La canasta de servicios para un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó en julio los $295.826, monto necesario para cubrir las necesidades de electricidad, gas, transporte y agua potable. 

El valor representa un incremento del 4,6% respecto del mes anterior y un 53% en comparación con el mismo mes de 2025.

Sin embargo, hay un dato significativo en este último informe realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IEEP – UBA/Conicet), y es que la canasta representa el 15% sobre el salario promedio registrado, el nivel más alto desde 2023. 

El salario promedio registrado estimado de julio es de $ 1.924.456, que alcanza para adquirir 6,5 canastas de servicios públicos, mientras que en julio de 2025 el salario alcanzó para comprar 7,8 canastas.

Dentro de los componentes de la canasta, el gasto en transporte posee un peso del 40% sobre el total y mostró un aumento del 3,7% en comparación con junio. De acuerdo al informe, el transporte demandó un gasto mensual de $121.023. Le siguieron la energía eléctrica, con $68.210; el gas natural, con $64.862; y el agua potable, con $41.724.

Según este informe, a la cobertura tarifaria actual de subsidios alcanza el 54%. Esto significa que los hogares pagan, en promedio, ese porcentaje de los costos de producción de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo del 46% restante" para completar el financiamiento del sistema en la zona metropolitana. En cuanto a las transferencias estatales, los subsidios reales acumulados hasta el 17 de julio mostraron una suba del 10%.

Según el IIEP, en julio de 2026 la canasta representó el 12% del salario promedio registrado, mientras que en diciembre de 2023 el peso de los servicios públicos sobre los ingresos no llegaba al 6%. Además, desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026 la canasta de servicios públicos en el AMBA, donde viven alrededor de 16 millones de personas (36% del país), aumentó un 966%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC del INDEC) subió un 241%, aclara el IIEP.

Fuente Agencia DIB 

El mercado de la carne vacuna volvió a mostrar dos caminos opuestos en el primer semestre de 2026: mientras las exportaciones crecieron, el consumo interno volvió a retroceder como consecuencia de la menor oferta y del impacto de los precios sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Según el último informe económico de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el abastecimiento del mercado doméstico de carne vacuna cayó 11,5% en la comparación interanual durante enero-junio de este año. 

El consumo aparente se ubicó en 1.019.430 toneladas res con hueso, casi 132 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025. Fue, además, el peor primer semestre de los últimos 30 años.

Al observar la serie histórica, que se remonta a mediados de la década de 1990, se encuentra que el primer semestre de 2026 aparece como el más bajo en materia de consumo interno de carne vacuna. Ni siquiera los años más complicados de las últimas tres décadas, marcados por crisis económicas o por procesos de liquidación de hacienda, habían registrado un nivel de abastecimiento doméstico tan bajo como el de este año.

La entidad explicó que esa retracción respondió, principalmente, al menor poder adquisitivo de los hogares, golpeado por el encarecimiento de la carne vacuna en relación con otros alimentos. En ese sentido, el promedio de los últimos doce meses del consumo per cápita se ubicó en 47 kilos por habitante al año, un nivel 8,2% inferior al registrado un año atrás, lo que equivale a 4,2 kilos menos por persona.

De acuerdo con los datos que releva el Indec y que la cámara recopila en su informe, el rubro carnes y derivados acumuló un incremento de 45% en los últimos doce meses, muy por encima del 33,5% que marcó el índice general de precios al consumidor en el mismo período. Dentro de ese rubro, fueron los cortes vacunos los que más treparon, con un alza de 53,6% anual, mientras que el pollo entero, que compite como sustituto en las decisiones de compra de muchas familias, aumentó a un ritmo bastante menor, de 29,9% anual.

La caída del consumo interno no puede explicarse únicamente por los precios. También influyó la dinámica de la oferta. En el primer semestre se faenaron 6,02 millones de cabezas de ganado vacuno, un 8,9% menos que en igual período de 2025, en el marco de un proceso de menor disponibilidad de hacienda para faena que la industria viene atravesando desde hace tiempo.

Sin embargo, la producción no cayó al mismo ritmo que el consumo. La razón está en que las exportaciones tomaron un camino inverso: en los primeros seis meses del año sumaron 408,6 mil toneladas, un 10,2% más que en el mismo período de 2025. Esto significa que, del total de carne vacuna producida en el país, una porción mayor que en años anteriores se destinó a los mercados externos y una porción menor quedó disponible para el consumo local. 

Según Ciccra, la proporción de la producción que fue a exportación pasó de 24,4% a 28,6% entre un semestre y otro, mientras que la que se destinó al mercado interno bajó de 75,6% a 71,4%.

Fuente: Agencia DIB 

A la espera que el Gobierno mande al Congreso un proyecto de ley para modificar el mercado inmobiliario, la venta de inmuebles en la provincia de Buenos Aires tuvo un retroceso de casi 8% en el primer semestre de 2026, sobre todo con un fuerte enfriamiento del crédito hipotecario, lo que pone una luz roja en el sector.

