El mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires mostró signos de amesetamiento durante el segundo cuatrimestre de 2026. Según datos del Colegio de Escribanos analizados por la Agencia DIB, se realizaron 44.180 ventas de inmuebles, lo que representa una caída del 11,3% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se concretaron 49.784 operaciones.

A pesar de este descenso interanual, el sector registró una recuperación del 25% frente al primer cuatrimestre de este año, un período que había comenzado con un ritmo de ventas más bajo, alcanzando las 35.265 operaciones. El cierre del cuatrimestre en agosto contabilizó 12.233 compraventas, cifra que refleja un descenso interanual del 6% y una leve suba del 0,5% respecto a julio, informò DIB.

“Ambos indicadores continúan por debajo de los valores registrados en el mismo período del año pasado, por lo que debemos seguir analizando la evolución del mercado con prudencia. Será importante observar en los próximos meses cómo evolucionan el crédito hipotecario y la confianza general del mercado e inversores, que es lo que puede fortalecer el dinamismo del sector”, expuso el presidente del Colegio, Guillermo Longhi.

El escenario actual está marcado por la competencia de tasas bancarias y la reciente licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El gobierno adjudicó 200.000 millones de pesos entre 13 entidades para fomentar créditos hipotecarios destinados a la primera vivienda. Estos préstamos cuentan con un plazo mínimo de 15 años, un tope de 150.000 UVA y una tasa máxima del 7,5%.

A pesar de estas medidas, el impacto en el mercado aún no se refleja en las cifras. En el período comprendido entre mayo y agosto, se registraron 5.215 operaciones con hipotecas, lo que significó una caída del 37,8% en comparación con el mismo cuatrimestre del año anterior.

La morosidad en las familias argentinas volvió a experimentar una suba durante el mes de julio, revirtiendo la tendencia de estabilidad observada en junio. Según el informe sobre bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el indicador de atrasos de pago en las deudas familiares se ubicó en 12,9%, lo que representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Este registro marca el nivel más alto en más de 20 años y refleja las dificultades que atraviesa el consumo. Al realizar la comparación interanual, el indicador más que se duplicó, pasando del 5,6% al actual 12,9%, lo que implica una suba de 7,3 puntos porcentuales.

El reporte de la autoridad monetaria también analizó el comportamiento del sector privado en su conjunto. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió 0,1 puntos porcentuales hasta el 7,7%. El Banco Central sostuvo que este incremento estuvo explicado por "una disminución del saldo real de financiamiento total (denominador del ratio) y un aumento real (que viene desacelerándose) de la cartera en situación irregular (numerador)".

En el caso de las empresas, la morosidad en los préstamos se ubicó en 3,6%, registrando también un alza de 0,1 puntos porcentuales en comparación con junio. Por otro lado, la probabilidad de que no se paguen las deudas cayó 0,2 puntos porcentuales hasta el 2,4% en el nivel general. Al distinguir por tipo de deudor, la probabilidad de default estimada de las familias se ubicó en 3,9%, mientras que la correspondiente a las empresas se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,1%.

Granja Tres Arroyos (GTA), la empresa dueña de la planta Pinazo, en La Lonja, Pilar, declaró ante la Justicia comercial un pasivo contable de $536.000 millones al cierre de 2025 y reconoció haber entrado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. La cifra surge de la presentación de su concurso preventivo de acreedores.

El pasivo declarado, equivalente a unos US$350 millones al tipo de cambio oficial, es muy superior a los $160.646 millones que la Central de Deudores del Banco Central le atribuía al Grupo GTA (GTA, Wade y Avex combinadas) al 15 de septiembre: esa cifra reflejaba solo deuda bancaria, comercial y cheques rechazados, mientras que el nuevo número incluye la totalidad del pasivo contable, con activos por $760.000 millones y un patrimonio neto que cayó de $341.000 millones a $224.000 millones en un año.

La presentación fue realizada en el expediente COM 018558/2026, caratulado "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo", que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. GTA pidió que el trámite se desarrolle en conjunto con Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, identificadas como integrantes del "Grupo GTA", y en forma subsidiaria solicitó la apertura de un concurso individual si ese planteo no prospera. La empresa declaró más de 4.800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos. Según la documentación presentada, "HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos", mientras que el resto corresponde a accionistas minoritarios de la familia fundadora.

La composición del pasivo muestra que los principales compromisos corresponden a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A eso se suman $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, y $32.000 millones en obligaciones fiscales. Los "Resultados No Asignados" pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un déficit proyectado de $122.052 millones para el cierre de 2025. En el expediente, GTA atribuyó la crisis a "el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra".

La planta pilarense, ubicada en La Lonja, venía de años conflictivos: desde diciembre de 2024 la empresa había comenzado a tener serios problemas para afrontar el pago de salarios en tiempo y forma, lo que motivó distintas protestas de los trabajadores. Esa tensión escaló en agosto de este año, cuando la planta dejó de operar y sus trabajadores permanecieron suspendidos durante todo el mes.

Frente a ese cuadro crítico, la empresa avanzó con una serie de despidos que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300. El 1° de septiembre, sin embargo, GTA acordó con el sindicato reducir esa cifra a 50 despidos en Pinazo.

En los telegramas enviados a esos trabajadores, la empresa invocó "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". Esa medida quedó suspendida de manera transitoria por una conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó la reincorporación de esos 50 empleados junto con otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Esa medida vence esta semana y podría prorrogarse por cinco días hábiles más.

El Juzgado Comercial N°21 asumió de manera provisoria la causa ante la urgencia planteada por GTA. El juez Germán Páez Castañeda ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre y que vencieran después de esa fecha, y dispuso que esos rechazos no sean computados para multas o inhabilitaciones de la cuenta corriente. También autorizó "la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos", y ordenó a las empresas de electricidad y gas no suspender el suministro por deudas anteriores al 9 de septiembre. En tanto, el magistrado no hizo lugar al pedido para que los bancos mantengan abiertas las cuentas de la empresa ni levantó los embargos e inhibiciones ya vigentes, decisión que quedará en manos del juez definitivo, una vez que intervengan el síndico y los acreedores.

