La Cámara Federal de San Martín dejó firme una sentencia del Juez Federal de Zárate – Campana, Adrián González Charvay, por lo que la termoeléctrica ex Araucaria no podrá volver a funcionar.

La Sala 2 de la Cámara confirmó la decisión Charvay, que a mediados del año pasado había denegado a la empresa poner en marcha las turbinas en horario diurno.

De acuerdo al fallo de la Cámara, se tuvo en cuenta que la compañía no acreditó contar con todos los requerimientos legales para reactivarse, además de producir ruidos molestos pese a que funcionaba con dos de sus cuatro turbinas, lo que quedó demostrado luego de una serie de operativos de la Municipalidad.

La decisión se dio en el marco de una causa iniciada por la ONG Juvevir, impulsada por la ambientalista Érica Hahn, y el patrocinio de los abogados Fabían Maggi y Gimena Viviani, en la que también trabajó el fallecido letrado Gustavo Madeira.

Además, la Justicia también emplazó a la empresa APR, otra de las termoeléctricas que se había instalado en el límite entre Pilar y Escobar, a que tramite una auditoria ante la cartera ambiental de la provincia de Buenos Aires.

Es que si bien APR ya se retiró del lugar, se apunta a que el predio quede saneado y sin un potencial daño al medio ambiente, sobre todo lo referido a perforaciones y efluentes.

“A más de 6 años de comenzada la causa judicial, se ha ido confirmando la veracidad de todas y cada una de nuestras denuncias, y en particular, ha quedado totalmente acreditado que estas industrias peligrosas no deben y nunca debieron funcionar en donde se encuentran instaladas. Como resultado del intenso trabajo en sede judicial - desplegado por el Dr. Fabián Maggi, la Dra. Gimena Viviani y antes también por nuestro fallecido compañero el Dr. Gustavo Madeira- ya se logró que la empresa APR se retirara en julio de 2022, y que la empresa SCC (ex-Araucaria) sólo pudiera funcionar brevemente y con la mitad de su capacidad. Gracias a ello, los y las vecinas de las localidades de Matheu y Villa Rosa vieron disminuido el gravísimo impacto no sólo de los ruidos y la contaminación sino también del desmesurado consumo de agua del acuífero Puelches por parte de ambas centrales, justamente en tiempos de escasez hídrica y extremos climáticos”, señalaron desde Ambientalistas Autoconvocados.

Ambientalistas presentaron una medida cautelar ante la Justicia para que se frene el desmantelamiento de una de las termoeléctricas ubicada en Villa Rosa.

Se trata de la firma APR, que hace más de un mes comenzó a cerrar la planta, lo que encendió la alarma de los vecinos.

Es que, señalan, la retirada de la firma no se estaría haciendo acorde a los protocolos establecidos en la legislación vigente, por lo que podría haber riesgo de daño ambiental.

En concreto, apuntan a la remoción de enormes tanques de combustible y al sellado de perforaciones de agua que, de no hacerse como corresponde, contaminarían los acuíferos.

La presentación lleva las firmas de Erica Hahn, integrante de la ONG Ambientalistas Unidos, y del abogado especialista en la materia Fabián Maggi.

Maggi y Hahn, en rigor, ya habían reclamado a la firma que explique qué medidas se estaban llevando a cabo para evitar pasivo ambiental, y cuál era el rol de los entes de control.

Los ambientalistas entienden que “de la respuesta dada por APR Energy surge claramente que no cuenta con la aprobación del Plan de Abandono, siendo absolutamente inadmisible los argumentos de falta de reglamentación de la ley 14.343, dado que dicha ley se encuentra reglamentada por la autoridad de aplicación tal como lo prevé en su artículo 8, por ejemplo, en la resolución 95/14 del OPDS que expresamente menciona a la ley 14.343”.

“Es inverosímil el relato de que la auditoria no requiere aprobación, lo mismo sucede con la trascendencia que se le quiere dar a la inadmisible frase del personal del Ministerio de Ambiente que dice que "a simple vista no se observa contaminación" como si ello fuera suficiente para determinarlo, oportuno es recordar la situación impropia que se dio en la etapa de radicación de esta industria entre el ex OPDS y la empresa, que motivó el inició de una causa penal y una medida cautelar en sede civil. Sin perjuicio de ello en la propia documental que acompaña APR se acredita que necesita la autorización del Ministerio de Ambiente para retiro de los tanques de almacenamiento de combustible”, señala el escrito presentado ante la Justicia.

“Vemos ahora que temerariamente APR confiesa que dejará las perforaciones sin recurrir a su adecuado cierre. APR  NO acreditó haber notificado a la ADA (Autoridad del Agua) dicha desafectación, y lo que es más grave aún confiesa que dejará los pozos sin realizar el correspondiente procedimiento de sellado y clausura que evite el ingreso de contaminantes y que impida el uso clandestino (...)”, agregaron.

En ese contexto, reclamaron que se “dicte una medida cautelar donde ordene la suspensión de todo trabajo de desmantelamiento hasta tanto la demandada no presente resolución del Ministerio de Ambiente que autorice las tareas de la fase de abandono”.

“Asimismo ordene una pronta inspección del predio para determinar el estado del mismo y el avance ilegal del desmantelamiento realizado con especial referencia a los tanques de combustibles, cañerías y perforaciones denunciadas.”, finalizaron.

La firma APR Energy confirmó que se retira de Villa Rosa, tras un largo reclamo vecinal.

Los movimientos en el predio comenzaron a hacerse notar semanas atrás, donde se veía a trabajadores desmantelando las instalaciones y camiones trasladando equipos fuera del lugar.

