La Justicia Federal suspendió la convocatoria a la audiencia pública realizada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación con el fin de tratar los aumentos en el cuadro tarifario de trenes y colectivos, por “no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley”.

El fallo fue dictado en la jornada de ayer miércoles por el juez Ernesto Kreplak, a cargo interinamente del juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo de Lomas de Zamora.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora admitió el recurso de amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que cuestionaba el sistema dispuesto por el Gobierno, que consistía en que los ciudadanos dejen comentarios en una página web.

En la resolución se planteó que “no resulta atinente realizar la consulta pública mediante un sistema al que no todos los usuarios tienen acceso y que a su vez, contiene fallas tecnológicas, impidiendo el cumplimiento de su finalidad, de modo que los ciudadanos que deseen participar puedan dar su opinión”.

La Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 19 de enero, había establecido un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo.

“Es insólito que hayan convertido la audiencia pública del aumento de transporte en un formulario web en el que realizas un comentario de hasta 5.000 caracteres y finaliza la participación. De esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes. No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía”, expresó Gray en el documento presentado ante la Justicia antes de ayer.

“Estoy muy preocupado por el esquema tarifario que propone el Gobierno nacional. Aumenta el costo de los boletos de colectivos en un 251% y de trenes del 169% al 247%, según la línea”, agregó el jefe comunal bonaerense.

“Cada mañana, miles de vecinas y vecinos de nuestro distrito se trasladan a sus trabajos y en muchos casos toman dos y tres transportes públicos. Estos aumentos, junto a los anunciados de luz y gas, sólo les dificultarán más la vida a las trabajadoras y los trabajadores”, subrayó.

El recurso judicial presentado por Gray también hacía énfasis en la falta de información pública adecuada y la ausencia de tiempo necesario para evaluar el nuevo cuadro tarifario y efectuar un análisis previo pormenorizado de los antecedentes de las tarifas, lo que afecta el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las usuarias y los usuarios.

El viernes pasado, la Secretaría de Transporte dispuso la apertura de la instancia de participación ciudadana para los aumentos de tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por reducciones de subsidios, en el que se propone un incremento que llevará a $ 270 el boleto mínimo de colectivo y a $ 130 en el caso del tren, a partir del 1 de febrero próximo.

De esta forma, el nuevo cuadro tarifario prevé aumentos de 251% y 169% para el boleto mínimo de colectivo y el pasaje de tren, respectivamente. (DIB)

Con 4 votos contra 3, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó la restitución de un niño de 10 años a España, donde vive su padre.

N. vive en Pilar junto a su madre, Victoria, lugar en el que se radicaron luego de volver de España, donde nació el pequeño.

Los padres de N, quien por ser menor de edad se reserva su identidad, se conocieron en la Argentina, y en 2010 se mudaron a Madrid, cuando estaban recién casados.

Allí, tres años después, nació el niño, pero la relación de pareja estaba deteriorada y Victoria decidió volver a la Argentina, en 2016, habida cuenta de que tampoco pudo validar su título de arquitecta por lo que no tenía posibilidades de trabajar.

Tras una presentación judicial del padre en España, la Justicia Argentina, en primera instancia, había ordenado que el niño retorne a ese país.

Sin embargo, la mamá del niño apeló esa medida y logró algo inusual: Que los jueces de la Suprema Corte Provincial escuchen la postura del niño, quien siempre pidió quedarse en la Argentina.

Casi dos años después, la Corte falló a favor.

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Tras conocer la noticia, Victoria expresó que la decisión «hace valer su derecho, su palabra y voluntad, tan simple como eso, aplicando el sentido común ante todo y escuchando verdaderamente por primera vez, luego de muchas oportunidades en las que oyeron a mi hijo pero no lo escucharon».

«Hoy si. Lo respetaron y tuvieron en cuenta su deseo. Hoy cambió un poco la historia en Argentina. Hoy la voz de los niños se hizo más fuerte», expresó la mamá de N. al tiempo que pidió «para que todos los jueces del mundo apliquen su sentido común y escuchen a los niños por sobre todo».

