La defensa de Nicolás Pachelo pidió su libertad condicional al considerar cumplidos los plazos de la condena por robos, por la que está detenido desde 2018.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por fiscales y querellantes.

Pachelo había sido condenado a nueve años y medio por robos, pero luego la Cámara de Casación bonaerense revirtió su absolución y lo condenó a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, pena que fue confirmada en un segundo fallo.

Aunque la condena aún no está firme, la acusación sostiene que existe un “doble conforme” y que la pena única de prisión perpetua absorbe todos los delitos, por lo que no se pueden separar para acceder a beneficios.

Además, advirtieron que para solicitar la libertad condicional en este tipo de condenas deben cumplirse al menos 35 años de prisión. Mientras tanto, el caso sigue en revisión en la Suprema Corte bonaerense.

Los trabajadores estatales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pararán el lunes 2 de marzo, “sin presencialidad y sin teletrabajo”, según decidió el gremio a partir del reclamo de “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”. La propuesta del paro se aprobó el lunes pasado, tras el rechazo de la oferta salarial del Gobierno provincial, y solo quedaba definir la fecha, que está en línea con la que también definieron los docentes.

En un comunicado, la AJB señaló que “en base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial de la AJB resolvió convocar a un PARO total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires”.

Se destacó que “las y los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, la medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

La oferta de Provincia consistió en un 3% de incremento para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026.

La AJB mencionó también que “el paro se enmarca en la agenda integral de reivindicaciones que impulsa el gremio, entre ellas aumento salarial, subcategorías E para cargos de menor antigüedad, subcategorías para jubilados y pensionados, Mesa Técnica de Carrera Judicial, ley de Paritarias para las y los judiciales, defensa del IPS y mejoras en el servicio del IOMA”.

Además del reclamo salarial, los judiciales también se sumaron a “las acciones y a las voces de otros gremios estatales de la provincia, con quienes sostenemos en unidad el reclamo al Gobierno Nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia”.

Afirmaron que “esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social, del cual millones de trabajadoras y trabajadores estatales -incluidos las y los judiciales- pueden verse afectados en sus derechos jubilatorios”.

Fuente: Agencia DIB

Tras casi una década de litigios en tribunales de la Argentina y de España, el proceso de restitución internacional que involucró a un niño pilarense llegó a su fin.

Es que en el Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar, los progenitores de Nano, hoy de 13 años, firmaron un acuerdo que cerró definitivamente el conflicto judicial iniciado cuando aún era muy pequeño.

El entendimiento reconoce de manera expresa la voluntad del menor de continuar viviendo en la Argentina junto a su madre, Victoria Ferraiuelo, una decisión que había sido manifestada por el niño en reiteradas oportunidades ante distintos ámbitos judiciales y profesionales.

“Estamos en una posición bastante positiva, porque acabamos de firmar el acuerdo, que en teoría terminaría con la parte de litigio de esta causa, que inició hace ya nueve años”, expresó Ferraiuelo en declaraciones periodísticas.

En efecto, la causa tuvo su origen en España. En 2010, Victoria y su pareja de entonces se mudaron a Madrid, donde en 2013 nació Nano. Tras la separación, la madre quedó a cargo del niño y, años después, regresó a la Argentina.

Así, en 2017 se presentó el primer pedido de restitución internacional, lo que dio inicio a un extenso recorrido judicial en ambos países.

En 2018, la Justicia española otorgó la custodia a la madre y autorizó el regreso definitivo del niño a la Argentina, donde se radicó en Pilar y consolidó su centro de vida. Sin embargo, en 2019 el conflicto volvió a reactivarse con nuevas presentaciones judiciales, que culminaron en una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 2024.

Ese escenario permitió avanzar hacia una salida consensuada. Con la intervención del Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar, a cargo del juez Nicolás Horacio Strobino, las partes alcanzaron un acuerdo que prioriza el interés superior del niño y establece un régimen de viajes periódicos para sostener el vínculo con su padre y su familia en España.

“Después de tantos años de lucha, de Juzgados, de pasillos, de expedientes y de papeles fríos, finalmente logramos un acuerdo. Como siempre, en los acuerdos no se está siempre del todo contento, pero, por lo menos, el fin es la libertad de Ignacio”, planteó la mamá del menor.

Ferraiuelo resaltó que se trató de un entendimiento entre las partes en el que no hubo intervención de la Justicia. “La justicia estaba dispuesta a restituirlo. Lo que logramos, a través de un acuerdo que contó con la intervención del Juzgado de Pilar y el nuevo juez, que por suerte es muy humano y defensor de los niños, fue un acuerdo con la contraparte en el que el padre reconocía la voluntad de Nano de vivir en Argentina”, consignó la mujer.

En cuanto al niño, la mujer expresó que “Nano está feliz y ya está queriendo programar muchas cosas de todo lo que no ha podido vivir en todo este tiempo. Es volver a respirar un poco y lo importante es que Ignacio recuperó su libertad”, cerró la mujer.

