El fiscal Franco Picardi reactivó la causa que investiga un supuesto entramado de retornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al pedir que vuelva a ser indagado su ex titular Diego Spagnuolo.

La medida se extendió además al supuesto lobbista de las droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de las compras de medicamentos en la ANDIS.

La decisión de Picardi apunta a esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Pero según el fiscal, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad y de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita según lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS. 

El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, quien también fue ex Secretario de Salud de Pilar. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías. 

El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran ex funcionarios y empleados de la ANDIS y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.

El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.

En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Para Casanello, ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”. 

Según el fallo del magistrado la Andis se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.

“Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, añade el juez.

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado -por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes-, sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, añade el fallo. 

Fuente Noticias Argentinas. 

El Gobierno nacional resolvió avanzar con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, en una decisión que busca reordenar el sistema y reforzar los controles sobre las políticas vinculadas a la discapacidad.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien explicó que la medida se tomó luego de constatar una serie de irregularidades administrativas durante el funcionamiento del organismo, creado en 2017 como ente descentralizado.

Durante una conferencia de prensa, Adorni sostuvo que la autonomía de la ANDIS derivó en una estructura sobredimensionada y con escaso control, lo que permitió situaciones como el cobro indebido de pensiones, beneficios otorgados sin documentación respaldatoria y la intervención de profesionales médicos sin aval clínico.

El funcionario también hizo referencia a organizaciones que facturaban servicios que no se prestaban efectivamente. En ese marco, aseguró que la incorporación del área al Ministerio de Salud permitirá aplicar criterios sanitarios en la evaluación de los casos, junto con auditorías permanentes y mayor trazabilidad en los expedientes.

Como parte de la reestructuración, el Gobierno confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Según indicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es lograr una gestión más eficiente y transparente.

Finalmente, Adorni remarcó que la decisión no implicará recortes ni la suspensión de pensiones o prestaciones. “No se elimina ningún derecho adquirido”, afirmó, y pidió evitar interpretaciones erróneas sobre el alcance de la medida.

La Cámara Federal porteña ordenó la liberación del médico Pablo Atchabahian y dispuso el cese del arresto domiciliario que se le había impuesto en el marco de la causa ANDIS, al considerar que ya no existen razones procesales que justifiquen la medida.

El fallo, firmado por los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, revocó la decisión del juez Sebastián Casanello, quien había dispuesto la detención domiciliaria del imputado en su domicilio de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza.

A criterio de los magistrados, la medida restrictiva “dejó de ser proporcional” por lo que “pueden aplicarse alternativas menos gravosas, similares a las que rigen para el resto de los imputados”. Los camaristas remarcaron que los argumentos utilizados para sostener la presunción de riesgo procesal “no se encuentran actualmente respaldados”.

La defensa del médico, ex funcionario de Pilar en 2011 y del gobierno de Mauricio Macri,, a cargo del letrado Mariano Fragueiro Frías, había cuestionado la detención al señalar que Atchabahian jamás había sido citado previamente en la investigación y que las presunciones construidas a partir de diversas escuchas telefónicas estaban “tergiversadas”.

La Sala II del Tribunal de Apelaciones señaló que los indicios sobre supuestas dificultades para ubicar a Atchabahian los cuales habían motivado la decisión inicial, correspondieron a una etapa temprana del expediente, cuando “no existía convocatoria alguna a su respecto”.

Además, los camaristas Irurzun Boico y Farah no advirtieron razones objetivas para suponer peligro de entorpecimiento en el devenir de la investigación y que el arresto domiciliario no aporta elementos para neutralizarlo. En ese sentido, los jueces ordenaron la “inmediata fijación” de medidas alternativas para asegurar la sujeción del imputado al proceso.

Para el fiscal Franco Picardi, Atchabahian integraba una estructura que habría intervenido en decisiones administrativas y contrataciones direccionadas. El 14 de noviembre pasado fue indagado por videoconferencia, se negó a declarar ante el juez y el fiscal y quedó detenido ese mismo día.