En unas emotivas palabras a su hijo, Victoria bregó porque N «tenga paz y pueda recuperar tranquilidad y felicidad».

«Este proceso se llevó parte de tu infancia, pero ahora sos un poco más libre pichón. Te mereces todo lo mejor siempre. Ahora respirá y disfrutá», le dedicó.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que la Justicia en lo Criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires investigue la denuncia formulada por una madre que dijo haber dejado a su hijo recién nacido a un matrimonio amigo para que se lo cuidaran y que, cuando lo fue retirar, no se lo entregaron.

La Corte, en fallo unánime, definió de este modo una “cuestión de competencia” entre la justicia federal y la bonaerense de San Isidro, en la causa penal promovida por M.S.S. por presunta retención y supresión de identidad de su hijo.

Según lo publicado por la Agencia Estatal Télam, la mujer denunció que el 3 de noviembre de 2017 dio a luz a un niño en su casa de la localidad de Del Viso, y que 45 días después, sin haber inscripto el nacimiento, dejó al bebé a cuidado de J.J.C. y J.A., debido a que otra de sus hijas había sido internada en el Hospital Pirovano, de la ciudad de Buenos Aires.

La denunciante afirmó que, alrededor de dos semanas después, cuando intentó retirar a su bebé, se negaron a restituirlo y luego le enviaron una fotografía de un certificado de nacimiento del que surgiría que lo anotaron como propio con el nombre de D.A.A.C.

Luego de denunciar el caso en la Capital Federal, la mujer hizo otra presentación, por los mismos hechos, en una de las fiscalías de Instrucción de Pilar, lo que generó el conflicto de competencia, ya que en ambas jurisdicciones se rechazó tramitar el caso.

La Corte coincidió con el dictamen del Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, para quien “resultaba prematuro descartar” que los delitos denunciados “pudieran encuadrar en conductas de índole federal, especialmente de corroborarse la hipótesis de una supresión o alteración de la identidad del menor y la eventual emisión de su documento nacional de identidad falso”.

Con relación al lugar donde se habrían cometido los delitos, Casal remarcó que “respecto del territorio solo se conocía donde ocurrió el nacimiento del niño”, pero no donde, supuestamente, fue entregado al matrimonio denunciado.

Y agregó que “la presunta inserción de datos falsos en un acta de nacimiento podría importar la expedición de un documento nacional de identidad espurio, lo que determinaría la competencia de la justicia de excepción”.

Este viernes al mediodía, familiares de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada muerta en una celda de una comisaría de Pilar, saldrán a la calle para exigir justicia y avances en la investigación.

Junto a distintas agrupaciones de mujeres, marcharán por el centro y se congregarán en las puertas de la Fiscalía ubicada sobre la calle Tucumán.

Según la convocatoria que divulgaron las organizadoras de la movilización, pedirán que la causa sea trasladada hacia otra fiscalía y que se tomen medidas para garantizar la investigación.

«Sofía apareció muerta en una celda de la comisaría 5ta de la localidad de Derqui. Ella tenía 39 años y fue detenida el sábado 8 de abril manteniéndose incomunicada con su familia, a pesar de presentarse en la comisaría cuando aún se encontraba con vida», expresaron.

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Según relataron, «el martes 11 de abril por la madrugada, personal de Gndarmería junto a una psicóloga del municipio de Pilar le informaron a una hermana que Sofía que había muerto».

«Si bien primero informaron que podría haber sido muerte súbita o paro cardiorespiratorio, luego la policía informó un supuesto suicidio», señalaron, versión que la familia de Sofía descree.

Además, señalaron que «el fiscal a cargo, Gonzalo Agüero, es el mismo fiscal que intervino en la causa de la detención y quien llegó a tomarle testimonio horas antes de su muerte».

«Entendemos que no puede ser la misma fiscalía que debería estar siendo investigada por la detención seguida de muerte la que se auto investigue. Es por eso que reclamamos el inmediato traslado de la causa a otra fiscalía que no esté implicada en el hecho», pidieron.

