Un grupo de extrabajadores de la empresa Ilva difundió una carta en la que reclaman con urgencia el pago de salarios e indemnizaciones pendientes desde hace ocho meses.

El escrito está dirigido al juez Hernán Papa, a cargo del proceso de quiebra de la empresa, y señala directamente a “Francisco Zanon, Franco Bocci, Fabián Renghini y Patricio Colombo” como “responsables” de cumplir con las obligaciones laborales adeudadas.

"Somos trabajadores que hemos quedado en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde hace 8 meses, seguimos aguardando que los señores Francisco Zanon, Franco Bocci, Fabián Renghini y Patricio Colombo cumplan con sus obligaciones y nos abonen lo que legítimamente nos corresponde", reza el texto.

El reclamo llega en un momento de profundo dolor: días atrás, Javier López, conocido como "La Oveja" y operario del área de control de procesos, se quitó la vida.

López integraba el mismo grupo de más de 300 trabajadores despedidos cuando Ilva cerró su planta del Parque Industrial de Pilar, a fines de agosto de 2025.

En la carta, los trabajadores dejan en claro que la situación excede lo administrativo. "No se trata solo de números o trámites. Detrás de cada uno de nosotros hay familias, hijos, hogares que sostener. Durante estos meses hemos enfrentado la incertidumbre, la falta de ingresos y la desesperación que implica no poder cubrir nuestras necesidades básicas", expresaron.

"Señor Juez, le pedimos que nos escuche, que vea nuestra realidad y que nos ayude a obtener una pronta respuesta. Necesitamos que se haga justicia. No podemos seguir esperando indefinidamente mientras nuestras vidas quedan en pausa". añadieron.

Marcelo Barrionuevo, uno de los extrabajadores, había hablado con Pilar de Todos tras conocerse la muerte de López, y apuntó a la angustiante situación que atraviesan.

"Lo vamos a extrañar, era una gran persona, un buen compañero. Muchos años compartimos cosas con Javier, desde un fútbol, asados y mates en la fábrica", dijo. Y agregó: “Esto es lo que los dueños de Ilva nos hicieron moralmente y físicamente.”

La hermana de Javier, Adriana López, escribió en el grupo de Facebook Despedidos Ilva, donde pidió que al deceso de su hermano “sirva para que ningún otro empleado pierda su vida”.

"Hablen, compartan su dolor, busquen ayuda. Ojalá esto sirviera para algo, nos dejó destrozados a todos, que los que tengan que decidir pagarles lo hagan pronto, y que no exista ningún otro Javier. No bajen los brazos, mi hermano con errores y aciertos era mágico", lamentó Adriana López.

Ilva cerró de manera sorpresiva su planta del Parque Industrial de Pilar a fines de agosto de 2025, dejando sin trabajo a más de 300 operarios. Poco después, la empresa inició un proceso de quiebra que, según los propios trabajadores, demora el cobro de los montos adeudados tanto al personal como a proveedores.

El expediente quedó en manos del juez Hernán Papa. Los extrabajadores ahora le exigen que acelere los tiempos. "Confiamos en su intervención para que esta situación tenga una resolución justa y urgente", concluyeron.

El Ministerio de Trabajo de Pilar dictó una conciliación obligatoria por dos semanas en el marco del conflicto laboral desatado en Gases Comprimidos, empresa radicada en el Parque Industrial de Pilar. La medida frena transitoriamente el proceso de despidos y obliga a las partes a negociar.

El conflicto se desató tras las cesantías dispuestas por la compañía, adquirida en enero de este año por la empresa tucumana Cascia. El Sindicato Químico de Pilar denunció que dos trabajadores fueron despedidos sin causa y sin previo aviso, y advirtió que la situación podría extenderse a más empleados.

"Por el momento tenemos dos despidos sin causa, pero no sabemos dónde puede terminar esto. Es una empresa que ha crecido, pero por lo que vemos cortan por el eslabón más débil, que es el trabajador. Además, no tenemos interlocutor válido, porque un día nos dicen que hablemos con una persona, y al otro nos la cambian", señalaba en medio del conflicto el titular del gremio, Sergio González, en diálogo con Pilar de Todos.

González también cuestionó el contexto en el que se producen los despidos: "Los despidos son sin causa, no hubo apercibimiento ni nada, entendemos que en el marco de una reforma laboral es un método de adoctrinar a la gente, meterle miedo para que no reclamen sus derechos".

Desde el sindicato exigieron una respuesta urgente de la empresa y reclamaron la reincorporación de los trabajadores cesanteados, algo que, de manera transitoria, se logró con la Conciliación Obligatoria dictada. Ambas partes deberán sentarse a negociar durante las próximas dos semanas.

El Sindicato Químico de Pilar pidió la reincorporación de trabajadores despedidos en la empresa Gases Comprimidos, ubicada en el Parque Industrial de Pilar.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, la organización gremial sostuvo que la firma, adquirida en enero de este año por la empresa tucumana Cascia, avanzó con cesantías que, según remarcaron, profundizan un escenario de conflicto laboral.

“Ante esta situación, el Sindicato Químico Pilar resuelve estar presente en defensa irrestricta de los puestos de trabajo”, señalaron desde la entidad sindical encabezada por Sergio González.

En el mismo texto, el gremio exigió una “respuesta urgente” por parte de la compañía y cuestionó que hasta el momento no se hayan brindado explicaciones sobre las decisiones adoptadas.

“Por el momento tenemos dos despidos sin causa, pero no sabemos dónde puede terminar esto. Es una empresa que ha crecido, pero por lo que vemos cortan por el eslabón más débil, que es el trabajador. Además, no tenemos interlocutor válido, porque un día nos dicen que hablemos con una persona, y al otro nos la cambian", expuso González en diálogo con Pilar de Todos.

"Los despidos son sin causa, no hubo apercibimiento ni nada, entendemos que en el marco de una reforma laboral es un método de adoctrinar a la gente, meterle miedo para que no reclamen sus derechos”, añadió González. 

A su vez, el titular de Químicos adelantó que en las próximas horas se realizará una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo, donde esperan revertir la situación.