En el marco de la causa AFA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó un hangar ubicado en el aeropuerto de San Fernando con el objetivo de identificar a los pasajeros de al menos 60 vuelos realizados en helicóptero hacia una mansión situada en Pilar. La medida se enmarca en una investigación judicial vinculada a presunto lavado de dinero.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y apunta a reconstruir los movimientos de una aeronave perteneciente a la empresa Flyzar, que realizó traslados hacia un helipuerto privado denominado “Neurus”, cercano a una quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Según consta en la causa, que intenta determinar si el inmueble tiene vinculación con Pablo Toviggino, dirigente de la AFA, los pilotos que operaban los vuelos declararon ante la Justicia que no contaban con información sobre la identidad de los pasajeros transportados. En ese contexto, uno de los aviadores afirmó: “A mí nunca me dijeron ni a quién llevaba ni a quién traía. La empresa me avisaba del vuelo para tal día y hora y nada más”.

De acuerdo a fuentes judiciales, el foco del allanamiento estuvo puesto en la documentación que permita establecer quiénes utilizaron los helicópteros en esos traslados. En ese sentido, la investigación remarca que en el caso de helipuertos privados, la responsabilidad de llevar los registros de pasajeros recae en los administradores de esas instalaciones.

La causa es investigada actualmente por el Juzgado Federal de Campana, luego de haber pasado por el juzgado a cargo de Marcelo Aguinsky. En esta nueva etapa, se espera que la empresa Flyzar entregue documentación clave, cuyo análisis podría resultar determinante para avanzar en la identificación de los ocupantes de los vuelos.

La mansión hacia la que se dirigían los helicópteros figura legalmente a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos quedaron bajo análisis judicial debido a que, según la investigación, no contarían con capacidad económica declarada suficiente para la adquisición del inmueble.

En el expediente también se incorporaron declaraciones en las que los pilotos negaron conocer al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, así como al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

En el marco de la causa por presunto lavado de dinero, los investigadores detectaron además el uso de una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales de alrededor de 50 millones de pesos, que incluían el pago de peajes de vehículos utilizados por personas vinculadas familiarmente al tesorero de la entidad.

La investigación continúa en etapa de recolección de prueba documental y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. 

El abogado de Romina Gaetani presentó un pedido de detención contra Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz, en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género. La solicitud fue elevada ante la Justicia al considerar que el imputado representa un riesgo para la víctima y que existen indicios de entorpecimiento del proceso judicial.

Según la presentación, Cavanagh no cumplió con la orden judicial de entregar un arma de fuego de su propiedad, pese a haber sido notificado en reiteradas oportunidades. Para la querella, esta conducta configura un intento de ocultamiento de prueba clave y justifica la adopción de una medida de coerción más severa.

En ese marco, el pasado 15 de enero se realizó un allanamiento en la vivienda del Tortugas Country Club donde convivía la pareja. Aunque no se encontró la pistola calibre 9 milímetros declarada por el imputado, los efectivos secuestraron un cargador con municiones, balas sueltas, vainas servidas, un estuche de arma de fuego y una pistola de aire comprimido.

La investigación está a cargo de la fiscal María José Basiglio, titular de la fiscalía especializada en violencia de género de Pilar. Además, un informe del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal evaluó a Gaetani como una persona en situación de “alto riesgo”, lo que reforzó el pedido presentado por su defensa.

La causa se originó el 28 de diciembre, cuando la actriz denunció un episodio de violencia ocurrido durante una discusión con su entonces pareja. En el expediente se incorporaron testimonios y certificados médicos que acreditaron lesiones en brazos y cadera, constatadas en el hospital de Pilar.

Ese mismo día, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. Gaetani presentaba un cuadro de ansiedad y dolores físicos, por lo que fue trasladada en ambulancia a un centro de salud.

Por orden de la fiscalía, Cavanagh fue trasladado a la Comisaría 4ª de Manuel Alberti, donde quedó imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de un hecho de violencia de género.

En declaraciones públicas, Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, explicó que la pareja se encontraba en proceso de separación y sostuvo que, si bien existieron episodios de violencia psicológica previos, esta habría sido la primera agresión física de gravedad. 

Luego de que la actriz y cantante Romina Gaetani denunciara a su ex pareja por violencia de género, en esta jornada se llevó adelante un allanamiento en la casa del denunciado ubicada en el country Tortugas de Pilar. Puntualmente, los agentes se dirigieron a la vivienda de Luis Cavanagh, quien está denunciado por lesiones en el marco de una causa de violencia de género. En el procedimiento se encontraron armas, municiones y otros elementos.El conflicto proviene desde antes de que la intérprete fuera hospitalizada, ya que la misma denunció que había sufrido “zamarreadas, golpes y violencia verbal” por los celos de Cavanagh.Sin embargo, el último episodio que derivó en la internación de Gaetani con golpes en brazos y cadera, llevó a que el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar ordenara un allanamiento.En el domicilio se presentaron efectivos policiales junto al GAD Pilar, la UPPL Pilar y el Destacamento de La Lonja, quienes secuestraron 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas, y una pistola 9 milímetros.El caso Gaetani había sido atacada el pasado 30 de diciembre de 2025, momento en el que debió recibir asistencia médica en el Hospital Central de Pilar. Tras ser dada de alta, Gaetani ratificó su denuncia y se dio intervención a la Fiscalía especializada en casos de Violencia de Género a cargo de María José Basiglio.

