Una empresaria de Pilar fue condenada esta semana por el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín, acusada de integrar una maniobra de lavado de dinero presuntamente vinculada al narcotráfico.

Se trata de María Eugenia Maronna, de 49 años y propietaria de una agencia de automóviles, quien deberá afrontar una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 260 mil dólares.

La misma pena recayó sobre Fernando Aldo De Bórtoli, de 39 años, mientras que Ricardo Gabriel Sosa —actualmente detenido en una cárcel federal de Río Negro— también fue condenado por el mismo delito.

El juez Juan Francisco Venditti dispuso además, según consta en la sentencia, el decomiso de un lote ubicado en el barrio cerrado Los Sauces, en La Lonja, Pilar.

De acuerdo con la investigación, el terreno habría sido adquirido con fondos provenientes de actividades vinculadas al narcotráfico y luego utilizado en una maniobra orientada a ocultar el origen del dinero.

María Eugenia Maronna es hermana de Carlos Maronna, empresario que el año pasado fue llevado a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por una causa también relacionada con presunto lavado de activos narco a través de negocios del rubro automotor.

De Bórtoli, por su parte, fue investigado durante años por sus presuntos vínculos con la organización que lideraba Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, uno de los narcotraficantes más señalados del conurbano.

Distintas pesquisas lo ubicaron como supuesto transportista de estupefacientes para la estructura asociada a Alan Villalba, hijo del histórico capo narco de San Martín.

El tercer condenado, Ricardo Gabriel Sosa, acumula un historial judicial extenso: en septiembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín por integrar una organización dedicada al transporte de marihuana prensada. A esa pena se sumaron posteriormente otros siete años de prisión impuestos por la Justicia Federal de Neuquén en una causa por tráfico de drogas. Con la condena de esta semana, Sosa deberá cumplir una pena unificada de 15 años y seis meses de prisión.

La causa que derivó en la sentencia se inició en 2016 en el Juzgado Federal de Campana, como desprendimiento de la investigación que ya había llevado a la condena de Sosa por narcotráfico.

Allí, los investigadores buscaron determinar si la adquisición del lote en Los Sauces había sido realizada con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Según la causa, el terreno fue transferido a nombre de Maronna en 2011. Un año después, el 30 de marzo de 2012, se firmó un boleto de compraventa mediante el cual De Bórtoli adquiría el inmueble "en comisión" por un valor declarado de 250 mil dólares, consignó Resumen.

Durante la investigación se analizaron los antecedentes patrimoniales de los involucrados. Un informe elaborado por la entonces AFIP concluyó que Maronna, inscripta como monotributista categoría F, no registraba ingresos suficientes para justificar la operación, ya que no habría generado durante 2010 y 2011 recursos compatibles con una compra de esas características.

Al ser indagada, Maronna sostuvo que no conocía previamente a De Bórtoli. Para los investigadores, sin embargo, la operación habría formado parte de una maniobra destinada a dar apariencia legal a fondos del narcotráfico.

La hipótesis respaldada por la condena sostiene que el dinero utilizado para adquirir el inmueble tendría como origen los recursos obtenidos por Sosa a través de actividades vinculadas al tráfico de drogas.

El ex diputado José Luis Espert fue citado a indagatoria para la semana próxima por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. 

La citación se produjo luego del pedido de la semana pasada del fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino.

En esta causa, se investigan los nexos financieros entre el ex diputado libertario y el empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico. 

El punto de partida para esta investigación, de acuerdo a lo que considera la fiscalía, se centra en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado, sin embargo, el ex legislador aseguró que se debía a un contrato de asesoría minera en Guatemala.

Posteriormente, la Justicia consideró que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y que las minas a las que se refería no estaban operativas.

En la misma línea, la fiscalía sostiene que el ex diputado habría usado esos fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario. 

Actualmente, el ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.

Agencia NA

La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ratificó su traslado a Pilar y declaró nula la designación de veedores que el Ministerio de Justicia había dispuesto a partir de un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El tribunal, integrado por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, también canceló la inscripción de la AFA en el Registro Público bajo la órbita de la IGJ y concluyó que ese organismo ya no tiene competencia sobre la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia.

Una vez inscripto el cambio de domicilio ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron exclusivamente en manos del organismo provincial.

"Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad", sostuvieron los magistrados en la resolución.

La Cámara declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y dejó sin efecto la medida ministerial que había dispuesto la designación de veedores por 180 días hábiles.

La disputa se inició cuando la Asamblea General de la AFA aprobó, en octubre de 2024, una modificación estatutaria para trasladar el domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar.

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó posteriormente la inscripción del cambio y consolidó la radicación de la entidad en jurisdicción bonaerense.

Frente a ese escenario, la Cámara entendió que la IGJ carecía de facultades para revisar decisiones adoptadas por el organismo provincial o para cuestionar la validez del nuevo domicilio.

Los jueces remarcaron que los actos administrativos provinciales poseen plena validez mientras no sean impugnados y que la IGJ no puede ejercer funciones revisoras sobre decisiones adoptadas en otra jurisdicción.