De acuerdo a las cifras oficiales del Colegio de Escribanos bonaerense a las que accedió Agencia DIB, en el período enero-junio se escrituraron 55.035 propiedades en el territorio, un 7,8% menos que en el mismo período de 2025, cuando la cifra fue de 59.672.

El semestre se completó con los datos de junio, que terminaron de confirmar que el mercado atraviesa un panorama complejo: las 10.702 compraventas representaron un descenso interanual del 9%.

Y si bien hay una mejora con respecto a mayo, lo cierto es que el encarecimiento de las tasas de interés y la reducción de los plazos de financiamiento impactaron en estos meses en el sector.

De hecho, la suba de los precios, hasta superar máximos históricos, expulsó del mercado a gran parte de ciudadanos. Y en este contexto, aquellos compradores que siguen con chances de hacer operaciones, vienen ganando cierto poder de negociación frente a los propietarios, a los que piden rebajas para firmar.

Las ventas del semestre contrastan contra un gran 2025, que en comparación con el período enero-junio de 2024 había registrado una suba del 45%. Pero en ese momento, el gran impulsor había sido el crédito hipotecario, algo que este año viene a un ritmo lento.

Si bien las cifras actuales están por encima de las del primer semestre de los últimos años, quedaron rezagadas en comparación con 2018, cuando se vendieron 59.337 propiedades.

Cabe recordar que en parte de ese año y en 2017, las cifras del mercado estuvieron impulsadas por los créditos UVA del Gobierno de Mauricio Macri, que aún gozaban de muy buena salud.

Sin embargo, en este 2026, de las 55.035 operaciones registradas en el territorio, solamente 6.913 fueron a través de hipotecas, es decir un 12,5% del total.

No obstante, esas 6.913 ventas quedaron muy lejos de las 10.261 que se hicieron en el primer semestre del año pasado. Comparando datos, la caída es del 32,6%.

De hecho, junio terminó de confirmar la tendencia de este año. Durante este mes se firmaron 1.226 actos bajo esta herramienta, lo que implicó una caída interanual de 37 puntos respecto al mismo mes de 2025.

“Más allá de las variaciones intermensuales, consideramos que sigue siendo necesario fortalecer el crédito hipotecario para lograr una consolidación de las estadísticas del sector”, dijo el presidente del Colegio, Guillermo Longhi. (DIB) 

El Gobierno nacional reglamentó un nuevo régimen para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal, eliminando los límites de valor para este tipo de operaciones y habilitando que productores, emprendedores y pequeñas empresas puedan vender mercadería al exterior a través del operador postal oficial con un sistema aduanero simplificado.

La medida publicada en el Boletín Oficial también modifica el régimen de importaciones por correo, equiparando los beneficios tributarios con los ya vigentes para los envíos por courier.

El decreto incorpora por primera vez una reglamentación específica para las exportaciones comerciales mediante la vía postal y establece que estos envíos no tendrán tope de valor. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de dictar las normas operativas para su implementación.

Según los fundamentos de la norma, la falta de regulación impedía en la práctica que las empresas utilizaran el Correo Argentino para comercializar productos en el exterior bajo los beneficios previstos por la Unión Postal Universal, lo que limitaba especialmente a quienes realizan operaciones de menor escala o vinculadas al comercio electrónico internacional. El Gobierno sostiene que el objetivo es eliminar barreras burocráticas y facilitar la inserción de las empresas argentinas en los mercados externos.

En materia de importaciones, el decreto eleva la franquicia para los envíos postales sin fines comerciales. A partir de ahora, quedarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística los envíos de hasta 400 dólares FOB, con un máximo de cinco operaciones por año y por persona, el mismo beneficio que ya regía para las compras realizadas mediante prestadores de servicios postales (courier). Cuando se superen esos límites, el excedente tributará conforme al régimen general.

La normativa también modifica el procedimiento de control aduanero. El Operador Postal quedará autorizado automáticamente para representar al destinatario durante la verificación de la mercadería, salvo que éste manifieste previamente su intención de intervenir personalmente o designar otro representante.

Además, se mantienen exentas de tributos las exportaciones postales destinadas a ayuda familiar u obsequios personales, siempre que el valor acumulado no supere los 5.000 dólares mensuales por remitente, con excepción de las tasas retributivas de servicios.

Como parte de la reforma, el decreto deroga el artículo 8° del Decreto 161/99, que establecía una alícuota unificada del 50% para las importaciones realizadas mediante envíos postales, y dispone que la medida comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: Agencia DIB

Los comercios de Pilar registraron en junio una leve mejora en sus niveles de venta, con un promedio interanual de +1,8% entre los siete rubros relevados, de acuerdo al sondeo mensual de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA).

Alfredo Ventura, titular de la entidad, expuso a Pilar de Todos que el repunte en algunos rubros se explica por el cobro del aguinaldo y por el Día del Padre, dos factores estacionales que impulsan el consumo en junio.