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Tras varias entrevistas a la cantante, se determinó que la misma se encontraba en una situación de “alto riesgo”. En un documento elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima,organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, se detalla que el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral. Los indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.

La investigación por violencia de género que involucra a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un elemento central: un informe de riesgo que calificó como “alto” el nivel de peligro que atraviesa la actriz. El estudio fue realizado por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La evaluación fue solicitada por la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar, en el marco de la causa que se tramita contra la ex pareja de Gaetani, Luis Cavanagh. El análisis se llevó adelante mediante una entrevista personal y un cuestionario técnico específico.

Según el documento remitido al expediente, el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral. Estos indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.

El informe adquiere mayor peso judicial si se tiene en cuenta que, al momento de declarar ante la fiscal, Gaetani no solicitó medidas restrictivas contra su ex pareja. A pesar de ello, la causa continuó avanzando con distintas diligencias y producción de pruebas.

Cómo se inició la causa

La denuncia fue radicada la noche del 28 de diciembre. Desde entonces, se incorporaron testimonios considerados relevantes y se acreditaron lesiones físicas. En el Hospital Central de Pilar, donde la actriz fue asistida tras el episodio, los médicos constataron golpes visibles en brazos y cadera, lo que activó de inmediato el protocolo para casos de violencia de género.

Ese mismo día, a las 19.55, personal del Comando de Patrullas de Pilar acudió al Tortugas Country Club tras un llamado al 911 por un conflicto familiar. Al arribar, la seguridad privada informó que Gaetani se había presentado en la guardia del barrio y relató una discusión con su pareja motivada por celos.

De acuerdo al testimonio brindado, el empresario le habría revisado el teléfono celular y encontrado mensajes antiguos, lo que derivó en una fuerte discusión. La actriz se encontraba con un cuadro de ansiedad, manifestó sentirse descompensada y con dolores, por lo que se solicitó una ambulancia.

Mientras una amiga la acompañaba al centro de salud, efectivos de la Comisaría 4ª de Manuel Alberti trasladaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal. La causa fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La palabra de la defensa

En declaraciones televisivas, el abogado de Gaetani, Ignacio Trimarco, explicó que la pareja se encontraba en proceso de separación y que ese día la actriz se acercó al domicilio de su ex pareja, donde se produjo el episodio. El letrado indicó que, si bien existieron antecedentes de otros tipos de violencia, esta habría sido la primera agresión física registrada.

El informe de riesgo recientemente incorporado será determinante para las próximas resoluciones judiciales en una causa que continúa su trámite en el ámbito de la Justicia de Pilar.

Un custodio policial declaró ante la Justicia que el dirigente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe arrojó su teléfono celular al mar durante un viaje a Mar del Plata, pocos días antes del allanamiento realizado en su vivienda, en el marco de una causa por presunta extorsión.

El testimonio fue brindado por el efectivo Gabriel Toledo, quien acompañó a Yofe en el viaje a la costa atlántica a fines de diciembre. Según consta en el expediente, el policía relató que el episodio ocurrió en una playa ubicada “pasando el faro”, durante la tarde-noche, aunque no pudo precisar el punto exacto.

“Era el teléfono que usaba siempre”, sostuvo Toledo ante el fiscal, al describir el dispositivo que el dirigente habría arrojado al agua, reprodujo La Nación.

Un viaje fuera de lo habitual

De acuerdo con la declaración, el viaje comenzó de manera inusual. Toledo afirmó que Yofe lo llamó cerca de las 20 del 31 de diciembre para salir rumbo a Mar del Plata en un Toyota Etios. “No era común. Era la primera vez que me llamaba en ese horario”, señaló.

Ambos arribaron a destino alrededor de las 2 de la madrugada del 1° de enero. Dos días después, el 2 de enero, la vivienda del dirigente en Pilar fue allanada por orden judicial.

Durante ese procedimiento, Yofe manifestó no contar con su teléfono celular.

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Al declarar ante la Justicia, La propia Elisa Carrió, quien acompañó a Yofe, admitió que ella le pidió que arroje el celular al agua, ya que, desde el punto de vista de “Lilita” lo que la Justicia buscaba era retener pruebas de una de las causas en la que Yofe es denunciante, como la mansión en Villa Rosa atribuida a dirigentes de la AFA.

Pero no es la única causa que denunció Yofe. Otra tiene que ver con presuntas irregularidades en la concesión de plantas de Verificación Técnica Vehicular en territorio bonaerense.

