Los 50 trabajadores despedidos de la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos, en La Lonja, iniciaron un acampe frente al establecimiento e impiden el ingreso de camiones. Reclaman el pago de los salarios que la empresa les adeuda desde mayo.

La medida se lleva adelante desde la madrugada de este jueves y, tal como consignaron a Pilar de Todos, se mantendrá hasta encontrar una solución. 

En ese marco, los trabajadores apostados en el ingreso a la Planta denunciaron, además, que la firma no habría acatado la conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esa medida ordenaba reincorporar a los cesanteados. 

De acuerdo con los afectados, después de dictada la conciliación se presentaron en la planta y no los dejaron ingresar.

“La empresa no cumplió la conciliación. Jamás nos llamaron, por eso decidimos protestar. A los que siguen trabajando, la empresa les paga en negro. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que encontremos una solución”, expresó Gabriel en una entrevista con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2. 

La conciliación alcanzó a 1.200 despedidos del grupo. Además de los 50 de Pilar, incluyó a otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Se dictó por 15 días hábiles, prorrogables por otros cinco.

Las cesantías se concretaron a comienzos de septiembre. Antes, durante todo agosto, la totalidad del plantel de Pinazo había estado suspendida. 

El 1° de septiembre, la empresa y el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) acordaron reducir a 50 los despidos, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300.

En los telegramas, la firma invocó "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". Esa figura corresponde al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y permite abonar una indemnización reducida. El secretario general del STIA, Julio Chamorro, había cuestionado ese encuadre: "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo.

Sin embargo, desde Pilar, los afectados cuestionaron el rol del sindicato. “Nos dejaron afuera de todo”, plantearon y agregaron que “ante la falta de respuestas, no nos queda otra que hacer esta medida”.  

Los atrasos en el pago de sueldos no son nuevos en Pinazo. Desde diciembre de 2024, la empresa arrastra dificultades para cumplir con los salarios en tiempo y forma, lo que derivó en paros y protestas del personal a lo largo de este año.

“Nos deben nuestros sueldos desde la mitad de mayo hasta el día de hoy”, relató Juan, otro de los trabajadores afectados a Pilar de Todos. 

Gabriel, en tanto, con 17 años de antigüedad en la planta relató  cómo le afecta el despido: “Soy enfermo del corazón, tengo tres stent y no tengo plata para los remedios. Tomo 8 pastillas por día y ya se me están acabando. Estaba haciendo viajes por aplicación pero se me rompió hace una semana y ya no pude continuar. En mi casa, nos cortaron la luz, el gas y no sé qué voy a hacer si no llevo plata a casa. Debo plata de la tarjeta, me reclaman todos los días y ya no sé cómo deciles que no puedo pagarles”.

El reclamo se da mientras Granja Tres Arroyos SA atraviesa un concurso preventivo de acreedores. El trámite corre en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. En esa presentación, la empresa declaró un pasivo de $536.000 millones al cierre de 2025 y más de 4.800 acreedores. Reconoció además haber entrado en cesación de pagos el 29 de enero.

Dentro de ese pasivo figuran $46.000 millones en deudas laborales y previsionales. Los créditos laborales tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la compañía no tiene fondos suficientes.

En tanto, el juez Germán Páez Castañeda autorizó la apertura de una cuenta inembargable en el Banco Ciudad, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales e impuestos.

El conflicto alcanza a todas las plantas del grupo. En Entre Ríos, la firma confirmó unos 270 despidos en la planta La China, de Concepción del Uruguay. En Capitán Sarmiento, la actividad quedó paralizada "hasta nuevo aviso". La crisis también afecta a Wade I, en Ezeiza, a Wade II/CEISA, en Esteban Echeverría, y a Avex, en Río Cuarto. 

La autopartista alemana Kromberg & Schubert cerrará a fin de año su planta del Parque Industrial Pilar, donde trabajan más de 200 personas. El cierre llega después de que la empresa quedara fuera del proyecto de la nueva Volkswagen Amarok, que se ensamblará en General Pacheco con piezas en su mayoría de origen chino.

La firma se especializa en sistemas eléctricos y mazos de cables para la industria automotriz, y era proveedora exclusiva de la terminal para la pick up. Llegó al país en septiembre de 2009 justamente para ese proyecto, un año antes de que la camioneta empezara a producirse en Pacheco.

La decisión ya fue informada a los empleados, de acuerdo a fuentes gremiales y empresarias del parque industrial consultadas por Infobae. "Ellos ya informaron que se van a fin de año. Los trabajadores ya están al tanto de la situación", señalaron.

La situación también golpea a Pelzer System, del grupo italiano Adler Pelzer Group. La empresa se instaló en el Parque Industrial Pilar en 2009 para abastecer a la Amarok con insonorizantes y alfombras, y generó para ese proyecto unos 100 puestos de trabajo. Hoy le quedan 13 trabajadores, según fuentes cercanas a la firma, que buscan nuevos negocios para evitar la retirada definitiva del grupo del país.

Pelzer fabricaba en exclusiva para la Amarok y el SUV Taos. Este último ya dejó de producirse en Pacheco, y la pick up actual lo hará a fin de año. El personal supo entre febrero y marzo que la empresa no había sido elegida para la nueva generación. Desde entonces hubo conflictos y paradas de planta en reclamo de retiros voluntarios.

"En uno de esos episodios, la empresa canceló el contrato. Y la planta estuvo dos meses sin trabajar, con el stock que había quedado. En ese ínterin, se consiguió algo con Stellantis pero es muy chica la producción", detalló una de las fuentes.

De los 60 proveedores locales que tuvo Volkswagen para la Amarok, solo 16 continuarán en el nuevo proyecto. Fuera de Pilar, también dejará el país Irauto, filial argentina del grupo español Antolin, que fabrica techos interiores en su única planta de Benavídez y emplea a unas 80 personas. En el sector circulan versiones de que sus líneas pasarían a Trefelt, otra proveedora de la terminal.

En tanto, Motherson, de origen indio, y la argentina Caimari, con planta en Valentín Alsina, perderán buena parte de su negocio, pero seguirán operando gracias a otros clientes. Albano Cozzuol también resultó afectada, aunque Volkswagen le mantuvo algunas piezas.

Volkswagen anunció el 3 de abril de 2025 una inversión de USD 580 millones en Pacheco para producir desde 2027 la sucesora de la Amarok. El modelo se basa en una plataforma desarrollada junto al grupo chino SAIC, la misma de la pick up Maxus. El acuerdo entre ambas compañías contempla la compra del kit de piezas a esa firma.

Para exportarse a Brasil sin arancel, el vehículo debe cumplir la regla de origen del Mercosur fijada en el ACE 14, el acuerdo de complementación económica entre Argentina y Brasil. Bajo ese esquema, podría ensamblarse con apenas un 16% de piezas de la región y el 84% restante de fuera del bloque.

Por su parte, fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) citaron un informe de la entidad. Según ese relevamiento, 63 autopartistas cerraron o cancelaron proyectos relevantes en el país desde abril de 2009, y 11 de ellas lo hicieron entre 2024 y la actualidad. La misma entidad ya había informado que en 2025 el sector perdió unos 4.100 puestos de trabajo, el 7,7% del total.