En una audiencia presencial celebrada la semana pasada ante la Cámara, su defensor afirmó que el médico “siempre estuvo en el mismo lugar” y negó que existiera riesgo de fuga. También aseguró que su intención es declarar y aportar explicaciones en el expediente.

Con información de NA

El pedido para que se levante la prisión domiciliaria del urólogo Pablo Atchabahian quedó formalizado ante el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. La presentación fue realizada por los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, quienes también patrocinan al exjuez Walter Bento.

Los defensores plantearon que el médico, detenido la semana pasada en un barrio privado de Luján de Cuyo, tiene arraigo en Mendoza y se encuentra en pleno ejercicio de su profesión, por lo que —según argumentaron— no habría elementos que indiquen riesgo de fuga. Por eso solicitaron el cese de la domiciliaria o, alternativamente, su reemplazo por medidas más leves, como la prohibición de salida del país y el pago de una caución.

De acuerdo con la causa, Atchabahian —exsecretario de Salud de Pilar de 2011 a 2015— habría actuado como nexo central entre la ANDIS y determinadas droguerías y laboratorios, direccionando compras de medicamentos de alto costo. Para la fiscalía, ese mecanismo posibilitó sobreprecios y el pago de coimas dentro de un sistema que funcionaba como “ventanilla de pagos millonarios y direccionados”, sin respetar los procedimientos administrativos ni los principios de transparencia.

En ese entramado también aparece mencionado Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud y persona de confianza de Atchabahian durante su paso por la agencia entre 2018 y 2019.

En el escrito presentado ante Casanello, la defensa apuntó directamente contra el dictamen del fiscal Franco Picardi. Cuestionó que, pese a extenderse a casi 300 páginas, el documento “no brinda la más mínima referencia al delito o grado de participación” atribuido al médico.

También acusaron al Ministerio Público de basarse en “argumentos inexactos y conjeturales”, citando como ejemplo la interpretación fiscal de una frase telefónica en la que Atchabahian había dicho que “por una cuestión personal trato de no abrir mensajes, ni nada”. Para los investigadores, reflejaba un intento de mantenerse al margen de la causa; para los abogados, fue apenas una expresión de “prudencia”, sin connotación procesal.

La defensa indicó además que Atchabahian no había sido formalmente notificado antes de su detención y aseguró que, una vez analizado el expediente, el médico —que hasta ahora no declaró— se presentará a hacerlo.

Indagatorias en marcha

El expediente avanza esta semana con nuevas declaraciones indagatorias. El empresario Miguel Ángel Calvete debía presentarse el martes, mientras que el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo ya declaró el miércoles. Hoy está previsto el turno de Garbellini.

Con esas instancias cumplidas y el dictamen fiscal en mano, el juez Casanello deberá definir la situación procesal de Atchabahian, incluido si continúa o no bajo prisión domiciliaria.

Pablo Atchabahian, oriundo de Pilar, aunque reside desde hace años en Mendoza. Es urólogo, ejerce en el ámbito privado y fue director médico de la clínica Santa Clara.

En la función pública tuvo una trayectoria extensa: fue secretario de Salud en Pilar; subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal; y luego director de Asistencia Directa en el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley. En 2018 desembarcó en la ANDIS, donde condujo el programa Incluir Salud hasta el final del gobierno de Mauricio Macri.

Tras dejar el sector público, continuó su actividad privada, incluida una vinculación con el laboratorio Roche mencionada en el dictamen fiscal.

Por la causa que investiga las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue detenido el exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri, Pablo Atchabahian.

El también médico urólogo, quien pasó por la secretaría de Salud de Pilar en 2011, está acusado de ser el vínculo entre los laboratorios y la ANDIS en la compra de medicamentos que, según se desprende de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ese organismo, se adquirían a cambio de sobornos que iban a la Casa Rosada.

Según trascendió, Atchabahian se negó a declarar ante el Juez, y quedó en carácter de detenido, pero en su casa.

