Un joven de Pilar murió el 14 de octubre en el Hospital Central de Pilar, casi siete meses después de un procedimiento de la Policía de Misiones en Puerto Iguazú, que su familia denuncia como un presunto abuso policial y tras el cual quedó con graves secuelas neurológicas.

Se trata de Matías Blanco, de 30 años, oriundo del barrio San Jorge. Según el relato familiar, el episodio ocurrió el 15 de marzo.

Su madre, Elba Gladys Vázquez, confirmó a Pilar de Todos que ratificó la denuncia por presunto abuso policial, que también denuncia al Hospital de Puerto Iguazú por presunto abandono de persona y que espera que la investigación avance para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

Este medio había informado en mayo el pedido de ayuda de la familia para traer al joven a Pilar y, en septiembre, la acusación contra la Policía de Misiones.

Según relató la familia a este medio, Matías había viajado a Puerto Iguazú con la intención de seguir hacia Brasil por un trabajo, previo a quedarse en casa de su abuela. Allí atravesó un episodio psiquiátrico y terminó en el techo de una vivienda, de donde un grupo de policías lo bajó y lo trasladó al hospital local.

Ya en el centro de salud, siempre de acuerdo con ese relato, los efectivos habrían vuelto a intervenir cuando lo retiraban esposado en una silla de ruedas, con una maniobra que le redujo el paso de oxígeno al cerebro y derivó en un paro. “A mi hijo lo golpearon policías, hay testigos de eso. Lo bajaron del techo atado con cables, y una vez que lo atendieron por primera vez en el Sanatorio y lo sacaban en una silla de ruedas esposado, los policías volvieron a golpearlo”, aseguró la mujer, quien contó que su hijo consumía drogas pero jamás le haría daño a nadie .

La documentación médica a la que accedió este medio en mayo consignaba, entre los diagnósticos, “daño neurológico secundario a hipoxia anóxica por síndrome post paro” y “asfixia mecánica”.

De acuerdo con su relato, el 14 de septiembre Gladys se presentó en la Jefatura de Policía de Posadas para ratificar la denuncia contra efectivos de Infantería de Puerto Iguazú que, según su testimonio, golpearon y asfixiaron a su hijo durante la intervención del 15 de marzo. Allí la enviaron a Puerto Iguazú a averiguar sobre una causa vinculada con Matías.

Gladys explicó a Pilar de Todos que, ya en Puerto Iguazú, encontró que se trataba de la declaración de una persona que sostenía que Matías vivía en situación de calle y sin familia. La mujer cuestionó esa descripción y dejó constancia de que ya había denunciado los hechos en Posadas.

Por su parte, el miércoles 21 de octubre, a las 09:00, deberá participar por videollamada de una audiencia ante el Juzgado de Instrucción N° 3 de Puerto Iguazú, para prestar declaración testimonial sobre su denuncia.

La mujer contó que Matías fue trasladado al Hospital Central por su condición de donante de órganos. Allí, los médicos de la institución, junto con la abogada del hospital, rastrearon si hubo alguna intervención policial desde el 15 de marzo y, según Gladys, no encontraron ninguna. A partir de esa revisión se radicó la denuncia policial.

Siempre según el relato de la madre, uno de los profesionales le explicó que el hospital de Puerto Iguazú debió haber hecho la denuncia desde el primer día, ya que todo ocurrió dentro del establecimiento.

Luego, Gladys fue convocada a declarar en la Comisaría Quinta de Presidente Derqui. Allí contó lo ocurrido desde Puerto Iguazú hasta la llegada de su hijo al Hospital Sanguinetti de Pilar. También se refirió a los médicos del Hospital Central, a quienes agradeció por revisar los antecedentes y promover la intervención que, según considera, evitó que el caso quedara sin investigar.

En tanto, Gladys cuestionó el alta médica que recibió Matías en el Hospital de Puerto Iguazú. Sostuvo que su hijo ni siquiera estaba en condiciones de recibir el alta y que debían haber buscado la forma de trasladarlo en una ambulancia de alta complejidad.

De acuerdo con el relato familiar, el alta llegó después de más de 70 días de internación y pese a que estaba previsto un traslado médico para el 2 de junio, por lo que la familia debió llevarlo en una camioneta particular, con una colecta solidaria vecinal para solventar el viaje. El trayecto se extendió por varios días y atravesaron dificultades económicas y mecánicas para que llegara a Buenos Aires.

Matías permaneció casi siete meses con un daño neurológico que su madre describió como irreversible. Durante el traslado, en mayo, Gladys lo había descripto así a este medio: “Lo estoy llevando en estado vegetativo, pero algo reacciona”, afirmó. En septiembre, la historia clínica a la que accedió este medio señalaba un cuadro de encefalopatía hipóxica no evolutiva post estado post paro, con cuadriparesia espástica y secuela neurológica severa. Al referirse al estado de su hijo, Gladys indicó que los médicos le habían confirmado que el cuadro era irreversible. “Él no se mueve, no habla, no ve”, describió.

La familia mantenía la esperanza de que pudiera ser donante de órganos, pero, según explicó Gladys, una infección grave y las complicaciones que presentaba impidieron concretar la donación. La imposibilidad de cumplir aquel deseo la conmovió. 

El joven murió el 14 de octubre, un día antes de que se cumplieran siete meses del episodio. Su madre contó que había podido verlo el día anterior y que los médicos le habían advertido sobre la gravedad de su estado.