El empleo privado registrado en Pilar cayó 5,32% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según datos oficiales del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), organismo que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación. La contracción representa la pérdida de 3.479 puestos de trabajo asalariados: de 65.376 a 61.897 en dos años.

El dato surge del relevamiento de los datos que hizo Pilar de Todos de la serie de empleo y remuneraciones por departamento que OEDE elabora a partir del cruce del padrón de contribuyentes, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Sistema de Simplificación Registral de ARCA. La medición corresponde específicamente al empleo asalariado registrado del sector privado, es decir, trabajadores en relación de dependencia con aportes en empresas privadas, sin incluir empleo público, monotributistas ni trabajo informal.

La caída se da en un contexto en donde las industrias están siendo de las actividades más golpeadas, hackeadas por el aumento de los costos como la luz o el gas, la baja de las ventas y la apertura de importaciones.

En ese contexto, Whirlpool cerró su planta pilarense en noviembre de 2025 y despidió a 220 trabajadores, tras un recorte previo de 60 puestos; Granja Tres Arroyos avanza en un concurso preventivo de acreedores con suspensiones y despidos en su planta de Pinazo; e ILVA cerró sorpresivamente sus puertas y dejó en la calle a 300 personas, solo para citar algunos casos.

La caída de Pilar más que duplica el promedio de la región. En el conjunto de los partidos del Gran Buenos Aires más la Ciudad de Buenos Aires, el empleo privado registrado bajó 2,23% en el mismo período —de 3.086.675 a 3.017.750 puestos—. Pilar se ubica entre los doce distritos donde más empleo se perdió de los 41 relevados, donde claramente la incidencia de la industria es una de las razones. Los peores casos son Ensenada (-18,85%), Zárate (-11,18%), Berisso (-10,86%), San Fernando (-7,95%) y San Isidro (-6,06%). En la otra punta, Exaltación de la Cruz (+11,62%), Marcos Paz (+6,96%) y Ezeiza (+4,20%) fueron los únicos que ganaron empleo privado registrado en el período.

El deterioro de Pilar se enmarca en un mercado laboral nacional que también empeoró. La tasa de desocupación llegó al 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2026, el nivel más alto desde 2021, según el INDEC. El organismo registró además una suba de la informalidad laboral de un punto porcentual frente al mismo período de 2025, con un correlato adicional: dentro del universo de trabajadores informales, la proporción de quienes trabajan por cuenta propia pasó del 34,3% al 37,3% en un año. En tanto, el deterioro fue más marcado en el interior del país que en los grandes centros urbanos: la desocupación en los aglomerados del interior trepó 1,3 puntos hasta 7,6%, y la subocupación demandante creció 0,9 puntos hasta 9,1%.

Granja Tres Arroyos (GTA), la empresa dueña de la planta Pinazo, en La Lonja, Pilar, declaró ante la Justicia comercial un pasivo contable de $536.000 millones al cierre de 2025 y reconoció haber entrado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. La cifra surge de la presentación de su concurso preventivo de acreedores.

El pasivo declarado, equivalente a unos US$350 millones al tipo de cambio oficial, es muy superior a los $160.646 millones que la Central de Deudores del Banco Central le atribuía al Grupo GTA (GTA, Wade y Avex combinadas) al 15 de septiembre: esa cifra reflejaba solo deuda bancaria, comercial y cheques rechazados, mientras que el nuevo número incluye la totalidad del pasivo contable, con activos por $760.000 millones y un patrimonio neto que cayó de $341.000 millones a $224.000 millones en un año.

La presentación fue realizada en el expediente COM 018558/2026, caratulado "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo", que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. GTA pidió que el trámite se desarrolle en conjunto con Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, identificadas como integrantes del "Grupo GTA", y en forma subsidiaria solicitó la apertura de un concurso individual si ese planteo no prospera. La empresa declaró más de 4.800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos. Según la documentación presentada, "HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos", mientras que el resto corresponde a accionistas minoritarios de la familia fundadora.

La composición del pasivo muestra que los principales compromisos corresponden a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A eso se suman $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, y $32.000 millones en obligaciones fiscales. Los "Resultados No Asignados" pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un déficit proyectado de $122.052 millones para el cierre de 2025. En el expediente, GTA atribuyó la crisis a "el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra".

La planta pilarense, ubicada en La Lonja, venía de años conflictivos: desde diciembre de 2024 la empresa había comenzado a tener serios problemas para afrontar el pago de salarios en tiempo y forma, lo que motivó distintas protestas de los trabajadores. Esa tensión escaló en agosto de este año, cuando la planta dejó de operar y sus trabajadores permanecieron suspendidos durante todo el mes.

Frente a ese cuadro crítico, la empresa avanzó con una serie de despidos que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300. El 1° de septiembre, sin embargo, GTA acordó con el sindicato reducir esa cifra a 50 despidos en Pinazo.

En los telegramas enviados a esos trabajadores, la empresa invocó "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". Esa medida quedó suspendida de manera transitoria por una conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó la reincorporación de esos 50 empleados junto con otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Esa medida vence esta semana y podría prorrogarse por cinco días hábiles más.

El Juzgado Comercial N°21 asumió de manera provisoria la causa ante la urgencia planteada por GTA. El juez Germán Páez Castañeda ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre y que vencieran después de esa fecha, y dispuso que esos rechazos no sean computados para multas o inhabilitaciones de la cuenta corriente. También autorizó "la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos", y ordenó a las empresas de electricidad y gas no suspender el suministro por deudas anteriores al 9 de septiembre. En tanto, el magistrado no hizo lugar al pedido para que los bancos mantengan abiertas las cuentas de la empresa ni levantó los embargos e inhibiciones ya vigentes, decisión que quedará en manos del juez definitivo, una vez que intervengan el síndico y los acreedores.

Para los trabajadores de Pinazo, la incógnita central sigue siendo la misma: qué pasará con los puestos de trabajo y los salarios adeudados mientras la causa avanza en los tribunales comerciales.

Granja Tres Arroyos SA, la sociedad matriz del Grupo GTA y dueña de la planta Pinazo, en Pilar, presentó formalmente su pedido de concurso preventivo de acreedores. Según pudo saber Pilar de Todos, la medida profundiza la crisis financiera que atraviesa la principal empresa avícola del país.

El expediente quedó caratulado como "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo", bajo el número COM 018558/2026, y tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, Secretaría N° 42, con competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Según el sistema de consulta de causas, la presentación fue pasada a ese juzgado el 8 de septiembre, la secretaría recibió el pase al día siguiente, y el 10 de septiembre se registró el cambio de estado por inicio de demanda. Actualmente la causa figura "en despacho".

La presentación llega una semana después de que Wade SA, otra de las firmas del Grupo GTA, iniciara el mismo camino judicial, tal como había adelantado Pilar de Todos el 9 de septiembre. Wade opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría, y no tiene relación societaria directa con Pinazo, que depende exclusivamente de Granja Tres Arroyos SA. De esta manera, ya son dos las sociedades del Grupo GTA que formalizaron ante la Justicia su intento de reestructurar pasivos. Resta confirmar qué sucederá con Avex SA, la tercera pata societaria del grupo, que hasta el momento no registra una presentación propia.

Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central, al 15 de septiembre de 2026 el grupo integrado por Granja Tres Arroyos, Avex y Wade acumula una exposición total de $160.646 millones, equivalente a US$106,6 millones al tipo de cambio oficial mayorista vigente. La cifra surge de la suma de las deudas bancarias, comerciales y los cheques rechazados informados por cada compañía.

Granja Tres Arroyos concentra la mayor parte del pasivo consolidado, con $156.645 millones (US$103,9 millones). Sin embargo, el grupo intentaba hasta este pedido reestructurar una deuda de más de US$350 millones, cifra que incluye compromisos contemplados en la negociación privada previa que la empresa había sostenido a lo largo del año, sin éxito.

En Pilar, la planta Pinazo, ubicada en La Lonja, viene de un mes de conflicto laboral. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar había girado un pedido de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores, que regía desde el 3 hasta el 30 de ese mes.

El 1 de septiembre, la empresa y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en la planta, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300. Días después, el 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de esos 50 empleados, junto con otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría.

En los telegramas de despido enviados a los trabajadores, Granja Tres Arroyos justificó las desvinculaciones al invocar "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". La compañía atribuyó ese cuadro a una combinación de factores: la gripe aviar y el consecuente cierre de mercados de exportación, la sobreoferta de pollo en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el aumento de los costos.

Ese escenario, sostuvo la empresa, derivó en "un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva". A esos factores sumó contingencias operativas y conflictos colectivos que, según su posición, también repercutieron sobre los niveles de producción y faena.

La compañía afirmó, además, que en los últimos meses había implementado distintas medidas para intentar sostener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Sin embargo, esas alternativas resultaron insuficientes, por lo que avanzó con una reestructuración de la organización y de su dotación de personal.

La conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre sigue vigente y vence esta semana. La medida, que rige por 15 días hábiles, podría ser prorrogada por cinco días hábiles más, por única vez, según lo previsto en la propia resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Con la causa judicial ya abierta, el foco pasa además a la Justicia comercial, que deberá expedirse sobre la apertura formal del concurso y los plazos que tendrá la compañía para presentar su propuesta de pago a los acreedores. Los créditos laborales, salarios e indemnizaciones, tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la empresa no cuenta con fondos suficientes.

Para los trabajadores de Pinazo y del resto de las plantas del grupo, la incógnita sigue siendo la misma de siempre: qué pasará con los puestos de trabajo y con los salarios adeudados mientras el proceso avanza en los tribunales.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos y ordenó la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

En Pilar, la medida alcanza a los 50 empleados de la planta Pinazo, en La Lonja, que habían sido desvinculados apenas días atrás, tras un mes completo de suspensiones que afectó a la totalidad del plantel de esa fábrica.

Según confirmó la cartera laboral bonaerense, la conciliación regirá por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y contempla la reincorporación de los despedidos como condición para reabrir la negociación entre las empresas y el sindicato.

El Ministerio de Trabajo fijó además una nueva audiencia entre Granja Tres Arroyos, la firma Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, en la que continuará la discusión sobre la situación de los establecimientos bonaerenses. La empresa propuso la donación de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores despedidos, algo que el gremio rechazó.

No obstante, según pudo saber Pilar de Todos, la empresa analiza presentarse en convocatoria de acreedores en los próximos días. Se trata de un proceso judicial mediante el cual una compañía en dificultades financieras busca reorganizar su situación frente a los acreedores para evitar la quiebra. Los créditos laborales —salarios e indemnizaciones— tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la empresa no cuenta con fondos suficientes. De hecho, Tres Arroyos ya expuso que pretendía abonar el 50% de las indemnizaciones.

El conflicto en Pinazo viene de varias semanas. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar giró un pedido de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores, que regía sin actividad operativa desde el 3 hasta el 30 de ese mes, con pago parcial del salario.

El 21 de agosto, los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora anunciaron la conformación de una mesa conjunta para coordinar acciones frente a la crisis de la empresa en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Diez días después, el 1° de septiembre, la firma y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en Pinazo, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300.

La crisis financiera del grupo también alcanzó a sus dueños. El 2 de septiembre, la Justicia ordenó embargar una vivienda del Highland Park Country Club vinculada a la familia De Grazia, en el marco de una ejecución por $1.795 millones que tramita en un juzgado comercial porteño. De fondo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por US$350,9 millones y acumula, junto con Avex y Wade, 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones.

El secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó los argumentos de la empresa, que atribuye la crisis a la caída de las exportaciones, la gripe aviar y una sobreoferta de pollo en el mercado interno. "Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial", señaló. También cuestionó que exista sobreoferta doméstica: "No es real, el consumo de pollo sigue creciendo", afirmó.

Chamorro apuntó además contra el uso del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la empresa invocó para encuadrar los despidos bajo una situación de fuerza mayor. "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo. En tanto, el gremio reclamó que la empresa entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, algo que, según indicó el STIA, todavía no hizo.

El presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar, Néstor Dolera, advirtió que entre 40 y 50 empresas del complejo industrial podrían cerrar si no se modifica el rumbo de la política industrial. Según explicó, las principales dificultades están vinculadas con el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos, especialmente de la electricidad, la caída del consumo y la apertura de importaciones.

En diálogo con Pilar de Todos, Dolera señaló que la situación del sector se volvió especialmente compleja durante los últimos dos años y medio y sostuvo que las empresas no siempre tienen margen para trasladar los mayores costos a los precios de sus productos.

“La situación está muy complicada en el parque. Lo último que más ha afectado son las tarifas de los servicios públicos, sobre todo la luz. Al estar desregularizado, no hay un control por parte del Estado respecto de esto. De seguir así, entre 40 y 50 empresas podrían cerrar”, alertó Dolera.

Según explicó, una estadística elaborada por la entidad hacia diciembre de 2023 mostraba que algunas PYMES medianas pagaban alrededor de 3 o 3,5 millones de pesos por el servicio eléctrico. Actualmente, afirmó, esos montos pueden alcanzar los 110 millones de pesos.

“Es un salto totalmente terrible, y además hay que sumarle inflación, paritarias, importaciones, y baja del consumo”, sostuvo Dolera.

“Entonces, a las empresas se les hace muy difícil con estos costos poder mantenerse, no pueden trasladar esos costos a precios. De hecho ya hemos tenido cierres como el caso de ILVA, Whirlpool, Kimberly Clark, Berry”, planteó.

El Parque Industrial de Pilar reúne actualmente entre 210 y 220 empresas, de acuerdo con el relevamiento realizado por la propia Cámara del predio fabril. Dentro de ese universo, estimó que unas 12 o 13 industrias ya cerraron.

Pero el principal llamado de atención apunta hacia adelante. El dirigente empresario sostuvo que otras 40 o 50 compañías, principalmente PYMES, se encuentran en una situación de riesgo y podrían dejar de operar si las condiciones actuales se mantienen.