Origen de la causa

Justamente la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Atilio Ormeño, exchofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, quien renunció en medio del escándalo por presuntas irregularidades con las plantas VTV.

Según Ormeño, Yofe habría intentado presionarlo para que declarara contra D’Onofrio y contra Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

En su presentación ante el fiscal Germán Camafreita, Ormeño relató un episodio ocurrido el 31 de agosto, cuando Yofe y un custodio se presentaron en su domicilio. Allí, el dirigente habría mencionado el nombre de Martín Marinucci, actual titular de Transporte bonaerense, con supuestas advertencias vinculadas a la continuidad laboral del denunciante.

Intervención de Carrió

El caso adquirió dimensión política tras las declaraciones de Elisa “Lilita” Carrió, quien defendió públicamente a Yofe y denunció un “operativo mafioso”.

La líder de la Coalición Cívica afirmó que fue ella quien le sugirió a su dirigente que se deshiciera del teléfono. “Le dije: ‘tiralo al mar’”, declaró, al sostener que la intención de los investigadores sería retener pruebas.

Carrió además vinculó el allanamiento con la causa que investiga a dirigentes de la AFA, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Yofe es, a su vez, uno de los denunciantes en la investigación por una mansión ubicada en Villa Rosa, valuada en unos 20 millones de dólares, que se sospecha podría pertenecer al tesorero de la AFA.

En paralelo, el fiscal Camafreita dejó constancia en el expediente de un fuerte cruce que mantuvo con Carrió el día del allanamiento. Ese episodio fue elevado al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro.

Por su parte, Yofe negó las acusaciones en su contra. “Es demencial decir que apretamos u ofrecimos dinero”, sostuvo en declaraciones radiales. Además, cuestionó el procedimiento judicial y afirmó que se realizó sin fundamentos.

Un joven agente de la Policía Bonaerense resultó herido tras recibir un disparo accidental efectuado por un compañero en una base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), ubicada en Pilar. El episodio ocurrió mientras el personal se encontraba organizando el operativo previo al inicio del servicio.

La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Montenegro, de 22 años, oriundo de La Plata y residente en la localidad de Gorina. De acuerdo a la investigación preliminar, el disparo se produjo cuando un efectivo de 25 años manipulaba su arma reglamentaria. Por motivos que aún se intentan establecer, el arma se accionó de manera involuntaria y el proyectil impactó en el cuerpo del joven policía.

Tras el incidente, Montenegro fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde el equipo médico confirmó la gravedad de las lesiones. El disparo ingresó por el hombro izquierdo, atravesó la zona abdominal y afectó al menos un pulmón, motivo por el cual debió ser sometido a una intervención quirúrgica inmediata.

La operación se realizó con éxito y el efectivo permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta observación médica. Según el último parte oficial, su evolución es favorable y continúa en proceso de recuperación.

Un policía federal que corría una picada y atropelló y mató a una mujer fue liberado en las últimas horas. Se trata del agente Gastón Maximiliano Montepeloso quien protagonizó el hecho el pasado sábado a la altura de la Autovía 6, cerca del partido de Luján. El hombre perdió el control de su vehículo y embistió a otro auto de frente a la altura del paraje Cañada Polo. Por el impacto, una mujer de 34 años, identificada como Vanesa Escalante, perdió la vida. La liberación de Montepeloso fue dispuesta por el juez Luis Marcelo Giacoia, quien rechazó un pedido de la fiscal Mariana Suárez para que el policía pase de aprehendido a detenido, dada la gravedad de las consecuencias de su conducta al volante.

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El hecho

El incidente de tránsito ocurrió alrededor de las 17.50 del sábado en la Autovía 6, a la altura del acceso a La Cañada Polo, en la localidad de Open Door.Según lo que se sabe hasta ahora Montepeloso conducía un Honda Civic -iba acompañado por Romina Reidel- por la Autovía 6, corriendo una picada contra un Audi, con el que venían realizando sobrepasos imprudentes, contaron testigos.En ese contexto, Montepeloso perdió el control de su auto y terminó en el carril contrario, donde chocó de frente a un Chevrolet Prisma en el que iban Marcelo Emmi, junto a Vanesa Escalante y Milagros Ludmila Emmi, su hija, de 13 años. Escalante perdió la vida en el accidente.Las pericias practicadas demostraron que Montepeloso, que se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, en Santa Fe, conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre. (Agencia DIB)

Matías Yofe, dirigente de Pilar de la Coalición Cívica-ARI, se presentó este mediodía ante la Justicia de en el marco de una causa en la que está imputado por presunta extorsión, luego del allanamiento realizado el viernes pasado en su domicilio.

La investigación se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

El dirigente acudió a la audiencia acompañado por la líder nacional del espacio, Elisa Carrió, y por la abogada Albana Zoppolo, a quien designó formalmente como su defensora. Según consta en el expediente, Yofe tomó conocimiento completo de la causa y de su imputación al presentarse en sede judicial.

