El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que a partir de enero de 2026 se eliminarán los subsidios energéticos para los usuarios que residan en barrios cerrados, una decisión que forma parte de la revisión de los criterios de asignación de la ayuda estatal.

El anuncio fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa.

Allí, el funcionario precisó que los sectores de menores ingresos continuarán recibiendo el subsidio, aunque recordó que será obligatorio inscribirse en el padrón de tarifa social tanto para acceder al beneficio como para conservarlo en el caso de quienes ya lo perciben.

La quita del subsidio alcanzará a 79.500 usuarios, distribuidos en 66.900 viviendas del Gran Buenos Aires y 12.600 en el interior de la provincia. La iniciativa busca optimizar los criterios de inclusión y exclusión del esquema de subsidios y adecuarlos a los cambios que proyecta implementar el Gobierno.

Hasta el momento, el sistema de segmentación contemplaba tres grupos: usuarios de altos ingresos, con ingresos superiores a 3,5 canastas básicas, sin subsidios; hogares de bajos ingresos, con ingresos inferiores a una canasta básica total, que recibían subsidios de hasta el 65% sobre el consumo mensual; y usuarios de ingresos medios, entre 1 y 3,5 canastas básicas, con subsidios parciales.

Con la nueva reestructuración, el esquema se reducirá a dos categorías. Por un lado, los “hogares con subsidio”, que incluirán viviendas con ingresos menores a tres canastas básicas, con niveles de asistencia diferenciados según la época del año. Por otro, los “hogares sin subsidio”, correspondientes a los sectores de mayores ingresos, que dejarán de recibir apoyo estatal en el servicio energético.

La quita de  subsidios al gas y la luz alcanza a más de 170 countries y barrios cerrados de Pilar.

Entre ellos aparecen Mayling, Tortugas, Mapuche, Highland, Boca Ratón, y Lagartos C.C., solo para mencionar un puñado, consideradas áreas de alto poder adquisitivo (VER LISTA COMPLETA AL PIE DE LA NOTA)

La medida quedó establecida mediante la Disposición 1/2025 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este en el Boletín Oficial.

La normativa apunta a usuarios que figuraban con ingresos bajos (N2) y medios (N3), pero que residen en áreas geográficas con capacidad económica elevada. Según los datos oficiales, el 44% se había registrado como de bajos ingresos y el 56% como ingresos medios, pese a vivir en urbanizaciones exclusivas.

“El análisis realizado evidencia que numerosos usuarios clasificados como N2 y N3 habitan zonas con alto nivel socioeconómico, lo que indica una evidente capacidad contributiva”, expresa el texto oficial.

La identificación de los casos alcanzados se realizó con herramientas de análisis espacial y sistemas de información geográfica (GIS), cruzando datos provistos por organismos como ARBA y el OPISU.

De este modo, se determinó que 15.518 inmuebles deberán pagar las tarifas plenas correspondientes al segmento de mayores ingresos.

A partir de ahora, estos hogares quedarán excluidos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Sin embargo, aquellos que consideren errónea la recategorización podrán iniciar una revisión individual mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), completando una declaración jurada con pruebas que justifiquen su permanencia en el esquema de subsidios.

El listado completo de los countries y barrios cerrados que pierden el subsidio

Oficializan la quita de subsidios energéticos en countries y barrios privados de Pilar by Pilar de Todos

El Gobierno nacional formalizó la quita de subsidios energéticos para más de 15.000 hogares ubicados en zonas de alto poder adquisitivo, entre ellos Puerto Madero y unos 400 barrios privados del conurbano bonaerense, incluidos decenas de Pilar.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 1/2025 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada este en el Boletín Oficial.

La normativa apunta a usuarios que figuraban con ingresos bajos (N2) y medios (N3), pero que residen en áreas geográficas con capacidad económica elevada. Según los datos oficiales, el 44% se había registrado como de bajos ingresos y el 56% como ingresos medios, pese a vivir en urbanizaciones exclusivas.

“El análisis realizado evidencia que numerosos usuarios clasificados como N2 y N3 habitan zonas con alto nivel socioeconómico, lo que indica una evidente capacidad contributiva”, expresa el texto oficial.

