Las diferencias que hoy atraviesan a la oposición de Pilar no solo se hacen ver con claridad en el Concejo Deliberante, donde prácticamente no existe el trabajo coordinado, sino también en el Consejo Escolar.

Los consejeros de la oposición, una vez generado el recambio el 10 de diciembre, conformaron una bancada denominada Juntos PRO, integrada por Martín Lieto, quien recién asumía, y Patricia Íbalo y Marcelo López, quienes ya estaban en funciones desde hace dos años.

Otra consejera opositora quien se hacía cargo de la banca, Graciela López, de la UCR, abrió un espacio unipersonal.

No obstante, las aguas se siguieron movieron dentro de la oposición en el organismo escolar, ya que López, Íbalo y Lieto abrieron la semana pasada una bancada que responde al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, llamada Espacio Abierto.

La sorpresa fue que pocos días después, tras anunciar la apertura de la bancada possista, con foto con Walter Carusso, dirigente cercano a Posse incluida, Lieto decidió abrir su propio bloque, “Juventud Combativa”, el espacio original por el que llegó a Juntos.

Las idas y vueltas de la oposición, tanto en el Consejo Escolar como en el Deliberativo, sin dudas responden a la falta de un liderazgo claro que los conduzca desde lo político, donde varios dirigentes buscan, aún sin suerte, encabezar el espacio que pretende recuperar el gobierno local en 2023.

Ante la vuelta a las aulas, concejales de la oposición de Pilar posaron la mirada en los comedores escolares para los que pidieron que se apliquen mejoras en la calidad nutricional.

Así lo dejaron plasmado en un proyecto que presentaron en el que además, reclaman que el Servicio Alimentario vuelva a prestarse dentro de los establecimientos mediante “un menú balanceado y equilibrado”.

La propuesta que ingresó al Concejo lleva las firmas de los ediles Sebastián Neuspiller (Juntos), Antonella Alarcón (UCR); Flavio Álvarez e Inés Ricci (Comunidad Pilarense); Solana Marchesan y Juan Martín Tito (Avanza Libertad).

Teniendo en cuenta que en el distrito el SAE está bajo la órbita del Municipio, las y los ediles le solicitan al Ejecutivo que lo “implemente con la entrega de desayuno y/o merienda y almuerzo mediante preparaciones elaboradas con un menú balanceado y equilibrado dentro de las cocinas de las escuelas a través del personal auxiliar destinado a dicha tarea”.

En ese contexto, el proyecto también agrega que para ello “se realicen las adecuaciones necesarias en las cocinas de los establecimientos”, entre ellas la “revisión de heladeras, freezers y elementos necesarios para la implementación del menú escolar”, enumeraron.

En la iniciativa, los concejales expresaron que “desde el 2020 el SAE se realiza a través de las instituciones con la distribución de alimentos secos por medio de módulos alimentarios”, medida que se adoptó ante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Y que “ante la presencialidad plena” es “urgente suministrar el desayuno y/o merienda y almuerzo a través de los comedores incorporando lácteos, verduras y proteínas”.  

Por otra parte, los concejales que impulsan el proyecto también apuntan a saber “la matrícula real, luego de casi 2 años de educación virtual o semipresencial” para así poder garantizar la correspondiente cobertura.

La Dirección General de Cultura y Educación concretó este lunes el envío de más 3 mil millones de pesos a los Consejos Escolares de toda la provincia para la preparación del ciclo lectivo 2022.

Según especificaron por medio de un comunicado, los dineros serán utilizados para llevar adelante las acciones preparatorias de las escuelas.

En ese sentido el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, expresó que “El inicio del ciclo lectivo debe garantizar, en primer lugar, lo imprescindible para todas las escuelas”.  

Las diferentes partidas asignadas a los Consejos Escolares alcanzarán un total de $3.094.268.109 y están clasificadas para su asignación en diferentes tareas, como la compra de insumos para higiene personal, limpieza y desinfección de los edificios escolares, el agua envasada para consumo humano, la reposición de vidrios o lámparas, la recarga o renovación de matafuegos y tareas de mantenimiento periódicas, como la limpieza de tanques o el corte de pasto. 

