Una mega organización dedicada al juego ilegal en línea fue desarticulada tras 53 allanamientos en distintas localidades del Conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis que concluyeron con 18 detenidos y más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional. Dicha banda criminal se dedicaba a canalizar y blanquear activos de origen ilícito obtenidos a partir de plataformas de apuestas online clandestinas.

La investigación se inició en mayo de 2023, a partir de los datos aportados por un informante protegido, quien dio cuenta de la existencia de una red que administraba sitios de juego ilegal y realizaba operaciones financieras orientadas al lavado de activos.

Con las primeras investigaciones se permitió confirmar la “existencia de una estructura criminal compleja y jerarquizada, encabezada por el imputado R.J.Z., que ofrecía juegos de azar en línea sin autorización estatal mediante distintas plataformas web y redes sociales”. Entre los dominios detectados se encontraban www.celuapuestas.com, www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com, www.celuapuestas-bet-ar.com, www.celuapuestas.io, www.celu-apuestas.net y www.celuapuestas.space.

Desde el portal Fiscales se describió que la estructura criminal contaba con una jerarquía y distribución de roles bien definida y su círculo de mayor confianza estaba integrado por otros/as ocho imputados/as.

“Un segundo subgrupo, conformado por al menos otras 17 personas, se habría incorporado paulatinamente para ejecutar las órdenes de R.J.Z. en el manejo de las sociedades y bienes, administrando los activos para introducirlos en el mercado lícito”, sumaron.

También detectó una posible dimensión internacional en las operaciones de la red ya que se registraron viajes a Panamá y República Dominicana.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la organización montó y operó una plataforma clandestina de juegos de azar que funcionaba por fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. El flujo de dinero se generaba a través de una red de "franqueros" y "cajeros" que vendían fichas a los apostadores, gestionaban usuarios y difundían las plataformas a través de WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.

El dinero proveniente de esas operaciones se canalizaba luego a través de cuentas y billeteras digitales que, si bien eran controladas de facto por los líderes de la red, estaban formalmente registradas a nombre de testaferros, incluyendo familiares, empleados o personas sin capacidad económica real para justificar dichos movimientos, lo que permitía disfrazar la titularidad de los fondos y dificultar su rastreo.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los imputados implementaron un sistema sostenido de lavado de activos que incluía depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias, -una técnica conocida como "pitufeo", con el fin de evitar los controles automáticos del sistema financiero-, retiros en efectivo, compras de bienes registrables, adquisición de inmuebles, inversiones en criptomonedas y la constitución de sociedades de fachada con objetos sociales diversos.

Entre lo adquirido, según detalla el escrito, se incluyen más de 200 adquisiciones de vehículos por un total aproximado de U$S 4.000.000, US$ 471.290 invertidos en 31 estructuras societarias y la adquisición de 20 inmuebles ubicados en la localidad de Virrey del Pino. Desde la fiscalía indicaron que la cifras de dinero lavado por la organización podría ascender a más de 7 millones de dólares y más de $17.000 millones.

A pedido del MPF, los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y efectuadas por 340 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, a través de su Escuadrón Buenos Aires, la Unidad de Delitos Económicos y el Departamento de Investigación de Delitos Tecnológicos.

Se solicitaron 39 detenciones, pero solo se logró arrestar a 18 acusados, por lo que aún hay más de 20 personas prófugas a las que la fiscalía les pidió la captura nacional e internacional.

El líder fue detenido en el country Terralagos, en Canning, y tras la utilización de un dron se pudo capturar en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó “cargando una valija -que luego se descubrió contenía cerca de $12 millones- en una camioneta 4x4 que fue seguida interceptada en la guardia por los efectivos de la fuerza federal, cuando pretendía fugarse”.

En los procedimientos se secuestraron más de 60 vehículos, unos $120 millones, más de 20 mil dólares, dinero en efectivo de otros países, más de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas y una gran cantidad de celulares.

La investigación estuvo dirigida por la Fiscalía Federal de Hurlingham, a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez, y contó con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezada por el fiscal general Diego Velasco y el auxiliar fiscal Alberto Barbuto, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena.