El intendente Federico Achával acompañó a vecinos y vecinas con discapacidad en un encuentro en el que se realizó una nueva entrega del Pase Libre Multimodal.

Se trata de una herramienta que les permite utilizar el transporte público de manera gratuita.

El operativo se realizó en el Centro Cultural Federal y contó con la participación de una gran cantidad de familias.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Realizamos una nueva entrega del Pase Libre Multimodal, una herramienta que nos permite acompañar a personas con discapacidad. En Pilar trabajamos todos los días para acompañar a cada familia que lo necesite y construir una sociedad más justa e inclusiva", remarcó.

El intendente estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

“Vamos a continuar trabajando por un Estado que abrace y tienda la mano a toda la comunidad”, cerró Achával.

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y definió los procedimientos operativos para la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad. La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

La decisión responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró la invalidez de un decreto anterior que había suspendido la ejecución de la ley por falta de financiamiento y ordenó su aplicación inmediata. Si bien el Estado nacional apeló el fallo, la resolución judicial obligó al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma dentro de un plazo de 30 días.

La reglamentación precisa los criterios de acceso, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control del nuevo régimen de pensiones. Según los considerandos del decreto, el sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de evitar superposiciones y garantizar una aplicación coherente.

El decreto también consolida cambios institucionales en la estructura del Estado. En ese sentido, incorpora formalmente a la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del organigrama del Ministerio de Salud, centralizando allí la política pública en la materia.

La decisión se fundamenta en una “concepción integral del derecho a la salud y a la protección social”, que contempla dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

Entre los puntos centrales de la norma, se instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica que se aplicarán en el nuevo régimen. Además, el organismo deberá presentar ante ese consejo un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días contados desde la entrada en vigencia del decreto.

El texto también faculta a la secretaría a dictar las normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias para la implementación del régimen y establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para ello, la autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se definan en el marco del Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con sus competencias y disponibilidades presupuestarias.

La reglamentación entró en vigencia a partir del 3 de febrero de 2026, fecha de dictado del decreto, y constituye el paso operativo clave para la aplicación efectiva de la Ley 27.793, en un contexto marcado por la judicialización de su implementación y el debate sobre su financiamiento.

Fuente: Agencia DIB

La Justicia advirtió al Gobierno de Javier Milei que la Ley de Emergencia en Discapacidad “deberá estar en plena ejecución” el día 4 de febrero de este año y lo intimó a acreditar el avance de la implementación de la norma. Caso contrario, aplicará multas a funcionarios.

La decisión del Juzgado Federal de Campana fue tomada luego de la apelación del Ejecutivo en diciembre. En ese sentido, el juez Adrián González Charvay resolvió que el Ejecutivo tenga los procesos administrativos listos para cumplir con la normativa sancionada por el Congreso, incluso cuando no se haya pronunciado la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

“Toda vez que la Ley de Emergencia citada debe estar reglamentada dentro de los treinta días (conf. art. 21 de la misma) hágase saber a las partes que, tomando como inicio del cómputo el proveído de fecha 18/12/2025 que concedió el recurso de apelación con efecto devolutivo, la ley en trato deberá estar en plena ejecución para el día 04/02/2026, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior”, dice la resolución.

Según indicaron familiares de personas con discapacidad en un comunicado, a partir de este fallo el Estado deberá presentar “documentos reales” que acrediten el cumplimiento de la sentencia.

En este contexto, el juzgado advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino en constancias concretas que demuestren avances efectivos.

Por su parte, tras la definición judicial, la actriz y madre de un chico con discapacidad, Valentina Bassi, sostuvo: "La ley se tiene que cumplir: si en 10 días hábiles no cumplen comenzarían las multas para los funcionarios", planteó en Instagram.

Cabe recordar que la gestión libertaria apeló en diciembre el fallo que ordenó aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y que dispuso la invalidez del artículo 2 del Decreto 681/2025, con el que el gobierno había suspendido la aplicación de la esa ley. El fallo dictado por el juez González Charvay, que tiene alcance colectivo, debe ser resuelto por la Cámara Federal de San Martín.

El Gobierno nacional resolvió avanzar con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, en una decisión que busca reordenar el sistema y reforzar los controles sobre las políticas vinculadas a la discapacidad.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que la medida se tomó luego de constatar una serie de irregularidades administrativas durante el funcionamiento del organismo, creado en 2017 como ente descentralizado.