El procedimiento que derivó en la imputación fue duramente cuestionado por Carrió, quien calificó el allanamiento como irregular y sostuvo que constituyó “un mensaje mafioso”. La dirigente afirmó que no se le exhibió la orden judicial correspondiente y apuntó contra el accionar del juzgado de garantías de San Isidro.

De acuerdo con el acta judicial, Yofe no se encontraba en su domicilio al momento del allanamiento, ya que estaba en Mar del Plata. Durante la audiencia, declaró ante el fiscal que no tenía su teléfono celular en su poder “en este momento”, consignó La Nación.

Durante sus declaraciones públicas, Carrió reconoció que le sugirió a Yofe que se deshiciera de su teléfono celular. Según explicó, al no haber tenido acceso a la orden de allanamiento, le indicó que “tirara el celular al mar”, al considerar que el objetivo del procedimiento era retener pruebas vinculadas a denuncias por presunta corrupción en la AFA y contra dirigentes políticos.

Sobre este punto, el abogado Gregorio Dalbon, representante legal de la AFA y sin intervención en la causa, realizó una publicación en la red social X en la que advirtió sobre la posible existencia de pruebas en dispositivos electrónicos.

La imputación se originó a partir de una denuncia presentada por el chofer del exministro bonaerense Jorge D’Onofrio, quien habría mencionado una supuesta conversación mantenida con Yofe durante una campaña electoral. Según esa versión, el dirigente le habría solicitado dinero a cambio de colaborar en una investigación judicial.

Carrió rechazó esa acusación y puso en duda su verosimilitud. La causa está caratulada como extorsión agravada y sostiene la hipótesis de una presunta organización dedicada a promover demandas judiciales para luego exigir dinero a los denunciados. Yofe ocupa actualmente un cargo en la Legislatura porteña.

En las últimas semanas, Yofe había cobrado relevancia pública por ser uno de los denunciantes en la causa conocida como la mansión de Pilar, un expediente por presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que apunta contra Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

En ese marco, una tasación oficial valuó una quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa, junto con sus bienes, en más de 20 millones de dólares, cifra muy superior al valor declarado en su compra. El dirigente también impulsó denuncias por presuntas irregularidades en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

A la salida de la fiscalía, Yofe afirmó que el allanamiento afectó a su entorno familiar y denunció que durante el procedimiento se vulneraron derechos básicos.

Por su parte, Carrió adelantó que la defensa impugnará el procedimiento policial, solicitará la nulidad del allanamiento y avanzará con la recusación del juez Saettone.

Durante la mañana, dirigentes y militantes de la Coalición Cívica-ARI se concentraron en la esquina de Tucumán e Ituzaingó, en el centro de Pilar, para expresar su respaldo al dirigente. Entre los presentes estuvieron Hernán Reyes, miembro de la Mesa Nacional del partido, y la abogada María Pace Wells, denunciante en la causa vinculada a la AFA.

La mansión ubicada en Pilar, que figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, fue tasada en más de 20 millones de dólares tras un peritaje judicial, una cifra que contrasta de manera significativa con los US$ 1,8 millones que habían declarado sus propietarios.

La valuación surge de un informe elaborado por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, quienes confeccionaron un documento de 550 páginas que fue remitido al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La tasación había sido ordenada oportunamente por el juez federal Daniel Rafecas, cuando se encontraba al frente de la investigación por presuntas irregularidades patrimoniales vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

De acuerdo al relevamiento pericial, el valor total de la propiedad ubicada en la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, asciende a US$ 20.815.100, incluyendo las edificaciones, mejoras y bienes hallados en el predio.

Los expertos detallaron que solo la parcela principal del lote fue valuada en US$ 5.600.000, mientras que la casa principal alcanzó los US$ 2.385.000 y la vivienda secundaria fue estimada en US$ 1.230.000.

El informe también incluyó otras construcciones, como el edificio de acceso (US$ 134.000), un depósito (US$ 1.050.000), una caballeriza con vivienda para el cuidador (US$ 1.220.000) y un galpón para autos valuado en US$ 1.490.000.

Además, se consignaron valores para distintas instalaciones recreativas y de uso privado: la pileta fue estimada en US$ 50.000, el bar en US$ 390.000, el área de recepción en US$ 350.000, el quincho en US$ 1.490.000, el spa y gimnasio en US$ 1.450.000, la cancha de paddle en US$ 30.000 y el helipuerto en US$ 85.000.

En paralelo, el peritaje incluyó el relevamiento de 54 vehículos, entre autos y motos de lujo, que se encontraban guardados en la propiedad y que fueron tasados en US$ 3.861.100.

Pantano y Conte figuran como titulares de la mansión, pero se encuentran bajo sospecha de actuar como “testaferros” o “prestanombres”, ya que sus ingresos declarados no se corresponderían con el valor del patrimonio detectado. En ese marco, ambos se negaron a declarar ante la Justicia, mediante una maniobra de su defensa, cuando el magistrado intentó que explicaran cómo adquirieron la propiedad.