Al cumplirse este 29 de abril ocho meses de los despidos masivos en la empresa Ilva, ex trabajadores volvieron a visibilizar el conflicto que permanece sin resolución y denunciaron que continúan sin percibir indemnizaciones ni otros pagos adeudados.

Según expresaron los despedidos, desde el momento de las desvinculaciones no recibieron respuestas concretas sobre el cumplimiento de sus derechos laborales, en un escenario que afecta a cientos de familias vinculadas a la planta instalada en el Parque Industrial de Pilar.

Como parte del reclamo, mantienen desde hace meses un acampe frente al predio fabril, donde realizan distintas acciones para sostener la protesta y reclamar una solución. “Todos los 29 de cada mes es el aniversario mensual de los despidos. Son ocho meses de lucha con un acampe frente a la planta”, señalaron.

Además, remarcaron que el proceso continúa en instancia concursal y cuestionaron la falta de definiciones. “Estamos todos concursados a la espera de que cumplan nuestros derechos, no tenemos respuesta de nada, a pesar de que dentro de la planta hay movimientos”, manifestaron.

En ese contexto, anunciaron que el próximo 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, llevarán adelante una locreada solidaria frente a la planta, con el objetivo de reunir a las familias afectadas y mantener visible el conflicto.

“Este 1 de mayo vamos a festejar nuestro Día del Trabajador porque nosotros nos sentimos así, porque nos lo ganamos. Ilva se hizo gracias a la gente”, expresaron a Resumen.

Los ex empleados también convocaron a vecinos y medios de comunicación a acompañar la jornada. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y sin definiciones sobre el pago de las indemnizaciones reclamadas.

La situación del empleo en el Parque Industrial de Pilar podría empeorar en el corto plazo. Así lo advirtió el titular de la Cámara Empresaria del Parque Industrial (CEPIP), Néstor Dolera, quien sostuvo que el escenario actual “es muy crítico” y anticipó que la pérdida de puestos de trabajo podría continuar.

Días atrás, un relevamiento del sector publicado por Pilar de Todos había dado cuenta de la pérdida de casi 7.000 empleos desde septiembre del año pasado, lo que representa alrededor del 20% del total del plantel del parque. Ahora, desde el sector empresario advierten que el impacto podría profundizarse.

“La situación es muy crítica, hemos hecho un relevamiento la semana pasada, que arrojó que desde el último relevamiento se había hecho en septiembre o agosto de 2025, y lo cierto es que se perdieron casi siete mil puestos de trabajo entre empresas que han cerrado y muchas que reestructuraron su plantilla”, explicó Dolera.

En ese sentido, remarcó que el parque cuenta con entre 33.000 y 35.000 empleos directos, según la época, y que la caída registrada es significativa dentro de ese universo.

“Creemos que lo peor es que se va a seguir incrementando, dadas las políticas actuales nacionales que se están aplicando”, añadió, en diálogo con el programa Agenda Propia (FM 105.9).

Dolera señaló que la crisis afecta de manera generalizada a las empresas radicadas en el parque, aunque mencionó casos puntuales de compañías de gran tamaño que han cerrado o reducido su actividad.

“Le pega a todas por igual. Hubo tres o cuatro empresas grandes que han cerrado, como Ilva, Berry, Kimberly Clark, sin contar, por ejemplo, Whirlpool, que si bien no es parte del parque, sino un anexo. Pero si sumamos a esas otras que están alrededor del parque, tal vez estamos hablando cerca de diez mil puestos de trabajo que se han perdido”, detalló.

A la par, indicó que la mayoría de las firmas han aplicado recortes en sus estructuras operativas, en un contexto que definió como adverso para la producción.

El dirigente empresarial vinculó la situación a una combinación de factores económicos y productivos. Entre ellos, mencionó la caída del consumo, los costos y la falta de incentivos al sector.

“Esto dado la gran baja del consumo que hay, los impuestos, los servicios que agobian a la industria y la falta de una política de implementación, de promoción a la industria, que no hay”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de medidas desde el Gobierno nacional y recordó expectativas que, según indicó, no se cumplieron: “Esperábamos que se dé algún guiño hacia la baja de impuestos y nada de eso se ha hablado”.

También se mostró crítico de la apertura de importaciones, en particular frente a mercados con alta escala de producción: “Soy muy crítico, sobre todo cuando viene de países como China, donde la producción es en masa y es muy difícil que nuestra industria pueda competir”.

En ese marco, Dolera insistió en que el escenario podría agravarse si no se modifican las condiciones actuales y planteó la necesidad de políticas que acompañen al sector industrial.

“Buscamos la integración, no el conflicto, porque no nos lleva a nada”, cerró, en referencia a los permanentes ataques del Presidente Javier Milei al sector industrial.

El escenario para el sector industrial es cada vez más complejo. La caída en la actividad, reflejada también en datos oficiales del INDEC, se traduce en Pilar en el cierre de empresas, menos líneas productivas y despidos.

En unos seis meses, expuso el titular de la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar (CEPIP), Néstor Dolera en diálogo con Pilar de Todos, se perdieron solo en el predio fabril de Pilar, uno de los más importantes de Sudamérica, 7 mil puestos de trabajo.

Según Dolera, quien asumió el cargo justamente hace seis meses, en ese período el plantel de trabajadores que se desempeñan en el Parque pasó de 35 mil a 28 mil, es decir una baja del 20%.

Los casos de la empresa de cerámicas Ilva, que expulsó a 300 trabajadores y cerró su planta en Pilar, Kimberly-Clark, con 200 bajas, y Whirlpool (esta última ubicada en cercanías al conglomerado), donde se produjeron 220 despidos, son solo algunos.

También hay achiques en Baterías Moura y otras firmas como Novax y Translog, algunas vinculadas a las empresas que ya decidieron cerrar, y otras con la posibilidad de traer desde el exterior, sobre todo China, los productos que antes elaboraban en Pilar.

Días atrás, Dolera había expuesto que la posibilidad de que se produzcan más despidos no era lejana, todo lo contrario.

"La apertura indiscriminada de las importaciones, sobre todo de China, es lo que está destruyendo a las pymes”, señaló Dolera en diálogo con Pilar de Todos.

“Es imposible que puedan competir con los costos altos, la carga tributaria que tienen, hace imposible la competitividad”, remarcó Dolera.