“Algunos rubros levantaron un poquito debido al cobro del aguinaldo y el Día del Padre”, resumió Ventura.

Perfumería encabezó la suba con un 6,5%, seguida por Farmacia con un 6%. Alimento y Bebida creció 1,6%, mientras que Bazar y Deco y Textil e Indumentaria avanzaron 1,6% cada uno en la comparación interanual.

Los rubros que profundizaron la caída

Ferretería, Material Eléctrico y Construcción fue el único sector con retroceso pronunciado, al caer 3,5% interanual.

Calzado y Marroquinería también cerró en negativo, con una baja del 2%.

Un repunte tras meses en rojo

El dato de junio marca un cambio de tendencia, ya que es el primero positivo difundido por la entidad en este 2026.

En mayo, el comercio minorista pilarense había registrado una caída interanual del 8,2%, tras meses consecutivo en terreno negativo tras el -15,6% de abril y el -30% de marzo, según el mismo sondeo de SCIPA.

En aquel momento, Construcción e Infraestructura (-23%) y Ferretería y Herramientas (-21%) habían sido los rubros más golpeados, mientras que Farmacias y Gastronomía figuraban entre los pocos en terreno positivo.

Con los datos de junio, Ferretería vuelve a aparecer como el sector más resentido, aunque con una caída sensiblemente menor a la de mayo.

En tanto, Farmacia y Perfumería consolidan su recuperación como los rubros de mejor desempeño relativo en el comercio local.

La canasta de crianza de un niño de entre 6 y 12 años alcanzó los 678.308 pesos en junio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el valor más alto entre los cuatro tramos etarios que releva mensualmente el organismo.

El informe oficial midió además el costo de crianza para los otros tres grupos de edad. Para los menores de un año, el monto llegó a 529.539 pesos; para los chicos de 1 a 3 años, a 630.926 pesos; y para los de 4 a 5 años, a 539.612 pesos. En todos los casos, el tramo de 6 a 12 años se mantuvo como el más costoso del relevamiento.

La canasta de crianza combina dos variables: el gasto mensual en bienes y servicios destinados a la niñez y la valorización económica del tiempo dedicado a su cuidado. Para el tramo de 6 a 12 años, el componente de bienes y servicios sumó 353.885 pesos, mientras que el costo del cuidado se calculó en 324.423 pesos.

En el resto de los tramos, la proporción varía: en los menores de un año, el cuidado pesa más que los bienes y servicios (356.071 contra 173.468 pesos), mientras que en el grupo de 4 a 5 años ocurre lo inverso (285.275 pesos en bienes y servicios contra 254.337 pesos en cuidado).

Todos los tramos mostraron incrementos frente a junio de 2025. El costo para los menores de un año pasó de 411.201 a 529.539 pesos; el de 1 a 3 años, de 488.700 a 630.926 pesos; el de 4 a 5 años, de 411.310 a 539.612 pesos; y el de 6 a 12 años, de 517.364 a 678.308 pesos, lo que representa una suba interanual del 31 por ciento en ese tramo.

Para el componente de bienes y servicios, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires.

El costo del cuidado, en tanto, surge de las horas teóricas de atención que requiere cada franja etaria, valorizadas según la remuneración vigente para la categoría de Asistencia y Cuidado de Personas del régimen de trabajo de casas particulares.

La provincia de Buenos Aires tiene la mayor proporción de morosos sobre el total de deudores de todo el país, con un 37,8%, según un informe de la consultora Analytica.

El dato surge de un relevamiento sobre el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas de consumo y fideicomisos financieros.

La morosidad de las familias argentinas llegó en mayo al 15,9%, medio punto porcentual más que en abril. El fenómeno ya alcanzó una magnitud considerable: casi 7 millones de personas dejaron de ser "sujetos de crédito" en el sistema formal, es decir, quedaron excluidas de la posibilidad de acceder a nuevos préstamos o líneas de financiamiento.

A nivel nacional, Analytica precisó que la proporción de personas con al menos una deuda en mora se mantuvo prácticamente estable respecto de abril, en el 26,8% de la población, lo que equivale a 5,3 millones de personas. El universo total de deudores del sistema asciende a 19,8 millones de personas.

El informe remarcó que tanto el nivel de endeudamiento formal como la mora "tienen una distribución heterogénea entre regiones". Buenos Aires encabeza el ranking negativo, seguida por San Juan (35,2%), Catamarca (34,2%), San Luis (34,1%) y La Rioja (34,0%). En el otro extremo, los distritos con menor atraso son CABA (16,1%), La Pampa (19,5%) y Neuquén (23,3%).

La provincia de Buenos Aires concentra, además, el 36,4% de los deudores y el 37,8% de los deudores en mora de todo el país, una sobrerrepresentación que la consultora destacó como uno de los datos centrales del relevamiento.

