Granja Tres Arroyos (GTA) reconoció ante la Justicia que no pudo pagar los sueldos de agosto del personal de su planta Pinazo, en La Lonja, Pilar, y que el resto de los haberes de esa planta se abonó de manera parcial.

Según la empresa, los trabajadores jornalizados cobraron haberes hasta la segunda quincena de junio y el 40% de la primera quincena de septiembre. Los mensualizados, en tanto, percibieron el 70% del sueldo de julio y el 30% del devengado en septiembre.

La información fue presentada por los apoderados de la compañía, los abogados Rafael J. Algorta y Marcos Palma, en el expediente del concurso preventivo (COM 18558/2026), que tramita en el Juzgado Comercial 21, Secretaría 42.

El escrito responde a una intimación del juez Germán Páez Castañeda, fechada el 14 de octubre, y solicita que se dicte la apertura formal del concurso.

Sobre esa planta, GTA informó que los haberes de agosto del personal “no han podido ser afrontados”, según consta en el escrito al que tuvo acceso Pilar de Todos. La empresa aclaró que los datos son dinámicos, porque realiza pagos diarios a cuenta de los salarios adeudados.

"En el establecimiento frigorífico Planta Pinazo (Pilar, Provincia de Buenos Aires), los trabajadores jornalizados han percibido haberes hasta la segunda quincena de junio de 2026 inclusive y, a la fecha, el 40% del salario devengado en la primera quincena de septiembre de 2026, mientras que los trabajadores mensualizados han percibido el 70% del salario de julio de 2026 y el 30% del devengado en septiembre de 2026. Los haberes de agosto de 2026 del personal de esta planta no han podido ser afrontados", señala el escrito.

GTA explicó que desde fines de 2024 instrumentó distintas propuestas para pagar los salarios, con intervención de representantes sindicales y de la autoridad administrativa del trabajo. Durante los primeros meses de 2026 los haberes se abonaron en 5 cuotas mensuales y, desde mayo, en 10 pagos mensuales.

Por su parte, el escrito informa cifras de GTA en su conjunto, no solo de Pinazo. La empresa declaró 1.800 trabajadores en relación de dependencia en todos sus establecimientos y una deuda laboral y previsional de $62.448.137.609,10 al 30 de septiembre. El 15 de julio era de $11.551.776.220. El aumento obedece, según la compañía, principalmente a liquidaciones finales e indemnizaciones por desvinculaciones.

GTA se comprometió a presentar en cinco días hábiles la certificación contable de la deuda actualizada. Por lo tanto, esa cifra todavía no está certificada. La deuda de julio sí cuenta con la certificación del contador Claudio A. Achino y la declaración jurada del presidente del Directorio, Joaquín De Grazia.

En tanto, en la entrada de Pinazo, un grupo de despedidos sostuvo un acampe y bloqueo para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones. El 14 de octubre, un operativo policial desalojó el bloqueo y permitió el ingreso de camiones al predio.

Los trabajadores aseguraron que más de 80 fueron despedidos semanas atrás, que aún no cobraron la indemnización y que se les deben salarios desde mayo. “Nosotros solo somos trabajadores que estamos reclamando nuestro sueldo, nuestras indemnizaciones pero la empresa hace ya más de dos años que no viene respetando las leyes”, resaltó el trabajador despedido José Vera.

Por su parte, el juez Germán Páez Castañeda requirió a GTA que informe en cinco días la situación dominial de los bienes muebles e inmuebles adquiridos en la quiebra de “Rasic Hnos. S.A.”. También pidió detalle de las hipotecas y prendas vinculadas a esos bienes.

La industria concentra más del 90% de los puestos de trabajo registrados que se perdieron en Pilar entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, un período en el que el total del empleo privado en el distrito se redujo 5,3%.

En términos netos, Pilar perdió 3.479 puestos asalariados del sector privado. De ese total, 3.190 corresponden a fábricas.

Los datos analizados por Pilar de Todos surgen del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Mide el empleo asalariado registrado del sector privado según el domicilio de la empresa. Quedan afuera el empleo público, el informal y el de monotributistas y autónomos.

El impacto en Pilar es concreto. En junio de 2025, Kimberly-Clark cerró su planta del Parque Industrial, donde se fabricaban toallitas húmedas y protectores diarios de marcas como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud. Unos 220 trabajadores quedaron sin empleo y la producción pasó a San Luis.

A fines de agosto de 2025, la fábrica de cerámicos ILVA cerró su planta del Parque Industrial y despidió a unos 300 trabajadores. La ceramista decidió traer del exterior los productos que antes fabricaba en el distrito. Desde ese momento, los trabajadores continúan reclamando el pago de indemnizaciones.

Dos meses más tarde, en noviembre de 2025, Whirlpool dejó de fabricar lavarropas, heladeras y cocinas en su planta de Fátima, inaugurada en 2022, y desvinculó a 220 trabajadores. Misma lógica: la empresa mantiene la importación y la comercialización. En un comunicado, la multinacional atribuyó la decisión a “lineamientos estratégicos de eficiencia operativa y asignación responsable de recursos”.

Hace dos meses la planta en la que funcionaba Whirlpool se puso a la venta, por un valor que se calcula entre los 19 y 21 millones de dólares.

El cierre de Whirlpool alcanzó también a firmas vinculadas. La logística Translog despidió a 17 de sus 20 empleados en Pilar y cerró sus operaciones en el Parque Industrial. En tanto, Novax, que fabrica piezas plásticas para lavarropas, también se tuvo que achicar.

A esos casos se suman Kenvue (ex Johnson & Johnson), con 130 despidos en Fátima, y Magnera, con unas 160 personas en el año. En las última semanas, aunque ya por fuera del período analizado, Granja Tres Arroyos confirmó 80 despidos en su planta de Pilar.

La Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) estimó que el predio perdió unos 7.000 empleos en seis meses, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Es un relevamiento de la entidad que computa las desvinculaciones y contratos que no se renuevan, pero que también alcanzan a otros rubros que prestan servicios dentro del predio fabril, como servicios, limpieza, administración y seguridad.

Parte del sondeo de la CEPIP también está por fuera de los últimos datos disponibles del OEDE, y podría darse la mecánica que trabajadores que ya no prestan servicios en el Parque consiguen lugar en otros establecimientos. El balance, de todos modos, sigue siendo negativo.

Días atrás, también basados en datos de la CEPIP, el intendente Federico Achával alertó que unas 50 empresas del Parque Industrial corren peligro de cerrar, en su mayoría Pymes que emplean entre 40 y 50 trabajadores cada una.

El rubro de servicios, que agrupa actividades como transporte, enseñanza y salud, es el más grande del distrito, con casi 30.000 puestos, y prácticamente no se movió: perdió 124. El comercio fue el único que creció, con 208 puestos más (2,3%).

La construcción, que retrocedió 292 puestos, una baja de 15,6%. Electricidad, gas y agua, y agricultura, ganadería y pesca tuvieron bajas menores, de 41 y 35 puestos. Fuera de la industria, entonces, el balance fue casi neutro: la caída del empleo registrado se explica, en lo esencial, por las fábricas.