Para los trabajadores de Pinazo, la incógnita central sigue siendo la misma: qué pasará con los puestos de trabajo y los salarios adeudados mientras la causa avanza en los tribunales comerciales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes el acuerdo con las empresas concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para mantener suspendida durante 90 días, hasta mediados de octubre, la aplicación del nuevo valor de la tarifa básica del servicio.

La medida alcanza al semestre que comenzó el 16 de julio y establece que la suspensión se extenderá hasta el 14 de octubre de 2026. En la segunda parte del año, de acuerdo a lo que estaba previsto, la tarifa debería subir un 17%,

La decisión fue formalizada por el Ministerio de Transporte bonaerense mediante una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, que aprobó el Acta Acuerdo firmada entre la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular y los representantes de las empresas concesionarias.

La tarifa básica corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y, de acuerdo con el esquema establecido por la Provincia, se calcula en función del salario básico de los trabajadores del sector. La normativa dispone que el valor debe actualizarse semestralmente de acuerdo con la variación de ese salario.

La última actualización había sido establecida a fines de 2025 y fijó, desde el 16 de enero de 2026, una tarifa básica de $97.057,65, IVA incluido. Para el semestre iniciado el 16 de julio, las empresas concesionarias habían solicitado llevar la tarifa básica a $114.105,99, en función del acuerdo salarial firmado entre SMATA y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA).

Sin embargo, la aplicación del nuevo valor fue postergada por acuerdo entre la Provincia y las concesionarias. Según consta en la resolución, la decisión respondió a la situación de ajuste general de la economía y tuvo como objetivo evitar un impacto negativo sobre los usuarios.

La medida se refiere específicamente a la tarifa básica utilizada como referencia para los vehículos de hasta 2.500 kilos y no modifica el sistema general de Verificación Técnica Vehicular, que continúa siendo obligatorio para los vehículos matriculados en la provincia de Buenos Aires.

Los otros valores de VTV, desde ya, también estarán congelados. El costo actual para las motos es de $38.801,03; mientras que para vehículos pesados (más de 2.500 kg) $174.604,64. En tanto, remolques y acoplados livianos abonarán $58.201,54 y los remolques y acoplados pesados un total de $87.302,33.

Fuente: Agencia DIB

La tasa de desempleo llegó al 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2026, según informó el INDEC, el nivel más alto desde 2021. El dato llegó acompañado de una suba de la informalidad laboral y de un aumento de la cantidad de personas que salieron a buscar trabajo.

La tasa de actividad, que mide a la población económicamente activa sobre el total de habitantes, se ubicó en 48,9% entre abril y junio, con una suba interanual de 0,8 puntos porcentuales que el organismo consideró estadísticamente significativa. La tasa de empleo, en tanto, llegó al 45%.

Pese al salto en el desempleo —que subió 0,3 puntos respecto del mismo trimestre de 2025 y 0,1 puntos frente al primer trimestre de este año—, el INDEC aclaró que tanto la tasa de empleo como la de desocupación no mostraron variaciones estadísticamente significativas en la comparación interanual.

El deterioro de las condiciones laborales fue uno de los datos centrales del informe. La informalidad aumentó un punto porcentual frente al mismo período de 2025, una variación que el organismo sí consideró significativa.

Dentro del universo de trabajadores informales también cambió la composición interna: la participación de quienes trabajan por cuenta propia pasó del 34,3% al 37,3%, una suba de tres puntos porcentuales en apenas un año.

La foto laboral no fue pareja en todo el territorio. En los aglomerados urbanos del interior, la desocupación trepó 1,3 puntos y llegó al 7,6%, mientras que la subocupación demandante —quienes trabajan menos horas de las que quieren y buscan trabajar más— creció 0,9 puntos hasta el 9,1%.

El segundo trimestre de 2026 deja así un mercado laboral con más gente participando activamente, pero también con más desempleo e informalidad, y con un deterioro más marcado fuera de los grandes centros urbanos.

La inflación mayorista cortó en agosto la racha de desaceleración que venía mostrando desde mayo y trepó a 2,1%, un salto explicado en gran medida por el fuerte incremento en los valores de la energía. El resultado contrastó con el 0,8% registrado en julio, cifra que el Gobierno de Javier Milei había celebrado como una señal de desinflación.

El alza de agosto se compuso de un aumento de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los importados. En la medición interanual, los precios mayoristas avanzaron 29,8%, mientras que en lo que va del año acumulan una suba de 19,1%.

Aunque suele compararse con la inflación minorista —que en agosto fue de 1,7%—, la canasta que releva el índice mayorista incluye solo bienes, mientras que el IPC combina bienes y servicios medidos a nivel de consumidor final, según precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló en su cuenta de X que los productos primarios treparon 4,6% por la suba de 8% en petróleo crudo y gas, ya que "la incidencia en el mes de la suba en productos primarios fue de 0,98 puntos porcentuales, de los cuales 0,71 p.p. correspondieron a petróleo y gas", señaló. También se refirió a los productos manufacturados, que subieron 1,3%, la menor suba para un mes de agosto desde 2016.

El economista de la Fundación Libertad, Facundo Beltramone, sostuvo a DIB que la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) está particularmente vinculada a la dinámica de los bienes transables —el tipo de cambio, los precios internacionales de las materias primas y la energía, y el costo de los productos importados—, que inciden de manera directa sobre el índice. Sobre agosto, precisó que combinó "una suba moderada del dólar con un fuerte incremento del petróleo internacional, lo que ayuda a explicar por qué la presión mayorista se concentró especialmente en los componentes energéticos", detalló.

En tanto, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, señaló que el precio del petróleo fue clave tanto en julio como en agosto: había caído 9% el mes anterior y subió 8% en el último relevamiento.