El fallo aclaró además que el control sobre los estados contables de la AFA continuará bajo la autoridad competente en la provincia y que el cambio de jurisdicción no elimina las obligaciones de fiscalización.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor de 22 años que manejaba con 0,39 de alcohol en sangre durante un operativo de control realizado sobre la Ruta 8, a la altura del peaje de Pilar. 

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el joven reconoció que actualmente cumple tareas comunitarias por una alcoholemia positiva registrada el año pasado: “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”, le dijo a los inspectores apostados en el operativo.  

Ante la consulta de los agentes sobre el resultado positivo, intentó justificar la situación argumentando que había consumido una ensalada con vinagre durante una reunión familiar y que también había tomado una copa de vino porque "me dio para probar el abuelo de ella", en referencia a su novia. 

Ante la medición del alcoholímetro, el personal de la ANSV fue contundente: “Esto es una alcoholemia positiva, no es la ensalada. Esto es alcohol”.

Durante la fiscalización, el conductor llamó telefónicamente a sus padres para intentar resolver la situación: "¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo", se lo escucha decir en una conversación registrada por las cámaras del operativo.

Además, dentro del vehículo, donde viajaba acompañado por su novia, los agentes observaron vasos con bebidas alcohólicas, elementos que quedaron documentados como parte del procedimiento: “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, se excusó el conductor.

Como consecuencia de la infracción, se le retuvo la licencia de conducir. También deberá afrontar una multa de hasta 2.215.000 pesos y enfrenta una nueva inhabilitación que puede extenderse entre 3 y 18 meses.

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La concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada en el kilómetro 39,5 de la colectora de la autopista Panamericana, acumula cerca de 20 denuncias por presunta estafa: clientes que pagaron vehículos de alta gama en dólares y nunca los recibieron. El local apareció cerrado, con sus ventanales tapiados con cartón.

Las causas son investigadas por las Unidades Funcionales de Instrucción N°1 y N°2 de Pilar, a cargo de los fiscales Raúl Casal y Andrés Quintana, respectivamente y no se descarta la unificación de ambos expedientes.

Ante la sospecha de que los responsables intentaban trasladar vehículos a otro local, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 camionetas 4x4 y autos de alta gama valuados en más de 1,2 millones de dólares.

La situación quedó registrada en un video grabado frente al local y difundido por La Nación. “Cerraron todo. Estafaron a todo el mundo. Se fueron todos. Desaparecieron”, expresó uno de los afectados.

Según trascendió, las víctimas no solo realizaron transferencias en dólares sino que, en algunos casos, también entregaron sus propios vehículos como parte de pago.

Entre los denunciantes figura Manuel Quintar, diputado jujuño de La Libertad Avanza, quien en agosto de 2025 inició negociaciones para adquirir un Tesla Cybertruck por 285 mil dólares. Según su presentación judicial, abonó la totalidad del monto acordado —parte mediante transferencias y parte en efectivo— pero nunca recibió el vehículo.

Otro de los damnificados es un joven que denunció haber pagado 13.490 dólares por un Volkswagen Nivus que jamás le fue entregado. 

El contacto surgió de una publicación en Mercado Libre. “Encontré una publicación en Mercado Libre, entregué mi auto como permuta y puse una seña de 2.500 dólares. Después me pidieron cancelar el resto para acelerar los trámites. Transferí otros 10.990 dólares y comenzaron las excusas: que faltaba la VTV, que el dueño estaba de viaje, que el verificador iba solo ciertos días. Cuando finalmente fui a buscar la documentación, la agencia estaba vacía”, relató el damnificado, que prefirió mantener su identidad en reserva, a La Nación.

El titular de la firma, identificado como C.A.G., ya había sido procesado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia a funcionario público. En esa causa se trabó además un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

Ese expediente se originó en una denuncia impulsada por la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol, que señaló a varias agencias —entre ellas Autos Pilar Premium, MV Automotores, Blue Cars y FDG Motors— por ocupar ilegalmente el espacio verde lindero a la Panamericana como playa de exhibición de vehículos, predio perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad. 

Tras un primer acatamiento de la orden de retiro, inspecciones de la Prefectura Naval detectaron que Autos Pilar Premium volvió a ocupar el predio. 

Esa situación derivó en el secuestro de nueve vehículos y en el procesamiento de C.A.G., quien se negó a declarar y responsabilizó a empleados de la empresa.

En su resolución, el juez González Charvay sostuvo que C.A.G. “deliberadamente desobedeció” la orden judicial al reinstalar vehículos en el sector concesionado, incluso después de haber sido advertido formalmente.

Fuentes de la investigación indicaron que los responsables de la agencia “continuarían ofreciendo vehículos premium mediante un esquema societario organizado destinado a captar potenciales víctimas”.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana condenó a Juan Carlos Linares, propietario del ex sanatorio San Carlos de Maquinista Savio, a 10 años de prisión. 

El fallo lo encontró culpable de homicidio culposo agravado por tratarse de múltiples víctimas, abandono de persona y propagación de pandemia —delitos cometidos durante la crisis sanitaria de 2020 en la clínica que dirigía a través de la empresa Salutis S.A.

