las fuerzas federales está vetada mediante la Resolución Nacional 477/2023 que dispone que 'las Direcciones de Asuntos Jurídicos y/o Divisiones Legales y/o equivalentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no brindarán asistencia jurídica a los agentes y/o funcionarios de esas fuerzas federales de seguridad que resulten judicialmente acusados por graves violaciones a los derechos humanos. Esto no sucede en la provincia de Buenos Aires", señalaron.

La muerte de la mujer trans Sofía Fernández en Pilar, encontrada muerte en un calabozo de la comisaría 5ta., catapultó una serie de reclamos en contra de la impunidad policial.

Uno de ellos se vio traducido en un proyecto del ley del diputado provincial Guillermo Kane, del PO-FITU, quien propone evitar mecanismos que sirven de encubrimiento e impunidad para los uniformados que cometen abusos y hechos de violencia.

El proyecto consiste en la derogación de toda normativa que otorgue el privilegio a la policía bonaerense, fuerzas de seguridad y de lugares de encierro a tener una defensa técnica-jurídica del Ministerio de Seguridad, explicó Kane.

En su lugar, se creará una comisión independiente del Estado, integrada por organismos de DDHH en coordinación con la Comisión Provincial por la Memoria.

La iniciativa fue presentada esta semana en la legislatura bonaerense, donde estuvieron presentes familiares de víctimas de abuso policial, incluso de Sofía Fernández, por cuyo caso hay 10 policías imputados, tres directamente vinculados al crimen de la mujer.

«El proyecto tiene que ver con eliminar un privilegio que hace que el Estado provincial esté poniendo equipos de abogados, de peritos, de otros profesionales, para defender a policías que están acusados de asesinato o de otros crímenes graves. En todo esto jugó un rol el caso de Sofía Fernández, asesinada en abril de 2023», explicó Kane en diálogo con el programa Agenda Propia (105.9).

Kane explicó que cuando un policía es imputado es asistido por «un equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, porque así lo establece una resolución ministerial que se reinstaló en un acuerdo con el ex gobernador Daniel Scioli».

«Es un acuerdo de impunidad, y es un privilegio que tampoco gozan otros funcionarios. No es que si un docente, por ejemplo, por tomar cualquier caso, o un médico de un hospital público de la provincia tiene un problema legal, vienen los equipos de abogados de la provincia. Para nada. Es una particularidad de la policía, pero es una policía que está acusada de cientos de casos de gatillos fáciles. En la presentación, la Comisión Provincial para la Memoria volcó sus estadísticas que por ejemplo, en los últimos años, más de 900 personas han muerto a manos de la policía bonaerense, sea en casos de gatillo fácil o esta modalidad, que es más de un caso por mes, los que aparecen muertos en comisaría y se caratula como muerte dudosa, suicidio, muerte súbita, pero evidentemente hay todo un modus operandi de impunidad, de encubrimiento que se está haciendo. El proyecto busca justamente golpear esta política que tiene que ver con toda una política represiva», agregó el legislador.

Kane insistió en que el proyecto busca igualar a las partes, es decir víctimas y presuntos victimarios a la hora de acceder a herramientas para encontrar Justicia.

«No estamos para nada de acuerdo en este uso de los recursos públicos para encubrir y para impunidad, nos parece que hay que ponerlo en manifiesto», cerró Kane.

El caso de Sofía

Sofía, por causas que no quedan del todo claras, fue detenida en abril del año pasado, y alojada en un calabozo de la comisaría 5ta. de Presidente Derqui.

Durante varias horas sus familiares no supieron nada de ella, y más tarde efectivos policiales se acercaron a su casa y les informaron que la mujer, quien no tenía antecedentes penales, estaba detenida por haber participado de un presunto robo.

Más tarde, personal de Gendarmería volvió a ir hasta la casa y les dijo que Sofía había muerto. Primero adujeron causas naturales, y más tarde mencionaron un posible suicidio.

La autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima, no obstante, determinó que tenía goles en el rostro, costillas rotas, y elementos extraños como un trozo de colchón y de ropa interior en la garganta, lo que la terminó asfixiando.

Por el caso están imputados 10 efectivos, pero nueve de ellos están en libertad. La mayoría está señalado por encubrir en crimen, mientras que el uniformado que permanece aprehendido está señalado como el responsable material del asesinato.

Familiares de Sofía reclaman que todos los policías vuelvan a la cárcel y que la causa sea caratulada como crimen de odio.

Al cumplirse 15 meses del travesticidio de Sofía Fernández, familiares y allegados de la víctima volvieron a las calles para pedir justicia.

Lo hicieron con una concentración que las y los llevó hasta las puertas de la Comisaría 5ta de la localidad de Presidente Derqui, en Pilar.

En ese mismo lugar, en uno de los calabozos, Sofía apareció sin vida. Su cuerpo fue hallado el pasado 10 de abril de 2023 luego de haber sido apresada, en circunstancias que aún no están del todo claras.

Si bien a la familia de Sofía le indicaron que se había suicidado, la autopsia realizada al cuerpo reveló que presentaba golpes, diferentes lesiones y que había sido asfixiada por al menos tres personas.

Desde ese momento, los familiares de Sofía luchan por llegar a la verdad y que los culpables del asesinato paguen.

Apuntan a 10 policías de esa dependencia. Los uniformados fueron acusados por la Fiscalía como coautores y encubridores del hecho. Sin embargo 9 de ellos, fueron liberados por el Juez Walter Saettone, mientras que uno solo permanece apresado.

También se desestimó la acusación de “crimen de odio por identidad de género".

En la manifestación, desde el MST y la organización Libre Diversidad, rechazaron los pocos avances en la causa, reclamaron “cárcel común para los policías que fueron liberados” y reiteraron que haya avances “para que el crimen no quede impune”.

“Queremos hacerles saber que estamos decididos a continuar con esta lucha hasta que se descubra toda la verdad”.

Familiares, allegados y organizaciones marcharon a las puertas del Juzgado de Garantías 7 de Pilar para reclamar que los policías imputados por el crimen de la mujer trans Sofía Fernández permanezcan detenidos.

La movilización se dio en el marco de un masivo pedido de prisión domiciliaria para nueve de los 10 implicados. Siete están acusados por encubrir el asesinato, ocurrido en un calabozo de la comisaría 5ta. de Derqui en abril del año pasado, y otros tres por ser los autores materiales del crimen.

“El reclamo es para que ninguno de los asesinos quede libre ya que le concedieron la prisión domiciliaria a la mayoría de ellos. No pueden salir libres”, dijo Mabel, hermana de Sofía, en diálogo con Resumen.

Si bien el pedido de prisión domiciliaria ya fue aceptado por el Juez, quedará firma la semana que viene. El abogado de la familia de la víctima, Ignacio Camillo, pidió la nulidad de la medida.

Fernanda Ludueña, integrante de organizaciones en defensa de los derechos de niños, mujeres y la comunidad LGBTIQ+, expuso en la marcha que “están detenidos por lo que hicieron y la idea es que no salgan, que no pisen la calle nunca más”.

“Lo justo, es justo. No queremos privilegios porque son policías, queremos que paguen, que vayan a una cárcel común, que paguen uno por uno”, enfatizó.

La Justicia determinó que dos de los cinco policías acusados de asesinar a la mujer trans Sofía Fernández no estaban en la comisaría el día del crimen.

Los investigadores constataron que el sargento Germán Gonzalo Robles, de 29 años, y el oficial ayudante Ezequiel Francisco Ávalos Ybáñez, de 32, se encontraban el día del crimen prestando servicios en el Club Atlético Pilar, tal como declararon en sus indagatorias.

Los investigadores cotejaron las planillas de los eventos que los uniformados dijeron estar cubriendo, donde aparecen sus firmas. Las rúbricas fueron analizadas por Gendarmería.

En ese marco, el juez Saettone ya no los imputó por el crimen de Sofía, pero sí por el encubrimiento del asesinato.

La misma caratula le cabe a otros cinco uniformados, mientras que de momento son tres los que están implicados directamente con la muerte de Sofía, quien murió asfixiada.

La solicitud de prisión domiciliaria también fue realizada por dos policías acusadas del crimen, la sargento Yésica Isabel Núñez, de 32, y Viviana Edith Ruiz, quien tenía el rango de subteniente. La Justicia se las concedería ya que tienen hijos menores de edad a su cargo.

La semana que viene se sabrá si finalmente se les concede prisión domiciliaria, posibilidad que fue rechazada por el abogado de la familia de Sofía, Ignacio Fernández Camillo, quien pedirá nulidad.

Los supuestos asesinos

Para la Justicia, entonces, los responsables de la muerte de Sofía son Yésica Isabel Núñez, Viviana Edith Ruiz y Carlos Matías Rodríguez. Rodríguez, en caso de que se acepten las prisiones domiciliarias para el resto, sería el único que permanecería detenido.

