La Cámara Federal de San Martín dejó firme una sentencia del Juez Federal de Zárate – Campana, Adrián González Charvay, por lo que la termoeléctrica ex Araucaria no podrá volver a funcionar.

La Sala 2 de la Cámara confirmó la decisión Charvay, que a mediados del año pasado había denegado a la empresa poner en marcha las turbinas en horario diurno.

De acuerdo al fallo de la Cámara, se tuvo en cuenta que la compañía no acreditó contar con todos los requerimientos legales para reactivarse, además de producir ruidos molestos pese a que funcionaba con dos de sus cuatro turbinas, lo que quedó demostrado luego de una serie de operativos de la Municipalidad.

La decisión se dio en el marco de una causa iniciada por la ONG Juvevir, impulsada por la ambientalista Érica Hahn, y el patrocinio de los abogados Fabían Maggi y Gimena Viviani, en la que también trabajó el fallecido letrado Gustavo Madeira.

Además, la Justicia también emplazó a la empresa APR, otra de las termoeléctricas que se había instalado en el límite entre Pilar y Escobar, a que tramite una auditoria ante la cartera ambiental de la provincia de Buenos Aires.

Es que si bien APR ya se retiró del lugar, se apunta a que el predio quede saneado y sin un potencial daño al medio ambiente, sobre todo lo referido a perforaciones y efluentes.

“A más de 6 años de comenzada la causa judicial, se ha ido confirmando la veracidad de todas y cada una de nuestras denuncias, y en particular, ha quedado totalmente acreditado que estas industrias peligrosas no deben y nunca debieron funcionar en donde se encuentran instaladas. Como resultado del intenso trabajo en sede judicial - desplegado por el Dr. Fabián Maggi, la Dra. Gimena Viviani y antes también por nuestro fallecido compañero el Dr. Gustavo Madeira- ya se logró que la empresa APR se retirara en julio de 2022, y que la empresa SCC (ex-Araucaria) sólo pudiera funcionar brevemente y con la mitad de su capacidad. Gracias a ello, los y las vecinas de las localidades de Matheu y Villa Rosa vieron disminuido el gravísimo impacto no sólo de los ruidos y la contaminación sino también del desmesurado consumo de agua del acuífero Puelches por parte de ambas centrales, justamente en tiempos de escasez hídrica y extremos climáticos”, señalaron desde Ambientalistas Autoconvocados.

La empresa termoeléctrica SCC Power (ex Aracucaria) apeló medida judicial que le impide funcionar en Pilar.

La planta, ubicada en Villa Rosa, había recibido una autorización para funcionar por seis meses, tiempo que venció a fines de junio.

Power, por medio de su presidente, Damián Iriarte, pidió seguir inyectando energía al sistema, pero la Justicia Federal denegó ese pedido ya que la firma no había respetado las condiciones de trabajo.

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Es que el Juez Adrián González Charvay, de Zárate – Campana, había impuesto como condición un funcionamiento limitado en cuanto a la cantidad de turbinas que enciende la planta, indicación que apuntaba a evitar la generación de ruidos molestos.

Al intentar renovar la prórroga, la empresa adujo que cumplió con lo solicitado, pero informes del Municipio indicaron que se superaron los ruidos aceptados, en el marco de una serie de controles que allí se hicieron, por lo que Charvay denegó el pedido.

No obstante, la empresa apeló esa medida y ahora será Tribunal de Apelaciones de San Martín el que deberá resolver cómo prosigue la situación.

Agrupaciones ambientalistas le reclamaron a la Justicia que adopte “medidas de fondo” respecto a la radicación de una termoeléctrica en Pilar.

Es que si bien el Juez Federal Adrián González Charvay, de Zárate – Campana, decidió denegarle el permiso a la planta SCC Power para que siga funcionando, ex Araucaria, desde sectores ecológicos temen que esa determinación pueda retrotraerse, como ocurrió a principios de año.

En concreto, Charvay había dejado que la planta, ubicada en Villa Rosa, funcione solo con dos turbinas y en un horario acotado durante seis meses, de enero a junio, ante la alta demanda de energía.

La firma, a días de vencerse ese plazo, pidió una extensión, pero la Justicia se basó en informes de la Comuna que indicaban que se habían generado ruidos molestos, por lo que decidió rechazar el pedido. El Municipio, desde este mes, procedió a clausurar el lugar.