Dentro del territorio bonaerense también hay diferencias marcadas. El 27,8% de los deudores registra al menos un crédito en mora tardía, pero esa tasa trepa al 30,5% en los municipios del conurbano y baja al 23,1% en el interior de la provincia, sin variaciones significativas respecto del mes anterior.

Desde el Gobierno nacional volvieron a vincular el salto de la morosidad con problemas de "aprendizaje" y educación financiera de los hogares, en un intento por despegar el fenómeno del apretón monetario aplicado el año pasado para contener la corrida cambiaria, que disparó las tasas de interés.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que "la gente se expone a riesgos de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones". Por su parte, calificó como "normal" el aumento de la morosidad en un contexto de recuperación del crédito.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto desatado por una serie de despidos registrados en una empresa del Parque Industrial de Pilar.

Luego de semanas de lucha por parte del Sindicato de Trabajadores Químicos, la cartera laboral ordenó que se retrotraigan los despidos que se habían dado en la firma Cascia Gases Comprimidos, unos seis hasta el momento, y las partes se sienten a negociar.

“Luego de semanas de reclamo pacífico, audiencias y gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la audiencia celebrada en el día de ayer se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que se mantiene con la empresa Cascia Gases Comprimidos", informaron desde Químicos.

"La medida fue adoptada en el marco de un conflicto generado por despidos que presentan claros indicios de práctica antisindical, al haber afectado a trabajadores afiliados a la organización sindical, además de la reiterada falta de diálogo por parte de la empresa durante todo el proceso”, señalaron desde el gremio, comandado por Sergio González.

“Durante todo el conflicto, el Sindicato actuó por las vías institucionales, privilegiando el diálogo, el respeto por la ley y el ejercicio pacífico del derecho a reclamar”, agregaron.

Desde el sindicato, además, indicaron que “en cumplimiento de la resolución ministerial, la empresa deberá acatar lo dispuesto por la autoridad laboral, garantizando la continuidad de la relación laboral durante el período de conciliación”.

“El Sindicato controlará el estricto cumplimiento de la medida y, ante cualquier incumplimiento, realizará de inmediato las denuncias correspondientes y solicitará la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente. Este resultado demuestra, una vez más, que la organización y la unidad de los trabajadores son fundamentales para la defensa de sus derechos”, expuso González.

El conflicto se desató a fines de abril de este año cuando la empresa desvinculó a dos trabajadores.

Desde Químicos aseguraron que las desvinculaciones se dieron sin causa y advirtieron que en los planes de la empresa estaba expulsar a más empleados, algo que con el correr de las semanas se confirmó.

La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Estado a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, con lo cual el ministerio de Capital Humano quedó habilitado para discontinuar el programa, que entregaba unja prestación de unos $78.000 a unas 900.000 personas.

El fallo de la cámara anula una decisión previa del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien había ordenado continuar con los pagos tras un amparo colectivo de organizaciones sociales, presentada ante la decisión original del Ejecutivo de dar de baja este plan social.

Tras la decisión, la UTEP denunció que la Cámara Federal de San Martín priorizó la burocracia por encima del carácter alimentario de los programas sociales, cuya prestación -$78.000 mensuales por beneficiario- estaba congelada desde diciembre de 2023, una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei.

“La Cámara priorizó la burocracia de las políticas públicas y las facultades discrecionales del Ejecutivo por sobre el carácter alimentario de los ingresos de las familias más vulnerables”, afirmó la UTEP a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Desde la UTEP denunciamos que este fallo es un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular día a día en los barrios. Calificar este ingreso como una ‘asignación no remunerativa’ por capacitación, desconociendo su carácter alimentario, demuestra una desconexión total con la realidad social”, añadieron.

La organización apuntó con esos argumentos contra el fallo, firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, porque avaló el planteamiento de Capital Humano en el sentido de que el programa tenía un “vencimiento de 24 meses” y habilitó al Gobierno a reemplazarlo por “vouchers de capacitación” para cada trabajador.

La UTEP denunció que “eliminar por completo el Volver al Trabajo implica empujar directamente a la indigencia a casi un millón de familias que lo usan como complemento indispensable para poner un plato de comida en la mesa”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó que su organización va a acompañar el 22 de julio “a los jubilados que son un ejemplo de lucha” en su marcha al Congreso, y anticipó que “el 7 de agosto vamos a construir una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Además, recalcó que como parte del plan de lucha de la CGT y las dos CTA la UTEP va a impulsar una movilización, sin fecha aún, “al Ministerio de economía para visibilizar la realidad de las familias”.

El programa Volver al Trabajo alcanzaba a 10 mil beneficiarios en Pilar.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) rechazaron en su momento la baja del plan y su reemplazo por vouchers para la capacitación en diferentes actividades.

“En Pilar, el impacto es directo y profundo porque esas 10.000 bajas significan 78 millones de pesos menos circulando en la economía local”, expresaron desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.