Un fuerte operativo policial se desplegó en la puerta de la planta Pinazo de la Granja Tres Arroyos de Pilar con el que quedó, momentáneamente, desalojado el acampe y bloqueo que llevaban a cabo los trabajadores despedidos de la fábrica para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones adeudadas.

Los agentes se apostaron en los portones de ingreso en horas de la madrugada para permitir que camiones con pollos e insumos entren a la planta.

Más temprano, autoridades policiales se habían acercado al lugar para anunciar a los manifestantes que, tras una denuncia que habrían realizado los empresarios, desde la Fiscalía de Pilar dieron la orden de llevar adelante el desalojo del acampe.

Con esa información, los trabajadores afectados exigieron que les presentaran un documento que certifique dicha orden. “Si nos muestran ese papel, firmado por el Fiscal, nosotros nos corremos”, habían señalado desde el acampe.

La medida consistía en bloquear justamente el acceso de camiones a la planta, con el objetivo de que la empresa les dé respuestas a más de 80 trabajadores que fueron despedidos semanas atrás, pero que aún no cobraron la indemnización, a los que también, aseguraron, se les deben salarios desde mayo.

La situación se volvió tensa en las últimas horas del martes.

“Fue un operativo gigante, inmenso, una situación muy tensa con más de 150 efectivos para un grupo de 15 trabajadores que estábamos ahí. Y una vez que la Policía se puso delante de los manifestantes ya no se pudo hacer nada”, relató José Vera, uno de los trabajadores afectados.

Cerca de las 4 de la madrugada, los uniformados crearon un cordón con el que custodiaron el ingreso de los camiones al predio.

“Nosotros solo somos trabajadores que estamos reclamando nuestro sueldo, nuestras indemnizaciones pero la empresa hace ya más de dos años que no viene respetando las leyes”, resaltó Vera quien reclamó nuevamente la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense.

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“Estamos solos, somos 80 trabajadores que solo queremos lo que nos corresponde. Y también hacer ver la explotación a la que son sometidos los que aun trabajan dentro de la empresa: la producción es la misma de hace tres años cuando se operaba con unos 350 empleados. Hoy, hay entre 100 y 120 trabajadores”, relató Vera.

Los trabajadores, en tanto, prometen retomar el reclamo. “Esto es muy desgastante, vamos a reorganizarnos y seguir en la lucha”, cerró Vera.

Los trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos, Planta Pinazo, en Pilar retomaron en la tarde de este lunes la protesta en la puerta de la empresa para exigir el pago de salarios adeudados y las indemnizaciones. 

Se trata en total de unos 50 trabajadores a los que la firma les debe cuatro meses de sueldos, el aguinaldo y la liquidación final, según relataron a Pilar de Todos.

Frente a ese panorama, este lunes los afectados regresaron a la puerta de la fábrica para impedir el ingreso de los camiones que llegan con insumos para la producción. 

Hasta el momento, han retenido dos unidades que, aseguran los trabajadores, intentaron ingresar a la planta antes de tiempo. “Logramos interceptarlos para que no se metan y así poder negociar algo por los despidos y las indemnizaciones que nos adeudan”, afirmaron los afectados apostados en el ingreso al predio. 

Allí, afirmaron, se quedarán todo el tiempo necesario. “No nos vamos a mover de acá hasta que haya una solución de alguien de adentro que venga a dialogar con nosotros”, resaltaron mientras preparan nuevamente un acampe para pasar la noche.

La medida es la misma que implementaron la semana pasada, antes del inicio del fin de semana largo. El viernes pasado, uno de los empleados, en contacto con Pilar de Todos, aseveró que desde la empresa les ofrecieron “un cajón de pollo a cada uno” para que levanten el bloqueo.

“Lo único que nos ofrecieron fue un cajón de pollo para que levantemos el corte, pero no lo aceptamos. Vamos a mantener el acampe hasta que haya una solución”, manifestaron.  

Trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos volvieron a impedir el ingreso de camiones a la planta de Pinazo, en Pilar, en reclamo de cuatro meses de sueldos adeudados, el aguinaldo y la liquidación final, según relataron a Pilar de Todos. La protesta involucra a empleados alcanzados por los 50 despidos ratificados en la sede local de la avícola.

Según explicó uno de los cesantes, el objetivo del corte es “no dejar pasar los camiones", y de ese modo obligar a la empresa a que dé respuestas. La medida ya había sido aplicada días atrás, cuando los trabajadores acamparon en el lugar durante casi dos días.

En aquella oportunidad, los despedidos decidieron levantar la medida de fuerza luego de que la empresa les depositara 300 mil peso a a cada uno, a cuenta de lo aún sin cancelar. “Si la semana que viene no nos vuelven a pagar, vamos a volver a la planta”, advertía un extrabajador. Eso es lo que finalmente sucedió.

La firma, que atraviesa una crisis económica y financiera, ratificó 1.250 despidos en sus plantas bonaerenses tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, sin acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

De ese total, 50 corresponden a Pilar. Los otros 1.200 se reparten entre Capitán Sarmiento (700) y Esteban Echeverría (500). En una primera instancia, la empresa pretendía avanzar con unos 170 despidos en la planta local.

En la última audiencia, el apoderado de la firma, Walter Carrizo, sostuvo: "En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación".

La empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo y el Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares que posee en el Banco de Comercio, en el marco de denuncias por vaciamiento y reclamos salariales. Los despidos quedaron vigentes y los trabajadores todavía no pueden cobrar las indemnizaciones, ya que debe asignarse el juzgado que intervendrá en el concurso.

Los despedidos aseguran que, además de los cuatro meses de sueldo y el aguinaldo, no recibieron la liquidación final. Uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, contó que sus hijos, ya adultos y con trabajo, lo ayudan y que él trabaja con su auto en aplicaciones. "Cuesta, todo cuesta", resumió, y planteó la situación de quienes alquilan y tienen hijos chicos: "¿y ellos qué hacen?".

José, con 16 años de antigüedad en la planta, describió a C5N que vive "una situación muy difícil, muy complicada". Cuestionó tanto a la empresa como al sindicato, al que acusó de dejarlos solos y de haber presionado a quienes realizaban el corte durante una protesta anterior. Según indicó, el conflicto lleva dos años y comenzó con reducción de sueldos, quita del presentismo y recorte de personal.

Ariel, de 35 años y con 15 de antigüedad, contó que tiene dos hijos y que dejó de cobrar las asignaciones familiares. Aseguró que, por su antigüedad, el fondo de desempleo le correspondía por un año y recibió ocho meses, porque la empresa no habría realizado los aportes. Para generar ingresos alquila un auto y trabaja en Uber, aunque, dijo, el costo del alquiler se lleva buena parte de lo que gana. "Estoy buscando trabajo ya hace rato, pero no sale nada", afirmó. Y agregó: "Tengo 35 años, pero no me llaman de ningún lado".

Los trabajadores señalaron además que muchos de sus compañeros intentan sostenerse con changas, trabajos de albañilería o el uso de sus propios vehículos, mientras que los de mayor edad no consiguen empleo.

La empresa Granja Tres Arroyos, que atraviesa una compleja crisis económica y financiera, ratificó la decisión de avanzar con 1.250 despidos en sus plantas de la provincia de Buenos Aires. La medida se confirmó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, instancia en la que no se logró un punto de acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

El conflicto, que afecta a 50 trabajadores de la planta de Pilar, se extiende también a las instalaciones de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Según el recuento oficial, el ajuste alcanza a 700 empleados en la primera localidad y a 500 en la segunda.

