El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes junto a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, el acto de firma de promulgación de la Ley 15.520, que actualiza el funcionamiento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

“Con la promulgación de esta ley, la provincia va a ser un poco más justa. Trabajamos junto a los otros poderes del Estado para actualizar la norma, con el objetivo de reducir drásticamente la cantidad de mujeres que no reciben los aportes necesarios para la crianza de sus hijos”, expresó el Gobernador y añadió: “Estamos abordando una problemática muy grave y difundida, que afecta tanto a las madres como a la calidad de vida de los chicos y las chicas bonaerenses”.

La nueva normativa posibilita inscribir al deudor en el RDAM a partir del primer incumplimiento, amplía su alcance a empleadores o acreedores que no cumplan con la intimación judicial de retener el salario del deudor, agrega nuevas sanciones e incorpora la presentación del certificado de libre deuda expedido por el RDAM como requisito para las designaciones de magistrados, funcionarios o empleados del Estado provincial y municipal.

Durante el acto llevado a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof señaló: “La Argentina está atravesando una situación muy difícil: el fracaso del Gobierno nacional llevó a que el FMI tome nuevamente el control de la política económica para impulsar, como ya hemos visto muchas veces, reformas previsionales y laborales”. “Ante esa situación, y aunque soplen vientos hacia otra dirección, en la provincia de Buenos Aires seguimos plantando la bandera de las políticas de cuidado y de lucha contra la desigualdad en todas sus formas”, concluyó.

Por su parte, Estela Díaz remarcó: “Apuntamos a una provincia donde sea total el cumplimiento de las cuotas alimentarias porque trabajamos sobre el cuidado de los chicos, las chicas, y porque nos importa la independencia económica de las mujeres: cuando mejoran nuestras condiciones de vida y nuestros ingresos, logramos bienestar en las familias y en los ámbitos en los que nos desarrollamos”. “Como gobierno, tenemos el compromiso, la convicción y el desafío de reducir las brechas de desigualdad”, agregó.

Esta actualización tiene como antecedente la promulgación de la Ley 15.513, en diciembre 2024, que permitió simplificar y agilizar los procedimientos judiciales en el reclamo de alimentos: estableció parámetros para determinar los montos, impulsó la reducción de litigios para lograr una resolución rápida y estipuló multas ante la ausencia sin justificación a audiencias judiciales.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan; la presidenta de la Comisión Provincial por la Memoria, Dora Barrancos; la secretaria general de UPCNBA, Fabiola Mosquera; la abogada feminista Nelly Minyersky; funcionarios y funcionarias provinciales.

La Honorable Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto que actualiza la ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) provincial, para alcanzar una mayor eficacia en su cumplimiento.

La nueva legislación permitirá inscribir al deudor desde el primer incumplimiento del pago de la cuota alimentaria y también alcanzará a empleadores y acreedores. Esta iniciativa permite agilizar el proceso para el reclamo y cobro correspondiente de la cuota alimentaria de niñas, niños y adolescentes. Además, es fundamental para fortalecer la autonomía de las mujeres y equiparar las condiciones de desigualdad de poder que actualmente presentan los procesos de pago de alimentos.

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, celebró la sanción y expresó: “Hay una ética del cuidado que es fundamental y hay que cumplirla porque nuestras pibas y pibes lo necesitan. Este gran cambio legislativo favorece la autonomía económica de las mamás que cuidan y, sobre todo, a nuestras niñas y niños”.

El RDAM fue creado por la Ley provincial Nº13.074 y tiene como objetivo registrar a todas las personas obligadas al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado que adeuden un determinado número de cuotas y establece las consecuencias derivadas de tal incumplimiento.

La nueva legislación permitirá inscribir al deudor desde el primer incumplimiento, se trate de los alimentos definitivos o provisorios. Actualmente, solo pueden inscribirse a deudores desde el tercer incumplimiento consecutivo o quinto alternado y no se incluyen los alimentos provisorios.

Otra de las innovaciones incorporadas es que no sólo se podrá inscribir en el RDAM a los progenitores, sino que también serán alcanzados los empleadores o acreedores que hayan sido intimados previamente por orden judicial y sean responsables solidarios del pago como lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, se modifican algunas sanciones como la suspensión de trámites de habilitación de comercios y/o industrias contemplando que si el deudor alimentario no tuviese otra fuente de ingresos se le otorgará provisoriamente el permiso bajo la obligación de regularizar la situación. En este punto, se añade el impedimento de inscribirse en el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Por último, se incorpora como requisito presentar el certificado de libre deuda expedido por el RDAM para las designaciones de magistrados, funcionarios o empleados bajo cualquier modalidad y categoría en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipal, organismos descentralizados, como así también en las empresas y sociedades estatales y con participación del Estado provincial así como también para la diplomación de los candidatos electos para cualquier cargo provincial o municipal.