Romina Gaetani fue asistida tras un episodio de presunta violencia de género ocurrido en una vivienda del country Tortugas de Pilar.

Según el parte policial, un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia en el interior del barrio privado. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que la actriz se encontraba en estado de nerviosismo y presentaba lesiones visibles, por lo que se solicitó una ambulancia del SAME.

Gaetani fue trasladada al Hospital Central de Pilar, donde recibió atención médica y se activó el protocolo correspondiente para estos casos. La causa quedó en manos de la UFI especializada en Violencia de Género, que inició las actuaciones judiciales.

El presunto agresor, Luis Cavanagh, identificado como la pareja o expareja de la actriz, fue puesto a disposición de la Justicia. Hasta el momento, Gaetani no realizó declaraciones públicas y la investigación continúa en curso.

La investigación por presunto lavado de activos en una mansión de Villa Rosa, en Pilar, incorporó nuevas medidas judiciales y abrió interrogantes sobre eventuales vínculos con miembros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que durante los allanamientos se encontrara un bolso con el nombre del tesorero Pablo Toviggino.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky avanzó esta semana en el expediente, que incluye el secuestro de una flota de más de 50 vehículos de alta gama hallados en el predio. El caso se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y derivó en sospechas sobre un entramado patrimonial que ahora es objeto de análisis.

La propiedad, ubicada en un predio de 100 mil metros cuadrados y registrada a nombre de la firma Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Lucía Conte, fue allanada inicialmente por orden del juez federal Daniel Rafecas.

Allí se detectó un galpón con autos deportivos, motos de alta cilindrada y kartings, que fueron secuestrados para ser tasados.

Rafecas dispuso además la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país de Pantano y Conte ante la sospecha de que los activos no guardaban relación con su capacidad económica declarada.

La causa atravesó luego un conflicto de competencia. Tras declararse incompetente, Rafecas remitió el expediente al fuero Penal Económico, pero el juzgado sorteado rechazó su intervención. La Cámara Federal porteña resolvió que la pesquisa debía continuar en ese fuero debido al componente económico-financiero del presunto lavado. Con el expediente bajo su órbita, Aguinsky ordenó nuevas diligencias.

Uno de los elementos que cobró relevancia para el magistrado fue el hallazgo del bolso con el nombre de Toviggino, considerado un hombre cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Esa pieza, junto a otros indicios analizados, alimentó sospechas sobre posibles nexos con el predio o con los bienes asegurados, aunque no existen imputaciones formales contra dirigentes. La Justicia tuvo en cuenta que el tesorero está mencionado en la denuncia original.

Aguinsky también dispuso profundizar la investigación sobre el helipuerto construido dentro de la mansión. Solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) los registros de vuelos y pilotos que pudieron haber operado allí, medida que podría resultar clave para establecer quiénes usaban el predio y con qué frecuencia.

La nueva etapa incluye pedidos de informes sobre los titulares de las pólizas de seguro de los vehículos secuestrados, la identificación de responsables de las cédulas azules, el análisis de movimientos satelitales y de TelePase, y relevamientos de las conexiones de telefonía e internet asociadas al inmueble. El objetivo es reconstruir el circuito patrimonial y financiero detrás de Real Central SRL y de la flota de autos, considerada desproporcionada respecto de los ingresos declarados.

En paralelo, continúan los peritajes sobre los más de 50 vehículos incautados, señalados como uno de los secuestros de mayor magnitud en causas de lavado recientes. Las medidas complejizan el expediente y elevan la expectativa en torno a los posibles nexos entre Pantano, Conte y referentes de la conducción del fútbol argentino.

Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, rechazó las acusaciones en su contra, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de servicios de las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

A través de un extenso escrito presentado ante el fiscal Álvaro Garganta, D’Onofrio aseguró que el mecanismo de licitación fue “legal, público e internacional”, y que contó con el respaldo de los organismos de control y asesoría.

El exfuncionario rechazó haber favorecido a determinadas empresas en la adjudicación de las concesiones al negar que haya habido beneficios indebidos para las empresas que se quedaron con los talleres verificadores en 2024.

La investigación

Para la fiscalía, D’Onofrio habría favorecido a varias empresas adjudicatarias, unas ocho, y articulado un mecanismo de presunto pagos de retornos por medio de una firma contratada para gestionar cobros online y turnos, algo que fue negado por el exfuncionario.

Se sospecha que la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., firma a cargo de llevar adelante el otorgamiento de turnos de forma virtual, hizo las veces de intermediaria para el cobro de retornos, de entre el 3% y el 8,5%.

Por ejemplo, cada turno pedido por la web se traduciría en una comisión directa que iría desde los 2500 pesos hasta los 11 mil pesos, dependiendo el tipo de rodado.

Por el contrario, D’Onofrio defendió el mecanismo, al que consideró necesario para mejorar la transparencia y la trazabilidad de los turnos solicitados.