Por su parte, el director de Analytica, Claudio Caprarulo, sostuvo que la aceleración de los precios mayoristas estuvo dentro de los parámetros esperados y coincidió en que se explicó principalmente por el aumento de los productos primarios, en particular del petróleo y el gas. Dentro de los manufacturados, destacó que alimentos y bebidas mantienen un ritmo de aumento del 1,4%, una categoría clave para seguir la evolución de la inflación minorista.

Granja Tres Arroyos SA, la sociedad matriz del Grupo GTA y dueña de la planta Pinazo, en Pilar, presentó formalmente su pedido de concurso preventivo de acreedores. Según pudo saber Pilar de Todos, la medida profundiza la crisis financiera que atraviesa la principal empresa avícola del país.

El expediente quedó caratulado como "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo", bajo el número COM 018558/2026, y tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, Secretaría N° 42, con competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Según el sistema de consulta de causas, la presentación fue pasada a ese juzgado el 8 de septiembre, la secretaría recibió el pase al día siguiente, y el 10 de septiembre se registró el cambio de estado por inicio de demanda. Actualmente la causa figura "en despacho".

La presentación llega una semana después de que Wade SA, otra de las firmas del Grupo GTA, iniciara el mismo camino judicial, tal como había adelantado Pilar de Todos el 9 de septiembre. Wade opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría, y no tiene relación societaria directa con Pinazo, que depende exclusivamente de Granja Tres Arroyos SA. De esta manera, ya son dos las sociedades del Grupo GTA que formalizaron ante la Justicia su intento de reestructurar pasivos. Resta confirmar qué sucederá con Avex SA, la tercera pata societaria del grupo, que hasta el momento no registra una presentación propia.

Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central, al 15 de septiembre de 2026 el grupo integrado por Granja Tres Arroyos, Avex y Wade acumula una exposición total de $160.646 millones, equivalente a US$106,6 millones al tipo de cambio oficial mayorista vigente. La cifra surge de la suma de las deudas bancarias, comerciales y los cheques rechazados informados por cada compañía.

Granja Tres Arroyos concentra la mayor parte del pasivo consolidado, con $156.645 millones (US$103,9 millones). Sin embargo, el grupo intentaba hasta este pedido reestructurar una deuda de más de US$350 millones, cifra que incluye compromisos contemplados en la negociación privada previa que la empresa había sostenido a lo largo del año, sin éxito.

En Pilar, la planta Pinazo, ubicada en La Lonja, viene de un mes de conflicto laboral. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar había girado un pedido de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores, que regía desde el 3 hasta el 30 de ese mes.

El 1 de septiembre, la empresa y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en la planta, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300. Días después, el 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de esos 50 empleados, junto con otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría.

En los telegramas de despido enviados a los trabajadores, Granja Tres Arroyos justificó las desvinculaciones al invocar "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". La compañía atribuyó ese cuadro a una combinación de factores: la gripe aviar y el consecuente cierre de mercados de exportación, la sobreoferta de pollo en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el aumento de los costos.

Ese escenario, sostuvo la empresa, derivó en "un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva". A esos factores sumó contingencias operativas y conflictos colectivos que, según su posición, también repercutieron sobre los niveles de producción y faena.

La compañía afirmó, además, que en los últimos meses había implementado distintas medidas para intentar sostener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Sin embargo, esas alternativas resultaron insuficientes, por lo que avanzó con una reestructuración de la organización y de su dotación de personal.

La conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre sigue vigente y vence esta semana. La medida, que rige por 15 días hábiles, podría ser prorrogada por cinco días hábiles más, por única vez, según lo previsto en la propia resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Con la causa judicial ya abierta, el foco pasa además a la Justicia comercial, que deberá expedirse sobre la apertura formal del concurso y los plazos que tendrá la compañía para presentar su propuesta de pago a los acreedores. Los créditos laborales, salarios e indemnizaciones, tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la empresa no cuenta con fondos suficientes.

Para los trabajadores de Pinazo y del resto de las plantas del grupo, la incógnita sigue siendo la misma de siempre: qué pasará con los puestos de trabajo y con los salarios adeudados mientras el proceso avanza en los tribunales.

El Ministerio de Economía abrió los sobres con las ofertas técnicas de los dos consorcios que se disputan el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que provee agua y cloacas a unos 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos Pilar.

De un total de 17 participantes que se habían registrado en el proceso, solo dos llegaron a esta instancia, según consta en el acta de apertura. Uno de los consorcios está encabezado por Rowing S.A., junto a Arcos, Transclor y PHX. El otro corresponde a Roggio ROAS S.A.U. "y otros". Ambos grupos tienen base nacional.

Según informó la Agencia DIB, la apertura se concretó pese a que la Justicia bonaerense había dado lugar a una medida cautelar para frenar el proceso de privatización. La licitación se encuadra en la ley Bases y en la ley de reforma del Estado de 1989.

Con los sobres ya abiertos, las propuestas pasan ahora a un análisis técnico. Los consorcios que cumplan con los requisitos del pliego quedarán habilitados para presentar su oferta económica, y recién en esa instancia se conocerá al ganador: se quedará con la empresa el que ofrezca el monto más alto.

El pliego no establece un precio base ni un piso mínimo, por lo que el valor final de AySA dependerá de la puja entre los dos oferentes. En el Ministerio de Economía estiman recaudar entre US$450 millones y US$500 millones por la operación. El 10% restante del capital accionario continuará en manos de los trabajadores, a través del programa de propiedad participada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su cuenta de X la apertura de las ofertas técnicas y remarcó que el esquema que viene implicará "más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos", según señaló el funcionario. Caputo agregó que el nuevo operador asumirá obligaciones de inversión superiores a los US$2.000 millones durante los primeros cinco años de gestión, además de hacerse cargo de la operación y de los compromisos de expansión del servicio previstos en el contrato.

AySA ya había sido una empresa privada entre 1993 y 2006, cuando la concesión estaba en manos del grupo francés Suez bajo la marca Aguas Argentinas. En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió ese contrato y volvió a estatizar el servicio, que desde ese momento presta AySA. Dos décadas después, el agua y las cloacas de la Ciudad y de 26 distritos bonaerenses del conurbano volverán a quedar en manos privadas, a la espera de que se resuelva la etapa económica de la licitación.