La sentencia también alcanzó al ex director médico del establecimiento, Alberto Lauría, quien no llegó a ver el desenlace judicial: falleció durante el proceso.

El detonante del caso fue la noche del viernes 24 de abril de 2020. En plena primera ola de Covid-19, imágenes filtradas desde el interior del sanatorio mostraron cadáveres, bolsas mortuorias y pacientes en estado de abandono. Las filmaciones desataron una crisis institucional inmediata.

Además de las filmaciones, el caso había comenzado a escalar con la denuncia de familiares de pacientes que habían ingresado con diferentes dolencias pero terminaron falleciendo al contraer el virus del Covid-19 dentro del centro asistencial.

Entre ellos figura el caso de Antonio Pages, un hombre de 84 años oriundo de Del Viso, quien había sido internado por un problema coronario. Pocos días después, el paciente falleció. Un hisopado confirmó que había contraído coronavirus. 

A ese caso, se le sumó el fallecimiento de la enfermera Elena Rojas, contagiada de Covid-19 mientras trabajaba en la clínica. 

Días después, las autoridades sanitarias de Escobar definieron el cierre de la clínica y el traslado de los pacientes a otros centros asistenciales. 

Así, y ante el colapso de la gestión privada, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, terminó ordenando la intervención del establecimiento y lo incorporó a la órbita pública. Poco después, con financiamiento del PAMI y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el edificio ubicado sobre la ruta 26 fue recuperado, modernizado y ampliado.

El 28 de septiembre de 2020, el predio quedó inaugurado como hospital municipal Néstor Kirchner, en un acto que contó con la presencia del entonces presidente Alberto Fernández. 

La reconversión no solo implicó obra física: también reorganizó el sistema de atención local para vecinos y afiliados al PAMI que encontraban dificultades para acceder a especialistas y estudios en la ex clínica privada.

La investigación que culminó con la condena a Linares estuvo a cargo del fiscal de juicio José Luis Castaño Soca. 

Federico Balbuena, detenido por una causa de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, amplió su declaración indagatoria ante la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar. 

Durante la audiencia, el acusado reconoció episodios de violencia contra su expareja, aunque negó que las relaciones sexuales denunciadas hayan sido forzadas.

Según trascendió de su exposición ante la fiscalía, Balbuena manifestó sentirse “arrepentido” por los hechos y vinculó los conflictos de la pareja a una presunta dinámica de “relación tóxica”, además de discusiones relacionadas con la empresa de vehículos que ambos compartían.

El caso tomó trascendencia pública cuando la víctima – identificada como Camila – decidió difundir en redes sociales videos de cámaras de seguridad en los que quedaron registrados los ataques de Balbuena en una de las visitas a su departamento en Pilar.

La joven realizó esas publicaciones ante la demora de la Justicia para avanzar con la causa. 

En referencia a los episodios denunciados por Camila, Balbuena sostuvo que la situación se desencadenó cuando acudió a retirar elementos de trabajo.

“Ella me empieza a reclamar lo que siempre me reclamaba, que era por qué la dejé, por qué la abandoné”, declaró, al tiempo que afirmó que había decidido sostener la separación porque consideraba que el vínculo “no nos hacía bien a ninguno de los dos”.

Balbuena también admitió que la discusión derivó en agresiones físicas. “Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío”, expresó durante la audiencia. En esa línea, agregó que luego del episodio le pidió disculpas “por no poder amarla”.

“Después de la pelea, fuimos a la pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedía disculpas por no poder amarla, pero que era una buena chica, joven, y que ya se iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida”, añadió.

En relación con la acusación por abuso sexual, el imputado aseguró que las relaciones mantenidas tras la discusión fueron consentidas y buscó encuadrarlas dentro de la dinámica habitual de la pareja. “Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”, declaró, intentando desacreditar la denuncia por violación.

Pese al descargo realizado por Balbuena, la causa continúa avanzando y su situación procesal sigue siendo delicada. 

La denuncia presentada por Camila en noviembre de 2025 incluyó acusaciones por agresiones físicas, amenazas de muerte y violencia psicológica.

En las últimas semanas, el expediente sumó documentación médica y tomó fuerte repercusión pública tras la difusión de videos de cámaras de seguridad correspondientes a abril de 2026.

De acuerdo a la investigación, en esas imágenes —incorporadas ya a la causa judicial— se observarían golpes, tirones de cabello e intentos de asfixia dentro del departamento de Pilar donde la pareja convivió durante tres de los cinco años de relación.

Mientras la fiscalía analiza la ampliación indagatoria y la contrasta con las pruebas físicas y fílmicas aportadas a la causa, Balbuena continuará detenido.

La defensa de Nicolás Pachelo pidió su libertad condicional al considerar cumplidos los plazos de la condena por robos, por la que está detenido desde 2018.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por fiscales y querellantes.

Pachelo había sido condenado a nueve años y medio por robos, pero luego la Cámara de Casación bonaerense revirtió su absolución y lo condenó a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, pena que fue confirmada en un segundo fallo.