Tras la muerte de Matías, Gladys aseguró a Pilar de Todos que el miércoles se realizará la autopsia del cuerpo y que, según le informaron, la causa será recaratulada a homicidio. En la Jefatura de Posadas ya le habían explicado que, si su hijo fallecía, debía volver a esa ciudad para pedir el cambio de carátula. Como en Pilar hubo una intervención judicial, indicó que ya no tendrá que viajar y que la causa se tramitará entre la justicia de Pilar y el juzgado de Puerto Iguazú.

En Pilar interviene la UFI N° 3 del Distrito Pilar, del Departamento Judicial San Isidro. Gladys explicó, además, que también denuncia al Hospital de Puerto Iguazú por presunto abandono de persona, figura con la que, según indicó, fue tomado el hecho en Pilar. La calificación legal definitiva deberán fijarla las autoridades judiciales a partir de las pruebas reunidas.

La jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González (43) y Cynthia Chamoles (44), dueños de la concesionaria Autos Pilar Premium, acusados de encabezar una asociación ilícita y de estafar a clientes con autos y camionetas de alta gama.

La medida fue solicitada por el fiscal de Pilar Andrés Quintana, a cargo de la investigación. Ambos habían sido detenidos hace un mes por detectives de la SubDDI Pilar en una vivienda de un barrio cerrado. Continuarán presos: González está alojado en la Alcaidía Penitenciaria de Malvinas Argentinas y Chamoles, en la Unidad 61 de Melchor Romero, ambas del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los dos están imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel.

Para fundar la preventiva, la magistrada consideró los riesgos procesales de “entorpecimiento del proceso” y la “probabilidad” de fuga.

“No puedo dejar de mencionar la multiplicidad de hechos, de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados, y la logística empleada en los mismos; todo lo cual, me lleva a deducir que al momento de recaer una hipotética pena, la misma necesariamente será de efectivo cumplimiento, con lo cual y en virtud de la modalidad de la hipotética condena que pudiere serle impuesta, me lleva a presumir que los imputados expuestos ante dicha amenaza punitiva pueden intentar eludir el accionar de la Justicia y con ello frustrar los fines del proceso”, fundamentó, de acuerdo a una resolución citada por La Nación.

Respecto del entorpecimiento de la investigación, la jueza hizo referencia a la “magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y/o posibilidad de manipular documentación relevante”. Y concluyó: “Advierto que, por el momento, la medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso, por lo que resulta a la fecha proporcional y necesaria en función del objeto de tutela”.

Entre las víctimas figuran el diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot.

Quintar denunció en abril que había comenzado a negociar en agosto de 2025 la compra de una Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. Sostuvo que pagó el total, una parte por transferencias bancarias y otra en efectivo, y que nunca recibió el vehículo.

Según el expediente, Pichot entregó en consignación una camioneta Ford Ranger Raptor sin firmar el formulario 08, por lo que el dominio siguió a su nombre. Los imputados habrían dispuesto del vehículo y desviado lo obtenido en su provecho, sin rendirle cuentas.

Otro caso es el de un amigo de González, que había comprado un Ford Mustang 2022 en la concesionaria en octubre de 2024. A fines de junio de 2025 entregó el auto para exhibirlo en el salón de ventas. Cuando lo reclamó, entre septiembre y octubre de ese año, González le pidió en reiteradas ocasiones que “lo bancara”, según la imputación, porque ya lo había vendido a otra persona.

También figura un cliente que transfirió 29.000 dólares, con una seña inicial de 3.000, por un Mercedes-Benz CLA 200 que nunca recibió.

La acusación sostiene que los imputados y sus empleados “simularon la falsa apariencia de una empresa seria, con antigüedad en el rubro y reconocimiento en el mercado”.

En la indagatoria ante el fiscal, González contó que empezó hace diez años en el Shopping Champagnat y que luego se mudó a un edificio sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, donde pasó a trabajar con clientes “ABC1” y vehículos de alta gama. Dijo que, como gerente general, sumó a algunos clientes como inversores y que la firma llegó a vender 100 vehículos por mes.

Ubicó el “quiebre de ingresos” en la causa federal por desobediencia en la que fue procesado por el juez de Campana Adrián González Charvay: según su versión, las ventas bajaron a 50 por mes. Habló de una “corrida” de inversores por 3.000.000 de dólares, de costos mensuales de 300.000 dólares y de un “descalce” financiero de 6.000.000 de dólares. Afirmó que convocó a la “mesa chica” de inversores para recomponer la situación y que el dueño del local le rescindió el contrato de alquiler. “Esa es la historia”, dijo. Sobre las medidas cautelares, afirmó: “Me aniquiló. Perdí respeto y confianza”.

Chamoles, por su parte, atribuyó los incumplimientos a un “desfasaje” por atrasos de clientes con vehículos financiados. “Tengo pagarés de clientes que no pagaron su total [de la compra de vehículos], que suman un aproximado entre 500.000 y 600.000 dólares. Lo tengo documentado. Reclamamos y se quejaron. Nos amenazaron con denunciarnos por reclamar un pago legítimo. Se entregaron varios autos que todavía no fueron pagados”, sostuvo. Afirmó además que las deudas a cobrar suman 2.000.000 de dólares.