El crimen Sofía Fernández (39), estaba por empezar la carrera de enfermería y era docente. Fue detenida en abril del año pasado al verse involucrada en un supuesto intento de robo, aunque nunca quedó del todo claro la circunstancia de su aprehensión. Dos días después, su cadáver fue encontrado en uno de los calabozos de la comisaría 5ta. de Derqui. En primera instancia, los Policías explicaron a la familia de Sofía que la mujer había fallecido por "muerte súbita", y más tarde deslizaron la posibilidad de un suicidio.

Sin embargo, la autopsia reveló que Sofía había muerto por asfixia, al tiempo que se encontraron trozos de un colchón y de su ropa interior en las vías respiratorias.

Además, el cuerpo presentaba golpes. Se cree que todo comenzó cuando Sofía se negó a ser detenida en un calabozo con otros hombres. Las pericias indicaron que actuaron tres o más personas, quienes la sujetaron, además de que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”. Para los investigadores el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.

La Justicia determinó que dos de los cinco policías acusados de asesinar a la mujer trans Sofía Fernández no estaban en la comisaría el día del crimen.

Los investigadores constataron que el sargento Germán Gonzalo Robles, de 29 años, y el oficial ayudante Ezequiel Francisco Ávalos Ybáñez, de 32, se encontraban el día del crimen prestando servicios en el Club Atlético Pilar, tal como declararon en sus indagatorias.

Los investigadores cotejaron las planillas de los eventos que los uniformados dijeron estar cubriendo, donde aparecen sus firmas. Las rúbricas fueron analizadas por Gendarmería.

En ese marco, el juez Walter Federico Saettone, del Juzgado de Garantías n° 7 de Pilar, ya no los imputó por el crimen de Sofía, pero sí por el encubrimiento del asesinato de la mujer trans, encontrada sin vida en un calabozo de la comisaría 5ta. de Presidente Derqui, en abril del año pasado.

La misma caratula le cabe a otros cinco uniformados, mientras que de momento son tres los que están implicados directamente con la muerte de Sofía, quien murió asfixiada.

Así, Saettone les concedió a los antes mencionados la prisión domiciliaria, tal como había ocurrido con los otros uniformados acusados de encubrir el hecho.

La solicitud de prisión domiciliaria también fue realizada por dos policías acusadas del crimen, la sargento Yésica Isabel Núñez, de 32, y Viviana Edith Ruiz, quien tenía el rango de subteniente. La Justicia se las concedería ya que tienen hijos menores de edad a su cargo.

La semana que viene se sabrá si finalmente se les concede prisión domiciliaria, posibilidad que fue rechazada por el abogado de la familia de Sofía, Ignacio Fernández Camillo, quien pedirá nulidad.

Los supuestos asesinos

Para la Justicia, entonces, los responsables de la muerte de Sofía son Yésica Isabel Núñez, Viviana Edith Ruiz y Carlos Matías Rodríguez. Rodríguez, en caso de que se acepten las prisiones domiciliarias para el resto, sería el único que permanecería detenido.

El crimen Sofía Fernández (38), estaba por empezar la carrera de enfermería y era docente. Fue detenida en abril del año pasado al verse involucrada en un supuesto intento de robo, aunque nunca quedó del todo claro la circunstancia de su aprehensión. Dos días después, su cadáver fue encontrado en uno de los calabozos de la comisaría 5ta. de Derqui. En primera instancia, los Policías explicaron a la familia de Sofía que la mujer había fallecido por "muerte súbita", y más tarde deslizaron la posibilidad de un suicidio.

Sin embargo, la autopsia reveló que Sofía había muerto por asfixia, al tiempo que se encontraron trozos de un colchón y de su ropa interior en las vías respiratorias.

Además, el cuerpo presentaba golpes. Se cree que todo comenzó cuando Sofía se negó a ser detenida en un calabozo con otros hombres. Las pericias indicaron que actuaron tres o más personas, quienes la sujetaron, además de que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”. Para los investigadores el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.

Siete de los diez policías detenidos por el asesinato de la mujer trans Sofía Fernández serán beneficiados con la prisión domiciliaria.Los agentes declararon ante un grupo de fiscales que lleva adelante la causa, al tiempo que familiares y allegados de los aprehendidos reclamaron que sean liberados, al entender que están acusados de manera injusta.Según trascendió, los efectivos negaron estar vinculados en el hecho que derivó en la muerte de Sofía, donde la autopsia sobre el cuerpo reveló que fue sujetada por tres o más personas, golpeada y asfixiada.De hecho, se encontraron en las vías respiratorias de la víctima trozos de un colchón y de su ropa interior.Cinco agentes están imputados por homicidio calificado por odio a la identidad de género, al tiempo que los otros uniformados están investigados por el delito de encubrimiento calificado por resultar el hecho precedente especialmente grave.