Y agregaron que esa “plata deja de estar en los comercios, en los comedores, en los espacios productivos y de cuidado”.

“Esto no solo afecta a quienes pierden el ingreso, sino a todo el entramado de la economía barrial pilarense”, alertaron. 

Con información de DIB y Pilar de Todos.

El mercado laboral registrado volvió a deteriorarse en abril y completó doce meses consecutivos de caída, de acuerdo con los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo. Pero también enciende una alarma que el retroceso del empleo independiente.

Los registros oficiales muestran una nueva reducción del empleo formal, una retracción sostenida del sector privado y expectativas empresariales prácticamente estancadas para los próximos meses.

En abril se contabilizaron 12,765 millones de trabajadores registrados, 28.000 menos que en marzo (-0,2%) y 92.200 menos que un año atrás (-0,7%). La principal explicación del retroceso volvió a estar en el empleo asalariado privado, que cayó hasta los 6,130 millones de trabajadores, con una pérdida de casi 12.000 puestos respecto del mes anterior y de 128.600 en comparación con abril de 2025 (-2,1%).

La caída del empleo formal se mantiene desde septiembre de 2023 y, tomando como referencia el inicio de la actual gestión nacional, el deterioro resulta aún más pronunciado. Desde noviembre de 2023 se perdieron 329.667 puestos de trabajo registrados, de los cuales 235.419 corresponden al sector privado. El empleo público y el trabajo en casas particulares registraron leves incrementos en abril que apenas compensaron una parte de la destrucción de puestos privados, aunque ambos continúan cerca de los niveles más bajos del período.

Los informes oficiales también muestran que el deterioro alcanza a la mayor parte de la economía. En abril únicamente Hoteles y restaurantes (+0,4%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,2%) incrementaron su nivel de empleo. Enseñanza, Servicios sociales y de salud y Suministro de electricidad, gas y agua permanecieron sin cambios, mientras que el resto de las principales ramas registró bajas. Entre ellas se destacaron Pesca (-5,9%), Intermediación financiera (-0,9%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,4%), Industrias manufactureras (-0,3%), Comercio y reparaciones (-0,3%) y Explotación de minas y canteras (-0,3%).

La industria continúa siendo uno de los sectores más afectados. Según los datos disponibles, acumula 18 meses consecutivos de caída del empleo y desde noviembre de 2023 perdió más de 80.000 puestos de trabajo registrados, concentrando buena parte del deterioro observado durante el último año. También el comercio mantiene una tendencia negativa, sin que otros sectores logren compensar esas pérdidas.

En cuanto al trabajo independiente, el SIPA muestra que en la comparación interanual aumentó 1,8%, impulsado principalmente por el crecimiento del monotributo y el monotributo social. Sin embargo, en la comparación mensual de abril se observó una caída del 0,7%, con retrocesos en todas las categorías: monotributo social (-2,1%), autónomos (-1,0%) y monotributistas (-0,5%). En marzo y abril, además, se registró una reducción cercana a 16.000 monotributistas.

Los indicadores salariales tampoco muestran una mejora significativa. De acuerdo con el SIPA, el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado volvió a ubicarse en abril por debajo del nivel de noviembre de 2023, reflejando un escenario de estancamiento del poder adquisitivo junto con la persistente caída del empleo formal.

Fuente: Agencia DIB

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida.

Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025.

Cabe destacar que la división con mayor variación mensual en junio de 2026 fue Recreación y Cultura (4,2%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (0,4%). 

Además, en junio de 2026, Pampeana fue la región con mayor suba mensual (2,0%) y Cuyo, la de menor (1,6%).

En tanto, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026: 2,2% más que el mes previo y 35,7% a nivel interanual.

#DatoINDECLos precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/ZK2xJUkxuW

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la resolución general 5875, publicada en el Boletín Oficial, implementó un plan de facilidades de pago excepcional orientado a aliviar la situación fiscal de las MiPyMEs, de los pequeños contribuyentes y de las entidades sin fines de lucro.

Con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, la Resolución General 5875/2026, busca promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

En los fundamentos de la norma, el organismo sostuvo que las MiPyMEs constituyen un sector estratégico por su aporte a la generación de empleo, la producción de bienes y servicios y el desarrollo de las economías regionales, mientras que los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro requieren herramientas que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones.

El régimen comprende obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, incluidos sus intereses, además de retenciones y percepciones impositivas y tributos vinculados a operaciones de importación y exportación. También podrán incorporarse multas aplicadas hasta el 30 de junio de 2026, aunque la adhesión no implica la reducción de intereses resarcitorios o punitorios ni la liberación de las sanciones correspondientes.

En cambio, quedaron excluidos del plan, entre otros conceptos, los anticipos y pagos a cuenta, determinados conceptos del IVA por servicios prestados desde el exterior, los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, las cuotas de ART, los aportes del personal de casas particulares, las cuotas de planes de pago vigentes y distintos tributos específicos previstos por la normativa.