La preocupación de los habitantes de la zona, no obstante, pasa por saber si la retirada de la termoeléctrica se está haciendo acorde a los protocolos vigentes para asegurar que no haya daño ambiental o, en caso de que se haya producido, este sea remediado.

Es más, también señalan que hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad del lugar, donde llegan ductos de gas natural, que también deben abordarse con la correspondiente supervisión de los organismos de control.

«La empresa confirmó que se va, pero nos dice que no hay reglamentación que indique cómo debe hacer ese proceso, pese a que hay legislación que sí lo indica. Llegó de manera ilegal, y se va de la misma manera», sostuvo a Pilar de Todos la ambientalista Erica Hahn.

Hahn, en ese marco, reclamó que tomen cartas en el asunto los entes de contralor, tanto del ámbito nacional, provincial como municipal.

«Este es un logro que alcanzamos los vecinos por medio de la lucha, un logro de la organización Ambientalistas Autoconvocados. Pero queremos asegurarnos que todo se haga como corresponde. Por ejemplo, nos dijeron de manera extraoficial que hay algunas válvulas de los caños de gas que no son las correctas. Todo eso debe ser analizado por las autoridades. Y además, queremos saber qué va a pasar con la otra termoeléctrica (Araucaria), que es más peligrosa que APR», cerró Hahn.

Continúa el desmantelamiento de unas polémicas termoeléctricas en el predio ubicado entre las localidades de Villa Rosa y Matheu.

Se trata de la firma APR Energy, donde desde hace unas semanas vecinos advirtieron movimientos con grúas y camiones que comenzaron a trasladar grandes equipos y maquinaria perteneciente a la empresa.

Si bien aún no cuentan con la confirmación oficial, señalan que la empresa se está retirando del lugar. En los últimos días, se advirtió un incesante paso de camiones de gran porte cargados con conteiners y estructuras.

Desde la Organización Ambientalistas Autoconvocados contra la Contaminación Ambiental celebraron lo que sucede y lo calificaron como «un gran logro colectivo» ya que desde la entidad llevaron adelante una fuerte oposición y lucha para evitar que las termoeléctricas comenzaran a funcionar.

«Comenzamos con las advertencias al municipio que esa no era zonificación apta para empresas de categoría III (...) realizamos actuaciones a nivel municipal, provincial y nacional», recordaron desde la Organización al tiempo que reclamaron que la otra firma - Araucaria - también se retire del distrito.

Además volvieron a sostener que ambos proyectos (APR y Araucaria) estaba signado por «irregularidades e ilegalidad» y adujeron que su instalación se produjo debido a «un gobierno de turno (por el de Cambiemos) con un negociado plagado de mentiras».

La Organización además recordó la figura del abogado que impulsó las presentaciones ante la Justicia, Gustavo Madeira, quien falleció.

«Con Gustavo Madeira y Sofia Martin Müller, despertamos dos pueblos y les enseñamos a luchar por sus derechos», consideró Erica Hahn, integrante de la Organización.

Por ultimo Hahn sostuvo que han solicitado que «que se verifique que APR se vaya como debe, cumpliendo con todos los requisitos ambientales de remediación y recomposición del predio que ocupó».

Vecinos de Pilar se mantienen en alerta ante el posible cierre de una de las polémicas plantas termoeléctricas, industrias que se instalaron en el distrito en 2018 con un fuerte rechazo de la población debido al impacto ambiental que provocarían en la zona.

En este caso, sería inminente el posible cierre de la firma APR Energy, ubicada en el límite de las localidades de Villa Rosa y Matheu.

Frente a esa posibilidad, integrantes de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, buscan precisiones respecto del cierre o traslado de APR al tiempo que avanzarán con una serie de medidas para evitar daños ambientales en el predio que por ahora ocupa la firma.

El Presidente de 1810, Raúl Regis, detalló que hace unos días comenzaron a ver movimientos y hasta grúas que estarían dedicadas al desmantelamiento de las unidades eléctricas.

En una entrevista que concedió al programa radial Agenda Propia, Regis señaló que esperan contar con la confirmación oficial y agregó que de concretarse avanzarán con una presentación en el Juzgado para asegurarse que los terrenos queden en buenas condiciones ambientales.

“Vamos a pedir que dejen los terrenos en condiciones normales y habitables en cuanto a lo ambiental. No queremos que quede allí algún pasivo ambiental que después nos complique la vida”, dijo Regis.

En tanto, agregó que también solicitarán al Municipio de Pilar que nuevamente se modifique la categoría de esas parcelas para que vuelvan a ser catalogadas como residenciales.

“Lo ideal es que los predios vuelvan a categoría residencial para que no quede abierta la posibilidad de que se pueda instalar otra industria”, consideró el titular de la ONG ambientalista.

Mientras esperan acceder a la confirmación, Regis expresó que una vez que la firma cese su presencia en el distrito “será un logro muy importante de toda la ciudadanía”.

“Desde que las termoeléctricas llegaron a Pilar, sentimos que dimos una pelea de David contra Goliat. (La salida de APR) es un acto de justicia”, expresó Regis.

Actualmente, tanto APR Energy como Araucaria, se encuentran alcanzadas por una cautelar que frenó sus actividades hasta que se verifique si producen daños al ambiente.

Para Regis, se trata de medidas “que corresponden” y recordó que las firmas “llegaron a Pilar entre gallos y medianoches”.

“Nada de lo que se hizo fue legal y, por suerte, luchando y yendo a la Justicia, obtuvimos estos logros”, resaltó al tiempo que recordó fuertemente a Gustavo Madeira, abogado que impulsó varias presentaciones ante la Justicia y que falleció tras contraer COVID.