Además, rechazó cualquier vínculo previo con Sebastián Decio, titular de la empresa.

Por otro lado, Garganta citó a declarar en los próximos días a los responsables de las empresas que fueron adjudicatarias de las plantas de VTV en territorio bonaerense, al tiempo que también se investiga si hubo irregularidades con la aplicación y cobro de fotomultas, algo que también D’Onofrio negó.

Según datos de la Secretaría de Seguridad del Municipio, en lo que va del año se esclarecieron más de 70 denuncias falsas por robo de automóviles en el distrito.

Desde el área apuntaron que la intención de las personas que se acercan a las dependencias para radicar los presuntos robos apunta a “operar contra las compañías aseguradoras” al tiempo que calificaron a las maniobras como “un flagelo que, además, desvían recursos humanos y logísticos en dichas investigaciones; generando un perjuicio a las autoridades judiciales, policiales y de la Secretaría de Seguridad”.

Es que en cada caso, señalaron, se despliega el uso del Sistema Integral de Seguridad con el objetivo de esclarecer este tipo de delitos y poner a los responsables de las maniobras a disposición de la Justicia.

“Partiendo desde la alerta del presunto Robo o Hurto, se inicia la investigación, que incluye horas de análisis de imágenes provistas por las cámaras de seguridad del distrito, el anillo de Lectoras de Patentes y kilómetros de patrullaje en vía pública, con el objetivo de dar veracidad o aclarar estos hechos delictivos”, especificaron desde el área de Seguridad.

“Con el esclarecimiento de estos hechos, los autores no solamente no se hicieron del dinero, fruto de la estafa a la empresa de seguros, sino también mantienen causas judiciales, corriendo el riesgo de cumplir prisión efectiva”, advirtieron.

En las últimas horas, el área avanzó en obtener datos para la investigación de un hecho similar a los de este tipo.

Fue luego de que un hombre denunciara el robo de su automóvil Chevrolet Astra de color gris que, indicó, estaba estacionado en la vía pública, en Manuel Alberti.

Ante esa situación, la chapa patente del rodado fue cargada dentro del Sistema de Lectoras de Patentes. Más tarde, se detectó al vehículo circulando por la Ruta 25, altura Villa Rosa. Guardia Urbana interceptó al rodado y capturó a quien estaba al volante.

Esa persona dijo haber comprado el vehículo días atrás aunque no contaba con la documentación obligatoria.

Al momento de su hallazgo, el automóvil no presentaba ningún signo de rotura y forzado en el tambor y/o cerraduras, indicaron desde la Secretaría de Seguridad.

En el caso interviene la UFI 2 de Pilar.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la realización de una serie de allanamientos en un country de Pilar y en oficinas del centro porteño en el marco de una causa en la que se investiga la existencia de posibles testaferros vinculados al Presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los procedimientos en el distrito se desarrollaron en dos lotes ubicados dentro del barrio privado Ayres Plaza, y también en una oficina de la calle Paraná en la Ciudad de Buenos Aires.

En ambos operativos se buscó determinar quiénes son los verdaderos dueños de una lujosa quinta en Villa Rosa atribuida a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La investigación apunta a presuntos testaferros del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino.

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En Ayres Plaza, los lotes allanados figuraría como terrenos “a construir", aunque diversos registros fotográficos indicarían que en uno de ellos se habría levantado una mansión.

Ambos inmuebles, al igual que la quinta de Villa Rosa, están a nombre de Real Central SRL, una empresa que desde mayo de 2024 aparece como titular de la propiedad investigada.

Real Central SRL es administrada formalmente por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

Según publicó el diario La Nación, ninguno de ellos tendría capacidad económica acorde a los bienes adquiridos por la firma.

Tanto Pantano como su madre tienen prohibida la salida del país por orden de Rafecas.

El tercer allanamiento se llevó a cabo en la oficina de Paraná,  sede formal de la empresa. Allí se buscaron documentos y registros contables que permitan esclarecer la ruta patrimonial detrás de la adquisición de la quinta de Villa Rosa.

El fallo del TOC N°4 de San Isidro, integrado por Esteban Andrejin, Osvaldo Rossi y Victoria Santamaría Guglielmetti, concluyó con la condena a cadena perpetua para Rosalía Soledad Paniagua, la empleada doméstica que asesinó a Roberto Wolfenson en el Country La Delfina de Pilar. 

La resolución coincide con la pena que había solicitado la fiscal Laura Capra, quien sostuvo durante el debate que la acusada actuó con pleno conocimiento y voluntad de matar, luego de intentar robar objetos de valor en su último día de trabajo. Paniagua había sido contratada por un reemplazo temporario de 30 días.

Por otra parte, la defensa intentó instalar una versión distinta. Afirmó que la mujer “tuvo dolo de robar, pero no de matar” y que Wolfenson la habría descubierto y atacado, lo que —según su argumento— derivó en un forcejeo y en un homicidio no premeditado. Bajo esa tesis, solicitó que Paniagua fuera condenada por “homicidio en ocasión de robo”, con penas sensiblemente menores que la cadena perpetua. Sin embargo, el tribunal rechazó esa interpretación.