También se asignan partidas para reparaciones menores en sanitarios, techos o en las instalaciones de electricidad o gas, independientemente de las obras de refacción que se realizan desde el plan provincial de infraestructura “Escuelas a la obra”, que hasta el momento lleva reparadas más de 4 mil escuelas.

Las partidas preparatorias para el ciclo lectivo incluyen también la compra de pintura o utensilios de cocina y comedor.

Este envío de fondos se complementa con los montos girados a los Consejos Escolares de todo el territorio bonaerense a través de otros mecanismos de financiamiento, y con las inversiones provenientes de las acciones contenidas en el programa provincial de infraestructura escolar.

Además, se han asignado otros mil millones de pesos surgidos del gobierno nacional a 3.044 instituciones educativas de la Provincia para reparaciones menores y adquisición de mobiliario y equipamiento. 

«Se trata de una inversión inédita, que constituye una condición necesaria, aunque no suficiente para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2022 en tiempo y forma en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires», consideraron desde Educación bonaerense.

Consejeros escolares de la oposición presentaron un pedido de informes para que la presidencia del organismo brinde datos sobre el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Desde los bloques de Juntos por el Cambio y Peronismo Unidos aseguran que reciben quejas de familias e instituciones donde les indican que la mercadería recibida no es la cantidad correcta, y también apuntan a la calidad de los productos.

“Juntos por el Cambio y Peronismo Unido ha solicitado una sesión especial, porque en la sesión del 16 de marzo presentamos un pedido de informes, tanto para la presidencia como para la subsecretaría, por las irregularidades que estamos viendo durante las últimas entregas del SAE, lo que nos preocupa muchísimo”, señaló la consejera Patricia Santoro.

“Como no hemos tenido respuesta, le hemos pedido a Victoria Carey (titular del Consejo) que convoque a una comisión SAE, que nunca se convocó en el año ni en el 2020, entendiendo el contexto de pandemia. Lo que pensábamos que era lógico. Pero ahora, que hay cierta presencialidad en las escuelas,  que hay entregas de módulos de alimentos y viendo las necesidades, creemos que es necesario y urgente ver en qué condiciones se están recibiendo los alimentos”, agregó en contacto con el programa Tel Viso Noticias.

Santoro sostuvo que han recibido “quejas de padres e instituciones en cómo se estaba distribuyendo, por la calidad de los alimentos, la cantidad, y porque los recibían en bolsas cuando deben ser en cajas”.

“Y muchos estaban o en malas condiciones, quizá vencidos, la leche cortada, o paquetes de harina y fideos abiertos o rotos. También nos enteremos que los alimentos no se entregan una vez por mes, sino que algunas familias nos dicen cada 2 meses. Y en las secundarias, que no vinculan su edificio con primaria, no están recibiendo alimentos”, cerró Santoro.

Consejeros Escolares de la oposición advirtieron que no todos los colegios estatales que comenzaron a recibir chicos cumplen con las medidas de seguridad sanitaria.

En el marco de la etapa de revinculación que comenzó esta semana, en unos 19 establecimientos públicos, consejeros de Juntos por el Cambio señalaron que no se realizaron los controles bromatológicos sobre el agua de los tanques, y que además la desinfección de los establecimientos habría sido incompleta.

Patricia Santoro, consejera de Juntos por el Cambio, aseguró que en al menos 5 escuelas no se realizaron los testeos sobre el agua de red, fluido que si bien los chicos no toman (el Municipio dispuso de bidones especiales para tal fin), sí es usado para el lavado de manos o rostro.

«Estamos sorprendidos por la forma en la que se comenzó la revinculación, no habíamos acordado que fuera de esa manera. Nos estábamos reuniendo con los gremios, los auxiliares y las comisiones de trabajo del Consejo, para llegar al momento de la revinculación con todas las condiciones necesarias, no solo lo organizativo, sino también en lo que es el cuidado de la salud», explicó Santoro en diálogo con el programa radial Agenda Propia FM, de 105.9.

