La Defensoría del Pueblo de Pilar elevó un reclamo formal por reiterados derrames de efluentes cloacales en la vía pública registrados en una calle del distrito, luego de constatar la persistencia de la problemática en un sector puntual de la localidad de La Lonja.

Según se informó, el organismo realizó un relevamiento in situ el 23 de febrero, en el que se verificó la presencia de líquidos cloacales tanto sobre la senda peatonal como en la calzada, en inmediaciones de la calle Saraví al 1700. La inspección se llevó a cabo a partir de denuncias realizadas por vecinos de la zona, quienes vienen alertando sobre la situación.

De acuerdo al informe, los desbordes presentan carácter recurrente. Si bien ante los reclamos el personal de la empresa prestataria del servicio cloacal intervino con tareas de desobstrucción, las acciones resultaron meramente transitorias, ya que el problema volvió a manifestarse al poco tiempo en el mismo sector.

Desde la Defensoría advirtieron que la reiteración de los hechos evidencia la insuficiencia de las intervenciones realizadas hasta el momento y sugiere la posible existencia de una deficiencia estructural en la red cloacal, lo que agrava el cuadro sanitario y ambiental del lugar.

“Conforme surge de los reclamos recepcionados, la problemática reviste carácter recurrente. Si bien ante la denuncia el personal de la prestataria intervino y realizo tareas de desobstrucción, la solución resulta meramente transitoria, reiterándose el desborde al poco tiempo en el mismo sector.  La persistencia de los hechos evidencia la insuficiencia de las intervenciones efectuadas y la posible existencia de una deficiencia estructural en la red cloacal, generando condiciones de insalubridad, afectación de la vía pública y compromiso del derecho de los vecinos a la salud y a un ambiente sano”, señaló el Defensor del pueblo Adrián Maciel por medio de un escrito elevado a AySA.

“En consecuencia, se solicita se adopten las medidas necesarias a fin de brindar una solución  definitiva a la problemática, informando a este organismo el diagnóstico efectuado y el plan de acción correspondiente”, cerró Maciel.

El defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, confirmó que en los últimos días se registraron 50 reclamos vinculados a deficiencias en el servicio de agua potable brindado por AySA en distintos puntos del distrito. Según explicó, esas presentaciones fueron agrupadas en 10 actuaciones administrativas que ya fueron elevadas a la empresa prestataria.

“Hicimos en los últimos días cincuenta reclamos. Elevamos diez actuaciones que contienen los cincuenta reclamos a AySA y en caso de que no haya respuesta satisfactoria o silencio por parte de la empresa, repetimos la actuación ante el ERAS”, señaló el funcionario a Pilar de Todos, en referencia al Ente Regulador de Agua y Saneamiento.

Maciel detalló además el procedimiento que se aplica en cada caso. “Tomamos el reclamo de los usuarios, número de cuenta, DNI y domicilio y lo elevamos”, precisó, al remarcar que se trata de presentaciones formales que quedan asentadas en expedientes administrativos.

La situación suele profundizarse en los meses de verano, debido al incremento del consumo domiciliario y a los problemas en el suministro eléctrico, que afectan el funcionamiento de los pozos de la empresa. En ese sentido, tanto los cortes de luz como los episodios de baja tensión provocan que algunas perforaciones salgan de servicio, lo que repercute directamente en la presión y continuidad del abastecimiento.

De hecho, esa fue la explicación que meses atrás dio AySA ante el reclamo de la Cámara de Comercio de Pilar ante problemas similares. Apuntaron contra EDENOR por las deficiencias en el servicio.

En el caso de la Defensoría, el organismo local continuará recepcionando presentaciones de usuarios afectados, algo que en rigor ocurre a lo largo de todo el año, y no descarta avanzar con nuevas actuaciones ante los entes de control si no se obtienen respuestas por parte de la prestataria en los próximos días.

Reclamo de SCIPA

Días atrás, la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) también había elevado un reclamo formal ante el Ente Regulador del Agua por la baja presión y la falta de suministro en distintas zonas del distrito concesionadas a AySA, una problemática que —según la entidad— se repite cada verano y afecta tanto a vecinos como a comercios e industrias.

Desde la organización empresaria exigieron una solución inmediata y advirtieron que, de no obtener respuestas, avanzarían con nuevas presentaciones ante organismos nacionales, al considerar que se trata de un servicio esencial que no está siendo garantizado de manera adecuada.

Un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) indicó que el agua de Pilar presenta valores de arsénico por encima de los 10 ppb (partes por billón), el valor máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino.

El estudio alertó que, de una treintena de muestras realizadas en el distrito, los análisis se ubicaron entre 10 a 50 ppb, un rango donde la exposición permanente puede generar problemas en la salud e incrementar la posibilidad de ciertas patologías como cáncer o diabetes.

Ante la difusión del informe, la empresa AySA salió a responder, garantizando la calidad del suministro.

Desde la concesionaria informaron a los usuarios que "el agua distribuida por AySA no representa riesgo alguno para la salud."

La empresa subrayó que las concentraciones en toda el área de concesión se encuentran por debajo del valor regulado, es decir una ley provincial que tolera hasta 50 ppb de arsénico en el agua, por encima de lo que recomienda la OMS y el Código Alimentario Argentino, que aceptan parámetros de hasta 10 ppb.

AySA aseguró que la “calidad del agua” es uno de sus “principales compromisos" y que se monitorea minuto a minuto y es sometida a rigurosos análisis de laboratorio en todas las etapas.

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"La exigencia de nuestra regulación es de hasta 50 ppb. Estudios demostraron que el arsénico que se encuentra en gran parte de Argentina es una de las variantes menos tóxicas (a las halladas en otros países). La recomendación de la OMS de 10 ppb tiene en cuenta el arsénico que se encuentra en el sudeste asiático, diez veces más tóxico," explicaron desde AySA a Pilar de Todos.

Finalmente, la empresa desaconsejó categóricamente el consumo de agua de las perforaciones particulares, "debido a que escapan a los controles que realiza la concesionaria."El trabajo de ITBA no solo se circunscribió a Pilar, sino a todo el territorio bonaerense, donde el 70% de las muestras dieron por encima de 10 ppb.

Jorge Stripeikis es doctor en química y miembro del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), y señaló que “el arsénico se presenta bajo dos formas inorgánicas: el arsénico 3 (trivalente) y el arsénico 5 (pentavalente)". "Son compuestos químicos disueltos diferentes. Toxicológicamente, el arsénico tres es diez veces más tóxico que el arsénico cinco”, expuso en diálogo con La Tecla.Stripeikis añadió que el Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES) y AySA, concluyeron una serie de informes donde se llegó a la conclusión que el tipo predominante en los acuíferos de la Argentina es el arsénico 5, la menos tóxica.El especialista, además, señaló a Infobae que “no hay evidencia significativa de efectos adversos en la salud por consumo de agua con arsénico entre 10 y 50 PPB, aunque no por esto se debe relajar la vigilancia y el monitoreo”.

