La Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua para Hernán Bonda y Elías Fernández, dos de los acusados por el crimen de Sebastián Ochoa, el joven oriundo de Manuel Alberti que fue asesinado en José C. Paz cuando un grupo de motochorros intentó robarle la moto.

Ambos están imputados por el delito de homicidio criminis causa agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, la figura más grave prevista en el Código Penal para este tipo de casos.

El pedido fue formulado por la fiscal Ana María Armetta y por la abogada querellante Marcela Durán, según consignó Elizabeth, madre de la víctima, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. "Los acusan por lo más grave que hay en nuestro Código Penal", expresó la mujer, que estuvo acompañada por familiares de otras víctimas al conocerse el pedido.

El crimen ocurrió el 19 de enero de 2024. Sebastián había salido de su trabajo como playero en una estación de servicio Shell y se dirigía en moto hacia su domicilio en Manuel Alberti en Pilar cuando fue perseguido por cuatro motochorros que circulaban en dos motos robadas, a lo largo de nueve cuadras. Los agresores lo interceptaron y lo obligaron a bajar del rodado. Ochoa no opuso resistencia y entregó la moto, pero uno de los atacantes le disparó por la espalda cuando ya se retiraba del lugar, y le provocó la muerte en el acto.

De las cuatro personas que habrían participado del ataque, solo Bonda y Fernández fueron procesados como responsables directos. Los otros dos sospechosos permanecen prófugos: uno de ellos es conocido en la causa por el apodo "Pasi" o "Pasita".

En tanto, Elizabeth denunció el silencio que rodea a los prófugos en el barrio donde vivirían. "Todos tienen miedo de declarar. Van al barrio y nadie lo conoce. Tiene nombre y apellido en la causa, pero la gente no quiere hablar", sostuvo, al calificar de "cobardes" a los señalados. Antes del inicio del juicio, la familia había convocado a la comunidad a movilizarse con un pedido concreto: "Acompañanos a pedir cadena perpetua para los asesinos".

El fallo se conocerá mediante una audiencia virtual el próximo miércoles 9 de septiembre a las 9.30, en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 del Departamento Judicial de San Martín, ubicado en la calle Lincoln 381.

Sebastián tenía 26 años. Además del hijo que ya había tenido, esperaba el nacimiento de su segunda hija, a quien no llegó a conocer: murió apenas una semana antes de que naciera.

El cantante derquino de RKT conocido como Callejero Fino continuará detenido en una comisaría de la Policía Bonaerense en marco de la causa en la que se lo investiga por circular en una camioneta sin patente y le hallaran un arma de fuego. 

Así lo decidió el fiscal Cosme Iribarren quien este lunes le tomó declaración y definió, además, el agravamiento de la acusación. 

Es que inicialmente la investigación estaba calificada como tenencia ilegal de arma de guerra. Pero, el fiscal Iribarren, luego de indagar al cantante modificó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo de tres años de cárcel ante una posible condena. 

Callejero Fino fue detenido el pasado domingo en la zona de Tigre por la Policía Bonaerense. En el control que le realizaron, los efectivos le hallaron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. Además de circular sin patentes. 

Tras declarar frente al fiscal, Callejero Fino debió regresar a su celda para continuar detenido.  En su testimonio, el cantante negó que el arma fuera suya. 

Al momento de su detención, Callejero Fino se trasladaba hacia el cumpleaños del novio de la cantante María Becerra, J Rei. 

Por su parte, la productora Wesaisons, vinculada al cantante y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram donde aseguraron que se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”. 

Esta semana comenzará el juicio oral contra dos acusados de haber asesinado a un joven pilarense durante un asalto para robarle la moto. 

Se trata del crimen de Sebastián Ochoa quien fue interceptado por los delincuentes en la zona de José C. Paz, en un hecho ocurrido en el pasado mes de enero de 2024. 

Sebastián había salido de su puesto laboral, en una estación de servicio, y se dirigía en el rodado hacia su domicilio en la localidad de Manuel Alberti. 

En el trayecto fue abordado por cuatro delincuentes que intentaron sustraerle la moto, en José C. Paz.De acuerdo a la causa, la víctima no opuso resistencia y entregó el vehículo. Sin embargo, uno de los agresores le efectuó un disparo a corta distancia, que le provocó la muerte en el lugar. 

Por el homicidio llegarán a juicio Hernán Ariel Bonda y Elías Santiago Fernández, ambos detenidos. Las audiencias están previstas para esta semana: los días 2, 3 y 4 de septiembre en el Tribunal Oral N°7 de San Martín. 

La instrucción judicial determinó que en el ataque intervinieron al menos cuatro personas. Sin embargo, solo dos fueron procesadas como responsables directos, ya que el resto de los sospechosos no pudo ser detenido por falta de elementos probatorios para dictar prisión preventiva. 

En ese marco, la familia de Ochoa reclama que se haga justicia e invita a la comunidad a acompañar el proceso judicial. 

“Acompañanos a pedir cadena perpetua para los asesinos”, exigieron al tiempo que también reclamaron la detención de los otros implicados en la causa. 

Al momento de su asesinato, Sebastián era padre de un niño de dos años y estaba esperando a su segunda hija.