«Estamos de acuerdo con la revinculación, nos pone contentos y es lo mejor para los chicos y los docentes, eso está genial. Ahora, el lunes hubo reunión de UGD donde hay otros actores de la educación y habíamos acordado algunos cuestiones muy claras como para el comienzo. Y el martes sorpresivamente nos encontramos con que 5 escuelas iban a reabrir, pero sabíamos que en algunas de ellas, como por ejemplo la secundaria 11 (de Astolfi), no habíamos hecho la limpieza de tanques. Nuestra preocupación mayor es que desde el año pasado no se hizo ninguna muestra de agua de bromatología. A principios de año se suele hacer. Cuando hubo que hacerlo en febrero no se pudo hacer porque entendíamos que no tenían los reactivos para hacer los controles desde Bromatología y justo después entramos en el aislamiento por la pandemia. Y cuando quisimos volver a comenzar, nos encontramos que Bromatología tampoco había hecho el muestreo de agua de los tanques que tenía que hacerse luego de la limpieza tanques», añadió.

Si bien Santoro explicó que el agua de los baños no se bebe actualmente, ya que la Comuna distribuyó agua potable en bidones, la consejera insistió en que el fluido sí se usa para el lavado de manos y cara, por lo que debe ser segura para evitar problemas de salud.

«Ninguna escuela tiene la muestra de agua de potabilidad por Bromatología. Si los chicos van al baño, se lavan la cara o las manos, no sabemos si esa agua que están utilizando es potable o no. Sabemos que el Municipio llevó bidones para beber, pero la higiene de las manos o de la cara se hace en los baños y no sabemos en qué condiciones está el agua», cerró.

Concejales de la oposición presentaron un pedido de informes con el que buscan obtener datos sobre el actual funcionamiento del Consejo Escolar. Es que luego de que el propietario del edificio donde prestó funciones el organismo durante los últimos 20 años reclamara una deuda por el alquiler de ese espacio, que data de agosto del año pasado, y que anticipó la mudanza a una nueva locación, los ediles mencionaron que allí "no cuentan con condiciones mínimas para trabajar". El proyecto lleva la firma de las y los concejales Jésica Bortule, Analía Leguizamón - de Juntos por el Cambio - Inés Ricci y Flavio Álvarez - Comunidad Pilarense - y Adrián Maciel - Pilar Federal -. En declaraciones a Tel Viso Noticias, Bortule señaló que el nuevo espacio del Consejo "no cuenta con cuestiones básicas como, por ejemplo, conexión a internet" y agregó que "muchos docentes y auxiliares no pueden acceder a concretar los trámites que necesitan". "Muchos miembros de la comunidad educativa necesitan de diferentes avales del Consejo para avanzar en diferentes tramites y no lo están pudiendo hacer. Están quedando trámites inconclusos, por ejemplo con la obra social IOMA cuando todos sabemos que cuestiones de salud son prioritarias y urgentes", planteó la concejal.Además, agregó que "tampoco se está efectuando el pago a proveedores" que prestan servicios a través del Consejo Escolar. Y ejemplificó que cuando hay hechos vandálicos en los establecimientos, "es necesario arreglar las roturas en un corto plazo" .

"Esa gente que hace los arreglos tiene que cobrar y eso se está demorando como resultado de este desalojo y de la falta de un edificio en condiciones para que todo el cuerpo de consejeros trabaje como corresponde", completó Bortule. El cierre del edificio del Consejo Escolar se produjo a principios de este mes, luego de que el propietario del inmueble, ubicado sobre la calle Lorenzo López, reclamara el pago de varios meses de alquiler adeudados por la Provincia de Buenos Aires, deuda que también incluye el incumplimiento del pago de servicios como luz y gas. En ese momento, la Presidenta del cuerpo, Victoria Carey había señalado que la deuda data de agosto del año pasado y había aseverado que la misma "está en vías de regularizarse".