En ese contexto, desde el predio fabril advirtieron que el escenario podría agravarse si no cambian las condiciones económicas.

“Eso genera que las empresas, en principio, se empiecen a achicar, perdiéndose grandes puestos de trabajo, y después, cuando la estructura se hace inviable, terminan cerrando”, alertó Dolera.

Dolera fue enfático al señalar que se necesitan políticas que apunten a proteger a nuestra industria”, porque de lo contrario “tarde o temprano se van a destruir muchos empleos”.

“En la provincia de Buenos Aires cierra una PyME cada cincuenta minutos, son verdaderamente datos alarmantes. La situación es muy compleja”, lamentó Dolera. 

La empresa Baterías Moura, con planta en el Parque Industrial de Pilar, frenará dos líneas de producción, una medida que genera preocupación entre los trabajadores y el sindicato del sector, que advierte que entre 25 y 30 puestos laborales podrían quedar comprometidos.

La situación fue confirmada a Pilar de Todos por Sergio González, titular del Sindicato de Químicos de Pilar, quien explicó que la planta cuenta con alrededor de 180 empleados

“A la empresa le sale más barato traer baterías pesadas desde Brasil, por lo que va a cerrar dos líneas de producción, poniendo en riesgo entre 25 a 30 puestos de trabajo. Vamos a pelearla para que toda esa gente sea reubicada dentro de la misma planta”, expuso González a este diario digital.

Según el dirigente, el eventual cierre de esas áreas productivas colocaría a un grupo de trabajadores en una situación de incertidumbre, aunque el gremio busca evitar despidos y avanzar en alternativas dentro de la propia compañía.

González indicó que el sindicato trabaja para que los empleados que podrían verse afectados sean reubicados dentro de la misma planta, aprovechando las distintas áreas operativas con las que cuenta la empresa.

“Cuando yo digo de reubicar, hablo de hacerlo en distintas áreas de la empresa, en la misma empresa, al tener tantos lugares de trabajo y distintas tareas”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es evitar despidos o indemnizaciones y sostener las fuentes laborales dentro del establecimiento.

El dirigente también sostuvo que el gremio continuará interviniendo para defender la actividad industrial en el país. “Nosotros le vamos a dar lucha y vamos a defender la industria nacional, porque lo único que fortalecemos el país somos los laburantes”, señaló.

Durante la charla con este sitio de noticias de Pilar, González planteó además que detrás del freno de producción existe un cambio en la estrategia de abastecimiento, vinculado con la posibilidad de importar baterías desde Brasil.

“Les sale mucho más barato hacer las baterías pesadas, las de camiones y colectivos, en Brasil y traerlas ya terminadas”, señaló el dirigente, al tiempo que cuestionó el impacto que esa lógica podría tener en la producción local.

Mientras tanto, el gremio se mantiene en alerta y sostiene que continuará negociando para preservar los puestos de trabajo en la planta de Pilar.

El escenario económico genera preocupación en el entramado productivo de Pilar. Desde el Parque Industrial advirtieron que, de mantenerse las actuales condiciones económicas, podrían profundizarse los despidos en el sector manufacturero, que ya viene atravesando meses de ajuste.

Las advertencias fueron planteadas por Néstor Dolera, presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP), quien expresó inquietud por la pérdida de competitividad de las pequeñas y medianas empresas frente a los costos locales y la competencia externa.

“¿Cómo lo veo? Muy preocupante. La apertura indiscriminada de las importaciones, sobre todo de China, es lo que está destruyendo a las pymes”, señaló Dolera en diálogo con Pilar de Todos.

El dirigente industrial sostuvo que el esquema actual de costos dificulta que las empresas locales puedan competir con productos importados.

“Es imposible que puedan competir con los costos altos, la carga tributaria que tienen, hace imposible la competitividad”, remarcó Dolera.

Las declaraciones se producen en un contexto complejo para la actividad manufacturera en el país de la que Pilar no escapa. Durante el último año se registraron despidos en distintas compañías tanto en el Parque Industrial como en el corredor productivo del distrito, como en el de la Ruta 25.

Incluso algunas firmas decidieron cerrar sus operaciones, como ocurrió con la multinacional Kimberly Clark, la fábrica de porcelanatos y cerámicas Ilva y la productora de electrodomésticos Whirlpool, entre otros casos que impactaron en el empleo local.

En ese marco, desde el sector empresario advierten que el escenario podría agravarse si no cambian las condiciones económicas.

“Eso genera que las empresas, en principio, se empiecen a achicar, perdiéndose grandes puestos de trabajo, y después, cuando la estructura se hace inviable, terminan cerrando”, alertó Dolera.

El dirigente también apuntó contra lo que considera una estrategia comercial que perjudica a economías con menor capacidad de competir a nivel internacional.

“Un poco la política de China es esa, de destruir las economías más vulnerables, como la nuestra”, subrayó Dolera.

Para el referente del sector, el principal impacto de este escenario se refleja en el mercado laboral, donde las empresas comienzan primero con recortes y luego con decisiones más drásticas.

“Si acá no empezamos a desarrollar políticas que tiendan a proteger a nuestra industria, tarde o temprano se van a a destruir muchos empleos”, expuso Dolera.

Además, citó datos difundidos por entidades industriales que reflejan la magnitud del problema en la provincia de Buenos Aires.

“En la provincia de Buenos Aires cierra una PyME cada cincuenta minutos, son verdaderamente datos alarmantes”, lamentó Dolera.

Las advertencias desde el Parque Industrial se dan en un contexto en el que la actividad manufacturera enfrenta un escenario de incertidumbre, con empresas que intentan sostener su estructura productiva mientras observan con preocupación la evolución del mercado y del empleo en los próximos meses.

“La situación está muy compleja”, cerró Dolera.

Trabajadores de la Granja Avícola Tres Arroyos ubicada en Pilar volvieron a realizar una medida de fuerza por salarios impagos, un conflicto que desde hace más de un año se repite de manera intermitente en el establecimiento.

La protesta se produjo en la planta situada en el barrio Pinazo, en la localidad de Del Viso, donde los operarios decidieron detener las actividades durante varias horas luego de que se registraran demoras en el pago de una de las cuotas de la quincena.