La Justicia ordenó a la empresa Ferrovías a indemnizar a una pasajera del Tren Belgrano Norte que, en medio de un asalto, fue arrojada de la formación en movimiento y por las heridas sufrió la amputación de una pierna. 

El hecho ocurrió en el año 2015 y ahora, once años después, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena contra la empresa concesionaria. 

Puntualmente se ordenó a Ferrovías S.A.S. a indemnizar a la víctima con $200 millones más intereses. 

El hecho ocurrió el 11 de marzo de 2015, cerca de la estación Carapachay, y la víctima sufrió la amputación de su pierna derecha, además de múltiples lesiones físicas y un profundo daño psicológico. 

Para los jueces, la empresa incumplió su deber de seguridad al permitir que la formación circulara con las puertas abiertas. 

Todo sucedió cuando la formación comenzaba a salir de la estación Carapachay. En ese momento, un delincuente intentó arrebatarle el celular a E.P.R. 

La mujer forcejeó para evitar el robo y el atacante la empujó hacia el exterior del vagón, cuya puerta permanecía completamente abierta.

La víctima cayó a las vías y fue arrastrada varios metros por el tren, lo que provocó la amputación instantánea de su pierna derecha y, graves heridas en distintas partes del cuerpo.

Durante el juicio quedó acreditado que la formación presentaba varias deficiencias en materia de seguridad. 

Entre ellas, que las puertas permanecían abiertas mientras el tren estaba en movimiento; el guarda despachó la formación sin verificar el cierre de los accesos y no había custodia policial preventiva. 

La víctima quedó con una incapacidad física cercana al 92% y una incapacidad psicológica del 50%. Luego de una revisión del monto indemnizatorio fijado en primera instancia, finalmente se estableció que la misma ascienda a casi 200 millones de pesos.

Luis Ramón Cavanagh, acusado por la actriz Romina Gaetani en una causa por violencia de género, declaró ante la Justicia de Pilar y rechazó la denuncia en su contra.

El empresario se presentó ante la fiscal María José Basiglio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Pilar, en el marco de la causa que investiga lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Cavanagh está defendido por el abogado Alfredo Soares Gache.

De acuerdo a información publicada por La Nación, el hecho investigado ocurrió el 28 de diciembre pasado, cuando la expareja convivía en una vivienda del Tortugas Country Club, en Pilar. Según el expediente judicial, a Cavanagh se le imputa haberse tornado violento tras una discusión y haber arrojado a Gaetani al suelo.

Al negar rotundamente la denuncia, Cavanagh sostuvo ante la fiscal: "Yo no le hice ninguna lesión de ningún tipo, jamás golpeé a nadie". El empresario afirmó además que fue él quien atravesó episodios de violencia por parte de la actriz a lo largo de la relación.

“Quiero dejar asentado que ella me golpeó en la zona estomacal luego de haber estado internado y con un trombo. Yo sufrí violencia de género de su parte, varias veces, lo sabe la psicóloga de pareja”, declaró Cavanagh.

Según su relato, la noche del hecho se encerró en su habitación tras un cruce motivado por mensajes que había encontrado en el teléfono de Gaetani. Minutos después, siempre de acuerdo a su versión, ella regresó a la vivienda y allí se produjo el forcejeo que terminó con la intervención policial y el traslado de la actriz al Hospital Central de Pilar.

El empresario planteó, por último, que estaría dispuesto a someterse a un peritaje psicológico si la fiscal así lo dispusiera.

Al indicar que se está intentando colocar en una situación de legítima defensa, el abogado Ignacio Trimarco cuestionó públicamente la versión brindada por Cavanagh y remarcó inconsistencias entre el relato del acusado y las lesiones constatadas en la denunciante.

La Justicia le había concedido oportunamente la eximición de prisión a Cavanagh, con una fianza de 7 millones de pesos, fijación de domicilio y la obligación de entregar un arma no hallada durante el allanamiento realizado en su vivienda. 

La causa, radicada en el Juzgado de Garantías N°7 a cargo de Walter Saettone, continúa su curso judicial 

Una empresaria de Pilar fue condenada esta semana por el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín, acusada de integrar una maniobra de lavado de dinero presuntamente vinculada al narcotráfico.

Se trata de María Eugenia Maronna, de 49 años y propietaria de una agencia de automóviles, quien deberá afrontar una pena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 260 mil dólares.

La misma pena recayó sobre Fernando Aldo De Bórtoli, de 39 años, mientras que Ricardo Gabriel Sosa —actualmente detenido en una cárcel federal de Río Negro— también fue condenado por el mismo delito.

El juez Juan Francisco Venditti dispuso además, según consta en la sentencia, el decomiso de un lote ubicado en el barrio cerrado Los Sauces, en La Lonja, Pilar.

De acuerdo con la investigación, el terreno habría sido adquirido con fondos provenientes de actividades vinculadas al narcotráfico y luego utilizado en una maniobra orientada a ocultar el origen del dinero.

María Eugenia Maronna es hermana de Carlos Maronna, empresario que el año pasado fue llevado a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes por una causa también relacionada con presunto lavado de activos narco a través de negocios del rubro automotor.

De Bórtoli, por su parte, fue investigado durante años por sus presuntos vínculos con la organización que lideraba Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, uno de los narcotraficantes más señalados del conurbano.