La identificación de los casos alcanzados se realizó con herramientas de análisis espacial y sistemas de información geográfica (GIS), cruzando datos provistos por organismos como ARBA y el OPISU.

De este modo, se determinó que 15.518 inmuebles deberán pagar las tarifas plenas correspondientes al segmento de mayores ingresos.

A partir de ahora, estos hogares quedarán excluidos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Sin embargo, aquellos que consideren errónea la recategorización podrán iniciar una revisión individual mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), completando una declaración jurada con pruebas que justifiquen su permanencia en el esquema de subsidios.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida al señalar que representa un ahorro fiscal anual superior a los 3.000 millones de pesos.

El listado completo de los countries y barrios cerrados que pierden el subsidio

Oficializan la quita de subsidios energéticos en countries y barrios privados de Pilar by Pilar de Todos

La distribuidora de electricidad Edenor inició una causa penal por robo de energía en un barrio cerrado de Tigre.

El cliente estaba suspendido por una deuda de más de $1.400.000 pero seguía utilizando la electricidad a través de una conexión clandestina.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, durante un operativo de rutina por una desconexión por falta de pago, en una unidad funcional de un barrio cerrado de Tigre, Edenor detectó un fraude reiterado con una conexión directa subterránea.

La cuadrilla técnica que se acercó hasta el lugar para realizar la verificación de la suspensión del suministro, informó que había una conexión clandestina.

Se realizo el acta correspondiente con presencia policial y se inició una causa penal por robo de energía con motivo de la manipulación de la red eléctrica.

El cliente que ya estaba suspendido debido a una deuda por facturas impagas, se reconecto en dos ocasiones mediante una conexión clandestina que fue realizada desde una caja toma hasta el medidor, para evitar que sea detectada fácilmente.

"Se pudo determinar que el cliente manipuló en dos oportunidades las instalaciones eléctricas para reconectarse sin abonar la deuda. Así repitió la misma metodología que había utilizado con anterioridad", señaló la empresa.

El robo de energía es un delito de acción pública y tiene penas de hasta 6 años de prisión y multas del 40% de la deuda más gastos de recupero de energía, verificación, impuestos y contribuciones.

Edenor remarcó que "además del fraude y del robo de energía se ponen en juego la seguridad de quien manipula las instalaciones eléctricas".

"Las conexiones clandestinas, al no contar con las medidas de seguridad que corresponden, afectan la calidad del servicio de todos los habitantes del barrio", concluyó.

NA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) continúa con los controles en barrios cerrados y countries, con el objetivo de identificar construcciones sin declarar.

Es que los metros cuadrados que no son informados a la agencia no tributan como corresponde ante el fisco, lo que se traduce en menos recursos.

Los operativos se vienen llevando a cabo en sectores de alto poder adquisitivo, explicaron desde el organismo. A mediados del año pasado, ARBA había detectado en todo la provincia de Buenos Aires casi 5 millones de metros cuadrados sin declarar, lo que en su momento equivalía a una evasión de 2 mil millones de pesos.

Del total de casi 500 urbanizaciones cerradas que se encuentran en la provincia, casi la mitad, 242, se ubican en Pilar.

“Hemos identificado a sectores con verdadera capacidad contributiva que estaban eludiendo sus obligaciones. Los estamos notificando para que regularicen su situación, permitiendo que el Estado cuente con recursos genuinos que luego se invierten en políticas públicas y en asistencia a los sectores más vulnerables”, dijo el titular de ARBA, Cristian Girard.

“Estas acciones responden a un mandato claro de (el gobernador) Axel Kicillof: recaudar de manera progresiva, para construir una provincia más justa. Los recursos que recuperamos de quienes eluden sus obligaciones se invierten en políticas públicas que buscan el bienestar de todas y todos los bonaerenses”, añadió el funcionario.

Irregularidades

En el marco de los controles que se extienden a toda la Provincia, ARBA identificó más de 100 mil metros cuadrados de construcciones sin declarar en la localidad de Olavarría. Entre las irregularidades detectadas, sobresale que más de la mitad de las viviendas construidas en un exclusivo country tributaban como terrenos baldíos, con un total de 10.100 metros cuadrados distribuidos en 42 casas. Además, se descubrió que una concesionaria de vehículos de alta gama tampoco estaba registrada en el catastro provincial.

