El Gobierno ganó tiempo y respira de alivio. A último momento logró doblegar algunas voluntades en el recinto y logró que, durante la votación en particular de la reforma de la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y decretos delegados, uno de los artículos -el tercero- no consiguiera superar la mayoría absoluta de los votos (129 voluntades). Ergo, la iniciativa retornará al Senado, que le había dado media sanción.

La votación finalizó 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, en su mayoría de la UCR. Sin embargo, el artículo tercero del proyecto consiguió 127 votos positivos. Le faltaron dos para alcanzar la mayoría que exige la Constitución.

El oficialismo calificó la ofensiva opositora de “desestabilizante” y rechazará la reforma de la ley que reglamenta el uso de los DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado. Es que, de ser convertido en ley, el Poder Ejecutivo estará obligado a conseguir, en un plazo de 90 días, el apoyo de ambas cámaras legislativas para sostener la validez de sus decretos. Si no lo logra, el decreto queda derogado.

La iniciativa empodera al Congreso pues dispone, además, que bastará con que una sola cámara rechace un DNU o decreto delegado para dejarlo sin efecto; la norma actual exige el rechazo de las dos cámaras. En definitiva, la reforma pretende erradicar el artilugio de la “sanción ficta” contenida en la ley 26.122 que impulsó la entonces senadora Cristina Kirchner: la convalidación de los decretos a partir del silencio del Congreso.

“Nadie puede pecar de ingenuo ni creer que el kirchnerismo con su dictamen de mayoría quiere mejorar las instituciones de la república. Al contrario, se propone desestabilizar al Gobierno, generando una mayor inseguridad jurídica”, advirtió Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

“Con este diseño (que plantea la reforma de la ley), que viola la Constitución, se pretende instalar el gobierno del Congreso, una suerte de democracia parlamentaria, en el que ya no será el Poder Ejecutivo el que tome las decisiones”, agregó.

“Esta ley tiene claramente un interés de desestabilizar al gobierno nacional. Cada vez que el kirchnerismo no gobierna, entorpece. Cuanto peor, mejor”, alertó el también libertario Álvaro Martínez.

Los opositores, en sus discursos, aseveraron que la intención de la reforma no es limitarle las facultades al presidente Javier Milei de dictar decretos, sino evitar que el Poder Ejecutivo haga uso y abuso de esta herramienta; junto con los vetos a las leyes opositoras, el Gobierno ha buscado esquivar sistemáticamente al Congreso, alegaron.

“Esta ley no atenta contra la gobernabilidad, al contrario, es a favor -replicó Nicolás Massot (Encuentro Federal)-. Esta reforma sirve para que el Gobierno entienda que no se puede gobernar con un tercio de legisladores en una de las cámaras y que necesita formar mayorías. Si no lo hace, no hay tercio que los salve.”

Por su parte, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) indicó que si bien él votó la norma en 2006, cuando la impulsó la entonces exsenadora Cristina Kirchner, consideró pertinente su reforma por el uso excesivo que, a su juicio, hicieron de esta herramienta los distintos gobiernos.

“En el tiempo que estamos viviendo, esta mecánica del Gobierno, con el abuso de los vetos, de los DNU, es un dato muy negativo y constituye una visión muy limitada de la democracia -sostuvo-. Este no es una iniciativa contra el Gobierno ni contra el presidente, los DNU son un elemento necesario pero deben ser tratados con seriedad por parte del Ejecutivo”.

El diputado Juan López (Coalición Cívica) cuestionó al kirchnerismo por el uso y abuso de los DNU mientras ejerció el gobierno -pese a que dominaba ambas cámaras- pero también a la administración libertaria “por el abuso total en el uso de los decretos, una práctica que vuelve a alertar sobre la institucionalidad”.

El radicalismo, que ha sido un histórico detractor de la ley 26.122, mostró posiciones divididas en esta oportunidad. En el Senado votó a favor de la reforma, pero en la Cámara de Diputados el bloque que conduce Rodrigo De Loredo no hizo lo mismo y buscó una diagonal para zafar del dilema: pedir que la reforma rija a partir de 2027.

“Exigirle en tiempo récord a un gobierno que no tiene un solo gobernador, un solo intendente y cuenta con un puñado de legisladores, lo que no se le exigió a los gobiernos anteriores constituye un hecho que los desestabiliza institucionalmente”, alegó De Loredo.

