Tras una larga etapa de incertidumbre y lucha originada por el cierre de la emblemática fábrica de cerámicos ILVA, la situación de las familias afectadas continúa en una encrucijada judicial y social. Sin haber percibido sus indemnizaciones ni salarios adeudados, los 300 trabajadores despedidos siguen a la espera de respuestas mientras la causa tramita en el Juzgado Comercial N° 14 bajo la figura de concurso de acreedores.

En las puertas del predio fabril, un núcleo duro de unos 40 operarios mantiene una guardia permanente las 24 horas como medida de resguardo y visibilización. Frente al agotamiento de los ahorros y la falta prolongada de ingresos, las familias reactivaron una campaña de recolección de donaciones y fondos para cubrir insumos de primera necesidad y pasajes de transporte.

El conflicto en la planta radicada en el predio del Parque Industrial Pilar comenzó a profundizarse con esquemas de suspensiones rotativas antes de la paralización total de la producción.

"Nosotros antes de ser despedidos veníamos con suspensiones por baja producción, nos iban suspendiendo por tandas y cobrando menos porcentaje. El 29 de agosto (de 2025) nos mandaron un mensaje de WhatsApp a todo el personal diciéndonos que la fábrica cerraba por un par de días por mantenimiento. Al lunes siguiente nos empezaron a llegar los telegramas de despido a todos. Nos despidieron con el artículo 247 —al 50%— y sin causa. Hasta el día de hoy no cobramos nada", relató Gabriela Vallejos, ex trabajadora del área de selección de producto terminado con dos décadas de antigüedad en la empresa. 

El impacto económico repercutió de inmediato en la organización cotidiana, golpeando de lleno a las familias que dependían de un único sostén.

"Tenía una rutina de 20 años y estabilidad económica. En mi caso mi marido trabaja y nos bancamos con sus ingresos y ahorros, pero tengo muchas compañeras madres solteras que eran el único sostén de la casa. A nuestra edad, con 42, 50 o 60 años, prácticamente salimos del sistema laboral; en las entrevistas suelen buscar gente de 25 a 30 años", explicó Vallejos a Pilar de Todos.

A la par de la interrupción salarial, la pérdida repentina de la cobertura de salud supuso un serio agravante para las familias con integrantes bajo tratamiento médico.

"Llevamos ya bastante tiempo en el que no hemos tenido ninguna solución. Por decisiones normativas previas, los aportes habían pasado a prepagas que, tras los despidos, nos cortaron el servicio a los pocos días. Ni siquiera pudimos contar con el Plan Médico Obligatorio", detalló Juan, otro de los ex trabajadores que permanece en el acampe. 

"Mi caso es uno de esos: tengo un nene con certificado de discapacidad en tratamiento por retraso madurativo del habla y nos cortaron la prestación. Hemos tenido compañeros con esposas en tratamientos oncológicos o de artritis que debieron interrumpirlos por el alto costo de la medicación, e incluso situaciones extremas para lograr intervenciones quirúrgicas de urgencia en la salud pública y privada", añadió Juan. 

El desgaste psicológico generado por la incertidumbre económica también dejó marcas profundas en el colectivo de ex empleados. A lo largo de este proceso se registraron trágicos desenlaces, como el fallecimiento de un compañero por suicidio al no poder afrontar la extrema vulnerabilidad financiera. 

A pesar de que el despido masivo alcanzó a más de 300 operarios, la urgencia de generar ingresos diarios llevó a que muchos debieran abocarse a trabajos informales, repartos por aplicaciones o changas temporales. Por este motivo, la permanencia frente a la planta es sostenida actualmente por un grupo de 40 operarios organizados en guardias y turnos rotativos. 

"Muchos consiguieron alguna changa o trabajan con aplicaciones, lo que nos permite acomodar los tiempos para cumplir los turnos de guardia. Estamos los que quedamos dando la lucha en la puerta para que la empresa no liquide los bienes de forma irregular sin antes responder a los trabajadores", precisó Juan. 

Frente al desgaste diario del acampe, la ayuda de los vecinos del distrito y de los trabajadores del Parque Industrial resultó clave para sostener las guardias. Según destacan los manifestantes, choferes de camiones y transeúntes colaboran de forma recurrente aportando leña y palets de madera para calefaccionarse y cocinar. Sin embargo, para garantizar la alimentación básica, los traslados y el acompañamiento de las situaciones familiares más complejas, dispusieron una vía de colaboración económica gestionada a través de una tesorería interna.

•    Mercaderías de primera necesidad: Aceite, fideos, arroz y alimentos secos para la olla popular o para distribuir entre las familias sin ingresos. •    Materiales de resguardo: Palets, madera y elementos de calefacción para las guardias de 24 horas en las puertas del Parque Industrial. •    Fondo de Lucha (Donaciones monetarias):o    Alias: despedidos.ilva o    Titular de la cuenta: Florencia Pereira (Tesorera designada) 

"El mensaje para los vecinos de Pilar es de profundo agradecimiento por el aguante y la ayuda brindada durante todo este tiempo. No pretendemos que nos regalen nada; solo peleamos por nuestras indemnizaciones correspondientes a los años trabajados. ILVA se hizo grande por su gente, y solo pedimos lo que legítimamente nos ganamos para poder reiniciar nuestras vidas", concluyó Gabriela Vallejos.

Las empresas grandes de Pilar perdieron 3.980 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, una cifra mayor que toda la caída neta del empleo privado del distrito en ese período.

Las compañías medianas, pequeñas y micro, en tanto, sumaron 501 puestos en conjunto y compensaron parte de la pérdida. El saldo del distrito fue de 3.479 puestos menos.

El dato surge de las series por tamaño de firma del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Mide asalariados registrados del sector privado, según el domicilio de la empresa.

El empleo privado registrado en Pilar había caído 5,32% en esos 24 meses, de 65.376 a 61.897 puestos, según publicó Pilar de Todos.

Con la apertura por tamaño de firma, la baja se concentra en un solo segmento.

Las empresas grandes pasaron de 42.554 a 38.574 puestos, una baja de 9,35%. Pasaron de representar el 65,1% del empleo registrado de Pilar a explicar el 62,3%.

Las medianas crecieron de 12.044 a 12.153 (109 puestos más) y las pequeñas, de 7.665 a 8.040 (375 más). Las microempresas pasaron de 3.113 a 3.130 (17 más).

El OEDE clasifica a las empresas por la cantidad total de empleados de la firma, no por planta, y por rama de actividad. Toma el promedio de los últimos cuatro trimestres.

Según su metodología, en la industria se consideran grandes las firmas de más de 96 empleados en promedio, con topes que varían según la actividad. En el comercio, el límite ronda los 67 y en los servicios, los 66. Son valores aproximados y no un umbral único.

Como la categoría se recalcula, parte del paso de firmas de grandes a medianas puede responder a una reclasificación y no a empleos nuevos. El saldo total de 3.479 puestos no se modifica.

La industria pasó de 23.075 a 19.885 puestos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, una pérdida de 3.190 puestos (13,8%), como publicó [Pilar de Todos]

Ese rubro explica el 91,7% de la caída neta del empleo privado registrado del distrito.

En el mismo período, los servicios perdieron 124 puestos y la construcción, 292, mientras que el comercio sumó 208 (2,3%).

El OEDE no incluye empleo público, trabajo informal, monotributistas ni autónomos. 

Granja Tres Arroyos (GTA) reconoció ante la Justicia que no pudo pagar los sueldos de agosto del personal de su planta Pinazo, en La Lonja, Pilar, y que el resto de los haberes de esa planta se abonó de manera parcial.

Según la empresa, los trabajadores jornalizados cobraron haberes hasta la segunda quincena de junio y el 40% de la primera quincena de septiembre. Los mensualizados, en tanto, percibieron el 70% del sueldo de julio y el 30% del devengado en septiembre.

La información fue presentada por los apoderados de la compañía, los abogados Rafael J. Algorta y Marcos Palma, en el expediente del concurso preventivo (COM 18558/2026), que tramita en el Juzgado Comercial 21, Secretaría 42.

El escrito responde a una intimación del juez Germán Páez Castañeda, fechada el 14 de octubre, y solicita que se dicte la apertura formal del concurso.