Luego del cierre del edificio del Consejo Escolar de Pilar definido por el propietario del inmueble que reclama el pago de varios meses de alquiler adeudados por la Provincia, la presidenta del organismo, Victoria Carey, explicó la situación y aseveró que "la deuda se está pagando". El edificio del Consejo quedó en medio de la polémica luego de que ayer por la tarde los consejeros de la oposición manifestaran que un apoderado del propietario de la vivienda donde funciona el organismo, sobre la calle Bolívar, decidió cambiar la cerradura del lugar impidéndoles el ingreso. Patricia Santoro, de Juntos por el Cambio, había señalado que el dueño reclamaba una deuda de alquiler desde el mes de diciembre, e incluso mencionó que los pagos se habían frenado "con el cambio de la gestión". Sin embargo, Carey aseveró que el Gobierno de la Provincia "dejó de pagar el alquiler desde agosto del año pasado, después de las elecciones PASO". En diálogo con el programa radial Agenda Propia de FM Estudio 2 (105.9), la Presidenta del Consejo manifestó que esa situación se repitió en toda la provincia con los alquileres y con el pago de servicios y afirmó que desde que asumió la nueva gestión "se trabaja para poder reparar esa deuda acumulada". De hecho, según la información a la que accedió Pilar de Todos, al propietario del lugar se le realizaron durante este 2020 pagos de cuatro meses que corresponden a la gestión a cargo de María Eugenia Vidal, quien ya venía abonando, como en rigor suele hacerlo Provincia, con unos 4 meses de atraso (ver cuadro (Mudanza y pagos...").Actualmente, la deuda a pagar incluye los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019, períodos en los que figura un contrato de alquiler de por medio. Mientras que durante el 2020, el propietario reclama el pago bajo la figura de “legítimo abono”, que se aplica a los gastos efectuados por los órganos de la administración pública, realizados mediante un procedimiento de carácter excepcional, sin el correspondiente amparo contractual. "Esta gestión está pagando, la Provincia se viene haciendo cargo de esas deudas, es un proceso que no se culmina de un día para el otro, pero es uno que está en marcha", aclaró Carey al tiempo que acusó a los consejeros opositores de "querer mostrar una realidad que no es". Asimismo, les pidió "no actuar con irresponsabilidad" ya que apuntó que con la difusión del cierre del organismo, generaron preocupación entre los trabajadores de las escuelas que temieron demoras en el pago de sus sueldos. "Quiero dar tranquilidad. Nunca se frenó ninguna tarea administrativa. El trabajo nuestro tiene importancia porque los trámites que hacemos permiten que los trabajadores de las escuelas cobren su sueldo. Es un tema muy delicado y no es momento de actuar con irresponsabilidad y hacer dudar a la gente", cerró Carey. Mudanza y pagosPor otra parte, Carey planteó las tareas y gestiones que se vienen llevando a cabo para lograr que el Consejo pueda mudarse "a un mejor lugar". "El Consejo Escolar viene funcionando en el mismo lugar hace más de 20 años, es una casa que está en muy malas condiciones. Lo que buscamos es dar lo mejor para los trabajadores de la educación, en un lugar digno", consideró la presidenta del Consejo.

El tesorero del Consejo, Marcelo López, de Juntos por el Cambio, explicó a Pilar de Todos que según la información que les entregó el dueño del lugar, durante este 2020 la Provincia de Buenos Aires realizó 4 pagos, cada uno de ellos por 46 mil pesos. El 30 de enero se abonó junio de 2019; el 22 de abril de este año se canceló el período de julio de 2020; el 14 de mayo de 2020, en tanto, se abonó agosto de 2020; y el último pago de este año fue el 8 de julio, correspondiente a septiembre de 2019.

Durante la gestión de Cambiemos, por otro lado, el 25 de julio de 2019 se abonó marzo de ese año; el 21 de agosto del año pasado se pagó abril de aquel año; y el 9 de octubre, el último de 2019, se canceló mayo del año pasado, es decir ya con 5 meses de demora, retardo que se profundizó en el cambio de gestión, pero que estaba en vías de regularizarse.

El Consejo Escolar de Pilar cerró sus puertas por tiempo indeterminado luego de que el propietario del inmueble reclamara el pago del alquiler que, señalaron desde el organismo, la Provincia debe desde el pasado mes de octubre.

El cierre se produjo en la tarde de este martes, cuando los consejeros se encontraban desarrollando una de sus reuniones de trabajo y debieron abandonar el lugar, al que se le cambió la cerradura.

“Lamentablemente nos realizaron la retención de inmueble por falta de pago de alquiler y servicios. Nos quedamos sin nuestro lugar de trabajo”, contó la consejera escolar de Juntos por el Cambio, Patricia Santoro, en diálogo con Pilar de Todos.