“Tolerable, pero no recomendable”

Por su parte, Adrián Maciel, Defensor del Pueblo de Pilar, analizó el dilema legal que se da en torno a los valores máximos permitidos de arsénico en el agua.

Maciel confirmó que existe un convenio firmado en 2006 que permite a AySA operar con el nivel de hasta 50 ppb, ya que el límite del Código Alimentario (10 ppb) es de "imposible incumplimiento" para la empresa, ya que el agua en determinadas zonas, como Pilar, se extrae de pozos, donde por la propia naturaleza del suelo ya contiene arsénico, algo que no ocurre con el agua de río.

"No es aconsejable consumir (agua con los valores por encima de 10 ppb y hasta 50 ppb), pero es tolerable", señaló Maciel en diálogo con el programa Agenda Propia (105.9).

En cuanto a los pozos domiciliarios, ahí Maciel sí fue categórico y desaconsejó el consumo, e incluso descartó que los filtros que se venden sirvan para filtrar el fluido.

"El consejo es que no consuma el agua de pozos particulares, no sabemos la profundidad de esas napas", aseveró.

El Defensor destacó un antecedente jurídico clave de julio de 2025 en la Suprema Corte bonaerense, que obligó a otra empresa, ABSA, a respetar el límite de 10 ppb en el marco de un caso en Chivilcoy, afirmando que esta decisión "debe ser tomado como antecedente a repetir" para el caso de AySA.

El pasado mes de octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue obligada a restituir en todo el territorio nacional las pensiones por incapacidad laboral que el Gobierno Nacional había dado de baja.

La orden llegó a través del juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, quien resolvió extender a todo el territorio nacional la medida cautelar que interpuso en septiembre último, a partir de las denuncias presentadas por damnificados ante la Defensoría del Pueblo de su provincia. 

Con esta herramienta a favor y frente a la numerosa cantidad de beneficiarios afectados que registra la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a través de la representación legal de la Universidad Nacional de La Plata, prepara un reclamo colectivo para sumar al expediente en curso, iniciado en Catamarca. 

Para esto, se encuentra a disposición de los vecinos que hayan sido afectados, para iniciar el reclamo correspondiente. 

En este contexto, la Defensoría del Pueblo del Pilar se suma a la convocatoria y recuerda las líneas habilitadas por su par provincial para iniciar las gestiones. 

Las mismas son: 0800-222-5262 y el Whatsapp: 221 358 1323.

También es posible comunicarse a través del Instagram: @defensoriaPBA

A su vez, recuerda que las oficinas de la Defensoría del Pueblo del Pilar (Estanislao López esquina Ituzaingó, Edificio Pilar Pont 1er. Piso) permanecen abiertas de lunes a viernes de 8 a 15 para brindar orientación a todos los vecinos que necesiten asesoramiento al respecto a fin de conseguir que se restablezcan sus derechos vulnerados. 

Por otra parte, la dirección de Discapacidad del Municipio (Rivadavia 370) se encuentra abierta a la gestión de turnos para todos aquellos que deban cumplimentar con los estudios médicos necesarios para tramitar el Certificado Único de Discapacidad y los estudios complementarios.

Orden judicial

El pasado 16 de octubre, la Justicia le ordenó al Gobierno Nacional restablecer todas las pensiones por discapacidad dadas de baja a partir del 2024 y devolver los montos del subsidio que los beneficiarios no cobraron durante el tiempo que en el que estuvieron suspendidas.

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca y lo que hace es extender a todo el país la medida cautelar, que en septiembre había emitido en el marco de un amparo presentado por la suspensión masiva de pensiones por ANDIS, dispuesta por el presidente Javier Milei a través del Decreto 843/2024.

La medida judicial abarca a las pensiones no contributivas por incapacidad laboral y, a su vez, le impone al Ejecutivo que se abstenga de realizar nuevas auditorías y nuevas suspensiones hasta que no exista una sentencia firme

Ante las subas desproporcionadas en las boletas de luz y gas que recibieron cientos de usuarios del distrito de Pilar, desde la Defensoría del Pueblo piden a las empresas que realicen la revisión de los correspondientes medidores.

Es que en las últimas semanas, vecinos se acercaron a la dependencia que conduce Adrián Maciel con boletas en las que se evidenciaba un abultado aumento en el valor a pagar.

“Recibimos casos con boletas que eran de 600 o 700 kilowatts de consumo que pasaron a 1.500, 2.000. El salto fue de alrededor de 100.000 a 300.000 pesos o de 50.000 a 150.000 pesos por factura por mes”, contó a modo de ejemplo el Defensor.

Ante ello, expresó que desde el organismo han pedido a las empresas una reconsideración y revisión de algunos medidores, pedidos que en algunos casos “han tenido respuestas satisfactorias” logrando bonificaciones para los usuarios afectados.

“Es que si bien hay una cuestión estacional en el consumo de energía, el salto ha sido cuantitativo con un consumo que no es congruente. Una persona estándar que gastaba 600 kilowatts no puede estar recibiendo facturas con saltos y picos de 2000 kilowatts. No hay congruencia de un mes a otro en el salto de consumo”, explicó Maciel.

 “La gente está verdaderamente desesperada porque no puede haber un salto de consumo de ese tipo”, sentenció el ombudsman y advirtió que lo que podría suceder es que las empresas no realizan la toma de información de los medidores con sus empleados en calle por lo que apelan a realizar estimaciones proporcionales por mes y por año.

“Por eso, insistimos, estamos pidiendo revisión de los medidores y que se tome lectura real que evidencie que en efecto está habiendo estos consumos”, señaló.

Para avanzar en los reclamos, Maciel recomendó a los usuarios acercarse a la Defensoría con las boletas y fotografías de los medidores.

La oficina está ubicada en Estanislao López esquina Ituzaingó, Edificio Pilar Point, Local 102. O vía Whatsapp al 11 3703 1094.

Decenas de vecinos de Pilar se mantienen en alerta ante las altísimas facturas de luz que comenzaron a recibir en los últimos días.

Es que en varios casos registran subas de hasta el 100% respecto a boletas anteriores, lo que en algunos casos se tornan impagables.

Más de una treintena de usuarios, de hecho, recurrieron a la Defensoría del Pueblo de Pilar, organismo a cargo de Adrián Maciel, para interiorizarse sobre si los cobros son correctos.

Maciel le explicó a Pilar de Todos que los incrementos, de acuerdo a lo que expuso la empresa EDENOR y en base al esquema de subsidios vigentes, se deben a que hubo picos de consumo por los días de frío, lo que generó que varios usuarios pierdan el beneficio de tarifa especial hasta determinado nivel de uso de la energía.

Maciel recordó que el actual esquema de segmentación tarifaria establece topes de consumo subsidiado que, una vez superados, obligan a pagar tarifa plena.

En este contexto, los hogares con menores ingresos (segmento N2) cuentan con un beneficio de hasta 350 kWh mensuales, mientras que los de ingresos medios (segmento N3) disponen de un límite inferior: 250 kWh.

A partir de esos consumos, el excedente se cobra sin subsidio. Ya no hay distinción tarifaria entre sectores de ingresos medios y altos, por lo que ambos deben abonar el mismo valor por el consumo excedente.