Durante la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo, el apoderado de la firma, Walter Carrizo, sostuvo la postura de la compañía.

“En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación”, expuso.

La empresa, que solicitó la apertura de su concurso preventivo hace menos de un mes, justificó los despidos argumentando la necesidad de adecuar su estructura operativa. Asimismo, el apoderado aclaró que esta ratificación no implica la comunicación de nuevos ceses laborales y manifestó la disposición de la firma al diálogo para evaluar alternativas que permitan la continuidad de la actividad.

Por su parte, los representantes sindicales señalaron que los despidos quedaron vigentes. No obstante, advirtieron que los trabajadores aún no pueden acceder al pago de las indemnizaciones, ya que se debe esperar la asignación del juzgado que intervendrá en el concurso preventivo.

El escenario judicial se mantiene complejo, ya que el Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares que la empresa posee en el Banco de Comercio, en el marco de denuncias por vaciamiento y reclamos salariales pendientes.

En el caso de Pilar son 50 los despidos que quedan entonces ratificados, aunque en una primera instancia la empresa pretendía avanzar en unos 170.

En diálogo con Pilar de Todos, varios de los trabajadores desvinculados señalaron que la empresa aún no les liquidó no solamente la indemnización, sino que tampoco salarios adeudados desde mayo de este año.

“Tuvimos que hacer un bloqueo en la planta días atrás para que nos den unos míseros 300 mil pesos, cuando nos adeudan más de 7 u 8 millones, sin contar la indemnización. Muchos pagamos alquiler y no tenemos dinero ni para comer. Otros de mis compañeros se las pueden arreglar haciendo changas o manejando un Uber, pero no es la realidad de todos”, contó a este medio uno de los empleados despedidos.

Los trabajadores despedidos de la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos, en La Lonja, levantaron el bloqueo que impedía el ingreso de camiones al establecimiento, después de que la empresa abonara $300.000 a cada uno a cuenta de lo adeudado.

La medida había comenzado durante la madrugada del jueves. Se sostuvo durante toda la noche y terminó en la mañana de este viernes, cuando se concretó el pago.

Así lo confirmó a Pilar de Todos Carlos Verón, uno de los cesanteados. Según relató, la primera propuesta llegó el jueves por la tarde: el jefe de planta pidió hablar con dos o tres de los trabajadores y les ofreció $400.000.

Cerca de las 22.30, el jefe de planta volvió al lugar junto al abogado de la empresa y repitió la cifra. Sin embargo, postergó el pago para la mañana siguiente, entre las 8 y las 9. En ese marco, los despedidos aceptaron dejar pasar los camiones. Siempre según Verón, se trataría de la única planta del grupo que sigue en funcionamiento.

“El jefe de planta y el abogado ofrecieron $400.000, pero dijeron que como era de noche no podían hacer nada, que pagarían por la mañana”, explicó Verón a Pilar de Todos.

El monto que finalmente llegó a manos de cada trabajador fue de $300.000. Verón explicó que la desesperación de sus compañeros pesó en la decisión. Aceptaron el dinero para no volverse con las manos vacías y levantaron la protesta.

“Estamos desesperados, nos deben desde mayo y ya antes veníamos cobrando en cuotas. Entonces no nos quedó otra que aceptar”, agregó.

El pago no resuelve el reclamo de fondo. Los despedidos exigen salarios con más de tres meses de atraso, el aguinaldo y las indemnizaciones, y denuncian que la empresa no les brinda información ni les hace ningún pago.

En su caso personal, Verón detalló que le adeudan ocho quincenas y el aguinaldo completo. A eso se suman un premio de fin de año y horas trabajadas que no le fueron liquidadas. Según su propio cálculo, el total llega a $7 millones.

Según señalaron extrabajadores de la planta a Pilar de Todos, desde hace tiempo, los trabajadores cobraban en cuotas semanales de entre $30.000 y $50.000 según la categoría.

La mayoría de los cesanteados ya tiene abogado y la vía legal está en marcha. Verón indicó que casi todos recibieron el telegrama de despido y que en las audiencias ya realizadas la empresa no se presentó.

Según contó, la firma usa esa situación como argumento: sostiene que, como los casos ya están judicializados, los trabajadores no pueden reclamar por otra vía.

Durante la mañana, según relató Verón, el sindicato de la Alimentación llegó al lugar con gente propia y con trabajadores que siguen en planta, con la intención de desalojar a los despedidos. Ellos decidieron no confrontar. “Nosotros somos trabajadores, no venimos a pelear ni a confrontar con nadie. Pero el gremio debería estar de nuestro lado”, lamentó Verón.

Los despidos en Pinazo se concretaron a comienzos de septiembre, después de un mes de suspensiones para todo el plantel. El 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria y ordenó reincorporar a 1.200 despedidos del grupo, entre ellos los 50 de Pilar. Los trabajadores denuncian que esa orden no se cumplió.

En paralelo, Granja Tres Arroyos SA atraviesa un concurso preventivo de acreedores en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. Allí declaró un pasivo de $536.000 millones al cierre de 2025, del que $46.000 millones corresponden a deudas laborales y previsionales.

Los 50 trabajadores despedidos de la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos, en La Lonja, iniciaron un acampe frente al establecimiento e impiden el ingreso de camiones. Reclaman el pago de los salarios que la empresa les adeuda desde mayo.

La medida se lleva adelante desde la madrugada de este jueves y, tal como consignaron a Pilar de Todos, se mantendrá hasta encontrar una solución. 

En ese marco, los trabajadores apostados en el ingreso a la Planta denunciaron, además, que la firma no habría acatado la conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esa medida ordenaba reincorporar a los cesanteados. 

De acuerdo con los afectados, después de dictada la conciliación se presentaron en la planta y no los dejaron ingresar.

“La empresa no cumplió la conciliación. Jamás nos llamaron, por eso decidimos protestar. A los que siguen trabajando, la empresa les paga en negro. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que encontremos una solución”, expresó Gabriel en una entrevista con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2. 

La conciliación alcanzó a 1.200 despedidos del grupo. Además de los 50 de Pilar, incluyó a otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Se dictó por 15 días hábiles, prorrogables por otros cinco.

Las cesantías se concretaron a comienzos de septiembre. Antes, durante todo agosto, la totalidad del plantel de Pinazo había estado suspendida. 

El 1° de septiembre, la empresa y el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) acordaron reducir a 50 los despidos, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300.

En los telegramas, la firma invocó "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". Esa figura corresponde al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y permite abonar una indemnización reducida. El secretario general del STIA, Julio Chamorro, había cuestionado ese encuadre: "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo.

Sin embargo, desde Pilar, los afectados cuestionaron el rol del sindicato. “Nos dejaron afuera de todo”, plantearon y agregaron que “ante la falta de respuestas, no nos queda otra que hacer esta medida”.  

Los atrasos en el pago de sueldos no son nuevos en Pinazo. Desde diciembre de 2024, la empresa arrastra dificultades para cumplir con los salarios en tiempo y forma, lo que derivó en paros y protestas del personal a lo largo de este año.