Tal como informara Pilar de Todos, la Justicia Comercial decretó el 14 de septiembre la quiebra de Datcar SA, la sociedad que operaba la concesionaria, a través del Juzgado Nacional en lo Comercial N°22, tras el reclamo de un acreedor por pagarés impagos. Los acreedores tienen plazo hasta el 18 de noviembre de 2026 para verificar sus créditos.

La causa penal tramita en el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro y en la UFI N°2 de Pilar.

El cantante de cumbia y exponente del RKT Callejero Fino, comenzó a cumplir prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en un country de Pilar. en el marco de la causa en la que se lo investiga por portación de armas. 

El artista, oriundo de la localidad de Presidente Derqui, fue trasladado hacia la urbanización ubicada en La Lonja donde se reencontró con su familia luego de haber permanecido detenido en una dependencia policial desde el pasado 30 de agosto, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran que el artista circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre.

En ese mismo procedimiento, los uniformados le hallaron dentro del habitáculo una pistola Glock con la numeración limada. 

Fuentes del caso, confirmaron que Callejero Fino contará con una tobillera electrónica. En las últimas horas, desde el entorno del músico difundieron imágenes del rencuentro con su pequeño hijo. 

En otra de las imágenes que salieron a la luz, Jessica, su pareja, publicó un agradecimiento a Diego Storto, el abogado del artista. "Gracias Diego, por el amor que le pones a tu trabajo, la dedicación y por todo, sos un crackkkk", escribió.Por su parte, Natanael Simón Alvarenga, dialogó con la prensa y confesó "estar tranquilo" con su situación legal: “Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado”, aseguró ante las cámaras de DDM (América TV). Sobre las supuestas amenazas que habría recibido durante su tiempo en prisión, dijo: “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré”. Además, se mantuvo cauto al hablar sobre la investigación en curso por el arma con numeración limada que la Policía encontró en su camioneta durante un control de tránsito: “Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado”, cerró.

Continúa la búsqueda de una mujer que lleva más de un mes desaparecida y fue vista por última vez en Pilar. 

Se trata de Claudia Itatí García, de 54 años, quien desapareció el pasado viernes 14 de agosto en la localidad de Pilar. 

En esa ocasión, desde la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, informaron que la mujer se dirigía desde la Clínica Los Almendros hasta las oficinas de ANSES de General Pacheco. 

Actualmente, se sumó a la búsqueda con la difusión de los datos de García el Ministerio de Seguridad de la Nación a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. 

Desde el organismo resaltaron que quienes tengan datos sobre el paradero pueden aportar información llamando a la línea 134 o escribir a denuncias@minseg.gob.ar 

Como rasgos característicos, Claudia mide 1.75 metros, es de contextura física delgada, tez blanca y cabello castaño oscuro entrecano.

Al momento de su ausencia vestía buzo azul, campera de corderito azul y pantalón de jean. Usaba un gorro de lana azul con rayas rojas y blancas. Llevaba dos bolsas de tela.

Sus allegados consignaron que Claudia necesita asistencia médica y farmacológica.

La jueza de garantías de San Isidro dictó la prisión domiciliaria para Simón Natanael Alvarenga, el cantante de cumbia y RKT conocido como Callejero Fino. El artista, oriundo de la localidad de Presidente Derqui, fue trasladado a su domicilio este mediodía tras la resolución judicial.

La medida llega a un mes y medio de su detención en la zona de Villa La Ñata en el partido de Tigre, ocurrida cuando el músico circulaba en una camioneta sin patente. En aquel procedimiento, las fuerzas de seguridad hallaron un arma con la numeración limada en el buche de la puerta delantera izquierda del vehículo.

La defensa del cantante, encabezada por el abogado Diego Storto, logró que la jueza de la causa bajara la calificación legal de portación de arma de fuego a tenencia ilegal de arma. Este cambio fue determinante para que el referente del género tropical pudiera acceder al arresto domiciliario, el cual se cumplirá sin tobillera electrónica y bajo la promesa de acatar la resolución.

Simón Natanael Alvarenga cuenta con antecedentes penales. A los 20 años de edad fue condenado a seis años de prisión por robo agravado y lesiones. En aquella oportunidad, el artista cumplió cinco meses en una unidad penal y luego accedió a un arresto domiciliario con tobillera electrónica, una condena que finalizó a mediados de 2022.

El referente del género RKT fue capturado el pasado 30 de agosto en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes.

Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso. En una requisa, además, le hallaron la pistola Glock con la numeración limada por lo que en ese momento se decidió su detención. 

El día del arresto, el músico se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de la cantante María Becerra.

El fiscal Gerardo Pollicita inició las pericias sobre las ocho billeteras virtuales de bitcoins pertenecientes al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni. La medida se desarrolla en el marco de la causa que investiga al ex funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El abogado Matías Ledesma, representante legal de Adorni, compareció ante la Fiscalía Federal N°11 con una computadora y un sobre cerrado que contenía las claves de acceso a las direcciones aportadas el 21 de septiembre. Según informaron fuentes judiciales, se realizó un procedimiento de verificación criptográfica mediante un mensaje de desafío que debió ser firmado dentro de cada billetera.

Personal técnico del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina corroboró que la defensa pudo introducir dicho mensaje, confirmando así la existencia de las cuentas y el control sobre las mismas. Los algoritmos hash de este proceso fueron resguardados en pendrives y depositados en un sobre cerrado y lacrado, junto con las claves de acceso.