Distintas pesquisas lo ubicaron como supuesto transportista de estupefacientes para la estructura asociada a Alan Villalba, hijo del histórico capo narco de San Martín.

El tercer condenado, Ricardo Gabriel Sosa, acumula un historial judicial extenso: en septiembre de 2017 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín por integrar una organización dedicada al transporte de marihuana prensada. A esa pena se sumaron posteriormente otros siete años de prisión impuestos por la Justicia Federal de Neuquén en una causa por tráfico de drogas. Con la condena de esta semana, Sosa deberá cumplir una pena unificada de 15 años y seis meses de prisión.

La causa que derivó en la sentencia se inició en 2016 en el Juzgado Federal de Campana, como desprendimiento de la investigación que ya había llevado a la condena de Sosa por narcotráfico.

Allí, los investigadores buscaron determinar si la adquisición del lote en Los Sauces había sido realizada con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Según la causa, el terreno fue transferido a nombre de Maronna en 2011. Un año después, el 30 de marzo de 2012, se firmó un boleto de compraventa mediante el cual De Bórtoli adquiría el inmueble "en comisión" por un valor declarado de 250 mil dólares, consignó Resumen.

Durante la investigación se analizaron los antecedentes patrimoniales de los involucrados. Un informe elaborado por la entonces AFIP concluyó que Maronna, inscripta como monotributista categoría F, no registraba ingresos suficientes para justificar la operación, ya que no habría generado durante 2010 y 2011 recursos compatibles con una compra de esas características.

Al ser indagada, Maronna sostuvo que no conocía previamente a De Bórtoli. Para los investigadores, sin embargo, la operación habría formado parte de una maniobra destinada a dar apariencia legal a fondos del narcotráfico.

La hipótesis respaldada por la condena sostiene que el dinero utilizado para adquirir el inmueble tendría como origen los recursos obtenidos por Sosa a través de actividades vinculadas al tráfico de drogas.

El ex diputado José Luis Espert fue citado a indagatoria para la semana próxima por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. 

La citación se produjo luego del pedido de la semana pasada del fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino.

En esta causa, se investigan los nexos financieros entre el ex diputado libertario y el empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico. 

El punto de partida para esta investigación, de acuerdo a lo que considera la fiscalía, se centra en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado, sin embargo, el ex legislador aseguró que se debía a un contrato de asesoría minera en Guatemala.

Posteriormente, la Justicia consideró que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y que las minas a las que se refería no estaban operativas.

En la misma línea, la fiscalía sostiene que el ex diputado habría usado esos fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario. 

Actualmente, el ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.

Agencia NA

La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ratificó su traslado a Pilar y declaró nula la designación de veedores que el Ministerio de Justicia había dispuesto a partir de un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El tribunal, integrado por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, también canceló la inscripción de la AFA en el Registro Público bajo la órbita de la IGJ y concluyó que ese organismo ya no tiene competencia sobre la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia.

Una vez inscripto el cambio de domicilio ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron exclusivamente en manos del organismo provincial.

"Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad", sostuvieron los magistrados en la resolución.

La Cámara declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y dejó sin efecto la medida ministerial que había dispuesto la designación de veedores por 180 días hábiles.

La disputa se inició cuando la Asamblea General de la AFA aprobó, en octubre de 2024, una modificación estatutaria para trasladar el domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar.

La Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó posteriormente la inscripción del cambio y consolidó la radicación de la entidad en jurisdicción bonaerense.

Frente a ese escenario, la Cámara entendió que la IGJ carecía de facultades para revisar decisiones adoptadas por el organismo provincial o para cuestionar la validez del nuevo domicilio.

Los jueces remarcaron que los actos administrativos provinciales poseen plena validez mientras no sean impugnados y que la IGJ no puede ejercer funciones revisoras sobre decisiones adoptadas en otra jurisdicción.

El fallo aclaró además que el control sobre los estados contables de la AFA continuará bajo la autoridad competente en la provincia y que el cambio de jurisdicción no elimina las obligaciones de fiscalización.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor de 22 años que manejaba con 0,39 de alcohol en sangre durante un operativo de control realizado sobre la Ruta 8, a la altura del peaje de Pilar. 

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el joven reconoció que actualmente cumple tareas comunitarias por una alcoholemia positiva registrada el año pasado: “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”, le dijo a los inspectores apostados en el operativo.  

Ante la consulta de los agentes sobre el resultado positivo, intentó justificar la situación argumentando que había consumido una ensalada con vinagre durante una reunión familiar y que también había tomado una copa de vino porque "me dio para probar el abuelo de ella", en referencia a su novia. 

Ante la medición del alcoholímetro, el personal de la ANSV fue contundente: “Esto es una alcoholemia positiva, no es la ensalada. Esto es alcohol”.

Durante la fiscalización, el conductor llamó telefónicamente a sus padres para intentar resolver la situación: "¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo", se lo escucha decir en una conversación registrada por las cámaras del operativo.

Además, dentro del vehículo, donde viajaba acompañado por su novia, los agentes observaron vasos con bebidas alcohólicas, elementos que quedaron documentados como parte del procedimiento: “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, se excusó el conductor.