Ese esquema, además, se suma a diversos incrementos que se autorizaron en julio y agosto, del 2,82%, y 2% respectivamente.

Simulador

Con el objeto de ayudar a los usuarios a comprender su consumo, Edenor cuenta con un simulador online que permite estimar el gasto de energía según el uso de electrodomésticos. También recomienda utilizar aparatos con tecnología inverter, que permiten un uso más eficiente al regular automáticamente la potencia.

Pese a ello, desde la Defensoría aclararon que, en caso de detectar diferencias inusuales en el consumo mensual, los usuarios pueden solicitar una revisión del medidor. “Aquellos que noten un salto injustificado entre un período y otro pueden acercarse a nuestra oficina. Desde allí gestionaremos ante Edenor la verificación del medidor”, indicó Maciel.

La oficina de la Defensoría funciona en el local 102 del edificio Pilar Point, ubicado en Estanislao López e Ituzaingó, y brinda atención gratuita al público. El contacto telefónico directo es 11-3703-1094.

El Defensor del Pueblo del Pilar, Adrián Maciel, elevó una actuación ante el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, a fin de solicitar su intervención ante una situación que viene afectando de forma permanente a las colectoras de Panamericana, a la altura del Kilómetro 40 en su intersección con la calle Golf Club Junín. 

Se trata del estacionamiento prolongado de vehículos de gran porte en dicha zona, en la que como es de público conocimiento, no está permitida la permanencia de ningún tipo de rodado. 

“Vecinos de la zona han manifestado su preocupación por la permanencia, durante días, de camiones de gran porte en ese tramo, los cuales obstaculizan la visibilidad tanto para peatones como para conductores, dificultan las maniobras de giro y cruce, e incrementan de manera significativa el riesgo de siniestros viales”, afirmó el ombudsman local.

Al mismo tiempo, recordó que “las características del lugar hacen especialmente delicada la situación, generando un cuadro de potencial peligro para la seguridad vial y la integridad física de quienes circulan por el sector”.

En función de lo expuesto, la Defensoría de Pilar considera necesaria la adopción de medidas concretas que desalienten y corrijan esta práctica por parte de Vialidad Nacional, organismo con competencia en el tema. 

En este sentido, se solicita la verificación del uso indebido del espacio vial, el señalamiento adecuado, el control del cumplimiento de la normativa vigente y, de corresponder, la aplicación de sanciones o medidas de remoción y despeje.

Por ello, solicitó que se dispongan a través de las áreas competentes, las actuaciones necesarias para garantizar el ordenamiento del sector mencionado y prevenir las consecuencias negativas que derivan de la ocupación irregular de la vía pública por parte de vehículos de carga.

Cabe recordar que el pasado 7 de junio, luego de la actuación del Defensor del Pueblo del Pilar efectuada en agosto del año pasado ante Vialidad Nacional para solicitarle que se tomen medidas frente a la ocupación ilegal de los parquizados linderos a las colectoras de Panamericana por parte de distintas agencias de autos -requerimiento derivó en la presentación de una acción penal contra las concesionarias involucradas-, personal de la Prefectura Nacional llevó a cabo un operativo de desalojo de vehículos a instancias de la orden del juez Federal de Campana Adrián González Charvay.

El despliegue se llevó a cabo en tres concesionarias de venta de autos del kilómetro 39 y los rodados fueron retirados por los agencieros ante la posibilidad de que fueran incautados.

Los espacios en cuestión constituyen la denominada zona de seguridad. “El desarrollo de actividades de esparcimiento, deportivas, de exhibición, etc. conlleva implicancias que pueden derivar en serias consecuencias”, explicaron desde Vialidad.

Vecinos de varios barrios de Pilar denunciaron públicamente que el agua que provee la empresa AySA sale de las canillas con un color marrón.

El agua turbia, con contenido incluso de tierra, se registró en San Alejo y otras zonas servidas por la concesionaria, donde vecinos compartieron imágenes del fluido que sale de las canillas.

“No hay presión de agua prácticamente y les quiero mostrar el agua que está mandando AySA a la red. Fíjense, esta es el agua corriente por la que pagamos sumas siderales”, señala Fabián Hallberg, al tiempo que levanta un vaso y muestra un agua totalmente turbia, de color marrón claro. El vecino vive en la calle Penna 1274, en San Alejo, una de las zonas afectadas.

Los problemas con el agua de red no son nuevos. Desde hace semanas que varios frentistas vienen advirtiendo por la baja presión o falta de fluido, aunque ahora se sumó el extraño color del agua.

El agua sale turbia en Pilar: piden soluciones “urgentes” a AySA https://t.co/tbqL5rD3if pic.twitter.com/ygibqNCeGe

Desde Defensoría del Pueblo de Pilar, a cargo de Adrián Maciel, llamaron a los vecinos afectados a que acerquen sus reclamos a la oficina.

“La Defensoría del Pueblo del Pilar convoca a los vecinos a acercar sus denuncias contra la empresa -cuyas oficinas de atención al público fueron cerradas de forma unilateral en 2024- a fin de poder gestionar los reclamos correspondientes tanto con la prestataria como con el Ente Regulador del Agua”, señalaron desde la Defensoría por medio de un comunicado.

“Los afectados pueden acercarse enviar sus reclamos a través de nuestro número de Whatsapp: 113703-1094 donde deberán remitir su número de usuario de AySA. O a nuestras oficinas ubicadas en Estanislao López esquina Ituzaingó. Edificio Pilar Point. Local 102”, agregaron.

El mes pasado, Maciel había presentado una actuación ante AySA a fin de que se precisen los detalles que estaban ocasionando importantes deficiencias en el suministro en los barrios Tropiano, Villa Morra, Villa Buide y Pilar Centro, así como las medidas a adoptar y los plazos para la normalización del servicio.

La respuesta por parte de la compañía llegó el pasado 14 de julio y en la misma, la falta de suministro fue adjudicada a la empresa Edenor y a la baja tensión en los pozos de agua. 

Agua potable, un derecho

Por su parte, desde la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) también se hicieron eco de la situación y pidieron de manera urgente soluciones a la empresa.

“La entidad reitera su profunda preocupación por el pésimo servicio de suministro de agua brindado por la empresa prestadora en Pilar. Es de público conocimiento que algunos barrios de Pilar sufren cortes de suministro, baja presión de agua y, cuando se restablece, el agua sale barrosa”, señalaron desde SCIPA, presidida por Alfredo Ventura.

“Todos pagamos tarifas de servicios para poseer un suministro normal que no afecte a nuestra salud y la de nuestras familias. A su vez, que sea apta para el consumo en los hogares. Hoy, beber agua corriente, representa un potencial peligro para la salud pública, lo cual está establecido como un delito en el Código Penal. Llamamos a la reflexión a las autoridades de AySA, especialmente a su Presidente Alejo Maxit para que de manera urgente instruya restablecer el normal suministro de agua corriente a todos los pilarenses”, añadieron.