Aunque la condena aún no está firme, la acusación sostiene que existe un “doble conforme” y que la pena única de prisión perpetua absorbe todos los delitos, por lo que no se pueden separar para acceder a beneficios.

Además, advirtieron que para solicitar la libertad condicional en este tipo de condenas deben cumplirse al menos 35 años de prisión. Mientras tanto, el caso sigue en revisión en la Suprema Corte bonaerense.

Los trabajadores estatales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pararán el lunes 2 de marzo, “sin presencialidad y sin teletrabajo”, según decidió el gremio a partir del reclamo de “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”. La propuesta del paro se aprobó el lunes pasado, tras el rechazo de la oferta salarial del Gobierno provincial, y solo quedaba definir la fecha, que está en línea con la que también definieron los docentes.

En un comunicado, la AJB señaló que “en base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial de la AJB resolvió convocar a un PARO total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires”.

Se destacó que “las y los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, la medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

La oferta de Provincia consistió en un 3% de incremento para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026.

La AJB mencionó también que “el paro se enmarca en la agenda integral de reivindicaciones que impulsa el gremio, entre ellas aumento salarial, subcategorías E para cargos de menor antigüedad, subcategorías para jubilados y pensionados, Mesa Técnica de Carrera Judicial, ley de Paritarias para las y los judiciales, defensa del IPS y mejoras en el servicio del IOMA”.

Además del reclamo salarial, los judiciales también se sumaron a “las acciones y a las voces de otros gremios estatales de la provincia, con quienes sostenemos en unidad el reclamo al Gobierno Nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia”.

Afirmaron que “esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social, del cual millones de trabajadoras y trabajadores estatales -incluidos las y los judiciales- pueden verse afectados en sus derechos jubilatorios”.

Fuente: Agencia DIB

Tras casi una década de litigios en tribunales de la Argentina y de España, el proceso de restitución internacional que involucró a un niño pilarense llegó a su fin.

Es que en el Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar, los progenitores de Nano, hoy de 13 años, firmaron un acuerdo que cerró definitivamente el conflicto judicial iniciado cuando aún era muy pequeño.

El entendimiento reconoce de manera expresa la voluntad del menor de continuar viviendo en la Argentina junto a su madre, Victoria Ferraiuelo, una decisión que había sido manifestada por el niño en reiteradas oportunidades ante distintos ámbitos judiciales y profesionales.

“Estamos en una posición bastante positiva, porque acabamos de firmar el acuerdo, que en teoría terminaría con la parte de litigio de esta causa, que inició hace ya nueve años”, expresó Ferraiuelo en declaraciones periodísticas.

En efecto, la causa tuvo su origen en España. En 2010, Victoria y su pareja de entonces se mudaron a Madrid, donde en 2013 nació Nano. Tras la separación, la madre quedó a cargo del niño y, años después, regresó a la Argentina.

Así, en 2017 se presentó el primer pedido de restitución internacional, lo que dio inicio a un extenso recorrido judicial en ambos países.

En 2018, la Justicia española otorgó la custodia a la madre y autorizó el regreso definitivo del niño a la Argentina, donde se radicó en Pilar y consolidó su centro de vida. Sin embargo, en 2019 el conflicto volvió a reactivarse con nuevas presentaciones judiciales, que culminaron en una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 2024.

Ese escenario permitió avanzar hacia una salida consensuada. Con la intervención del Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar, a cargo del juez Nicolás Horacio Strobino, las partes alcanzaron un acuerdo que prioriza el interés superior del niño y establece un régimen de viajes periódicos para sostener el vínculo con su padre y su familia en España.

“Después de tantos años de lucha, de Juzgados, de pasillos, de expedientes y de papeles fríos, finalmente logramos un acuerdo. Como siempre, en los acuerdos no se está siempre del todo contento, pero, por lo menos, el fin es la libertad de Ignacio”, planteó la mamá del menor.

Ferraiuelo resaltó que se trató de un entendimiento entre las partes en el que no hubo intervención de la Justicia. “La justicia estaba dispuesta a restituirlo. Lo que logramos, a través de un acuerdo que contó con la intervención del Juzgado de Pilar y el nuevo juez, que por suerte es muy humano y defensor de los niños, fue un acuerdo con la contraparte en el que el padre reconocía la voluntad de Nano de vivir en Argentina”, consignó la mujer.

En cuanto al niño, la mujer expresó que “Nano está feliz y ya está queriendo programar muchas cosas de todo lo que no ha podido vivir en todo este tiempo. Es volver a respirar un poco y lo importante es que Ignacio recuperó su libertad”, cerró la mujer.

En el marco de la causa AFA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó un hangar ubicado en el aeropuerto de San Fernando con el objetivo de identificar a los pasajeros de al menos 60 vuelos realizados en helicóptero hacia una mansión situada en Pilar. La medida se enmarca en una investigación judicial vinculada a presunto lavado de dinero.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y apunta a reconstruir los movimientos de una aeronave perteneciente a la empresa Flyzar, que realizó traslados hacia un helipuerto privado denominado “Neurus”, cercano a una quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Según consta en la causa, que intenta determinar si el inmueble tiene vinculación con Pablo Toviggino, dirigente de la AFA, los pilotos que operaban los vuelos declararon ante la Justicia que no contaban con información sobre la identidad de los pasajeros transportados. En ese contexto, uno de los aviadores afirmó: “A mí nunca me dijeron ni a quién llevaba ni a quién traía. La empresa me avisaba del vuelo para tal día y hora y nada más”.

