El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, presentó avances de un proyecto de ley para regular de manera integral la actividad de trabajadores de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa prevé la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para el sector, además de nuevas herramientas de seguridad, cobertura laboral y asistencia estatal.

Según explicó este lunes el funcionario desde Casa de Gobierno en La Plata, el objetivo es “acompañar desde el Estado” a quienes actualmente desarrollan tareas “en condiciones de informalidad y sin derechos garantizados”. En ese marco, remarcó que el proyecto busca establecer “un piso de derechos para los trabajadores de plataforma”.

La propuesta establece que el Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación y coordinará una mesa interministerial junto a las carteras de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Entre los principales puntos, se destaca la creación de una aplicación oficial integrada con la plataforma MiPBA, que permitirá registrar a trabajadores del sector, acceder a servicios y generar información estadística sobre la actividad.

“Con este proyecto de ley buscamos realizar un registro integral de trabajadores por medio de plataformas que no lo tenemos y que las compañías tampoco lo aportan”, sostuvo Correa.

La APP bonaerense incluirá un botón de pánico conectado con áreas de seguridad y otro destinado a emergencias sanitarias para casos de accidentes en la vía pública. Además, el proyecto contempla la contratación obligatoria de seguros por accidentes, invalidez y cobertura médica durante la jornada laboral y los trayectos.

Correa señaló que la iniciativa incorpora “los seguros obligatorios que hoy no lo tienen” y afirmó que se busca transparentar las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

El texto también obliga a las empresas de plataformas a informar la cantidad de trabajadores activos, promedio de horas trabajadas e ingresos medios, con el objetivo de fortalecer la fiscalización y generar mayor transparencia en el sector.

Otro de los ejes apunta a reforzar controles sobre centros de distribución y almacenamiento utilizados por las plataformas, conocidos como “tiendas invisibles”, mediante inspecciones y georreferenciación de los puntos de operación.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de paradores para trabajadores registrados, con acceso a agua potable, espacios de descanso y resguardo de herramientas, en coordinación con los municipios.

Finalmente, la iniciativa contempla convenios con el Banco Provincia para otorgar descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad a quienes estén inscriptos en el registro oficial. “Queremos transparentar y tener a ciencia cierta cómo se realiza la actividad y qué consecuencias están teniendo los trabajadores y trabajadoras”, expresó Correa, quien aseguró que la propuesta se basa en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente: Agencia DIB

El coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), un indicador realizado por la Fundación Encuentro que mide cuántos pedidos debe realizar un repartidor de plataformas de delivery para alcanzar distintos umbrales de ingreso y consumo, mostró una mejora promedio hacia fines de 2025. Sin embargo, lejos de reflejar una mejora generalizada en las condiciones de trabajo, el dato esconde una fuerte heterogeneidad entre plataformas, con trayectorias opuestas que impactan de manera directa en el esfuerzo cotidiano de los trabajadores.

Según la segunda estimación del APP, correspondiente al período octubre–diciembre de 2025, sostener una canasta básica para un hogar tipo de cuatro integrantes requirió en diciembre 454 pedidos promedio, frente a los 461 necesarios en septiembre. En términos agregados, esto implica una reducción del esfuerzo medido en cantidad de viajes, asociada a un aumento del valor del pedido promedio registrado a partir de octubre.

El nuevo informe de Encuentro tiene diez puntos clave con relación a diciembre de 2025:

El APP fue desarrollado como una herramienta para traducir los ingresos fragmentados del trabajo en plataformas en umbrales económicos comparables. El indicador relaciona el valor promedio de un pedido con distintas referencias de ingresos y consumo -como canastas básicas, alquileres o el Salario Mínimo- y permite estimar cuántos pedidos son necesarios para sostener la vida cotidiana de un repartidor y su hogar.

Se trata de un valor “bruto”: no incluye propinas ni descuenta gastos habituales del trabajo, como combustible, mantenimiento del vehículo o conectividad. Aun así, se consolidó como una referencia para seguir la evolución material del empleo en plataformas de reparto.

El punto central del último informe es que la baja del APP promedio no se distribuye de manera homogénea. Por el contrario, la mejora se explica casi exclusivamente por la evolución de una de las plataformas analizadas.