“Nos deben nuestros sueldos desde la mitad de mayo hasta el día de hoy”, relató Juan, otro de los trabajadores afectados a Pilar de Todos. 

Gabriel, en tanto, con 17 años de antigüedad en la planta relató  cómo le afecta el despido: “Soy enfermo del corazón, tengo tres stent y no tengo plata para los remedios. Tomo 8 pastillas por día y ya se me están acabando. Estaba haciendo viajes por aplicación pero se me rompió el auto hace una semana y ya no pude continuar. En mi casa, nos cortaron la luz, el gas y no sé qué voy a hacer si no llevo plata a casa. Debo plata de la tarjeta, me reclaman todos los días y ya no sé cómo deciles que no puedo pagarles”.

El reclamo se da mientras Granja Tres Arroyos SA atraviesa un concurso preventivo de acreedores. El trámite corre en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. En esa presentación, la empresa declaró un pasivo de $536.000 millones al cierre de 2025 y más de 4.800 acreedores. Reconoció además haber entrado en cesación de pagos el 29 de enero.

Dentro de ese pasivo figuran $46.000 millones en deudas laborales y previsionales. Los créditos laborales tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la compañía no tiene fondos suficientes.

En tanto, el juez Germán Páez Castañeda autorizó la apertura de una cuenta inembargable en el Banco Ciudad, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales e impuestos.

El conflicto alcanza a todas las plantas del grupo. En Entre Ríos, la firma confirmó unos 270 despidos en la planta La China, de Concepción del Uruguay. En Capitán Sarmiento, la actividad quedó paralizada "hasta nuevo aviso". La crisis también afecta a Wade I, en Ezeiza, a Wade II/CEISA, en Esteban Echeverría, y a Avex, en Río Cuarto. 

Granja Tres Arroyos (GTA), la empresa dueña de la planta Pinazo, en La Lonja, Pilar, declaró ante la Justicia comercial un pasivo contable de $536.000 millones al cierre de 2025 y reconoció haber entrado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. La cifra surge de la presentación de su concurso preventivo de acreedores.

El pasivo declarado, equivalente a unos US$350 millones al tipo de cambio oficial, es muy superior a los $160.646 millones que la Central de Deudores del Banco Central le atribuía al Grupo GTA (GTA, Wade y Avex combinadas) al 15 de septiembre: esa cifra reflejaba solo deuda bancaria, comercial y cheques rechazados, mientras que el nuevo número incluye la totalidad del pasivo contable, con activos por $760.000 millones y un patrimonio neto que cayó de $341.000 millones a $224.000 millones en un año.

La presentación fue realizada en el expediente COM 018558/2026, caratulado "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo", que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. GTA pidió que el trámite se desarrolle en conjunto con Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, identificadas como integrantes del "Grupo GTA", y en forma subsidiaria solicitó la apertura de un concurso individual si ese planteo no prospera. La empresa declaró más de 4.800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos. Según la documentación presentada, "HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos", mientras que el resto corresponde a accionistas minoritarios de la familia fundadora.

La composición del pasivo muestra que los principales compromisos corresponden a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A eso se suman $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, y $32.000 millones en obligaciones fiscales. Los "Resultados No Asignados" pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un déficit proyectado de $122.052 millones para el cierre de 2025. En el expediente, GTA atribuyó la crisis a "el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra".

La planta pilarense, ubicada en La Lonja, venía de años conflictivos: desde diciembre de 2024 la empresa había comenzado a tener serios problemas para afrontar el pago de salarios en tiempo y forma, lo que motivó distintas protestas de los trabajadores. Esa tensión escaló en agosto de este año, cuando la planta dejó de operar y sus trabajadores permanecieron suspendidos durante todo el mes.

Frente a ese cuadro crítico, la empresa avanzó con una serie de despidos que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300. El 1° de septiembre, sin embargo, GTA acordó con el sindicato reducir esa cifra a 50 despidos en Pinazo.

En los telegramas enviados a esos trabajadores, la empresa invocó "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". Esa medida quedó suspendida de manera transitoria por una conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó la reincorporación de esos 50 empleados junto con otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Esa medida vence esta semana y podría prorrogarse por cinco días hábiles más.

El Juzgado Comercial N°21 asumió de manera provisoria la causa ante la urgencia planteada por GTA. El juez Germán Páez Castañeda ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre y que vencieran después de esa fecha, y dispuso que esos rechazos no sean computados para multas o inhabilitaciones de la cuenta corriente. También autorizó "la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos", y ordenó a las empresas de electricidad y gas no suspender el suministro por deudas anteriores al 9 de septiembre. En tanto, el magistrado no hizo lugar al pedido para que los bancos mantengan abiertas las cuentas de la empresa ni levantó los embargos e inhibiciones ya vigentes, decisión que quedará en manos del juez definitivo, una vez que intervengan el síndico y los acreedores.

Para los trabajadores de Pinazo, la incógnita central sigue siendo la misma: qué pasará con los puestos de trabajo y los salarios adeudados mientras la causa avanza en los tribunales comerciales.

Granja Tres Arroyos SA, la sociedad matriz del Grupo GTA y dueña de la planta Pinazo, en Pilar, presentó formalmente su pedido de concurso preventivo de acreedores. Según pudo saber Pilar de Todos, la medida profundiza la crisis financiera que atraviesa la principal empresa avícola del país.

El expediente quedó caratulado como "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo", bajo el número COM 018558/2026, y tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, Secretaría N° 42, con competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Según el sistema de consulta de causas, la presentación fue pasada a ese juzgado el 8 de septiembre, la secretaría recibió el pase al día siguiente, y el 10 de septiembre se registró el cambio de estado por inicio de demanda. Actualmente la causa figura "en despacho".

La presentación llega una semana después de que Wade SA, otra de las firmas del Grupo GTA, iniciara el mismo camino judicial, tal como había adelantado Pilar de Todos el 9 de septiembre. Wade opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría, y no tiene relación societaria directa con Pinazo, que depende exclusivamente de Granja Tres Arroyos SA. De esta manera, ya son dos las sociedades del Grupo GTA que formalizaron ante la Justicia su intento de reestructurar pasivos. Resta confirmar qué sucederá con Avex SA, la tercera pata societaria del grupo, que hasta el momento no registra una presentación propia.

Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central, al 15 de septiembre de 2026 el grupo integrado por Granja Tres Arroyos, Avex y Wade acumula una exposición total de $160.646 millones, equivalente a US$106,6 millones al tipo de cambio oficial mayorista vigente. La cifra surge de la suma de las deudas bancarias, comerciales y los cheques rechazados informados por cada compañía.

Granja Tres Arroyos concentra la mayor parte del pasivo consolidado, con $156.645 millones (US$103,9 millones). Sin embargo, el grupo intentaba hasta este pedido reestructurar una deuda de más de US$350 millones, cifra que incluye compromisos contemplados en la negociación privada previa que la empresa había sostenido a lo largo del año, sin éxito.

En Pilar, la planta Pinazo, ubicada en La Lonja, viene de un mes de conflicto laboral. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar había girado un pedido de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores, que regía desde el 3 hasta el 30 de ese mes.

El 1 de septiembre, la empresa y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en la planta, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300. Días después, el 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de esos 50 empleados, junto con otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría.