En cambio, el radical Julio Cobos se desmarcó de su bloque y anticipó su apoyo a la reforma. “Es necesario que que los DNU tengan la misma jerarquía de una ley tradicional”, sostuvo.

En la otra vereda, el libertario Santiago Santurio embistió contra los bloques opositores que acuerdan las ofensivas con el kirchnerismo. “Dicen que nosotros somos iguales a los kirchneristas; iguales son aquellos que votan con ellos. Tienen la misma agenda; son una estafa”, alegó.

En la misma línea, desde el bloque Pro el diputado Damián Arabia les pidió a los bloques opositores que no sean funcionales al kirchnerismo en su intento de bloquear al Gobierno. “Les pido que pensemos en el sentido de la ética de la responsabilidad de (Max) Weber: que más allá de nuestras intenciones, lo que importan son las consecuencias”, exclamó Arabia levantando la Constitución Nacional con el brazo.

En una posición más neutral, el diputado Ricardo López Murphy advirtió que si se llegó a esta instancia fue por la incapacidad del oficialismo para dialogar con la oposición. “Los errores políticos se pagan”, alertó. Y si bien se mostró contrario al abuso de los DNU, admitió que su temor es que esta reforma sea considerada inconstitucional.

El debate, por momentos intenso, no deja de desnudar ciertas paradojas. Una de ellas, que el oficialismo defienda con uñas y dientes una ley que lleva el sello de la exsenadora Cristina Kirchner, demonizada por los libertarios. La otra, que el kirchnerismo no abrió la boca en toda la sesión: la única del bloque de Unión por la Patria que defendió la reforma fue Mónica Litza, quien responde a Sergio Massa.

“El problema no es el instrumento (los DNU) sino cómo se han utilizado. Hubo decretos que ampliaron derechos, como el de la Asignación Universal por Hijo”, enfatizó. (DIB)

La candidata a senadora nacional por Fuerza Patria y ex presidenta de AySA, Malena Galmarini, criticó al Gobierno de Javier Milei por el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, que modifica de forma integral el marco regulatorio del servicio de agua potable y desagües cloacales y permite cortar el agua a usuarios residenciales por falta de pago. “El agua no se puede cortar y es un derecho humano. Es inexplicable lo que están haciendo”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

El decreto, firmado el 22 de julio, forma parte del paquete habilitado por la Ley de Bases 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a la empresa estatal. Entre sus cambios más relevantes, autoriza a la futura concesionaria a cortar el suministro de agua a usuarios residenciales que acumulen atrasos de pago cuando haya mora en el pago de dos períodos consecutivos de facturación y la intimación de pago hubiera sido enviada con al menos 15 días de antelación. También prevé aumentos trimestrales de tarifas en función de la inflación y permite que las nuevas obras sean financiadas directamente por los usuarios a través de sus boletas.

Actualmente, el corte del servicio solo se aplica a usuarios no residenciales, como comercios e industrias, tras dos períodos impagos y con intimación previa de diez días. En el caso de los hogares, el protocolo —vigente según la Ley 26.221— contempla condiciones similares, pero su implementación efectiva no se había habilitado hasta ahora. El nuevo decreto habilita esa aplicación si se concreta la privatización.

“El Presidente habla de competitividad en una empresa que no tiene competencia. La rentabilidad de AySA no pasa por cuánto gana, sino por cuántos usuarios se incorporan. Aumentaron las tarifas y bajaron la calidad del servicio”, planteó Galmarini. Según la ex funcionaria, la intención oficial es “vaciar la empresa para justificar su privatización”.

En esa línea, repasó su gestión al frente de la compañía estatal: “En cuatro años hicimos 4.000 km de redes de agua y cloacas. Todos los procesos estaban certificados por normas IRAM y se subían a la web, que hoy dieron de baja”.

Galmarini recordó además que el acceso al agua y al saneamiento forma parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°6 de la ONU y que su estatus como derecho humano está respaldado por la Constitución Nacional y tratados internacionales.

“Nos pasó con Aguas Argentinas: solo les interesaban los usuarios que podían pagar. Esta es una discusión sobre el modelo de país”, subrayó. También cuestionó el respaldo legislativo que recibió la Ley Bases: “No les agradezco a quienes la firmaron. Pusieron a disponibilidad la privatización de una empresa como AySA. La gente no lo merece”.