Durante una conferencia de prensa, Adorni sostuvo que la autonomía de la ANDIS derivó en una estructura sobredimensionada y con escaso control, lo que permitió situaciones como el cobro indebido de pensiones, beneficios otorgados sin documentación respaldatoria y la intervención de profesionales médicos sin aval clínico.

El funcionario también hizo referencia a organizaciones que facturaban servicios que no se prestaban efectivamente. En ese marco, aseguró que la incorporación del área al Ministerio de Salud permitirá aplicar criterios sanitarios en la evaluación de los casos, junto con auditorías permanentes y mayor trazabilidad en los expedientes.

Como parte de la reestructuración, el Gobierno confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Según indicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es lograr una gestión más eficiente y transparente.

Finalmente, Adorni remarcó que la decisión no implicará recortes ni la suspensión de pensiones o prestaciones. “No se elimina ningún derecho adquirido”, afirmó, y pidió evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance de la medida.

El Gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero suspendió su aplicación hasta que el Poder Legislativo defina cómo se financiarán los gastos y contemple las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.

Tras el rechazo al veto de Milei que aplicó el Congreso, la gestión libertaria promulgó la ley pero como había adelantado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ejecución se postergará hasta que Diputados y Senadores determinen las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.

La medida se oficializó mediante la publicación del Decreto 681/2025, en el Boletín Oficial. Entre los ejes centrales figuran la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, la declaración de interés público nacional de los servicios de los prestadores, la compensación de emergencia financiada por el Tesoro, la actualización de aranceles con la misma fórmula de movilidad que rige para jubilaciones y la introducción de exenciones en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad en forma permanente.

El Decreto 681/2025 destacó que la insistencia del Congreso con dos tercios en ambas cámaras obligó al Ejecutivo a promulgar la ley, pese al veto total que había dispuesto previamente mediante el Decreto 534/25. No obstante, indicó que su aplicación solo será posible una vez que se aprueben las partidas en el presupuesto nacional, cuyo proyecto para 2026 ya fue enviado al Congreso el pasado 15 de septiembre.

En ese sentido, se estima que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa el 0,47 % del PBI.

A esto se suma el costo para el “Programa Incluir Salud”, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI). La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI). En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.

El Congreso de la Nación, según el Ejecutivo, “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”. El texto agrega que la facultad otorgada al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias “no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente”.

El Ejecutivo ya había vetado la ley mediante el Decreto N° 534/25, argumentando que “resultaba imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”. En esa oportunidad, advirtieron que la falta de previsión presupuestaria “pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, perjudicando a las personas a quienes se pretende proteger”.

Pese a estos reparos, la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación insistieron con la sanción de la ley por mayoría especial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

El texto oficial subraya que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”. El crédito presupuestario disponible, sin afectar partidas de servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma.

“Para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señala el texto. (DIB)

El Gobierno nacional promulgará la ley de discapacidad que el Congreso ratificó después de rechazar el veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no la va a reglamentar hasta definir de dónde saldrán los recursos para financiar su implementación. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

De esta manera, la administración libertaria no judicializará la normativa, como lo había adelantado en su momento. Y si bien aceptará la medida impulsada por la oposición en Diputados y el Senado, condicionó su aplicación a que se defina su financiamiento.

“El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente. Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas”, explicó Francos.

Sin embargo, en declaraciones a Clarín, advirtió: “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira.Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso había informado que la iniciativa “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, que implicaría un refuerzo fiscal de entre $ 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, gasto equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI”.

Además, precisó que por la compensación de emergencia a prestadores, el financiamiento exigido estaría en el orden de los $278.323 millones, mientras que la asignación para talleres de producción ascendería a $7.160 millones.

Uno de los puntos principales de la ley de emergencia en discapacidad establece al financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social. La medida define que podrán acceder a este beneficio quienes posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), no registren ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, no perciban planes similares y pasen una evaluación socioeconómica.

La asignación corresponderá al 70% del haber mínimo jubilatorio y será compatible con empleo registrado, siempre que los ingresos no excedan el tope fijado. El texto extiende la cobertura al establecer la transformación automática de todas las pensiones no contributivas otorgadas antes de la ley en vigencia, de modo que los beneficiarios no deban realizar nuevos trámites.