Tampoco podrán acceder al beneficio quienes registren condenas firmes por delitos tributarios, aduaneros o vinculados con el incumplimiento de obligaciones fiscales, así como determinadas personas jurídicas cuyos directivos hayan sido condenados por ese tipo de delitos. También quedaron excluidos los responsables solidarios y los garantes de obligaciones comprendidas por regímenes específicos.

La resolución establece condiciones diferenciadas según el tipo de contribuyente. Las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro podrán financiar las deudas generales en hasta 18 cuotas, mientras que las retenciones y percepciones impositivas podrán regularizarse en hasta nueve cuotas, con un pago a cuenta del 5% y una tasa de financiación mensual del 2,75%.

Por su parte, las medianas empresas -tramos 1 y 2- podrán acceder a planes de hasta 15 cuotas para las obligaciones generales y de hasta siete cuotas para retenciones y percepciones, con un pago a cuenta del 10% y la misma tasa de financiación mensual.

Fuente: Agencia DIB

La demanda de servicios públicos subió 2% interanual en abril de 2026 y avanzó 0,1% respecto de marzo, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP).

De acuerdo con el informe difundido por el organismo, el índice de serie original registró la suba interanual del 2,0%, mientras que en términos desestacionalizados la variación frente a marzo fue del 0,1%. El índice de tendencia-ciclo, por su parte, mostró un avance de 0,3% respecto al mes anterior.

En la comparación interanual, el organismo precisó que "en abril de 2026 respecto a igual mes del año anterior, la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 4,8% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 7,2%", según el informe del INDEC.

En tanto, el transporte de pasajeros tuvo una baja de 0,8% y el transporte de carga registró una suba de 11,2%; mientras que los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una variación positiva de 1,1%, siempre de acuerdo al mismo reporte.

El correo postal fue el rubro con mayor caída: el servicio se redujo 16,9% interanual, mientras que el sector de telefonía registró una variación positiva de 1,7%, señaló el INDEC.

Frente a marzo, y ya en términos desestacionalizados, el panorama cambia de magnitud. El INDEC detalló que "en abril de 2026 respecto de marzo de 2026, se observa que la demanda de electricidad, gas y agua registró una suba de 1,5% y la recolección de residuos tuvo una variación positiva de 2,7%", al tiempo que el transporte de pasajeros tuvo una reducción de 2,5% y el transporte de carga mostró una baja de 1,2%.

Los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron un aumento de 0,2%, el correo postal registró una variación negativa de 1,3% y la telefonía tuvo una baja de 0,1%, precisó el organismo.

En el análisis de tendencia-ciclo —que suaviza las oscilaciones de corto plazo—, los sectores con variación positiva respecto de marzo fueron electricidad, gas y agua (0,8%), recolección de residuos (0,9%), transporte de carga (0,2%), vehículos pasantes pagos por peajes (0,3%) y telefonía (0,1%).

En cambio, el transporte de pasajeros (-0,2%) y el correo postal (-1,0%) fueron los únicos rubros con caída en esta serie, detalló el INDEC.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López.

“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”, expuso López.

Este aumento para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

"Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord", sostuvo López y agregó: "En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses".

El Poder Ejecutivo avanza en la firma de un nuevo decreto que prorrogará por un año la emergencia del Sector Energético Nacional, vencida el pasado 9 de julio.

La medida apunta a garantizar la continuidad de las obras de infraestructura eléctrica y asegurar el suministro en todo el país.

La renovación permitirá que los organismos competentes mantengan las facultades necesarias para sostener la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, sin interrupciones en el proceso de adjudicación de obras y contratos en curso.

De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, la firma del decreto en el Boletín Oficial se concretaría durante la semana que viene, y el objetivo central pasa por garantizar el abastecimiento y la capacidad de almacenamiento eléctrico de cara a los próximos meses.

La actual emergencia energética arrastra sucesivas renovaciones desde su declaración original en 2023, cuando tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Aquel plazo se extendió luego hasta el 9 de julio de 2025 mediante el Decreto 370/2025, firmado el 30 de mayo de ese año, que ahora el Gobierno buscaría prolongar por un año adicional.

En los considerandos de ese decreto, el Ejecutivo había justificado la prórroga al sostener que aún "persisten las circunstancias que motivaron los decretos previos relacionados con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético".

El texto agrega, además, que la actual gestión consideró "imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece".

Durante la vigencia de la emergencia, la gestión de Javier Milei impulsó distintas herramientas para reforzar el sistema eléctrico. Una de ellas fue la licitación "Alma SADI", orientada a la incorporación de centrales de almacenamiento de energía en baterías para reducir los cortes de luz.

En esa línea, la Secretaría de Energía otorgó esta semana contratos de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de sistemas BESS (Battery Energy Storage System), pensados para cubrir demandas de corta duración y aportar respuesta rápida ante emergencias del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

A la par, desde comienzos de 2026 rige el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que alcanza a electricidad, gas natural por redes, gas propano y GLP envasado, y fija bloques de consumo base para el servicio eléctrico.