Estas direcciones de bitcoin quedaron bajo la lupa judicial luego de que Adorni justificara en un escrito que los 591.000 dólares no declarados, y posteriormente incorporados en una rectificación de sus declaraciones juradas, provenían de ventas de activos.

Actualmente, el fiscal aguarda los resultados de los informes sobre la historia patrimonial y laboral del ex jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Entre las medidas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo, se destaca el levantamiento del secreto fiscal de ambos para determinar la evolución de su patrimonio desde su mayoría de edad.

El fiscal Cosme Iribarren solicitó en las últimas horas que el cantante Callejero Fino sea procesado con prisión preventiva. La medida fue requerida tras considerar que existe peligro de fuga en el marco de la investigación que se le realiza por portación ilegal de arma de guerra.

El músico, quien es oriundo de la localidad de Presidente Derqui, permanece detenido desde el pasado 30 de agosto. Aquel día, fue interceptado durante un control vehicular en la zona de Villa La Ñata, en Tigre, mientras circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok V6 que no tenía patentes.

Al momento del procedimiento, realizado por personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense, se halló una pistola calibre .40 marca Glock en el interior del rodado. El cantante había manifestado desconocer la presencia del arma, argumentando que el vehículo era compartido con familiares y amigos.

Sin embargo, la justicia de San Isidro realizó diversas medidas de prueba que permitieron confirmar que el arma pertenecía al artista. La fiscalía reconstruyó los movimientos del músico durante las 48 horas previas a su detención, confirmando que él había sido el único conductor del vehículo durante ese fin de semana, incluyendo traslados hacia el Movistar Arena y zonas de Pilar y Tigre. El día del arresto, el músico se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de la cantante María Becerra.

Ante estos elementos, la justicia consideró imposible que el cantante desconociera la existencia del arma. A esto se suma que el referente del género RKT cuenta con antecedentes penales, habiendo cumplido una condena por robo a mano armada seis años atrás.

El referente del género RKT fue capturado el pasado 30 de agosto en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes.

Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso. En una requisa, además, le hallaron la pistola Glock con la numeración limada por lo que en ese momento se decidió su detención. 

Callejero Fino permanece alojado en una celda de la Comisaría 4.ª de Benavidez, Tigre. 

Semanas atrás, en tanto, la nueva defensa de Callejero, encabezada por el abogado Diego Storto, sostuvo que el artista portaba el arma debido a amenazas de muerte que habrían recibido él y su hijo.

De hecho, ese fue el eje de la declaración que el cantante prestó ante los fiscales del caso. 

El Juzgado en lo Correccional N°2 de San Isidro condenó a Pedro Ilincheta, conocido en su entorno como Pepo o Peter, a tres años y dos meses de prisión  por 14 hechos de estafa cometidos contra un grupo de amigos de un country de Pilar, a quienes convenció de entregarle dinero bajo la promesa de realizar inversiones en criptomonedas.

A pesar de la condena, el acusado no irá a una cárcel por el momento. La magistrada, María Emma Prada decidió mantener la morigeración de la prisión preventiva, por lo que deberá cumplir un arresto domiciliario con monitoreo electrónico hasta que la sentencia quede firme.

El fallo judicial también abrió una nueva línea de investigación, precisó Infobae. Es que la jueza ordenó enviar las actuaciones a la Mesa General de la Fiscalía de Cámaras para que se analice la posible participación de María Cecilia Cabeza, madre del condenado, en los delitos juzgados. Este pedido había sido impulsado por la fiscalía durante el debate oral.

Según se desprende de la causa, la situación de la mujer había surgido en diversas etapas de la investigación. Uno de los damnificados declaró que, al momento de entregar 4.000 dólares, el dinero fue retirado por la madre del trader. Asimismo, otro denunciante detectó transferencias por 450.000 pesos hacia cuentas de Mercado Pago pertenecientes a Cabeza y a una hermana del acusado. Pericias sobre movimientos de criptomonedas también identificaron operaciones entre la cuenta de Binance de Ilincheta y una a nombre de su madre.

El esquema de estafa consistía en captar personas de su círculo íntimo, generalmente amigos que residían en el country Los Lagartos, prometiendo rendimientos del 26% en los primeros tres meses y un 5% mensual posterior.  Los damnificados, había confirmado Pilar de Todos en diciembre de 2024, eran todos amigos o conocidos del trader, quienes entregaron en muchos casos los ahorros de varios años.

Para sostener el engaño, Ilincheta enviaba capturas de planillas de Excel que simulaban ganancias, lo que incentivó a los damnificados a invertir más capital o recomendar el negocio.

Si bien la denuncia inicial reportó un perjuicio de 276.991 dólares, la pericia contable determinó que los montos efectivamente entregados ascendieron a 100.628,91 dólares. 

Por su parte, Ilincheta sostuvo durante el proceso que él también fue perjudicado económicamente y negó haber utilizado los fondos para fines personales, asegurando que siempre tuvo la intención de devolver el dinero.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó este lunes una nueva batería de medidas de prueba en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. Tras la presentación de documentación por parte de la defensa para responder a 20 dudas surgidas en la investigación, la fiscalía busca profundizar en la situación patrimonial del exfuncionario de Javier Milei y su esposa, Bettina Angeletti.