AySA se encuentra en proceso de privatización por parte del gobierno nacional, aunque desde SCIPA señalaron que esta no debería ser un pretexto para no brindar un servicio de calidad.

“No representa excusa alguna que la empresa se encuentre en proceso de privatización, toda vez que el agua es una necesidad básica de todos los ciudadanos quienes estamos amparados por la Ley Provincial 14782 la cual reconoce el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para la vida, entendiéndose como el derecho de todas las personas a disponer oportunamente de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible para el consumo y el uso personal y doméstico. “Estamos en las antípodas que se cumpla con lo establecido en el marco legal expuesto. Por tal razón, llamamos a la reflexión al Presidente de AYSA para que, a corto plazo, el suministro de agua sea el adecuado, arbitre en lo inmediato los medios a su alcance para normalizarlo a los fines que los pilarenses no padezcamos estas nefastas circunstancias que atentan contra nuestra salud a pesar de las inmensas tarifas que abonamos”, cerraron desde SCIPA.

El Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, realizó una visita institucional a la Defensoría del Pueblo de Uruguay, donde fue recibido por su titular, Bernardo Legnani, y por la especialista en temas ambientales, Natalia Castagnet.

El encuentro se enmarcó en una agenda de cooperación regional orientada a fortalecer el rol de las defensorías en la protección del ambiente y los derechos colectivos.

Durante la reunión se abordaron temas prioritarios como la gestión y preservación de cuencas hídricas, el control ambiental sobre zonas industriales y el trabajo articulado con universidades y organismos técnicos.

En este contexto, Maciel compartió la situación de la cuenca del río Luján, cuya preservación constituye una de las principales preocupaciones ambientales de Pilar.

En esa línea, adelantó que junto al Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Luis María Ferella, se está avanzando en la reactivación de estudios ambientales sobre la cuenca, con el objetivo de impulsar políticas públicas de saneamiento, protección y monitoreo.

Cabe recordar que en diversas ocasiones la cuenca del Luján, en particular el tramo que atraviesa el distrito, estuvo en el foco de reclamos ambientales por ser el río depositario de desechos vertidos por empresas instaladas en el distrito. Precisamente, durante el encuentro se dialogó sobre la importancia de robustecer el trabajo de las defensorías en la protección del ambiente, con especial énfasis en el monitoreo de la actividad industrial.

Asimismo, en Uruguay el Ombusman de Pilar destacó la necesidad de articular con el ámbito académico, y anunció que se encuentran en etapa de desarrollo una serie de convenios de colaboración con universidades locales, orientados a fomentar la capacitación técnica, la investigación aplicada y el diseño de estrategias para una gestión ambiental responsable y más eficiente, especialmente en zonas como el Parque Industrial de Pilar.

“El encuentro en Montevideo fue profundamente enriquecedor. Pudimos constatar que, más allá de las diferencias institucionales, compartimos los mismos desafíos: cómo cuidar el ambiente, cómo promover el desarrollo sin exclusión y cómo garantizar que los derechos colectivos no sean una declaración sino una realidad cotidiana. Desde Pilar creemos en una defensoría con presencia territorial pero con mirada regional”, expresó Maciel tras la reunión.

Compromiso ambiental

Desde el inicio de su gestión, el Defensor del Pueblo de Pilar participó de forma activa de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), donde se abordaron los principales desafíos ambientales de la región y se promovió el intercambio de experiencias entre instituciones defensoras de derechos.

“La problemática ambiental exige respuestas articuladas. Desde Pilar queremos sumar una mirada local con vocación regional, y hacerlo con base técnica, participación ciudadana y cooperación entre instituciones”, expresó Maciel al cierre de su participación en la FIO y su visita a Uruguay.

Ante la preocupante falta de agua que afecta a numerosos vecinos de Pilar Centro y de barrios aledaños, el Defensor del Pueblo del Pilar, Adrián Maciel, elevó una actuación a la empresa Sociedad Agua y Saneamiento Argentinos Sociedad Anónima (Aysa) a fin de que tome las corrientes medidas para revertir la situación. 

Asimismo, el organismo se encuentra a disposición de los vecinos para atender los reclamos contra la empresa de forma presencial.

A través de la actuación 162-2025, el ombudsman solicitó la intervención de la concesionaria “ante la persistente falta de presión de agua que afecta a la a los barrios Tropiano, Villa Morra, Villa Buide y Pilar centro, generando serios inconvenientes a los vecinos que allí residen”.  

“Esta deficiencia en el servicio, cuya responsabilidad recae en esta concesionaria, ha sido reiteradamente denunciada por los vecinos, quienes ven afectado su derecho al acceso a un suministro adecuado de agua potable, un servicio esencial reconocido por la normativa vigente”, expresó el Defensor del Pueblo.

En virtud del Contrato de Concesión, la Ley 26.221, la Resolución 682/2016 y demás normativas aplicables, solicitó: 

Recurrente en temporadas estivales donde la demanda de agua se incrementa, la escasez de presión y la consecuente falta de servicio este año llegó también con el frío.

Durante las últimas semanas, los reclamos por falta de suministro en Pilar centro y alrededores por parte de frentistas y comerciantes se incrementaron de forma notable. 

Ante el cierre por parte de Aysa de las oficinas de atención al público en Pilar, polémica decisión tomada en agosto del año pasado, se recuerda que ante cualquier inconveniente con el servicio de agua corriente, los vecinos pueden acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo ubicadas en el primer piso del edificio Pilar Point (Estanislao López e Ituzaingó) para radicar su reclamo.

Luego de un largo camino de reclamos vecinales gestionados por la Defensoría del Pueblo del Pilar, la empresa Edenor presentó ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) el plan de obras para proveer de electricidad a las familias del Paraje Santa Coloma de la localidad de Manzanares. El compromiso había sido asumido por la concesionaria durante una audiencia convocada por el ENRE con las partes involucradas el pasado mes de marzo. En los últimos días, en una nota elevada por EDENOR al organismo regulador, la empresa consignó los trabajos a realizar y que permitirán garantizarles el servicio eléctrico a unas 100 familias. Frente a esta situación, el Defensor del Pueblo del Pilar, Adrián Maciel, consideró que “es un paso más que acerca a los vecinos a su derecho de contar con el suministro eléctrico acorde a las características del barrio y a su demanda”. “Desde la Defensoría vamos a estar monitoreando el cumplimiento de las etapas de trabajo a las que se comprometió EDENOR”, señaló.

Los trabajos

Largo camino de reclamos

El camino de los vecinos de Santa Coloma (ubicado entre las intersecciones de las calles Río Hondo, Traful y General Mariano Necochea) para contar con el servicio de energía eléctrica de EDENOR en su lugar de residencia viene de larga data. En 2024 los reclamos llegaron a la Defensoría del Pueblo de Pilar. Frente a esta situación, el Ombudsman elevó al ENRE y a Edenor las presentaciones legales necesarias para obtener una solución favorable para los habitantes de la zona. Las mismas fueron elaboradas con el asesoramiento del equipo jurídico del municipio por indicación del intendente Federico Achával. Cabe aclarar que en la actualidad, la energía eléctrica para este grupo de frentistas es suministrada de manera deficiente y discontinua por la Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles. Fue el pasado 6 de agosto cuando el Ombudsman de Pilar elevó una presentación ante Edenor a fin de que la empresa garantice la “mejora y estabilización del servicio eléctrico” de la mencionada comunidad. El pasado 10 de octubre, en tanto, el ombudsman realizó la actuación correspondiente ante el Ente Regulador de la Electricidad para que el organismo tome intervención ante la situación. Esta demanda contó con el apoyo del Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel.