Sin embargo, desde la Organización de Ambientalistas Autoconvocados advirtieron que Charvay “no avanza en las definiciones de fondo”, en el marco de una causa que ellos mismos iniciaron y que busca que la ahora llamada SCC Power sea erradicada del lugar en donde están una espacio rodeado de ámbitos residenciales y comerciales.

Desde Autoconvocados, patrocinados por el abogado Fabián Maggi, indicaron que el fallo de Charvay “invita más a la prudencia que al festejo”, y se quejaron porque tras seis años de presentada la denuncia por parte de la entidad Juvevir, aún no haya una sentencia firme.

“El inicio de la causa se remonta a diciembre de 2017. Por entonces, tras la demanda iniciada por la Asociación Juvevir con el apoyo de nuestra Organización, el Juez Charvay dictó dos medidas cautelares mediante las cuales se clausuraban las obras y el funcionamiento de las Centrales Matheu II (APR) y Matheu III. Por ello, resultó muy sorprendente cuando en enero pasado el Juez habilitó a la empresa a funcionar ‘a prueba’ por 6 meses justo en un contexto de una crisis hídrica sin precedentes, manifestado en un pronunciado y generalizado descenso de las napas que obligó a cientos de vecinos y vecinas de Pilar y Escobar a tener que realizar nuevas perforaciones”, advirtieron.

“Si bien celebramos que en esta ocasión el Juez Charvay haya rechazado el pedido de la empresa para extender su funcionamiento a prueba por 6 meses, llama profundamente la atención que al hacerlo no haya realizado ninguna mención al gravísimo problema del consumo de agua. Tampoco se expidió acerca de nuestro pedido de abrir la etapa probatoria en la causa, lo cual permitiría demostrar de modo definitivo la incompatibilidad ambiental de la empresa y lograr su definitiva erradicación. Adicionalmente, su decisión desfavorable a la empresa coincide con el inicio del período pico de consumo invernal, cuya demanda resulta similar a la de verano como demuestran las series publicadas por CAMMESA. Lo cual muestra, tal como sostuvimos oportunamente, que la emergencia eléctrica alegada no resultaba fundada”, añadieron por medio de un comunicado.

Por último, Autoconvocados señaló que seguirán buscando el objetivo de lograr la erradicación de SCC Power, así como ocurrió en su momento con APR Energy, otra termoeléctrica que había funcionado en el lugar.

Finalmente el Juzgado Federal de Campana rechazó el pedido de la Termoeléctrica SSC Power Energy – ex Araucaria – para que pueda seguir funcionando de manera provisoria por otros seis meses en Pilar.

Así lo resolvió el Juez Adrián González Charvay este jueves, ante el inminente vencimiento de la autorización provisoria impuesto para este 30 de junio.

La firma había solicitado un nuevo periodo de seis meses y además que se les permita el encendido de una tercera turbina.

“Resuelvo No hacer lugar a las solicitudes presentadas por la empresa SSC Power Argentina S.A – anteriormente Araucaria – respecto al mantenimiento de la modificación de la medida cautelar dictada el 23/1/23, renovándose por un plazo de seis meses y/u otro que considere apropiado y en relación a la autorización para la operación simultánea de tres turbinas”, señala el fallo.

En la solicitud, la empresa había alegado que “nunca” violó los horarios ni generó ruidos molestos, lo que fue fuertemente rechazado por los vecinos y hasta constatado por inspectores del Municipio de Pilar.

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En ese contexto, fue clave un informe de la Secretaría de Control y del Cuerpo de Inspectores de la Comuna para la resolución que este jueves tomó la Justicia.

“Especial relevancia adquiere el informe elaborado por la Municipalidad de Pilar. Así, expresa que: ´no es cierta la afirmación realizada por la empresa SSC POWER S.A. respecto a que no ha producido ruidos molestos durante su funcionamiento, ya que como surge de las actas en más de una oportunidad ha superado los decibeles permitidos por la normativa vigente”, dice el escrito del Juzgado de Campana en relación al informe que elevó el Municipio.

Y agrega que “la empresa aun pasando por encima de la autoridad judicial quien excepcionalmente autorizó el funcionamiento en un horario determinado, superó dichas restricciones poniendo por encima del interés público su propio interés económico”.

Finalmente sostiene que la Comuna “considera al ambiente sano como un derecho humano básico, y a la normativa que lo regula como de cumplimiento obligatorio, y por ello entendemos que pretender evadir la normativa y las reglamentaciones ambientales mediante pedidos sucesivos de prorroga importa utilizar la excepción como medio de evitar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa”.