En los telegramas de despido enviados a los trabajadores, Granja Tres Arroyos justificó las desvinculaciones al invocar "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". La compañía atribuyó ese cuadro a una combinación de factores: la gripe aviar y el consecuente cierre de mercados de exportación, la sobreoferta de pollo en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el aumento de los costos.

Ese escenario, sostuvo la empresa, derivó en "un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva". A esos factores sumó contingencias operativas y conflictos colectivos que, según su posición, también repercutieron sobre los niveles de producción y faena.

La compañía afirmó, además, que en los últimos meses había implementado distintas medidas para intentar sostener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Sin embargo, esas alternativas resultaron insuficientes, por lo que avanzó con una reestructuración de la organización y de su dotación de personal.

La conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre sigue vigente y vence esta semana. La medida, que rige por 15 días hábiles, podría ser prorrogada por cinco días hábiles más, por única vez, según lo previsto en la propia resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Con la causa judicial ya abierta, el foco pasa además a la Justicia comercial, que deberá expedirse sobre la apertura formal del concurso y los plazos que tendrá la compañía para presentar su propuesta de pago a los acreedores. Los créditos laborales, salarios e indemnizaciones, tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la empresa no cuenta con fondos suficientes.

Para los trabajadores de Pinazo y del resto de las plantas del grupo, la incógnita sigue siendo la misma de siempre: qué pasará con los puestos de trabajo y con los salarios adeudados mientras el proceso avanza en los tribunales.

Wade SA, la sociedad del grupo Granja Tres Arroyos que administra los activos heredados de la exCresta Roja, se presentó en concurso preventivo de acreedores, en medio de la crisis financiera y operativa que atraviesa todo el conglomerado avícola.

La empresa opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría, y es una de las tres sociedades del grupo junto a Granja Tres Arroyos SA y Avex SA. Las tres firmas fueron contempladas en conjunto dentro de un intento de reestructuración financiera que involucra un pasivo total estimado en US$350,9 millones.

Según pudo confirmar La Nación, la presentación de Wade se da tras meses de cierres y paralizaciones de plantas, salarios atrasados, despidos masivos y una creciente presión judicial de los acreedores.

Pinazo, la planta ubicada en La Lonja, Pilar, no depende de Wade sino de Granja Tres Arroyos SA. Esa sociedad, hasta el cierre de esta nota, todavía no confirmó su propia presentación concursal, aunque distintas fuentes cercanas al grupo anticipan que podría avanzar en esa dirección en los próximos días. Es decir, la convocatoria de Wade no implica, por sí misma, la apertura de un concurso para la empresa que opera en Pilar.

Wade llegó a esta instancia después de enfrentar al menos siete pedidos de quiebra, iniciados por seis acreedores distintos, con reclamos que entre capital e intereses superan los $2.000 millones. Uno de los expedientes corresponde a una ejecución del Banco Credicoop por un pagaré emitido por Wade el 30 de diciembre de 2025 por $250 millones, cuyo capital reclamado quedó en $206,3 millones tras un pago parcial; la causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18, Secretaría N°36. A eso se suman otras cinco ejecuciones comerciales por unos $1.657 millones y una sexta por US$115.000, con un monto procesal total que, sumando intereses y costas, supera los $2.638 millones.

Para encauzar la reestructuración, el grupo deberá reunir al menos US$80 millones de capital de trabajo, mediante una combinación de aportes de inversores, nuevas líneas de crédito, anticipos de clientes y la venta de activos no estratégicos. Entre los bienes que la compañía prevé desprenderse figuran una planta de deshidratados en Zárate, un tambo en Entre Ríos, una cría de porcinos en Bella Vista, la planta Becar y la propia Wade 1, actualmente operativa.

La incertidumbre no se limita a lo judicial. Este mismo miércoles, la Federación de la Alimentación, el gremio Uatre, la Asociación de Trabajadores Molineros y otras organizaciones sindicales se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar la intervención estatal, en un conflicto que —advirtieron— podría afectar a unos 7.000 puestos en distintas provincias, informó La Capital.

En Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial ya había dictado una conciliación obligatoria que ordenó reincorporar a 1.200 trabajadores despedidos: 700 de la planta de Capitán Sarmiento, 450 de Wade 2 en Esteban Echeverría y 50 de Pinazo, en Pilar. La medida rige por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y el Ministerio fijó una nueva audiencia entre Granja Tres Arroyos, Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para este jueves.

Según registros del Banco Central, las sociedades del grupo acumulan 6.682 cheques rechazados por $113.652 millones, a lo que se suma una deuda bancaria cercana a los $3.368 millones.

La situación tiene, además, un antecedente directo: Wade fue la sociedad que Granja Tres Arroyos utilizó para quedarse con los activos de la exCresta Roja. En diciembre de 2018, en el marco del concurso preventivo de Proteinsa SA, la Justicia autorizó esa operación, mediante la cual Wade adquirió bienes que aquella empresa había recibido de la quebrada Rasic Hermanos. Siete años después, es la propia Wade la que quedó formalmente dentro de un proceso concursal.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos y ordenó la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

En Pilar, la medida alcanza a los 50 empleados de la planta Pinazo, en La Lonja, que habían sido desvinculados apenas días atrás, tras un mes completo de suspensiones que afectó a la totalidad del plantel de esa fábrica.

Según confirmó la cartera laboral bonaerense, la conciliación regirá por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y contempla la reincorporación de los despedidos como condición para reabrir la negociación entre las empresas y el sindicato.

El Ministerio de Trabajo fijó además una nueva audiencia entre Granja Tres Arroyos, la firma Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, en la que continuará la discusión sobre la situación de los establecimientos bonaerenses. La empresa propuso la donación de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores despedidos, algo que el gremio rechazó.

No obstante, según pudo saber Pilar de Todos, la empresa analiza presentarse en convocatoria de acreedores en los próximos días. Se trata de un proceso judicial mediante el cual una compañía en dificultades financieras busca reorganizar su situación frente a los acreedores para evitar la quiebra. Los créditos laborales —salarios e indemnizaciones— tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la empresa no cuenta con fondos suficientes. De hecho, Tres Arroyos ya expuso que pretendía abonar el 50% de las indemnizaciones.

El conflicto en Pinazo viene de varias semanas. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar giró un pedido de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores, que regía sin actividad operativa desde el 3 hasta el 30 de ese mes, con pago parcial del salario.

El 21 de agosto, los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora anunciaron la conformación de una mesa conjunta para coordinar acciones frente a la crisis de la empresa en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Diez días después, el 1° de septiembre, la firma y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en Pinazo, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300.

La crisis financiera del grupo también alcanzó a sus dueños. El 2 de septiembre, la Justicia ordenó embargar una vivienda del Highland Park Country Club vinculada a la familia De Grazia, en el marco de una ejecución por $1.795 millones que tramita en un juzgado comercial porteño. De fondo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por US$350,9 millones y acumula, junto con Avex y Wade, 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones.

El secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó los argumentos de la empresa, que atribuye la crisis a la caída de las exportaciones, la gripe aviar y una sobreoferta de pollo en el mercado interno. "Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial", señaló. También cuestionó que exista sobreoferta doméstica: "No es real, el consumo de pollo sigue creciendo", afirmó.