También se fortalece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901. Y se definió un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para empresas y trabajadores vinculados al sistema de discapacidad. (DIB)

Luego de que trascendieran audios suyos en los que habla de pago de coimas por parte de una empresa que está vinculada a Martín Menem, el presidente Javier Milei desplazó de manera preventiva a Diego Spagnuolo de su cargo como Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras horas de rumores, alimentados por un escándalo en puertas en caso de confirmarse que los audios revelados surgieron de boca del funcionario, el Gobierno, a través de la cuenta en X de la Vocería Presidencial habló del desplazamiento "preventivo" del funcionario de vínculo estrecho con Javier Milei. Más tarde, publicó al respecto un Decreto en el Boletín Oficial.

"Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo", sostuvo el posteo.

"El ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo, en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento", agregó sobre el ahora ex funcionario, muy cercano a Milei. De hecho, en 2021 ocupó uno de los últimos lugares de la lista de candidatos que llevó al Presidente a ocupar una banca en Diputados.

Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego…

Las grabaciones fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. El material expone como operadores buscaban dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.

Los audios atribuidos a Spagnuolo describen con precisión un funcionamiento en el que operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

Dentro de su testimonio, el titular de la ANDIS afirma haber alertado a altas autoridades del Gobierno acerca de estas prácticas. “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, señala Spagnuolo sobre su aproximación a la Casa Rosada, insistiendo en su desconocimiento atento de todo lo que no compete a su área administrativa directa.

En ese sentido, los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro habían pedido la citación como testigo de Spagnuolo, "en virtud de las manifestaciones que han sido publicadas en diferentes medios periodísticos". Lo hicieron en la causa denominada "Karina Milei s/ averiguación de delito". (DIB)

El Gobierno oficializó este lunes una resolución que limita el acceso a las pensiones por invalidez y configura nuevos requisitos, una decisión que fue tomada luego de que los primeros resultados de una auditoría realizada en la base de datos de los beneficiarios informara sobre “inconsistencias alarmantes”.

En las primeras 10.900 pensiones que relevó un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre más de 330.000 otorgadas en la región metropolitana, el Gobierno detectó que la mayoría de los beneficiarios de la pensión no vive donde había declarado y menos de la mitad cumple con los requisitos para acceder a esa prestación.

“La pensión no contributiva por invalidez laboral se encuentra sujeta a revisión y/o auditoría médica y socioeconómica, y podrá pedirse su revalidación según lo determine la Autoridad competente”, cita el artículo 3 del decreto 843 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Según los fundamentos del Gobierno para limitar los requisitos, “al convalidarse, en forma generalizada y sin recaudo alguno, la utilización de fondos destinados a quienes por su incapacidad se ven imposibilitados para trabajar, en personas que no presentan tal condición” se dilapidan recursos del Estado.

“En consecuencia, resulta necesario restablecer los requisitos de encontrarse incapacitado en forma total y permanente y de no poseer un vínculo laboral formal ni estar inscripto en el Régimen General y/o Simplificado vigente para poder acceder a la correspondiente pensión”, se añadió en el decreto.

El Gobierno fijó un aumento del 8,8% de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a las personas con discapacidad, retroactivo al 1° de mayo último.

Según la Resolución Conjunta 4/2024 del Ministerio de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se reconoce un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia.

Los aranceles se actualizan periódicamente a partir de la propuesta elevada por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y el ajuste anterior se había aplicado en abril, con un 12%.

Ahora, el Poder Ejecutivo señaló que "atento a la necesidad de readecuar los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral propuso la modificación de ese Nomenclador con el objeto de conferir una actualización, de conformidad con lo acordado el 4 de junio de 2024".

Según lo dispuesto, las prestaciones actualizadas van desde $2.804,19 hasta $1.832.087,35, según la necesidad de cada persona.

NA

El proyecto que fue respaldado por la Comisión de Discapacidad, presidida por el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), promueve la creación del Programa “Argentina Inclusiva”. “Todos los agentes del Estado necesitamos estar capacitados, saber y conocer sobre discapacidad”, aseguró la diputada Natalia de la Sota (Córdoba Federal), autora de uno de los proyectos que han sido unificados.

En el mismo sentido, la diputada del Frente de Todos Graciela Caselles remarcó la importancia de esta norma al destacar que “es una Ley pensada a futuro para que aquellos que tomen decisiones sea con perspectiva de discapacidad”.