Según pudo saber Pilar de Todos, la empresa viene abonando los haberes en hasta cinco cuotas, una modalidad que se mantiene desde hace varios meses debido a las dificultades económicas que atraviesa la firma. De hecho, este diario digital pudo saber que aunque no de manera masiva, a lo largo del conflicto que ya lleva varios meses se registraron algunos despidos.

En ese marco, la quincena que debía cancelarse en los últimos días comenzó a presentar retrasos, lo que generó malestar entre los trabajadores y derivó en la paralización temporal de la producción dentro del establecimiento.

No obstante, con el correr de las horas los operarios retomaron las tareas, aunque decidieron mantenerse en estado de alerta ante la posibilidad de que las cuotas restantes no sean abonadas en tiempo y forma.

La situación en la planta avícola se remonta a diciembre de 2024, cuando la empresa comenzó a evidenciar serias complicaciones económicas.

Desde entonces, según vienen denunciando los trabajadores, el escenario se tradujo en demoras en el pago de salarios, sueldos abonados en varias cuotas y actualizaciones salariales que quedaron por debajo de la inflación.

En ese contexto, el establecimiento de Pilar atravesó distintos episodios de tensión laboral, con medidas de fuerza que se repiten cada vez que se registran atrasos en los pagos o incumplimientos en los compromisos asumidos con el personal.

Trabajadores despedidos de la empresa Ilva de Pilar se manifestaron en contra de la Reforma Laboral, iniciativa que debatía el Senado de la Nación.

Los obreros expulsados de manera intempestiva de la fábrica de cerámicos y porcelanatos siempre se opusieron a la medida, e incluso en más de una oportunidad manifestaron que lo que ellos sufren desde agosto del año pasado es consecuencia de las políticas económicas y laborales del gobierno nacional, y que el despido de todo el plantel fue una suerte de aplicación de la reforma, ya que indicaron que la empresa busca precarizar al personal.

“Lo que quiso hacer Ilva con nosotros es una reforma laboral como la que va a aprobar el Senado. Ellos van a volver a abrir, como pasó con los trabajadores de FATE, con un cierre preventivo hecho de manera brusca, a los golpes, como suelen actuar muchos empresarios, que se toman ese atrevimiento amparados por el Presidente (por Javier Milei)”, expuso esta semana Marcelo Barrionuevo a Pilar de Todos, exempleado de Ilva, a seis meses de ser cesanteados y sin que hayan cobrado aún salarios adeudados y la indemnización.

“La reforma laboral viene a destruir a toda la clase obrera, a la clase trabajadora. Nosotros llevamos más de ciento ochenta días tratando de luchar, peleando codo a codo con los trescientos extrabajadores despedidos. Nosotros sufrimos una estafa laboral y lo seguimos sosteniendo. Así que salimos a la calle a repudiar esta reforma laboral que viene a destruir al conjunto de la Argentina”, agregó Barrionuevo en contacto con este sitio de noticias de Pilar luego de la movilización.

Los trabajadores de Ilva vienen reclamando hace seis meses el pago de las indemnizaciones de manera completa y los salarios adeudados. De manera sorpresiva, a fines de agosto del año pasado, la empresa envió más de 300 telegramas donde informaba el despido de todo el plantel y el cierre de la planta.

En paralelo, sin embargo, la empresa lanzó una serie de búsquedas laborales con el objeto de cubrir varios de los puestos de los empleados que habían sido expulsados.

“Quieren reabrir la planta con menos personal y con gente sin antigüedad, con ninguno de los derechos que hemos conquistado en más de 20 años. Es precarización, es aplicar la reforma laboral antes de que sea aprobada, amparados por este gobierno Nacional”, señalaban los trabajadores meses atrás.

Pese a que llevaron a cabo una serie de medidas, como el corte de los accesos al Parque Industrial, escraches a los dueños y directivos de la empresa y piquetes en la Panamericana, la empresa jamás canceló sus obligaciones.

En ese contexto, decidieron montar un acampe en la puerta de la planta, medida que sostiene 180 días después, sin que aún haya soluciones para el conflicto. En el medio la empresa presentó un concurso de acreedores, lo que dilata aún más el pago de los salarios e indemnizaciones.

Para mantener el acampe y ayudar a los trabajadores despedidos y sus familias, los exempleados de Ilva disponen de la cuenta cuyo alias es despedidos.ilva a nombre de Jesica Florencia Pereya. Allí pueden transferir quienes quieran ayudar, o  comunicarse al 1127872282.

A 180 días de haber sido despedidos, los extrabajadores de ILVA continúan sosteniendo un acampe frente a la planta ubicada en el Parque Industrial de Pilar, en reclamo del pago de salarios adeudados y de las indemnizaciones correspondientes. El conflicto se arrastra desde fines de agosto de 2025, cuando la empresa cerró la fábrica y desvinculó a la totalidad de su personal.

“Ya van a ser 180 días que estamos en el acampe. La empresa todavía no dio la cara, los dueños tampoco”, afirmó Marcelo Barrionuevo a Pilar de Todos, uno de los trabajadores despedidos, al describir la situación que atraviesan desde hace seis meses. Según señaló, durante todo este período la empresa no volvió a presentarse ante los empleados ni dio respuestas concretas.

Barrionuevo indicó que la firma mantiene una deuda de dos meses de sueldo con los 300 extrabajadores, además de las indemnizaciones. “Siguen debiendo dos meses de sueldo a los 300 despedidos de ILVA, más las indemnizaciones”, sostuvo.

Uno de los principales puntos de cuestionamiento por parte de los extratrabajadores es el concurso preventivo de acreedores presentado por la empresa meses después del cierre de la planta. Desde el acampe sostienen que se trata de una maniobra irregular.

“La empresa presentó hace dos meses un concurso de acreedores, nos quiso meter a nosotros, para nosotros todo es fraudulento porque primero nos echan y después de dos meses ellos presentan el concurso de acreedores”, explicó Barrionuevo. En ese sentido, fue categórico al definir la situación: “Por eso para nosotros es una estafa laboral”.

Los trabajadores también rechazan el argumento de una crisis económica previa. “ILVA tiene una trayectoria de 31 años, es una empresa importante, esté en la pirámide de la producción de cerámica, nunca tuvo problemas financieros”, aseguró el delegado, quien consideró que el escenario actual fue generado por decisiones empresariales.