Según explicó, muchas empresas ya no tienen margen para reducir sus estructuras de personal y están funcionando con niveles mínimos de producción.

Dolera detalló que algunas industrias trabajan actualmente con alrededor del 40% de su capacidad, mientras que ubicó la caída del consumo en torno al 50%.

“Muchas empresas están al mínimo de producción, en un 40%, y el consumo cayó un 50%. Entonces, son un montón de factores que afectan a nuestra industria, no es un solo punto”, resumió.

El deterioro de la actividad industrial también tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. El Parque Industrial cuenta con unos 35.000 trabajadores y, según un relevamiento realizado a fines del año pasado y principios de este, cerca de 7.000 puestos de trabajo ya se habían perdido.

El dirigente aclaró que la Cámara todavía no cuenta con un nuevo relevamiento de despidos, ya que habitualmente actualizan ese indicador hacia fines de septiembre o principios de octubre.

La preocupación, sin embargo, es que una nueva ola de cierres pueda profundizar la pérdida de puestos de trabajo.

Dentro del escenario actual, Dolera identificó a las industrias alimenticias y farmacéuticas como los sectores que presentan una situación relativamente mejor.

“Hay sectores que están un poco mejor dentro de lo malo del panorama, como alimenticias y farmacéuticas. Son cuestiones de primera necesidad los remedios y el alimento”, explicó.

El resto de las actividades industriales, en cambio, atraviesan un escenario que insistió en definir como “muy complicado”.

Dolera añadió que las empresas que están en una situación más crítica y al borde del cierre son las PyMES, que en el caso del Parque emplean a unas 30 o 50 personas cada una.

Desde la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar aseguran haber iniciado contactos con autoridades nacionales para buscar alternativas frente al escenario que atraviesa el sector, pero que no obtuvieron respuestas.

Dolera afirmó que uno de los objetivos es trabajar sobre herramientas de promoción industrial que permitan sostener la actividad y el empleo.

En ese marco, cuestionó las actuales políticas nacionales y sostuvo que el sector industrial necesita medidas específicas para enfrentar el aumento de los costos y la pérdida de demanda.

“Lo que buscamos es que escuchen y que atiendan las necesidades de quienes producen trabajo, desde quienes dan oportunidad, desde los que invierten en este país. Eso es lo que queremos. Pero no hay política industrial, es lamentable”, expuso el dirigente.

El dirigente también sostuvo que la industria tiene un peso significativo en el empleo formal y cuestionó el cierre de pequeñas y medianas empresas registrado durante los últimos años.

“La industria en nuestro país genera casi el 48% del trabajo en blanco. Y en lo que va de estos 2 años y medio de gestión de gobierno (nacional) cerraron 30.000 PYMEs, y proyectado, si se sigue de esta manera, llegar a 40.000 a fin de año o a principios del año que viene”, concluyó.

La empresa Whirlpool salió a vender el predio industrial que ocupó en la localidad de Fátima, sobre la Ruta Nacional 8. La comercialización quedó en manos de JLL (Jones Lang LaSalle), firma internacional especializada en real estate corporativo, que no menciona a Whirlpool como propietaria en el aviso ni informa el precio de venta.

Según pudo reconstruirse a partir de comparables del mismo corredor industrial, el complejo podría cotizar entre 17 y 21 millones de dólares, con un punto medio cercano a los 19 millones de dólares. Esa cifra surge de cruzar los valores por metro cuadrado de otras naves y terrenos publicados en el complejo Polo Pilar.

El predio quedó inactivo desde el 26 de noviembre de 2025, cuando Whirlpool resolvió discontinuar la producción de lavarropas en la Argentina de manera abrupta, sin un proceso previo de reducción gradual. La decisión dejó en la calle a unos 300 trabajadores de la planta y de áreas vinculadas a la operación industrial.

El cierre sí había tenido un antecedente un año antes: en mayo de 2024 la compañía ya había eliminado uno de los dos turnos de producción, lo que implicó unos 60 despidos, y volvió a concentrar la fabricación en una sola franja horaria.

La nave tiene 30.453 metros cuadrados cubiertos y 12 metros de altura de piso a techo, con 12 docks de carga, dos rampas y unas 2.000 posiciones de racks, señala el aviso al que tuvo acceso Pilar de Todos. El predio dispone también de planta de tratamiento de efluentes, sistemas de agua industrial y aire comprimido, red contra incendios, un reservorio de un millón de litros y un grupo electrógeno de 120 KW.

A eso se suman oficinas, showroom, comedor para 90 personas y vestuarios con capacidad para 200 trabajadores. Frente a la superficie cubierta, quedan disponibles 120.693 metros cuadrados de tierra remanente, con capacidad para sumar otros 50.000 metros cuadrados de construcción.

La planta había sido inaugurada el 21 de octubre de 2022, con una inversión de u$s52 millones, y fue presentada en ese momento como la fábrica de lavarropas más tecnológica de Whirlpool a nivel mundial, con capacidad para 300.000 unidades anuales. El esquema original preveía exportar cerca del 70% de esa producción, con Brasil como principal destino.

Ese circuito se invirtió por completo tras el cierre: hoy Brasil es el origen de los lavarropas y heladeras que Whirlpool comercializa en la Argentina, que ingresan bajo el arancel del 0% del Mercosur, aunque alcanzados por la tasa estadística.

Las líneas de producción llegaron a completar un lavarropas cada 40 segundos. Apenas un puñado de años después, esa capacidad quedó reducida a galpones vacíos a la espera de un comprador.

Este 29 de agosto se cumple un año desde que la fábrica ceramista Ilva despidió de manera sorpresiva a sus 300 trabajadores y cerró la planta del Parque Industrial de Pilar. 

Doce meses después, ningún extrabajador cobró la indemnización que la ley establece, y un grupo continúa sosteniendo un acampe permanente en la puerta de la fábrica.

Para todos, repiten, ha sido “un año difícil” donde algunos, los más jóvenes, pudieron reinsertarse en el mercado laboral pero quienes no, apenas subsisten gracias a la solidaridad de un grupo que, pese a la adversidad, se mantiene unido. 

"El sábado 29 cumplimos un año de esta barbarie que hizo Ilva con 300 trabajadores, con 300 familias", dijo a Pilar de Todos Marcelo Barrionuevo, delegado del Sindicato de Ceramistas y extrabajador de la planta. 

Hoy son unos 44 los extrabajadores que sostienen el acampe frente la fábrica.  Se van turnando en grupos de 4 a 6 personas. 

Gabriela Vallejos, que trabajó 20 años en la empresa como clasificadora de producto terminado, explicó a este medio que se organizan en turnos de 6, 8 y hasta 12 horas para vigilar que nadie se lleve la maquinaria que quedó dentro de la planta. Allí, señalan, está la esperanza de poder cobrar lo que la firma les debe.

"Si nosotros no hubiéramos cuidado eso que está ahí adentro, los dueños hubieran vaciado la fábrica y no la vemos nunca más", agregó Vallejos.

En ese acampe, fueron forjando la lucha. Meses llenos de incertidumbre y de resistencia, pero también de unión y de dignidad.