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Según indicaron fuentes del caso al sitio Infobae, los efectivos relataron en sus indagatorias cómo se desempeñaron en la comisaría 5ta. de Presidente Derqui en abril del año pasado los días en que se encontraba detenida Fernández, lugar al que fue llevada por estar involucrada en un presunto robo.

El abogado de la familia de Sofía, Ignacio Fernández Camillo, expuso que se encontraron "contradicciones” en las declaraciones de los uniformados.“No quedaron más comprometidos por esto, pero sí se pueden buscar más incongruencias que están y que existen”, expuso el letrado.

El juez a cargo de la causa, Walter Federico Saettone, del Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar, le concederá el arresto domiciliario a siete de los acusados, consignó el medio antes citado.Se trata de los cinco imputados por el delito de encubrimiento, y dos agentes policiales que habrían participado del crimen: la sargento Yésica Isabel Núñez, de 32, y Viviana Edith Ruiz, quien tenía el rango de subteniente.

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El Juez dejará firme la decisión la semana que viene, y la adoptó a raíz de los distintos grados de participación que habrían tenido los imputados en el asesinato, además de que algunas de las uniformadas están a cargo de familiares o menores de edad.

El abogado de la familia de Sofía pedirá que la posibilidad de que gocen del beneficio de prisión domiciliaria sea anulada. Al mismo tiempo habrá que esperar que opinan los fiscales de la causa, quienes también podrían mostrar su desacuerdo.

"Que los liberen"Familiares y allegados a los agentes detenidos se movilizaron en la jornada en las puertas del Juzgado de Garantías, donde reclamaron "Justicia verdadera", y que los efectivos sean liberados."Te equivocaste Wálter", "Los hechos no se presumen, se prueban", "Liberación y justicia para los 10 policías", rezaban los carteles que llevaban los manifestantes.La familia de Sofía realizará otra marcha, en el mismo lugar, el próximo viernes.

El crimenSofía Fernández (38), estaba por empezar la carrera de enfermería y era docente.Fue detenida en abril del año pasado al verse involucrada en un supuesto intento de robo, aunque nunca quedó del todo claro la circunstancia de su aprehensión.Dos días después, su cadáver fue encontrado en uno de los calabozos de la comisaría 5ta. de Derqui.En primera instancia, los Policías explicaron a la familia de Sofía que la mujer había fallecido por "muerte súbita", y más tarde deslizaron la posibilidad de un suicidio.

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Sin embargo, la autopsia reveló que Sofía había muerto por asfixia, al tiempo que se encontraron trozos de un colchón y de su ropa interior en las vías respiratorias.

Además, el cuerpo presentaba golpes. Se cree que todo comenzó cuando Sofía se negó a ser detenida en un calabozo con otros hombres.Las pericias indicaron que actuaron tres o más personas, quienes la sujetaron, además de que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”.Para los investigadores el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.

Familiares y allegados de los 10 policías detenidos por el asesinato de la mujer trans Sofía Fernández marcharán para pedir que los efectivos sean liberados.Aseguran que los agentes se encuentran detenidos "injustamente", al tiempo que reclamaron "pronta justicia".Los efectivos fueron aprehendidos la semana pasada. La mitad de ellos está acusado del crimen, y la otra de encubrirlo.Sus familiares marcharán al Juzgado de Garantías 7 de Pilar, este miércoles desde las 11 de la mañana.“Por la pronta liberación de los policías detenidos injustamente”, convocaron a través de redes sociales, al tiempo que indicaron que irán todos vestidos de azul.

El abogado de la familia de Sofía, Ignacio Camillo, adelantó en declaraciones al programa Agenda Propia (105.9) que los uniformados acusados por el crimen podrían ser condenados a prisión perpetua, mientras que a los otros les cabrían penas de hasta 12 años.Los efectivos declararon durante varias horas ante los fiscales, quienes decidieron que permanezcan detenidos.