Sobre esa planta, GTA informó que los haberes de agosto del personal “no han podido ser afrontados”, según consta en el escrito al que tuvo acceso Pilar de Todos. La empresa aclaró que los datos son dinámicos, porque realiza pagos diarios a cuenta de los salarios adeudados.

"En el establecimiento frigorífico Planta Pinazo (Pilar, Provincia de Buenos Aires), los trabajadores jornalizados han percibido haberes hasta la segunda quincena de junio de 2026 inclusive y, a la fecha, el 40% del salario devengado en la primera quincena de septiembre de 2026, mientras que los trabajadores mensualizados han percibido el 70% del salario de julio de 2026 y el 30% del devengado en septiembre de 2026. Los haberes de agosto de 2026 del personal de esta planta no han podido ser afrontados", señala el escrito.

GTA explicó que desde fines de 2024 instrumentó distintas propuestas para pagar los salarios, con intervención de representantes sindicales y de la autoridad administrativa del trabajo. Durante los primeros meses de 2026 los haberes se abonaron en 5 cuotas mensuales y, desde mayo, en 10 pagos mensuales.

Por su parte, el escrito informa cifras de GTA en su conjunto, no solo de Pinazo. La empresa declaró 1.800 trabajadores en relación de dependencia en todos sus establecimientos y una deuda laboral y previsional de $62.448.137.609,10 al 30 de septiembre. El 15 de julio era de $11.551.776.220. El aumento obedece, según la compañía, principalmente a liquidaciones finales e indemnizaciones por desvinculaciones.

GTA se comprometió a presentar en cinco días hábiles la certificación contable de la deuda actualizada. Por lo tanto, esa cifra todavía no está certificada. La deuda de julio sí cuenta con la certificación del contador Claudio A. Achino y la declaración jurada del presidente del Directorio, Joaquín De Grazia.

En tanto, en la entrada de Pinazo, un grupo de despedidos sostuvo un acampe y bloqueo para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones. El 14 de octubre, un operativo policial desalojó el bloqueo y permitió el ingreso de camiones al predio.

Los trabajadores aseguraron que más de 80 fueron despedidos semanas atrás, que aún no cobraron la indemnización y que se les deben salarios desde mayo. “Nosotros solo somos trabajadores que estamos reclamando nuestro sueldo, nuestras indemnizaciones pero la empresa hace ya más de dos años que no viene respetando las leyes”, resaltó el trabajador despedido José Vera.

Por su parte, el juez Germán Páez Castañeda requirió a GTA que informe en cinco días la situación dominial de los bienes muebles e inmuebles adquiridos en la quiebra de “Rasic Hnos. S.A.”. También pidió detalle de las hipotecas y prendas vinculadas a esos bienes.

La industria concentra más del 90% de los puestos de trabajo registrados que se perdieron en Pilar entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, un período en el que el total del empleo privado en el distrito se redujo 5,3%.

En términos netos, Pilar perdió 3.479 puestos asalariados del sector privado. De ese total, 3.190 corresponden a fábricas.

Los datos analizados por Pilar de Todos surgen del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Mide el empleo asalariado registrado del sector privado según el domicilio de la empresa. Quedan afuera el empleo público, el informal y el de monotributistas y autónomos.

El impacto en Pilar es concreto. En junio de 2025, Kimberly-Clark cerró su planta del Parque Industrial, donde se fabricaban toallitas húmedas y protectores diarios de marcas como Huggies, Kleenex, Scott y Plenitud. Unos 220 trabajadores quedaron sin empleo y la producción pasó a San Luis.

A fines de agosto de 2025, la fábrica de cerámicos ILVA cerró su planta del Parque Industrial y despidió a unos 300 trabajadores. La ceramista decidió traer del exterior los productos que antes fabricaba en el distrito. Desde ese momento, los trabajadores continúan reclamando el pago de indemnizaciones.

Dos meses más tarde, en noviembre de 2025, Whirlpool dejó de fabricar lavarropas, heladeras y cocinas en su planta de Fátima, inaugurada en 2022, y desvinculó a 220 trabajadores. Misma lógica: la empresa mantiene la importación y la comercialización. En un comunicado, la multinacional atribuyó la decisión a “lineamientos estratégicos de eficiencia operativa y asignación responsable de recursos”.

Hace dos meses la planta en la que funcionaba Whirlpool se puso a la venta, por un valor que se calcula entre los 19 y 21 millones de dólares.

El cierre de Whirlpool alcanzó también a firmas vinculadas. La logística Translog despidió a 17 de sus 20 empleados en Pilar y cerró sus operaciones en el Parque Industrial. En tanto, Novax, que fabrica piezas plásticas para lavarropas, también se tuvo que achicar.

A esos casos se suman Kenvue (ex Johnson & Johnson), con 130 despidos en Fátima, y Magnera, con unas 160 personas en el año. En las última semanas, aunque ya por fuera del período analizado, Granja Tres Arroyos confirmó 80 despidos en su planta de Pilar.

La Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (CEPIP) estimó que el predio perdió unos 7.000 empleos en seis meses, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Es un relevamiento de la entidad que computa las desvinculaciones y contratos que no se renuevan, pero que también alcanzan a otros rubros que prestan servicios dentro del predio fabril, como servicios, limpieza, administración y seguridad.

Parte del sondeo de la CEPIP también está por fuera de los últimos datos disponibles del OEDE, y podría darse la mecánica que trabajadores que ya no prestan servicios en el Parque consiguen lugar en otros establecimientos. El balance, de todos modos, sigue siendo negativo.

Días atrás, también basados en datos de la CEPIP, el intendente Federico Achával alertó que unas 50 empresas del Parque Industrial corren peligro de cerrar, en su mayoría Pymes que emplean entre 40 y 50 trabajadores cada una.

El rubro de servicios, que agrupa actividades como transporte, enseñanza y salud, es el más grande del distrito, con casi 30.000 puestos, y prácticamente no se movió: perdió 124. El comercio fue el único que creció, con 208 puestos más (2,3%).

La construcción, que retrocedió 292 puestos, una baja de 15,6%. Electricidad, gas y agua, y agricultura, ganadería y pesca tuvieron bajas menores, de 41 y 35 puestos. Fuera de la industria, entonces, el balance fue casi neutro: la caída del empleo registrado se explica, en lo esencial, por las fábricas.

Un fuerte operativo policial se desplegó en la puerta de la planta Pinazo de la Granja Tres Arroyos de Pilar con el que quedó, momentáneamente, desalojado el acampe y bloqueo que llevaban a cabo los trabajadores despedidos de la fábrica para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones adeudadas.

Los agentes se apostaron en los portones de ingreso en horas de la madrugada para permitir que camiones con pollos e insumos entren a la planta.

Más temprano, autoridades policiales se habían acercado al lugar para anunciar a los manifestantes que, tras una denuncia que habrían realizado los empresarios, desde la Fiscalía de Pilar dieron la orden de llevar adelante el desalojo del acampe.

Con esa información, los trabajadores afectados exigieron que les presentaran un documento que certifique dicha orden. “Si nos muestran ese papel, firmado por el Fiscal, nosotros nos corremos”, habían señalado desde el acampe.

La medida consistía en bloquear justamente el acceso de camiones a la planta, con el objetivo de que la empresa les dé respuestas a más de 80 trabajadores que fueron despedidos semanas atrás, pero que aún no cobraron la indemnización, a los que también, aseguraron, se les deben salarios desde mayo.

La situación se volvió tensa en las últimas horas del martes.

“Fue un operativo gigante, inmenso, una situación muy tensa con más de 150 efectivos para un grupo de 15 trabajadores que estábamos ahí. Y una vez que la Policía se puso delante de los manifestantes ya no se pudo hacer nada”, relató José Vera, uno de los trabajadores afectados.

Cerca de las 4 de la madrugada, los uniformados crearon un cordón con el que custodiaron el ingreso de los camiones al predio.

“Nosotros solo somos trabajadores que estamos reclamando nuestro sueldo, nuestras indemnizaciones pero la empresa hace ya más de dos años que no viene respetando las leyes”, resaltó Vera quien reclamó nuevamente la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense.