El pedido judicial busca reconstruir el patrimonio del matrimonio desde el inicio de su vida económica activa. Al respecto, el escrito señala:

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, a fin de corroborar la justificación brindada, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos del matrimonio conformado por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”.

Entre las medidas solicitadas al juez federal Ariel Lijo, se destaca el levantamiento del secreto fiscal para ambos, abarcando períodos que se remontan a finales de la década del 90. El fiscal requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la entrega de declaraciones juradas de bienes personales, ganancias y el historial de operaciones con moneda extranjera.

La investigación también pone el foco en las operaciones con bitcoins, utilizadas por Adorni para justificar 591.544,61 dólares en efectivo que no habían sido declarados. La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, entregó claves privadas para acceder a ocho billeteras virtuales. El fiscal dispuso que personal técnico de la Policía Federal Argentina realice una verificación criptográfica para confirmar la titularidad de dichas cuentas.

Finalmente, el pedido incluye informes a la ANSES sobre la historia laboral completa de ambos, datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre vehículos, y detalles sobre la posible participación en sociedades o fundaciones.

La Justicia Comercial declaró la quiebra de Datcar SA, la sociedad que operaba la concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada sobre la colectora oeste de la Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5, en Del Viso. La resolución fue dictada el 14 de septiembre por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°22, tras el reclamo de un acreedor por pagarés impagos.

La firma se encontraba bajo investigación penal por diversas denuncias de clientes que entregaron dinero por vehículos que nunca recibieron o que dejaron unidades en consignación sin obtener el pago correspondiente. La causa, que tramita ante el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro y la UFI N°2 de Pilar, contabiliza 38 hechos y 47 damnificados, entre ellos el diputado Manuel Quintar, Joaquín Pichot y el influencer Uriel De Martini.

Por este expediente, permanecen detenidos Carlos Alberto González, presidente de la sociedad, y Cynthia Karina Chamoles, directora suplente. Durante su indagatoria, González atribuyó la situación a un descalce financiero y una caída en las ventas, mientras que Chamoles señaló atrasos en los pagos de clientes con vehículos financiados.

En mayo, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 vehículos de alta gama, valuados en cerca de 1,23 millones de dólares. Ante este escenario, la síndica de la quiebra, Monica Patricia Gardon, solicitó medidas urgentes para identificar y preservar los bienes de la sociedad, diferenciándolos de aquellos que pertenecen a clientes o que están bajo custodia penal.

La Justicia busca determinar el patrimonio real de Datcar SA, incluyendo siete vehículos que aún figuran a su nombre en el Registro Automotor. Los acreedores tienen plazo hasta el 18 de noviembre de 2026 para verificar sus créditos mientras avanza el proceso de reconstrucción patrimonial.

La Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y del médico y exsecretario de salud de Pilar Pablo Atchabahian, en la causa que investiga presuntas irregularidades en las compras del organismo.

La resolución alcanza a 19 personas en total. Entre ellas también figuran el exfuncionario Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete.

Con su voto, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico ratificaron los procesamientos que el juez Sebastián Casanello había dictado en febrero. En ese momento el expediente tramitaba en el Juzgado Federal N° 11, hoy subrogado por Ariel Lijo, según informó el diario La Nación.

El procesamiento no es una condena. Significa que el juez considera que hay elementos suficientes para avanzar contra los acusados en la etapa de instrucción.

En el mismo fallo, el tribunal desestimó un pedido de nulidad de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo, y de otras defensas. El planteo sostenía que los audios atribuidos a Spagnuolo tenían un origen ilícito o adulterado.

Esa es la estrategia de varios abogados: presentar las grabaciones como la base de toda la acusación para que, si se anulan, caiga la causa completa. Por ahora el expediente sigue su curso, aunque Lijo ordenó peritar ese material.

Por otra parte, para el fiscal Franco Picardi, un grupo paraestatal habría logrado cooptar la agencia y manejarla en función de sus propios intereses. La investigación apunta a simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento de compras y eventuales retornos.

Picardi, que ya pidió otros 30 procesamientos, sostiene que parte de la maniobra se canalizó a través del Siipfis. Se trata de un sistema de compra pensado para agilizar la adquisición de insumos médicos muy costosos y poco frecuentes. Otra línea de la pesquisa abarca compras de insumos ortopédicos, de traumatología, amputaciones, cardiología, audífonos y sillas de ruedas.

El fiscal impulsó la investigación por etapas, con intervenciones telefónicas, embargos y allanamientos. Entre otras medidas, se secuestraron más de un millón de dólares en efectivo.

Casi 700.000 dólares aparecieron en la vivienda de la hija de Calvete. Otros US$266.000 fueron hallados en el auto de Emmanuel Kovalivker, de la empresa Suizo, cuando salía de su casa en el barrio Nordelta. La droguería estuvo en la mira al inicio de la causa, pero hasta ahora la Justicia avanzó sobre otras líneas.

El caso se abrió hace poco más de un año, tras la difusión de grabaciones atribuidas a Spagnuolo. En ellas se refería a irregularidades en la agencia y mencionaba a la secretaria y hermana del presidente, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem.

Tras la difusión, el Gobierno desplazó a Spagnuolo, que supo ser muy cercano a los hermanos Milei, y a Garbellini. Además, intervino la agencia y ordenó una auditoría. Ese relevamiento detectó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario de más de 150.000 millones de pesos.