A lo largo del juicio, la fiscalía reconstruyó una secuencia que consideró irrefutable: Paniagua habría sido sorprendida por la víctima mientras sustraía bienes del domicilio y, para evitar ser descubierta, utilizó una soga o lazo para estrangularlo. Wolfenson intentó defenderse, pero terminó muriendo por asfixia mecánica.

Durante el debate Paniagua admitió el crimen y declaró: "Se me fue de las manos".

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Uno de los elementos más determinantes para la acusación fueron las imágenes captadas por una cámara de seguridad, donde se observa a Paniagua guardando un celular, un parlante bluetooth y otros objetos  en su mochila. Para la fiscal, ese registro fue “contundente” y terminó de fortalecer la hipótesis del crimen cometido para ocultar el robo.

Con la sentencia dictada, el caso queda cerrado en primera instancia, mientras la defensa evalúa los pasos a seguir.

El veredicto contra Rosalía Paniagua, la empleada doméstica que está acusada del crimen del ingeniero Roberto Wolfenson, ocurrido en febrero de 2024 en Pilar, se da a conocer hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro.

El 3 de noviembre comenzó el debate oral en el que Paniagua llegó acusada del delito robo calificado por el uso de arma en forma impropia en concurso real con homicidio criminis causa.

En medio del juicio, según información de diversos medios a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la señalada confesó el crimen: “Me siento avergonzada. Voy a decir la verdad. Me voy a hacer cargo de lo que hice por mis hijos; ya no viene al caso seguir mintiendo”.

En su relato, Paniagua sostuvo ante el tribunal que la actual pareja de la víctima le había pedido que le sacar el celular y se lo revise porque creía que la engañaba: “El señor me descubrió agarrando el celular y empezó la pelea, la discusión. Me empezó a decir cosas malas: que era una desgraciada, una puta, una paraguaya ladrona y que iba a llamar a la policía. Me agarró de los pelos. No quise lastimar al señor. Todo se me nubló cuando me dijo ‘la concha de tu madre’, y se me fue de las manos”.

En la lectura de alegatos de cierre, la fiscalía les solicitó a los jueces Esteban Andrejín, Victoria Santamarina y Osvaldo Rossi que la acusada sea condenada a prisión perpetua.

NA

El juez federal Jorge Gorini resolvió esta tarde imponer nuevas restricciones a la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, al establecer que las visitas al departamento de San José 111 deberán tener un máximo de “dos horas”, dos veces por semana como máximo y no se podrá superar la cantidad de “tres personas” al mismo tiempo.

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió modificar el régimen de visitas al considerar que la expresidenta “incumplió las condiciones de su prisión domiciliaria al haber recibido de forma simultánea a nueve personas en su domicilio sin la debida autorización judicial”.

La decisión, firmada este martes, responde a una publicación realizada el pasado 17 de noviembre desde la cuenta verificada de Fernández de Kirchner en la red social X, en la que informaba sobre un encuentro en su casa con un grupo de economistas, en ocasión del Día del Militante. Según indicó, el grupo le presentó un documento económico de más de 400 páginas en representación de más de ochenta profesionales.

Si bien las personas que participaron del encuentro figuraban en una nómina presentada por la defensa el 12 de noviembre, la autorización solicitada no contemplaba la reunión simultánea de todos los visitantes. Por ello, el juez a cargo del control de la ejecución de la pena consideró que el evento se realizó sin autorización previa y contravino las reglas impuestas.

La resolución señala que este tipo de encuentros “no se compadece con la lógica de restricción que caracteriza el régimen excepcional de prisión domiciliaria” y que desvirtúan su naturaleza punitiva.

Además, establece que en adelante las visitas no autorizadas deberán ser “solicitadas en forma individual, con una justificación concreta, fecha y hora previstas”.

El nuevo régimen fijado por el tribunal impone que las visitas “no podrán exceder las dos horas de duración, se permitirán hasta dos veces por semana y no podrán concurrir más de tres personas por vez”.

Asimismo, se mantiene la autorización general únicamente para familiares directos, médicos tratantes, abogados defensores y la custodia policial, conforme a las nóminas ya aprobadas.

El fallo también dejó sin efecto una autorización previa del 14 de noviembre, y dispuso que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervise el cumplimiento de estas nuevas pautas, con informes detallados de cada ingreso al domicilio.

En tanto, el tribunal advirtió que, ante nuevos incumplimientos, la modalidad de prisión domiciliaria podrá ser revisada y eventualmente revocada, de acuerdo al artículo 34 de la ley 24.660.

Fernández de Kirchner había recibido en su vivienda de la calle San José 1111 a un grupo de nueve economistas que representan a más de 80 profesionales y le entregaron un documento técnico con propuestas para un “Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”. N/A