A su vez, el operativo permitió detectar irregularidades en otras cien partidas que figuraban como baldíos, pero en realidad contenían edificaciones, tales como edificios en altura, galpones, supermercados, hoteles y viviendas.

En todos los casos, ARBA notificó a las y los propietarios, exigiendo que regularicen su situación.

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires amplió una resolución que solo alcanzaba al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para que todos los barrios cerrados y clubes de campo de los distritos bonaerenses realicen la separación de los residuos.

“Trabajamos junto a los municipios para mejorar sus sistemas de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Por eso, elaboramos una resolución que amplía las obligaciones de separación y tratamiento a todos los Barrios Cerrados y Clubes de Campo de la Provincia”, indicaron desde la cartera que dirige Daniela Vilar.

“Anteriormente, esta obligación abarcaba sólo al AMBA. Así, igualamos las condiciones para hacer valer el esfuerzo de cada gobierno local y sus vecinos en la gestión integral de residuos y disminuimos el volumen de residuos que terminan en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto”, expresaron.

Se trata de una política que, según comunicaron, reduce el daño ambiental, disminuye costos y mejora la calidad de vida de los ciudadanos bonaerenses fortaleciendo al circuito de la Economía Circular.

En el territorio de la provincia de Buenos Aires hay actualmente unas 1.000 urbanizaciones cerradas, y hasta ahora, solo el 10% tenía como obligación separar y tratar correctamente los residuos.

Las obligaciones de separación y tratamiento de RSU alcanza a las siguientes categorías:

Secos reciclables;

Poda;

Construcción y demolición;

Residuos de aparatos eléctricos electrónicos (RAEE).

Con la ampliación de la resolución, los habitantes de barrios cerrados y clubes de campo deberán:

Separar y tratar sus residuos;

Priorizar que el tratamiento de los residuos secos reciclables sea realizado por cooperativas de recuperadores urbanos;

Tratar sus RAEE si la urbanización cuenta con las de 200 viviendas;

Extender la vigencia de los planes de Gestión a dos años.

Desde la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular se promueve la creación de los Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) con inclusión social. Es decir, desde las etapas de separación en origen, la recolección diferenciada y la valorización de los residuos en los municipios.

De esta manera se acompaña y se realiza el asesoramiento técnico correspondiente para establecer estrategias de recolección diferenciada en función de los diagnósticos y normativas alcanzadas.

Para más información, el Ministerio de Ambiente bonaerense ofrece una guía para la implementación de la gestión integral de residuos que puede descargarse en este link: Guía Gestión de Residuos. (DIB) ACR

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) lanzará en los próximos días una serie de operativos en varios distritos bonaerenses con el objeto de detectar construcciones clandestinas.

En concreto se trata de inspecciones que se llevarán a cabo en Comunas en donde se encuentran la mayor cantidad de countries y barrios cerrados, entre ellos Pilar, para determinar qué cantidad de construcciones no están declaradas y por ende no pagan al fisco lo que corresponden.

Días atrás ARBA posó la lupa en los dueños de embarcaciones que estaban en rojo con ARBA, a quienes intimará para que salden sus deudas.

“Recuperar deuda de los sectores más ricos es fundamental. Para ponerlo en dimensión que, por ejemplo, para suplir los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente que el gobierno de (Javier) Milei no transfirió, el gobernador Axel Kicillof resolvió pagar $8.500 millones con ingresos propios de la provincia de Buenos Aires, y la deuda que desde ARBA reclamamos a los dueños de embarcaciones deportivas supera los $10.000 millones. Por eso es más importante que nunca reforzar este tipo de acciones”, afirmó el titular de ARBA, Cristian Girard.

“Vamos a ser realmente intransigentes con estos sectores. Esta estrategia de incumplimiento tributario de aquellos sectores de mayor capacidad económica es injusta y perjudica a los contribuyentes que sí se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones. Además, priva a la Provincia de recursos esenciales, lo cual es gravísimo, sobre todo en el contexto de ajuste y eliminación de partidas a los distritos provinciales que está llevando adelante el gobierno nacional”, añadió Girard.