En paralelo, el interventor designado por el Gobierno, Alejandro Vilches, presentó su renuncia el 21 de septiembre por "motivos personales".

La Justicia aguarda el resultado de pericias clave en el marco de la investigación por el femicidio de Milagros Naomi Cabrera, la mujer de 30 años que fue atacada y asesinada cuando salía a trabajar en la localidad de Villa Rosa. 

El brutal hecho, que conmocionó a la comunidad, sucedió el pasado 2 de agosto y por el caso permanece detenido Luis César Navarro, un agente que se desempeñaba en el Servicio Penitenciario Bonaerense y que contaba con una baja psiquiátrica. 

La causa está a cargo de la fiscal Marcela Semería, y en el marco de la investigación se espera, por un lado, resultados de las pericias de las muestras biológicas obtenidas de la víctima como las comparativas de ADN. 

Por otro lado, también se ordenó la apertura del teléfono celular de Navarro quien, según confirmaron fuentes del caso al portal Infobae, se negó a aportar la contraseña para facilitar el ingreso al dispositivo. 

Ese accionar hace sospechar que allí podría guardar material comprometedor en relación a su presunta autoría del crimen de Milagros.

Tras la autopsia realizada al cuerpo de la víctima, se confirmó que la mujer sufrió abuso sexual con acceso carnal antes de morir. Además se estableció que la causa de muerte fue asfixia. 

Actualmente, Navarro está alojado en una comisaría del distrito en el marco de la causa caratulada como doble homicidio calificado por femicidio y criminis causa, abuso sexual con acceso carnal, y la falsa denuncia ya que el acusado, tras el hecho denunció en una dependencia policial el presunto robo de su teléfono celular, accionar que intentó utilizar como coartada.

Tras el ataque, el cuerpo de Milagros, quien trabajaba como empleada de un kiosco, fue hallado en la ruta 25 y calle Rawson, a metros de una parada de colectivos. 

La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó este martes el fallo de la jueza Marta Elba Pascual que había suspendido por 60 días la aplicación de le nueva Ley Penal Juvenil la provincia de Buenos Aires.

Según el fallo que se conoció este martes, la medida que había firmado Pascual implica "una intromisión indebida en las facultades de otro poder del Estado". Por lo tanto, la norma, baja la edad de punibilidad penal a los 14 años, vuelve a regir en Provincia.

La jueza Pascual había suspendido la norma porque consideró que el sistema penal bonaerense no fue adaptado a la norma en términos de lugares y detención -y recursos- por lo que había dispuesto para este miércoles una audiencia con funcionario del gobierno de Axel Kicillof para analizar la forma de aplicar la norma.

Desde que se dictó, el lunes de la semana pasada, la medida causó una enorme controversia, y la magistrada recibió pedido de juicio político y denuncia penales en su contra de ONG dedicadas a la política de seguridad y de legisladores y referentes políticos de La Libertad Avanza y PRO.

Ahora, los jueces de la cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora, Miguel Navascues y Miguel María Alberdi, formaron un fallo en el que consideran “inadmisible” el plantero de Pascual y señala que incurre en una violación de la división de poderes.

“Está vedado a los jueces analizar el acierto o la inconveniencia de las leyes, habida cuenta de que la política criminal es una de aquellas materias insertas en la esfera de reserva del poder legislativo. Entonces, si las leyes del Congreso de la Nación se presumen legítimas, y para no aplicarlas a un caso concreto es necesario hacer un control de constitucionalidad o de convencionalidad, va de suyo que suspender la aplicación de toda una ley mediante una medida cautelar (que por su naturaleza y finalidad se adopta en forma urgente ante la verosimilitud del derecho del peticionante y el peligro en la demora y se dispone in audita parte y con carácter eminentemente provisorio), resulta a todas luces inadmisible”, sostuvo el fallo.

Los magistrados del tribunal de alzada intervinieron en el caso después de la apelación presentada por el fiscal Hernán Ceruti, a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil de Lomas de Zamora.

En su apelación al fallo de la jueza Pascual, el representante del Ministerio Público había sostenido: “Entiendo humildemente que la decisión tomada por la magistrada se extralimita, avasallando la labor propia de otro de los poderes del Estado, afectando así esencialmente la división de poderes y la forma republicana de gobierno.

Fuente: Agencia DIB

Al reclamo que los estatales y los judiciales vienen haciendo para que el Gobierno de Axel Kicillof llame a negociar salarios, ahora llegó el de los docentes bonaerenses. Tras conocerse la inflación de agosto de 1,7%, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentó una nota ante la Provincia para solicitar la convocatoria a paritarias.

Ya son todos los sectores los que ven una necesidad de sentarse a discutir salarios, entre otros puntos, sobre todo teniendo en cuenta que el último aumento llegó con el cobro de este mes. Gobierno y gremios habían acordado una suba acumulada del 7%, con un 5% para julio y otro 2% para agosto. Aquel entendimiento también contempló una revisión para septiembre.

El pedido de los docentes de los gremios AMET, FEB, SADOP, Suteba y Udocba fue dirigido al ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa y planteó la necesidad de avanzar con una nueva instancia de diálogo para sostener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la educación.

La presentación también reclamó continuar con otros temas como la seguridad de los maestros ante hechos de violencia y la convocatoria de las multisectoriales dentro del acuerdo paritario de resguardo y reparación de la agenda. Entre los puntos incluidos en la nota, solicitaron información sobre el impacto de la baja de la tasa de natalidad en la matrícula escolar y pidieron avanzar con líneas de acción que eviten la pérdida de puestos de trabajo.