Hace un año, los trabajadores fueron recibiendo los telegramas que les confirmaban lo peor: se quedaban sin sus puestos laborales. 

Cada carta llegó impresa, y en ella se invocaba el artículo 247, que reduce el pago de la indemnización a la mitad.  "Nos mandaron los telegramas de despido con el artículo 247, que nos despiden con el 50% de nuestra indemnización, y aun así no cobramos un peso de nada", explicó Vallejos.  Y agregó que todos entraron "en un concurso de acreedores”. 

“Esto quiere decir que Ilva tiene intenciones de pagar, pero no tiene dinero", consignó la exempleada. Y precisó que la estrategia de la empresa apunta a vender la maquinaria de la planta para afrontar el pago.

Actualmente la causa por los despidos en Ilva tramita en el Juzgado Comercial Nº 12 a cargo del Juez Hernán Papa a quien en reiteradas ocasiones le han pedido que tome una resolución urgente. 

En tanto, Barrionuevo cuestionó el manejo judicial del proceso: "Están saliendo los camiones porque hay una orden del juez, pero todavía no vimos un mango de nada", dijo.

El conflicto también dejó una marca irreparable entre los extrabajadores: la muerte de Javier López, "La Oveja". Javier se desempeñaba en el área de control de procesos de la planta. En mayo de este año decidió quitarse la vida “porque no soportó la situación”, recuerdan sus compañeros.  “¿Y hasta cuándo más tenemos que soportar?", planteó Vallejos, visiblemente afectada.

Con la planta parada, la mayoría de los despedidos debió reinventarse. Según Barrionuevo, quienes tienen menos de 40 años lograron reinsertarse en el mercado laboral, mientras otros trabajan con aplicaciones como Uber o Didi. 

Su propio caso es distinto: "Me cuesta un montón porque tengo 46 años, la edad no nos da", lamentó, y detalló que subsiste con el fondo de desempleo, changas ocasionales y la ayuda de sus hijos mayores. 

Según explicó, el beneficio arrancó en $322.000 y fue bajando con el correr de los meses: a la octava cuota bajó a $255.000, y en las últimas cuotas llegó a $185.000. "Vos imaginate que con esa cifra no llegás a cubrir nada", planteó.

Vallejos sumó otra dimensión del impacto: la pérdida de la obra social. "Tengo compañeros con tratamientos oncológicos que no los pudieron realizar", relató, y contó que entre ellos armaron una red solidaria para conseguir medicamentos.

A un año del cierre, el pedido central sigue siendo el mismo. "Lo único que queremos es que el juez tenga un poco de empatía, no solo con trabajadores, sino con padres de familia, con compañeras que son madres solteras", planteó Barrionuevo, y remarcó que la Constitución Nacional y los convenios colectivos amparan el derecho a cobrar por los años de servicio.

Pese al desgaste, el reclamo continúa en pie: "Somos pocos, pero estamos unidos. Ya va un año, y seguimos insistiendo", cerró Barrionuevo.

Los extrabajadores de Ilva, por otro lado, mantienen abierta una cuenta en la que reciben donaciones para sostener la lucha y ayudar a los que aún no consiguieron empleo.

Quienes puedan ayudar pueden hacer transferencias al alias despedidos.ilva a nombre de Jesica Florencia Pereyra o contactarse al 11-2787-2282

Los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora conformarán una mesa de trabajo conjunta para coordinar acciones frente a la crisis de Granja Tres Arroyos, que mantiene plantas paralizadas y afecta a cientos de trabajadores en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba, según confirmó el gobierno entrerriano.

En Pilar, la crisis golpea directamente a la planta de Pinazo, donde la empresa dispuso la suspensión total de la actividad durante todo agosto, sin tareas operativas ni de faena, en una medida que afecta a unos 300 trabajadores.

Tal como informó Pilar de Todos semanas atrás la suspensión fue pactada con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) con goce parcial de sueldo, equivalente al 65% del salario, para evitar un esquema más gravoso como el aplicado en otra planta del mismo grupo. A esa reducción se suma una deuda previa que, según trabajadores consultados por este medio, ya superaba los dos meses de sueldo, más el aguinaldo pendiente al momento de las suspensiones.

La situación motivó además un pedido formal de informes del Concejo Deliberante de Pilar al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, impulsado por el bloque Fuerza Patria, que advirtió que la caída de ingresos "repercute no sólo sobre la economía de cada hogar, sino también sobre el comercio, los servicios y la actividad económica del distrito".

El comunicado del gobierno de Entre Ríos precisó que "el abordaje de la situación también contempla la dimensión nacional del conflicto" y anunció que "Entre Ríos avanzará junto a Córdoba y Buenos Aires en la conformación de una mesa de trabajo entre los gobernadores y sus equipos, con el objetivo de coordinar acciones frente a una crisis que afecta a trabajadores y plantas de Granja Tres Arroyos en las tres provincias".

En Entre Ríos, la planta La China, en Concepción del Uruguay, permanece sin actividad normal desde fines de mayo, con más de 900 trabajadores afectados, tras lo cual el gobierno provincial dictó una conciliación obligatoria que obligó a la empresa a retrotraer despidos recientes. En Córdoba, la planta Avex, en Río Cuarto, atraviesa una paralización que golpea a unos 350 trabajadores.

De fondo, Granja Tres Arroyos negocia una reestructuración de su pasivo, estimado en US$350,9 millones, con quitas de hasta el 75%, plazos de hasta siete años y la búsqueda de nuevos inversores. La compañía atribuyó parte de la crisis a la caída de las exportaciones tras los brotes de gripe aviar registrados en el país, que restringieron el acceso a mercados externos y derivaron en una sobreoferta interna con precios a la baja.

La conformación de la mesa interprovincial marca un salto de escala para un conflicto que, hasta ahora, cada distrito venía gestionando por separado. En el caso de Pilar, los problemas en la planta Pinazo comenzaron a fines de 2024, con demora en el pago de salarios y aguinaldos, suspensiones, adelanto de vacaciones y paritarias por debajo de la inflación, señalaron en su momento los trabajadores a este diario digital, lo que motivó a que los trabajadores realicen diversas medidas de fuerza.

El Concejo Deliberante de Pilar giró un pedido formal de informes al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por la suspensión de unos 300 trabajadores de Granja Tres Arroyos, según un proyecto de resolución presentado por el bloque Fuerza Patria.

A fines de julio la empresa tomó la decisión de suspender toda la actividad en su planta de Pinazo durante agosto, medida acordada con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y que incluyó el pago parcial de los salarios.

El proyecto expresa la preocupación de los ediles del oficialismo por una medida que, sostienen, afecta de manera directa a alrededor de 300 familias del distrito.

Según el texto de resolusión aprobado en la sesión de ayer, la caída de ingresos de los trabajadores "repercute no sólo sobre la economía de cada hogar, sino también sobre el comercio, los servicios y la actividad económica del distrito".

Desde Fuerza Patria remarcaron además que la preservación del empleo es una prioridad para el desarrollo económico y social de Pilar, y que el Concejo "no puede permanecer ajeno ante situaciones que comprometen el empleo y la producción local", al tratarse de una cuestión de interés público para toda la comunidad.