Chamorro apuntó además contra el uso del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la empresa invocó para encuadrar los despidos bajo una situación de fuerza mayor. "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo. En tanto, el gremio reclamó que la empresa entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, algo que, según indicó el STIA, todavía no hizo.

La crisis financiera de Granja Tres Arroyos llegó al patrimonio personal de sus dueños en Pilar: la Justicia ordenó embargar una vivienda del Highland Park Country Club vinculada a la familia De Grazia, en el marco de una ejecución por $1.795 millones que tramita en un juzgado comercial porteño.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, a cargo del juez Gerardo Santicchia, dentro de una ejecución promovida contra Granja Tres Arroyos y sus garantes por $1.194,95 millones, a los que se suman otros $600 millones estimados provisoriamente en concepto de intereses y costas. La orden alcanza a inmuebles a nombre de Joaquín De Grazia, presidente del grupo, o de Elba Elisa De Grazia, siempre que los registros confirmen su titularidad. Además de la propiedad en Highland Park, la lista incluye un departamento y una cochera sobre la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires, y un terreno en Canning. Por ahora, el juzgado no hizo lugar a un pedido de inhibición general de bienes en ese expediente, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo.

Un segundo expediente, radicado en el Juzgado Comercial N°16 a cargo de Diego Manuel Paz Saravia, involucra a Avex SA, otra sociedad del grupo, por una deuda de u$s115.000 más u$s34.500 estimados para intereses y costas. Allí el juez ordenó embargar las unidades de Beiró y el usufructo que Elba Elisa De Grazia posee sobre el inmueble de Highland Park, y dispuso además una inhibición general de bienes sobre Avex y sobre cinco personas vinculadas al grupo: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.

La presión judicial se suma a la crisis operativa que golpea a la planta Pinazo, en La Lonja. Tras un mes de suspensión total del personal, la empresa y el Sindicato de la Alimentación acordaron reducir a 50 los despidos que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores, sobre una dotación de unos 300 empleados. La planta retomaría actividad esta semana, aunque con una dotación reducida y salarios adeudados que en algunos casos suman tres meses.

Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones, con la banca de inversión Valo Columbus como asesora. El grupo enfrenta además cuatro pedidos de quiebra y acumula, junto con Avex y Wade, 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones. Los embargos sobre bienes personales no determinan por sí solos el resultado de la negociación, pero inmovilizan activos y suman restricciones mientras la compañía busca cerrar un acuerdo con proveedores, bancos y organismos fiscales. 

Tras un mes de suspensiones, la situación en la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos, en Pilar, se sigue complejizando.

Es que la firma, tras un acuerdo con el Sindicato de la Alimentación, decidió avanzar en 50 despidos, aunque inicialmente eran 170, es decir, más del 50% del total del plantel, compuesto por unos 300 trabajadores.

La definición se produjo luego de una reunión mantenida el lunes a primera hora entre representantes de la empresa, integrantes de la comisión interna y dirigentes del gremio. Según pudo saber Pilar de Todos a través de trabajadores de la planta, durante el encuentro se comunicó que la cantidad de despidos finalmente se reduciría a 50.

“Había 170 telegramas, supuestamente, pero el gremio se sentó con los dueños y llegó a un acuerdo para que despidan a 50 personas nada más”, relató uno de los trabajadores consultados por este medio.

El empleado explicó que la reunión se realizó en momentos en que finalizaba el período de suspensión que había afectado durante agosto a la totalidad del personal de Pinazo.

“Ayer (31 de agosto) terminaba el plazo del mes que estábamos suspendidos. Tuvimos una reunión a las 6 de la mañana con la comisión interna, que son los delegados, y con la gente del sindicato”, señaló.

A partir del acuerdo, los telegramas de despido comenzaron a ser esperados entre el lunes y este martes. Los trabajadores aguardaban así conocer quiénes quedarían fuera de la empresa y quiénes continuarían vinculados a la planta.

Según indicaron trabajadores de la planta Pinazo, quienes no reciban la comunicación deberán presentarse nuevamente a trabajar a partir del jueves, cuando está previsto que la planta retome la actividad.

Pero además, Pilar de Todos pudo saber que se habría puesto otra opción sobre la mesa: de no aceptarse las cesantías, la planta podría haber caído en otro largo período de suspensiones e incluso en el cierre.

La vuelta a la producción también implicaría dejar atrás el esquema de suspensiones y reducción de jornadas que venía aplicándose sobre el personal, e incluso el pago de sueldos adeudados, que en algunos casos representan tres meses.

“No van a recortar la semana como venían haciendo. Nosotros teníamos dos días suspendidos y ahora va a arrancar la faena de lunes a viernes, nueve horas”, detalló otro de los empleados consultados por Pilar de Todos.

De esta manera, la eventual reapertura de Pinazo se produciría con una reducción de la dotación de trabajadores, pero con la expectativa de recuperar un esquema de actividad normal.

La situación se da en el marco de la crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos, que en los últimos meses implementó distintas medidas para reducir costos y afrontar sus dificultades financieras en todas las plantas que administra, es decir además de la de Pilar, también la de Capitán Sarmiento y las que tiene en Entre Ríos. En el caso de Pinazo, la decisión más reciente había sido suspender durante todo agosto a la totalidad de los trabajadores.

En las últimas semanas, la compañía profundizó su proceso de reestructuración y redujo fuertemente sus niveles de producción. Según información difundida durante agosto, la empresa pasó de faenar hasta unas 760.000 aves diarias a alrededor de 200.000, en un contexto de caída de las exportaciones, sobreoferta interna y dificultades financieras. La compañía negocia además la reestructuración de un pasivo estimado en unos US$350,9 millones.

Uno de los focos más graves del conflicto se encuentra en Entre Ríos. Allí, la empresa confirmó los despidos de unos 270 trabajadores de la planta La China, ubicada en Concepción del Uruguay, que permanecía paralizada desde mayo. El conflicto generó una fuerte reacción sindical y la intervención del Gobierno provincial.

En paralelo, la crisis alcanzó a la planta de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. Allí, la empresa dispuso la paralización de las actividades “hasta nuevo aviso” y pidió a los trabajadores que no se presentaran a cumplir tareas, una decisión que generó temor entre los empleados ante la posibilidad de un cierre definitivo.

La situación de Capitán Sarmiento se produjo apenas días después de que la crisis de la compañía llevara a los gobiernos de tres provincias a coordinar acciones.

El impacto de la crisis llevó a los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Martín Llaryora, de Córdoba, a acordar la conformación de una mesa de trabajo conjunta para abordar la situación de la empresa.

La decisión fue anunciada el 20 de agosto y tiene como objetivo coordinar respuestas frente al impacto de los cierres, suspensiones y despidos en las tres provincias.

La dimensión del conflicto excede así a una sola planta: además de Pinazo, en Pilar, la crisis afecta a otras instalaciones bonaerenses, entre ellas Wade II/CEISA, en Esteban Echeverría, y Wade I, en Ezeiza; a la planta Avex de Río Cuarto, en Córdoba; y a las instalaciones de Entre Ríos.

El conflicto entrerriano también derivó en reclamos por la modalidad de las indemnizaciones. La empresa había invocado el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una indemnización reducida en determinadas situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador.