Como consecuencia de la infracción, se le retuvo la licencia de conducir. También deberá afrontar una multa de hasta 2.215.000 pesos y enfrenta una nueva inhabilitación que puede extenderse entre 3 y 18 meses.

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La concesionaria Autos Pilar Premium, ubicada en el kilómetro 39,5 de la colectora de la autopista Panamericana, acumula cerca de 20 denuncias por presunta estafa: clientes que pagaron vehículos de alta gama en dólares y nunca los recibieron. El local apareció cerrado, con sus ventanales tapiados con cartón.

Las causas son investigadas por las Unidades Funcionales de Instrucción N°1 y N°2 de Pilar, a cargo de los fiscales Raúl Casal y Andrés Quintana, respectivamente y no se descarta la unificación de ambos expedientes.

Ante la sospecha de que los responsables intentaban trasladar vehículos a otro local, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 camionetas 4x4 y autos de alta gama valuados en más de 1,2 millones de dólares.

La situación quedó registrada en un video grabado frente al local y difundido por La Nación. “Cerraron todo. Estafaron a todo el mundo. Se fueron todos. Desaparecieron”, expresó uno de los afectados.

Según trascendió, las víctimas no solo realizaron transferencias en dólares sino que, en algunos casos, también entregaron sus propios vehículos como parte de pago.

Entre los denunciantes figura Manuel Quintar, diputado jujuño de La Libertad Avanza, quien en agosto de 2025 inició negociaciones para adquirir un Tesla Cybertruck por 285 mil dólares. Según su presentación judicial, abonó la totalidad del monto acordado —parte mediante transferencias y parte en efectivo— pero nunca recibió el vehículo.

Otro de los damnificados es un joven que denunció haber pagado 13.490 dólares por un Volkswagen Nivus que jamás le fue entregado. 

El contacto surgió de una publicación en Mercado Libre. “Encontré una publicación en Mercado Libre, entregué mi auto como permuta y puse una seña de 2.500 dólares. Después me pidieron cancelar el resto para acelerar los trámites. Transferí otros 10.990 dólares y comenzaron las excusas: que faltaba la VTV, que el dueño estaba de viaje, que el verificador iba solo ciertos días. Cuando finalmente fui a buscar la documentación, la agencia estaba vacía”, relató el damnificado, que prefirió mantener su identidad en reserva, a La Nación.

El titular de la firma, identificado como C.A.G., ya había sido procesado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia a funcionario público. En esa causa se trabó además un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

Ese expediente se originó en una denuncia impulsada por la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol, que señaló a varias agencias —entre ellas Autos Pilar Premium, MV Automotores, Blue Cars y FDG Motors— por ocupar ilegalmente el espacio verde lindero a la Panamericana como playa de exhibición de vehículos, predio perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad. 

Tras un primer acatamiento de la orden de retiro, inspecciones de la Prefectura Naval detectaron que Autos Pilar Premium volvió a ocupar el predio. 

Esa situación derivó en el secuestro de nueve vehículos y en el procesamiento de C.A.G., quien se negó a declarar y responsabilizó a empleados de la empresa.

En su resolución, el juez González Charvay sostuvo que C.A.G. “deliberadamente desobedeció” la orden judicial al reinstalar vehículos en el sector concesionado, incluso después de haber sido advertido formalmente.

Fuentes de la investigación indicaron que los responsables de la agencia “continuarían ofreciendo vehículos premium mediante un esquema societario organizado destinado a captar potenciales víctimas”.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana condenó a Juan Carlos Linares, propietario del ex sanatorio San Carlos de Maquinista Savio, a 10 años de prisión. 

El fallo lo encontró culpable de homicidio culposo agravado por tratarse de múltiples víctimas, abandono de persona y propagación de pandemia —delitos cometidos durante la crisis sanitaria de 2020 en la clínica que dirigía a través de la empresa Salutis S.A.

La sentencia también alcanzó al ex director médico del establecimiento, Alberto Lauría, quien no llegó a ver el desenlace judicial: falleció durante el proceso.

El detonante del caso fue la noche del viernes 24 de abril de 2020. En plena primera ola de Covid-19, imágenes filtradas desde el interior del sanatorio mostraron cadáveres, bolsas mortuorias y pacientes en estado de abandono. Las filmaciones desataron una crisis institucional inmediata.

Además de las filmaciones, el caso había comenzado a escalar con la denuncia de familiares de pacientes que habían ingresado con diferentes dolencias pero terminaron falleciendo al contraer el virus del Covid-19 dentro del centro asistencial.

Entre ellos figura el caso de Antonio Pages, un hombre de 84 años oriundo de Del Viso, quien había sido internado por un problema coronario. Pocos días después, el paciente falleció. Un hisopado confirmó que había contraído coronavirus. 

A ese caso, se le sumó el fallecimiento de la enfermera Elena Rojas, contagiada de Covid-19 mientras trabajaba en la clínica. 

Días después, las autoridades sanitarias de Escobar definieron el cierre de la clínica y el traslado de los pacientes a otros centros asistenciales. 

Así, y ante el colapso de la gestión privada, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, terminó ordenando la intervención del establecimiento y lo incorporó a la órbita pública. Poco después, con financiamiento del PAMI y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el edificio ubicado sobre la ruta 26 fue recuperado, modernizado y ampliado.