Para su implementación se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que se nutre de los datos ya cargados en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El gobierno de Axel Kicillof anunciará la semana próxima un aumento salarial para la policía bonaerense que calcará el acuerdo de paritarias para los trabajadores estatales y los docentes: 7% en dos tramos, 5% en julio y 2% en agosto. Además, se incrementarán los programas de ayuda social.

Kicillof viene de cerrar una paritaria exitosa con los estatales y docentes -pese a que en esta caso hubo un paro de 24 horas- con los que alcanzó el segundo acuerdo del año, pero con los policías la negociación está prohibida por ley, debido a lo cual la política salarial se dispone por decreto del Ejecutivo.

La decisión en el gobierno es anunciar -lo haría este lunes- que los policías recibirán un aumento igual al del resto de los estatales, que se suma al 9,3% del primer acuerdo de paritarias que también fue replicado por decreto para los uniformados. Del mismo modo, para la Policía. la suba escalonada del 7% se computara sobre los salarios de junio.

Hoy, sin contar adicionales, un superintendente de la policía provincial gana un básico de casi $2.3 millones, un Comisario General cobra en torno a los 1.9 millones; un comisario mayor $1.7, un comisario Inspector $1.5 millones y un oficial ingresante cerca de $900.000.

En paralelo, el gobierno anunciará una suba en los montos que se pagan por programas sociales, entre los que se cuentan el ENVION, Reunir, Barrios Bonaerenses y el plan Más Vida. Esos programas habían recibido un incremento del 25% en abril, cuando se dispuso también una duplicación de la asistencia alimentaria que se canaliza vía municipios.

En ese momento, la provincia suspendió el programa MESA, que entregaba una caja con alimentos por mes a las familias de todos los alumnos de las escuelas públicas.

Agencia DIB

La provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo, lanzó la temporada invernal 2026 con una batería de descuentos del Banco Provincia para quienes elijan destinos bonaerenses durante las vacaciones.

El lanzamiento se realizó en el marco de Caminos y Sabores, que se desarrolla hasta el 12 de julio, de 12 a 20 horas, en el BA Ferial (ex Costa Salguero), sobre la avenida Costanera Rafael Obligado, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los beneficios, vigentes durante todo julio, incluyen 25% de descuento en gastronomía —con un tope de 10.000 pesos semanales por persona—, 20% en entretenimiento con tope de 20.000 pesos y hasta 6 cuotas sin interés, además de 4 y 6 cuotas sin interés en hoteles y alojamientos.

También hay 10% de descuento en alquiler de autos, beneficios en gomerías y casas de servicio adheridas, y cuotas sin interés en pasajes de larga distancia. A través de Cuenta DNI se suman promociones adicionales para impulsar el turismo provincial.

Entre los puntos fuertes de la temporada figura La Nieve de Sal en Epecuén, un fenómeno natural que atrae a numerosos visitantes, junto con el avistaje de ballenas en Necochea y Miramar.

La oferta se completa con las bodegas de Vinos Buenos Aires y la Ruta del Olivo, que propone visitas guiadas, catas dirigidas, maridaje y participación en la cosecha, además de circuitos de spa y dermocosmética.

Las termas en zonas de playas, lagunas y salinas y los emprendimientos vinculados a los funghi —con 1.500 variedades de hongos y caminatas guiadas por especialistas en micología básica— completan el mapa de propuestas invernales.

El calendario de celebraciones incluye la Fiesta del Salame Serrano en Tornquist, la Fiesta de la Naranja de Ombligo en San Pedro y la Fiesta de la Empanada Costera en Tres Arroyos.

A eso se suma el Invierno Medieval en Villa Gesell, con caballeros, hadas, brujas y duendes recorriendo playas y bosques de la costa bonaerense.

La programación contempla propuestas para infancias en La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, junto con competencias deportivas en la mayoría de los destinos turísticos. La principal es Monte Corre a la Aventura, en Monte Hermoso.

El lanzamiento se realizó en el marco de Caminos y Sabores, feria que se extiende hasta el 12 de julio, de 12 a 20 horas, con la participación de 34 productores bonaerenses que ofrecen degustaciones, venta de productos y promoción de destinos.

La iniciativa es impulsada por el gobernador Axel Kicillof a través del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Augusto Costa.

Más información en www.buenosaires.tur.ar

Viajar a Mar del Plata y a los principales destinos de la Costa Atlántica es más caro tras la oficialización del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de un aumento del 6,71% en las tarifas de los peajes administrados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), que alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74, las que forman parte del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA).

La medida fue establecida mediante la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense. 

Allí se pone en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las estaciones ubicadas sobre las rutas que conducen a los principales destinos turísticos bonaerenses.