Con la inflación acumulada estimada en 18% y el dólar mayorista proyectado en $1847,60 para fines de 2027, el Gobierno nacional giró a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027. Las variables económicas centrales de la iniciativa se habían definido horas antes, en una reunión de la mesa política que se extendió por más de tres horas y media.

Según el esquema oficial, el tipo de cambio mayorista —hoy en $1507— cerrará 2026 en $1600 y promediará $1728 durante 2027, hasta llegar a los $1847,60 en diciembre del año próximo. Eso implica una suba del 6,2% para lo que resta de este año. Desde el Palacio de Gobierno remarcaron que la cifra "no se trata de una predicción sino surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027".

El proyecto prevé que los salarios tengan un ajuste promedio del 25,4% en 2027, frente a una inflación acumulada del 18% para ese mismo año. Para este 2026, en cambio, la suba de precios promediará el 21,1% anual, de acuerdo con las mismas proyecciones oficiales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de presentar los indicadores centrales ante la mesa política. Al referirse al año próximo, "se prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento", sostuvieron desde su cartera, consignó DIB.

Distinto es el panorama para este año: el Presupuesto 2027 recorta al 3% la expansión esperada para 2026, muy por debajo del 5% que había fijado originalmente el Presupuesto 2026. Aun así, la cifra oficial queda por encima de lo que calculan los privados, ya que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta apenas un 2,1% de crecimiento para este año.

En materia de cuentas públicas, el proyecto plantea un superávit primario del 1,3% del PBI tanto para el cierre de 2026 como para 2027. De cumplirse, sostuvieron desde el Gobierno, "será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default".

La estimación oficial queda por debajo del rango calculado por el Fondo Monetario Internacional en su último staff report, de entre 1,4% y 1,8% del PBI para 2027. El organismo también difiere en materia de crecimiento: proyectó un 3,5% para el año próximo, medio punto por debajo del 4% que estima el Gobierno.

El Presupuesto también contempla exportaciones de bienes y servicios por más de US$130.000 millones y un balance comercial favorable superior a los US$15.000 millones para 2027.

Las ventas minoristas en Pilar registraron una leve suba de 0,21% interanual en agosto, según el relevamiento mensual de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA), que mide unidades vendidas respecto de agosto de 2025. El resultado corta, aunque de manera marginal, la seguidilla negativa que había dejado julio.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso Pilar de Todos, el desempeño fue dispar entre rubros. Perfumería lideró la recuperación con una suba de 8%, seguida por Textil e indumentaria, que avanzó 4%. Calzado y marroquinería también quedó en terreno positivo, con un alza de 0,9%, mientras que Farmacia se mantuvo sin variación.

En el otro extremo, Bazar, decoración y muebles volvió a ser el rubro más afectado, con una caída de 8%. Alimentos y bebidas retrocedió 3% y Ferretería, materiales eléctricos y construcción tuvo una baja leve, de 0,4%.

El dato de agosto llega después de que las ventas cayeran 4,09% interanual en julio, de acuerdo al relevamiento difundido el mes pasado por la entidad, que había puesto fin a la única suba del año registrada en junio (+1,8%, impulsada por el cobro del aguinaldo y el Día del Padre). Antes de esa mejora, el sector había acumulado bajas de 30% en marzo, 15,6% en abril y 8,2% en mayo.

A nivel país, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas pyme cayeron 0,2% interanual en agosto, con una baja del 2,7% frente a julio y un acumulado de -2,4% en el año. La entidad atribuyó la retracción general a la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de tarifas de servicios y al endeudamiento de las familias.

Sin embargo, CAME también señaló al Día del Niño como uno de los factores que empujaron a algunos rubros puntuales: según indicó, hubo compras concentradas en indumentaria infantil y regalería asociadas a esa fecha y al calendario escolar, aunque esas operaciones no alcanzaron a compensar la caída general del consumo en los rubros de mayor peso.

La cantidad de pobres en la Argentina volvió a crecer durante el primer semestre de 2026, según coincidieron tres mediciones privadas: la consultora ExQuanti, la Universidad Torcuato Di Tella y el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Las tres estimaciones marcan el fin de tres períodos consecutivos de mejora en el indicador.

El informe de ExQuanti, elaborado por economistas de la UBA especializados en pobreza sobre la base de datos del INDEC, señala que el número de personas pobres subió en 1,7 millones frente al segundo semestre de 2025 y llegó a 15,1 millones. Durante el segundo trimestre del año, el número habría trepado hasta 15,8 millones. El salto resulta significativo porque en la segunda mitad de 2025 la cifra había bajado a 13,4 millones. La consultora definió lo ocurrido como un "cambio de tendencia hacia un crecimiento estadísticamente significativo" y remarcó que la pobreza semestral volvió a superar los niveles de un año atrás, informó DIB.

La serie trimestral de ExQuanti muestra la magnitud del cambio: tras tocar un piso de 12,8 millones de pobres en el tercer trimestre de 2025, el indicador subió a 14 millones en el cuarto trimestre, a 14,4 millones en los primeros tres meses de 2026 y a 15,8 millones en el segundo trimestre, el valor más alto de los últimos seis trimestres relevados por la consultora.

Uno de los factores centrales, de acuerdo con ExQuanti, es la evolución de los ingresos. El poder adquisitivo de los ocupados se había recuperado tras el deterioro de comienzos de 2024, pero quedó prácticamente estancado desde el tercer trimestre de 2025, lo que la consultora vincula directamente con el freno en la baja de la pobreza y su posterior aumento.

Guido Zack, economista de la Fundación Fundar, por su parte, apuntó a la composición del crecimiento económico. Según explicó, la expansión interanual de entre 1,7% y 2% registrada en el primer trimestre estuvo traccionada por sectores como agro, petróleo, gas y minería, que generan divisas pero emplean poca mano de obra, mientras que industria, construcción y comercio —rubros con mayor capacidad de generar empleo y de derramar ingresos— retrocedieron.