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“Estamos solos, somos 80 trabajadores que solo queremos lo que nos corresponde. Y también hacer ver la explotación a la que son sometidos los que aun trabajan dentro de la empresa: la producción es la misma de hace tres años cuando se operaba con unos 350 empleados. Hoy, hay entre 100 y 120 trabajadores”, relató Vera.

Los trabajadores, en tanto, prometen retomar el reclamo. “Esto es muy desgastante, vamos a reorganizarnos y seguir en la lucha”, cerró Vera.

Los trabajadores despedidos de la Granja Tres Arroyos, Planta Pinazo, en Pilar retomaron en la tarde de este lunes la protesta en la puerta de la empresa para exigir el pago de salarios adeudados y las indemnizaciones. 

Se trata en total de unos 50 trabajadores a los que la firma les debe cuatro meses de sueldos, el aguinaldo y la liquidación final, según relataron a Pilar de Todos.

Frente a ese panorama, este lunes los afectados regresaron a la puerta de la fábrica para impedir el ingreso de los camiones que llegan con insumos para la producción. 

Hasta el momento, han retenido dos unidades que, aseguran los trabajadores, intentaron ingresar a la planta antes de tiempo. “Logramos interceptarlos para que no se metan y así poder negociar algo por los despidos y las indemnizaciones que nos adeudan”, afirmaron los afectados apostados en el ingreso al predio. 

Allí, afirmaron, se quedarán todo el tiempo necesario. “No nos vamos a mover de acá hasta que haya una solución de alguien de adentro que venga a dialogar con nosotros”, resaltaron mientras preparan nuevamente un acampe para pasar la noche.

La medida es la misma que implementaron la semana pasada, antes del inicio del fin de semana largo. El viernes pasado, uno de los empleados, en contacto con Pilar de Todos, aseveró que desde la empresa les ofrecieron “un cajón de pollo a cada uno” para que levanten el bloqueo.

“Lo único que nos ofrecieron fue un cajón de pollo para que levantemos el corte, pero no lo aceptamos. Vamos a mantener el acampe hasta que haya una solución”, manifestaron.  

Trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos volvieron a impedir el ingreso de camiones a la planta de Pinazo, en Pilar, en reclamo de cuatro meses de sueldos adeudados, el aguinaldo y la liquidación final, según relataron a Pilar de Todos. La protesta involucra a empleados alcanzados por los 50 despidos ratificados en la sede local de la avícola.

Según explicó uno de los cesantes, el objetivo del corte es “no dejar pasar los camiones", y de ese modo obligar a la empresa a que dé respuestas. La medida ya había sido aplicada días atrás, cuando los trabajadores acamparon en el lugar durante casi dos días.

En aquella oportunidad, los despedidos decidieron levantar la medida de fuerza luego de que la empresa les depositara 300 mil peso a a cada uno, a cuenta de lo aún sin cancelar. “Si la semana que viene no nos vuelven a pagar, vamos a volver a la planta”, advertía un extrabajador. Eso es lo que finalmente sucedió.

La firma, que atraviesa una crisis económica y financiera, ratificó 1.250 despidos en sus plantas bonaerenses tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, sin acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

De ese total, 50 corresponden a Pilar. Los otros 1.200 se reparten entre Capitán Sarmiento (700) y Esteban Echeverría (500). En una primera instancia, la empresa pretendía avanzar con unos 170 despidos en la planta local.

En la última audiencia, el apoderado de la firma, Walter Carrizo, sostuvo: "En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación".

La empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo y el Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares que posee en el Banco de Comercio, en el marco de denuncias por vaciamiento y reclamos salariales. Los despidos quedaron vigentes y los trabajadores todavía no pueden cobrar las indemnizaciones, ya que debe asignarse el juzgado que intervendrá en el concurso.

Los despedidos aseguran que, además de los cuatro meses de sueldo y el aguinaldo, no recibieron la liquidación final. Uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, contó que sus hijos, ya adultos y con trabajo, lo ayudan y que él trabaja con su auto en aplicaciones. "Cuesta, todo cuesta", resumió, y planteó la situación de quienes alquilan y tienen hijos chicos: "¿y ellos qué hacen?".

José, con 16 años de antigüedad en la planta, describió a C5N que vive "una situación muy difícil, muy complicada". Cuestionó tanto a la empresa como al sindicato, al que acusó de dejarlos solos y de haber presionado a quienes realizaban el corte durante una protesta anterior. Según indicó, el conflicto lleva dos años y comenzó con reducción de sueldos, quita del presentismo y recorte de personal.

Ariel, de 35 años y con 15 de antigüedad, contó que tiene dos hijos y que dejó de cobrar las asignaciones familiares. Aseguró que, por su antigüedad, el fondo de desempleo le correspondía por un año y recibió ocho meses, porque la empresa no habría realizado los aportes. Para generar ingresos alquila un auto y trabaja en Uber, aunque, dijo, el costo del alquiler se lleva buena parte de lo que gana. "Estoy buscando trabajo ya hace rato, pero no sale nada", afirmó. Y agregó: "Tengo 35 años, pero no me llaman de ningún lado".

Los trabajadores señalaron además que muchos de sus compañeros intentan sostenerse con changas, trabajos de albañilería o el uso de sus propios vehículos, mientras que los de mayor edad no consiguen empleo.

El intendente Federico Achával advirtió por la pérdida de empleo y el riesgo de cierre de empresas en el Parque Industrial de Pilar, en una entrevista con Infobae a las Nueve. En diálogo con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el jefe comunal describió una caída sostenida en la cantidad de trabajadores que ingresan diariamente al predio fabril.

Achával comparó la dotación actual de personal con la que había en el pasado. "Históricamente entraban a trabajar 35 mil personas. Hoy son 28 mil", dijo.

La cifra se suma a lo informado en marzo por la Cámara Empresarial del Parque Industrial de Pilar (CEPIP). Su titular, Néstor Dolera, había contabilizado una baja de 7.000 puestos de trabajo en seis meses, con casos como los de Ilva, Kimberly-Clark y Whirlpool, según publicó Pilar de Todos.

El intendente también se refirió a la situación de las firmas radicadas en el complejo, a partir de información que, según explicó, recibió del presidente del Consorcio del Parque Industrial de Pilar. "Dentro de las 300 empresas que hay, hay 50 que están al límite de la quiebra o del concurso", afirmó, en línea con lo que este medio había adelantado semanas atrás.

Para Achával, esos números están vinculados con una discusión económica más amplia, que según planteó debería poner en el centro la producción y el empleo. "Claramente nosotros planteamos un modelo alternativo a este", aseguró, en referencia al rumbo que atribuyó al Gobierno nacional.

El jefe comunal también se refirió al nivel de endeudamiento de los vecinos de Pilar y lo vinculó con las dificultades que enfrentan los comercios de cercanía. "En Pilar son 140 mil las personas que están endeudadas y 60 mil las que están en mora", precisó.

Ante los cuestionamientos de sectores comerciales por las tasas municipales, Achával sostuvo que el debate debe contemplar cómo se distribuyen los recursos entre los distintos niveles del Estado. "Quiero discutir el sistema tributario argentino", planteó.

En esa línea, detalló que, según sus números, el 81% de los impuestos corresponden al Gobierno nacional, el 17% a la Provincia y el 2% a los municipios, mientras que en el caso de Pilar la proporción sería del 1,65%. El intendente defendió el rol que cumplen los gobiernos locales y sostuvo que sus responsabilidades exceden los servicios tradicionales. "No solamente tenemos responsabilidad de alumbrado, barrido y limpieza, sino que nos hacemos cargo de la seguridad, de la educación y de la obra pública", dijo.

Como parte de su argumento, Achával repasó algunas de las obras realizadas durante su gestión y puso como ejemplo la infraestructura vial. "Cuando asumimos, Pilar tenía 9 mil cuadras sin asfaltar y hoy tiene menos de 3 mil", afirmó.

El intendente, en tanto, contrastó esa situación con la participación del Estado nacional en materia de infraestructura. "El Gobierno nacional no construyó ni un hospital, ni una escuela, ni una ruta. Nosotros en seis años construimos 31 escuelas, tres hospitales y el año pasado asfaltamos 1.200 cuadras", sostuvo.

La tasa de desempleo de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, llegó al 10% en el segundo trimestre de 2026, mientras que la Región Sur, conformada por Neuquén y Río Negro, la redujo al 2,5%. Entre ambas hay una diferencia de 7,5 puntos porcentuales.