La nota presentada ante el ministerio de Trabajo también incluyó pedidos relacionados con la defensa del régimen previsional del IPS, la garantía de prestaciones de salud por parte del IOMA y la transformación del convenio colectivo de trabajo en un acuerdo paritario.

La semana pasada, el primer gremios que hizo un llamado a negociar salarios fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sectores de mayor peso. Más allá del reclamo a Kicillof, ATE cuestionó particularmente el esquema fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el recorte de transferencias hacia las provincias impacta sobre las finanzas bonaerenses y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de los empleados públicos.

Luego llegó el pedido de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Lo hizo por escrito ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y con el objetivo de discutir un nuevo aumento para octubre.

Ahora con los números de agosto, 1,7% de inflación del Indec que acumula 21,3% en los primeros ocho meses del año, la Provincia y los gremios tienen un número para pensar en un inicio de acuerdo.

Fuente: Agencia DIB

La Justicia volvió a rechazar los pedidos de libertad condicional y salidas transitorias de dos de los condenados por el secuestro y crimen de Matías Berardi, ocurrido en 2010 en el partido de Tigre.

Se trata de Elías Vivas y Celeste Moyano, quienes según lo establecido en el juicio se encargaron de retener al adolescente en un taller mecánico de Benavídez.

Condena de 18 y 19 años

Vivas fue condenado en 2013 a 18 años de prisión por su participación como uno de los captores de Berardi, con vencimiento de pena en octubre de 2028. Moyano, en tanto, recibió una pena de 19 años, con vencimiento en octubre de 2029, tras ser hallada responsable de colaborar en el ocultamiento de la víctima. Vivas había solicitado la libertad condicional, mientras que Moyano pidió salidas transitorias; en un nuevo fallo, ambos requerimientos fueron rechazados.

El reclamo de la madre

La confirmación del rechazo llegó a través de un posteo de María Inés Daverio, madre de la víctima, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Allí, la mujer sostuvo que "vamos a pedir justicia siempre".

Un secuestro que terminó en crimen

El 28 de septiembre de 2010, Matías fue secuestrado cuando volvía de una fiesta. Horas más tarde, mientras permanecía cautivo en el taller de Benavídez, logró soltarse y escapar. Pidió ayuda a varios vecinos, pero ninguno le abrió la puerta: uno de los secuestradores gritó que en realidad se trataba de un delincuente que lo había robado, y el temor impidió que lo rescataran. Al ser recapturado, los delincuentes decidieron asesinarlo. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un descampado de Campana, con un disparo en la espalda.

El Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín condenó en su momento a los integrantes de la banda, con penas que incluyeron prisión perpetua para varios de ellos y condenas de entre 17 y 24 años para el resto.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Martín condenó este miércoles a prisión perpetua a uno de los ladrones que mató a Sebastián Ochoa, el joven de Manuel Alberti que fue asesinado para robarle la moto en José C. Paz en el año 2024.

La condena cayó sobre Hernán Ariel Bonda a quien la Justicia halló como coautor penalmente responsable del robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con el homicidio agravado por alevosía, criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas. 

Además, en el mismo fallo, los jueces ordenaron la inmediata libertad de Elías Santiago Fernández, el otro acusado que llegó a juicio por el homicidio. En este caso, consideraron que “no había pruebas suficientes” para implementar una condena.

El crimen ocurrió el 19 de enero de 2024. Sebastián había salido de su trabajo como playero en una estación de servicio Shell y se dirigía en moto hacia su domicilio en Manuel Alberti en Pilar cuando fue perseguido por cuatro motochorros que circulaban en dos motos robadas, a lo largo de nueve cuadras. 

Los agresores lo interceptaron y lo obligaron a bajar del rodado. Ochoa no opuso resistencia y entregó la moto, pero uno de los atacantes le disparó por la espalda cuando ya se retiraba del lugar, y le provocó la muerte en el acto.

De las cuatro personas que habrían participado del ataque, solo Bonda y Fernández fueron procesados como responsables directos. Los otros dos sospechosos permanecen prófugos. 

Durante el debate, que comenzó el pasado 2 de septiembre en los tribunales de San Martín, se incorporaron distintas pruebas reunidas durante la investigación.

En ese contexto, Bonda dio los nombres de los otros participantes en el ataque. Sin embargo, hubo otros implicados que no pudieron ser encontrados ni llegaron a ser juzgados en este proceso.

Sebastián tenía 26 años. Además del hijo que ya había tenido, esperaba el nacimiento de su segunda hija, a quien no llegó a conocer: murió apenas una semana antes de que la niña naciera.

Un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata le puso un freno momentáneo a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana (AMBA), al dejar firme una medida cautelar.

De esta forma, la Justicia bonaerense confirmó una cautelar que había presentado el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y giró el expediente a la Justicia federal.

Esta medida prohíbe a AySA alterar, reducir o limitar sus obligaciones vigentes en materia de agua potable, salud pública y medio ambiente, congelando la aplicación del nuevo contrato de concesión de mayo de 2026 que habilitaba estándares de calidad más bajos para un eventual operador privado.