Y agregaron que «tampoco ninguno de los policías y el comisario Daniel Salerni, de la Comisaría 5ta fue separado de sus funciones, pudiendo en su rol de funcionarios de ley entorpecer la investigación», advirtieron.

«Queremos que se separe a todos los efectivos policiales de sus funciones (y privilegios) y que se cambie la fiscalía que investiga el hecho como corresponde. Queremos acceso pleno a los expedientes de la causa y el aceleramiento de la investigación», reclamaron los familiares de la víctima.

La Reserva Natural de Pilar prepara una actividad abierta a toda la comunidad para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia este próximo 24 de marzo.

La convocatoria invita a plantar nativas en el denominado “Bosque de la Memoria”, un espacio creado colectivamente y abierto a los debates y conocimiento de nuestra historia.

La cita es los próximos sábado 25 y domingo 26 desde las 11 de la mañana, actividad con la que también se invitará a reflexionar sobre los 40 años de la democracia argentina.

“El bosque nativo se construye colectivamente, todos tienen su lugar, todos tienen su importancia. Se planta sobre la tierra que es una síntesis del pasado y nos permite dar vida en el presente mirando al futuro donde el bosque nos llenará de color, de trinos, de aire puro, de armonía”, invitan desde el espacio protegido.

La actividad es libre y gratuita y para más información hay que contactarse al 011 15 57302504.

El Bosque de la Memoria fue creado, junto a la comunidad pilarense, en marzo de 2021.

Se trata de un sector dentro del predio de la Reserva, en el que por impulso de la Asociación Patrimonio Natural, se plantaron especies nativas.

“Los bosques nativos, no son cualquier bosque. Al igual que las sociedades que encuentran su rumbo, son sostén, alimento, belleza; son energía en diversidad, son memoria viva y futuro”, fundamentaban al momento de su creación.

La Justicia aceptó la demanda del Gobierno para declarar nula la renegociación del contrato de concesión del Acceso Norte a la empresa Autopistas del Sol (Ausol) firmada por la gestión de Mauricio Macri en 2018, mientras se espera que se expida sobre un reclamo similar planteado por el Ejecutivo en relación al Acceso Oeste, actualmente a manos del Grupo Concesionario del Oeste (GCO) también en el marco de pautas fijadas por la administración de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

Así lo reveló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien a través de Twitter, dijo que “la Justicia aceptó la demanda para que se declare nula la renegociación de 2018 con la concesionaria Ausol" y recordó que el mismo camino iniciaron en relación a la concesión del Acceso Oeste.

“El gobierno anterior reconoció una deuda y una tarifa dolarizada, que garantizaban ganancias extraordinarias a estos grupos económicos”, remarcó Katopodis al dar cuenta de la decisión de la Justicia de dar lugar a la investigación.

En este sentido, el ministro de Obras Públicas expresó su convicción de que se podrá "desarmar este negociado" encabezado por la administración de Mauricio Macri.

En ese marco, recordó: "Solicitamos también medidas cautelares que restituyan al Estado la administración de los accesos Norte y Oeste”.

A través de un decreto publicado a mediados de septiembre pasado en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández ordenó iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Ausol y GCO, respectivamente, renegociados bajo la administración de Cambiemos en 2018.

La presentación, realizada por Obras Públicas a través de Vialidad Nacional, recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico.

De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando $ 1.830 si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

En su artículo 1, el Decreto 633/2022 que lleva la firma del Presidente, del ministro Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, señala: "Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los decretos 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida".

Mientras tanto, militantes que estaban ayer a la noche frente al domicilio de Cristina Kirchner en Juncal y Uruguay y que vieron cómo el acusado –identificado como Sabag Montiel, de 35 años–, se acercó hasta la vicepresidenta y le gatilló en la cara, prestaron declaración esta mañana.

También declararán los custodios de la Policía Federal a cargo de la seguridad de la vicepresidenta. Además la justicia abrirá el celular del acusado. Por estas horas, también se está definiendo si la vicepresidenta será citada a declarar antes o después del acusado.