En ese escenario nacional se inscribe ahora la situación de Pinazo. Tras el mes de suspensiones que alcanzó a la totalidad de sus trabajadores, la planta se encamina a retomar la actividad este jueves, pero con una reducción de su dotación.

La atención estará puesta durante las próximas horas en la llegada efectiva de los telegramas a los trabajadores de Pilar y en la reincorporación del personal que continúe en la empresa. Si se cumple lo acordado entre el sindicato y la compañía, la faena volverá a comenzar con unos 50 trabajadores menos que antes de la suspensión.

Los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora conformarán una mesa de trabajo conjunta para coordinar acciones frente a la crisis de Granja Tres Arroyos, que mantiene plantas paralizadas y afecta a cientos de trabajadores en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, según confirmó el gobierno entrerriano.

En Pilar, la crisis golpea directamente a la planta de Pinazo, donde la empresa dispuso la suspensión total de la actividad durante todo agosto, sin tareas operativas ni de faena, en una medida que afecta a unos 300 trabajadores.

Tal como informó Pilar de Todos semanas atrás la suspensión fue pactada con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) con goce parcial de sueldo, equivalente al 65% del salario, para evitar un esquema más gravoso como el aplicado en otra planta del mismo grupo. A esa reducción se suma una deuda previa que, según trabajadores consultados por este medio, ya superaba los dos meses de sueldo, más el aguinaldo pendiente al momento de las suspensiones.

La situación motivó además un pedido formal de informes del Concejo Deliberante de Pilar al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, impulsado por el bloque Fuerza Patria, que advirtió que la caída de ingresos "repercute no sólo sobre la economía de cada hogar, sino también sobre el comercio, los servicios y la actividad económica del distrito".

El comunicado del gobierno de Entre Ríos precisó que "el abordaje de la situación también contempla la dimensión nacional del conflicto" y anunció que "Entre Ríos avanzará junto a Córdoba y Buenos Aires en la conformación de una mesa de trabajo entre los gobernadores y sus equipos, con el objetivo de coordinar acciones frente a una crisis que afecta a trabajadores y plantas de Granja Tres Arroyos en las tres provincias".

En Entre Ríos, la planta La China, en Concepción del Uruguay, permanece sin actividad normal desde fines de mayo, con más de 900 trabajadores afectados, tras lo cual el gobierno provincial dictó una conciliación obligatoria que obligó a la empresa a retrotraer despidos recientes. En Córdoba, la planta Avex, en Río Cuarto, atraviesa una paralización que golpea a unos 350 trabajadores.

De fondo, Granja Tres Arroyos negocia una reestructuración de su pasivo, estimado en US$350,9 millones, con quitas de hasta el 75%, plazos de hasta siete años y la búsqueda de nuevos inversores. La compañía atribuyó parte de la crisis a la caída de las exportaciones tras los brotes de gripe aviar registrados en el país, que restringieron el acceso a mercados externos y derivaron en una sobreoferta interna con precios a la baja.

La conformación de la mesa interprovincial marca un salto de escala para un conflicto que, hasta ahora, cada distrito venía gestionando por separado. En el caso de Pilar, los problemas en la planta Pinazo comenzaron a fines de 2024, con demora en el pago de salarios y aguinaldos, suspensiones, adelanto de vacaciones y paritarias por debajo de la inflación, señalaron en su momento los trabajadores a este diario digital, lo que motivó a que los trabajadores realicen diversas medidas de fuerza.

El Concejo Deliberante de Pilar giró un pedido formal de informes al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por la suspensión de unos 300 trabajadores de Granja Tres Arroyos, según un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria.

A fines de julio la empresa tomó la decisión de suspender toda la actividad en su planta de Pinazo durante agosto, medida acordada con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y que incluyó el pago parcial de los salarios.

El proyecto expresa la preocupación de los ediles del oficialismo por una medida que, sostienen, afecta de manera directa a alrededor de 300 familias del distrito.

Según el texto de resolusión aprobado en la sesión de ayer, la caída de ingresos de los trabajadores "repercute no sólo sobre la economía de cada hogar, sino también sobre el comercio, los servicios y la actividad económica del distrito".

Desde Fuerza Patria remarcaron además que la preservación del empleo es una prioridad para el desarrollo económico y social de Pilar, y que el Concejo "no puede permanecer ajeno ante situaciones que comprometen el empleo y la producción local", al tratarse de una cuestión de interés público para toda la comunidad.

El artículo central del proyecto solicita a las dos carteras laborales que informen las acciones de seguimiento, fiscalización y conciliación que estén llevando adelante respecto de la situación de los trabajadores de la planta de Pinazo.

La medida que originó el proyecto había sido comunicada por la empresa a fines de julio y rige desde el 3 hasta el 30 de agosto, sin actividad operativa ni de faena en la planta. Los trabajadores, explicaron a Pilar de Todos, percibirán durante ese período un porcentaje del salario, en un esquema pactado con el sindicato para evitar una alternativa más gravosa, como la que se había aplicado en otra planta del mismo grupo empresario.

Además de la suspensión, la empresa arrastra una deuda salarial que, según trabajadores consultados por este medio, ya supera los dos meses, a lo que se suma el aguinaldo pendiente. El conflicto de fondo se remonta a fines de 2024, cuando la firma inició un procedimiento preventivo de crisis vinculado a la caída de las exportaciones tras el cierre del mercado chino por un brote de gripe aviar.

El proyecto dispone además que se remita copia del texto al Ministerio de Trabajo bonaerense, a la Secretaría de Trabajo nacional, al STIA y a la propia empresa Granja Tres Arroyos, de manera que las cuatro partes involucradas en el conflicto tomen conocimiento formal de la postura del Concejo Deliberante.

Granja Tres Arroyos comunicó a su personal de la Planta de Pinzo en Pilar que suspenderá toda la jornada laboral durante el mes de agosto, una medida que afecta a unos 300 trabajadores y que, según pudo saber Pilar de Todos, fue pactada con goce parcial de sueldo tras una negociación con el sindicato de STIA.

De acuerdo a un comunicado interno al que tuvo acceso Pilar de Todos, la medida regirá "desde el lunes 3 de agosto y hasta el domingo 30 de agosto de 2026, inclusive", período durante el cual "no se desarrollarán actividades operativas ni de faena".

El documento agrega que "el personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por la Jefatura de Planta o por el área de Recursos Humanos, circunstancia que será comunicada por los canales habituales", y que las operaciones "se reanudarán conforme a la programación operativa que oportunamente será informada".

Trabajadores consultados por Pilar de Todos explicaron que la decisión se definió en una asamblea gremial y que la suspensión será con goce de sueldo, con un pago equivalente al 65% del salario. Según relataron, la medida busca evitar un escenario más gravoso: "en la planta de Cresta Roja, que pertenece también al grupo GTA, que son los mismos dueños, le dieron vacaciones forzadas a la gente", señalaron, y agregaron que "para evitar eso, se tomó la decisión de llegar a un acuerdo; la suspensión con goce de sueldo".