Por último, denunció que obras estratégicas como el sistema Riachuelo y el acueducto Agua Sur están paralizadas. “Pretenden dejar todo como está, meter arena y terminar con el sueño de vecinos y vecinas. Este gobierno habla de libertad y de la casta, pero no se preocupa por quienes no pueden bañarse ni tomar leche con agua segura”, concluyó.

La Justicia frenó este martes los artículos del DNU 70/23 que modificaban la actividad laboral de los farmacéuticos y, a partir de ese fallo, se cae también la venta de medicamentos en kioscos y otros establecimientos en los que no haya un profesional para dispensarlos.

Tras el reclamo del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió los artículos 319, 320 y 321 del DNU 70/2023 que modificaban la actividad laboral de los farmacéuticos.

En rigor, el DNU 70/23 sacaba de circulación a los farmacéuticos porque derogaba los artículos 13, 20, 25, 26, 27, 40, 41, 42, 43 y 44 de la ley 17.565 de farmacia.

La Justicia resolvió establecer la obligación de la presencia, la atención personal y la dependencia exclusiva del farmacéutico con la farmacia o establecimiento que dirija, durante todo el horario de atención; la obligación de reemplazar al farmacéutico ausente por otro profesional para poder continuar con la distribución o dispensación de los medicamentos, caso contrario la farmacia no podrá dispensar remedios recetados; y la obligación de la dirección técnica farmacéutica en otros lugares como herboristerías, porque el uso de plantas medicinales también conlleva riesgo.

“La sentencia en forma directa establece que ningún establecimiento que venda medicamentos puede funcionar sin la presencia permanente de un profesional farmacéutico. E indirectamente impide la venta en kioscos porque al restablecer que la dispensiòn de medicamentos deba ser exclusivamente bajo la supervisión profesional, el kiosco no puede vender”, explicó el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta.

La sentencia del expediente caratulado “Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción de Amparo” fue clara al afirmar: “Los perjuicios que se derivan de manera inmediata de la entrada en vigencia del DNU 70/23 en lo que hace a la modificación y derogación de los arts. 25, 26 y 42 de la ley 17.565 (cfr. arts. 319, 320 y 321 del DNU 70/2023) que afectan el trabajo y la profesión de los farmacéuticos, en su fuente laboral, todos los recaudos cautelares se encuentran reunidos, por lo que corresponde revocar lo decidido en grado y hacer lugar a la suspensión de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a las regulaciones implementadas por los arts. 319, 320 y 321 hasta tanto se dicte resolución definitiva”.

“El farmacéutico se encarga del origen, la conservación y la información de todos medicamentos y tiene un papel clave en la vacunación, la aplicación de inyectables, el control de la presión arterial, el seguimiento de pacientes crónicos y el uso racional de los medicamentos, por eso resulta incompatible laborar simultáneamente en más de un local”, indicaron los farmacéuticos en un comunicado.

La sentencia confirma que cada profesional farmacéutico solo podrá dirigir un establecimiento, en el marco de los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, y la farmacia deberá garantizar la suficiente cantidad de personal farmacéutico para cumplir su función durante todo el horario de atención.

Con esta sentencia, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) se posiciona junto a la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA) entre los pocos actores que lograron frenar los efectos del mega DNU. (DIB)

El Gobierno nacional derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 que promulgó la gestión de Alberto Fernández en 2020, donde se declaraba como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía y la televisión por cable.

Lo hizo a través de otro decreto, el 302/2024, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde puso fin a la regulación de los precios del mercado a través del Enacom, que también establecía los aumentos.

“El presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”, establece la normativa.

Durante la pandemia de Covid-19 y la cuarentena decretada por el Gobierno de Alberto Fernández, los servicios de Internet, telefonía y cable fueron declarados como esenciales y era el Ente Nacional de Comunicaciones el que establecía los aumentos tarifarios de las empresas prestadoras.

Ahora, los licenciatarios de servicios TIC podrán establecer sus tarifas. El objetivo es fomentar la competencia y también generar inversiones para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

En febrero, el rubro Comunicaciones registró una suba del 24,7% mensual, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Mientras que en enero, la variación fue del 25,1%; en diciembre, del 15,6%; en noviembre las tarifas se incrementaron un 15,2% promedio; y en octubre, 12,6%.

“Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”, agrega el decreto.