En el caso de Rappi, el coeficiente APP mostró un aumento sostenido durante todo 2025. Para cubrir la canasta básica de un hogar tipo, en julio se requerían 480 pedidos y en diciembre la cifra ascendió a 572 pedidos, lo que implica 92 pedidos adicionales en seis meses. La estabilidad del valor del pedido promedio frente al aumento de los precios explica este mayor esfuerzo exigido a los repartidores que operan exclusivamente en esa plataforma

La trayectoria de PedidosYa fue muy distinta. Tras una actualización del valor del pedido promedio en octubre, la cantidad de pedidos necesarios para alcanzar el mismo umbral cayó de manera abrupta. Para la canasta básica del hogar, el coeficiente pasó de 423 pedidos en julio a 376 pedidos en diciembre, una reducción de 47 viajes en el semestre, aun considerando el leve repunte registrado hacia fin de año

La comparación entre plataformas evidencia que el promedio agregado oculta diferencias sustantivas. En diciembre, un repartidor que trabaja en Rappi debía realizar más de 570 pedidos para cubrir la canasta básica del hogar, mientras que en PedidosYa el mismo objetivo requería menos de 380 pedidos.

Según el informe, esta brecha no responde a cuestiones metodológicas sino a decisiones empresariales, cambios en los esquemas de pago y criterios operativos que afectan de manera directa el ingreso por pedido. Así, aun realizando la misma cantidad de viajes, el horizonte material de los trabajadores varía de forma significativa según la plataforma en la que operan

En la conclusión del trabajo se es clara: el coeficiente APP muestra una mejora promedio en términos de cantidad de pedidos necesarios para alcanzar distintos umbrales de subsistencia hacia fines de 2025. No obstante, esa mejora convive con una desigualdad creciente dentro del sector, que define experiencias laborales y condiciones económicas muy distintas entre repartidores.

Fuente: Agencia DIB

El Ministerio de Trabajo bonaerense realizó un megaoperativo de inspección en 24 municipios de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de controlar la registración y las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de las plataformas digitales de delivery. 

Desde Provincia señalaron que se trató de un operativo inédito por su alcance territorial y de una acción que “busca avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de miles de bonaerenses que trabajan con estas aplicaciones de reparto”.

Los controles se realizaron en zonas de concentración de locales gastronómicos y en centros de distribución de las empresas en los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, La Plata, La Matanza, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Campana, José C. Paz, San Miguel, Zarate, Pilar, Pinamar, Azul, Junín, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Bahía Blanca.

A través de un comunicado, Provincia también detalló que “a pesar de cumplir con todas las obligaciones de cualquier empleado en relación de dependencia”, las personas que trabajan a través de estas plataformas “en su mayoría no están registrados y no cuentan con ningún tipo de protección en materia de salud y seguridad, dejando en evidencia la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a los beneficios previsionales”.

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, celebró que “ahora exista una verdadera discusión sobre la situación muy precaria de estos trabajadores que salen a la calle sin una cobertura de nada y que algunos se pagan ellos mismos un seguro de accidentes personales porque si les pasa algo nadie los cubre”.

“El Estado debe estar protegiendo a los trabajadores frente a estas aplicaciones que a pesar de ser millonarias les niegan los derechos más básicos. Ser registrado es un cambio sustancial en las condiciones laborales y de vida de cada uno porque no es lo mismo tener obra social que no tenerla, saber que estás aportando a una caja para tu futura jubilación que no hacerlo”, agregó la funcionaria.

Las aplicaciones de delivery se autodefinen como empresas tecnológicas que únicamente proporcionan una herramienta informática que conecta individualmente a proveedores de servicios con consumidores. De esta manera, encubren la relación laboral que tienen con decenas de miles de personas que deben registrarse como monotributistas o autónomos.

Así, las personas que trabajan a través de estas plataformas no cuentan con un sueldo básico, pero deben cumplir un horario estipulado, una cierta cantidad de horas diarias y, aunque no tengan lugar físico ni fijo laboral, deben concentrarse en zonas específicas en donde reciben los pedidos para realizar.

Estas inspecciones del Ministerio de Trabajo comenzaron en 2020, cuando se realizó un primer relevamiento de 172 trabajadores y trabajadoras y se intimó a las empresas a presentar la documentación laboral de los mismos, las cuales desconocieron la relación de dependencia.

Esa acción culminó con sanciones aplicadas por el Ministerio ante la falta de registración y otros tipos de incumplimientos a la normativa laboral. Las multas fueron ratificadas por la Justicia de La Plata, confirmando la existencia de relación de dependencia y validando el accionar de la cartera laboral. (DIB)