A mediados del año pasado, ARBA había detectado en todo la provincia de Buenos Aires casi 5 millones de metros cuadrados sin declarar, lo que en su momento equivalía a una evasión de 2 mil millones de pesos.

Del total de casi 500 urbanizaciones cerradas que se encuentran en la provincia, casi la mitad, 242, se ubican en Pilar.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, consideró que algunos desarrolladores de countries y barrios cerrados “no asumen que el pago de impuestos es su ecuación de negocios y los trasladan a los compradores a través de las expensas” y aclaró que el organismo impulsa desde 2022 medidas tendientes a regularizar la situación de esas viviendas.

Los dichos de Girard se dieron luego que un grupo de vecinos de Pilar se quejara por el monto de los tributos que les cobran en las expensas los desarrolladores inmobiliarios, quienes a su vez culparon de eso a los incrementos impositivos dispuestos por la provincia. Sin embargo, desde ARBA adujeron que aún no se emitieron las boletas del Impuesto Inmobiliario y apuntaron a los desarrolladores por no hacer a tiempo la subdivisión de las casas ubicadas en barrios.

“Al no estar terminada la subdivisión de los terrenos, no sabemos qué les están cobrando los desarrolladores”, indicaron desde el organismo recaudador.

En ese sentido, Girard puso de relieve que durante la actual gestión crecieron los trámites de escrituración dado que en 2022 se modificó la normativa, por lo que se permitió subdividir con deuda impositiva.

LEE MÁS: Countries: propietarios de casas denuncian “abusos” de ARBA en el cobro de impuestos

En un hilo publicado en la red social X, el funcionario respondió al planteo de un grupo de propietarios de viviendas ubicadas en countries de Pilar sobre “abusos” por parte de la Agencia en el cobro de impuestos que ellos pagan dentro de las expensas y afirmó que “desde ARBA instrumentamos una serie de medidas para agilizar los trámites vinculados a la responsabilidad tributaria de la vivienda y a facilitar el acceso las escrituras”.

En ese sentido, sostuvo: “Habilitamos la subdivisión de parcelas con deudas preexistentes del Inmobiliario Básico, permitimos que escribanos tramiten la actualización de la responsabilidad tributaria y reglamentamos la desvinculación retroactiva con la sola presentación del boleto de compraventa”.

“Así, atendimos la necesidad de miles de habitantes de nuevos desarrollos inmobiliarios, barrios cerrados, countries y clubes de campos que fueron perjudicados por la adquisición de su vivienda con figuras legales que luego les generaron diversos inconvenientes”, destacó. La Agencia aclaró que el problema en muchos casos radica en que el desarrollador del emprendimiento no inicia el trámite para poder escriturar y les cobra a los propietarios el Inmobiliario en las expensas.

Girard sostuvo que “los trámites de escrituración en desarrollos urbanos crecieron un 16% y los trámites de subdivisión de parcelas un 13%” y contó que “los trámites de desvinculación y vinculación tributaria crecieron un 1.000% en promedio” al considerar que se trata de “un avance inédito en pos de solucionar problemas estructurales de años, que muchas veces se ven agravados por incumplimientos de algunos desarrolladores, que no asumen el pago de impuestos es su ecuación de negocios y los trasladan a los compradores a través de las expensas”.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó en los últimos años más de 4,8 millones de metros construidos sin declarar en countries y barrios cerrados de todo el territorio bonaerense.

Se trata de datos obtenidos luego de un rastreo que incluyó a todas las urbanizaciones de ese tipo en territorio bonaerense, 499 en total, de las cuales 242 pertenecen a Pilar.

El organismo a cargo de Cristian Girard inició en enero de 2020, es decir al comienzo de la gestión del gobernador Axel Kicillof, un rastrillaje por este tipo de urbanizaciones. Un total de 1.245 repartidos en 52 localidades de la Provincia.

De este modo, ARBA pudo detectar y regularizar 4.870.818 m2 que estaban sin declararse ante el fisco, número que no solo incluye a las viviendas sino también a las piletas.