La Defensoría del Pueblo del Pilar emitió un llamado de atención ante el creciente número de consultas recibidas por estafas vinculadas a la compra de terrenos.

A fin de prevenir situaciones fraudulentas, el organismo brindó una serie de recomendaciones dirigidas a quienes se encuentren en proceso de adquirir un inmueble.

Antes de avanzar con una seña o entrega de dinero, es esencial solicitar la escritura o título de propiedad original.

El vendedor debe ser el titular registral; no basta con que se presente como comercializador, poseedor, ocupante o cesionario sin derechos reales acreditados, señalaron desde la Defensoría, a cargo de Adrián Maciel.

También se recomienda requerir un informe de dominio ante el Registro de la Propiedad Inmueble, el cual permite comprobar si la persona es efectivamente la propietaria y si el terreno posee embargos, hipotecas, litigios o sucesiones pendientes.

Otra medida indispensable es la revisión del plano y la nomenclatura catastral, con datos como la partida, circunscripción, sección y parcela.

La verificación en los registros catastrales del municipio o la provincia permite confirmar la existencia y ubicación exacta del lote, recalcaron.

Además, desde el organismo señalaron que es necesario asegurarse de que el terreno esté libre de deudas municipales, incluyendo tasas, impuestos y servicios básicos. Asimismo, se debe consultar si el lote es apto para edificar, ya que algunas zonas pueden estar sujetas a restricciones urbanísticas, ser inundables o no contar con habilitación para construcciones.

Uno de los errores más frecuentes, según indica la Defensoría, es confiar únicamente en planos sin constatar el acceso real al terreno.

Por eso, se aconseja visitar el lugar con la compañía de un agrimensor o escribano, ya que muchos lotes ofrecidos en estafas se encuentran en zonas inaccesibles o no trazadas oficialmente.

Intervención notarial y asesoramiento profesional

La Defensoría expuso que nunca se debe entregar dinero sin la intervención de un escribano público, quien podrá documentar la operación, validar la identidad de las partes y otorgar las garantías legales necesarias. Toda reserva o seña debe estar debidamente formalizada y firmada.

La Defensoría del Pueblo del Pilar enfatiza que lo ideal es contar con asesoramiento legal desde el inicio del proceso, y no solo al momento de firmar la escritura.

Ante cualquier duda, se invita a los vecinos a acercarse a la Defensoría del Pueblo del Pilar antes de concretar cualquier operación inmobiliaria, en Estanislao López esquina Ituzaingó. Edificio Pilar Point. Local 102, Pilar.

En respuesta a la solicitud elevada por el Defensor del Pueblo del Pilar a la Dirección Nacional de Vialidad para solicitar que los vecinos del Peaje Larena sigan siendo exceptuados del pago de dicho peaje una vez que se ponga en marcha el sistema free-flow de cobro sin barrera, el organismo confirmó que los habitantes de la zona continuarán siendo eximidos.

A través de una misiva elevada al ombudsman Adrián Maciel, Vialidad expresó que “al momento de redactar los pliegos preliminares para los dos primeros tramos (el Oriental y la Conexión) de un total de trece tramos, ya se contempló y consideró la temática vinculada a la tarifa diferencial, prueba de ello es que en sus textos se redactó que se mantiene la aplicación de las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de peaje que componen esos tramos, a la fecha de toma de posesión”. 

Asimismo, el organismo adelantó que “en total, se licitarán 9.342 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito”. 

 “En este nuevo tipo concesión -continuaron- tal como se explicara en las Audiencias Públicas celebradas el pasado mes de febrero para estos dos primeros Tramos, se mantendrá la tarifa vigente desde la toma de posesión hasta cumplir la condición de transitabilidad segura que implica la premisa de bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal, vertical y reparación de los sistemas de iluminación del tramo, con actualización según nueva fórmula del contrato”.

Frente a esta respuesta, el Defensor del Pueblo se mostró cauto: “en respuesta a la actuación que presentamos desde la Defensoría, Vialidad nos confirma que se mantendrán las tarifas diferenciales vigentes aún con la incorporación del nuevo sistema. Esto es fundamental para los vecinos y también es un derecho, dado que hasta el momento no cuentan con las colectoras les permitirían optar por no pagar peaje”.

“No obstante -aclaró Maciel- estaremos atentos a su efectivo cumplimiento, siguiendo de cerca lo que ocurra cuando se implemente el sistema free-flow”.

El tramo de la autopista Pilar Pergamino que comprende el peaje Larena está a cargo de la empresa concesionaria Corredores Viales. 

Cabe recordar que, a falta de caminos alternativos, en la actualidad los habitantes de la zona son exceptuados del abono del peaje siempre que atraviesen las cabinas de pago manual. El reclamo para que se construyan colectoras es una lucha histórica que llevan adelante los habitantes de las zonas aledañas de Pilar y Exaltación de la Cruz hace casi 20 años. 

Tal como se adelantó desde el Gobierno Nacional, el nuevo sistema de cobro sin barrera está previsto que se aplique en todas las rutas del país en el marco del Proyecto Red Federal de Concesiones (RFC). 

“Se trata de un nuevo sistema de concesión para la operación y mantenimiento de tramos de la Red Vial Nacional mediante el cual el sector privado los gestionará, a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas, anticiparon acerca de los alcances del proyecto”, anticiparon.

Adrián Maciel pidió que se extienda la exención del pago para los lugareños. Luego de que trascendiera la decisión del Gobierno Nacional de incorporar el sistema de peajes sin barreras en todas las rutas nacionales, al mismo tiempo que los vecinos del peaje Larena advirtieron sobre movimientos para desmontar las cabinas de cobro, el Defensor elevó una actuación de oficio a la Dirección Nacional de Vialidad para conocer los alcances de esta medida.

En la misma misiva, el ombudsman solicitó al organismo que los vecinos sigan contando con la excepción al pago de tarifas hasta tanto se habiliten las colectoras correspondientes.

Cabe recordar que en la actualidad los habitantes de la zona son exceptuados del abono del peaje siempre que atraviesen las cabinas de pago manual.

No obstante, la incorporación del sistema free flow de peajes sin barrera implicaría que todos los residentes de la zona deberán afrontar la tarifa, sin exenciones como sucede en la actualidad.

“Hemos tomado conocimiento, a través de trascendidos periodísticos y comunicaciones informales, que el peaje arroyo Larena (autovía Pilar Pergamino) se reemplazarán las cabinas de cobro manual por un sistema de cobro automático tipo free-flow”, afirmó el abogado mediante la actuación 124-2025.

