El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó la inauguración de un nuevo espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos en el ex centro clandestino de detención (CCD) “La Cacha”, en la ciudad de La Plata, en un acto en el que apuntó contra el “negacionismo” del Gobierno nacional de Javier Milei.

Kicillof participó de la actividad junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; al intendente local, Julio Alak; al subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y a la madre de Plaza de Mayo,  .

“Este espacio de memoria requirió un trabajo arqueológico muy importante, ya que gran parte de este ex centro clandestino de detención había sido demolido para esconder los crímenes que se llevaron a cabo en él”, señaló Kicillof. Y agregó: “La idea de los genocidas fue asesinar y ocultar los restos: hubo un pacto de silencio para desaparecer también las pruebas y la historia”.

La obra incluyó pasarelas y techados y fue realizada con el objetivo de conservar los restos de las estructuras recuperadas mediante los trabajos de excavación arqueológica que llevó a cabo el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Asimismo, se contempló la preservación de las arboledas lindantes al predio, ya que forman parte del paisaje que fue reconocido por las y los sobrevivientes.

“En este momento tan difícil para nuestro país, esta inauguración tiene un valor aún mayor: demuestra que las obras son también para construir espacios de enseñanza y de historia”, expresó el Gobernador. Y subrayó: “Estamos acá para dar respuestas, mostrar resultados y cumplir con nuestro mandato popular: mientras a nivel nacional campea el negacionismo, en la provincia de Buenos Aires subsiste y florece la memoria”.

En ese sentido, Mena anunció: “Esta mañana firmé una resolución que instruye la incorporación en la currícula de manera obligatoria, para todo aspirante al Servicio Penitenciario Bonaerense, la visita y la capacitación en este espacio de memoria, porque no puede haber ningún integrante de la fuerza que no conozca los crímenes que se han cometido”.

La inauguración se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley Provincial N°13.584, que establece la necesidad de preservar los sitios que funcionaron como CCD durante la última dictadura. “La Cacha” funcionó desde los últimos meses de 1976 hasta finales de 1978, dentro del predio del Complejo Penitenciario Lisandro Olmos. Allí estuvieron detenidas ilegalmente más de 250 personas.

“Estamos pasando momentos difíciles en nuestro país y, sin embargo, tenemos la fuerza de saber que todas y todos los argentinos debemos estar unidos: vamos a seguir luchando para que la verdad, la memoria y la justicia sean una realidad”, afirmó Estela de Carlotto.

Por su parte, Alak explicó: “Esta inauguración no es un hecho aislado, sino resultado de una política de promoción y capacitación sobre la importancia de estos sitios históricos que ya forman parte de la reparación y la memoria de nuestra ciudad”.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; la directora de Sitios y Espacios de Memoria en Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Battistiol; los dirigentes y referentes de los derechos humanos Remo Carlotto, Miguel Carlotto y Horacio Pietragalla; el ex juez Carlos Rozanski, sobrevivientes y familiares de personas que estuvieron detenidas en La Cacha. (DIB)

En el marco del Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el Art. 53 de la Constitución Nacional, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside la diputada nacional Carolina Gaillard (FdT), realizó hoy una reunión con diversas declaraciones.Durante la jornada, se recibieron testimoniales relacionados al fallo 2x1, que dictó en 2017 la Corte Suprema de Justicia y que benefició al represor Luis Muiña. Una de ellas, fue la palabra del ex ministro de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Germán Garavano. También, dieron su testimonio la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia.

La hipótesis de investigación de la Comisión es que habría habido un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y algunos integrantes de la Corte para beneficiar a los represores, a través del 2x1.En primer término, expuso Estela de Carlotto, quien leyó un documento en representación de Abuelas de Plaza de Mayo. En un fragmento del mismo, se refirió al caso Muiña al afirmar que “el fallo desnudó un profundo cinismo por parte de los magistrados, ya que el resultado que propugnaron lo adscribieron al retraso de la tramitación de las causas”. Al respecto, sentenció: “Fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia”.“Subestimaron al pueblo organizado y a la reacción de este Parlamento que, en tiempo récord, aprobó la ley interpretativa consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente”, enfatizó. Para finalizar, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo dejó una reflexión: “No hay enemistad, hay diferencia. Las diferencias nos diferencian, no nos hacen enemigos”.Luego, fue el turno del ex ministro Germán Garavano, quien señaló que “por muchos de los hechos que incluyen los expedientes que se mencionan, yo he sido falsamente denunciado en sede penal”.En esa línea, negó haber negociado un fallo con miembros de la Corte Suprema, aclaró que le “produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político” y que le “afecta personalmente en términos de mis preocupaciones de las instituciones de nuestro país”.En otro orden, el ex funcionario reclamó por “el tono acusatorio” de algunas preguntas de los diputados del oficialismo. Posteriormente, la periodista Silvana Boschi fue consultada acerca de sus publicaciones, donde se relata una versión acerca de la intervención de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo a favor de detenidos por crímenes de lesa humanidad.Asimismo, la periodista Irina Hauser también fue interrogada por su trabajo periodístico judicial. Hauser ratificó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con -el juez de la Corte- Carlos Rosenkrantz” y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017.El interrogatorio de la Comisión también alcanzó a la periodista Luciana Bertoia, consultada acerca de la orientación en derechos humanos de la Corte Suprema en la previa del fallo del 2x1; al periodista Ignacio Miri acerca de sus publicaciones sobre la jueza Elena Highton de Nolasco, habilitada a permanecer en la Corte más allá de los 75 años; y al periodista Martín Granovsky, quien explicó que “la Corte ya venía preparando el terreno” para el fallo que benefició al represor Luis Muiña.Al inicio de la reunión de la Comisión, por solicitud de los legisladores del Frente de Todos se aprobó la ampliación de prueba acerca de las supuestas irregularidades reveladas en la obra social del Poder Judicial, siendo una de las causas que se incluyen en el Juicio Político que se viene llevando a cabo contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.