Los datos oficiales del trabajo registrado respaldan esa lectura. Según el último relevamiento del SIPA, difundido en septiembre de 2026 con información de junio, había 12,757 millones de trabajadores registrados, 0,9% menos que un año antes. El empleo asalariado cayó 1,5% interanual, equivalente a 147.900 puestos perdidos, y dentro del sector privado la baja llegó al 1,9%, es decir 121.000 trabajadores registrados menos.

A la par, ExQuanti relevó un desplazamiento hacia empleos de menor calidad: el índice de informalidad, con base 100 en el primer trimestre de 2024, llegó a 111 puntos en los primeros tres meses de 2026, un incremento cercano al 11%. Para la consultora, la combinación de menos empleo asalariado registrado, más trabajo precario y menor protección social ayuda a explicar por qué se agotó la mejora en la pobreza.

La cuestión salarial aparece como otro eje del deterioro. Pese a la recuperación posterior a la caída de 2024, el ingreso medio real de los ocupados se ubicaba 13% por debajo del nivel del tercer trimestre de 2017 durante los primeros tres meses de 2026. Entre los trabajadores de estratos bajos la brecha era mayor: el índice llegaba a 82 puntos, un 18% por debajo de esa referencia.

El nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Martín González-Rozada, proyectó una tasa de pobreza de 31,3% para el semestre marzo-agosto de 2026, frente al 30,2% de igual período del año anterior. La estimación se descompone en 30% para marzo, 32,7% en el segundo trimestre y 29,9% en julio-agosto. Sobre una población urbana de 30 millones representada por la Encuesta Permanente de Hogares, unas 9,4 millones de personas vivirían en hogares pobres.

González-Rozada vinculó el resultado con la relación entre canastas e ingresos: la Canasta Básica Total promedio del Gran Buenos Aires para marzo-agosto se estimó en $491.082 por adulto equivalente, con una suba interanual del 34,7%, mientras que los ingresos familiares totales avanzaron 25% en el mismo lapso. Cuando las canastas crecen por encima de los ingresos, explicó, se amplía la brecha que empuja hacia arriba la pobreza.

Los valores de agosto muestran que esa presión continuó: la Canasta Básica Total subió 2,6% mensual y 38,3% interanual, y la Canasta Básica Alimentaria aumentó también 2,6% en el mes y 39,6% frente a agosto de 2025. Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para no caer en la indigencia.

En tanto, el nowcast semestral de la UTDT proyectó una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026, igualando el dato del mismo período del año pasado, frente al 28,2% del último semestre de 2025.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, con base en datos del INDEC, también se refirió al fenómeno y coincidió en que la pobreza aumentó: la estimó en 30% durante los primeros tres meses de 2026.

El dato oficial del primer semestre será difundido por el INDEC el jueves 24 de septiembre. El organismo había informado que 2025 cerró con una pobreza del 28,2%, equivalente a 8,5 millones de personas.

El uso del transporte público colectivo en Pilar cayó 20,4% en agosto respecto al mismo mes de 2025. El distrito registró 1.878.638 viajes en las siete líneas de jurisdicción municipal que lo recorren, casi medio millón menos que los 2.360.218 contabilizados en el mismo período de 2025.

La caída no es un hecho aislado. En julio, el retroceso interanual había sido incluso más pronunciado: 26,3%, con 1.714.374 viajes frente a los 2.325.536 de julio de 2025.

Los números surgen del cruce de un análisis que hizo Pilar de Todos de los datos de la red SUBE que publica la Secretaría de Transporte de la Nación, filtrados por las líneas que prestan servicio en el partido: 501B, 503, 506A, 509, 510B, 511 y 520A, operadas por Transporte Tratado del Pilar, Monterrey, La Central de Escobar, La Primera de la Escondida, Pilarbus y Ruta Bus.

Al ampliar la comparación al AMBA —definido como la Ciudad de Buenos Aires más los 40 partidos del área metropolitana, Pilar incluido— la baja de agosto fue del 14,6% interanual, muy por debajo del 20,4% que registró el distrito en soledad. En julio se repitió el mismo patrón: el AMBA ampliado cayó 20,8%, seis puntos menos que Pilar.

La caída no fue pareja entre las siete líneas locales que prestan servicio en el distrito. La línea 510 —que opera Pilar Bus S.A— fue la que más retrocedió, con una baja interanual del 28,3% (de 702.680 a 503.984 viajes). Le siguió la 506A, de Empresa Monterrey, con una caída del 22,3%. En el otro extremo, la 503 fue la que mejor resistió, con una merma del 12,5%.

En sintonía con el Banco Nación que días atrás lanzó una línea de créditos UVA para financiar la compra de autos 0km y usados, ahora llegó el turno del Banco Provincia que sumó una nueva herramienta para acceder a vehículos con tasas desde 6%, la más baja del mercado.

La banca pública puso en el mercado Préstamo Acá Tu Auto, una nueva herramienta de financiamiento destinada a facilitar la compra de vehículos 0 km y usados directamente en concesionarias adheridas.

La línea permite financiar hasta el 100% del valor de la operación, con montos que van desde 100 mil hasta 50 millones de pesos, según las condiciones vigentes y la evaluación crediticia del cliente.

Los créditos se ofrecen en dos modalidades: UVA y tradicional. La primera tiene la tasa más baja del mercado, que arranca en UVA + 6% anual, con plazos que van de 12 a 48 meses. Por su parte, la opción tradicional tiene tasa fija desde 55% anual y plazos de devolución de 12 a 72 meses.

Para obtener el préstamo, primero se debe elegir un vehículo en una empresa adherida, donde se ofrece una propuesta de financiamiento con condiciones personalizadas. Una vez aceptada, la operación se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales. Luego, el crédito se cancela en cuotas mensuales mediante débito automático en cuenta.