En tanto, la Justicia concluyó que “al día de la fecha la Central Matheu III operada por SSC Power Argentina S.A. no cuenta con los permisos y autorizaciones pertinentes por parte de los organismos que correspondan para el funcionamiento de la misma, en cualquiera de sus modalidades”. 

Cabe destacar que el pedido de la empresa para continuar con su funcionamiento fue fuertemente rechazado por vecinos y diferentes asociaciones vecinales dedicadas a la defensa del medio ambiente quienes bregan por “la prohibición de toda actividad de esa Central Termoeléctrica en esa zona no apta para tal fin”.

Vecinos de la localidad de Villa Rosa vuelven a encender las alarmas ante un nuevo pedido por parte de la empresa termoeléctrica que aún permanece en el distrito para seguir funcionando.

Se trata de la firma SSC Power Argentina -ex Aracucaria-, industria que buscará que la Justicia renueve la autorización para operar durante una determinada cantidad de horas y con limitaciones, permiso que se le otorgó por un plazo de seis meses y que vence a fines de este mes de junio.

La Justicia había impuesto como condición un funcionamiento limitado en cuanto a la cantidad de turbinas que enciende, indicación que apuntaba a evitar la generación de ruidos molestos.

SSC Power busca que se renueve esa autorización por otros seis meses, lo que generó la preocupación de los habitantes de la zona, fervientes opositores a la instalación de las termoeléctricas.

En la solicitud, la firma alegó que “nunca” violó los horarios ni generó ruidos molestos, lo que fue fuertemente rechazado por los vecinos y hasta constatado por inspectores del Municipio de Pilar.

Tras el pedido, la Justicia dio intervención al Municipio desde donde elevaron un contundente informe sobre el funcionamiento de las usinas.

En un escrito al que tuvo acceso Pilar de Todos, la Subsecretaría de Control y el Cuerpo de inspectores de la Comuna expresó que “el criterio que eleva la empresa no es cierta”.

“No es cierta la afirmación realizada por la empresa SSC Power respecto a que no ha generado ruidos, ya que como surge de las actas en más de una oportunidad ha superado los decibeles permitidos por la normativa vigente”, dice el informe y agrega que también se constató que la planta realizó trabajos en “horarios no autorizados”.

Ante dichas anomalías, el Municipio expresó que “considera al ambiente sano como un derecho humano básico y a la normativa que lo regula como de cumplimiento obligatorio”, y rechazó los sucesivos pedidos de prórroga por parte de la firma para poder seguir funcionando sin ajustarse a las normas.

“Entendemos que pretender evadir la normativa y las reglamentaciones ambientales mediante pedidos sucesivos de prórroga, apunta a utilizar la excepción como medio para de evitar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa”, cierra el escrito.

Desde organizaciones vecinales y ambientalistas rechazaron que la firma siga continuando, como el caso de 1810 Vecinos Unidos por Pilar, donde incluso se mostraron confiados en que la Justicia no le otorgue a la empresa una prórroga.

“Tengo que decir que el intendente Federico Achával) tomó un compromiso y lo está cumpliendo. En su momento la clausuró y esta es una contestación contundente”, expuso Raúl Regis, de 1810.

La Justicia Federal le negó a la empresa Araucaria, operadora de la termoeléctrica de Villa Rosa.

La firma había pedido poder encender dos turbinas, tras estar parada desde 2017 por no tener permisos municipales ni provinciales.

Así, la empresa buscaba inyectar energía al sistema nacional, al poner en funcionamiento al menos dos motores, pedido que se formalizó a fines de agosto ante el Juez Federal de Zárate - Campana, Adrián González Charvay.

Sin embargo, Charvay denegó la medida y dejó firme la cautelar que obligaba a esa firma y a APR, ya desmantelada, a segur sin funcionar.

Para Charvay, la solicitud de Araucaria “no hace más que evidenciar -de una manera solapada- la reedición de cuestiones que ya han sido tratadas por el suscripto, circunscribiéndose a la falta de los permisos por parte de los organismos que correspondan para el funcionamiento de la central operada por Araucaria S.A., en cualquiera de sus modalidades”.

APR, que ya dejó de estar instalada en Pilar, y Araucaria, desembarcaron en el distrito en 2016, luego de un polémico cambio de zonificación que avaló el oficialismo del Concejo Deliberante en aquel entonces, cuando el gobierno lo encabezaba Nicolás Ducoté.

Los vecinos siempre se opusieron a las plantas, y de hecho el reclamo es ahora que se modifique el Código de Ordenamiento Territorial, también creado durante la gestión de Cambiemos, para que las tierras de esa zona vuelvan a ser residenciales o complementarias club de campo, y así evitar la llegada de nuevas industrias.