El 28 de septiembre de 2020, el predio quedó inaugurado como hospital municipal Néstor Kirchner, en un acto que contó con la presencia del entonces presidente Alberto Fernández. 

La reconversión no solo implicó obra física: también reorganizó el sistema de atención local para vecinos y afiliados al PAMI que encontraban dificultades para acceder a especialistas y estudios en la ex clínica privada.

La investigación que culminó con la condena a Linares estuvo a cargo del fiscal de juicio José Luis Castaño Soca. 

Federico Balbuena, detenido por una causa de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, amplió su declaración indagatoria ante la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar. 

Durante la audiencia, el acusado reconoció episodios de violencia contra su expareja, aunque negó que las relaciones sexuales denunciadas hayan sido forzadas.

Según trascendió de su exposición ante la fiscalía, Balbuena manifestó sentirse “arrepentido” por los hechos y vinculó los conflictos de la pareja a una presunta dinámica de “relación tóxica”, además de discusiones relacionadas con la empresa de vehículos que ambos compartían.

El caso tomó trascendencia pública cuando la víctima – identificada como Camila – decidió difundir en redes sociales videos de cámaras de seguridad en los que quedaron registrados los ataques de Balbuena en una de las visitas a su departamento en Pilar.

La joven realizó esas publicaciones ante la demora de la Justicia para avanzar con la causa. 

En referencia a los episodios denunciados por Camila, Balbuena sostuvo que la situación se desencadenó cuando acudió a retirar elementos de trabajo.

“Ella me empieza a reclamar lo que siempre me reclamaba, que era por qué la dejé, por qué la abandoné”, declaró, al tiempo que afirmó que había decidido sostener la separación porque consideraba que el vínculo “no nos hacía bien a ninguno de los dos”.

Balbuena también admitió que la discusión derivó en agresiones físicas. “Nunca quise lastimarla, yo solo quería que ella se recuperara y pudiese iniciar su vida lejos mío”, expresó durante la audiencia. En esa línea, agregó que luego del episodio le pidió disculpas “por no poder amarla”.

“Después de la pelea, fuimos a la pieza, yo me senté en la punta de la cama, le pedía disculpas por no poder amarla, pero que era una buena chica, joven, y que ya se iba a ir el amor e iba a poder iniciar nuevamente una vida”, añadió.

En relación con la acusación por abuso sexual, el imputado aseguró que las relaciones mantenidas tras la discusión fueron consentidas y buscó encuadrarlas dentro de la dinámica habitual de la pareja. “Nosotros siempre que peleábamos arreglábamos todo en la cama”, declaró, intentando desacreditar la denuncia por violación.

Pese al descargo realizado por Balbuena, la causa continúa avanzando y su situación procesal sigue siendo delicada. 

La denuncia presentada por Camila en noviembre de 2025 incluyó acusaciones por agresiones físicas, amenazas de muerte y violencia psicológica.

En las últimas semanas, el expediente sumó documentación médica y tomó fuerte repercusión pública tras la difusión de videos de cámaras de seguridad correspondientes a abril de 2026.

De acuerdo a la investigación, en esas imágenes —incorporadas ya a la causa judicial— se observarían golpes, tirones de cabello e intentos de asfixia dentro del departamento de Pilar donde la pareja convivió durante tres de los cinco años de relación.

Mientras la fiscalía analiza la ampliación indagatoria y la contrasta con las pruebas físicas y fílmicas aportadas a la causa, Balbuena continuará detenido.

La defensa de Nicolás Pachelo pidió su libertad condicional al considerar cumplidos los plazos de la condena por robos, por la que está detenido desde 2018.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por fiscales y querellantes.

Pachelo había sido condenado a nueve años y medio por robos, pero luego la Cámara de Casación bonaerense revirtió su absolución y lo condenó a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, pena que fue confirmada en un segundo fallo.

Aunque la condena aún no está firme, la acusación sostiene que existe un “doble conforme” y que la pena única de prisión perpetua absorbe todos los delitos, por lo que no se pueden separar para acceder a beneficios.

Además, advirtieron que para solicitar la libertad condicional en este tipo de condenas deben cumplirse al menos 35 años de prisión. Mientras tanto, el caso sigue en revisión en la Suprema Corte bonaerense.

Los trabajadores estatales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pararán el lunes 2 de marzo, “sin presencialidad y sin teletrabajo”, según decidió el gremio a partir del reclamo de “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”. La propuesta del paro se aprobó el lunes pasado, tras el rechazo de la oferta salarial del Gobierno provincial, y solo quedaba definir la fecha, que está en línea con la que también definieron los docentes.

En un comunicado, la AJB señaló que “en base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial de la AJB resolvió convocar a un PARO total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires”.

Se destacó que “las y los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios. En ese marco, la medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

La oferta de Provincia consistió en un 3% de incremento para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026.

La AJB mencionó también que “el paro se enmarca en la agenda integral de reivindicaciones que impulsa el gremio, entre ellas aumento salarial, subcategorías E para cargos de menor antigüedad, subcategorías para jubilados y pensionados, Mesa Técnica de Carrera Judicial, ley de Paritarias para las y los judiciales, defensa del IPS y mejoras en el servicio del IOMA”.