El crimenSofía Fernández (38), estaba por empezar la carrera de enfermería y era docente.Fue detenida en abril del año pasado al verse involucrada en un supuesto intento de robo, aunque nunca quedó del todo claro la circunstancia de su aprehensión.Dos días después, su cadáver fue encontrado en uno de los calabozos de la comisaría 5ta. de Derqui.En primera instancia, los Policías explicaron a la familia de Sofía que la mujer había fallecido por "muerte súbita", y más tarde deslizaron la posibilidad de un suicidio.Sin embargo, la autopsia reveló que Sofía había muerto por asfixia, al tiempo que se encontraron trozos de un colchón y de su ropa interior en las vías respiratorias.Además, el cuerpo presentaba golpes. Se cree que todo comenzó cuando Sofía se negó a ser detenida en un calabozo con otros hombres.Las pericias indicaron que actuaron tres o más personas, quienes la sujetaron, además de que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”.Para los investigadores el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.

ContramarchaA su vez, familiares de Sofía adelantaron que también marcharán, el próximo viernes, para reclamar Justicia por el asesinato de la mujer.El lugar de concentración es el mismo: el Juzgado de Garantías de Pilar número 7.

Los 10 efectivos policiales acusados por el crimen de Sofía Fernández declararon y seguirán detenidos.Se trata de los efectivos aprehendidos la semana pasada en el marco de una causa que investiga el asesinato de Sofía, una mujer trans que fue encontrada muerta en un calabozo de la comisaría 5ta. en abril del año pasado, lugar en el que se encontraba detenida por un presunto robo.Los uniformados declararon ante un grupo de fiscales formado por Manuel Cayuela, titular de la UFI de Violencia de Género de Pilar, la ayudante fiscal Victoria Santamaría y el fiscal Esteban Álvarez de San Isidro.La mitad de los imputados está acusado de homicidio triplemente calificado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial, Son los efectivos Carlos Rodríguez, Yésica Isabel Núñez, Viviana Ruiz, Gonzalo Germán Robles y Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez.Los otros cinco implicados están acusados por encubrir el crimen y haber adulterado pruebas. Se trata de Daniel Eduardo Salerni (quien en ese entonces era el jefe de la dependencia), Miriam Valor, Gabriela Miño, Camila Pitulak y Gustavo Gabriel Camacho.El abogado de la familia de Sofía, Ignacio Camillo, adelantó en declaraciones al programa Agenda Propia (105.9) que los uniformados acusados por el crimen podrían ser condenados a prisión perpetua, mientras que a los otros les cabrían penas de hasta 12 años.Los efectivos declararon durante varias horas ante los fiscales, quienes decidieron que permanezcan detenidos.

El crimenSofía Fernández (38), estaba por empezar la carrera de enfermería y era docente.Fue detenida en abril del año pasado al verse involucrada en un supuesto intento de robo, aunque nunca quedó del todo claro la circunstancia de su aprehensión.Dos días después, su cadáver fue encontrado en uno de los calabozos de la comisaría 5ta. de Derqui.En primera instancia, los Policías explicaron a la familia de Sofía que la mujer había fallecido por "muerte súbita", y más tarde deslizaron la posibilidad de un suicidio.Sin embargo, la autopsia reveló que Sofía había muerto por asfixia, al tiempo que se encontraron trozos de un colchón y de su ropa interior en las vías respiratorias.Además, el cuerpo presentaba golpes. Se cree que todo comenzó cuando Sofía se negó a ser detenida en un calabozo con otros hombres.Las pericias indicaron que actuaron tres o más personas, quienes la sujetaron, además de que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”.Para los investigadores el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.

Los diez efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que fueron detenidos por el asesinato de Sofía Fernández, quien fue hallada sin vida en un calabozo de una comisaría de Pilar, podrían ser condenados a prisión perpetua.

Así lo indicó el abogado de la familia de la víctima, Ignacio Fernández Camillo, quien dio detalles de cómo avanza la investigación.

Los uniformados fueron apresados en la jornada ayer, acusados de ser quienes participaron en el asesinato y encubrieron el hecho ocurrido en la Comisaría 5ta de Presidente Derqui.

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Del total de detenidos, entre los que está el titular de la comisaría, “cinco están acusados de haber participado del homicidio y otros cinco de haber encubierto y destruido pruebas para que el hecho no llegara a conocerse”, detalló Fernández Camillo en diálogo con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2.

Durante la investigación, consignó el letrado “se establecieron la modalidad de muerte, el momento del travesticidio y quiénes habían estado en ese momento” en el marco de la causa está caratulada como Homicidio triplemente calificado por la participación de tres o más personas, por el odio a la identidad de género y por ser funcionarios de la policía y encubrimiento calificado, doblemente calificado por ser funcionario de la policía y por ser además un delito gravísimo en concurso real y con adulteración de documentos públicos.