El artículo central del proyecto solicita a las dos carteras laborales que informen las acciones de seguimiento, fiscalización y conciliación que estén llevando adelante respecto de la situación de los trabajadores de la planta de Pinazo.

La medida que originó el proyecto había sido comunicada por la empresa a fines de julio y rige desde el 3 hasta el 30 de agosto, sin actividad operativa ni de faena en la planta. Los trabajadores, explicaron a Pilar de Todos, percibirán durante ese período un porcentaje del salario, en un esquema pactado con el sindicato para evitar una alternativa más gravosa, como la que se había aplicado en otra planta del mismo grupo empresario.

Además de la suspensión, la empresa arrastra una deuda salarial que, según trabajadores consultados por este medio, ya supera los dos meses, a lo que se suma el aguinaldo pendiente. El conflicto de fondo se remonta a fines de 2024, cuando la firma inició un procedimiento preventivo de crisis vinculado a la caída de las exportaciones tras el cierre del mercado chino por un brote de gripe aviar.

El proyecto dispone además que se remita copia del texto al Ministerio de Trabajo bonaerense, a la Secretaría de Trabajo nacional, al STIA y a la propia empresa Granja Tres Arroyos, de manera que las cuatro partes involucradas en el conflicto tomen conocimiento formal de la postura del Concejo Deliberante.

Un gremio docente de Pilar denunció la ejecución de “despidos arbitrarios” en un colegio privado radicado en el distrito. 

Se trata de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) desde donde consignaron que al menos 3 docentes fueron desvinculados del Colegio Verbo Divino, ubicado en la intersección de Ruta 25 y Panamericana. 

Según relataron desde el sindicato a Pilar de Todos, los docentes afectados comenzaron a recibir cartas documento con la notificación “durante el receso de invierno”. Se trata de empleados y empleadas con entre 10 y 20 años de antigüedad. 

“Están viviendo una situación apremiante; sin previo aviso, de una manera arbitraria y unilateral y sin ningún tipo de diálogo previo, recibieron cartas documento notificándolos”, relató Hernán Turati, secretario general de SADOP Pilar a este portal de noticias. 

Asimismo, agregó que muchos de los damnificados “son sostén de familia, y se encontraron de un día para otro, sin ningún tipo de sustento para poder llevar un plato de comida a la mesa de sus hogares”. 

En cuanto a las posibles causas de las desvinculaciones, Turati expresó que “no hay nada que determine que las compañeras y los compañeros docentes trabajadores de ese establecimiento educativo hayan tenido alguna sanción previa” o motivo para definir su salida al tiempo que completó que las notificaciones, tres en esta etapa, “sucedieron dentro del receso invernal”. 

Con esos casos, apuntaron desde el gremio el establecimiento ya avanzó sobre un total de 5 desvinculaciones en lo que va del año. 

Desde SDOP posaron la mirada en que el Colegio “posee una subvención por parte del Estado provincial, una ayuda que se les otorga para, por ejemplo, completar el pago de salarios”.

“Es totalmente ilógico que el Colegio no tenga plata para para sostener salarios, pero sí tenga el dinero para, por ejemplo, construir, modificar el playón del estacionamiento, llevar adelante modificaciones en la infraestructura de propia del colegio, y tenga el dinero para indemnizar”, rechazaron desde SADOP.  

Además, argumentaron que los afectados por los despidos “tienen un compromiso intachable con su comunidad y el establecimiento”. 

Por otro lado, también le exigen al establecimiento el cumplimiento de la normativa que establece la implementación de espacios de cuidado y la creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo.

En el gremio también encendieron las alarmas ante, aseguraron, la falta de pago del aguinaldo a los trabajadores del Instituto Atlético Pilar. 

“Están cobrando salarios de manera fraccionada y a la fecha no han cobrado el aguinaldo. Esto es grave porque el establecimiento está haciendo reformas, construyendo tinglados, canchas de futbol y agregando aulas, pero no pagan los salarios”, advirtieron desde el sindicato desde donde pidieron que cesen las irregularidades.

El Sindicato Químico Pilar logró la reincorporación de un trabajador despedido en la empresa Cascia Gases Comprimidos, del Parque Industrial de Pilar, tras un conflicto que se extendió durante varios meses.

La compañía comunicó la medida tanto al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires como a la organización sindical, que venía reclamando por la situación desde fines de abril.

Desde el gremio, conducido por Sergio González, remarcaron que la resolución representa un paso relevante para reparar la situación del trabajador. "Valoramos que la empresa haya recapacitado y revisado una decisión que considerábamos profundamente injusta, ya que había dejado a un trabajador sin su fuente de trabajo y, con ello, afectado su dignidad y la de su familia. La reincorporación constituye un paso importante para restablecer esa situación", señaló González en el comunicado.

En tanto, el sindicato destacó la cobertura periodística que tuvo el conflicto durante las últimas semanas. "Agradecemos especialmente a todos los medios de comunicación que dieron visibilidad al conflicto y permitieron que la sociedad conociera lo que estaba ocurriendo. Su compromiso con la difusión de los hechos fue un aporte significativo para alcanzar esta resolución", expuso el gremio.

Pese a la resolución, desde la organización gremial advirtieron que la lucha no termina ahí. "Si bien esta noticia representa una importante conquista, el Sindicato Químico Pilar continuará trabajando para que cesen definitivamente las prácticas antisindicales y para que se respeten plenamente la libertad sindical, el convenio colectivo de trabajo y los derechos de todos los trabajadores", indicaron.

Por su parte, González también se refirió al rol de los trabajadores durante el conflicto. "Agradecemos también a cada delegado, a cada trabajador que acompañó esta lucha y a toda la Comisión Directiva por el compromiso demostrado. Esta victoria demuestra, una vez más, que la organización y la unidad son la mayor fortaleza de los trabajadores", cerró el dirigente.

Granja Tres Arroyos comunicó a su personal de la Planta de Pinzo en Pilar que suspenderá toda la jornada laboral durante el mes de agosto, una medida que afecta a unos 300 trabajadores y que, según pudo saber Pilar de Todos, fue pactada con goce parcial de sueldo tras una negociación con el sindicato de STIA.

De acuerdo a un comunicado interno al que tuvo acceso Pilar de Todos, la medida regirá "desde el lunes 3 de agosto y hasta el domingo 30 de agosto de 2026, inclusive", período durante el cual "no se desarrollarán actividades operativas ni de faena".

El documento agrega que "el personal no deberá concurrir a prestar servicios, salvo que sea expresamente convocado por la Jefatura de Planta o por el área de Recursos Humanos, circunstancia que será comunicada por los canales habituales", y que las operaciones "se reanudarán conforme a la programación operativa que oportunamente será informada".

Trabajadores consultados por Pilar de Todos explicaron que la decisión se definió en una asamblea gremial y que la suspensión será con goce de sueldo, con un pago equivalente al 65% del salario. Según relataron, la medida busca evitar un escenario más gravoso: "en la planta de Cresta Roja, que pertenece también al grupo GTA, que son los mismos dueños, le dieron vacaciones forzadas a la gente", señalaron, y agregaron que "para evitar eso, se tomó la decisión de llegar a un acuerdo; la suspensión con goce de sueldo".