Para los automóviles (categoría 1), las tarifas son las siguientes:

Samborombón (Ruta 2): $ 7.900.Maipú (Ruta 2): $ 7.900.La Huella (Ruta 11): $ 7.900.Mar Chiquita (Ruta 11): $ 3.700.General Madariaga (Ruta 74): $ 3.300.

Quienes utilicen TelePASE abonarán una tarifa levemente inferior:Samborombón, Maipú y La Huella: $ 7.856,80.Mar Chiquita: $ 3.614,12.General Madariaga: $ 3.299,84.

Además, continúan vigentes las tarifas bonificadas para determinadas franjas horarias y períodos del año.

El incremento responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión del sistema vial, basado en el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT).Este indicador se calcula tomando como referencia un 55% del Índice de Salarios, un 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos elaborados por el Indec.  

Fuente Agencia DIB

Better Food, la empresa que administra la marca alimenticia 3 Arroyos en el Parque Industrial de Pilar, confirmó que no renovará 20 de los 70 contratos que vencen el próximo 15 de julio.

La decisión, señalaron a Pilar de Todos desde la compañía, se debe a la profunda caída en las ventas que sufre el sector de consumo masivo en general, y el de la firma en particular, con una merma que ronda el 40% en el semestre de este año.

El CEO de la compañía, Marcelo D'Abramo, explicó que la medida no implica despidos, sino el vencimiento de un esquema pactado con el gremio de la Alimentación desde el inicio de las operaciones de Better Food en 3 Arroyos, en diciembre del año pasado.

Los 70 puestos estaban sostenidos bajo la modalidad de contrato eventual, vinculados a la evolución de la demanda y otros aspectos, y renovables cada seis meses.

Better Food se hizo cargo de la planta en diciembre de 2025, luego de que 3 Arroyos entrara en proceso de quiebra. La planta se dedica a la producción de cereales y otros productos alimenticios de consumo masivo.

Según indicó el CEO, la compañía gestionó junto a un estudio de abogados la liquidación de créditos de los empleados afectados por el quiebre, para que no quedaran sin respaldo económico, y se decidió sostener los puestos incluso, aseguró D'Abramo, respetando antigüedad, categoría y vacaciones, por ejemplo..

Desde entonces, la operación de la planta se sostiene por orden judicial, en períodos renovables de seis meses. "Ningún trabajador te puede decir hoy que sus derechos se vieron vulnerados", expuso. 

D'Abramo sostuvo que el factor decisivo para no renovar 20 contratos no fue la compra ni el alquiler de la planta —procesos aún no concretados—, sino la caída del consumo.

"De febrero a hoy nos ha caído entre 32 y 40 puntos la venta, dependiendo el mes. De los 70 contratos que vencen el 15 de julio, se van a renovar 50, que son los necesarios para operar de acuerdo a la demanda que tenemos", expuso.

"La empresa necesita 600 millones de pesos mensuales, y está facturando entre 350 y 400 millones", explicó el CEO de la empresa, una diferencia que hoy se cubre con otras unidades de negocio de Better Food, como bebidas vegetales y galletas de arroz.

“No nos gusta desvincular gente, pero sería una irresponsabilidad sostener a todos ya que pongo en riesgo no solo al resto de los empleados de 3 Arroyos, sino a las otras unidades de negocio. Además, recordemos que 3 Arroyos venía de una quiebra y nadie quería hacerse cargo. Esto no es algo que se escondió, sino que se habló en su momento con el Sindicato”, añadió D'Abramo, quien remarcó que el resto de los contratos sí serán renovados, por otro plazo de seis meses.

“No es que la empresa está escondiendo algo, porque es vox populi que simplemente salís a la calle y mirás a los costados y ves cómo está la situación de la caída del consumo masivo. Yo hablo con empresarios de otros rubros, como el textil, y la situación es crítica”, inistió el CEO de Better Food.

D'Abramo, además, cuestionó las nulas herramientas financieras que ofrece la banca pública, a excepción del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

“Ni el Banco Nación ni el Ciudad nos dieron una mano, nadie. El que sí está peleando junto a mí todos los días para sostener los puestos de trabajo es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya que tenemos cuenta en la sucursal del Parque Industrial. En otros bancos ni nos permitieron abrir cuenta”, lamentó.

“Mi compromiso es que no haya más (desvinculaciones), mi intención es que no hubiese habido ninguna, pero dependemos de la demanda y el consumo”, cerró D'Abramo.

Los gremios docentes y estatales de la Ley 10430 finalmente aceptaron la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno Provincial. 

Se trata de un aumento del 7% escalonado: 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio. 

Tras la puesta en consideración de la oferta, los representantes gremiales la aceptaron en la tarde de este miércoles.

El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, aseguró: “Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial”.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó que el acuerdo “tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral”. 

“No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales. Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas”.

Los acuerdos también incluyen, en el caso docente, la incorporación de una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial. 

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

En el caso de la Ley 10430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.