El producto ya se encuentra disponible en más de 70 concesionarias de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Allí, las personas interesadas pueden consultar las condiciones de financiación al momento de elegir su vehículo. En los próximos días habrá más concesionarias adheridas que estarán publicadas en el buscador de comercios de la web de Banco Provincia: https://www.bancoprovincia.com.ar/prestamoaca/

El préstamo a distancia, se informó, está disponible también para: motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería y alojamiento y transporte de pasajeros.

FUENTE: Agencia DIB

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires estimó que en la actualidad la Nación le adeuda a la administración de Kicillof un total de casi 20 billones de pesos. 

Así lo aseguró el Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco en el marco de su tradicional conferencia de prensa. Allí, el funcionario desglosó que las deudas incluyen fondos, obras y diversos programas que la Nación frenó. 

En ese marco, señaló que $4,7 billones corresponden a deudas directas, como fondos específicos de jubilaciones, de seguridad, el FONID y diversos programas en materia de salud y asistencia social, entre otros. 

Se suman $10,1 billones por saldos de obras públicas. Es en concepto de la paralización de obras comprometidas por el Gobierno nacional en territorio bonaerense entre las que se destacan obras de viviendas, vialidad, hidráulicas, establecimientos educativos, universidades, etc.

Además, Nación también adeuda $4,3 billones por discontinuidad o retraso de programas nacionales entre los que se encuentran el REMEDIAR, FOFOFI, entrega de alimentos a comedores no escolares, asistencia por emergencia climática, distribución de medicamentos post-transplante para el CUCAIBA y el programa de tuberculosis, entre otros. 

Desde la Gobernación consignaron que “si a estas deudas se le suma $5,9 billones por la caída recursos de origen nacional y $3,4 billones de disminución de recaudación provincial producto de la crisis económica, el desfinanciamiento generado por el Gobierno nacional a la Provincia es de $28,4 billones”.  

Esta semana llegará una nueva recorrida del camión de lácteos y pastas a precios populares que se desplegará en los barrios de Pilar.

La iniciativa cuenta con la organización del espacio Peronismo Militante de Pilar y se desarrollará este próximo miércoles 16 de septiembre acercando productos a precios populares.

El recorrido incluirá paradas en los barrios Nuestra Señora del Pilar, Santa María, Agustoni y Villa Morra. 

Según consignaron los organizadores detallaron que en Nuestra Señora del Pilar el camión se emplazará en la calle Maipú 1800 entre las 8.30 y las 9.30; mientras que en Santa María se lo podrá encontrar en Pedernera y Melo en el horario de 10 a 11. 

En tanto, en Agustoni los vecinos se podrán acercar a Santo Domingo y Nicaragua entre las 11.30 y las 13:30 hs. 

La última parda será en Juan B. Justo y Soler en Vill Morra desde las 14 horas y hasta agotar el stock de mercadería. 

“La propuesta busca acercar alimentos a precios accesibles a las familias de los barrios de Pilar, facilitando el acceso a productos de primera necesidad”, destacaron los organizadores.

Además, completaron que quienes abonen con Cuenta DNI podrán acceder a un 40% de reintegro, con tope, de acuerdo con las condiciones vigentes de la promoción. 

Tras conocerse el dato de inflación que aportó el Indec, las jubilaciones y pensiones en octubre tendrán un incremento del 1,65% debido a que se ajustan en base a ese índice. Sin embargo, a eso hay que sumar el bono de hasta $ 70.000 que perciben los haberes mínimos y que está congelado desde marzo de 2024, por lo que la suba será algo menor.

En septiembre el haber mínimo con el bono es de $ 498.633 ($ 428.633 más $ 70.000 del bono). En octubre subirá a $505.662 ($435.662 más $ 70.000), lo que representa un incremento del 1,43%. Mientras que el incremento para la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) será el próximo mes de 1,37% y las Pensiones No Contributivas 1,34%.

Con la actualización prevista, la jubilación mínima será de $435.662,86 en octubre. Si continúa el refuerzo extraordinario, el monto total alcanzará los $505.662,86. El haber máximo, en tanto, se ubicará en $2.932.174 y no contará con el adicional.

También se actualizarán otras prestaciones administradas por la Anses. La PUAM llegará a $348.530,28. En caso de mantenerse el esquema de refuerzos, a ese valor se sumará el complemento correspondiente.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) pasarán a $304.965,61, mientras que la Pensión Madre de 7 Hijos tendrá como referencia el valor de la jubilación mínima, de $435.662,86. Estos grupos también forman parte del universo alcanzado por el esquema de refuerzos destinado a los ingresos más bajos.

La actualización impactará, además, sobre las asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $156.552,29, mientras que la AUH por Discapacidad llegará a $509.748,28.

Fuente: Agencia DIB

La inflación de agosto fue de 1,7%, acumula una suba del 21,3% en los primeros ocho meses del año y registró una variación interanual del 33,5%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a partir de su Índice de Precios al Consumidor (IPC). El organismo señaló además que los precios de los servicios avanzaron 2%, mientras que los bienes tuvieron un incremento del 1,4% respecto de julio.

La división que registró el mayor aumento durante agosto fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con una suba del 2,8%, seguida por “Educación”, que avanzó 2,5%. También se ubicaron por encima del nivel general “Salud”, con 2,4%; “Bienes y servicios varios”, también con 2,4%; “Comunicación”, con 2,3%; y “Bebidas alcohólicas y tabaco”, con 2,1%.

En el otro extremo, “Prendas de vestir y calzado” fue la única división que registró una baja, del 0,6%, mientras que “Recreación y cultura” no presentó variaciones durante el mes. En tanto, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” aumentó 1,7%, en línea con el nivel general del IPC.

Según el Indec, dentro de las categorías del índice, el IPC Núcleo aumentó 1,8% en agosto, los precios Regulados subieron 2,2% y los Estacionales registraron una caída del 0,9%. El organismo explicó que entre los regulados incidieron principalmente los incrementos en electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas, mientras que entre los estacionales descendieron los precios de los paquetes turísticos y las prendas de vestir, compensados parcialmente por aumentos en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

Por regiones, el comportamiento de los precios mostró diferencias durante agosto. Noroeste, Noreste y Patagonia registraron las mayores variaciones, con 1,8%, mientras que GBA y la región Pampeana tuvieron los menores incrementos, con 1,6%. Cuyo se ubicó en 1,7%, en el mismo nivel que el promedio nacional.