A esa caratula, Fernández Camillo expresó que, en representación de familiares de Sofía, se sumaron “las torturas”.

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“Entendemos que hubo torturas y que fueron las que terminaron llevando a la muerte a Sofía” indicó Camillo y agregó que por la calificación, la expectativa de la pena es la de perpetua.

¿Qué se sabe hasta el momento?

Fernández Camillo, que asumió la representación de la familia de Sofía en septiembre pasado, indicó que la mujer fue detenida el 8 de abril de 2023, aparentemente por una causa por robo y la encontraron muerta el 10 de abril en el calabozo de la Comisaría 5ta de Pilar.

A partir de allí, la investigación se centró en reconstruir lo sucedido en esas 48 horas.

Se supo así que el día 8 Sofía había ido a declarar a la Fiscalía y a su regreso tuvo una discusión porque no quería ser alojada en una comisaría de hombres.

El letrado consignó además que se pudo establecer la hora de la muerte de la víctima: “Jugó un papel preponderante la autopsia con la que se pudo determinar que el horario de muerte fue entre las 10 de la noche a las 10 de la mañana del día 9”.

También las lesiones que tenía Sofía en su cuerpo con las que se determinó que “fue sujetada, fue amordazada, y la golpearon hasta que en algún momento se asfixió con el amordazamiento, que lo realizaron con un pedazo de colchón y su bombacha”, relató el abogado defensor. 

También se realizaron análisis de cruces de llamadas y el material de los libros de guardia. “Con eso, que es donde figuran las personas que se encuentran efectivamente en la comisaría, no se podía desconocer esta situación”, consideró el letrado.

En tanto destacó la importancia del trabajo del equipo fiscal con una perspectiva de género. “Está interviniendo Manuel Cayuela, que es el fiscal de género de Pilar, junto con Victoria Santamaría y Esteban Álvarez”, destacó.

Diez efectivos de la Policía Bonaerense fueron aprehendidos por el asesinato de Sofía Fernández, una joven trans que fue encontrada sin vida en la comisaría 5ta. de Pilar.Los uniformados serán indagados por la Justicia por homicidio y encubrimiento, en una causa que investiga la muerte de Sofía, acontecida el año pasado.La mujer había sido encontrada sin vida en uno de los calabozos de la comisaría de Presidente Derqui, lugar al que había llegado tras ser detenida por un presunto robo.La Policía sostuvo en su momento que el deceso de Sofía se debió a causas naturales, una supuesta muerte súbita. Incluso luego mencionaron la posibilidad de un suicidio. Pero la autopsia reveló que la mujer había sido asfixiada. Trascendió que tenía en las vías respiratorias trozos de un colchón y de ropa interior.En ese marco, se inició una causa por “averiguación de causales de muerte”, la cual en septiembre quedó a cargo de un grupo de fiscales formado por el doctor Esteban Álvarez, fiscal de investigación de drogas ilícitas de San Isidro; Manuel Cayuela, del área de género; y la ayudante fiscal también especializada en la temática, Victoria Santamaría.Tras realizar varias pesquisas, los fiscales pidieron la detención de los agentes, quienes estarían involucrados en el crimen, algunos como autores materiales y otros como encubridores.De hecho, cinco policías fueron capturados por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrados por miembros integrantes de la fuerza policial.Tres de esos agentes se encontraban de servicio en la comisaría, mientras que otros dos, de acuerdo a las investigaciones, también estaban presentes en el lugar al momento del crimen de Sofía. El resto de los aprehendidos están acusados por encubrir el asesinato.“Consideramos que no lo quisieron reportar a tiempo y que dejaron pasar bastantes horas”, indicaron fuentes de la investigación a Infobae.

El crimenAlejandro Fernández, hermano de la víctima, recordó en su momento que Sofía había sido detenida el 8 de abril de 2023, “supuestamente porque estaba perdida en la calle”, aunque también sumaron la posibilidad de un supuesto robo.“Primero nos dijeron que la detuvieron en Villa Rosa y después cambiaron esa versión y nos dijeron que fue en Derqui. También nos dijeron que la llevaron a la comisaría por un supuesto robo. Nadie nos aclara ni dónde la detienen ni por qué”, alertaba Alejandro meses atrás.El 10 de abril, a Sofía la encontraron fallecida dentro de una celda de la Comisaría 5ta.“Tampoco sabemos si estaba sola. La gendarmería nos avisó de su fallecimiento y dijeron que había sido por muerte súbita o un paro cardíaco. Pero, el acta de defunción dice asfixia traumática y obstrucción de las vías aéreas.”, señaló el hermano de la víctima en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2.