Según relató Barrionuevo, en los primeros días posteriores al cierre el reclamo principal fue la continuidad laboral, pero ante la falta de respuesta de la empresa el objetivo es cobrar los salarios adeudados y la indemnización completa. “Primero que nos paguen los dos meses que nos deben y después las indemnizaciones”, remarcó.

El acampe frente a la planta se mantiene de forma ininterrumpida desde el cierre. “Somos 300 los trabajadores que estamos en el acampe, llevamos más tiempo acá que con nuestras familias”, expresó Barrionuevo, al dar cuenta del impacto social del conflicto. Los extrabajadores recordaron que la empresa pretendió volver a abrir pero con menos personal y, señalaron, sin reconocer derechos adquiridos.“Lo que quiso hacer ILVA con nosotros es una reforma laboral como la que va a aprobar el Senado. Ellos van a volver a abrir, como pasó con los trabajadores de FATE, con un cierre preventivo hecho de manera brusca, a los golpes, como suelen actuar muchos empresarios, que se toman ese atrevimiento amparados en un Presidente (por Javier Milei) que no me representa. No me da miedo el Presidente, me preocupa la cantidad de gente que lo vota”, continuó.

El conflicto comenzó a fines de agosto de 2025, cuando la empresa ILVA cerró su planta del Parque Industrial de Pilar y despidió a la totalidad de su personal, unas 300 personas. Desde ese momento, los trabajadores iniciaron un acampe permanente en la puerta de la fábrica en reclamo del pago de los salarios adeudados y las indemnizaciones. Durante estos meses realizaron protestas, movilizaciones y cortes en los accesos al parque industrial y la Panamericana, mientras cuestionaron el concurso preventivo de acreedores presentado por la empresa y denunciaron la falta de respuestas de la patronal.

Con el paso de los meses, la situación económica de muchas familias se volvió crítica. En ese contexto, los extrabajadores volvieron a apelar a la solidaridad de la comunidad pilarense. “Lo que estamos necesitando es agua para tomar, mercadería para los compañeros que tienen hijos chiquitos”, señaló.

También explicó que se organizó un fondo de lucha para afrontar gastos básicos. “Tenemos un fondo de lucha donde aquel que quiera colaborar con algo de plata puede transferir esa cuenta”, detalló.

“Seguimos nosotros en lucha y veremos cómo va a seguir, porque lo único por lo que estamos luchando, y por eso estamos ahí en el acampe, es para reclamar nuestros derechos, que son derechos de nuestros hijos”, concluyó Barrionuevo.

Quienes puedan colaborar con los extrabajadores de ILVA puedan realizar transferencias a alias despedidos.ilva a nombre de Jesica Florencia Pereya o comunicarse al 1127872282. 

Se cumplen 150 días desde el cierre intempestivo de la planta de cerámicas ILVA en el Parque Industrial de Pilar, una medida que dejó a cerca de 300 trabajadores sin empleo y sin percibir, hasta el momento, salarios adeudados ni indemnizaciones. El conflicto se extiende y mantiene en una situación de incertidumbre a decenas de familias.

Desde el 29 de agosto del año pasado, los ex empleados permanecen acampando en el predio de la fábrica como forma de protesta y resguardo. Con el paso del tiempo, la medida se consolidó como una estrategia para evitar el vaciamiento de la planta y preservar los bienes ante un eventual proceso de cobro judicial.

En paralelo, la empresa ingresó en concurso de acreedores y el expediente es tramitado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 12, a cargo del juez Hernán Papa. En ese marco, la firma solicitó la aplicación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé indemnizaciones reducidas en contextos de crisis, aunque los trabajadores denuncian que no se realizó ningún pago.

Mientras el proceso judicial avanza, la situación económica de los ex operarios se agrava. Muchos dependen del Fondo de Desempleo, otros realizan trabajos informales y algunos lograron reinsertarse laboralmente, aunque advierten que la falta de oportunidades y la edad dificultan el acceso a empleo estable.

“Vamos a cumplir 5 meses y acá el acampe sigue firme en las puertas de Ilva que sigue sin pagar. A no olvidar que detrás de nuestros carteles hay 300 familias que están esperando respuestas y pasando necesidades”, remarcaron los exempleados.

Al mismo tiempo, desde el acampe reclamaron al Juez una pronta resolución.

“El Juez Papa tiene en sus manos hacer justicia por estos trabajadores. Pero, acá seguimos, abandonados. Al parecer, no hay nadie en Argentina que pueda hacer que los dueños de Ilva cumplan con sus obligaciones”, se lamentaron.

El conflicto en Ilva se desató a fines de agosto del año pasado, cuando de manera sorpresiva los 300 trabajadores que allí se desempeñaban, es decir todo el plantel, comenzaron a recibir telegramas de despidos.

Desde ese día comenzó un acampe por medio del cual los trabajadores reclaman ser reincorporados o que se les abonen las indemnizaciones.

A lo largo del conflicto, los obreros marcharon varias veces en el predio fabril, el centro de Pilar, las puertas de la sede local del Ministerio de Trabajo e incluso llegaron a cortar en reiteradas oportunidades los ingresos al Parque y una vez la autopista Panamericana.

Además, la Provincia propuso hacerse cargo de la mitad de los salarios adeudados, otros de los reclamos de los trabajadores, a cambio de que la firma los reincorpore, algo a lo que Ilva se negó.

Entre otras medidas de protesta, los trabajadores también encabezaron diversos escraches en las puertas de las urbanizaciones cerradas del distrito y la zona norte donde residen los dueños la empresa.

La empresa GEPSA, dedicada a la producción de alimentos para animales, aseguró ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires que prevé reabrir su planta en Pilar, aunque condicionó esa decisión a un recorte en los ingresos de los trabajadores.

Así quedó plasmado en un acta de audiencia realizada este 9 de enero de 2026 en la Delegación Regional Pilar, donde la firma sostuvo que, pese a las dificultades económicas que atraviesa, continuará con la actividad productiva y buscará normalizar su situación financiera.A fines de diciembre, la firma, también ante la sede local del Ministerio de Trabajo, había expuesto que la caída en las ventas, en el orden del 30%, la obligaba a adoptar como única salida el cierre total de la planta.