Continúa el desmantelamiento de unas polémicas termoeléctricas en el predio ubicado entre las localidades de Villa Rosa y Matheu.

Se trata de la firma APR Energy, donde desde hace unas semanas vecinos advirtieron movimientos con grúas y camiones que comenzaron a trasladar grandes equipos y maquinaria perteneciente a la empresa.

Si bien aún no cuentan con la confirmación oficial, señalan que la empresa se está retirando del lugar. En los últimos días, se advirtió un incesante paso de camiones de gran porte cargados con conteiners y estructuras.

Desde la Organización Ambientalistas Autoconvocados contra la Contaminación Ambiental celebraron lo que sucede y lo calificaron como «un gran logro colectivo» ya que desde la entidad llevaron adelante una fuerte oposición y lucha para evitar que las termoeléctricas comenzaran a funcionar.

«Comenzamos con las advertencias al municipio que esa no era zonificación apta para empresas de categoría III (...) realizamos actuaciones a nivel municipal, provincial y nacional», recordaron desde la Organización al tiempo que reclamaron que la otra firma - Araucaria - también se retire del distrito.

Además volvieron a sostener que ambos proyectos (APR y Araucaria) estaba signado por «irregularidades e ilegalidad» y adujeron que su instalación se produjo debido a «un gobierno de turno (por el de Cambiemos) con un negociado plagado de mentiras».

La Organización además recordó la figura del abogado que impulsó las presentaciones ante la Justicia, Gustavo Madeira, quien falleció.

«Con Gustavo Madeira y Sofia Martin Müller, despertamos dos pueblos y les enseñamos a luchar por sus derechos», consideró Erica Hahn, integrante de la Organización.

Por ultimo Hahn sostuvo que han solicitado que «que se verifique que APR se vaya como debe, cumpliendo con todos los requisitos ambientales de remediación y recomposición del predio que ocupó».

La Justicia Federal volvió a imponer una medida cautelar, que había suspendido transitoriamente, por lo que se ordena  nuevamente el cese total de actividades en una de las polémicas termoeléctricas de Pilar.

La suspensión transitoria de la cautelar le permitía a la firma Araucaria, ubicada en Villa Rosa, avanzar con labores de mitigación de sonido, siempre con el objeto de volver a funcionar.

Sin embargo, la empresa, de acuerdo a una resolución del Juzgado Federal de Zárate - Campana a la que tuvo acceso Pilar de Todos, incumplió con los tiempos estipulados para realizar esas labores, por lo que vuelve a estar clausurada.

La medida fue festejada por la ONG Organización de Ambientalistas Autoconvocados, desde donde de todos modos esperan que lo mismo ocurra con la otra planta que está en el lugar, APR Energy.

“La Justicia había levantado la cautelar para permitirle hacer obras de mitigación de sonidos, lo que en otras palabras existía la posibilidad de que vuelva a funcionar en el caso de que cumplan con ese requisito. Pero esa mitigación era sobre el sonido, y nada se mencionaba, por ejemplo, de las vibraciones y otros problemas que deberían estar todas incluidas en el estudio de impacto ambiental. Un impacto ambiental que nosotros decimos que debe hacerse en conjunto entre ambas empresas, no por separado”, expuso la referente de Ambientalistas, Érica Hahn, en diálogo con Pilar de Todos.

“Pero al menos lo que tenemos por el momento es que en el caso de Araucaria no podrá funcionar, porque no cumplió con los plazos para hacer esas tareas de mitigación de sonidos. Pidieron, incluso, hacer un paredón de 17 metros, forrado con paneles acústicos, lo que nos parece una locura. Veíamos indicios que nos decían que las empresas iban a poder funcionar, por eso nos sorprendió para bien que no se le permita a Araucaria hacer obras de mitigación, porque hacerlas, y lograr una eventual aprobación, significaría que puede volver a funcionar, algo que nosotros no queremos”, agregó.

Hahn insistió en que el objetivo es que ambas empresas dejen el lugar y sean relocalizadas en áreas industriales, aunque expuso que APR aún tiene permitido hacer obras de mitigación, por lo que no descarta, con malestar, que pueda funcionar.

“Apuntamos a que las termoeléctricas se vayan de esta zona, que era originalmente residencial y no industrial como modificó el Concejo Deliberante. Lo bueno es que por el momento Araucaria no va a funcionar, aunque sí está haciendo obras APR. Vamos a insistir para que se vayan”, cerró la mujer.