En la comparación interanual, el Centro sumó 2,5 puntos porcentuales de desempleo y su tasa de empleo cayó 1,1 puntos. En el Sur, en cambio, el desempleo bajó 0,7 puntos y la tasa de empleo aumentó 2,7 puntos.

Los datos surgen del informe "Drivers regionales de la actividad económica en Argentina", elaborado por la Universidad Austral con datos disponibles a julio de 2026. El trabajo analiza tres regiones con actividades fuertemente concentradas en el territorio: la Centro, asociada a la agroindustria; la Sur, vinculada a los hidrocarburos; y la Andina, que reúne a Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y Catamarca y se relaciona con la minería.

Como referencia, entre los 31 aglomerados urbanos del país la tasa de empleo se ubicó en 45% y la de desempleo en 7,9%.

Dentro de la Región Centro, Gran Rosario presenta el dato laboral más significativo. Su desempleo alcanzó el 11,5% en el segundo trimestre de 2026, 3,8 puntos porcentuales más que un año atrás, y es el más alto de los 31 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Además, su tasa de empleo cayó 1,9 puntos en términos interanuales.

El deterioro no se limita a Rosario. Gran Córdoba registró un desempleo de 10,5%, con un aumento de 1,6 puntos en un año, en tanto Gran Santa Fe llegó a 8,6%, 3,1 puntos por encima del segundo trimestre de 2025.

En la Región Sur, el aumento del empleo estuvo particularmente impulsado por Neuquén-Plottier, donde la tasa de empleo creció 3,8 puntos porcentuales en un año y alcanzó el 48,9%. El desempleo de ese aglomerado se ubicó en 3,2%, 0,6 puntos menos que un año atrás.

La Región Andina mostró un escenario más estable: su desempleo fue de 5,7%, prácticamente sin cambios interanuales. Sin embargo, la subocupación aumentó hasta el 13,5%, la más alta de las tres regiones analizadas.

En los primeros siete meses de 2026, el nivel promedio de actividad de la Región Sur creció 2,1% respecto del mismo período de 2025. La Región Centro avanzó 1,5%, mientras que la Región Andina retrocedió 2,4%. En el mismo período, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) nacional registró una expansión desestacionalizada de 1,5%.

El informe advierte además que el crecimiento continúa, pero pierde velocidad. En los últimos doce meses, la tendencia de las tres regiones siguió subiendo mes a mes, aunque a un ritmo cada vez menor.

La Región Sur mantiene el mayor dinamismo, con variaciones mensuales de entre 0,53% y 0,63%. Por su parte, la Región Andina se movió entre 0,10% y 0,16%, en tanto la Región Centro volvió a registrar variaciones positivas, aunque cercanas a cero, después de haberse contraído desde mediados de 2023 hasta fines de 2024.

Los resultados provienen de los Índices Locales de Ciclo Económico (ILCE) de la Universidad Austral, diseñados para captar la evolución de economías regionales que los indicadores nacionales no siempre permiten distinguir.

Para elaborarlos se utilizan seis series mensuales: empleo registrado privado, ventas de naftas, demanda de electricidad, despachos de cemento, recaudación tributaria y patentamientos. Con esos datos se construyen índices provinciales, que luego se agregan por región según el peso de cada provincia en el Valor Agregado Bruto (VAB).

Los ILCE y el EMAE nacional no son directamente comparables en sus niveles, debido a diferencias de cobertura geográfica, sectorial y metodológica.

La empresa Granja Tres Arroyos, que atraviesa una compleja crisis económica y financiera, ratificó la decisión de avanzar con 1.250 despidos en sus plantas de la provincia de Buenos Aires. La medida se confirmó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, instancia en la que no se logró un punto de acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).

El conflicto, que afecta a 50 trabajadores de la planta de Pilar, se extiende también a las instalaciones de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Según el recuento oficial, el ajuste alcanza a 700 empleados en la primera localidad y a 500 en la segunda.

Durante la última audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo, el apoderado de la firma, Walter Carrizo, sostuvo la postura de la compañía.

“En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas, con las causales y alcances expresados en cada comunicación”, expuso.

La empresa, que solicitó la apertura de su concurso preventivo hace menos de un mes, justificó los despidos argumentando la necesidad de adecuar su estructura operativa. Asimismo, el apoderado aclaró que esta ratificación no implica la comunicación de nuevos ceses laborales y manifestó la disposición de la firma al diálogo para evaluar alternativas que permitan la continuidad de la actividad.

Por su parte, los representantes sindicales señalaron que los despidos quedaron vigentes. No obstante, advirtieron que los trabajadores aún no pueden acceder al pago de las indemnizaciones, ya que se debe esperar la asignación del juzgado que intervendrá en el concurso preventivo.

El escenario judicial se mantiene complejo, ya que el Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares que la empresa posee en el Banco de Comercio, en el marco de denuncias por vaciamiento y reclamos salariales pendientes.

En el caso de Pilar son 50 los despidos que quedan entonces ratificados, aunque en una primera instancia la empresa pretendía avanzar en unos 170.

En diálogo con Pilar de Todos, varios de los trabajadores desvinculados señalaron que la empresa aún no les liquidó no solamente la indemnización, sino que tampoco salarios adeudados desde mayo de este año.

“Tuvimos que hacer un bloqueo en la planta días atrás para que nos den unos míseros 300 mil pesos, cuando nos adeudan más de 7 u 8 millones, sin contar la indemnización. Muchos pagamos alquiler y no tenemos dinero ni para comer. Otros de mis compañeros se las pueden arreglar haciendo changas o manejando un Uber, pero no es la realidad de todos”, contó a este medio uno de los empleados despedidos.

Los trabajadores despedidos de la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos, en La Lonja, levantaron el bloqueo que impedía el ingreso de camiones al establecimiento, después de que la empresa abonara $300.000 a cada uno a cuenta de lo adeudado.

La medida había comenzado durante la madrugada del jueves. Se sostuvo durante toda la noche y terminó en la mañana de este viernes, cuando se concretó el pago.

Así lo confirmó a Pilar de Todos Carlos Verón, uno de los cesanteados. Según relató, la primera propuesta llegó el jueves por la tarde: el jefe de planta pidió hablar con dos o tres de los trabajadores y les ofreció $400.000.

Cerca de las 22.30, el jefe de planta volvió al lugar junto al abogado de la empresa y repitió la cifra. Sin embargo, postergó el pago para la mañana siguiente, entre las 8 y las 9. En ese marco, los despedidos aceptaron dejar pasar los camiones. Siempre según Verón, se trataría de la única planta del grupo que sigue en funcionamiento.

“El jefe de planta y el abogado ofrecieron $400.000, pero dijeron que como era de noche no podían hacer nada, que pagarían por la mañana”, explicó Verón a Pilar de Todos.

El monto que finalmente llegó a manos de cada trabajador fue de $300.000. Verón explicó que la desesperación de sus compañeros pesó en la decisión. Aceptaron el dinero para no volverse con las manos vacías y levantaron la protesta.

“Estamos desesperados, nos deben desde mayo y ya antes veníamos cobrando en cuotas. Entonces no nos quedó otra que aceptar”, agregó.

El pago no resuelve el reclamo de fondo. Los despedidos exigen salarios con más de tres meses de atraso, el aguinaldo y las indemnizaciones, y denuncian que la empresa no les brinda información ni les hace ningún pago.

En su caso personal, Verón detalló que le adeudan ocho quincenas y el aguinaldo completo. A eso se suman un premio de fin de año y horas trabajadas que no le fueron liquidadas. Según su propio cálculo, el total llega a $7 millones.

Según señalaron extrabajadores de la planta a Pilar de Todos, desde hace tiempo, los trabajadores cobraban en cuotas semanales de entre $30.000 y $50.000 según la categoría.

La mayoría de los cesanteados ya tiene abogado y la vía legal está en marcha. Verón indicó que casi todos recibieron el telegrama de despido y que en las audiencias ya realizadas la empresa no se presentó.

Según contó, la firma usa esa situación como argumento: sostiene que, como los casos ya están judicializados, los trabajadores no pueden reclamar por otra vía.