A su turno, la diputada Natalia Sarapura (UCR) aseveró que “hoy el desafío es la inclusión”, al señalar que “en la actualidad es una tarea pendiente”. “La importancia de la norma radica en asumir las responsabilidades de un trato responsable sujeto a derecho”, consideró.

Por otra parte, se aprobó el proyecto perteneciente a la diputada de Evolución radical Carla Carrizo que establece la creación del Programa de reconocimiento a las Empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad “Sello nacional de Equidad Laboral”.

Según los fundamentos de la norma, “se procura brindar una respuesta ante una de las principales problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad de nuestro país en la actualidad: el desempleo”.

En otro sentido, obtuvo dictamen el proyecto de autoría de la diputada oficialista Marcela Passo que propone la “creación de un Sistema integral de prioridad y contención para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y síndromes relacionados en los medios de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial”.

En tanto, el proyecto que establece la Capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina (LSA) para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en el ámbito de los tres poderes del Estado nacional (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación), no logró consenso, por lo cual se propuso que vuelva a asesores.

“La organizaciones de sordos nos piden que escuchemos cuáles son sus necesidades, las prioridades del colectivo porque hay una parte de la comunidad que no está de acuerdo con el proyecto de ley sobre la capacitación en lengua de señas”, explicó la diputada del Pro Dina Rezinovsky.

En el marco de la Comisión, además, se analizaron distintas iniciativas entre las que se destacan las “modificaciones a la Ley de Turismo accesible para personas con capacidades restringidas –Ley 25.643–", con el fin de adecuar la Ley a lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, el documento será válido en todo el territorio nacional y permitirá acceder a una serie de derechos y beneficios establecidos por la Ley Nacional de Discapacidad.

La Agencia Nacional de Discapacidad también actualizó que está trabajando en un sistema de actualización periódica de la información contenida en el CUD, con el objetivo de garantizar su actualidad y relevancia para los distintos trámites y beneficios a los que da acceso.

En definitiva, esta medida busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y facilitar el acceso a los beneficios que les corresponden, eliminando barreras burocráticas y mejorando su calidad de vida.

Exactamente, como se mencionó anteriormente, la Agencia Nacional de Discapacidad está trabajando en un sistema de actualización periódica de la información contenida en el CUD, con el objetivo de garantizar su actualidad y relevancia para los distintos trámites y beneficios a los que da acceso.

En este sentido, el Estado se encargará de mantener los datos actualizados y se pondrá en contacto con las personas con discapacidad para acompañarlas en el proceso. La periodicidad de actualización será de entre 5 y 15 años, contados desde la certificación inicial o de la última actualización.

El objetivo es garantizar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, y mantener los registros actualizados para diseñar y ejecutar políticas públicas de manera eficiente para las personas con discapacidad.

En definitiva, esta nueva medida busca simplificar el proceso de obtención del CUD, eliminando la necesidad de renovarlo periódicamente, y mejorar el acceso a derechos y beneficios para las personas con discapacidad, al tiempo que garantiza la actualidad y relevancia de la información contenida en el certificado.

Las personas con discapacidad podrán acceder al pase libre en peajes a través de la aplicación Mi Argentina. Anteriormente, la exención se realizaba a través de las obleas.

Los interesados no deberán adjuntar documentación ni realizar visitas presenciales, con cero costo para el beneficiario y reducción de los plazos de entrega de la oblea a horas.

El objetivo de es simplificarle a las personas con discapacidad el acceso al derecho a circular por todos los peajes del país, en forma gratuita. De esta manera, se evita la estigmatización de las personas con discapacidad que antes debían acreditar su condición cada vez que pasaban por una cabina de peaje.

Infocielo

El intendente Federico Achával participó de un operativo de entrega del Pase Libre Multimodal, una credencial que brinda el Estado para que personas con discapacidad puedan usar el transporte público de manera gratuita.

“De esta manera se garantiza una mejor calidad de vida a las familias de Pilar”, destacaron desde el Municipio en el marco de un acto que se realizó en el Teatro Ángel Alonso, ubicado en el centro de Pilar.

Luego de compartir la actividad y conversar con los vecinos que participaron, el jefe comunal afirmó: "Desde el municipio ponemos la mirada en generar herramientas para que nuestra comunidad pueda vivir mejor”.