Además del reclamo salarial, los judiciales también se sumaron a “las acciones y a las voces de otros gremios estatales de la provincia, con quienes sostenemos en unidad el reclamo al Gobierno Nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia”.

Afirmaron que “esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social, del cual millones de trabajadoras y trabajadores estatales -incluidos las y los judiciales- pueden verse afectados en sus derechos jubilatorios”.

Fuente: Agencia DIB

Tras casi una década de litigios en tribunales de la Argentina y de España, el proceso de restitución internacional que involucró a un niño pilarense llegó a su fin.

Es que en el Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar, los progenitores de Nano, hoy de 13 años, firmaron un acuerdo que cerró definitivamente el conflicto judicial iniciado cuando aún era muy pequeño.

El entendimiento reconoce de manera expresa la voluntad del menor de continuar viviendo en la Argentina junto a su madre, Victoria Ferraiuelo, una decisión que había sido manifestada por el niño en reiteradas oportunidades ante distintos ámbitos judiciales y profesionales.

“Estamos en una posición bastante positiva, porque acabamos de firmar el acuerdo, que en teoría terminaría con la parte de litigio de esta causa, que inició hace ya nueve años”, expresó Ferraiuelo en declaraciones periodísticas.

En efecto, la causa tuvo su origen en España. En 2010, Victoria y su pareja de entonces se mudaron a Madrid, donde en 2013 nació Nano. Tras la separación, la madre quedó a cargo del niño y, años después, regresó a la Argentina.

Así, en 2017 se presentó el primer pedido de restitución internacional, lo que dio inicio a un extenso recorrido judicial en ambos países.

En 2018, la Justicia española otorgó la custodia a la madre y autorizó el regreso definitivo del niño a la Argentina, donde se radicó en Pilar y consolidó su centro de vida. Sin embargo, en 2019 el conflicto volvió a reactivarse con nuevas presentaciones judiciales, que culminaron en una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 2024.

Ese escenario permitió avanzar hacia una salida consensuada. Con la intervención del Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar, a cargo del juez Nicolás Horacio Strobino, las partes alcanzaron un acuerdo que prioriza el interés superior del niño y establece un régimen de viajes periódicos para sostener el vínculo con su padre y su familia en España.

“Después de tantos años de lucha, de Juzgados, de pasillos, de expedientes y de papeles fríos, finalmente logramos un acuerdo. Como siempre, en los acuerdos no se está siempre del todo contento, pero, por lo menos, el fin es la libertad de Ignacio”, planteó la mamá del menor.

Ferraiuelo resaltó que se trató de un entendimiento entre las partes en el que no hubo intervención de la Justicia. “La justicia estaba dispuesta a restituirlo. Lo que logramos, a través de un acuerdo que contó con la intervención del Juzgado de Pilar y el nuevo juez, que por suerte es muy humano y defensor de los niños, fue un acuerdo con la contraparte en el que el padre reconocía la voluntad de Nano de vivir en Argentina”, consignó la mujer.

En cuanto al niño, la mujer expresó que “Nano está feliz y ya está queriendo programar muchas cosas de todo lo que no ha podido vivir en todo este tiempo. Es volver a respirar un poco y lo importante es que Ignacio recuperó su libertad”, cerró la mujer.

En el marco de la causa AFA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó un hangar ubicado en el aeropuerto de San Fernando con el objetivo de identificar a los pasajeros de al menos 60 vuelos realizados en helicóptero hacia una mansión situada en Pilar. La medida se enmarca en una investigación judicial vinculada a presunto lavado de dinero.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y apunta a reconstruir los movimientos de una aeronave perteneciente a la empresa Flyzar, que realizó traslados hacia un helipuerto privado denominado “Neurus”, cercano a una quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Según consta en la causa, que intenta determinar si el inmueble tiene vinculación con Pablo Toviggino, dirigente de la AFA, los pilotos que operaban los vuelos declararon ante la Justicia que no contaban con información sobre la identidad de los pasajeros transportados. En ese contexto, uno de los aviadores afirmó: “A mí nunca me dijeron ni a quién llevaba ni a quién traía. La empresa me avisaba del vuelo para tal día y hora y nada más”.

De acuerdo a fuentes judiciales, el foco del allanamiento estuvo puesto en la documentación que permita establecer quiénes utilizaron los helicópteros en esos traslados. En ese sentido, la investigación remarca que en el caso de helipuertos privados, la responsabilidad de llevar los registros de pasajeros recae en los administradores de esas instalaciones.

La causa es investigada actualmente por el Juzgado Federal de Campana, luego de haber pasado por el juzgado a cargo de Marcelo Aguinsky. En esta nueva etapa, se espera que la empresa Flyzar entregue documentación clave, cuyo análisis podría resultar determinante para avanzar en la identificación de los ocupantes de los vuelos.

La mansión hacia la que se dirigían los helicópteros figura legalmente a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos quedaron bajo análisis judicial debido a que, según la investigación, no contarían con capacidad económica declarada suficiente para la adquisición del inmueble.