El decreto lleva la firma del presidente Milei, los ocho ministros nacionales y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. (DIB)

Con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones, los senadores nacionales rechazaron el DNU 70/23 “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. No obstante, aún los lineamientos del decreto continúan vigentes, a la espera del tratamiento en la Cámara de Diputados. Si el Gobierno consigue mayoría en la Cámara baja, el DNU seguirá su curso. Si es rechazado, quedará anulado.

Por la noche, la Oficina del Presidente Javier Milei emitió un duro comunicado. Una vez más apuntó contra “la clase política” y consideró que el rechazo del decreto es “como un intento de socavar el Pacto de Mayo”. “Que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”.

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Unión por la Patria (UxP) consiguió el apoyo necesario a sus 33 legisladores en la votación en contra y alcanzó las 42 voluntades. El más resonante fue el de Martín Lousteau, presidente de la Unión Cívica Radical, quien tuvo cruces con el oficialismo en el recinto y por redes sociales durante toda la jornada. “Aquellos que se visten con Alfonsín, recomiendo que lo lean”, dijo Lousteau durante su alocución. Los 25 votos de aprobación del DNU fueron de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.

En tanto, el escenario en Diputados es menos claro que el del Senado: pese a que UxP es el bloque mayoritario con 99 diputados, se precisan 129 votos para la mayoría. La carrera de negociaciones será áspera.

En la mañana de este jueves, con 45 senadores presentes y 27 ausentes, se consiguió el quórum necesario para comenzar la sesión en la Cámara de Senadores, en medio de una fuerte tensión entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el presidente, Javier Milei.

La sesión arrancó a las 11.11 con senadores de todos los bloques sentados en sus bancas y con una vicepresidenta dispuesta a respetar los reglamentos, a pesar de la fuerte crisis que enfrenta con Javier Milei tras su decisión de aceptar el pedido de sesión especial impulsado por la oposición para discutir el DNU, a sabiendas de que estarían los votos necesarios para su rechazo.

Tras una fuerte misiva de la Oficina del Presidente contra la decisión de Villarruel, en el que criticó duramente “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”, el ministro del Interior, Guillermo Francos, intentó bajarle el tono a la pelea y aseguró que no cree que la vicepresidenta haya tenido una intención política contra Milei al incluir el DNU en el debate, aunque aseguró que pudo haber cometido “un error”.

El Presidente dijo esta anoche que el voto en el Senado pone en riesgo la convocatoria al Pacto de Mayo que realizó durante la Asamblea Legislativa. “Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos”, afirmó en el comunicado. “El día primero de marzo de 2024, el Presidente de la Nación extendió una invitación, en un acontecimiento histórico sin precedentes, a todos los integrantes de la dirigencia política, sin distinción partidaria, para firmar el Pacto de Mayo”.

En ese sentido, advirtió: “Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a solo tres meses de su asunción”. Y cerró: “En su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”, precisó.

Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! ?? pic.twitter.com/gfbMkyAgFy

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, mostró su “compromiso inclaudicable” con Javier Milei y con Argentina, luego de la caída del DNU. “Desde el momento que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Hemos trabajado espalda con espalda a pesar de intentos por dividirnos”, expresó en un video difundido por la red social X. “Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”, sostuvo Villarruel, que reafirmó que el Senado “es la casa de las provincias y un poder independiente de la República Argentina”. Y cerró: “No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad, todo por Argentina”. (DIB) ACR / GML

Los contratos de alquiler pactados durante el último mes, tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Alquileres, son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o en el mejor de los casos cada seis meses.

De acuerdo a los resultados de un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados, las condiciones en los contratos empeoraron a la hora de alquilar una vivienda en el último mes. El relevamiento, denominado Encuesta Nacional Inquilina, refleja las respuestas de 3.300 casos de todo el país.

En ese marco, la amplia mayoría (92,9%) de los y las inquilinos encuestados consideró que 2024 será peor que el año pasado.

En lo que respecta a los plazos, en el 87,3% de los contratos que se firmaron tras la entrada en vigencia del DNU tienen una actualización por períodos iguales o menores a seis meses. En los contratos firmados con anterioridad a esa fecha esa situación se presenta en el 28,3% de los casos, es decir, a pesar del incumplimiento de la legislación, esto se daba en un porcentaje mucho menor.