La mujer trans que murió en un calabozo de una comisaría de Pilar tenía las vías respiratorias obstruidas.

Sofía Fernández, de 39 años, fue encontrada sin vida en una celda de la comisaría quinta del distrito, lugar en donde estaba detenida por haber intentado ingresar a una vivienda con fines de robo, de acuerdo a la versión policial.

Sin embargo, familiares de la mujer señalaron que ella no estaba participando de ningún robo, sino que estaba escapando de delincuentes que quisieron asaltarla, por lo que se escondió en una vivienda.

Tras el hallazgo del cuerpo de Sofía, la Policía abonó la hipótesis del suicidio, posibilidad que siempre fue descartada por familiares y allegados.

De acuerdo al canal TN, Sofía tenía en la garganta una tanga y además el trozo de un colchón, lo que le obstruyó las vías respiratorias y le generó asfixia.

Además, de acuerdo a la autopsia, Sofía tenía golpes, por lo que la Justicia ordenó el secuestro de documentación de la dependencia y de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, aunque el equipo que graba no estaba funcionando.

La autopsia, además, indicó que la mujer tenía “no tenía lesiones externas de autodefensa”, al tiempo que el fiscal de la causa, Gonzalo Agüero, pidió una pericia en las uñas de la mujer, para cotejar si hay ADN de algún presunto atacante.

La Justicia, además, pidió datos de las antenas de telefonía celular, planos de las celdas, al tiempo que hay 10 efectivos imputados, en principio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El único policía que continuaba preso por el crimen de la mujer trans Sofía Fernández fue libertado. Se trata de Carlos Rodríguez, acusado de ser el autor material del asesinato, llevado a cabo en abril de 2023 en un calabozo de la comisaría 5ta. de Pilar, en Derqui. La decisión fue adoptada por el Juez de Garantías Wálter Saettone, y se suma a medidas similares que recibieron en su momento otros nueve imputados.

La decisión de Saettone generó un enorme malestar en los familiares de Sofía, quien luego de ser detenida por causas que jamás quedaron del todo claras fue asesinada en el calabozo. “Sin duda nos sorprendió (la decisión del Juez), además de que no fuimos notificados. Esto fue el día viernes treinta de mayo a las once de la noche que se dictó la libertad. Pero es una libertad que viene de las libertades que ya concedió”, explicó Ignacio Fernández Camillo, abogado de la familia de Sofía.

“Hubo una guardia de tres (policías) que son quienes cubrían la guardia en la cual se establece la data de muerte de Sofía (entre ellos Carlos Rodríguez). Y hay otra guardia que continúa, de siete (efectivos) que estaban imputados por encubrimiento doblemente calificado y adulteración de documento público”, añadió el letrado.

Fernández Camillo destacó la labor de los fiscales Cayuela y Álvarez, quienes pidieron la elevación a juicio, algo que aún no lograron. “Los fiscales requieren la elevación a juicio por homicidio triplemente calificado, odio a la identidad, tranfemicidio, agravantes por ser policías y la participación premeditada de dos o más personas. Y además pidieron elevar a juicio a los otros siete policías por encubrimiento doblemente calificado y la adulteración de documentos públicos. Esa requisitoria se realizó el veintisiete de febrero”, agregó el abogado.

Fernández Camillo se mostró sorprendido por el accionar de Saettone, pero recordó que fue el mismo juez que ordenó la detención de Sofía Fernández, por un supuesto robo, hecho que no quedó del todo claro. Sofía fue hallada muerta en una celda, y la autopsia determinó que había sido asfixiada. Incluso tenía rastros de un colchón y ropa interior que le obstruían las vías aéreas.

“Mabel (hermana de Sofía y querellante) lo vive con bastante angustia, pero sabiendo que la instancia es el debate oral, es el juicio. Esto fue en abril de 2023, y todavía estamos en la etapa intermedia de investigación”, agregó.

Sin embargo, familiares de la mujer señalaron que ella no estaba participando de ningún robo, sino que estaba escapando de delincuentes que quisieron asaltarla, por lo que se escondió en una vivienda. Tras el hallazgo del cuerpo de Sofía, la Policía abonó la hipótesis del suicidio, posibilidad que siempre fue descartada por familiares y allegados.