Durante la mañana, según relató Verón, el sindicato de la Alimentación llegó al lugar con gente propia y con trabajadores que siguen en planta, con la intención de desalojar a los despedidos. Ellos decidieron no confrontar. “Nosotros somos trabajadores, no venimos a pelear ni a confrontar con nadie. Pero el gremio debería estar de nuestro lado”, lamentó Verón.

Los despidos en Pinazo se concretaron a comienzos de septiembre, después de un mes de suspensiones para todo el plantel. El 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria y ordenó reincorporar a 1.200 despedidos del grupo, entre ellos los 50 de Pilar. Los trabajadores denuncian que esa orden no se cumplió.

En paralelo, Granja Tres Arroyos SA atraviesa un concurso preventivo de acreedores en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. Allí declaró un pasivo de $536.000 millones al cierre de 2025, del que $46.000 millones corresponden a deudas laborales y previsionales.

Los 50 trabajadores despedidos de la planta Pinazo de Granja Tres Arroyos, en La Lonja, iniciaron un acampe frente al establecimiento e impiden el ingreso de camiones. Reclaman el pago de los salarios que la empresa les adeuda desde mayo.

La medida se lleva adelante desde la madrugada de este jueves y, tal como consignaron a Pilar de Todos, se mantendrá hasta encontrar una solución. 

En ese marco, los trabajadores apostados en el ingreso a la Planta denunciaron, además, que la firma no habría acatado la conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esa medida ordenaba reincorporar a los cesanteados. 

De acuerdo con los afectados, después de dictada la conciliación se presentaron en la planta y no los dejaron ingresar.

“La empresa no cumplió la conciliación. Jamás nos llamaron, por eso decidimos protestar. A los que siguen trabajando, la empresa les paga en negro. Nosotros nos vamos a quedar acá hasta que encontremos una solución”, expresó Gabriel en una entrevista con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2. 

La conciliación alcanzó a 1.200 despedidos del grupo. Además de los 50 de Pilar, incluyó a otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Se dictó por 15 días hábiles, prorrogables por otros cinco.

Las cesantías se concretaron a comienzos de septiembre. Antes, durante todo agosto, la totalidad del plantel de Pinazo había estado suspendida. 

El 1° de septiembre, la empresa y el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) acordaron reducir a 50 los despidos, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300.

En los telegramas, la firma invocó "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". Esa figura corresponde al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y permite abonar una indemnización reducida. El secretario general del STIA, Julio Chamorro, había cuestionado ese encuadre: "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo.

Sin embargo, desde Pilar, los afectados cuestionaron el rol del sindicato. “Nos dejaron afuera de todo”, plantearon y agregaron que “ante la falta de respuestas, no nos queda otra que hacer esta medida”.  

Los atrasos en el pago de sueldos no son nuevos en Pinazo. Desde diciembre de 2024, la empresa arrastra dificultades para cumplir con los salarios en tiempo y forma, lo que derivó en paros y protestas del personal a lo largo de este año.

“Nos deben nuestros sueldos desde la mitad de mayo hasta el día de hoy”, relató Juan, otro de los trabajadores afectados a Pilar de Todos. 

Gabriel, en tanto, con 17 años de antigüedad en la planta relató  cómo le afecta el despido: “Soy enfermo del corazón, tengo tres stent y no tengo plata para los remedios. Tomo 8 pastillas por día y ya se me están acabando. Estaba haciendo viajes por aplicación pero se me rompió el auto hace una semana y ya no pude continuar. En mi casa, nos cortaron la luz, el gas y no sé qué voy a hacer si no llevo plata a casa. Debo plata de la tarjeta, me reclaman todos los días y ya no sé cómo deciles que no puedo pagarles”.

El reclamo se da mientras Granja Tres Arroyos SA atraviesa un concurso preventivo de acreedores. El trámite corre en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. En esa presentación, la empresa declaró un pasivo de $536.000 millones al cierre de 2025 y más de 4.800 acreedores. Reconoció además haber entrado en cesación de pagos el 29 de enero.

Dentro de ese pasivo figuran $46.000 millones en deudas laborales y previsionales. Los créditos laborales tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la compañía no tiene fondos suficientes.

En tanto, el juez Germán Páez Castañeda autorizó la apertura de una cuenta inembargable en el Banco Ciudad, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales e impuestos.

El conflicto alcanza a todas las plantas del grupo. En Entre Ríos, la firma confirmó unos 270 despidos en la planta La China, de Concepción del Uruguay. En Capitán Sarmiento, la actividad quedó paralizada "hasta nuevo aviso". La crisis también afecta a Wade I, en Ezeiza, a Wade II/CEISA, en Esteban Echeverría, y a Avex, en Río Cuarto. 

La autopartista alemana Kromberg & Schubert cerrará a fin de año su planta del Parque Industrial Pilar, donde trabajan más de 200 personas. El cierre llega después de que la empresa quedara fuera del proyecto de la nueva Volkswagen Amarok, que se ensamblará en General Pacheco con piezas en su mayoría de origen chino.

La firma se especializa en sistemas eléctricos y mazos de cables para la industria automotriz, y era proveedora exclusiva de la terminal para la pick up. Llegó al país en septiembre de 2009 justamente para ese proyecto, un año antes de que la camioneta empezara a producirse en Pacheco.

La decisión ya fue informada a los empleados, de acuerdo a fuentes gremiales y empresarias del parque industrial consultadas por Infobae. "Ellos ya informaron que se van a fin de año. Los trabajadores ya están al tanto de la situación", señalaron.

La situación también golpea a Pelzer System, del grupo italiano Adler Pelzer Group. La empresa se instaló en el Parque Industrial Pilar en 2009 para abastecer a la Amarok con insonorizantes y alfombras, y generó para ese proyecto unos 100 puestos de trabajo. Hoy le quedan 13 trabajadores, según fuentes cercanas a la firma, que buscan nuevos negocios para evitar la retirada definitiva del grupo del país.

Pelzer fabricaba en exclusiva para la Amarok y el SUV Taos. Este último ya dejó de producirse en Pacheco, y la pick up actual lo hará a fin de año. El personal supo entre febrero y marzo que la empresa no había sido elegida para la nueva generación. Desde entonces hubo conflictos y paradas de planta en reclamo de retiros voluntarios.

"En uno de esos episodios, la empresa canceló el contrato. Y la planta estuvo dos meses sin trabajar, con el stock que había quedado. En ese ínterin, se consiguió algo con Stellantis pero es muy chica la producción", detalló una de las fuentes.

De los 60 proveedores locales que tuvo Volkswagen para la Amarok, solo 16 continuarán en el nuevo proyecto. Fuera de Pilar, también dejará el país Irauto, filial argentina del grupo español Antolin, que fabrica techos interiores en su única planta de Benavídez y emplea a unas 80 personas. En el sector circulan versiones de que sus líneas pasarían a Trefelt, otra proveedora de la terminal.

En tanto, Motherson, de origen indio, y la argentina Caimari, con planta en Valentín Alsina, perderán buena parte de su negocio, pero seguirán operando gracias a otros clientes. Albano Cozzuol también resultó afectada, aunque Volkswagen le mantuvo algunas piezas.

Volkswagen anunció el 3 de abril de 2025 una inversión de USD 580 millones en Pacheco para producir desde 2027 la sucesora de la Amarok. El modelo se basa en una plataforma desarrollada junto al grupo chino SAIC, la misma de la pick up Maxus. El acuerdo entre ambas compañías contempla la compra del kit de piezas a esa firma.

Para exportarse a Brasil sin arancel, el vehículo debe cumplir la regla de origen del Mercosur fijada en el ACE 14, el acuerdo de complementación económica entre Argentina y Brasil. Bajo ese esquema, podría ensamblarse con apenas un 16% de piezas de la región y el 84% restante de fuera del bloque.

Por su parte, fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) citaron un informe de la entidad. Según ese relevamiento, 63 autopartistas cerraron o cancelaron proyectos relevantes en el país desde abril de 2009, y 11 de ellas lo hicieron entre 2024 y la actualidad. La misma entidad ya había informado que en 2025 el sector perdió unos 4.100 puestos de trabajo, el 7,7% del total.