En la región Pampeana, que comprende entre otras jurisdicciones a la provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron 1,6% en agosto. Dentro de sus principales aperturas, “Alimentos y bebidas no alcohólicas” subió 1,7%, mientras que “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” avanzó 3,5%; “Salud”, 2,5%; “Educación”, 2,4%; “Restaurantes y hoteles”, 1,4%; y “Transporte”, 1,4%.

En cuanto a algunos productos relevados para el Gran Buenos Aires, el Indec registró fuertes variaciones durante agosto: la cebolla aumentó 42,7%, la papa 22%, la banana 30,4% y el zapallo anco 35,5%. También subieron el agua sin gas, 5,5%; los fideos secos, 4,5%; las galletitas dulces, 4,3%; y el pan francés, 3,8%. En sentido contrario, la lechuga bajó 18,8%, el tomate redondo 17,5% y el limón 2,3%.

La Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) le solicitará formalmente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) la implementación de un régimen de tasas de interés diferenciadas y reducidas para deudores, con el objetivo de que familias y comercios endeudados puedan regularizar su situación financiera.

El anuncio se conoció a través de un comunicado de prensa, luego de la marcha realizada esta semana en Pilar por Libres del Sur, agrupación que llevó adelante escraches en sucursales bancarias del centro pilarense —entre ellas BBVA y Santander— para reclamar contra las altas tasas de interés de bancos y billeteras virtuales.

No es la primera vez que la Cámara eleva el reclamo

Desde SCIPA remarcaron que no es la primera vez que la entidad plantea esta problemática ante las autoridades nacionales. En julio del año pasado, la Cámara ya había anticipado que prepararía una nota formal al BCRA por las tasas bancarias, y semanas después formalizó ese pedido con una carta dirigida a su entonces titular, Santiago Bausili, buscando además el respaldo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA). A principios de este año, en febrero, volvió a insistir con un reclamo puntual: una tasa de financiamiento diferencial para las deudas de tarjetas de crédito.

Equidad, no asistencia estatal

En el comunicado actual, la entidad remarcó que su planteo no apunta a un pedido de ayuda económica. "No estamos pidiendo ayuda al Estado nacional. Sabemos que esta problemática no está en su agenda. Lo que estamos solicitando es equidad. No resulta razonable que, en un contexto de inflación mensual de un dígito, existan tasas de interés anualizadas de tres dígitos que terminan convirtiendo las deudas en obligaciones impagables y, en muchos casos, de efecto confiscatorio", señala el texto.

En esa línea, SCIPA le pedirá al Banco Central que evalúe la implementación de un esquema de tasas reducidas para deudores, siguiendo el criterio de las políticas preferenciales que ya se aplican a determinados créditos hipotecarios. El objetivo, según la entidad, es que las familias puedan regularizar sus deudas, recuperar capacidad de pago y evitar que la morosidad se convierta en "un problema social todavía mayor".

Alfredo Ventura: "La gente quiere pagar, pero no puede"

El titular de SCIPA, Alfredo Ventura, fue quien sintetizó el reclamo. "No pedimos subsidios ni asistencia: pedimos tasas razonables y equidad. Una deuda que se vuelve impagable no beneficia a las familias, al comercio ni al sistema financiero. Antes de que esta realidad se extienda aún más, es necesario actuar, por qué la gente quiere pagar, Pero lo que necesitas son condiciones justas para poder hacerlo", sostuvo.

El endeudamiento, en números locales

El planteo de SCIPA se da en un contexto de deterioro sostenido de los indicadores de mora en Pilar. Según el Mapa de la Deuda del Centro de Estudios para la Ciudad, elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central al que tuvo acceso Pilar de Todos, la cantidad de pilarenses con deudas impagas trepó a 60.850 en julio, un 12,54% más que en junio. La tasa de mora del distrito llegó a 26,35%, por encima del promedio bonaerense (21,08%) y del nacional (17,94%).

Wade SA, la sociedad del grupo Granja Tres Arroyos que administra los activos heredados de la exCresta Roja, se presentó en concurso preventivo de acreedores, en medio de la crisis financiera y operativa que atraviesa todo el conglomerado avícola.

La empresa opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría, y es una de las tres sociedades del grupo junto a Granja Tres Arroyos SA y Avex SA. Las tres firmas fueron contempladas en conjunto dentro de un intento de reestructuración financiera que involucra un pasivo total estimado en US$350,9 millones.

Según pudo confirmar La Nación, la presentación de Wade se da tras meses de cierres y paralizaciones de plantas, salarios atrasados, despidos masivos y una creciente presión judicial de los acreedores.

Pinazo, la planta ubicada en La Lonja, Pilar, no depende de Wade sino de Granja Tres Arroyos SA. Esa sociedad, hasta el cierre de esta nota, todavía no confirmó su propia presentación concursal, aunque distintas fuentes cercanas al grupo anticipan que podría avanzar en esa dirección en los próximos días. Es decir, la convocatoria de Wade no implica, por sí misma, la apertura de un concurso para la empresa que opera en Pilar.

Wade llegó a esta instancia después de enfrentar al menos siete pedidos de quiebra, iniciados por seis acreedores distintos, con reclamos que entre capital e intereses superan los $2.000 millones. Uno de los expedientes corresponde a una ejecución del Banco Credicoop por un pagaré emitido por Wade el 30 de diciembre de 2025 por $250 millones, cuyo capital reclamado quedó en $206,3 millones tras un pago parcial; la causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18, Secretaría N°36. A eso se suman otras cinco ejecuciones comerciales por unos $1.657 millones y una sexta por US$115.000, con un monto procesal total que, sumando intereses y costas, supera los $2.638 millones.