En paralelo al esquema de suspensión, los trabajadores mantienen un reclamo salarial que se agrava mes a mes. Según indicaron, la empresa adeuda "2 meses de sueldo", a lo que se suma el aguinaldo pendiente de pago. El esquema de pagos, además, se da en cuotas irregulares: una por semana, con semanas en las que directamente no hay desembolso.

La medida marca un salto respecto al esquema vigente desde abril, cuando la empresa había suspendido de forma rotativa a 200 operarios, con esquemas de trabajo reducido. Ahora la afectación es total: de toda la planta, solo continúan en actividad 5 personas del área de Recursos Humanos y 2 empleados del kiosco de la granja.

La crisis en Granja Tres Arroyos se arrastra desde fines de 2024, cuando la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis vinculado a la caída de las exportaciones —golpeadas desde 2023 por el cierre del mercado chino tras un brote de gripe aviar— y a dificultades productivas.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el marco del conflicto desatado por una serie de despidos registrados en una empresa del Parque Industrial de Pilar.

Luego de semanas de lucha por parte del Sindicato de Trabajadores Químicos, la cartera laboral ordenó que se retrotraigan los despidos que se habían dado en la firma Cascia Gases Comprimidos, unos seis hasta el momento, y las partes se sienten a negociar.

“Luego de semanas de reclamo pacífico, audiencias y gestiones realizadas ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la audiencia celebrada en el día de ayer se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que se mantiene con la empresa Cascia Gases Comprimidos", informaron desde Químicos.

"La medida fue adoptada en el marco de un conflicto generado por despidos que presentan claros indicios de práctica antisindical, al haber afectado a trabajadores afiliados a la organización sindical, además de la reiterada falta de diálogo por parte de la empresa durante todo el proceso”, señalaron desde el gremio, comandado por Sergio González.

“Durante todo el conflicto, el Sindicato actuó por las vías institucionales, privilegiando el diálogo, el respeto por la ley y el ejercicio pacífico del derecho a reclamar”, agregaron.

Desde el sindicato, además, indicaron que “en cumplimiento de la resolución ministerial, la empresa deberá acatar lo dispuesto por la autoridad laboral, garantizando la continuidad de la relación laboral durante el período de conciliación”.

“El Sindicato controlará el estricto cumplimiento de la medida y, ante cualquier incumplimiento, realizará de inmediato las denuncias correspondientes y solicitará la aplicación de las sanciones previstas por la legislación vigente. Este resultado demuestra, una vez más, que la organización y la unidad de los trabajadores son fundamentales para la defensa de sus derechos”, expuso González.

El conflicto se desató a fines de abril de este año cuando la empresa desvinculó a dos trabajadores.

Desde Químicos aseguraron que las desvinculaciones se dieron sin causa y advirtieron que en los planes de la empresa estaba expulsar a más empleados, algo que con el correr de las semanas se confirmó.

Better Food, la empresa que administra la marca alimenticia 3 Arroyos en el Parque Industrial de Pilar, confirmó que no renovará 20 de los 70 contratos que vencen el próximo 15 de julio.

La decisión, señalaron a Pilar de Todos desde la compañía, se debe a la profunda caída en las ventas que sufre el sector de consumo masivo en general, y el de la firma en particular, con una merma que ronda el 40% en el semestre de este año.

El CEO de la compañía, Marcelo D'Abramo, explicó que la medida no implica despidos, sino el vencimiento de un esquema pactado con el gremio de la Alimentación desde el inicio de las operaciones de Better Food en 3 Arroyos, en diciembre del año pasado.

Los 70 puestos estaban sostenidos bajo la modalidad de contrato eventual, vinculados a la evolución de la demanda y otros aspectos, y renovables cada seis meses.

Better Food se hizo cargo de la planta en diciembre de 2025, luego de que 3 Arroyos entrara en proceso de quiebra. La planta se dedica a la producción de cereales y otros productos alimenticios de consumo masivo.

Según indicó el CEO, la compañía gestionó junto a un estudio de abogados la liquidación de créditos de los empleados afectados por el quiebre, para que no quedaran sin respaldo económico, y se decidió sostener los puestos incluso, aseguró D'Abramo, respetando antigüedad, categoría y vacaciones, por ejemplo..

Desde entonces, la operación de la planta se sostiene por orden judicial, en períodos renovables de seis meses. "Ningún trabajador te puede decir hoy que sus derechos se vieron vulnerados", expuso. 

D'Abramo sostuvo que el factor decisivo para no renovar 20 contratos no fue la compra ni el alquiler de la planta —procesos aún no concretados—, sino la caída del consumo.

"De febrero a hoy nos ha caído entre 32 y 40 puntos la venta, dependiendo el mes. De los 70 contratos que vencen el 15 de julio, se van a renovar 50, que son los necesarios para operar de acuerdo a la demanda que tenemos", expuso.

"La empresa necesita 600 millones de pesos mensuales, y está facturando entre 350 y 400 millones", explicó el CEO de la empresa, una diferencia que hoy se cubre con otras unidades de negocio de Better Food, como bebidas vegetales y galletas de arroz.

“No nos gusta desvincular gente, pero sería una irresponsabilidad sostener a todos ya que pongo en riesgo no solo al resto de los empleados de 3 Arroyos, sino a las otras unidades de negocio. Además, recordemos que 3 Arroyos venía de una quiebra y nadie quería hacerse cargo. Esto no es algo que se escondió, sino que se habló en su momento con el Sindicato”, añadió D'Abramo, quien remarcó que el resto de los contratos sí serán renovados, por otro plazo de seis meses.

“No es que la empresa está escondiendo algo, porque es vox populi que simplemente salís a la calle y mirás a los costados y ves cómo está la situación de la caída del consumo masivo. Yo hablo con empresarios de otros rubros, como el textil, y la situación es crítica”, inistió el CEO de Better Food.

D'Abramo, además, cuestionó las nulas herramientas financieras que ofrece la banca pública, a excepción del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

“Ni el Banco Nación ni el Ciudad nos dieron una mano, nadie. El que sí está peleando junto a mí todos los días para sostener los puestos de trabajo es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya que tenemos cuenta en la sucursal del Parque Industrial. En otros bancos ni nos permitieron abrir cuenta”, lamentó.

“Mi compromiso es que no haya más (desvinculaciones), mi intención es que no hubiese habido ninguna, pero dependemos de la demanda y el consumo”, cerró D'Abramo.

El conflicto laboral por despidos en Cascia, empresa gases comprimidos, del Parque Industrial de Pilar, sigue lejos de resolverse.

Es que la audiencia prevista para el viernes pasado a las 11 no pudo realizarse ya que la firma presentó un escrito para justificar su ausencia. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar al pedido: el encuentro quedó reprogramado para el martes 7 de julio, a la misma hora, según informó a Pilar de Todos el Sindicato Químico Pilar.

El gremio, conducido por Sergio González, mantiene desde fines de abril un reclamo por despidos en la planta, que hasta el momento suman seis casos denunciados.