De acuerdo a fuentes judiciales, el foco del allanamiento estuvo puesto en la documentación que permita establecer quiénes utilizaron los helicópteros en esos traslados. En ese sentido, la investigación remarca que en el caso de helipuertos privados, la responsabilidad de llevar los registros de pasajeros recae en los administradores de esas instalaciones.

La causa es investigada actualmente por el Juzgado Federal de Campana, luego de haber pasado por el juzgado a cargo de Marcelo Aguinsky. En esta nueva etapa, se espera que la empresa Flyzar entregue documentación clave, cuyo análisis podría resultar determinante para avanzar en la identificación de los ocupantes de los vuelos.

La mansión hacia la que se dirigían los helicópteros figura legalmente a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos quedaron bajo análisis judicial debido a que, según la investigación, no contarían con capacidad económica declarada suficiente para la adquisición del inmueble.

En el expediente también se incorporaron declaraciones en las que los pilotos negaron conocer al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, así como al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

En el marco de la causa por presunto lavado de dinero, los investigadores detectaron además el uso de una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales de alrededor de 50 millones de pesos, que incluían el pago de peajes de vehículos utilizados por personas vinculadas familiarmente al tesorero de la entidad.

La investigación continúa en etapa de recolección de prueba documental y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. 

El abogado de Romina Gaetani presentó un pedido de detención contra Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz, en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género. La solicitud fue elevada ante la Justicia al considerar que el imputado representa un riesgo para la víctima y que existen indicios de entorpecimiento del proceso judicial.

Según la presentación, Cavanagh no cumplió con la orden judicial de entregar un arma de fuego de su propiedad, pese a haber sido notificado en reiteradas oportunidades. Para la querella, esta conducta configura un intento de ocultamiento de prueba clave y justifica la adopción de una medida de coerción más severa.

En ese marco, el pasado 15 de enero se realizó un allanamiento en la vivienda del Tortugas Country Club donde convivía la pareja. Aunque no se encontró la pistola calibre 9 milímetros declarada por el imputado, los efectivos secuestraron un cargador con municiones, balas sueltas, vainas servidas, un estuche de arma de fuego y una pistola de aire comprimido.

La investigación está a cargo de la fiscal María José Basiglio, titular de la fiscalía especializada en violencia de género de Pilar. Además, un informe del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal evaluó a Gaetani como una persona en situación de “alto riesgo”, lo que reforzó el pedido presentado por su defensa.

La causa se originó el 28 de diciembre, cuando la actriz denunció un episodio de violencia ocurrido durante una discusión con su entonces pareja. En el expediente se incorporaron testimonios y certificados médicos que acreditaron lesiones en brazos y cadera, constatadas en el hospital de Pilar.

Ese mismo día, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. Gaetani presentaba un cuadro de ansiedad y dolores físicos, por lo que fue trasladada en ambulancia a un centro de salud.

Por orden de la fiscalía, Cavanagh fue trasladado a la Comisaría 4ª de Manuel Alberti, donde quedó imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de un hecho de violencia de género.

En declaraciones públicas, Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, explicó que la pareja se encontraba en proceso de separación y sostuvo que, si bien existieron episodios de violencia psicológica previos, esta habría sido la primera agresión física de gravedad. 

Luego de que la actriz y cantante Romina Gaetani denunciara a su ex pareja por violencia de género, en esta jornada se llevó adelante un allanamiento en la casa del denunciado ubicada en el country Tortugas de Pilar. Puntualmente, los agentes se dirigieron a la vivienda de Luis Cavanagh, quien está denunciado por lesiones en el marco de una causa de violencia de género. En el procedimiento se encontraron armas, municiones y otros elementos.El conflicto proviene desde antes de que la intérprete fuera hospitalizada, ya que la misma denunció que había sufrido “zamarreadas, golpes y violencia verbal” por los celos de Cavanagh.Sin embargo, el último episodio que derivó en la internación de Gaetani con golpes en brazos y cadera, llevó a que el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar ordenara un allanamiento.En el domicilio se presentaron efectivos policiales junto al GAD Pilar, la UPPL Pilar y el Destacamento de La Lonja, quienes secuestraron 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas, y una pistola 9 milímetros.El caso Gaetani había sido atacada el pasado 30 de diciembre de 2025, momento en el que debió recibir asistencia médica en el Hospital Central de Pilar. Tras ser dada de alta, Gaetani ratificó su denuncia y se dio intervención a la Fiscalía especializada en casos de Violencia de Género a cargo de María José Basiglio.

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Tras varias entrevistas a la cantante, se determinó que la misma se encontraba en una situación de “alto riesgo”. En un documento elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima,organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, se detalla que el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral. Los indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.