“En razón de ello -continuó- solicitamos que se informe formalmente a este organismo si la empresa concesionaria Corredores Viales S.A. – Tramo IV, tiene previsto implementar dicho sistema”, continuó.

En caso que la respuesta sea afirmativa, el Defensor del Pueblo solicitó que se destaquen: a) Fecha estimada de implementación del nuevo sistema de cobro automático.

“Consideramos indispensable que cualquier modificación en el sistema de cobro contemple la realidad de los vecinos mencionados, muchos de los cuales utilizan a diario el peaje para trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de salud”, enfatizó Maciel, para remarcar que “la continuidad de los beneficios es un derecho adquirido que debe preservarse”.

Alertados por esta situación, vecinos autoconvocados de la zona del peaje Larena mantuvieron una asamblea ante el avance de las obras de instalación de un sistema de cobro sin cabinas, tal como ya se está aplicando en algunos puntos del país.

Además del histórico reclamo de los habitantes de Pilar y Exaltación de la Cruz para que se habiliten colectoras, se suma también la incertidumbre de los empleados de las cabinas, quienes perderían sus puestos de trabajo.

Antecedentes

Hace casi 12 meses, el 30 de abril de 2024, el Defensor del Pueblo del Pilar, Adrián Maciel, efectuó una actuación ante la Dirección de Vialidad Nacional a fin de que los vecinos de zonas cercanas al peaje Larena sigan siendo exceptuados del pago de la tarifa hasta tanto la empresa concesionaria Corredores Viales habilite las colectoras correspondientes.

La respuesta del organismo llegó con un duro revés para los habitantes de la zona.

En su argumentación, aseguraron que “no es obligatoria” la existencia de caminos alternativos en cada estación de cobro, avalando el accionar de la concesionaria.

“Los vecinos tienen derecho a contar con colectoras y Vialidad Nacional les está dando la espalda”, afirmó el ombudsman de Pilar en referencia a la misiva que arribó a la Defensoría del Pueblo local días atrás.

En ella, desde Vialidad afirmaron que “se procedió a dar intervención a la Subgerencia de Atención al Usuario” quién en virtud de lo solicitado por Maciel, manifestó que “la jurisprudencia vinculada a la presencia de colectoras gratuitas, en líneas generales, indica que no es obligación la existencia de las mismas en cada Estación de Cobro de la Red Vial Nacional concesionada”.

A la vez agregaron que: “en caso de existir, dichas trazas no deben garantizar el mismo tiempo de recorrida ni similar estado de transitabilidad”.

“Es completamente injusto y perjudicial para los vecinos que la única vía alternativa sea un camino mucho más largo y en malas condiciones”, consideró Maciel.

“Por allí  añadió- debe pasar una colectora y hace ya casi 20 años que está vulnerado ese derecho”.

Luego de las gestiones llevadas a cabo por el intendente Federico Achával y el defensor del Pueblo del Pilar Adrián Maciel a partir de los reclamos de 133 familias del Paraje Santa Coloma de la localidad de Manzanares que solicitan que Edenor los provea el servicio de electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó en las últimas horas a una audiencia con las partes involucradas.

Como resultado, la concesionaria de energía arbitrará los medios para que en un plazo de 180 días los vecinos reciban el correspondiente suministro. Así, contará con 45 días corridos para presentar ante el Ente Regulador el plan de inversión y de obras en este sentido.

La audiencia se desarrolló el miércoles en las oficinas del ENRE de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia del Defensor del Pueblo del Pilar Adrián Maciel y de representantes legales y técnicos del ENRE, EDENOR, de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles, quien hasta el momento provee la luz a los habitantes de la zona.

El camino de los vecinos de Santa Coloma (ubicado entre las intersecciones de las calles Río Hondo, Traful y General Mariano Necochea) para contar con el servicio de energía eléctrica de EDENOR en su lugar de residencia viene de larga data.

En 2024 los reclamos llegaron a la Defensoría del Pueblo de Pilar. Frente a esta situación, el Ombudsman elevó al ENRE y a Edenor las presentaciones legales necesarias para obtener una solución favorable para los habitantes de la zona. Las mismas fueron elaboradas con el asesoramiento del equipo jurídico del municipio por indicación del intendente Federico Achával.

“Es un hecho inédito para esta Defensoría del Pueblo llegar a una instancia de audiencia con Edenor en el ENRE”, destacó Maciel. Para agregar que “fue exhaustivo el litigio administrativo procesal con Edenor y luego con el ENRE, en ambos fue fundamental el apoyo del equipo jurídico del municipio puesto a disposición por el intendente”.

“Estamos expectantes -agregó el abogado- al desarrollo de las obras porque es fundamental que los vecinos cuenten con un suministro eléctrico eficiente, acorde a su demanda”, consideró Maciel.

Cabe aclarar que en la actualidad, la energía eléctrica para este grupo de frentistas es suministrada de manera deficiente y discontinua por la Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles.

Largo camino

Fue el pasado 6 de agosto cuando el Ombudsman de Pilar elevó una presentación ante Edenor a fin de que la empresa garantice la “mejora y estabilización del servicio eléctrico” de la mencionada comunidad.

El pasado 10 de octubre, en tanto, el ombudsman realizó la actuación correspondiente ante el Ente Regulador de la Electricidad para que el organismo tome intervención ante la situación.

Esta demanda contó con el apoyo del Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel.

La Defensoría del Pueblo de Pilar realizó un balance de las actuaciones llevadas a cabo en este 2024.

En el informe anual, la oficina destacó que se registraron más de 7.200 reclamos por parte de vecinos del distrito, y encabezaron los mismos aquellos relacionados con las empresas AySA y Edenor. Del total de atenciones, detalla el informe, - (7242 reclamos) un 52% correspondió a problemas vinculados con los servicios públicos (3739), un 10% a inconvenientes con la Administración Pública nacional (709), un 9% referidos a la Administración Pública provincial (646), un 6% vinculados con la Administración Pública municipal (456) y un 23% (1692) de las atenciones respondieron a pedidos de asesoramiento jurídico por parte de los vecinos.

“Hemos atendido más de 7.000 reclamos de diversa índole, reflejando un aumento significativo en la demanda de atención, especialmente debido a las condiciones económicas que atraviesa el país”, explicó el ombudsman.

Desglosando los números, en lo que se refiere a los reclamos por servicios públicos, el 62% de los mismos correspondió a la empresa concesionaria del servicio de agua potable Aguas y Sanemientos Argentinos (Aysa) con 2302 actuaciones, seguida por la empresa concesionaria de energía eléctrica Edenor con el 26% (985 casos). En tanto que la empresa concesionaria de gas natural Naturgy aglutinó el 8% (314) de las actuaciones y las empresas de telefonía, cable e internet se llevaron el 4% (138 casos).

En lo que se refiere a Aysa, que concentró la mayor cantidad de reclamos gestionados en estas oficinas a nivel general (un 31,7% del total de todos los rubros), cabe recordar que la Defensoría del Pueblo se convirtió en la única recepción presencial para los reclamos de la prestataria, recibiendo diariamente consultas tanto individuales como colectivas.