Los trabajadores sostienen una protesta pacífica frente a la empresa para visibilizar el conflicto y “reclamar el respeto de los derechos laborales”.

El sindicato apuntó contra la conducción de la empresa por lo que calificó como una práctica antisindical sistemática.

Según el sindicato, hubo “amenazas para que los trabajadores se desafilien de la organización gremial, cartas documento de desafiliación confeccionadas por un jefe de planta y despidos dirigidos a trabajadores afiliados mediante causas arbitrarias e inventadas, con el objetivo de evitar el pago de las indemnizaciones que corresponden por ley”.

Además, agregaron que también buscan “visibilizarse la represalia que habría hacia los trabajadores que quisieran denunciar la situación”.

Desde el sindicato sostuvieron que la compañía no mantiene ninguna instancia de diálogo con la representación gremial, al punto de que las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo son la única vía de conversación posible. A esto se suma, señalaron, “la intención de la empresa de desconocer el Convenio Colectivo de Trabajo vigente”, lo que —según el gremio— “afecta derechos laborales fundamentales” de los trabajadores de la planta.

Desde el Sindicato Químico Pilar anticiparon que continuarán “acompañando a los trabajadores y utilizando todas las herramientas gremiales y legales disponibles para exigir el cese de estas prácticas, el respeto por la libertad sindical y el cumplimiento de la legislación laboral y del Convenio Colectivo de Trabajo”.

La próxima instancia de negociación quedó fijada para el 7 de julio, en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El Sindicato de Trabajadores Químicos de Pilar denunció que se agravaron los despidos en una empresa del Parque Industrial. 

Se trata de la firma Cascia, a cargo de Gases Comprimidos, que a fines de abril comenzó con un proceso de desvinculaciones de empleados.

A los tres trabajadores que habían echado, según denunció el Sindicato, sin causa aparente, este miércoles se sumaron tres casos más. 

“Tienen un ensañamiento con los compañeros que están sindicalizados. Los echan inventándoles causas”, denunció desde la puerta de la fábrica Sixto Desanto integrante del gremio que conduce Sergio González. 

En el conflicto, el Ministerio de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria con la intención de abrir una mesa de diálogo entre las partes, pero la firma de todos modos avanzó con los despidos. 

“Es una situación de extrema gravedad: los despidos se habrían dirigido exclusivamente hacia personal afiliado”, advirtieron desde el Sindicato. 

Frente al panorama, trabajadores afectados y miembros del gremio se hicieron presente en las puertas de la empresa ubicada en la Calle 17 del predio fabril donde llevaron adelante una protesta. 

“Estas personas no quieren empleados, quieren esclavos. Nosotros, hasta que no se revierta la situación, vamos a seguir acá, incluso acampando si es necesario”, afirmó Desanto. 

Una publicación compartida por Pilar de Todos (@pilardetodos)

El conflicto en la empresa Gases Comprimidos (Cascia), radicada en el Parque Industrial de Pilar no logra resolverse.

Es que según denunciaron trabajadores y fuentes del Sindicato de Químicos a Pilar de Todos la firma no abonó los haberes de mayo, pese a que el plazo legal venció el jueves.

El conflicto, que se arrastra desde fines de abril, se profundizó esta semana con un nuevo despido y notas de apercibimiento a otros empleados.

El conflicto arrancó con dos desvinculaciones sin causa, señalaron desde Químicos, tras el cambio de conducción de la empresa, adquirida en enero por la firma tucumana Cascia.

En mayo, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria para frenar el proceso y sentar a las partes a negociar. Sin acuerdo a la vista, los despidos continuaron: el lunes se concretó el tercero.

“La medida de práctica anti sindical y extorsión sigue, y el miércoles también empezaron con notas de apercibimiento para varios compañeros”, señalaron trabajadores de la empresa a este diario digital de Pilar.

En ese contexto, desde el gremio que conduce Sergio González se están definiendo los pasos a seguir, al tiempo que se preparan una serie de denuncias ante el Ministerio de Trabajo.

La denuncia más grave apunta a una presunta maniobra de extorsión sobre los afiliados al gremio. Según los trabajadores, la empresa presionaría a quienes están sindicalizados para que renuncien a su afiliación bajo amenaza de perder el empleo.

"Hay un tema muy grave que es la práctica antisindical, la extorsión de, si no te desafiliás, te quedás sin trabajo. Si te echo porque estabas afiliado, no te pago nada", agregaron los trabajadores.

Además, advirtieron que la empresa no abonó los salarios de mayo, y que tampoco canceló sus obligaciones para con los empleados despedidos.

“No pagaron el sueldo de mayo, y a los despedidos, hasta el día de hoy, no les pagaron, y el último día hábil fue ayer”, alertaron.

El sindicato aclaró que las protestas realizadas en instancias anteriores —con presencia en la puerta de la empresa— fueron estrictamente pacíficas y no incluyeron cortes ni bloqueos.

La decisión responde a que la planta produce gases medicinales y es considerada por los propios trabajadores como un servicio esencial.

"La empresa sigue con esa postura de despedir gente. Nosotros tenemos las mejores ganas de trabajar en conjunto. Le pusimos una ficha a esta empresa pensando que el cambio iba a ser para mejor, pero la verdad que lo único que vino es a pagarnos con despidos”, expuso González el día de la movilización.

El Sindicato de Trabajadores Químicos de Pilar realizó una protesta en una empresa del Parque Industrial en reclamo por una serie de despidos.

Se trata de la firma Cascia, a cargo de Gases Comprimidos, donde el conflicto se desató a fines de abril, donde se registraron dos despidos sin causa aparente, según fuentes del gremio.

En el medio, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria para que las partes se sienten a dialogar, pero un mes después no solo se sostuvieron las desvinculaciones, sino que se avanzó en una más, aseguró el titular de Químicos, Sergio González. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

“Hoy tuvimos la noticia de recibir el tercer despido. La empresa sigue con esa postura de despedir gente. Nosotros tenemos las mejores ganas de trabajar en conjunto. Le pusimos una ficha a esta empresa pensando que el cambio iba a ser para mejor, pero la verdad que lo único que vino es a pagarnos con despidos”, expuso González en diálogo con Pilar de Todos desde la puerta de la empresa, donde un grupo de trabajadores y referentes del gremio se hizo presente.

La manifestación, de momento, no incluye cortes de calles ni bloqueo a la planta, indicaron desde Químicos.

“Lo único que ha hecho como inversión es despedir gente. Hoy nos instalamos acá en la puerta y vamos a seguir acá hasta poder hablar, hasta poder conocer quiénes son, quién maneja esta empresa Casia. Al final, nosotros no conocemos a nadie, conocemos a un abogado que lo único que vino fue a notificar despidos”, cerró González.

Cascia, una firma tucumana, administra Gases Comprimidos, y al hacerse cargo de la empresa comenzaron los despidos. Para Químicos la medida apunta además a "adoctrinar a la gente, meterle miedo para que no reclamen sus derechos”, al tiempo que desde el sindicato temen que se registren a futuro más desvinculaciones.

Una publicación compartida por Pilar de Todos (@pilardetodos)