La investigación por violencia de género que involucra a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un elemento central: un informe de riesgo que calificó como “alto” el nivel de peligro que atraviesa la actriz. El estudio fue realizado por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La evaluación fue solicitada por la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar, en el marco de la causa que se tramita contra la ex pareja de Gaetani, Luis Cavanagh. El análisis se llevó adelante mediante una entrevista personal y un cuestionario técnico específico.

Según el documento remitido al expediente, el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral. Estos indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.

El informe adquiere mayor peso judicial si se tiene en cuenta que, al momento de declarar ante la fiscal, Gaetani no solicitó medidas restrictivas contra su ex pareja. A pesar de ello, la causa continuó avanzando con distintas diligencias y producción de pruebas.

Cómo se inició la causa

La denuncia fue radicada la noche del 28 de diciembre. Desde entonces, se incorporaron testimonios considerados relevantes y se acreditaron lesiones físicas. En el Hospital Central de Pilar, donde la actriz fue asistida tras el episodio, los médicos constataron golpes visibles en brazos y cadera, lo que activó de inmediato el protocolo para casos de violencia de género.

Ese mismo día, a las 19.55, personal del Comando de Patrullas de Pilar acudió al Tortugas Country Club tras un llamado al 911 por un conflicto familiar. Al arribar, la seguridad privada informó que Gaetani se había presentado en la guardia del barrio y relató una discusión con su pareja motivada por celos.

De acuerdo al testimonio brindado, el empresario le habría revisado el teléfono celular y encontrado mensajes antiguos, lo que derivó en una fuerte discusión. La actriz se encontraba con un cuadro de ansiedad, manifestó sentirse descompensada y con dolores, por lo que se solicitó una ambulancia.

Mientras una amiga la acompañaba al centro de salud, efectivos de la Comisaría 4ª de Manuel Alberti trasladaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal. La causa fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La palabra de la defensa

En declaraciones televisivas, el abogado de Gaetani, Ignacio Trimarco, explicó que la pareja se encontraba en proceso de separación y que ese día la actriz se acercó al domicilio de su ex pareja, donde se produjo el episodio. El letrado indicó que, si bien existieron antecedentes de otros tipos de violencia, esta habría sido la primera agresión física registrada.

El informe de riesgo recientemente incorporado será determinante para las próximas resoluciones judiciales en una causa que continúa su trámite en el ámbito de la Justicia de Pilar.

Un custodio policial declaró ante la Justicia que el dirigente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe arrojó su teléfono celular al mar durante un viaje a Mar del Plata, pocos días antes del allanamiento realizado en su vivienda, en el marco de una causa por presunta extorsión.

El testimonio fue brindado por el efectivo Gabriel Toledo, quien acompañó a Yofe en el viaje a la costa atlántica a fines de diciembre. Según consta en el expediente, el policía relató que el episodio ocurrió en una playa ubicada “pasando el faro”, durante la tarde-noche, aunque no pudo precisar el punto exacto.

“Era el teléfono que usaba siempre”, sostuvo Toledo ante el fiscal, al describir el dispositivo que el dirigente habría arrojado al agua, reprodujo La Nación.

Un viaje fuera de lo habitual

De acuerdo con la declaración, el viaje comenzó de manera inusual. Toledo afirmó que Yofe lo llamó cerca de las 20 del 31 de diciembre para salir rumbo a Mar del Plata en un Toyota Etios. “No era común. Era la primera vez que me llamaba en ese horario”, señaló.

Ambos arribaron a destino alrededor de las 2 de la madrugada del 1° de enero. Dos días después, el 2 de enero, la vivienda del dirigente en Pilar fue allanada por orden judicial.

Durante ese procedimiento, Yofe manifestó no contar con su teléfono celular.

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Al declarar ante la Justicia, La propia Elisa Carrió, quien acompañó a Yofe, admitió que ella le pidió que arroje el celular al agua, ya que, desde el punto de vista de “Lilita” lo que la Justicia buscaba era retener pruebas de una de las causas en la que Yofe es denunciante, como la mansión en Villa Rosa atribuida a dirigentes de la AFA.

Pero no es la única causa que denunció Yofe. Otra tiene que ver con presuntas irregularidades en la concesión de plantas de Verificación Técnica Vehicular en territorio bonaerense.

Origen de la causa

Justamente la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Atilio Ormeño, exchofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, quien renunció en medio del escándalo por presuntas irregularidades con las plantas VTV.

Según Ormeño, Yofe habría intentado presionarlo para que declarara contra D’Onofrio y contra Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

En su presentación ante el fiscal Germán Camafreita, Ormeño relató un episodio ocurrido el 31 de agosto, cuando Yofe y un custodio se presentaron en su domicilio. Allí, el dirigente habría mencionado el nombre de Martín Marinucci, actual titular de Transporte bonaerense, con supuestas advertencias vinculadas a la continuidad laboral del denunciante.

Intervención de Carrió

El caso adquirió dimensión política tras las declaraciones de Elisa “Lilita” Carrió, quien defendió públicamente a Yofe y denunció un “operativo mafioso”.