En el expediente también se incorporaron declaraciones en las que los pilotos negaron conocer al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, así como al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

En el marco de la causa por presunto lavado de dinero, los investigadores detectaron además el uso de una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales de alrededor de 50 millones de pesos, que incluían el pago de peajes de vehículos utilizados por personas vinculadas familiarmente al tesorero de la entidad.

La investigación continúa en etapa de recolección de prueba documental y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. 

El abogado de Romina Gaetani presentó un pedido de detención contra Luis Cavanagh, ex pareja de la actriz, en el marco de la causa que lo investiga por violencia de género. La solicitud fue elevada ante la Justicia al considerar que el imputado representa un riesgo para la víctima y que existen indicios de entorpecimiento del proceso judicial.

Según la presentación, Cavanagh no cumplió con la orden judicial de entregar un arma de fuego de su propiedad, pese a haber sido notificado en reiteradas oportunidades. Para la querella, esta conducta configura un intento de ocultamiento de prueba clave y justifica la adopción de una medida de coerción más severa.

En ese marco, el pasado 15 de enero se realizó un allanamiento en la vivienda del Tortugas Country Club donde convivía la pareja. Aunque no se encontró la pistola calibre 9 milímetros declarada por el imputado, los efectivos secuestraron un cargador con municiones, balas sueltas, vainas servidas, un estuche de arma de fuego y una pistola de aire comprimido.

La investigación está a cargo de la fiscal María José Basiglio, titular de la fiscalía especializada en violencia de género de Pilar. Además, un informe del Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal evaluó a Gaetani como una persona en situación de “alto riesgo”, lo que reforzó el pedido presentado por su defensa.

La causa se originó el 28 de diciembre, cuando la actriz denunció un episodio de violencia ocurrido durante una discusión con su entonces pareja. En el expediente se incorporaron testimonios y certificados médicos que acreditaron lesiones en brazos y cadera, constatadas en el hospital de Pilar.

Ese mismo día, personal policial acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. Gaetani presentaba un cuadro de ansiedad y dolores físicos, por lo que fue trasladada en ambulancia a un centro de salud.

Por orden de la fiscalía, Cavanagh fue trasladado a la Comisaría 4ª de Manuel Alberti, donde quedó imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de un hecho de violencia de género.

En declaraciones públicas, Ignacio Trimarco, abogado de la actriz, explicó que la pareja se encontraba en proceso de separación y sostuvo que, si bien existieron episodios de violencia psicológica previos, esta habría sido la primera agresión física de gravedad. 

Luego de que la actriz y cantante Romina Gaetani denunciara a su ex pareja por violencia de género, en esta jornada se llevó adelante un allanamiento en la casa del denunciado ubicada en el country Tortugas de Pilar. Puntualmente, los agentes se dirigieron a la vivienda de Luis Cavanagh, quien está denunciado por lesiones en el marco de una causa de violencia de género. En el procedimiento se encontraron armas, municiones y otros elementos.El conflicto proviene desde antes de que la intérprete fuera hospitalizada, ya que la misma denunció que había sufrido “zamarreadas, golpes y violencia verbal” por los celos de Cavanagh.Sin embargo, el último episodio que derivó en la internación de Gaetani con golpes en brazos y cadera, llevó a que el Juzgado de Garantías N°7 de Pilar ordenara un allanamiento.En el domicilio se presentaron efectivos policiales junto al GAD Pilar, la UPPL Pilar y el Destacamento de La Lonja, quienes secuestraron 14 municiones, 23 vainas servidas, un cargador, ocho balas, y una pistola 9 milímetros.El caso Gaetani había sido atacada el pasado 30 de diciembre de 2025, momento en el que debió recibir asistencia médica en el Hospital Central de Pilar. Tras ser dada de alta, Gaetani ratificó su denuncia y se dio intervención a la Fiscalía especializada en casos de Violencia de Género a cargo de María José Basiglio.

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Tras varias entrevistas a la cantante, se determinó que la misma se encontraba en una situación de “alto riesgo”. En un documento elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima,organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal, se detalla que el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral. Los indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.

La investigación por violencia de género que involucra a Romina Gaetani sumó en las últimas horas un elemento central: un informe de riesgo que calificó como “alto” el nivel de peligro que atraviesa la actriz. El estudio fue realizado por profesionales del Centro de Asistencia a la Víctima, organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La evaluación fue solicitada por la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar, en el marco de la causa que se tramita contra la ex pareja de Gaetani, Luis Cavanagh. El análisis se llevó adelante mediante una entrevista personal y un cuestionario técnico específico.

Según el documento remitido al expediente, el imputado presenta conductas celosas y de control hacia la actriz, incluso vinculadas a su actividad laboral. Estos indicadores fueron determinantes para que el equipo profesional estableciera que la víctima se encuentra en una situación de riesgo elevado.

El informe adquiere mayor peso judicial si se tiene en cuenta que, al momento de declarar ante la fiscal, Gaetani no solicitó medidas restrictivas contra su ex pareja. A pesar de ello, la causa continuó avanzando con distintas diligencias y producción de pruebas.

Cómo se inició la causa

La denuncia fue radicada la noche del 28 de diciembre. Desde entonces, se incorporaron testimonios considerados relevantes y se acreditaron lesiones físicas. En el Hospital Central de Pilar, donde la actriz fue asistida tras el episodio, los médicos constataron golpes visibles en brazos y cadera, lo que activó de inmediato el protocolo para casos de violencia de género.