El recorte que impulsa la empresa

Ahora, GEPSA solicitó suspender el Premio por Asistencia y Puntualidad (PAP), un adicional salarial que ronda los 360 mil pesos mensuales por trabajador, lo que equivale a poco más del 20% del salario en promedio.

La compañía argumentó que el beneficio es “distorsivo" y que no cumple su objetivo original, por lo que pidió dejarlo sin efecto hasta abril de 2026, cuando comience la temporada alta de ventas del sector PET.

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El planteo no es nuevo. Un trabajador de la planta señaló a Pilar de Todos que “desde octubre del año pasado la empresa viene insistiendo con bajar o eliminar el presentismo, porque lo consideran elevado”, y recordó que esa fue una de las propuestas que GEPSA puso sobre la mesa para evitar una decena de despidos en aquel momento.

Finalmente, aquella medida no prosperó, pero la firma volvió a insistir con el tema meses después, cuando planteó directamente el cierre de la planta como única salida a la crisis.

Cambio de estrategia

La postura actual marca un giro respecto de lo expresado en diciembre, cuando GEPSA había informado ante el Ministerio que, debido a una caída del 30% en las ventas, era imposible continuar produciendo y que avanzaría con el cierre definitivo del establecimiento, lo que afectaba a 80 trabajadores.

Ahora, sin que hayan cambiado las condiciones económicas de fondo, la empresa asegura que reabrirá, aunque con un ajuste sobre los salarios, lo que fue interpretado por los empleados como una maniobra, la del posible cierre, que en realidad perseguía como objetivo el lograr que los empleados acepten recortes y peores condiciones de trabajo con tal de mantener sus puestos.

Rechazo gremial

Desde la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) rechazaron de plano la propuesta y dejaron en claro que no aceptarán recortes en los ingresos.

Además, el gremio reclamó el reajuste de las liquidaciones correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2025, en base a los decretos 633 y 223 bis.

Pese al conflicto, el sindicato valoró positivamente la posibilidad de que la planta vuelva a operar, luego de que semanas atrás la empresa hubiera anunciado el cierre.

Nueva audiencia

Durante la audiencia también se dejó constancia de las gestiones realizadas por el Gobierno bonaerense y se fijó un nuevo encuentro para el 15 de enero, con la presencia de un funcionario del Ministerio de Producción provincial.

GEPSA se comprometió a asistir con sus máximas autoridades, en busca de avanzar en una salida al conflicto.

La empresa GEPSA inició el proceso de cierre de su planta en Pilar, lo que dejó a 80 trabajadores sin empleo, según consta en un acta oficial de audiencia realizada el 29 de diciembre de 2025 ante la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso Pilar de Todos, la firma informó que, "pese a distintas gestiones realizadas no (se) ha podido resolver los problemas económicos que hacen imposible la continuidad productiva", ni encontrar un comprador para la planta. Por ese motivo, comunicó que decidió "iniciar los trámites necesarios a fin del cierre del establecimiento fabril", comprometiéndose a cumplir con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) y otros haberes devengados.

El conflicto

El conflicto en la empresa, dedicada a la elaboración de alimentos para animales, se arrastra desde octubre, cuando la patronal planteó por primera vez un escenario de crisis vinculado a una caída del 30% en las ventas. En ese contexto, se avanzó en un acuerdo con el gremio, que incluyó reducciones salariales y de jornada laboral con el objetivo de evitar despidos y sostener los puestos de trabajo.

Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a registrarse demoras en los pagos, incumplimientos parciales y, finalmente, la decisión empresarial de licenciar a todo el personal, enviándolo de vacaciones durante enero, aunque sin abonar esas vacaciones. El acta del 29 de diciembre marcó un punto de inflexión.

Allí, la empresa manifestó que el cierre de la planta era la única solución posible, postura que fue rechazada de manera categórica por el sindicato de Molineros, que reclamó la continuidad de la actividad y dejó asentada la reserva de acciones legales y gremiales.

Incertidumbre

Los trabajadores se manifestaron en la puerta de la planta, ubicada en el comienzo de la ruta 34 a la salida del centro de Pilar. Según relataron a este diario digital, no recibieron aún telegramas de despido, y algunos mantienen la expectativa de que la planta pueda reabrir en febrero, una vez finalizado el período de vacaciones de enero.

Uno de los trabajadores, Juan Peralta, explicó que entre sus compañeros existe la convicción de que el cierre podría estar vinculado a un intento de restructuración del plantel. “Nosotros creemos que la empresa quiere desprenderse del personal con antigüedad”, señaló Peralta a Pilar de Todos, quien remarcó que muchos trabajadores cuentan con varios años en la firma.

Según relató, esa situación alimenta la sospecha de que la empresa podría buscar, en el futuro, retomar la actividad con personal nuevo, sin antigüedad y bajo condiciones laborales más favorables para la patronal, en el marco de los cambios introducidos por la reforma laboral y la Ley Bases.

Más allá de las expectativas, lo cierto es que el acta oficial da cuenta del inicio del proceso de cierre de la planta, sin mencionar suspensiones temporales ni reapertura posterior. El conflicto, no obstante, permanece abierto, con nuevas audiencias previstas y con el sindicato reclamando la continuidad productiva. Mientras tanto, 80 familias de Pilar atraviesan un escenario de incertidumbre laboral, a la espera de definiciones concretas sobre su futuro.

La posibilidad de nuevos despidos en el Parque Industrial de Pilar volvió a encender luces de alarma en el sector productivo.

Así lo advirtió Néstor Dolera, presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP), al describir un panorama crítico para la industria argentina, que en el caso del distrito no solo se circunscribe puertas adentro del predio fabril, sino en los corredores industriales que hay en Fátima o Villa Rosa, por ejemplo.

“Calculamos que sí, que puede haber más despidos. Ojalá me equivoque, pero es lo que nos han transmitido las empresas”, afirmó el dirigente empresario, al referirse a las proyecciones que manejan desde la cámara.

Según explicó Dolera, la situación “es muy compleja”, viene desde hace tiempo pero se profundizó en el último año.