La líder de la Coalición Cívica afirmó que fue ella quien le sugirió a su dirigente que se deshiciera del teléfono. “Le dije: ‘tiralo al mar’”, declaró, al sostener que la intención de los investigadores sería retener pruebas.

Carrió además vinculó el allanamiento con la causa que investiga a dirigentes de la AFA, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Yofe es, a su vez, uno de los denunciantes en la investigación por una mansión ubicada en Villa Rosa, valuada en unos 20 millones de dólares, que se sospecha podría pertenecer al tesorero de la AFA.

En paralelo, el fiscal Camafreita dejó constancia en el expediente de un fuerte cruce que mantuvo con Carrió el día del allanamiento. Ese episodio fue elevado al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro.

Por su parte, Yofe negó las acusaciones en su contra. “Es demencial decir que apretamos u ofrecimos dinero”, sostuvo en declaraciones radiales. Además, cuestionó el procedimiento judicial y afirmó que se realizó sin fundamentos.

Un joven agente de la Policía Bonaerense resultó herido tras recibir un disparo accidental efectuado por un compañero en una base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), ubicada en Pilar. El episodio ocurrió mientras el personal se encontraba organizando el operativo previo al inicio del servicio.

La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Montenegro, de 22 años, oriundo de La Plata y residente en la localidad de Gorina. De acuerdo a la investigación preliminar, el disparo se produjo cuando un efectivo de 25 años manipulaba su arma reglamentaria. Por motivos que aún se intentan establecer, el arma se accionó de manera involuntaria y el proyectil impactó en el cuerpo del joven policía.

Tras el incidente, Montenegro fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde el equipo médico confirmó la gravedad de las lesiones. El disparo ingresó por el hombro izquierdo, atravesó la zona abdominal y afectó al menos un pulmón, motivo por el cual debió ser sometido a una intervención quirúrgica inmediata.

La operación se realizó con éxito y el efectivo permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta observación médica. Según el último parte oficial, su evolución es favorable y continúa en proceso de recuperación.

Un policía federal que corría una picada y atropelló y mató a una mujer fue liberado en las últimas horas. Se trata del agente Gastón Maximiliano Montepeloso quien protagonizó el hecho el pasado sábado a la altura de la Autovía 6, cerca del partido de Luján. El hombre perdió el control de su vehículo y embistió a otro auto de frente a la altura del paraje Cañada Polo. Por el impacto, una mujer de 34 años, identificada como Vanesa Escalante, perdió la vida. La liberación de Montepeloso fue dispuesta por el juez Luis Marcelo Giacoia, quien rechazó un pedido de la fiscal Mariana Suárez para que el policía pase de aprehendido a detenido, dada la gravedad de las consecuencias de su conducta al volante.

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El hecho

El incidente de tránsito ocurrió alrededor de las 17.50 del sábado en la Autovía 6, a la altura del acceso a La Cañada Polo, en la localidad de Open Door.Según lo que se sabe hasta ahora Montepeloso conducía un Honda Civic -iba acompañado por Romina Reidel- por la Autovía 6, corriendo una picada contra un Audi, con el que venían realizando sobrepasos imprudentes, contaron testigos.En ese contexto, Montepeloso perdió el control de su auto y terminó en el carril contrario, donde chocó de frente a un Chevrolet Prisma en el que iban Marcelo Emmi, junto a Vanesa Escalante y Milagros Ludmila Emmi, su hija, de 13 años. Escalante perdió la vida en el accidente.Las pericias practicadas demostraron que Montepeloso, que se desempeñaba como jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Rafaela, en Santa Fe, conducía con 0,48 g/l de alcohol en sangre. (Agencia DIB)

Matías Yofe, dirigente de Pilar de la Coalición Cívica-ARI, se presentó este mediodía ante la Justicia de en el marco de una causa en la que está imputado por presunta extorsión, luego del allanamiento realizado el viernes pasado en su domicilio.

La investigación se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreita.

El dirigente acudió a la audiencia acompañado por la líder nacional del espacio, Elisa Carrió, y por la abogada Albana Zoppolo, a quien designó formalmente como su defensora. Según consta en el expediente, Yofe tomó conocimiento completo de la causa y de su imputación al presentarse en sede judicial.

El procedimiento que derivó en la imputación fue duramente cuestionado por Carrió, quien calificó el allanamiento como irregular y sostuvo que constituyó “un mensaje mafioso”. La dirigente afirmó que no se le exhibió la orden judicial correspondiente y apuntó contra el accionar del juzgado de garantías de San Isidro.

De acuerdo con el acta judicial, Yofe no se encontraba en su domicilio al momento del allanamiento, ya que estaba en Mar del Plata. Durante la audiencia, declaró ante el fiscal que no tenía su teléfono celular en su poder “en este momento”, consignó La Nación.

Durante sus declaraciones públicas, Carrió reconoció que le sugirió a Yofe que se deshiciera de su teléfono celular. Según explicó, al no haber tenido acceso a la orden de allanamiento, le indicó que “tirara el celular al mar”, al considerar que el objetivo del procedimiento era retener pruebas vinculadas a denuncias por presunta corrupción en la AFA y contra dirigentes políticos.