Según agregó Santoro, estaba planificada una mudanza del organismo que se iba a concretar esta semana, y que incluso había habido charlas entre la Presidenta del Consejo, Victoria Carey, y el propietario del lugar.

Sin embargo ese diálogo parece no haber llegado a buen puerto ya que el dueño del inmueble, que está ubicado en la calle Bolívar, en el centro de Pilar, busca impedir que la mudanza se concrete hasta tanto se le efectúen los pagos que reclama.

“Cambiaron la cerradura y ahora no podemos ingresar a las oficinas a trabajar, no sabemos hasta cuándo. Tenemos que esperar qué le responden desde Provincia al dueño del lugar, que teme que nosotros nos vayamos y nadie le pague. Hoy tratamos de hacerle entender que debe pagarle la Provincia, pero quedamos como rehenes de la situación”, se quejó Santoro.

El propietario del lugar, que hace décadas alquila al Consejo, pidió que el lugar sea reacondicionado, ya que indicó en una nota el estado de deterioro y existe una estructura que se desmanteló.

Dentro del Consejo, en tanto, quedó el material con el que a diario los consejeros se desempeñan.

“Al retirarnos hoy pusimos la alarma, por lo que si llegara a pasar algo, nos enteraríamos. Pero toda la información con la que debemos trabajar está en los equipos que quedaron adentro”, manifestó Santoro quien, entre otras tareas, señaló la dificultad para realizar pagos a proveedores y la carga de información cotidiana en los sistemas de la provincia.

Frente a la difícil situación que nos plantea la pandemia en materia de educación esto complica aún más la labor. Quedamos sin oficinas de trabajo por falta de pago de alquiler y servicios.@Kicillofok @AgustinaVila @BAeducacion#NoEsPorAcá pic.twitter.com/p4mHjlrLt8

La oposición del Consejo Escolar volvió a reclamar por la seguridad de los edificios donde funcionan las escuelas públicas de Pilar.

En la última sesión ordinaria del organismo, presentaron un proyecto de disposición por medio del cual piden mayores patrullajes en las zonas en donde los establecimientos son vandalizados y robados.

La propuesta, además, reclama informes al intendente Federico Achával sobre su “programa de seguridad para evitar robos en los establecimientos educativos”, y le pide al Municipio de Pilar que “brinde un sistema de alarma monitoreada en los establecimientos que aún no cuentan con el servicio”.

En los considerandos de la iniciativa, firmada por los consejeros Patricia Santoro, Iván Mansilla, Fernando D’Auria, Marcelo López y Patricia Íbalo, se señala que “los hechos de vandalismo e inseguridad sufridos en varios establecimientos educativos del distrito”, expusieron que es necesaria una “respuesta urgente” por parte del intendente “no solo por la seguridad de las escuelas sino de todo Pilar”.

En la sesión ordinaria de consejeros escolares #pilar los bloques @cambiemospilar y Peronismo Unido presentamos un PROYECTO DE DISPOSICIÓN por los hechos de vandalismo y robo en las escuelas, dirigido al intendente @FedericoAchaval pic.twitter.com/9b0Uqwgdkc

Los consejeros manifestaron que “dada la cantidad de robos y hechos de vandalismo en las escuelas durante el periodo que se encuentran cerradas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” es necesario el “realizar un relevamiento de las alarmas y su funcionamiento” y “solicitar al Secretario de Seguridad del Municipio patrullajes en las inmediaciones de las instituciones educativas”.

Santoro, en tanto,  detalló que se registraron hechos vandálicos en los establecimientos donde funcionan la EP47, ES2, ES5, ES4, CFI, ES11, EP11/ES38, y EP30.

Los hechos, indicaron, “podrían evitarse aumentando la seguridad en los barrios donde se encentran las escuelas”, por lo que se “necesita una respuesta urgente” por parte del intendente Achával, concluyeron.

El pedido no es nuevo. A mediados de mayo ya habían solicitado públicamente que se incremente la presencia policial en las zonas más afectadas, reclamo que también había sido llevado a una de las sesiones del organismo.