El Gobierno de Javier Milei aprobó el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2029, con el que busca reforzar el marco regulatorio que se aplica para afrontar situaciones de este nivel que se registren en el país y que tienen a las inundaciones como problemática principal.

El programa se oficializó este jueves, mediante la publicación de la resolución 334/2026 del Ministerio de Seguridad en el Boletín Oficial. Esta medida busca fortalecer la coordinación frente a eventos que amenacen la seguridad y el bienestar de la población.

El programa había sido presentado en agosto de 2025 en el ámbito del Consejo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, organismo encargado de centralizar las decisiones en esta materia. Su elaboración fue impulsada por la Secretaría Ejecutiva del mismo consejo y contó con la validación de distintas áreas técnicas, incluida la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad.

El plan se inscribe dentro del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir), que establece la necesidad de coordinar acciones entre Nación, provincias, municipios, la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de la sociedad civil.

De esta manera, el programa actualizado establece los lineamientos estratégicos que regirán la acción pública frente a fenómenos naturales y antrópicos. Su propósito es anticipar, mitigar y gestionar los efectos de desastres, promoviendo la resiliencia de la sociedad en su conjunto.

El documento fija los lineamientos que guiarán la política pública frente a desastres naturales y antrópicos, con foco en anticipar, reducir impactos y mejorar la capacidad de respuesta, además de fortalecer la resiliencia social.

De acuerdo al anexo publicado en la norma, el diagnóstico inicial de la iniciativa quinquenal identifica la diversidad de amenazas que enfrenta el territorio argentino, desde terremotos y erupciones volcánicas hasta inundaciones, sequías, incendios y riesgos tecnológicos.

En este contexto, el informe señala que el 60% de los desastres registrados en el país son inundaciones, responsables del 95% de las pérdidas económicas y personas afectadas, según datos del Banco Mundial y la CEPAL. Las regiones del Noreste (NEA), Noroeste (NOA), Centro y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han sido especialmente golpeadas por eventos hidrometeorológicos extremos.

En materia de amenazas geodinámicas, Argentina cuenta con 39 volcanes activos o potencialmente activos y una alta exposición a sismos, en especial en Cuyo y el NOA, donde la memoria colectiva recuerda la destrucción de San Juan en 1944. Las amenazas tecnológicas, vinculadas principalmente al transporte y manejo de materiales peligrosos, instalaciones industriales y nucleares, representan riesgos crecientes para las zonas urbanas y rurales próximas a estos centros.

Fuente: Agencia DIB

Las lluvias intensas que provocaron inundaciones en el centro de la provincia de Buenos Aires desde hace meses volvieron a poner en evidencia la fragilidad de la infraestructura hídrica y la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado.

En medio de un panorama desolador -con más de cinco millones de hectáreas bajo el agua y pérdidas estimadas en 2.400 millones de dólares-, el Gobierno bonaerense lanzó duras críticas contra la administración de Javier Milei por la parálisis del Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado, una obra clave para prevenir inundaciones y mitigar el impacto del cambio climático.

“Esta es una política de Estado que desde 1997 se viene desarrollando de manera conjunta entre la Nación y la Provincia”, recordó Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

"El Gobierno paralizó las obras"

El funcionario explicó que las obras avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero que “a partir de diciembre de 2023, la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con más de 2.300 obras públicas en todo el país”.

Katopodis advirtió que la suspensión de esa fase, que tenía financiamiento asegurado a través del Fondo Hídrico, “trabo las gestiones para obtener el crédito internacional del tramo 5, que iba a ejecutar la Provincia”.

Según el ministro, la interrupción “ya lleva casi dos años” y frenó una etapa que podría haberse completado en 2024. “En momentos como este se demuestra el verdadero valor de la obra pública y del trabajo mancomunado del Estado. Sin planificación y sin inversión, los daños se multiplican”, afirmó.

Agua al cuello

El reclamo bonaerense se produce mientras productores rurales del interior enfrentan una situación límite. En Bragado, una de las zonas más castigadas, la productora Paulina Bordeu denunció que el municipio no ejecutó obras durante los tres años de sequía, cuando las condiciones eran ideales para avanzar en infraestructura. “Estamos con el agua al cuello por la inacción municipal”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia, reprodujo DIB.

Según Bordeu, los caminos rurales se transformaron en ríos y muchas familias quedaron aisladas. “Tenemos animales que se están muriendo por el agua estancada. Se levantan bacterias y no te da tiempo a reaccionar”, lamentó. En su campo, de 500 hectáreas, la tasa vial asciende a entre cinco y siete millones de pesos mensuales, un gasto que considera “sin contraprestación alguna”. Pese a la emergencia, el municipio aplicó un aumento del 25%. “El productor quiere salir adelante, pero si no pagás, te bloquean la cuenta y no podés mover un camión”, señaló.

