Los peritos que trabajan en la extracción de datos de los celulares secuestrados en el marco de la causa por supuesto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmaron que los mensajes borrados del teléfono del extitular del organismo, Diego Spagnuolo, no podrán recuperarse.

El problema está en uno de los dos teléfonos entregados por Spagnuolo, del cual se hizo la extracción de datos y se detectaron mensajes borrados. Algunos de ellos fueron intercambiados con el presidente Javier Milei -de quien el exfuncionario fue abogado- y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Estos mensajes no podrán ser recuperados por la manera en que se borraron, precisaron peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en la causa a cargo del fiscal federal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello.

En un operativo hecho en su casa de Pilar, se secuestró otro celular que no tiene información de interés porque estaba sin uso.

Nuevos peritajes

En estos días se prevé que comience el estudio de otros celulares incautados: los de los accionistas de la droguería Suizo Argentina Eduardo y Jonathan Kovalivker, y el del exfuncionario de ANDIS Daniel Garbellini.

Los investigadores no tienen grandes expectativas sobre esos celulares. Los Kovalivker no fueron encontrados en los allanamientos y se presentaron en tribunales varios días después. Entregaron sus celulares apagados y sin dar la clave.

Garbellini sí proporcionó la clave para acceder a su móvil, pero el dispositivo le fue secuestrado cuando el caso ya era público y tuvo tiempo de eliminar contenido que pueda ser relevante.

Mientras tanto, el móvil de Emannuel Kovalivker, otro de los socios de la droguería, todavía no pudo peritarse porque es un teléfono de última generación y el investigado no proporcionó la clave de acceso.

Casanello, por otra parte, tiene que resolver pedidos de nulidad de la causa presentados por la defensa de los Kovalivker, a cargo del abogado Martín Magram. (DIB) MM

Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue hallado en un barrio privado de Pilar por efectivos de la Policía de la Ciudad. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, los investigadores secuestraron su teléfono celular, además de una computadora y documentación, en el marco de la causa por presunto pago de coimas en licitaciones de medicamentos.

La medida judicial fue solicitada por el fiscal Franco Picardi y se enmarca en una serie de 15 allanamientos realizados entre ayer y hoy, que incluyeron las sedes de la ANDIS, oficinas de la droguería Suizo Argentina y viviendas de sus directivos.

En uno de esos procedimientos, en Nordelta, fue detenido el empresario Emmanuel Kovalivker cuando intentaba salir en un vehículo. Dentro del auto llevaba sobres con 266 mil dólares y siete millones de pesos, además de anotaciones que ya están bajo análisis de la Justicia. También le secuestraron el pasaporte y su celular.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que pidió indagar por delitos de cohecho, fraude contra la administración pública y asociación ilícita.

El caso salió a la luz luego de la difusión de audios en los que el propio Spagnuolo relataba maniobras de pedidos de coimas en la compra de medicamentos y mencionaba directamente a la droguería Suizo Argentina y al entorno del Presidente Javier Milei, en concreto a Lule Menem y a Karina Milei.

Aunque el Gobierno nacional desplazó a Spagnuolo de su cargo, hasta el momento no emitió declaraciones sobre las acusaciones ni sobre el material difundido.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó este viernes 15 allanamientos en el marco de una causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios que involucra a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y un hombre muy cercano al presidente Javier Milei. En uno de los procedimientos le secuestraron 200.000 dólares a uno de los dueños de la Droguería Suizo Argentina.

La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi, cobró impulso tras la difusión de audios que comprometen a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbinelli. En esos registros también se menciona a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial y hombre clave en el armado político del oficialismo.

Durante los operativos, que fueron realizados por fuerzas federales, se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación e información relevante para la causa.

No obstante, quedó pendiente la requisa de los teléfonos celulares, ya que Spagnuolo no fue localizado en su domicilio al momento del allanamiento.

Los allanamientos alcanzaron la sede de la ANDIS, la Droguería Suizo Argentina y una docena de domicilios particulares vinculados a los imputados, entre ellos tres pertenecientes a integrantes de la familia Kovalivker, propietaria de la firma farmacéutica.

Así, en la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker se secuestraron unos 200.000 dólares en distintos sobres, y el celular del empresario.

Los procedimientos no eran con orden de detención, sino para obtener material para avanzar en la investigación que se inició ayer por una denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón que pidió que el caso se investigue por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de ética pública y una posible asociación ilícita.

Spagnuolo es amigo de Milei y fue su abogado antes de que asumiera como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos.

En los audios, el ahora exfuncionario reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El Gobierno nacional echó a Spagnuolo pero no hizo referencias a las acusaciones de sobornos ni negó la veracidad de los audios. (DIB) MM

Tres integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron desafectados e imputados acusados de coimear a una persona cuando circulaba por la autopista Panamericana a la altura de la localidad de General Pacheco, partido de Tigre.

De hecho, la coima fue pagada mediante la aplicación Mercado Pago, lo que permitió constatar el delito.

El hecho se registró el sábado cerca de las 9.30 a la altura del kilómetro 33.700 de la Autopista del Sol, a metros del peaje de la calle Henry Ford, en General Pacheco.

Allí se realizaba un operativo para preventivo al que estaban destinados un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la Policía bonaerense. En el marco de ese operativo, los efectivos detuvieron a un automovilista, a quien le solicitaron tres mil pesos para dejarlo seguir camino.

El hombre transfirió el dinero a través de la aplicación de Mercado Pago a uno de los oficiales, quedando constancia de su nombre, CUIL y código de la operación.

La víctima era conocido de la diputada nacional Agustina Propato, esposa del ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, quien recibió en su teléfono celular la denuncia del hombre. "Hola, compañera Agustina. Sé que no estás para estas cosas. Mirá, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de Policía Bonaerense. No es mi costumbre 'chapear' y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio, estoy a disposición de él", decía el mensaje, según indicaron las fuentes a la agencia Télam. La Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó conocimiento del hecho cerca de la 1.30 de la madrugada del domingo y rápidamente la auditoria María Martínez ordenó la desafectación de los tres implicados. En tanto, la fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, imputó a los tres policías por el delito de "exacciones ilegales", que según el Código Penal prevé una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a seis años. "Se desconoce si el denunciante fue amenazado, coaccionado, o si intervinieron los tres efectivos imputados o solamente el titular de la cuenta. Las circunstancias del hecho no están claras porque el damnificado aún no se presentó en la justicia. Se lo citó para mañana a primera hora para poder obtener más detalles", señaló a la agencia estatal una fuente judicial. La fiscal Toso ya solicitó el libro de guardia, la constancia de Mercado Pago de la transferencia realizada y se les secuestró el teléfono celular a los tres policías.