Antes del DNU, el 69% de los contratos contemplaba actualización anual (lo que marcaba la ley), 20% cada seis meses y sólo el 4% actualizaba cada tres meses. Después del 1° de noviembre, esa actualización anual sólo se presenta en el 7,6% de los casos encuestados.

Y a esto se suma que el 51% de los contratos firmados en el último mes tienen menos de un año de duración.

Actualmente, la participación del gasto de alquiler más las expensas en los ingresos de los hogares encuestados representa el 31,6%. Sin embargo, esta incidencia es diferente cuando se comparan los alquileres iniciados antes y después de noviembre del año pasado.

Los inquilinos que comenzaron su período de alquiler entre 2021 y noviembre de 2023, destinan en promedio un 28,6% de los ingresos totales del hogar a pagar el alquiler. Mientras que aquellos que empezaron el período de alquiler después del DNU, dedican el 41,6% de sus ingresos a afrontar el costo de la vivienda.

En relación a los sentimientos generados por la cuestión de la vivienda, predomina la angustia (78%), la ansiedad (75%) y el sentimiento de desesperanza (68%) entre los y las inquilinas que respondieron el cuestionario. A esto se suma que 55,8% tiene algún tipo de deuda, en general con los bancos. (DIB)

Integrantes de las Bibliotecas Populares de Pilar salieron a la calle para expresar su rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU impulsado por el Presidente Javier Milei.

En el marco de una movida convocada por la Red Federal de Bibliotecas, la actividad se desarrolló esta semana en la Plaza 12 de octubre con una radio abierta, actividades de difusión y una “suelta de libros”.

Entre otras, estuvieron presentes representantes de la Biblioteca Palabas del Alma, de la Biblioteca Ernesto Sábato, de la Biblioteca de la Estación de Manzanares y de Los Cardales.

Todos bajo una premisa; decirle “NO a la quita de recursos por parte del gobierno nacional”.

Es que en la Ley Ómnibus, por ejemplo, se plantea dentro de una monumental serie de desregulaciones el cierre del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes; el desfinanciamiento del INCAA, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

“Nuestra intención es hacer conocer a la población lo que sucede. Para las bibliotecas los subsidios son una gran ayuda para promover otro tipo de actividades que engrosan nuestras tareas en los barrios como talleres, espectáculos, la edición de libros y la puesta en marcha de grupos comunitarios de teatro como ´Alma de Barro´”, explicó Carla Ponsone de Palabras del Alma al canal Tel Viso Noticias.  

Además agregó que “los subsidios permiten y dinamizan que la cultura llegue a todos los rincones de la República Argentina”.

Con el desfinanciamiento de la CONABIP, Ponsone resaltó que, por ejemplo, no podrán realizar las compras anuales de bibliografía en la tradicional Feria del Libro.

“Esta ley ómnibus nos quita recursos. Fue un encuentro de resistencia y abrazo en la Plaza 12 de octubre. Decimos NO al Apagón Cultural”, cerraron desde las bibliotecas populares.

El intendente Federico Achával mantuvo un encuentro con los representantes del Colegio de Farmacéuticos de Pilar para sumarse al rechazo al DNU dictado por el Presidente Javier Milei que contiene artículos que desregulan la actividad. En el Palacio Municipal junto a Fabián Oroño, titular del Colegio local, y a Santiago Laurent, Secretario de Gobierno de la Comuna, el jefe comunal manifestó: "Compartimos su preocupación ante el DNU de Milei que desregula la venta de medicamentos. Vamos a acompañarlos en su reclamo".Desde el Colegio de Farmacéuticos explicaron que el DNU modifica 12 artículos y deroga 8 de la Ley 17.565 "en forma absolutamente inconsulta y unilateral". Además rechazaron que "no se consultó a la gente que sabe del tema como Universidades, Colegios Profesionales, Academia Nacional de Farmacia, Sindicatos, etc".

"Modifica de raíz la esencia de nuestra profesión, ya que de ponerse en vigencia este DNU no sería necesario la presencia del farmacéutico real y efectiva en la oficina de farmacia", consignaron."El farmacéutico es el profesional que garantiza la correcta dispensa del medicamento, asesora a sus pacientes. Pero a partir de este DNU, los medicamentos sin receta, llamados "medicamentos de venta libre" podrían podrían adquirirse en cualquier lugar con el peligro sanitario que eso conlleva", alertaron.