El empleo privado registrado en Pilar cayó 5,32% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, según datos oficiales del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), organismo que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación. La contracción representa la pérdida de 3.479 puestos de trabajo asalariados: de 65.376 a 61.897 en dos años.

El dato surge del relevamiento de los datos que hizo Pilar de Todos de la serie de empleo y remuneraciones por departamento que OEDE elabora a partir del cruce del padrón de contribuyentes, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Sistema de Simplificación Registral de ARCA. La medición corresponde específicamente al empleo asalariado registrado del sector privado, es decir, trabajadores en relación de dependencia con aportes en empresas privadas, sin incluir empleo público, monotributistas ni trabajo informal.

La caída se da en un contexto en donde las industrias están siendo de las actividades más golpeadas, hackeadas por el aumento de los costos como la luz o el gas, la baja de las ventas y la apertura de importaciones.

En ese contexto, Whirlpool cerró su planta pilarense en noviembre de 2025 y despidió a 220 trabajadores, tras un recorte previo de 60 puestos; Granja Tres Arroyos avanza en un concurso preventivo de acreedores con suspensiones y despidos en su planta de Pinazo; e ILVA cerró sorpresivamente sus puertas y dejó en la calle a 300 personas, solo para citar algunos casos.

La caída de Pilar más que duplica el promedio de la región. En el conjunto de los partidos del Gran Buenos Aires más la Ciudad de Buenos Aires, el empleo privado registrado bajó 2,23% en el mismo período —de 3.086.675 a 3.017.750 puestos—. Pilar se ubica entre los doce distritos donde más empleo se perdió de los 41 relevados, donde claramente la incidencia de la industria es una de las razones. Los peores casos son Ensenada (-18,85%), Zárate (-11,18%), Berisso (-10,86%), San Fernando (-7,95%) y San Isidro (-6,06%). En la otra punta, Exaltación de la Cruz (+11,62%), Marcos Paz (+6,96%) y Ezeiza (+4,20%) fueron los únicos que ganaron empleo privado registrado en el período.

El deterioro de Pilar se enmarca en un mercado laboral nacional que también empeoró. La tasa de desocupación llegó al 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2026, el nivel más alto desde 2021, según el INDEC. El organismo registró además una suba de la informalidad laboral de un punto porcentual frente al mismo período de 2025, con un correlato adicional: dentro del universo de trabajadores informales, la proporción de quienes trabajan por cuenta propia pasó del 34,3% al 37,3% en un año. En tanto, el deterioro fue más marcado en el interior del país que en los grandes centros urbanos: la desocupación en los aglomerados del interior trepó 1,3 puntos hasta 7,6%, y la subocupación demandante creció 0,9 puntos hasta 9,1%.

Granja Tres Arroyos (GTA), la empresa dueña de la planta Pinazo, en La Lonja, Pilar, declaró ante la Justicia comercial un pasivo contable de $536.000 millones al cierre de 2025 y reconoció haber entrado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. La cifra surge de la presentación de su concurso preventivo de acreedores.

El pasivo declarado, equivalente a unos US$350 millones al tipo de cambio oficial, es muy superior a los $160.646 millones que la Central de Deudores del Banco Central le atribuía al Grupo GTA (GTA, Wade y Avex combinadas) al 15 de septiembre: esa cifra reflejaba solo deuda bancaria, comercial y cheques rechazados, mientras que el nuevo número incluye la totalidad del pasivo contable, con activos por $760.000 millones y un patrimonio neto que cayó de $341.000 millones a $224.000 millones en un año.

La presentación fue realizada en el expediente COM 018558/2026, caratulado "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo", que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°21, Secretaría N°42. GTA pidió que el trámite se desarrolle en conjunto con Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, identificadas como integrantes del "Grupo GTA", y en forma subsidiaria solicitó la apertura de un concurso individual si ese planteo no prospera. La empresa declaró más de 4.800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos. Según la documentación presentada, "HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos", mientras que el resto corresponde a accionistas minoritarios de la familia fundadora.

La composición del pasivo muestra que los principales compromisos corresponden a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A eso se suman $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, y $32.000 millones en obligaciones fiscales. Los "Resultados No Asignados" pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un déficit proyectado de $122.052 millones para el cierre de 2025. En el expediente, GTA atribuyó la crisis a "el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra".

La planta pilarense, ubicada en La Lonja, venía de años conflictivos: desde diciembre de 2024 la empresa había comenzado a tener serios problemas para afrontar el pago de salarios en tiempo y forma, lo que motivó distintas protestas de los trabajadores. Esa tensión escaló en agosto de este año, cuando la planta dejó de operar y sus trabajadores permanecieron suspendidos durante todo el mes.

Frente a ese cuadro crítico, la empresa avanzó con una serie de despidos que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300. El 1° de septiembre, sin embargo, GTA acordó con el sindicato reducir esa cifra a 50 despidos en Pinazo.

En los telegramas enviados a esos trabajadores, la empresa invocó "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". Esa medida quedó suspendida de manera transitoria por una conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que ordenó la reincorporación de esos 50 empleados junto con otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría. Esa medida vence esta semana y podría prorrogarse por cinco días hábiles más.

El Juzgado Comercial N°21 asumió de manera provisoria la causa ante la urgencia planteada por GTA. El juez Germán Páez Castañeda ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido emitidos antes del 9 de septiembre y que vencieran después de esa fecha, y dispuso que esos rechazos no sean computados para multas o inhabilitaciones de la cuenta corriente. También autorizó "la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos", y ordenó a las empresas de electricidad y gas no suspender el suministro por deudas anteriores al 9 de septiembre. En tanto, el magistrado no hizo lugar al pedido para que los bancos mantengan abiertas las cuentas de la empresa ni levantó los embargos e inhibiciones ya vigentes, decisión que quedará en manos del juez definitivo, una vez que intervengan el síndico y los acreedores.

Para los trabajadores de Pinazo, la incógnita central sigue siendo la misma: qué pasará con los puestos de trabajo y los salarios adeudados mientras la causa avanza en los tribunales comerciales.

Granja Tres Arroyos SA, la sociedad matriz del Grupo GTA y dueña de la planta Pinazo, en Pilar, presentó formalmente su pedido de concurso preventivo de acreedores. Según pudo saber Pilar de Todos, la medida profundiza la crisis financiera que atraviesa la principal empresa avícola del país.

El expediente quedó caratulado como "Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo", bajo el número COM 018558/2026, y tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, Secretaría N° 42, con competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Según el sistema de consulta de causas, la presentación fue pasada a ese juzgado el 8 de septiembre, la secretaría recibió el pase al día siguiente, y el 10 de septiembre se registró el cambio de estado por inicio de demanda. Actualmente la causa figura "en despacho".

La presentación llega una semana después de que Wade SA, otra de las firmas del Grupo GTA, iniciara el mismo camino judicial, tal como había adelantado Pilar de Todos el 9 de septiembre. Wade opera las plantas Wade 1, en Ezeiza, y Wade 2, en Esteban Echeverría, y no tiene relación societaria directa con Pinazo, que depende exclusivamente de Granja Tres Arroyos SA. De esta manera, ya son dos las sociedades del Grupo GTA que formalizaron ante la Justicia su intento de reestructurar pasivos. Resta confirmar qué sucederá con Avex SA, la tercera pata societaria del grupo, que hasta el momento no registra una presentación propia.

Según los registros de la Central de Deudores del Banco Central, al 15 de septiembre de 2026 el grupo integrado por Granja Tres Arroyos, Avex y Wade acumula una exposición total de $160.646 millones, equivalente a US$106,6 millones al tipo de cambio oficial mayorista vigente. La cifra surge de la suma de las deudas bancarias, comerciales y los cheques rechazados informados por cada compañía.

Granja Tres Arroyos concentra la mayor parte del pasivo consolidado, con $156.645 millones (US$103,9 millones). Sin embargo, el grupo intentaba hasta este pedido reestructurar una deuda de más de US$350 millones, cifra que incluye compromisos contemplados en la negociación privada previa que la empresa había sostenido a lo largo del año, sin éxito.

En Pilar, la planta Pinazo, ubicada en La Lonja, viene de un mes de conflicto laboral. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar había girado un pedido de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores, que regía desde el 3 hasta el 30 de ese mes.