Sofía tenía en la garganta una tanga y además el trozo de un colchón, lo que le obstruyó las vías respiratorias y le generó asfixia. Además, de acuerdo a la autopsia, Sofía tenía golpes, por lo que la Justicia ordenó el secuestro de documentación de la dependencia y de las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, aunque el equipo que graba no estaba funcionando.

Familiares, allegados y distintas organizaciones se sumarán a una movilización hacia las puertas de la Comisaría 5ta de Presidente Derqui, dependencia en la que Sofía Fernández (39) apareció muerta hace un mes.

Sofía era una mujer trans que había sido detenida y trasladada hacia esa dependencia el pasado 8 de abril, manteniéndola incomunicada.

Dos días después, personal de Gendarmería se acercó a la casa de sus familiares para informarles que había muerto.

A la hora de explicar las causas, les informaron primero una muerte súbita y luego un presunto suicidio, versiones que la familia de Sofía nunca creyó.

Desde ese momento, intentan esclarecer lo que pasó con ella en ese calabozo, en el que estaba sola.

El hermano de la víctima, Alejandro, concedió una entrevista al programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 y resaltó que a un mes del fallecimiento, aún no saben nada.

“Hoy se cumple exactamente un mes del día que para nosotros la mataron y cada vez que avanzamos un poquito luego retrocedemos más, porque ahora no está tampoco exacta la fecha de la muerte. A nosotros nos avisaron el día 10 de abril a la una y media de la noche y aparentemente la muerte había sido un día antes, así que está de más complicado todo lo que está pasando con respecto a la causa”, expresó Alejandro.

Según expresó el hombre, el caso está caratulado como “muerte dudosa”.

Por otro lado, la familia definió cambiar de abogada, pero la letrada, al igual que la anterior que los representaba, espera poder acceder a la causa.

Respecto a los datos que arrojó la autopsia, Alejandro contó que el informe señala que la muerte fue por asfixia traumática por obstrucción de las vías aéreas.

En el crudo relato, Alejandro detalló que “lo que dice la autopsia es que la asfixia fue por obstrucción de la vía aérea y que le sacaron de adentro de la boca, o un poco más allá de la boca en realidad, una tanga y aparentemente unos pedazos de colchón”.

Además, consignó que el cuerpo de Sofía tenia golpes en la espalda, los glúteos y hemorragia nasal. Y aparentemente en el colchón donde ella se acostaba había sangre.

Mientras la familia intenta saber que le pasó a Sofía, expresaron que los policías que estaban a cargo de la comisaría “siguen trabajando”.

El domingo, a las 15 horas, marcharán para pedir Justicia por Sofía.

Familiares y allegados a Sofía Fernández, la mujer trans que fue hallada muerta en la celda de una comisaría de Pilar, exigieron justicia con una marcha que se concretó en el mediodía de este viernes.

Acompañados por diferentes agrupaciones feministas, se congregaron en la puerta de la Fiscalía ubicada en la calle Tucumán del centro de la ciudad.

Allí reclamaron que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento de Sofía al tiempo que denunciaron irregularidades en la investigación.

“No tenemos ningún tipo de información y estamos esperando que nuestra abogada pueda tener acceso a la causa”, reclamó Alejandro Fernández, hermano de Sofía.

Alejandro recordó que su hermana fue detenida el pasado 8 de abril, “supuestamente porque estaba perdida en la calle”.

Aunque para la familia, las circunstancias de su detención son confusas.

“Primero nos dijeron que la detuvieron en Villa Rosa y después cambiaron esa versión y nos dijeron que fue en Derqui. También nos dijeron que la llevaron a la comisaría por un supuesto robo. Nadie nos aclara ni dónde la detienen ni por qué”, se quejó Alejandro.

El 10 de abril, a Sofía la encontraron fallecida dentro de una celda de la Comisaría 5ta.

“Tampoco sabemos si estaba sola. La gendarmería nos avisó de su fallecimiento y dijeron que había sido por muerte súbita o un paro cardíaco. Pero, el acta de defunción dice asfixia traumática y obstrucción de las vías aéreas.”, dijo el hermano de la víctima en una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia de Fm Estudio 2.

Este mediodía también pidieron que la causa cambie de Fiscalía, actualmente a cargo de la N°4.

Es que, señalan, “es un procedimiento que no corresponde para un caso de este tipo, dado que la misma fiscalía que debería estar siendo investigada por la detención irregular que llevó a la muerte de una persona en una celda, no puede ser la que también investigue la causa de esa muerte”, expresaron.