Para encauzar la reestructuración, el grupo deberá reunir al menos US$80 millones de capital de trabajo, mediante una combinación de aportes de inversores, nuevas líneas de crédito, anticipos de clientes y la venta de activos no estratégicos. Entre los bienes que la compañía prevé desprenderse figuran una planta de deshidratados en Zárate, un tambo en Entre Ríos, una cría de porcinos en Bella Vista, la planta Becar y la propia Wade 1, actualmente operativa.

La incertidumbre no se limita a lo judicial. Este mismo miércoles, la Federación de la Alimentación, el gremio Uatre, la Asociación de Trabajadores Molineros y otras organizaciones sindicales se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo de la Nación para reclamar la intervención estatal, en un conflicto que —advirtieron— podría afectar a unos 7.000 puestos en distintas provincias, informó La Capital.

En Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial ya había dictado una conciliación obligatoria que ordenó reincorporar a 1.200 trabajadores despedidos: 700 de la planta de Capitán Sarmiento, 450 de Wade 2 en Esteban Echeverría y 50 de Pinazo, en Pilar. La medida rige por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y el Ministerio fijó una nueva audiencia entre Granja Tres Arroyos, Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para este jueves.

Según registros del Banco Central, las sociedades del grupo acumulan 6.682 cheques rechazados por $113.652 millones, a lo que se suma una deuda bancaria cercana a los $3.368 millones.

La situación tiene, además, un antecedente directo: Wade fue la sociedad que Granja Tres Arroyos utilizó para quedarse con los activos de la exCresta Roja. En diciembre de 2018, en el marco del concurso preventivo de Proteinsa SA, la Justicia autorizó esa operación, mediante la cual Wade adquirió bienes que aquella empresa había recibido de la quebrada Rasic Hermanos. Siete años después, es la propia Wade la que quedó formalmente dentro de un proceso concursal.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la actividad manufacturera y la construcción profundizaron su retracción durante julio, con caídas interanuales de 4,9% y 4,5%, respectivamente. El dato golpea a dos de los motores tradicionales del empleo y la inversión en el país, en momentos en que los analistas ya proyectan revisiones a la baja para las estimaciones de crecimiento de 2026.

La señal de alarma no está solo en la comparación anual. Frente a junio, la producción fabril se contrajo 5% y la construcción retrocedió 4,6% en la medición desestacionalizada, lo que expone un freno abrupto en apenas un mes. Economistas consultados por La Nación describen el comportamiento de ambos sectores como un movimiento en "serrucho", con sucesivas subas y bajas a lo largo del año.

El deterioro fabril fue generalizado: doce de las dieciséis divisiones industriales relevadas por el Indec mostraron retrocesos interanuales en julio. Las caídas más pronunciadas se registraron en otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4%), maquinaria y equipo (-26,7%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%) y productos textiles (-13%).

Dentro de ese mapa, la maquinaria agrícola sufrió una contracción del 46,6%, arrastrada por la menor venta de tractores y cosechadoras nacionales. Los electrodomésticos cayeron 20,9% por menores colocaciones de heladeras y lavarropas, mientras que la electrónica de consumo —computación, TV y telefonía móvil— se hundió 49,8%. Solo cuatro ramas cerraron julio en terreno positivo: madera, papel, edición e impresión (7,1%); refinación de petróleo, coque y combustible nuclear (8,1%); industrias metálicas básicas (1,6%) y otros equipos de transporte (2,6%).

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) arroja un saldo negativo de 2,6% respecto de igual período de 2025. Según el análisis de La Nación, la producción industrial se ubica actualmente 18,7% por debajo del máximo histórico alcanzado en noviembre de 2017.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, planteó que el aumento de los costos de electricidad y gas, sumado a problemas de disponibilidad energética durante el invierno, pudo llevar a varias industrias a postergar producción y reducir stocks, aunque consideró que se trataría de un efecto transitorio, con posibilidad de revertirse una vez terminada la temporada fría.

Por su parte, Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora I+D, sostuvo que la actividad manufacturera volvió a niveles similares a los de la crisis de 2024, pese a que la comparación interanual de julio se mide contra una base que ya era baja.

El descenso del 4,5% en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) reflejó un freno marcado en el consumo de insumos clave: asfalto (-23,1%), yeso (-21,2%), ladrillos huecos (-12,9%), cales (-9,8%), hormigón elaborado (-9,5%) y cemento portland (-8,1%). La baja fue atenuada parcialmente por subas en artículos sanitarios de cerámica (7%) y en el rubro que agrupa grifería, tubos de acero y vidrio (22,8%).

A diferencia de la industria, el sector logró sostener un acumulado positivo en el año: 1,7% interanual entre enero y julio. El empleo también mostró una mejora moderada: en junio se registraron 376.374 puestos de trabajo formales en la construcción, un 1,2% más que un año atrás. Además, la superficie autorizada por permisos de edificación en 246 municipios bonaerenses saltó 31,6% interanual en junio, hasta 1.574.149 metros cuadrados.

Pese a esas señales, el humor empresarial de cara al corto plazo sigue siendo cauto. Entre las firmas de obra privada, el 75% espera que la actividad se mantenga sin cambios entre agosto y octubre, mientras que un 14,4% anticipa una nueva caída. En el segmento público, el panorama es más pesimista: 57,3% proyecta estabilidad, pero 25,8% prevé un retroceso.

Los constructores privados señalaron como principales frenos la contracción económica general (33,4%) y los altos costos del sector (24,2%). Entre los contratistas de obra pública, las mayores preocupaciones pasan por la recesión (26,5%) y los atrasos en la cadena de pagos (24,2%).

María Castiglioni, economista y directora de C&T Asesores Económicos, consideró especialmente relevante la magnitud de la baja mensual de la industria y señaló que ese dato podría explicar futuras revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento para 2026. En la misma línea, Menescaldi sostuvo que el retroceso conjunto de ambos sectores, cercano al 5% mensual desestacionalizado, probablemente implique un deterioro relevante de la actividad económica agregada durante julio.

Con información de Agencia DIB