El 1 de septiembre, la empresa y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en la planta, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300. Días después, el 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de esos 50 empleados, junto con otros 1.150 de las plantas de Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría.

En los telegramas de despido enviados a los trabajadores, Granja Tres Arroyos justificó las desvinculaciones al invocar "una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora". La compañía atribuyó ese cuadro a una combinación de factores: la gripe aviar y el consecuente cierre de mercados de exportación, la sobreoferta de pollo en el mercado interno, la caída de los precios de comercialización y el aumento de los costos.

Ese escenario, sostuvo la empresa, derivó en "un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva". A esos factores sumó contingencias operativas y conflictos colectivos que, según su posición, también repercutieron sobre los niveles de producción y faena.

La compañía afirmó, además, que en los últimos meses había implementado distintas medidas para intentar sostener la actividad y preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo. Sin embargo, esas alternativas resultaron insuficientes, por lo que avanzó con una reestructuración de la organización y de su dotación de personal.

La conciliación obligatoria dictada el 5 de septiembre sigue vigente y vence esta semana. La medida, que rige por 15 días hábiles, podría ser prorrogada por cinco días hábiles más, por única vez, según lo previsto en la propia resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense.

Con la causa judicial ya abierta, el foco pasa además a la Justicia comercial, que deberá expedirse sobre la apertura formal del concurso y los plazos que tendrá la compañía para presentar su propuesta de pago a los acreedores. Los créditos laborales, salarios e indemnizaciones, tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la empresa no cuenta con fondos suficientes.

Para los trabajadores de Pinazo y del resto de las plantas del grupo, la incógnita sigue siendo la misma de siempre: qué pasará con los puestos de trabajo y con los salarios adeudados mientras el proceso avanza en los tribunales.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos y ordenó la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.

En Pilar, la medida alcanza a los 50 empleados de la planta Pinazo, en La Lonja, que habían sido desvinculados apenas días atrás, tras un mes completo de suspensiones que afectó a la totalidad del plantel de esa fábrica.

Según confirmó la cartera laboral bonaerense, la conciliación regirá por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y contempla la reincorporación de los despedidos como condición para reabrir la negociación entre las empresas y el sindicato.

El Ministerio de Trabajo fijó además una nueva audiencia entre Granja Tres Arroyos, la firma Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, en la que continuará la discusión sobre la situación de los establecimientos bonaerenses. La empresa propuso la donación de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores despedidos, algo que el gremio rechazó.

No obstante, según pudo saber Pilar de Todos, la empresa analiza presentarse en convocatoria de acreedores en los próximos días. Se trata de un proceso judicial mediante el cual una compañía en dificultades financieras busca reorganizar su situación frente a los acreedores para evitar la quiebra. Los créditos laborales —salarios e indemnizaciones— tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la empresa no cuenta con fondos suficientes. De hecho, Tres Arroyos ya expuso que pretendía abonar el 50% de las indemnizaciones.

El conflicto en Pinazo viene de varias semanas. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar giró un pedido de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores, que regía sin actividad operativa desde el 3 hasta el 30 de ese mes, con pago parcial del salario.

El 21 de agosto, los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora anunciaron la conformación de una mesa conjunta para coordinar acciones frente a la crisis de la empresa en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Diez días después, el 1° de septiembre, la firma y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en Pinazo, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300.

La crisis financiera del grupo también alcanzó a sus dueños. El 2 de septiembre, la Justicia ordenó embargar una vivienda del Highland Park Country Club vinculada a la familia De Grazia, en el marco de una ejecución por $1.795 millones que tramita en un juzgado comercial porteño. De fondo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por US$350,9 millones y acumula, junto con Avex y Wade, 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones.

El secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó los argumentos de la empresa, que atribuye la crisis a la caída de las exportaciones, la gripe aviar y una sobreoferta de pollo en el mercado interno. "Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial", señaló. También cuestionó que exista sobreoferta doméstica: "No es real, el consumo de pollo sigue creciendo", afirmó.

Chamorro apuntó además contra el uso del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la empresa invocó para encuadrar los despidos bajo una situación de fuerza mayor. "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo. En tanto, el gremio reclamó que la empresa entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, algo que, según indicó el STIA, todavía no hizo.

El presidente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar, Néstor Dolera, advirtió que entre 40 y 50 empresas del complejo industrial podrían cerrar si no se modifica el rumbo de la política industrial. Según explicó, las principales dificultades están vinculadas con el fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos, especialmente de la electricidad, la caída del consumo y la apertura de importaciones.

En diálogo con Pilar de Todos, Dolera señaló que la situación del sector se volvió especialmente compleja durante los últimos dos años y medio y sostuvo que las empresas no siempre tienen margen para trasladar los mayores costos a los precios de sus productos.

“La situación está muy complicada en el parque. Lo último que más ha afectado son las tarifas de los servicios públicos, sobre todo la luz. Al estar desregularizado, no hay un control por parte del Estado respecto de esto. De seguir así, entre 40 y 50 empresas podrían cerrar”, alertó Dolera.

Según explicó, una estadística elaborada por la entidad hacia diciembre de 2023 mostraba que algunas PYMES medianas pagaban alrededor de 3 o 3,5 millones de pesos por el servicio eléctrico. Actualmente, afirmó, esos montos pueden alcanzar los 110 millones de pesos.

“Es un salto totalmente terrible, y además hay que sumarle inflación, paritarias, importaciones, y baja del consumo”, sostuvo Dolera.

“Entonces, a las empresas se les hace muy difícil con estos costos poder mantenerse, no pueden trasladar esos costos a precios. De hecho ya hemos tenido cierres como el caso de ILVA, Whirlpool, Kimberly Clark, Berry”, planteó.

El Parque Industrial de Pilar reúne actualmente entre 210 y 220 empresas, de acuerdo con el relevamiento realizado por la propia Cámara del predio fabril. Dentro de ese universo, estimó que unas 12 o 13 industrias ya cerraron.

Pero el principal llamado de atención apunta hacia adelante. El dirigente empresario sostuvo que otras 40 o 50 compañías, principalmente PYMES, se encuentran en una situación de riesgo y podrían dejar de operar si las condiciones actuales se mantienen.

Según explicó, muchas empresas ya no tienen margen para reducir sus estructuras de personal y están funcionando con niveles mínimos de producción.

Dolera detalló que algunas industrias trabajan actualmente con alrededor del 40% de su capacidad, mientras que ubicó la caída del consumo en torno al 50%.

“Muchas empresas están al mínimo de producción, en un 40%, y el consumo cayó un 50%. Entonces, son un montón de factores que afectan a nuestra industria, no es un solo punto”, resumió.

El deterioro de la actividad industrial también tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. El Parque Industrial cuenta con unos 35.000 trabajadores y, según un relevamiento realizado a fines del año pasado y principios de este, cerca de 7.000 puestos de trabajo ya se habían perdido.

El dirigente aclaró que la Cámara todavía no cuenta con un nuevo relevamiento de despidos, ya que habitualmente actualizan ese indicador hacia fines de septiembre o principios de octubre.

La preocupación, sin embargo, es que una nueva ola de cierres pueda profundizar la pérdida de puestos de trabajo.

Dentro del escenario actual, Dolera identificó a las industrias alimenticias y farmacéuticas como los sectores que presentan una situación relativamente mejor.

“Hay sectores que están un poco mejor dentro de lo malo del panorama, como alimenticias y farmacéuticas. Son cuestiones de primera necesidad los remedios y el alimento”, explicó.

El resto de las actividades industriales, en cambio, atraviesan un escenario que insistió en definir como “muy complicado”.

Dolera añadió que las empresas que están en una situación más crítica y al borde del cierre son las PyMES, que en el caso del Parque emplean a unas 30 o 50 personas cada una.

Desde la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar aseguran haber iniciado contactos con autoridades nacionales para buscar alternativas frente al escenario que atraviesa el sector, pero que no obtuvieron respuestas.

Dolera afirmó que uno de los objetivos es trabajar sobre herramientas de promoción industrial que permitan sostener la actividad y el empleo.

En ese marco, cuestionó las actuales políticas nacionales y sostuvo que el sector industrial necesita medidas específicas para enfrentar el aumento de los costos y la pérdida de demanda.