“Todo este año fue muy difícil para la industria, con cierres de empresas y despidos masivos”, señaló en diálogo con Agenda Propia (105.9). En ese marco, mencionó casos emblemáticos como ILVA, Kimberly-Clark, Berry y Whirlpool, esta última vinculada al parque industrial aunque ubicada en un predio lindero.

Capacidad instalada

Uno de los datos más preocupantes tiene que ver con el nivel de actividad. De acuerdo con Dolera, la capacidad instalada se ubica “alrededor del 60 o 65 por ciento, tal vez menos”, dependiendo del rubro. La caída del consumo obligó a muchas empresas a tomar medidas defensivas, como adelantar vacaciones, aplicar suspensiones y reducir personal operativo o directamente dejar de operar.

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El impacto es significativo si se tiene en cuenta que el Parque Industrial de Pilar, considerado el más grande de Sudamérica, alberga más de 200 empresas y genera empleo para cerca de 30 mil personas.

Importaciones, costos y presión judicial

Entre las causas centrales de la crisis, el titular de la CEPIP apuntó a la apertura de importaciones y a la escasa o nula protección arancelaria frente a productos que llegan desde el exterior, principalmente desde China. “Para la industria se hace muy difícil competir”, sostuvo.

A esto se suma el aumento constante de los costos de producción, especialmente en servicios clave como la luz y el gas, y el peso de los juicios laborales sobre las PyMES.

“Una persona que inicia un juicio por dos, tres o cuatro millones de pesos, en un proceso que dura cuatro años termina con una sentencia de entre cien y doscientos millones. ¿Qué PyME puede soportar eso? Es imposible”, advirtió.

Sin señales de recuperación

Dolera fue tajante al analizar el futuro inmediato. “Ni el corto ni el mediano plazo muestran una solución. En la comisión de la cámara vemos una situación muy complicada”, afirmó.

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Si bien reconoció que desde el Gobierno nacional se anuncian eventuales bajas de impuestos o cambios arancelarios, remarcó que “el tiempo pasa y los costos siguen aumentando”.

Reforma laboral: insuficiente sin políticas industriales

Consultado sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno, el presidente de la CEPIP sostuvo que, aun si se aprueba, no alcanzará para revertir el escenario actual. “Primero hay que ver si se aprueba la ley y qué modificaciones tiene. Pero una reforma laboral sola no alcanza. Si no viene acompañada de políticas de promoción y protección para la industria, es insuficiente”, señaló.

En ese sentido, puso el foco en el impacto social de la crisis: “Una empresa que cierra es un montón de sueños que se terminan. Años de esfuerzo, inversión y proyectos de trabajadores que de un día para otro desaparecen”.

Desde la cámara empresaria anticiparon que buscarán reunirse con el Municipio de Pilar para abordar problemáticas puntuales del sector, aunque aclararon que las principales variables que afectan a la industria dependen de decisiones de política nacional.

En lo que va del año, en Pilar se registraron al menos 1500 despidos, solo para mencionar los que se dan en grandes empresas.

El cierre sorpresivo de la planta de la empresa de electrodomésticos Whirlpool de Pilar, con el despido de 220 trabajadores, se suma a otras situaciones igual de complejas que se viven en otras plantas del corredor industrial de Pilar, tanto en el predio fabril como en el corredor de la rutas 25.

Por ejemplo, un relevamiento de DIB expuso que a mediados de junio, la multinacional Kimberly-Clark, que producía toallitas húmedas y protectores diarios para marcas como Huggies, cerró sin previo aviso su planta y trasladó la actividad a su establecimiento en San Luis. En total, fueron despedidos 220 trabajadores, que negociaron una indemnización y el pago durante seis meses de los aportes a la obra social.

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Lo mismo ocurrió con la multinacional Kenvue -ex Johnson & Johnson, propietaria de marcas de consumo masivo como Siempre Libre, Carefree, Johnson’s Baby y Listerine, que dejó de fabricar productos en su planta de Fátima.

No sólo cesanteó a 130 sino que anunció la importación de productos desde Brasil. Esta compañía de productos de higiene femenina supo tener 1600 operarios años atrás y hoy quedaron alrededor de 30.

Otro conflicto que aún continúa es el de la fábrica de Porcelanatos ILVA, que hace tres meses cerró también sorpresivamente sus puertas y dejó a 300 familias en la calle.

De hecho, los ex empleados aún luchan para que la empresa, que también adujo que importará producción desde el exterior, le pague las indemnizaciones.

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El conflicto con ILVA, fundada por la familia Zanon y con más de 30 años en el rubro, se profundizó luego de que la empresa presentara en la Justicia comercial una propuesta para reabrir la planta con apenas 40 empleados seleccionados por la propia firma, en un esquema que elimina derechos adquiridos y reduce salarios y beneficios, recordó DIB.

A los días de que se conociera el cierre de ILVA, otra compañía decidió bajar la persiana también en Pilar: se trató de Magnera, una firma de Estados Unidos especializada en insumos industriales, que dejó de funcionar y cesanteó en el año a unas 160 personas. Se trata de una de las principales proveedoras de insumos para fábricas de pañales y toallitas higiénicas.

A los despidos ya mencionados se dan otros por goteo, o incluso en empresas donde se adelantan vacaciones y se suspende personal, y otras que pagan sus salarios en cuotas. Allí aparecen FV, Akapol (pegamentos), FARA (ladrillos) laboratorios Sidus, o la avícola Tres Arroyos, que desde hace casi un año paga los salarios en tres y hasta cuatro cuotas.

Con información de DIB

El sorpresivo cierre de la empresa Whirlpool de Pilar, inaugurada hace apenas tres años en Fátima, no tendría vuelta atrás.

Así lo dejaron entrever los directivos de la compañía, quienes manifestaron que les conviene importar productos más baratos desde China, por ejemplo, antes que producirlos en el país.

La medida de dejar de operar, y dejar en la calle a 220 trabajadores, se adoptó de manera intempestiva en la jornada de este miércoles, cuando en horas de la mañana el personal fue convocado por los responsables de la planta y les notificaron que ya no habría producción, previo a solicitarle las llaves y accesos a áreas de la planta.

De inmediato intervino el sindicato de la UOM filial San Miguel, desde donde explicaron que la firma adujo que les es más rentable traer los productos, como lavarropas o heladeras, desde el exterior, es decir convertirse en una importadora.

