Se cumplen 150 días desde el cierre intempestivo de la planta de cerámicas ILVA en el Parque Industrial de Pilar, una medida que dejó a cerca de 300 trabajadores sin empleo y sin percibir, hasta el momento, salarios adeudados ni indemnizaciones. El conflicto se extiende y mantiene en una situación de incertidumbre a decenas de familias.

Desde el 29 de agosto del año pasado, los ex empleados permanecen acampando en el predio de la fábrica como forma de protesta y resguardo. Con el paso del tiempo, la medida se consolidó como una estrategia para evitar el vaciamiento de la planta y preservar los bienes ante un eventual proceso de cobro judicial.

En paralelo, la empresa ingresó en concurso de acreedores y el expediente es tramitado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 12, a cargo del juez Hernán Papa. En ese marco, la firma solicitó la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé indemnizaciones reducidas en contextos de crisis, aunque los trabajadores denuncian que no se realizó ningún pago.

Mientras el proceso judicial avanza, la situación económica de los ex operarios se agrava. Muchos dependen del Fondo de Desempleo, otros realizan trabajos informales y algunos lograron reinsertarse laboralmente, aunque advierten que la falta de oportunidades y la edad dificultan el acceso a empleo estable.

“Vamos a cumplir 5 meses y acá el acampe sigue firme en las puertas de Ilva que sigue sin pagar. A no olvidar que detrás de nuestros carteles hay 300 familias que están esperando respuestas y pasando necesidades”, remarcaron los exempleados.

Al mismo tiempo, desde el acampe reclamaron al Juez una pronta resolución.

“El Juez Papa tiene en sus manos hacer justicia por estos trabajadores. Pero, acá seguimos, abandonados. Al parecer, no hay nadie en Argentina que pueda hacer que los dueños de Ilva cumplan con sus obligaciones”, se lamentaron.

El conflicto en Ilva se desató a fines de agosto del año pasado, cuando de manera sorpresiva los 300 trabajadores que allí se desempeñaban, es decir todo el plantel, comenzaron a recibir telegramas de despidos.

Desde ese día comenzó un acampe por medio del cual los trabajadores reclaman ser reincorporados o que se les abonen las indemnizaciones.

A lo largo del conflicto, los obreros marcharon varias veces en el predio fabril, el centro de Pilar, las puertas de la sede local del Ministerio de Trabajo e incluso llegaron a cortar en reiteradas oportunidades los ingresos al Parque y una vez la autopista Panamericana.

Además, la Provincia propuso hacerse cargo de la mitad de los salarios adeudados, otros de los reclamos de los trabajadores, a cambio de que la firma los reincorpore, algo a lo que Ilva se negó.

Entre otras medidas de protesta, los trabajadores también encabezaron diversos escraches en las puertas de las urbanizaciones cerradas del distrito y la zona norte donde residen los dueños la empresa.

El Gobierno nacional avanzó en una reforma del esquema de indemnizaciones laborales. Esta mañana publicó el marco regulatorio del fondo que empresas y trabajadores podrán crear para cubrir las obligaciones derivadas de un despido. La iniciativa surge del Decreto N° 847/2024 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y busca ofrecer una herramienta supervisada que sirva como alternativa a la indemnización tradicional por antigüedad, otorgando mayor flexibilidad a empresas y empleados.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó la creación del “Régimen de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”, que regulará los Fondos Comunes de Inversión Abiertos y los Fideicomisos Financieros que canalizarán los aportes que empleadores y trabajadores acuerden en reemplazo de la indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo.

A través de la Resolución General 1071/2025, publicada en el Boletín Oficial, estableció el marco normativo para estos “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”, que constituyen una alternativa a la indemnización por antigüedad y otros rubros indemnizatorios que surgen del cese laboral.

En ese sentido, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que este mecanismo quedó aprobado por el “Artículo 96 de la Ley Bases 27.742 que permite a los participantes de una convención colectiva armar su propio sistema de indemnización (sistema de cese). Lo pueden hacer como quieran, con una única condición: la participación es voluntaria tanto para empresas como trabajadores. Este último punto es esencial, solo con esta premisa sabemos que el sistema será beneficioso para ambos”, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas.

Los “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral” son instrumentos financieros diseñados para acumular recursos que sustituyan la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, junto con otras compensaciones por desvinculación. La CNV los define como “Fondos Comunes de Inversión Abiertos” y dispone que todos los instrumentos que operen bajo este régimen deberán incorporar la expresión “Cese Laboral” en su denominación para su correcta identificación.

Este esquema se establece a partir de Acuerdos o Convenciones Colectivas de Trabajo, que permitirán a empleadores y empleados pactar libremente el porcentaje de la remuneración o un monto fijo que aportará la empresa, así como la periodicidad de los pagos. Las contribuciones pueden provenir de cualquiera de las partes, tanto a nivel individual como empresarial o sectorial.

Entre las particularidades del régimen, se destaca que los fondos son inembargables por parte de acreedores, sean del trabajador o del empleador, por deudas de cualquier tipo. Asimismo, los bienes y rendimientos que conformen el patrimonio de estos instrumentos solo podrán destinarse a las prestaciones acordadas en los Convenios Colectivos de Trabajo y demás normativa aplicable.

Cuando los aportes sean hechos por el empleador, las cuotapartes o valores fiduciarios “estarán cedidos con condición suspensiva a favor de los trabajadores, de la empresa o del sector”, es decir, el trabajador adquirirá derechos sobre esos activos bajo ciertas condiciones.

La CNV es la “autoridad de control y supervisión” del régimen y tiene la tarea de garantizar que las entidades administradoras o fiduciarias mantengan una “política de inversión adecuada”. La resolución actual integra un “régimen especial de Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral” a las Normas de la CNV y contempla dos modalidades principales: Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Cese Laboral y Fideicomisos Financieros (FF) de Cese Laboral. (DIB) GML