Este proyecto continúa la iniciativa presentada en el Poder Legislativo provincial y que fuera sancionada en diciembre de 2024: la ley que simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos.

Ambas iniciativas fueron redactadas en el marco de la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” del año 2022, tomando también iniciativas de la senadora Sofía Vannelli y la diputada Lucía Iáñez.

El Informe sobre Incumplimiento de la Obligación Alimentaria fue presentado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y da cuenta de las desigualdades de género en las crianzas de las infancias en hogares monomarentales: 7 de cada 10 mujeres no reciben aportes del progenitor de sus hijas e hijos. (DIB) ACR

El Senado bonaerense aprobó en su última sesión, y giró a Diputados, uno proyecto que incorpora cambios a la Ley 13.074, que regula al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria.

De convertirse finalmente en ley este cambio, los deudores alimentarios no podrán ser candidatos a cargos públicos en la provincia de Buenos Aires y en los municipios, como así también en “todos los postulantes a desempeñarse como magistrados”. Tampoco las personas que aparezcan allí estarán habilitadas para ser parte de la planta permanente ni ser empleados transitorios del Estado.

El proyecto que impulsó el gobernador Axel Kicillof fue unificado con otras dos iniciativas de los senadores Marcelo Daletto (UCR + Cambio Federal) y Daniela Reich (Libertad Pro). La actual ley plantea una morosidad de tres cuotas y el proyecto modificatorio plantea bajarla a una morosidad de un mes.

En detalle, el ejecutivo impulsó el proyecto para incorporarle cambios a la ley de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con la intención de registrar “por orden judicial, a todas las personas obligadas al pago de alimentos por sentencia firme o convenio homologado que adeuden un determinado número de cuotas”.

De acuerdo a los fundamentos del texto, el Registro es una herramienta “con potencialidad para el cumplimiento de los fines referidos, por lo que resulta necesario promover acciones para aumentar y/o potenciar su efectividad”.

Cabe destacar que, el texto conjunto aprobado por la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia propone que “toda persona obligada al pago de la obligación alimentaria por sentencia firme, o resolución que establezca alimentos provisorios que incumpliera con el pago de una cuota” deberá ser inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios.

“Será obligatorio presentar certificado expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos para la designación como funcionario/a o empleado/a bajo cualquier modalidad y categoría en cualquiera los poderes del Estado provincial y municipal, organismos descentralizados como así también de las empresas y sociedades estatales y con participación del estado provincial”, plantea el texto. (DIB)

La concejal del PRO Adriana Cáceres propuso que las personas que sean deudoras alimentarias no puedan ser empleadas municipales.

Actualmente, mediante una ley provincial a la que Pilar adhirió mediante una Ordenanza, la medida ya rige para funcionarios, pero la idea de Cáceres es extenderla al resto del plantel de la Comuna.

En el proyecto, Cáceres expuso que «corresponde en la actualidad ampliar la protección de las mujeres en cuanto a todo tipo de violencias» y que «ante una separación o divorcio en la mayoría de los casos recaen sobre las mujeres las tareas de cuidado de los hijos y en múltiples ocasiones, debiendo estas renunciar a sus proyectos individuales de vida para limitarse principalmente a las tareas de cuidado».

«Según el Código Civil y Comercial de la Nación, la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos no solo a nivel alimentario sino también a las necesidades de educación, vestimenta, habitación, asistencia médica y esparcimiento; de modo de garantizar una adecuada calidad de vida equivalente a la que tendría en un núcleo familiar consolidado. Es frecuente que haya incumplimientos en cuanto a la obligación de mantención y el pago de una cuota alimentaria y dicha situación se puede considerar como un contexto de violencia económica», agregó la edil en los considerandos del proyecto.

Cáceres recordó que «existe en la órbita de la provincia de Buenos Aires el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, establecido por la ley 13.074, que además determina limitaciones para personas que se encuentren en dicho registro y que mediante la ordenanza 179/04 se adhirió a en todos sus términos a la ley 13.074 y se determinó la inhabilitación para ejercer como funcionarios a aquellas personas que figurasen en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos».

No obstante, la legisladora local expuso que «es necesario ampliar esa inhabilitación para que ningún empleado bajo la órbita del Estado Municipal pueda estar incluido en dicho registro, considerando que se busca como objetivo último la erradicación de la violencia económica y patrimonial contra las mujeres y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes».

En ese marco, Cáceres propone «ampliar la prohibición de designación en el ámbito de la gestión pública municipal, establecida en el artículo 1 de la ordenanza 179/04, a toda persona que se encuentre incluida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, independiente de que sea en planta temporaria o permanente, remunerada o ad-honorem».

La propuesta también establece «para aquellos (empleados) que actualmente estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, un plazo máximo de 180 días para regularizar su situación».