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“(Desde la empresa) dijeron que ya la parte productiva en Argentina no les es rentable. Nosotros, bajo toda circunstancia estamos pidiendo que algo quede en pie, pero como primera medida dijeron eso, que producir en Argentina para ellos no es rentable. Para ellos rentable es importar”, expuso en diálogo con Pilar de Todos el representante de la filial San Miguel de la UOM, Ezequiel Fanizza.

-¿Ustedes veían que esto podía llegar a ocurrir?-, preguntó Pilar de Todos.

-Nosotros vemos un panorama amplio de cómo viene la situación productiva en general, que la verdad que es bastante mala. En el caso de Whirlpool vemos que la situación productiva venía bajando, pero en ningún momento pensamos que iba a bajar la persiana. En esto tenés un montón de herramientas donde uno pone en práctica, como son las suspensiones, adelantamiento de vacaciones, como para que el trabajador o la trabajadora no pierda su puesto. Pero en este caso no solo Whirlpool sino otras empresas tienen el guiño de la Secretaría de Trabajo de la Nación; simplemente bajan su persiana y muchas de ellas no le pagan la indemnización a los trabajadores-, respondió Fanizza.

-¿Pudieron hablar nuevamente con la empresa?

-Estamos en constante comunicación con la empresa, con los delegados también de la empresa, y mañana tenemos nuevamente una reunión. Pero ellos han ofrecido una cierta indemnización a los trabajadores que está por arriba de lo que dice la ley de contrato de trabajo, aunque todavía no se ha firmado nada.

Fanizza insistió en que se necesita un cambio de rumbo del modelo económico nacional, es decir que no se continúe con la lógica de apertura indiscriminada de importaciones, además de fomentar el consumo interno.

“Si no se cambia, como primera medida, lo que es la apertura de importaciones, difícilmente podamos tener un retroceso en esto de lo que son los despidos y cierres de establecimientos. Después hay que hacer algo para que la gente vuelva a consumir internamente y que empiece a girar la rueda de vuelta, porque la verdad que los negocios están abiertos pero no hay nadie adentro. De esto son responsables pura y exclusivamente, primero el Gobierno Nacional y segundo las empresas, que se agarran de lo que les permite hacer el Gobierno Nacional”, concluyó.

El conflicto que enfrenta a la ceramista ILVA con sus ex trabajadores se profundizó al cumplirse ochenta y dos días de acampe y resistencia. Cerca de 300 trabajadores expulsados de la planta a fines de agosto mantuvieron su reclamo frente a las puertas de la fábrica ante la negativa de la compañía de pagar el total de las indemnizaciones.

Los empleados, que denunciaron que la empresa les debe dos meses de sueldo y las compensaciones por despido, rechazaron una reciente propuesta de la patronal que, según el delegado Marcelo Barrionuevo, buscó precarizar el trabajo.

La escalada del conflicto llegó al ámbito legal hace tres semanas, cuando la empresa presentó un concurso preventivo de acreedores. En paralelo, propuso reabrir la planta a partir de diciembre, pero solo con una fracción de los despedidos.

"Estuvimos reunidos con el apoderado de la empresa que vino con una propuesta," manifestó Barrionuevo. "La propuesta era que quieren volver a reabrir con solo cuarenta trabajadores, con sueldo y puestos de trabajo precarizados, con un salario mínimo."

El delegado detalló que la oferta pretende eliminar derechos históricos que los operarios lograron tras años de lucha gremial. Entre los beneficios que la empresa buscaba anular en la recontratación de esa porción minoritaria del personal, estuvieron el transporte, el comedor, plus por prepaga y el pago de antigüedad.

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La respuesta de los trabajadores fue unánime y tajante: rechazaron la propuesta y endurecieron su postura. "Nosotros no aceptamos esas condiciones. O entramos los trescientos, o no entra nadie," sentenció Barrionuevo.

El delegado instó a la intervención de las autoridades y apuntó directamente a la compañía:

"Se cagaron en la ley, se cagaron en el Ministerio de Trabajo y nadie les pone un freno. Primero nos echaron, no nos pagaron nada y ahora quieren volver a reabrir con sus condiciones. Para nosotros esto es un fraude", disparó.

"Estamos en una guerra con Ilva. Si ellos nos doblegan a nosotros, ponen de rodilla a toda la clase trabajadora obrera. Y si nosotros los llegamos a doblegarlos, el empresario a nivel nacional lo va a pensar dos veces antes de echar empleados”, cerró.

Trabajadores de la empresa Ilva, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, alertan por despidos masivos en la planta.

Es que según informaron desde la empresa a los representantes gremiales, se producirían en las próximas horas 300 despidos, es decir toda la línea de producción de la empresa.

Ilva ya había tenido problemas este año al pagar en cuotas en aguinaldo, además de suspender a 280 trabajadores, debido a la drástica caída en las ventas.

“La planta está parada, cerrada con candados, y nosotros acampando afuera. El día viernes, Recursos Humanos juntó a todos los trabajadores y anticipó que a partir de hoy iban a mandar trescientos telegramas de despido. Ese mismo día, la empresa toma la decisión también de desvincular a su supervisor y jefes, y a partir de las dieciocho horas del viernes pone candado”, expuso Marcelo Barrionuevo, delegado del gremio de Ceramistas y trabajador de la planta desde hace 25 años.

“Junto a otros compañeros y delegados, estamos haciendo una vigilia en la empresa desde el viernes después de las seis de la tarde y todo el fin de semana, por las dudas que si la empresa llegaba a llevarse algunas máquinas”, señaló.

Barrionuevo expuso que la empresa podría quedarse con una dotación mínima de persona, entre 30 y 40 personas, y dedicarse a importarlos productos, pese a que hace poco tiempo adquirió maquinaria por cientos de millones de euros.

“El objetivo nuestro como sindicato y como cuerpo de delegados es primero pelear por la fuente laboral, porque atrás de cada trabajador hay una familia y la familia se tiene que respetar”, cerró el empleado.

Alerta en empresa del Parque Industrial de Pilar por posibles 300 despidoshttps://t.co/STKgco90HM pic.twitter.com/A0nUiXHYPj