En paralelo al esquema de suspensión, los trabajadores mantienen un reclamo salarial que se agrava mes a mes. Según indicaron, la empresa adeuda "2 meses de sueldo", a lo que se suma el aguinaldo pendiente de pago. El esquema de pagos, además, se da en cuotas irregulares: una por semana, con semanas en las que directamente no hay desembolso.

La medida marca un salto respecto al esquema vigente desde abril, cuando la empresa había suspendido de forma rotativa a 200 operarios, con esquemas de trabajo reducido. Ahora la afectación es total: de toda la planta, solo continúan en actividad 5 personas del área de Recursos Humanos y 2 empleados del kiosco de la granja.

La crisis en Granja Tres Arroyos se arrastra desde fines de 2024, cuando la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis vinculado a la caída de las exportaciones —golpeadas desde 2023 por el cierre del mercado chino tras un brote de gripe aviar— y a dificultades productivas.

Trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos de Pilar iniciaron un paro de actividades en medio del conflicto que atraviesa la empresa, esta vez vinculado a la falta de pago de salarios.

La medida de fuerza, según pudo saber este medio, está relacionada con el incumplimiento en el pago de haberes a los operarios de la planta ubicada en Pinazo, La Lonja. En concreto se adeudarían dos quincenas, la que deberían cancelarse el 5 y el 20 de este mes de mayo.

“Granja Tres Arroyos, necesitamos el sueldo”, expresó uno de los trabajadores en medio de la protesta. Desde temprano, los trabajadores se manifiestan en la puerta de la planta, donde prendieron fuego neumáticos y se mantienen expectantes.

"Ya llevamos una quincena completa sin cobrar y nos falta cobrar un 60% de otra. Lo que necesitamos es una respuesta urgente de parte de la empresa y que pague lo adeudado porque el estómago aprieta y la gente ya no tiene para dejar sustento en sus casas para poder alimentar a sus familias", explicó el delegado de los trabajadores, David Segovia, a Resumen, quien agregó que la deuda por cada empleado sería de 1 millón 300 mil pesos.

El nuevo escenario se da semanas después de que la empresa avanzara con suspensiones y esquemas de trabajo escalonado en el marco de una crisis económica y productiva que afecta a la firma.

En abril, la compañía había suspendido a 200 trabajadores y advertido sobre dificultades financieras vinculadas a la caída de exportaciones y problemas operativos.

Sin embargo, lejos de normalizarse, el conflicto sumó ahora un nuevo punto de tensión: el reclamo por salarios impagos, que de hecho eran abonados en hasta 4 o 5 cuotas, informaron trabajadores a Pilar de Todos.

Los problemas en la empresa no son nuevos. Se arrastran desde diciembre de 2024, cuando presentó un preventivo de crisis debido a cuestiones financieras.

En ese marco, los trabajadores denunciaron que los salarios, tanto los mensuales como los quincenales, comenzaron a pagarse en cuotas, además de afrontar paritarias siempre por debajo de la inflación, según aseguraron.

“Hemos llegado a perder hasta 18 puntos de la paritaria. Muchos compañeros prefieren eso antes de quedarse sin trabajo”, señalaban algunos operarios a este diario digital en medio del conflicto.

Segunda actualización

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La avícola Granja Tres Arroyos profundizó su ajuste en la planta de La Lonja con la suspensión de unos 200 operarios, en el marco de un conflicto laboral que arrastra desde fines de 2024 y que vuelve a escalar.

Según indicaron trabajadores, la medida se extenderá por seis meses y no implica un freno total de la actividad, sino la aplicación de un esquema reducido: los empleados cumplirán tareas solo algunos días a la semana y el resto de las jornadas serán liquidadas con recortes salariales.

El impacto directo es una caída en los ingresos, en un contexto donde ya se venían acumulando atrasos y pagos fragmentados.

“Desde hace varios meses que la empresa paga cuando quiere. Ahora avanzan con más recortes. Es esto o quedarnos sin trabajo”, lamentó uno de los empleados en diálogo con Pilar de Todos.

La situación actual tiene como antecedente el procedimiento preventivo de crisis que la empresa puso en marcha hacia fines del año 2024. Ese esquema habilitó a la firma a abonar los sueldos en cuotas, tanto mensuales como quincenales, en algunos casos hasta en cuatro o cinco tramos.

En paralelo, los trabajadores denunciaron demoras reiteradas en los pagos y la falta de un cronograma claro, lo que derivó en distintas medidas de fuerza.

Durante varios meses se registraron paralizaciones parciales de la planta, con interrupciones de la producción por algunas horas en diferentes jornadas.

A ese cuadro se sumó el reclamo por las negociaciones salariales. De acuerdo a los operarios, las paritarias quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que generó una pérdida del poder adquisitivo estimada en al menos 15 puntos reales.

El deterioro económico de la compañía se vincula con un proceso más amplio que afecta al sector avícola. Uno de los golpes más fuertes ocurrió en 2023, con el cierre del mercado chino a raíz de la gripe aviar, lo que redujo significativamente las exportaciones y provocó pérdidas millonarias.

En ese contexto, la empresa avanzó con un reordenamiento de su estructura productiva, que incluyó el cierre de plantas que tiene en Entre Ríos, traslados de personal y la implementación de esquemas de trabajo más “flexibles” para reducir costos.

Durante 2025, el ajuste también se reflejó en el empleo: decenas de trabajadores dejaron la firma mediante despidos, retiros voluntarios y acuerdos, en el marco del mismo procedimiento de crisis.

Pese a las restricciones, no todas las áreas están alcanzadas por las suspensiones. Algunos sectores específicos continúan funcionando con relativa normalidad, indicaron los operarios.

Trabajadores de la Granja Avícola Tres Arroyos ubicada en Pilar volvieron a realizar una medida de fuerza por salarios impagos, un conflicto que desde hace más de un año se repite de manera intermitente en el establecimiento.

La protesta se produjo en la planta situada en el barrio Pinazo, en la localidad de Del Viso, donde los operarios decidieron detener las actividades durante varias horas luego de que se registraran demoras en el pago de una de las cuotas de la quincena.

Según pudo saber Pilar de Todos, la empresa viene abonando los haberes en hasta cinco cuotas, una modalidad que se mantiene desde hace varios meses debido a las dificultades económicas que atraviesa la firma. De hecho, este diario digital pudo saber que aunque no de manera masiva, a lo largo del conflicto que ya lleva varios meses se registraron algunos despidos.

En ese marco, la quincena que debía cancelarse en los últimos días comenzó a presentar retrasos, lo que generó malestar entre los trabajadores y derivó en la paralización temporal de la producción dentro del establecimiento.

No obstante, con el correr de las horas los operarios retomaron las tareas, aunque decidieron mantenerse en estado de alerta ante la posibilidad de que las cuotas restantes no sean abonadas en tiempo y forma.

La situación en la planta avícola se remonta a diciembre de 2024, cuando la empresa comenzó a evidenciar serias complicaciones económicas.

Desde entonces, según vienen denunciando los trabajadores, el escenario se tradujo en demoras en el pago de salarios, sueldos abonados en varias cuotas y actualizaciones salariales que quedaron por debajo de la inflación.

En ese contexto, el establecimiento de Pilar atravesó distintos episodios de tensión laboral, con medidas de fuerza que se repiten cada vez que se registran atrasos en los pagos o incumplimientos en los compromisos asumidos con el personal.