En la causas intervienen también dos áreas especializadas de la Procuración General de la Nación. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que trabaja sobre delitos informáticos, y le ofrecieron a la vicepresidenta la intervención de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

Sabag Montiel está detenido en la sede policial de la calle Cavia 3350 en el barrio porteño de Palermo a la espera de ser trasladado a los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro, para ser indagado. (DIB)

A 46 años de la Masacre de Fátima, en Pilar se desarrolló una nueva jornada de Memoria, Verdad y Justicia en recuerdo a las víctimas de ese cruento hecho ocurrido el 20 de agosto de 1976 durante la última dictadura militar.

La jornada de actividades y homenajes fue acompañada por el Municipio de Pilar y contó con la participación de la comunidad educativa de la Escuela 9, familiares de las víctimas de la masacre, representantes de la Comisión por la Memoria de la Masacre de Fátima, H.I.J.O.S y otros organismos de derechos humanos.

Todo comenzó en la Escuela N° 9, donde alumnos realizaron un mural alusivo. Luego, la jornada continuó en la Plazoleta de la Memoria, que el Municipio había puesto en valor con un mural con los nombres y rostros de las víctimas identificadas de la masacre, en ocasión del Día de la Memoria.

Luego se realizó la caminata hasta el lugar donde la madrugada del 20 de agosto de 1976 el terrorismo de Estado asesinó y dinamitó a 20 hombres y 10 mujeres.

Tanto allí como en la Plazoleta, se descubrió la señalización oficial como sitio de memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

Para ello, estuvieron presentes la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol; el director de Sitios y Espacios de Memoria de la Provincia, Gustavo Moreno; el subsecretario de Gobierno de Pilar, Germán Álvarez; la directora de Derechos Humanos, Lorena Lescano; entre otros funcionarios y concejales.

Por su parte, el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales, expresó: "Es un orgullo estar acá. La recuperación de la identidad pilarense incluye acciones como esta, para no olvidar lo que pasó en Fátima. Como gobierno municipal no nos olvidamos que hubo un Estado que miró para otro lado y trató de olvidar. Trabajemos entre todos para que esto no se olvide. Nunca más".

Familiares y vecinos del niño abusado y asesinado a golpes renovaron este viernes el pedido de justicia con una nueva movilización en el centro de Pilar.

Pasadas las 17 horas, un nutrido grupo de personas, entre las que se encontraban la tías y el abuelo de la víctima Thiago Fleitas, se concentraron en la puerta de la casa de la madre del menor, Pamela Palacios, ubicada sobre la calle San Martín, del centro de Pilar.

Con pancartas y carteles reclamaron que la mujer quede tras las rejas ya que la consideran cómplice del aberrante hecho.

Sobre la puerta de la vivienda donde actualmente reside Palacios escribieron "Asesina" y "Justicia por Thiago", lugar que contó con custodia policial. Algunos de los manifestantes apedrearon la vivienda. 

Tras varios minutos allí, los manifestantes caminaron por la exruta 8 hacia la Ruta 25, donde realizaron un corte.

La familia de Thiago, además, insistió con que los organismos del Estado y la Justicia no oyeron las denuncias que habían realizado con anterioridad donde advertían que el menor era maltratado.

"Queremos que renuncien todos los que dejaron desamparado a Thiago", dijo una de sus tías.

 A su vez, el abuelo del niño, José Fleitas, había manifestado que él ya había radicado una denuncia ante la Justicia por maltratos contra Thiago, pero esta no actuó.

“Dije que el bebé era golpeado, hay fotos del maltrato que sufría pero nadie hizo nada. Queremos que sea detenida porque ella también es cómplice”, sostuvo en diálogo con Pilar de Todos el abuelo del menor.

Thiago murió el pasado viernes 19 de marzo luego de haberse desvanecido en su casa del barrio San Alejo, en Pilar.

