En el marco de la causa AFA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó un hangar ubicado en el aeropuerto de San Fernando con el objetivo de identificar a los pasajeros de al menos 60 vuelos realizados en helicóptero hacia una mansión situada en Pilar. La medida se enmarca en una investigación judicial vinculada a presunto lavado de dinero.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y apunta a reconstruir los movimientos de una aeronave perteneciente a la empresa Flyzar, que realizó traslados hacia un helipuerto privado denominado “Neurus”, cercano a una quinta ubicada en la localidad de Villa Rosa.

Según consta en la causa, que intenta determinar si el inmueble tiene vinculación con Pablo Toviggino, dirigente de la AFA, los pilotos que operaban los vuelos declararon ante la Justicia que no contaban con información sobre la identidad de los pasajeros transportados. En ese contexto, uno de los aviadores afirmó: “A mí nunca me dijeron ni a quién llevaba ni a quién traía. La empresa me avisaba del vuelo para tal día y hora y nada más”.

De acuerdo a fuentes judiciales, el foco del allanamiento estuvo puesto en la documentación que permita establecer quiénes utilizaron los helicópteros en esos traslados. En ese sentido, la investigación remarca que en el caso de helipuertos privados, la responsabilidad de llevar los registros de pasajeros recae en los administradores de esas instalaciones.

La causa es investigada actualmente por el Juzgado Federal de Campana, luego de haber pasado por el juzgado a cargo de Marcelo Aguinsky. En esta nueva etapa, se espera que la empresa Flyzar entregue documentación clave, cuyo análisis podría resultar determinante para avanzar en la identificación de los ocupantes de los vuelos.

La mansión hacia la que se dirigían los helicópteros figura legalmente a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Ambos quedaron bajo análisis judicial debido a que, según la investigación, no contarían con capacidad económica declarada suficiente para la adquisición del inmueble.

En el expediente también se incorporaron declaraciones en las que los pilotos negaron conocer al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, así como al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

En el marco de la causa por presunto lavado de dinero, los investigadores detectaron además el uso de una tarjeta corporativa de la AFA con gastos mensuales de alrededor de 50 millones de pesos, que incluían el pago de peajes de vehículos utilizados por personas vinculadas familiarmente al tesorero de la entidad.

La investigación continúa en etapa de recolección de prueba documental y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días. 

La investigación por presunto lavado de activos en una mansión de Villa Rosa, en Pilar, incorporó nuevas medidas judiciales y abrió interrogantes sobre eventuales vínculos con miembros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), luego de que durante los allanamientos se encontrara un bolso con el nombre del tesorero Pablo Toviggino.

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky avanzó esta semana en el expediente, que incluye el secuestro de una flota de más de 50 vehículos de alta gama hallados en el predio. El caso se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y derivó en sospechas sobre un entramado patrimonial que ahora es objeto de análisis.

La propiedad, ubicada en un predio de 100 mil metros cuadrados y registrada a nombre de la firma Real Central SRL, cuyos titulares son Luciano Nicolás Pantano y su madre Ana Lucía Conte, fue allanada inicialmente por orden del juez federal Daniel Rafecas.

Allí se detectó un galpón con autos deportivos, motos de alta cilindrada y kartings, que fueron secuestrados para ser tasados.

Rafecas dispuso además la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país de Pantano y Conte ante la sospecha de que los activos no guardaban relación con su capacidad económica declarada.

La causa atravesó luego un conflicto de competencia. Tras declararse incompetente, Rafecas remitió el expediente al fuero Penal Económico, pero el juzgado sorteado rechazó su intervención. La Cámara Federal porteña resolvió que la pesquisa debía continuar en ese fuero debido al componente económico-financiero del presunto lavado. Con el expediente bajo su órbita, Aguinsky ordenó nuevas diligencias.

Uno de los elementos que cobró relevancia para el magistrado fue el hallazgo del bolso con el nombre de Toviggino, considerado un hombre cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Esa pieza, junto a otros indicios analizados, alimentó sospechas sobre posibles nexos con el predio o con los bienes asegurados, aunque no existen imputaciones formales contra dirigentes. La Justicia tuvo en cuenta que el tesorero está mencionado en la denuncia original.

Aguinsky también dispuso profundizar la investigación sobre el helipuerto construido dentro de la mansión. Solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) los registros de vuelos y pilotos que pudieron haber operado allí, medida que podría resultar clave para establecer quiénes usaban el predio y con qué frecuencia.

La nueva etapa incluye pedidos de informes sobre los titulares de las pólizas de seguro de los vehículos secuestrados, la identificación de responsables de las cédulas azules, el análisis de movimientos satelitales y de TelePase, y relevamientos de las conexiones de telefonía e internet asociadas al inmueble. El objetivo es reconstruir el circuito patrimonial y financiero detrás de Real Central SRL y de la flota de autos, considerada desproporcionada respecto de los ingresos declarados.

En paralelo, continúan los peritajes sobre los más de 50 vehículos incautados, señalados como uno de los secuestros de mayor magnitud en causas de lavado recientes. Las medidas complejizan el expediente y elevan la expectativa en torno a los posibles nexos entre Pantano, Conte y referentes de la conducción del fútbol argentino.