Ese mismo día, a las 19.55, personal del Comando de Patrullas de Pilar acudió al Tortugas Country Club tras un llamado al 911 por un conflicto familiar. Al arribar, la seguridad privada informó que Gaetani se había presentado en la guardia del barrio y relató una discusión con su pareja motivada por celos.

De acuerdo al testimonio brindado, el empresario le habría revisado el teléfono celular y encontrado mensajes antiguos, lo que derivó en una fuerte discusión. La actriz se encontraba con un cuadro de ansiedad, manifestó sentirse descompensada y con dolores, por lo que se solicitó una ambulancia.

Mientras una amiga la acompañaba al centro de salud, efectivos de la Comisaría 4ª de Manuel Alberti trasladaron a Cavanagh a la seccional por orden de la fiscal. La causa fue caratulada como lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La palabra de la defensa

En declaraciones televisivas, el abogado de Gaetani, Ignacio Trimarco, explicó que la pareja se encontraba en proceso de separación y que ese día la actriz se acercó al domicilio de su ex pareja, donde se produjo el episodio. El letrado indicó que, si bien existieron antecedentes de otros tipos de violencia, esta habría sido la primera agresión física registrada.

El informe de riesgo recientemente incorporado será determinante para las próximas resoluciones judiciales en una causa que continúa su trámite en el ámbito de la Justicia de Pilar.

Un custodio policial declaró ante la Justicia que el dirigente de la Coalición Cívica de Pilar Matías Yofe arrojó su teléfono celular al mar durante un viaje a Mar del Plata, pocos días antes del allanamiento realizado en su vivienda, en el marco de una causa por presunta extorsión.

El testimonio fue brindado por el efectivo Gabriel Toledo, quien acompañó a Yofe en el viaje a la costa atlántica a fines de diciembre. Según consta en el expediente, el policía relató que el episodio ocurrió en una playa ubicada “pasando el faro”, durante la tarde-noche, aunque no pudo precisar el punto exacto.

“Era el teléfono que usaba siempre”, sostuvo Toledo ante el fiscal, al describir el dispositivo que el dirigente habría arrojado al agua, reprodujo La Nación.

Un viaje fuera de lo habitual

De acuerdo con la declaración, el viaje comenzó de manera inusual. Toledo afirmó que Yofe lo llamó cerca de las 20 del 31 de diciembre para salir rumbo a Mar del Plata en un Toyota Etios. “No era común. Era la primera vez que me llamaba en ese horario”, señaló.

Ambos arribaron a destino alrededor de las 2 de la madrugada del 1° de enero. Dos días después, el 2 de enero, la vivienda del dirigente en Pilar fue allanada por orden judicial.

Durante ese procedimiento, Yofe manifestó no contar con su teléfono celular.

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Al declarar ante la Justicia, La propia Elisa Carrió, quien acompañó a Yofe, admitió que ella le pidió que arroje el celular al agua, ya que, desde el punto de vista de “Lilita” lo que la Justicia buscaba era retener pruebas de una de las causas en la que Yofe es denunciante, como la mansión en Villa Rosa atribuida a dirigentes de la AFA.

Pero no es la única causa que denunció Yofe. Otra tiene que ver con presuntas irregularidades en la concesión de plantas de Verificación Técnica Vehicular en territorio bonaerense.

Origen de la causa

Justamente la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Atilio Ormeño, exchofer del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, quien renunció en medio del escándalo por presuntas irregularidades con las plantas VTV.

Según Ormeño, Yofe habría intentado presionarlo para que declarara contra D’Onofrio y contra Claudia Pombo, ex presidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

En su presentación ante el fiscal Germán Camafreita, Ormeño relató un episodio ocurrido el 31 de agosto, cuando Yofe y un custodio se presentaron en su domicilio. Allí, el dirigente habría mencionado el nombre de Martín Marinucci, actual titular de Transporte bonaerense, con supuestas advertencias vinculadas a la continuidad laboral del denunciante.

Intervención de Carrió

El caso adquirió dimensión política tras las declaraciones de Elisa “Lilita” Carrió, quien defendió públicamente a Yofe y denunció un “operativo mafioso”.

La líder de la Coalición Cívica afirmó que fue ella quien le sugirió a su dirigente que se deshiciera del teléfono. “Le dije: ‘tiralo al mar’”, declaró, al sostener que la intención de los investigadores sería retener pruebas.

Carrió además vinculó el allanamiento con la causa que investiga a dirigentes de la AFA, entre ellos Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Yofe es, a su vez, uno de los denunciantes en la investigación por una mansión ubicada en Villa Rosa, valuada en unos 20 millones de dólares, que se sospecha podría pertenecer al tesorero de la AFA.

En paralelo, el fiscal Camafreita dejó constancia en el expediente de un fuerte cruce que mantuvo con Carrió el día del allanamiento. Ese episodio fue elevado al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro.

Por su parte, Yofe negó las acusaciones en su contra. “Es demencial decir que apretamos u ofrecimos dinero”, sostuvo en declaraciones radiales. Además, cuestionó el procedimiento judicial y afirmó que se realizó sin fundamentos.