También consideraron la gravedad de desalntar "la producción pública de medicamentos, necesaria para vastos sectores de la población".Para el Colegio "este DNU no tiene absolutamente ningún punto que favorezca el acceso al medicamento por parte de la población y a la vez relaja las medidas de control con las graves consecuencias sanitarias que esto puede tener sobre la población".

La semana pasada, también habían llevado adelante una manifestación en la Ciudad de Buenos Aires donde participaron profesionales de todo el país. 

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, comienza a regir este viernes a la espera que la Justicia de curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares de suspensión de su aplicación, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.

Cumplidos los ocho días desde la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de presidente Javier Milei, desde hoy empiezan a regir los cambios desregulatorios de la economía incluidos en los 366 artículos del decreto de necesidad y urgencia. Entre otros puntos, deroga la ley de alquileres, introduce cambios en las recetas médicas, en la acreditación del sueldo en billeteras digitales, en la compra-venta de autos, en el régimen de las tarjetas de crédito, además del agro y la compra de tierras.

El decreto 70/2023, de 83 páginas y titulado “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, ya cosechó amparos. Pero la Justicia aún no lo frenó. Mientras, la comisión bicameral del Congreso aún está en plazo para analizar las medidas que ya entran en vigencia.

En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires hay más de una veintena de amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la Justicia del Trabajo.

Entre los puntos más polémicos y que impacta más en la gente, el DNU modifica el Código Civil y borra los plazos mínimos de alquiler, que el Código fijaba en dos años. Ahora, inquilino y propietario deberán negociar sin el paraguas de la ley, sin que esté especificado el tiempo y sin reglamentación para los ajustes y actualizaciones.

En cuanto al consumo en comercios, con el decreto, Milei derogó la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, dos cambios que se verán en los comercios. La primera, sancionada durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón, habilitaba al Estado a intervenir en los mercados, fijar precios máximos y, eventualmente, sancionar a las empresas cuando lo considere necesario por acaparar mercadería o remarcar precios.

Mientras que la Ley de Góndolas, propuesta por la ex diputada Elisa Carrió y sancionada a principios del año 2020, tenía por finalidad ampliar el abanico de ofertas de productos y ofrecerle resistencia al aumento de los precios.

En lo que respecta al consumo en las tarjetas de crédito, el punto más importante estará en las tasas y los recargos. Hasta ahora los emisores de las tarjetas no podían cobrar a los comercios tasas superiores al 3% como comisión por las transacciones con crédito y de 1,5% por las que se realicen con débito. El DNU borró los topes existentes y estableció: “La entidad emisora deberá obligatoriamente dar a conocer el público la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito”.

También derogó el artículo que fijaba topes a los intereses punitorios, los que rigen si la persona no llega a saldar ni siquiera el pago mínimo, por los atrasos en la cancelación del resumen.

En el Capítulo I del DNU, el Poder Ejecutivo introdujo cambios fundamentales al Código Civil. El decreto deroga dos artículos sancionados en 2015 y vuelve hacia atrás con lo que establecía el Código Civil anterior: el que tome obligaciones en dólares, deberá pagar en esa moneda.

En el DNU también desreguló la medicina prepaga y las empresas no tardaron en adelantar a sus afiliados los aumentos en las cuotas en el orden del 38% al 42%.

Cambios laborales

Una de las principales modificaciones es la reducción de las indemnizaciones ya que, según el decreto, “la base de cálculo de esta indemnización no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual”, lo que excluiría beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.

Desde ahora, la extensión del período de prueba pasa de 3 a 8 meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso.

En cuanto a las huelgas, el DNU incorpora restricciones: habilita el despido con justa causa en caso de bloqueos o tomas de establecimiento durante medidas de acción directa que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran, se impida o obstruya el ingreso o egreso de personas y se ocasiones daños en personas o bienes de la empresa.

Además, a las actividades esenciales (salud, energía, aeronáutica, telecomunicaciones, comercio exterior) les dicta que deberán prestar servicios mínimos con una cobertura del 75% de la prestación normal, mientras las actividades o servicios de “importancia trascendental” deberán garantizar el 50% (transporte, industria, bancos, alimentos, exportaciones). (DIB)

La Defensoría del Pueblo de Pilar adhirió al rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno de Javier Milei. Lo hizo al acompañar un documento de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, entidad de la que la Defensoría local forma parte. En el texto dejaron plasmada la "preocupación frente al Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional pretende derogar y/o modificar una cantidad inédita de leyes".Agregaron que "el carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación".