Ante la falta de respuestas, los productores enviaron una carta documento al gobierno local y amenazan con una rebelión fiscal. Recién entonces, aseguró Bordeu, “el intendente apareció en helicóptero a recorrer la zona”. La productora explicó que la raíz del problema es estructural: el agua que llega desde 9 de Julio no puede escurrir hacia Mechita por el terraplén de las vías y por una laguna cercana a la ciudad. “Bragado es una gran olla que recibe agua y queda estancada”, resumió.

"No pedimos privilegios"

La falta de obras también tiene un fuerte impacto humano. Los trabajadores rurales deben recorrer hasta 50 kilómetros diarios por caminos intransitables para llegar a sus puestos, mientras que muchas familias viven con el agua a pocos metros de sus casas. “Hay gente que no es escuchada y la está pasando muy mal. No pedimos privilegios, pedimos hechos”, insistió Bordeu.

Según cálculos del productor Ignacio Iturriaga, de Roque Pérez, la superficie anegada -2,25 millones de hectáreas agrícolas y una cifra similar de ganaderas- generará pérdidas directas por 2.466 millones de dólares.

“Lo que no se sembró o no se invirtió no es solo plata que pierde el productor: es plata que pierde el contratista, el que vende insumos, el del pueblo. Es dinero que no circula y que no vuelve”, explicó.

Mientras los productores advierten que los daños económicos y ambientales serán “irreparables” sin obras urgentes, el Gobierno bonaerense insiste en que la parálisis del Plan del Salado es un error que costará caro. “Cuando la obra pública se detiene, el agua siempre encuentra la manera de recordarnos por qué era necesaria”, concluyó Katopodis.

En medio de los excesos hídricos que, según Carbap, afectan a cerca de 5 cinco millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, la Nación, el Gobierno bonaerense y sus pares a nivel municipal llevaron a cabo un nuevo encuentro para abordar la problemática de manera integral. El foco estuvo puesto en la coordinación para analizar el estado de situación regional por las inundaciones del centro bonaerense.

La reunión se llevó a cabo en 9 de Julio con la presencia de funcionarios de los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, de Desarrollo Agrario, Seguridad y el municipio de 9 de Julio. Allí se sumó una delegación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Estado de situación

El eje del encuentro estuvo centrado en la coordinación para analizar el estado de situación regional por el exceso hídrico en las distintas localidades y zonas rurales del partido del centro bonaerense.

Esta nueva reunión se dio en el marco de la reactivación de los Comités de Cuencas Hídricas que llevó adelante la Autoridad del Agua (ADA) que “desempeñan un rol clave para el abordaje intersectorial del uso del recurso hídrico”, según informó la Provincia en un comunicado.

El Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado está conformado por nueve subregiones, de las cuales siete ya se encuentran reactivadas, y las restantes dos están en proceso.

Fondos a municipios

Durante este año se destinaron fondos provinciales a los municipios para el mantenimiento de los caminos rurales y se reforzó esa partida con $ 2.000 millones.

En ese sentido, la Dirección de Vialidad Provincial y de Hidráulica puso a disposición máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas.

También, a través de bombas hidráulicas, se realizaron tareas para desagotar áreas urbanizadas, además de limpieza de arroyos y canales.

La cuenca del Salado

Uno de los temas centrales planteados fue el estado actual de la obra en la cuenca del río Salado que ocupa una superficie de 170.000 Km2 en la provincia de Buenos Aires.

Al respecto el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, explicó: “La herramienta para ordenar los recursos hídricos son los comités de cuenca, que fueron reactivados en la provincia de Buenos Aires y vienen desarrollando distintas actividades en conjunto con las obras hidráulicas que se ejecutan”.

Además, destacó que: “Estuvimos en Bragado y en 9 de Julio la semana pasada, cuando hemos anunciado las obras del Nodo Bragado. Lo importante es que compartimos con el resto de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales que estamos en una situación extraordinaria. Ha caído más del doble de la cantidad de agua que debería caer”.

Participaron del encuentro la intendenta local María José Gentile; el director provincial de Hidráulica, Flavio Seiano; el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga; el administrador de Vialidad de la provincia, Roni Caggiano; el subsecretario de Desarrollo Agrario, Cristian Amarilla; el director provincial de Caminos Rurales, Jonatan Sánchez Sosa; además de funcionarios de la cartera de Seguridad bonaerense y la delegación del Gobierno nacional.