Sobre este punto, el abogado Gregorio Dalbon, representante legal de la AFA y sin intervención en la causa, realizó una publicación en la red social X en la que advirtió sobre la posible existencia de pruebas en dispositivos electrónicos.

La imputación se originó a partir de una denuncia presentada por el chofer del exministro bonaerense Jorge D’Onofrio, quien habría mencionado una supuesta conversación mantenida con Yofe durante una campaña electoral. Según esa versión, el dirigente le habría solicitado dinero a cambio de colaborar en una investigación judicial.

Carrió rechazó esa acusación y puso en duda su verosimilitud. La causa está caratulada como extorsión agravada y sostiene la hipótesis de una presunta organización dedicada a promover demandas judiciales para luego exigir dinero a los denunciados. Yofe ocupa actualmente un cargo en la Legislatura porteña.

En las últimas semanas, Yofe había cobrado relevancia pública por ser uno de los denunciantes en la causa conocida como la mansión de Pilar, un expediente por presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que apunta contra Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

En ese marco, una tasación oficial valuó una quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa, junto con sus bienes, en más de 20 millones de dólares, cifra muy superior al valor declarado en su compra. El dirigente también impulsó denuncias por presuntas irregularidades en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

A la salida de la fiscalía, Yofe afirmó que el allanamiento afectó a su entorno familiar y denunció que durante el procedimiento se vulneraron derechos básicos.

Por su parte, Carrió adelantó que la defensa impugnará el procedimiento policial, solicitará la nulidad del allanamiento y avanzará con la recusación del juez Saettone.

Durante la mañana, dirigentes y militantes de la Coalición Cívica-ARI se concentraron en la esquina de Tucumán e Ituzaingó, en el centro de Pilar, para expresar su respaldo al dirigente. Entre los presentes estuvieron Hernán Reyes, miembro de la Mesa Nacional del partido, y la abogada María Pace Wells, denunciante en la causa vinculada a la AFA.

La mansión ubicada en Pilar, que figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, fue tasada en más de 20 millones de dólares tras un peritaje judicial, una cifra que contrasta de manera significativa con los US$ 1,8 millones que habían declarado sus propietarios.

La valuación surge de un informe elaborado por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro, quienes confeccionaron un documento de 550 páginas que fue remitido al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La tasación había sido ordenada oportunamente por el juez federal Daniel Rafecas, cuando se encontraba al frente de la investigación por presuntas irregularidades patrimoniales vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

De acuerdo al relevamiento pericial, el valor total de la propiedad ubicada en la calle Misiones 4097, en la localidad de Villa Rosa, asciende a US$ 20.815.100, incluyendo las edificaciones, mejoras y bienes hallados en el predio.

Los expertos detallaron que solo la parcela principal del lote fue valuada en US$ 5.600.000, mientras que la casa principal alcanzó los US$ 2.385.000 y la vivienda secundaria fue estimada en US$ 1.230.000.

El informe también incluyó otras construcciones, como el edificio de acceso (US$ 134.000), un depósito (US$ 1.050.000), una caballeriza con vivienda para el cuidador (US$ 1.220.000) y un galpón para autos valuado en US$ 1.490.000.

Además, se consignaron valores para distintas instalaciones recreativas y de uso privado: la pileta fue estimada en US$ 50.000, el bar en US$ 390.000, el área de recepción en US$ 350.000, el quincho en US$ 1.490.000, el spa y gimnasio en US$ 1.450.000, la cancha de paddle en US$ 30.000 y el helipuerto en US$ 85.000.

En paralelo, el peritaje incluyó el relevamiento de 54 vehículos, entre autos y motos de lujo, que se encontraban guardados en la propiedad y que fueron tasados en US$ 3.861.100.

Pantano y Conte figuran como titulares de la mansión, pero se encuentran bajo sospecha de actuar como “testaferros” o “prestanombres”, ya que sus ingresos declarados no se corresponderían con el valor del patrimonio detectado. En ese marco, ambos se negaron a declarar ante la Justicia, mediante una maniobra de su defensa, cuando el magistrado intentó que explicaran cómo adquirieron la propiedad.

Romina Gaetani fue asistida tras un episodio de presunta violencia de género ocurrido en una vivienda del country Tortugas de Pilar.

Según el parte policial, un llamado al 911 alertó sobre una situación de violencia en el interior del barrio privado. Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que la actriz se encontraba en estado de nerviosismo y presentaba lesiones visibles, por lo que se solicitó una ambulancia del SAME.

Gaetani fue trasladada al Hospital Central de Pilar, donde recibió atención médica y se activó el protocolo correspondiente para estos casos. La causa quedó en manos de la UFI especializada en Violencia de Género, que inició las actuaciones judiciales.

El presunto agresor, Luis Cavanagh, identificado como la pareja o expareja de la actriz, fue puesto a disposición de la Justicia. Hasta el momento, Gaetani no realizó declaraciones públicas y la investigación continúa en curso.