“Uno de los ejes centrales de nuestra gestión estuvo enfocado en los problemas vinculados con los servicios públicos, dado que estos afectan de manera directa la vida diaria de los vecinos. Durante este período, se recibieron múltiples reclamos relacionados con cortes prolongados de electricidad, interrupciones en el suministro de agua potable y deficiencias en la poda de árboles, que ponían en riesgo la seguridad pública”, indicó el Defensor del Pueblo.

Asimismo, “se reportaron aumentos desmedidos en las facturas de servicios básicos y preocupaciones por la eliminación de subsidios y la inscripción a estos subsidios (por medios electrónicos) de sectores vulnerables que no tienen acceso a estos medios y adultos mayores que no saben cómo utilizarlos”.

Frente a esta situación, el organismo que conduce Adrián Maciel actuó en numerosas oportunidades como mediador entre los vecinos y las empresas prestadoras de servicios presentando reclamos formales y acompañando a las personas afectadas en el proceso de resolución.

Estas intervenciones no se limitaron a trabajar con las autoridades locales; también se llevaron a cabo acciones conjuntas con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Defensoría del Pueblo de la Nación, articulando esfuerzos para dar respuestas rápidas y efectivas a los ciudadanos.

En muchos casos, la gestión incluyó inspecciones y relevamientos en los barrios más afectados, donde se observó las problemáticas en detalle para elevar informes a las autoridades competentes.

«Esta labor permitió no solo buscar soluciones inmediatas, sino también promover medidas preventivas que minimicen la recurrencia de estos problemas en el futuro», destacaron desde la Defensoría.

Administraciones públicas

En lo referido a los reclamos vinculados con la Administración Pública nacional, ANSES aglutinó el 28% de las actuaciones, el 25% correspondió a PAMI, la misma cifra para INCLUIR, en tanto que Transporte se llevó el 10% y Renaper el 6%, al igual que AFIP.

“En el caso de ANSES, gestionamos solicitudes relacionadas con asignaciones familiares, pensiones contributivas y el reconocimiento de beneficios previsionales, atendiendo también las dificultades que enfrentan los adultos mayores para realizar trámites presenciales o digitales. Hemos actuado como puente entre los vecinos y estas instituciones, logrando en muchos casos destrabar trámites demorados y garantizar que las personas accedieran a los servicios que les corresponden por derecho”, explicaron desde la Defensoría.

En lo que respecta a Provincia, el 31% de los reclamos estuvo vinculado a la superintendencia de Salud, el 28% a IOMA, el 22% a Educación, el 12% a Arba y el 7% a Transporte.

En cuanto a los reclamos que conciernen a la Administración Pública municipal, el 26% correspondió a problemas vinculados con Medio Ambiente, el 22% a Rentas y expedientes, el 18% a Salud, el 17% a Obras Públicas, el 10% a Defensa Civil y el 7% a Licencias, Tránsito y multas.

Finalmente, en cuanto a los pedidos de asesoramiento jurídico, el 23% de los mismos correspondió a trámites legales, el 22% a asesoramiento en general, el 18% de los mismos tuvo que ver con cuestiones vinculadas con violencia de género, el 11% con desalojos y alquileres, la misma cifra a cuestiones de familia, el 10% a mediaciones y el 5% a estafas.

Logros

Desde la Defensoría destacaron que este año se «trabajó intensamente en consolidar su capacidad institucional, fortaleciendo los servicios que ofrece a los vecinos y ampliando su intervención en problemáticas diversas».

Entre los logros más destacados se encuentra el traslado de sus oficinas a un espacio de mayores dimensiones, lo que permitió mejorar la comodidad tanto del personal como de los vecinos.

Además, se implementó la digitalización de procesos internos, modernizando herramientas tecnológicas para optimizar la gestión de reclamos y garantizar un seguimiento eficiente.

También se profesionalizó la atención al público mediante la incorporación de plataformas digitales que facilitan respuestas rápidas y accesibles.

Con más de 7.242 actuaciones realizadas durante el año, se priorizó la atención a sectores vulnerables, brindando soluciones concretas a quienes más lo necesitan.

El enfoque inclusivo también permitió colaborar activamente con asociaciones civiles, consorcios de propietarios y vecinos auto convocados, abordando de forma integral conflictos habitacionales, medioambientales y cuestiones relacionadas con el acceso a servicios públicos.

También se fortalecieron los vínculos interinstitucionales con las Defensorías del Pueblo Distritales, Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y fundamentalmente con la Defensoría del Pueblo de la Nación.

El Defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, lanzó una dura advertencia sobre la situación que enfrentan los usuarios de servicios de luz y gas, señalando que la quita de subsidios está siendo prácticamente total.

Según Maciel, esto llevará a que muchos vecinos deban afrontar boletas con costos significativamente más altos, lo que está generando preocupación y malestar entre la población.

En declaraciones al programa Agenda Propia (105.9), Maciel reveló que los pedidos de subsidios están siendo denegados de manera sistemática, a pesar de que muchas personas cumplen con los requisitos para recibirlos.

Además, mencionó que varios usuarios están siendo recategorizados en niveles de ingresos superiores a los que realmente les corresponden.

“Hay una gran desinformación por parte de la Secretaría de Energía o de los entes oficiales", expresó Maciel, señalando que esta falta de claridad está afectando a miles de personas.

El defensor también explicó que el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) cerró el 4 de septiembre, y aunque la Defensoría del Pueblo asistió a muchos vecinos en el proceso de inscripción, especialmente a adultos mayores que no manejan la tecnología, la realidad es que siguen recibiendo una gran cantidad de reclamos. "Muchas personas han sido recalificadas del nivel 2 al nivel 3. Los nivel 3, que son considerados ingresos medios, pagan absolutamente todo por encima de los 400 kw mensuales, un consumo que es una heladera, y un bombeador", detalló.

El problema, según Maciel, radica en el Sistema de Identificación Nacional Tributario (SINTIS), que clasifica a los grupos familiares que superan ingresos de 3.300.000 pesos como no aptos para recibir subsidios. Sin embargo, lo preocupante es que muchos usuarios están siendo recategorizados erróneamente, quedando sin el beneficio del subsidio aunque sus ingresos no justifiquen tal cambio.

"Estamos viendo una sistemática forma de escalar las categorías de ingresos familiares, lo que conlleva la pérdida del subsidio", agregó el funcionario, quien señaló que la quita de subsidios podría comenzar a hacerse sentir fuerte en noviembre o diciembre, ya que el gobierno Nacional aún no definió la fecha.

Según datos extraoficiales, 1.4 millones de usuarios de ingresos bajos quedaron sin inscripción en el sistema, algo que desde la Defensoría consideran inexacto, ya que muchas personas se inscribieron pero sus solicitudes fueron rechazadas sin explicación.

Además, Maciel denunció que una vez registrado en el sistema, los usuarios no pueden modificar su situación si, por ejemplo, pierden el trabajo o su situación económica cambia. "El trámite no permite modificaciones, lo que significa que el subsidio puede ser denegado o la categoría de ingresos puede elevarse sin posibilidad de corrección", indicó.