El fallo llega en momentos en que el gobierno nacional había pospuesto hasta el 15 de septiembre los plazos de entrega de propuestas. Ese día es la apertura del proceso, donde se conocen los interesados en adquirir el 90% de las acciones, después del cierre de ofertas. La Casa Rosada anunció que calcula recaudar unos 450 millones de dólares.

El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, y resuelve la apelación contra una decisión previa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del expediente desde junio.

Fuente Agencia DIB

Los dos acusados de integrar un esquema de venta fraudulenta de vehículos de alta gama en Pilar, volvieron a ser detenidos en un nuevo operativo ordenado por la UFI N.º 02 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, en el marco de la causa que ahora está caratulada como estafa y asociación ilícita.

De acuerdo a fuentes de la investigación consultadas por Pilar de Todos, la nueva orden de allanamiento y detención fue autorizada por el Juzgado de Garantías N.º 06 del Departamento Judicial de San Isidro, luego de que la investigación estableciera que la maniobra denunciada no habría sido un hecho aislado, sino parte de un esquema organizado bajo apariencia de actividad lícita.

Ambos acusados fueron detenidos en el marco de un operativo encabezado por la SUB DDI de Pilar, en una vivienda de un barrio cerrado de Pilar. Además se les incautaron tres teléfonos celulares.

Cabe recordar que en operativos previos llevados adelante en el marco de la misma investigación, la Justicia había secuestrado en mayo pasado un total de 19 autos de lujo valuados en U$S 1.229.200. 

En ese momento, la pareja también había sido demorada pero recuperaron la libertad mientras la investigación avanza.

Sin embargo, según surgió de las tareas investigativas, pese a la denuncia en curso los acusados seguían publicando en redes sociales —Instagram, Facebook y Mercado Libre— el mismo vehículo por el que habían sido denunciados, lo que llevó a los investigadores a sospechar que la maniobra podría haberse repetido con otras víctimas.

La investigación se inició tras la denuncia radicada por Manuel Quintar (40), quien había pagado USD 285.000 por una camioneta Tesla Cybertruck que nunca le fue entregada. 

La causa continúa bajo investigación de la UFI N.º 2 de Pilar, que avaló lo actuado en el nuevo operativo.

La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial, durante ese período se evaluará la capacidad del sistema bonaerense para poner en marcha las nuevas disposiciones.

La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

El fallo se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas: al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Esa modificación implica que los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden quedar sujetos a procesos judiciales por ciertos delitos contemplados en el Código Penal.

La magistrada puso el foco en la capacidad de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.

En esa línea, Pascual afirmó que el Estado bonaerense no cuenta con la infraestructura y los recursos materiales necesarios para sumar a más jóvenes al sistema penal provincial. Advirtió que con la modificación legal, el número de delincuentes juveniles va a aumentar, ya sea, por los nuevos ingresos como por aquellos casos en los que el tiempo de privación de la libertad se incremente.

Ante la posibilidad de este nuevo escenario, la jueza cuestionó que el territorio bonaerense disponga de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales requeridas y sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar en forma anticipada si existen elementos que hagan pensar que ocurrirá una vulneración de derechos fundamentales, basándose en el principio precautorio.

Fuente: Agencia NA

La Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para Hernán Bonda y Elías Fernández, dos de los acusados por el crimen de Sebastián Ochoa, el joven oriundo de Manuel Alberti que fue asesinado en José C. Paz cuando un grupo de motochorros intentó robarle la moto.

Ambos están imputados por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, la figura más grave prevista en el Código Penal para este tipo de casos.

El pedido fue formulado por la fiscal Ana María Armetta y por la abogada querellante Marcela Durán, según consignó Elizabeth, madre de la víctima, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. "Los acusan por lo más grave que hay en nuestro Código Penal", expresó la mujer, que estuvo acompañada por familiares de otras víctimas al conocerse el pedido.

El crimen ocurrió el 19 de enero de 2024. Sebastián había salido de su trabajo como playero en una estación de servicio Shell y se dirigía en moto hacia su domicilio en Manuel Alberti en Pilar cuando fue perseguido por cuatro motochorros que circulaban en dos motos robadas, a lo largo de nueve cuadras. Los agresores lo interceptaron y lo obligaron a bajar del rodado. Ochoa no opuso resistencia y entregó la moto, pero uno de los atacantes le disparó por la espalda cuando ya se retiraba del lugar, y le provocó la muerte en el acto.

De las cuatro personas que habrían participado del ataque, solo Bonda y Fernández fueron procesados como responsables directos. Los otros dos sospechosos permanecen prófugos: uno de ellos es conocido en la causa por el apodo "Pasi" o "Pasita".

En tanto, Elizabeth denunció el silencio que rodea a los prófugos en el barrio donde vivirían. "Todos tienen miedo de declarar. Van al barrio y nadie lo conoce. Tiene nombre y apellido en la causa, pero la gente no quiere hablar", sostuvo, al calificar de "cobardes" a los señalados. Antes del inicio del juicio, la familia había convocado a la comunidad a movilizarse con un pedido concreto: "Acompañanos a pedir cadena perpetua para los asesinos".

El fallo se conocerá mediante una audiencia virtual el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9.30, en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 del Departamento Judicial de San Martín, ubicado en la calle Lincoln 381.

Sebastián tenía 26 años. Además del hijo que ya había tenido, esperaba el nacimiento de su segunda hija, a quien no llegó a conocer: murió apenas una semana antes de que naciera.