El médico tuvo un rol clave durante la gestión de Mauricio Macri, cuando en el 2018 fue nombrado en la Agencia Nacional de Discapacidad, para luego pasar a ser Director de Acceso a los Servicios de Salud, siempre bajo la administración de Cambiemos.

Fuentes del sector aseguran que desde esos puestos tejió vínculos con diversas droguerías, entre ellas la Suizo Argentina, una de las señaladas por pagar coimas presuntamente destinadas al entorno del Presidente Javier Milei.

La medida se habría dado ya que Atchabahian no podía ser encontrado por la Justicia, según trascendió estaba en el interior del país, por lo que al momento de la indagatoria se decidió que permanezca detenido en su domicilio.

De hecho, según los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, del pago de esos sobornos, que eran del 8%, el 3% iba a la Secretaría General de la Presidencia, lugar encabezado por Karina Milei.

Además, Spagnuolo fue llamado a indagatoria por el fiscal Franco Picardi, quien consideró que se ha “reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria”, según reprodujo la Agencia Noticias Argentinas.

Además de los dos ya mencionados, la fiscalía también pidió la indagatoria de Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

"ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia", agregó el fiscal.

La investigación comenzó luego de que se conociera una serie de audios que corresponderían al propio Spagnuolo, quien reside en un barrio privado de Pilar, donde aseguraba que se pagaban coimas en torno a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Tras la publicación de los audios, Spagnuolo fue expulsado de la ANDIS, y más tarde aseveró mediante su defensor, Mauricio D’Alessandro, que los audios estaban editados y realizados con inteligencia artificial.

La Cámara Federal resolverá si confirma el rechazo a declarar la nulidad de todo lo hecho en la investigación de la causa ANDIS luego de una audiencia durante la cual la defensa del ex titular del organismo Diego Spagnuolo aseguró que según su cliente los audios donde habla de pago de sobornos por parte de droguerías son falsos.

El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D Alessandro, dijo ante los jueces de la sala II del Tribunal de Apelaciones que su cliente afirma que los audios donde se lo escucha detallando mecanismos de pago de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina y menciona a Karina Milei son "falsos".

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah escucharon a la defensa y al fiscal Franco Picardi, quien ratificó la validez de todo lo hecho hasta ahora en la investigación y quedaron en condiciones de resolver planteos de nulidad.

D' Alessandro, tercera defensa de Spagnuolo en lo que va del caso, sostuvo que esos audios estarían editados o "hechos con inteligencia artificial" y que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad afirma que no es su voz la que se escucha.

Picardi, por su parte, advirtió que los audios fueron un disparador para el caso que se nutre de otras evidencias, mientras permanece en secreto de sumario.

La nulidad fue rechazada por el juez del caso Sebastián Casanello y las defensas de los dueños de la Suizo Argentina, los hermanos Kovalivker y la de Spagnuolo apelaron ante la Cámara Federal que deberá resolver la cuestión.

La oposición logró avanzar este martes en la firma del dictamen de mayoría para interpelar en la Cámara de Diputados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras culminar el plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Asuntos Constitucionales, que tuvo que ser emplazado en la sesión pasada para doblegar el bloqueo del oficialismo, se pasó a la firma del despacho de mayoría que cosechó 41 adhesiones.

El dictamen fue firmado por diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, y Marcela Pagano del flamante bloque de ex libertarios Desarrollo y Coherencia.

El dictamen de rechazo, en tanto, fue suscrito por una docena de legisladores de La Libertad Avanza y aliados del PRO.

El proyecto con las interpelaciones de la hermana del presidente y del jefe de la cartera sanitaria quedó listo para ser votado por el pleno en la próxima sesión, prevista para los primeros días de octubre.

Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin de Unión por la Patria, remarcó que la finalidad de las interpelaciones es obtener “explicaciones y respuestas de los audios filtrados sobre presuntos pagos ilegales”.

La diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires, Sabrina Selva, autora de uno de los proyectos en cuestión, aseguró que, si es interpelada, Karina Milei tiene que comparecer obligadamente y no puede excusarse en el hecho de no tener rango de ministro.

“El artículo 204 del reglamento de la Cámara de Diputados habilita, en uso del articulo 71 de la Constitución Nacional y la citación a un ministros, se pueda citar a los secretarios que consideremos tengan la responsabilidad de dar explicaciones”, explicó, y agregó que “nadie duda que la secretaria general de la Presidencia tiene jerarquía de ministra”.

El escándalo por presuntos sobornos y sobreprecios en los medicamentos comprados a laboratorio salió a la luz a partir de la filtración de una serie audios que se le atribuyen al desplazado titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

En esas conversaciones el exfuncionario señaló a Karina Milei como quien cobraba un 3% de coima de parte de los laboratorios que tenían contratos con el organismo de discapacidad. El sistema de recaudación, de acuerdo al relato del ahora ex titular de ANDIS, habría sido articulado por la Droguería Suizo Argentina, un eslabón clave en esta trama de presunta corrupción porque representantes de esta compañía habrían sido - según la pista que sigue la Justicia - quienes recibían el dinero de las coimas pagadas por los laboratorios proveedores, en un porcentaje que en un momento determinado se habría elevado del 5% al 8%.

En la grabación, el ex abogado de Javier Milei señaló que esa diferencia del 3% tenía como destinataria final a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien quedó seriamente implicada en la causa que investiga el juez Sebastián Casanello.

El magistrado ordenó allanamientos y secuestró celulares y otros artefactos electrónicos de Spagnuolo y de los integrantes de la familia Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina.

Uno de ellos, Emmanuel Kovalivker fue hallado mientras intentaba escapar, y en su domicilio encontraron 266 mil dólares y unos 7 millones de pesos repartidos en sobres. Su hermano, Jonathan Kovalivker, quien figura como presidente de la Droguería Suizo Argentino, logró escapar a tiempo y en su domicilio encontraron las cajas de seguridad vaciadas.

El juez también secuestró el celular y pertenencias de Daniel Garbellini, quien según las palabras de Spagnuolo habría sido el nexo entre la Droguería Suizo Argentina y la Agencia de Discapacidad, puesto en dicho organismo por una supuesta imposición del asesor Eduardo “Lule” Menem para controlar el flujo de las coimas hacia la Casa Rosada, siempre según el relato de Spagnuolo.

La investigación del caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma pruebas que complican al extitular de la entidad, Diego Spagnuolo.

Luego de la declaración del exasesor de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, la Fiscalía comprobó que el exfuncionario borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia y de que le allanaran la casa, en un country de Pilar.

Además, previo al operativo en un barrio privado, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo.

Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), a requerimiento de la Justicia. Esto complica la situación judicial de Spagnuolo, que evalúa convertirse en testigo arrepentido y continúa sin abogado defensor.

En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto de sumario en la causa para que las partes puedan a acceder al contenido completo de la investigación y permite al exfuncionario conocer en detalle las pruebas en su contra.

Durante el período de reserva, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestros de documentación, dispositivos electrónicos y la recolección de testimonios relevantes. Uno de los procedimientos más significativos tuvo lugar en la caja de seguridad de Spagnuolo en el Banco BBVA, donde se encontraron 80 mil dólares y 2000 euros, pese a que el exfuncionario había declarado apenas 25 mil dólares al asumir el cargo.

Ahora, con el expediente abierto, Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de la prueba recolectada. El foco inmediato estará puesto en las contrataciones entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

La firma concentró el 22% del volumen de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones con el organismo durante la gestión de Spagnuolo.

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sigue analizando la legalidad y los precios de los contratos observados. Aunque todavía no se expidió, las sospechas giran en torno a supuestos direccionamientos y sobreprecios. (DIB)

En el marco de la causa que avanza en la investigación de las presuntas coimas efectuadas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal Franco Picardi ordenó una nueva serie de allanamientos simultáneos, en los que se analizaron ingresos y egresos de los barrios privados en los que residen los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, y el extitular de la entidad, Diego Spagnuolo.