“Lo que buscamos es que escuchen y que atiendan las necesidades de quienes producen trabajo, desde quienes dan oportunidad, desde los que invierten en este país. Eso es lo que queremos. Pero no hay política industrial, es lamentable”, expuso el dirigente.

El dirigente también sostuvo que la industria tiene un peso significativo en el empleo formal y cuestionó el cierre de pequeñas y medianas empresas registrado durante los últimos años.

“La industria en nuestro país genera casi el 48% del trabajo en blanco. Y en lo que va de estos 2 años y medio de gestión de gobierno (nacional) cerraron 30.000 PYMEs, y proyectado, si se sigue de esta manera, llegar a 40.000 a fin de año o a principios del año que viene”, concluyó.

La empresa Whirlpool salió a vender el predio industrial que ocupó en la localidad de Fátima, sobre la Ruta Nacional 8. La comercialización quedó en manos de JLL (Jones Lang LaSalle), firma internacional especializada en real estate corporativo, que no menciona a Whirlpool como propietaria en el aviso ni informa el precio de venta.

Según pudo reconstruirse a partir de comparables del mismo corredor industrial, el complejo podría cotizar entre 17 y 21 millones de dólares, con un punto medio cercano a los 19 millones de dólares. Esa cifra surge de cruzar los valores por metro cuadrado de otras naves y terrenos publicados en el complejo Polo Pilar.

El predio quedó inactivo desde el 26 de noviembre de 2025, cuando Whirlpool resolvió discontinuar la producción de lavarropas en la Argentina de manera abrupta, sin un proceso previo de reducción gradual. La decisión dejó en la calle a unos 300 trabajadores de la planta y de áreas vinculadas a la operación industrial.

El cierre sí había tenido un antecedente un año antes: en mayo de 2024 la compañía ya había eliminado uno de los dos turnos de producción, lo que implicó unos 60 despidos, y volvió a concentrar la fabricación en una sola franja horaria.

La nave tiene 30.453 metros cuadrados cubiertos y 12 metros de altura de piso a techo, con 12 docks de carga, dos rampas y unas 2.000 posiciones de racks, señala el aviso al que tuvo acceso Pilar de Todos. El predio dispone también de planta de tratamiento de efluentes, sistemas de agua industrial y aire comprimido, red contra incendios, un reservorio de un millón de litros y un grupo electrógeno de 120 KW.

A eso se suman oficinas, showroom, comedor para 90 personas y vestuarios con capacidad para 200 trabajadores. Frente a la superficie cubierta, quedan disponibles 120.693 metros cuadrados de tierra remanente, con capacidad para sumar otros 50.000 metros cuadrados de construcción.

La planta había sido inaugurada el 21 de octubre de 2022, con una inversión de u$s52 millones, y fue presentada en ese momento como la fábrica de lavarropas más tecnológica de Whirlpool a nivel mundial, con capacidad para 300.000 unidades anuales. El esquema original preveía exportar cerca del 70% de esa producción, con Brasil como principal destino.

Ese circuito se invirtió por completo tras el cierre: hoy Brasil es el origen de los lavarropas y heladeras que Whirlpool comercializa en la Argentina, que ingresan bajo el arancel del 0% del Mercosur, aunque alcanzados por la tasa estadística.

Las líneas de producción llegaron a completar un lavarropas cada 40 segundos. Apenas un puñado de años después, esa capacidad quedó reducida a galpones vacíos a la espera de un comprador.

Este 29 de agosto se cumple un año desde que la fábrica ceramista Ilva despidió de manera sorpresiva a sus 300 trabajadores y cerró la planta del Parque Industrial de Pilar. 

Doce meses después, ningún extrabajador cobró la indemnización que la ley establece, y un grupo continúa sosteniendo un acampe permanente en la puerta de la fábrica.

Para todos, repiten, ha sido “un año difícil” donde algunos, los más jóvenes, pudieron reinsertarse en el mercado laboral pero quienes no, apenas subsisten gracias a la solidaridad de un grupo que, pese a la adversidad, se mantiene unido. 

"El sábado 29 cumplimos un año de esta barbarie que hizo Ilva con 300 trabajadores, con 300 familias", dijo a Pilar de Todos Marcelo Barrionuevo, delegado del Sindicato de Ceramistas y extrabajador de la planta. 

Hoy son unos 44 los extrabajadores que sostienen el acampe frente la fábrica.  Se van turnando en grupos de 4 a 6 personas. 

Gabriela Vallejos, que trabajó 20 años en la empresa como clasificadora de producto terminado, explicó a este medio que se organizan en turnos de 6, 8 y hasta 12 horas para vigilar que nadie se lleve la maquinaria que quedó dentro de la planta. Allí, señalan, está la esperanza de poder cobrar lo que la firma les debe.

"Si nosotros no hubiéramos cuidado eso que está ahí adentro, los dueños hubieran vaciado la fábrica y no la vemos nunca más", agregó Vallejos.

En ese acampe, fueron forjando la lucha. Meses llenos de incertidumbre y de resistencia, pero también de unión y de dignidad.

Hace un año, los trabajadores fueron recibiendo los telegramas que les confirmaban lo peor: se quedaban sin sus puestos laborales. 

Cada carta llegó impresa, y en ella se invocaba el artículo 247, que reduce el pago de la indemnización a la mitad.  "Nos mandaron los telegramas de despido con el artículo 247, que nos despiden con el 50% de nuestra indemnización, y aun así no cobramos un peso de nada", explicó Vallejos.  Y agregó que todos entraron "en un concurso de acreedores”. 

“Esto quiere decir que Ilva tiene intenciones de pagar, pero no tiene dinero", consignó la exempleada. Y precisó que la estrategia de la empresa apunta a vender la maquinaria de la planta para afrontar el pago.

Actualmente la causa por los despidos en Ilva tramita en el Juzgado Comercial Nº 12 a cargo del Juez Hernán Papa a quien en reiteradas ocasiones le han pedido que tome una resolución urgente. 

En tanto, Barrionuevo cuestionó el manejo judicial del proceso: "Están saliendo los camiones porque hay una orden del juez, pero todavía no vimos un mango de nada", dijo.

El conflicto también dejó una marca irreparable entre los extrabajadores: la muerte de Javier López, "La Oveja". Javier se desempeñaba en el área de control de procesos de la planta. En mayo de este año decidió quitarse la vida “porque no soportó la situación”, recuerdan sus compañeros.  “¿Y hasta cuándo más tenemos que soportar?", planteó Vallejos, visiblemente afectada.

Con la planta parada, la mayoría de los despedidos debió reinventarse. Según Barrionuevo, quienes tienen menos de 40 años lograron reinsertarse en el mercado laboral, mientras otros trabajan con aplicaciones como Uber o Didi. 

Su propio caso es distinto: "Me cuesta un montón porque tengo 46 años, la edad no nos da", lamentó, y detalló que subsiste con el fondo de desempleo, changas ocasionales y la ayuda de sus hijos mayores. 

Según explicó, el beneficio arrancó en $322.000 y fue bajando con el correr de los meses: a la octava cuota bajó a $255.000, y en las últimas cuotas llegó a $185.000. "Vos imaginate que con esa cifra no llegás a cubrir nada", planteó.

Vallejos sumó otra dimensión del impacto: la pérdida de la obra social. "Tengo compañeros con tratamientos oncológicos que no los pudieron realizar", relató, y contó que entre ellos armaron una red solidaria para conseguir medicamentos.

A un año del cierre, el pedido central sigue siendo el mismo. "Lo único que queremos es que el juez tenga un poco de empatía, no solo con trabajadores, sino con padres de familia, con compañeras que son madres solteras", planteó Barrionuevo, y remarcó que la Constitución Nacional y los convenios colectivos amparan el derecho a cobrar por los años de servicio.

Pese al desgaste, el reclamo continúa en pie: "Somos pocos, pero estamos unidos. Ya va un año, y seguimos insistiendo", cerró Barrionuevo.

Los extrabajadores de Ilva, por otro lado, mantienen abierta una cuenta en la que reciben donaciones para sostener la lucha y ayudar a los que aún no consiguieron empleo.

Quienes puedan ayudar pueden hacer transferencias al alias despedidos.ilva a nombre de Jesica Florencia Pereyra o contactarse al 11-2787-2282