Y agregó que “hoy hay un Estado con los ojos puestos en aquellos que lo necesitan”.

“Antes, realizar este trámite era muy dificultoso. Hoy, gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Jorge D'Onofrio y al trabajo que se hace desde el municipio, se puede contar con este pase de forma ágil. Esto les permite trasladarse y mejorar la movilidad y ganar independencia. Y eso es un valor muy importante para nosotros", consideró el jefe comunal.

Asimismo resaltó que “es muy importante estar cerca de quienes necesitan de un Estado presente y que genere herramientas para que nuestra comunidad pueda vivir mejor”.

“Trabajamos fuertemente en el desarrollo y la puesta en marcha de políticas públicas que acerquen derechos a quienes más lo necesitan", cerró Achával que estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Paula González, y la presidente del Concejo Deliberante, Claudia Pombo.

El Municipio de Pilar desarrolló un operativo de gestión de trámites para las y los vecinos con discapacidad.

La jornada se llevó a cabo en el Club Municipal de la localidad de Del Viso y contó con el acompañamiento del intendente Federico Achával y la Secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

Desde la Comuna especificaron que el objetivo de la propuesta fue «que todos los pilarenses que lo necesiten puedan acceder de forma adecuada a los trámites que les permiten obtener sus certificados y otras herramientas que pone a disposición el Estado para ellos».

"Estamos acompañando este importante operativo que pone todas las herramientas del Estado nacional y municipal al servicio de nuestra gente, en este caso a las personas con discapacidad. Hoy tuvimos la posibilidad de tener aquí a la Junta Médica, para que todos aquellos que tengan la necesidad de tramitar este certificado lo puedan hacer de forma simple. Este es un trámite que antes tardaba mucho tiempo. Hoy los vecinos se acercan a estos operativos y en un solo día lo pueden hacer. Es muy importante para nosotros estar cerca de quienes necesitan del Estado presente, ágil, rápido y que de respuestas para acercar derechos", expresó el mandatario local.

Los que participaron del operativo recibieron asesoramiento sobre el acceso al Certificado Único de Discapacidad, trámite de pensiones, pase libre de transporte, acceso a la salud y participaron de un taller de inclusión recreativa.

"Desde el municipio trabajamos fuertemente en el desarrollo y la puesta en marcha de políticas públicas que acerquen derechos a quienes más lo necesitan", cerró Achával.

Cruzada solidaria hizo posible que un joven pilarense puede conseguir una silla de ruedas motorizada.

Mariano Tapia, de 29 años y oriundo de Del Viso, tuvo una infección en la médula que le generó una discapacidad motriz.

Semanas atrás el joven inició un desesperado pedido para poder conseguir el equipo que le permita movilizarse, algo que pudo lograr gracias a la ayuda de sus familiares, amigos, vecinos y de dos streamers, que conocieron a Mariano luego de que se difundiera su caso.

Bruno “Brunenger” Kruszyn y Martín Di Salvo, conocido como Coscu, dos de los streamers más famosos de la Argentina, se pusieron al frente de la cruzada.

“Después de tantas frustraciones con mi obra social, empezó con una amiga hacer un video para viralizarlo, pero por la localidad. A través de Mercado Pago muchos vecinos empezaron a donar, hicimos rifas, bingos, durante tres semanas. Hasta que a través de un contacto mío, Carlos, se contactó con el streamer Bruno que vino con sus padres a conocerme y decidió hacer un streamer solidario, para mí”, relató Mariano en contacto con el Diario Resumen.

Hasta ese momento habían reunido 360 mil pesos y 1.800 dólares, pero aún era insuficiente. La intervención de los streamers hizo posible reunir 1.700 dólares más, y luego otros 2.200.

“No lo puedo creer, porque durante toda mi internación, yo los seguía y de repente, que hagan un stream para mí, que me lluevan mensajes. No lo podía creer, porque se viralizó muchísimo en tan poco tiempo. Al día de hoy, estoy en shock, es una locura todo lo que pasó”, se alegró Tapia.

Calle y otra silla

Al mismo tiempo, Mariano insistió en el pedido para que la Comuna asfalte la calle que pasa delante de su casa, Mercedes de las Carreras, del barrio la Loma, al tiempo que manifestó que cntinuará con su reclamo a la obra social OSECAC para poder conseguir una silla de ruedas liviana que le permita salir a pasear, ya que podría plegarse y llevarse en el auto.