Palacios, junto a su pareja Ariel Farías - actualmente detenido- lo llevaron al hospital y, según indicó el abuelo del nene, "dijeron que se había ahogado con la comida".

Los médicos intentaron reanimarlo en varias oportunidades, pero el nene finalmente falleció debido a una hemorragia interna producto de un golpe en el estómago.

Al ser atendido, los profesionales detectaron que Thiago presentaba quemaduras y signos de abuso sexual, por lo que dieron inmediata intervención a la policía.

Posteriormente, los médicos forenses del Cuerpo Médico de San Isidro realizaron la autopsia y le informaron al fiscal que la causa de muerte del niño era una “hemorragia introabdominal por desgarro traumático de mesocolón”.Según detallaron las fuentes, esa hermorragia databa de tres días y fue producida por un fuerte golpe que el niño había recibido en el abdomen.Pero además, los forenses descubrieron que el menor tenía signos de haber sido víctima de abuso sexual en un período de entre 7 y 45 días antes de su fallecimiento y también algunas lesiones de quemaduras de vieja data en distintas partes de su cuerpo.

A principios de esta semana tanto el padrastro de Thiago como la madre del niño declararon ante la Justicia. El hombre aseguró no tener nada que ver con lo sucedido, ya que jamás se quedaba solo con el niño.

De hecho, deslizó que los golpes que tenía el menor podrían haber sido en la casa de la abuela, donde Thiago estuvo el lunes anterior a su muerte.

En el caso de la madre, la Justicia decidió no detenerla, pero pedir pericias psicológicas sobre ella.

El Presidente del Concejo Deliberante de Pilar, Gustavo Trindade, criticó a los concejales de la oposición que se presentaron ante la Justicia para denunciar el presunto desvío de fondos para obras a realizarse en Derqui. En el marco de un agasajo por el día del periodista, Trindade apuntó a los ediles del Frente Pilarense - impulsores de la denuncia ante el Juzgado Federal de Zárate Campana y quienes sospechan que se desviaron fondos por 87 millones de pesos- , y los acusó de "anteponer ambiciones personales al bienestar de los pilarenses". "Se han perdido cuestiones fundamentales, que eran de ética política. Creo que la cancha está muy embarrada. Existe una vorágine de judicializar la política, por lo que esperemos que se pueda enderezar el rumbo", declaró Trindade ante la consulta de Pilar de Todos.

Sin embargo, la sospecha por el presunto desvío de fondos no es la única denuncia que se presentó ante la Justicia. También se suma la presentada por el mismo bloque en la que aseguraron que la Comuna pagó unos 15 millones de pesos en 2018 por la instalación de una planta de desechos cloacales y tendidos de redes en el barrio Peruzzotti, algo que nunca ocurrió.En ese marco, el presidente del Concejo se mostró molesto ya que opinó que debido a las investigaciones, comienzan a demorarse los procesos para llegar con obras a los barrios. "Se estiran los plazos y se pierde tiempo. Eso también pasó con el crédito (de 600 millones de pesos) para asfaltos, por culpa de algunos concejales que los puede la ambición personal antes que el bienestar de los pilarenses", señaló.Es que en el caso del crédito, el Frente Pilarense también había acudido a la Justicia para solicitar la nulidad de la ordenanza con la se solicitaba el dinero. La presentación había sido realizada en la Cámara de Apelaciones de San Martín, y en ella se hacía referencia a los perjuicios que provocaría a los pilarenses las condiciones con las que se accedía al mismo, al tratarse de un préstamo con un interés de 8% anual, a pagar a 15 años, actualizable mediante sistema UVA. La presentación realizada en aquel momento por el edil Santiago Laurent de todos modos no prosperó (en rigor se refería a cuestiones técnicas de la sesión en la que se aprobó el empréstito), pero sí demoró los plazos - que aún no se terminan de concretar - lo que les valió a los concejales que acudieron a la Justicia que el intendente Nicolás Ducoté los tildara de "irresponsables"."Si no enderezamos ese rumbo de judicializar la política, vamos a tener unos días políticamente complicados. De todos modos, nosotros estaremos comprometidos con la gestión y con el mandato que nos dio la gente para mejorarles la calidad de vida todos los días", cerró Trindade.