Asimismo recordaron que los DNU no deben versar sobre derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. "A su vez plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen", rechazaron desde los organismos que componen la Asociación y agregaron que "la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29".Y concluyeron que "la vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones socioeconómicas en nuestro país"."Exhortamos a que la propuesta del Poder Ejecutivo se someta al trámite legislativo correspondiente, se respete la separación de Poderes y no se avance en medidas que conlleven la vulneración de derechos", cerraron.

El presidente Javier Milei comunicó anoche en cadena nacional los puntos relevantes del decreto de necesidad y urgencia (DNU) “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

Entre numerosas reformas, derogaciones y sustituciones, se establecen cambios en la documentación obligatoria para circular en auto en el territorio nacional. 

Los únicos tres documentos obligatorios a partir de ahora

El DNU establece que la cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo.

Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial.

No será necesario pagar la deuda por multas y patente para transferir un autoUno de los puntos destacados del DNU es la eliminación de la obligatoriedad del libre deuda para inscribir o transferir un vehículo.

“No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. La existencia de deudas en situación regular por multas o patentes tampoco podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores en el Registro”, indica el texto.

Hasta ayer, era imposible avanzar con el trámite de una transferencia sin el libre deuda de multas y patentes.

Por el momento no se han hecho modificaciones sobre los costos tanto del patentamiento y la transferencia (que en algunos casos pueden superar el 7% del valor del bien adquirido) como tampoco del pago de patentes. En este sentido, algunos proyectos de ley presentados por diputados proponen un arancel único y accesible para estos trámites y obligaciones.

ARTÍCULO 351. Se deroga el artículo 11, que establece que el lugar de radicación del vehículo sea el correspondiente al domicilio del titular del dominio. Esto tiene relación directa con un nuevo sistema de registración nacional no necesariamente efectuado en Registros Seccionales. Como consecuencia obvia de lo anterior, también se deroga el artículo 12, que establece las condiciones para el cambio de radicación (y su complejidad). Se deroga también el artículo 21, que establece las condiciones para realizar un duplicado del título automotor en caso de que el original resulte extraviado, dañado o destruido involuntariamente.

ARTÍCULO 352. Modifica el tercer párrafo del artículo 6, incorporando el concepto de título en formato digital, además del tradicional físico.

ARTÍCULO 353. Sustituye el cuarto párrafo del artículo 7, permitiendo inscripciones (patentamientos) también directamente ante la Dirección Nacional, que deberá establecer a tal efecto “un servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado”. Esto quiere decir que no será obligatorio (antes sólo excepciones) inscribir el automotor en los registros seccionales, conocidos como “registros del automotor”. El texto aclara que a los efectos de esta nueva disposición, el Poder Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación correspondiente, que por el momento no fue publicada. Un punto importante es que la Dirección Nacional recabará toda la información para poner en funcionamiento ese registro tanto de los automotores por registrarse como de los ya registrados.ARTÍCULO 354. Sustituye al artículo 8, que en la ley original determina que la Dirección Nacional controla el funcionamiento de los registros seccionales y dispone el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren, autorizando además a realizar microfilms de los expedientes. Ahora se establece que ese registro deberá ser electrónico (digital) y de acceso público.

ARTÍCULO 355. Sustituye al artículo 9, estableciendo que los aranceles para los trámites digitales ante la Dirección Nacional no podrán superar el valor del arancel (fijado por el Poder Ejecutivo Nacional) para los trámites convencionales. Además, no podrá limitarse el patentamiento o la transferencia por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. Un punto importante es que la existencia de deudas en situación regular por multas o patentes tampoco podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores.

ARTÍCULO 356. Sustituye al artículo 10, que reglamenta la inscripción o transferencia de vehículos de fabricación artesanal “armados fuera de fábrica”. El cambio implica que aunque el titular del vehículo no dejara asentado en el Registro el cumplimiento de las condiciones de seguridad activa y pasiva para circular de acuerdo a la normativa, no se podrá impedir la inscripción o transferencia del automotor. Al contrario de la norma anterior, igualmente se emitirá la cédula de identificación.

ARTÍCULO 357. Sustituye el primer párrafo del artículo 13, estableciendo que podrán ser electrónicos los pedidos inscripción en el Registro, y “en general los trámites que se realicen”.