El Plan Maestro

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre los Gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. El plan “impacta en 8 millones de hectáreas del territorio provincial que podrán ser recuperadas para la producción agrícola y ganadera bonaerense”, continuó el comunicado de la administración bonaerense.

Para planificar los trabajos a ejecutar, el curso del río fue dividido en cinco tramos. “Los tramos I, II y III están finalizados; el tramo IV se encuentra finalizado en sus etapas 1, 3 y 4 y está paralizado en la etapa 2 por parte del actual Gobierno nacional; por su parte, el tramo V es el que se encuentra en proyecto y análisis presupuestario por parte del Gobierno bonaerense”, continúa el texto.

Cruces por el fideicomiso

El Gobierno nacional financia estas obras a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.

“Según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, entre 2024 y el primer trimestre de 2025, este fondo recibió unos $ 175.000 millones pero solo se ejecutaron $ 13.011 millones, que representan un 7,45% del total recaudado. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV podrían ser ejecutadas y finalizadas, pero los recursos recaudados no fueron destinados a los fines que corresponden por ley”, se destacó por parte del Gobierno provincial.

Por su parte, el Tramo V, a cargo de la Provincia de Buenos Aires, es “el segmento final con el que se completará el Plan Maestro y que se extiende sobre 98 km en total, entre el Canal del Este de la laguna de Bragado y la descarga de la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando también los municipios de Chacabuco y Alberti”. También contempla la intervención de 10 puentes, de los cuales ocho son carreteros y dos ferroviarios, y la obra de cierre de la laguna de Rocha.

Nodo de Bragado

Asimismo, como obra complementaria, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense finalizó el estudio para la elaboración del proyecto licitatorio de obras de infraestructura en el “Nodo de Bragado”, que cuando se ejecute permitirá manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas y la protección del territorio de este municipio.

Este Nodo permite el drenaje y tránsito de los excedentes hídricos de 2,8 millones de hectáreas y se ubica en una zona crítica que forma parte de las Subregiones A2 y A3 (de igual denominación que sus respectivos Comités de Cuenca), de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó y Trenque Lauquen, en el noroeste de la provincia.

Ampliación del río

El Plan Maestro Integral contempla “la ampliación de la capacidad del río Salado que permitirá mitigar los impactos de las inundaciones y recuperar millones de hectáreas para la producción y potenciar el desarrollo productivo de esta cuenca”.

Las obras consisten en “la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados”.

Con ese fin, “se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción”, cerró el comunicado.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, llevó a cabo el acto de licitación para la obra de Desagües Pluviales en Pilar, que evitarán inundaciones y beneficiará a más de 50 mil vecinas y vecinos.

Este proyecto, que buscan sanear los escurrimientos superficiales de la cuenca Pilar Centro, comprende la construcción de 3.045 metros totales de conductos que conducirán las aguas de dos subcuencas hacia el cruce con la Ruta Nacional 8 y desembocarán en el Ramal 1 del entubamiento del Canal Agustoni.

Al respecto, el subsecretario Néstor Álvarez expresó: “Esta es una obra muy importante porque se trata de la segunda etapa de la obra del canal Agustoni, que acabamos de finalizar con salida al Río Luján”. Además, agregó que “va a beneficiar a los habitantes de la cuenca y permitirá mitigar los anegamientos que se producen en el centro de Pilar”.

La obra, que recibió 19 ofertas, tendrá un presupuesto oficial de $6.911.468.455.

La baja de Río Luján le permitió a las personas que estaban evacuadas poder volver a sus casas.

Se trata en su mayoría de habitantes de la zona de los barrios Río Luján, La Lomita y Agustoni, que debido a las lluvias que cayeron a principios de esta semana no solo en Pilar, sino sobre todo río arriba, como Suipacha, Mercedes y Luján, sufrieron las consecuencias del desborde del cauce, con agua que no solo anegó calles, sino que también ingresó en algunas casas.

En total el hubo 70 evacuados, más de 40 menores de edad, cuando el río llegó a su pico máximo: 7 metros con 15 centímetros.

En Agustoni, por ejemplo, habitantes tuvieron que improvisar balsas con pallets de madera para poder llegar a sus casas. Al tiempo que denunciaban que la ayuda estatal no llegó a tiempo.

Fuentes del gobierno consultadas por este medio señalaron que si bien ya no hay evacuados, las condiciones climáticas a futuro no son alentadoras, y que este tipo de problemas se volverá a repetir.