De acuerdo a un informe difundido por el portal El Destape, Pilar encabeza el ránking en dónde más countries, barrios cerrados y clubes de campo hay, 242, seguida por Tigre (127), Escobar (96), La Plata (91), Luján (53), Ezeiza y Esteban Echeverría (con 40 barrios en cada distrito), Berazategui (31), General Pueyrredón (16), y La Costa (10).

Las urbanizaciones restantes, 499, se encuentran en otras 42 localidades.

“Actualmente 7 de cada 10 notificaciones son convalidadas”, expresaron a El Destape fuentes de ARBA.

El resto de los infractores, un 30%, no reconoce la irregularidad por lo que ARBA inicia los procesos de intimación de actualización de oficio.

“El primer paso de los operativos es a través de fiscalización satelital, que tiene un margen de error de un metro. Luego, los y las agente van presencialmente y hacen un reconocimiento visual en el campo, y después se envía la notificación”, explicaron desde ARBA.

El subsecretario de inspección laboral del Ministerio de Trabajo bonaerense, Emiliano Ré, informó que 11 barrios privados fueron intimados para que informen quiénes ingresan a trabajar a los domicilios particulares.

El funcionario explicó que en el marco de los controles que vienen realizando en estos sectores, se conoció el caso de una mujer de 23 años que fue tratada como esclava en un country de Béccar.

“Esta situación que acaba de ocurrir se dio en el marco de acciones de inspección que venimos haciendo en los barrios cerrados. Lo que tratamos de hacer es intimar a la administración de los countrys, porque hay una dificultad para entrar a las casas para corroborar si hay trabajadoras y en qué condiciones.”, puntualizó.

“Los barrios cerrados tienen registros de ingresos a los cuales podemos acceder por nuestras facultades. Estimamos que hay un alto índice de no registración en estos lugares en relación al personal doméstico”, expuso en declaraciones a Radio Provincia.

De los once barios intimados, Ré reveló: “hasta ahora 4 entregaron información, trabajamos articuladamente con AFIP y luego vamos a entrar en una segunda instancia para intimar a cada titular para que regularice a las trabajadoras”, reprodujo Infogei.

“No vamos a publicar quiénes ingresan, sino a verificar que las trabajadoras estén en condiciones de regularidad. La inspección tiene facultad de requerir toda la información que le permita ejercer su función de contralor”, aclaró el funcionario.

Este tipo de controles habían sido lanzados el año pasado, donde fueron inspeccionadas varias urbanizaciones de la región, incluida Pilar.

El gobierno nacional avance con el plan de quitarles los subsidios a la energía eléctrica a los usuarios de mayor poder adquisitivo.

En ese contexto, además del 20% de suba generalizada en la boleta de la luz que recibirán todos los usuarios en los próximos meses, quienes residen en countries y barrios cerrados tendrán un impacto mucho mayor.

De acuerdo a un trabajo realizado por el ENRE, en una primeras etapa, se identificaron a unos 500.000 clientes de toda el AMBA (donde operan EDENOR y EDESUR) susceptibles de no recibir más subsidios, habida cuenta del valor de la tierra en donde viven.

En el caso de CABA esos usuarios, unos 487.000, se encuentran en los barrios de Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto, y una zona de Caballito.

En el conurbano bonaerense, en tanto, se apunta a un total de 67.800 usuarios. Son residentes de barrios abiertos de San Isidro i Vicente López, donde el valor del metro cuadrado es similar alto, además de 466 countries y barrios cerrados.

En el caso de las urbanizaciones, de acuerdo a las áreas delimitadas por el ENRE, la mayoría se concentran en Pilar, Escobar y Tigre.

Según estimaciones del sector, si se quitan los subsidios completos el precio mayorista de la electricidad sube cinco veces (tomando los precios de 2021), lo que representaría un 65% del costo total de la factura de electricidad, al que luego se suman los costos de transporte y distribución.

Además, también se incrementará un 20%, ya que regirá la suba generalizada, por lo que las subas podrían rondar el 100% en el caso de los que pasen a pagar tarifa plana.