ARTÍCULO 358. Sustituye el artículo 14, permitiendo ahora tomar como válido el título de propiedad del automotor en formato digital también para las transferencias formalizadas por instrumento público o haya sido dispuesta por orden judicial o administrativa.

ARTÍCULO 359. Sustituye al artículo 16 modificando algunos detalles sobre el período condicional de 15 días para embargos y demás anotaciones.

ARTÍCULO 360. Sustituye los incisos d) y e) del artículo 19, estableciendo que los endosos de contratos de prenda podrán realizarse en cualquier Registro Seccional o en el servicio de inscripción remoto de la Dirección Nacional (hasta ahora sólo en el RS donde se haya inscripto el contrato).

ARTÍCULO 361. Sustituye el artículo 22, dictaminando que ahora las cédulas de identificación se entregarán en formato digital. El adquirente, además, podrá adquirir una o varias cédulas físicas, que podrán tener un costo.

ARTÍCULO 362. Sustituye el primer párrafo del artículo 23. El principal cambio es que ahora las cédulas no caducarán (mientras no haya cambios en la titularidad del vehículo, por supuesto).

ARTÍCULO 363. Sustituye el párrafo 5 del artículo 27, otorgándole mayor validez a la denuncia de venta, ya que a partir de la presentación de la misma, ahora no sólo se transfiere la responsabilidad sobre tributos como impuestos, patentes, multas, etc. hacia el comprador sino que se desliga al vendedor o transmitente de todo tipo de responsabilidad legal sobre el automotor.

Un último artículo, el 364, agrega una cláusula transitoria, que hace constar que la Dirección Nacional deberá hacer efectiva la puesta en marcha de su registro remoto, abierto, estandarizado y accesible a más tardar el 2 de mayo de 2024.

El presidente Javier Milei habló de las protestas generadas tras el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que apunta a la “desregulación” económica publicado en el Boletín Oficial.

En diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario rompió el silencio y atribuyó los cacerolazos a que “puede ser que haya gente que sufre del Síndrome de Estocolmo”. "Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero no son la mayoría de los argentinos. La república está en riesgo con el populismo, no con libertad”, sostuvo.

La entrevista completa de Javier Milei en Radio Rivadavia para explicar los alcances del DNU anunciado por cadena Nacional.

“Hemos detectado, entre leyes y otras normativas que dificultan el funcionamiento de una sociedad libre, cerca de 380 mil regulaciones; estamos trabajando en desmontar esa máquina de destruir en la que se convirtió el Estado argentino”, detalló.

A su parte, respecto a las más de 300 derogaciones y 300 modificaciones, afirmó que se trata de “una predolarización” que genera "un shock de libertad”, al tiempo que anticipó que "viene más. Ahora vamos a estar llamando a extraordinarias”.

Por su parte desestimó los cuestionamientos que aseguran que no hubo escenario de emergencia para hacer uso del DNU: “¿No había emergencia? por favor, miren los números. La inflación venía viajando al 3.678%, eso es hiper. Si no hacíamos una corrección monetaria para que el BCRA deje de emitir dinero la Argentina estaba sentada las bases para una hiperinflación”.

El mandatario precisó además que debió tomar “un conjunto de medidas antipáticas para la recomposición de la caja”, pero insistió en que "históricamente todos los ajustes cayeron sobre el total de la población, y esta es la primera vez que el 60% cae sobre el Estado”.

En un mensaje a la clase media, Milei les prometió que se beneficiarán “con la baja de la inflación, la mejora de la economía y que va a tener un mejor trabajo y nivel de vida”.

"Lo que estamos haciendo es mejorando la macroeconomía. Es un paquete de estabilización que muchas cosa no me caen simpáticas, pero es para resolver la inflación. Acá sí hay emergencia. Me da gracia que los kirchneristas digan que no había emergencia”, indicó.

Consultado sobre el derecho a huelga, el titular del Ejecutivo afirmó que se trata de servicios esenciales, como la educación, en los que no se pueden perder días de clase debido a que "el capital humano es el futuro y algo irreparable a largo plazo”.

“Es un bien esencial, no puede haber paro. Tanto en educación como en salud tienen que dejar un 75% de los servicios garantizado para cumplir con las horas porque o si no estamos hipotecando el futuro”, definió.