La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires otorgó una prórroga excepcional de 45 días corridos a los partidos políticos y agrupaciones municipales que todavía no acreditaron el número mínimo de afiliaciones requerido por la ley para mantener vigente su personería jurídica política.

A pedido de una serie de agrupaciones que estaban a punto de quedarse afuera de la contienda por no alcanzar el piso de afiliaciones regularizadas, como la Coalición Cívica -ARI, Nuevo Encuentro, el Movimiento Libres del Sur y otros, el organismo prorrogó por 45 días corridos el plazo para la afiliación masiva y la regularización de los padrones.

En principio, había hecho una intimación por 90 días, pero las agrupaciones peticionantes pidieron que extendiera el período para llegar a cumplir con los requisitos. Entre los argumentos planteados se señaló la dificultad que implica desarrollar un proceso masivo de afiliación dentro de ese período.

Frente a esta situación, el organismo también reivindicó el criterio de “pro vida de los partidos políticos”, que considera una expresión del principio de participación democrática. Según la resolución, ante dos posibles soluciones debe optarse por aquella que mejor se adecue al ejercicio pleno de los derechos políticos.

La prórroga dispuesta tiene carácter general y no se limita a las fuerzas que solicitaron expresamente la extensión. Alcanzará a todos los partidos políticos y agrupaciones municipales que, al momento de la resolución, todavía no hayan acreditado el mínimo de afiliaciones necesario para mantener vigente su personería.

Cumplido ese nuevo plazo, las fuerzas que no hayan regularizado su situación quedarán expuestas a la declaración de caducidad de su personería, sin necesidad de una nueva intimación.

Fuente: Agencia DIB

La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires, con sede en La Plata, recibirá este miércoles a todas las fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 26 de octubre para definir el pedido de La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir las boletas del distrito bonaerense, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional.

La decisión lleva las firmas del titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, la presidente de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, el titular de la Junta Jorge Eduardo Di Lorenzo, y los secretarios electorales Alina Daniela Sayal y Leandro Luppi.

Frente a lo que significa un fuerte impacto operativo y económico (se estima entre 12.000 y 15.000 millones de pesos) que implicaría una reimpresión completa, el tribunal dispuso una serie de medidas informativas y administrativas. La resolución destaca la “trascendencia institucional” del caso y la necesidad de asegurar la realización de los comicios en la fecha prevista, en un contexto en que los tiempos logísticos y presupuestarios del proceso electoral se encuentran bajo fuerte presión.

En ese sentido, le pidió al Gobierno que informe antes del miércoles a las 8.30 el costo de la eventual reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) y si existe partida presupuestaria habilitada para afrontarlo. También la Justicia solicitó saber los plazos concretos de impresión y fecha de entrega de las papeletas, ya que deben ser revisadas antes de empezar a ser distribuidas.

En este punto, la Junta también le pidió al Correo un informe para que detalle los plazos mínimos necesarios distribución en tiempo oportuno del material electoral a todas las mesas de votación a habilitarse en este distrito.

Finalmente, todas las fuerzas que participan en la elección se sentarán ante los integrantes de la Justicia electoral para definir, en audiencia y a partir de las 10.30, si se aprueba el cambio de Santilli por Espert pero sobre todo la reinpresión de las boletas.

Según fuentes judiciales, las boletas ya están casi todas impresas y solo restan algunas pocas que debieron reimprimirse porque tenían errores, como alguna mancha que afectaba a un partido. Por eso es complejo que se avance con la reimpresión.

Frente a este panorama, el peronismo bonaerense salió a castigar al Gobierno por los costos y habló de una cifra en torno a los 15.000 millones de pesos. El cálculo equivale, según el espacio, a 37.845 jubilaciones mínimas, 10 mil salarios docentes o el presupuesto necesario para construir dos campus universitarios. "Es el equivalente a 20.000 tratamientos anuales para personas con discapacidad o un año completo de transporte adaptado en todo el país", remarcaron.

Quien sí ya realizó una presentación ante la Justicia Electoral es Unión Federal, que lleva de primer candidato a diputado a Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Pidió que no se reimprima la Boleta Única Papel (BUP) y que se respete el corrimiento en la lista y quede como cabeza de la lista la segunda, Karen Reichardt. (DIB)