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Hoy se inauguró la Oficina para Informes de Reincidencias para el Ministerio Público Fiscal y las nuevas instalaciones de Fiscalías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en Pilar.

El acto contó con la presencia del Intendente Nicolás Ducoté, la Coordinadora de Relaciones Institucionales con el Poder Judicial, Sandra Cabrera; el  Director Nacional de Reincidencia, Dr. José Guerrero; y los Fiscales Generales de San Isidro, Beatriz Molinelli y John Broyard.

El Jefe Comunal señaló que “si bien todavía tenemos un largo camino por recorrer para agilizar los trámites en el distrito, estamos haciendo todo lo posible para mejorar los servicios a los vecinos”.

“Esta es la primera oficina descentralizada en toda la provincia de Buenos Aires. De esta manera estamos encarando una serie de reformas estructurales para optimizar la prestación de servicio de justicia en nuestro partido”, remarcó el intendente.

La Oficina de Informes de Reincidencias “resulta de vital importancia ya que permite obtener información rápida  para el Fiscal que está investigando un hecho ilícito”, aseveraron desde la Comuna.

Además, también se inauguró las nuevas oficinas donde se encuentra la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil. Esta apertura se enmarca dentro de un proceso de reacondicionamiento de los espacios de las fiscalías que redundará en mejor calidad y forma de trabajo de los fiscales.

La Jueza de San Isidro Alicia Ortolani rechazó uno de los pedidos de no innovar que había solicitado el concejal Osvaldo Pugliese, en el marco de la polémica elección de autoridades del legislativo.Pugliese señaló que en la reunión en donde se designó en su lugar a Gustavo Trindade, no se concretaron todos los pasos legales que marca la Ley Orgánica, como por ejemplo proceder primero a revocar el mandato de las autoridades salientes.En ese contexto, y mientras se dirime la situación de fondo, Pugliese solicitó por varias vías una cautelar que retrotraiga la situación, que se declare nula la sesión y entonces sí convocar a un nuevo encuentro.“Yo no tengo intenciones de seguir siendo presidente, eso no se discute. Lo que sí planteamos es que la designación estuvo mal hecha, y si a futuro la Justicia nos termina de dar la razón, todo lo operado en el medio por las nuevas autoridades corre peligro de ser nulo también”, expuso Pugliese.En el fallo, al que tuvo acceso Pilar de Todos, Ortolani declaró “inadmisible” la cautelar solicitada por el edil massista.“La cuestión traída a debate excede claramente el reducido ámbito del amparo (…) el actor en el escrito de demanda no ha demostrado cual sería concretamente el daño grave e irreparable que le ocasionaría la utilización de los medios procesales ordinarios”, expuso Ortolani.Por ahora, entonces, es Trindade quien sigue presidiendo el Concejo, aunque no está dicha la última palabra. Pugliese ya recurrió al fuero contencioso administrativo.Trindade, sin embargo, se mostró conforme con la decisión judicial, y si bien aceptó que aún hay pasos procesales que pueden adoptarse por parte del Frente Renovador, vio “prácticamente imposible que la Justicia esté por encima de la voluntad legítima de 14 sobre 24 concejales”.“A mí me eligieron 14 concejales, eso no se discute. Solo se trataba de un tecnicismo lo que estaba en discusión por parte de algunos, y vemos que esta primera decisión de la Justicia va en el sentido en el que pensábamos nosotros. Claramente hay un espacio político que pretende embarrar la cancha y deslegitimar la voluntad de la mayoría de los ediles, pero eso no va a suceder”, expuso Trindade a Pilar de Todos.Ahora restará esperar qué decisión adopta el fuero contencioso administrativo, es decir si acepta la cautelar, y al mismo tiempo qué opina la Justicia sobre la cuestión de fondo: si la sesión se hizo ajustada a la normativa o no.