También se solicitó información sobre una caja de seguridad de Spagnuolo, donde hallaron 80.000 dólares.

En medio de la disposición de estos operativos, los abogados Juan Aráoz De Lamadrid y Ignacio Rama Schultze, defensores del exfuncionario, renunciaron por "motivos personales". A su vez, el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de la Suizo Argentina por “resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio”.

Si bien la investigación se encuentra en secreto de sumario hasta el jueves 19 de septiembre, Picardi trabaja sobre a hipótesis de la existencia de una presunta ruta de sobornos que involucraría a funcionarios del gobierno nacional y a la compañía que, a su vez, es la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS.

Este viernes, efectivos de la Policía de la Ciudad se dirigieron a los barrios privados en los que residen los Kovalivker y los exfuncionarios Spagnuolo y Daniel Garbellini, en los distritos de Pilar y Berazategui. Allí se exigieron los registros de los ingresos y egresos desde comienzos de 2024.

La denuncia que dio origen al expediente se sustentó en los audios que tomaron estado público y apuntan contra el persidente, Javier Milei; su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; Eduardo “Lule” Menem; Spagnuolo y los Kovalivker.

El texto judicializado sostiene que “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública".

La renuncia de los abogados

Los abogados de Spagnuolo renunciaron a su defensa este viernes, a través de un escrito, mientras se librara el operativo en el domicilio de su defendido en Pilar. “Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, dice el documento. Spagnuolo todavía no designó nuevos abogados. (DIB)

El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su presunta colaboración con la familia Kovalivker, investigada en la megacausa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que compromete a funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.

De Vicentis fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. El juez le trabó además un embargo de dos millones de pesos. Según la resolución, el jefe de seguridad desplegó “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial” que apuntaba a requisar a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y secuestrar sus teléfonos celulares.

El operativo en Nordelta

La noche del 21 de agosto, cuando la Policía de la Ciudad se presentó en el barrio La Isla, De Vicentis estaba de vacaciones, pero intervino: comenzó a llamar de manera insistente a los guardias, pese a que se les había ordenado no usar sus celulares durante el procedimiento.

Minutos después, Jonathan Kovalivker salió del country a bordo de un Audi S3 y logró evitar la requisa. Su hermano Emmanuel fue interceptado cuando intentaba huir en su auto con sobres que contenían 266.000 dólares y siete millones de pesos. En la vivienda de Jonathan, los efectivos hallaron una caja fuerte abierta y vacía, junto a banditas elásticas en el piso.

El fallo describe además que cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, convocados por el área de seguridad de Nordelta bajo la falsa denuncia de que “personas no identificadas” intentaban realizar un procedimiento sin orden judicial. Los móviles se retiraron una vez comprobada la legalidad de la medida.

El “modus operandi”

Las pruebas centrales fueron los mensajes hallados en el celular de De Vicentis. En uno de ellos escribió: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”. Para Casanello, esos chats revelan “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”.

En otro mensaje, enviado al grupo de supervisores tras los allanamientos, De Vicentis insistió: “Nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina, si en la documentación no está especificado el lugar”. Y remató: “Si creen estar en fuerte apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”.

Indagatoria y decisión

En Comodoro Py, De Vicentis reconoció su intervención aunque sostuvo que su objetivo fue corroborar la validez de la orden judicial y la actuación de los policías. Para el juez, en cambio, su posición como jefe de seguridad le permitió “advertir en tiempo real la presencia de la fuerza pública, identificar el lote objeto de la medida y transmitir instrucciones al personal”, lo que derivó en la fuga de Jonathan Kovalivker y en la frustración parcial del operativo.

Además de procesarlo, Casanello declaró su incompetencia territorial y remitió la causa a la justicia federal de Tigre, donde ocurrieron los hechos. (DIB)