Frente a esta situación, el defensor instó a quienes necesiten ayuda para gestionar su solicitud de subsidio a acercarse a la Defensoría del Pueblo en Pilar, ubicada en las oficinas del Pilar Point (Ruta 8 e Ituzaingó, primer piso, oficina 112), donde podrán recibir asistencia para completar los trámites necesarios. También recomendó tener a mano los datos de la factura de servicios, como el número de cuenta, usuario y medidor, para agilizar el proceso.

Maciel concluyó con una cruda advertencia: “Lo cierto es que la quita de subsidios lamentablemente está siendo total. Esa es la verdad”.

Tras una serie de reclamos que vienen llevando acabo unas 100 familias del Paraje Santa Coloma frente a Edenor para contar con el servicio de energía eléctrica en su lugar de residencia y ante la sostenida falta de respuesta de la empresa concesionaria del servicio de energía eléctrica a dicho pedido, el Defensor del Pueblo Adrián Maciel elevó el reclamo al Ente Nacional Regulador con el apoyo de su par nacional.

El camino de los vecinos de Santa Coloma (ubicado entre las intersecciones de las calles Río Hondo, Traful y General Mariano Necochea) viene de larga data dado que la empresa nunca cumplió con el contrato de concesión, de modo tal que los usuarios no cuentan con el servicio correspondiente.

Esta deficiencia afecta gravemente la calidad de vida y contraviene las obligaciones de la concesionaria de proveer energía eléctrica de manera regular y continua. Cabe aclarar que en el presente, ante el incumplimiento de Edenor, el servicio de energía eléctrica para este grupo de frentistas es suministrado de manera deficiente y discontinua por la Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación Agropecuaria Parada Robles, que también manifestó su voluntad de sumarse al reclamo colectivo, teniendo en cuenta que no le corresponde ni se encuentra obligada a brindar el suministro en la zona en cuestión.

Por todo lo expuesto, el pasado 6 de agosto, el Ombudsman de Pilar elevó una presentación ante Edenor a fin de que la empresa garantice la “mejora y estabilización del servicio eléctrico” de la mencionada comunidad.

Sin embargo, lejos de lo esperado la respuesta de Edenor – a través de su apoderado Fernando Pérez- se limitó a cuestionar la potestad de la Defensoría para intervenir en este tipo de reclamos, ignorando que ante un derecho vulnerado, tal como viene sucediendo con los vecinos de Santa Coloma, el organismo puede iniciar un reclamo legítimo bajo el principio de buena fe.

“Lamentablemente la respuesta de Edenor ha sido ineficaz y dilatoria, eludiendo el grave incumplimiento que tiene la empresa con la comunidad, situación que se traduce en un menoscabo de la calidad de vida de los residentes”, señaló Maciel.

Tal como describió el abogado, “la empresa incumple con la Ley 24.240 de los derechos de los consumidores y no cumple con sus obligaciones contractuales, siendo consciente de los daños y perjuicios que está causando, lo que configura un dolo eventual” por parte de la concesionaria.

Frente a esta situación, el pasado 10 de octubre, el ombudsman presentó ante el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) un pedido para que el organismo tome intervención ante el incumplimiento de Edenor.

“Se le solicita al ENRE que evalúe la responsabilidad y eventuales sanciones a Edenor por el incumplimiento de la resolución Nº 170/1992 artículo 25 incisos A y B”, expresa la misiva en la que también se solicita “la adopción de medidas necesarias para garantizar que los residentes del paraje Santa Coloma reciban el servicio de energía eléctrica al que tienen derecho”.

Este pedido contó con el apoyo del Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel.

En respuesta a una actuación del Defensor del Pueblo del Pilar, Adrián Maciel, dirigida a la Dirección Nacional de Vialidad con el propósito de que se tomen medidas frente a la ocupación ilegal de los parquizados linderos a las colectoras de Panamericana por parte de distintas agencias de autos, el organismo confirmó que este requerimiento derivó en la presentación de una acción penal contra las concesionarias involucradas.

Haciéndose eco del reclamo de un grupo de vecinos que objetaban la ocupación de los mencionados espacios entre los kilómetros 36 y 49 -situación que arribó a la Defensoría de la mano de un grupo de concejales locales- el ombudsman de Pilar elevó en agosto pasado la presentación Nº 106/24 exigiendo acciones tendientes a revertirlo.

En las últimas horas, el coordinador de la Gerencia Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Vialidad, Marcelo Sáenz Urquiza, en respuesta a dicha solicitud, confirmó a través de una nota que “se dio intervención a las distintas áreas técnicas competentes de esta Repartición y a la empresa concesionaria Autopistas del Sol S.A.” y por ello, “personal de la Supervisión General de Operación y Mantenimiento se presentó al lugar en cuestión y constató la situación actual de la zona”.

En este sentido, desde la cartera nacional reafirmaron que “la utilización del sector de préstamo en cuestión constituye una situación anómala” y recordaron que “las zonas de camino en la Red Vial Nacional son espacios pertenecientes a esta Dirección Nacional de Vialidad (DNV), destinados específicamente a las actividades propias de la operación y seguridad del tránsito carretero por lo que deben mantenerse libres de obstáculos, y evitarse el ingreso, circulación y permanencia de vehículos y de peatones”.

Por su parte, Maciel hizo hincapié en las consecuencias para la seguridad que podría tener el uso indebido de estos espacios: “además de ocupar de forma irregular un espacio que no les pertenece, están poniendo en peligro a los conductores porque los parquizados son zonas de seguridad que deben estar liberadas ante eventuales choques o vuelcos que se produzcan en las colectoras o en la autopista”.

Cabe destacar que hasta el momento las agencias detectadas en la inspección realizada por Vialidad Nacional son: Autos Pilar Premium -km 39.5-, FDG Motors -km 39.6-, Blue Cars -km 39.6 y km 44.8- y MV Automotores del km 39.5, informó la Defensoría.

No obstante, la lista podría engrosarse con otros concesionarios en futuras inspecciones si es que la mencionada y recurrente irregularidad no se revierte.

Desde la repartición nacional aclararon que los espacios en cuestión “no han sido definidos para recreación ni otro fin ajeno al funcionamiento de la Autopista por constituir la denominada zona de seguridad. El desarrollo de actividades de esparcimiento, deportivas, de exhibición, etc. conlleva implicancias que pueden derivar en serias consecuencias”.

Camino legal

Tras una serie de intimaciones realizadas contra las mencionadas agencias por parte de Autopistas del Sol -y ante el resultado negativo de dichas acciones, la empresa concesionaria realizó la denuncia correspondiente en Gendarmería Nacional Argentina – Secc. De Seguridad Vial Autopista Norte- así como ante el Destacamento Vial Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la empresa carece de poder de policía.

En paralelo a esas medidas, Autopistas del Sol “se encuentra trabajando en la presentación de la denuncia penal correspondiente y en un plan de acción en el sector en cuanto a la ocupación ilegal de la zona de camino de la autopista”, afirmaron desde Vialidad, al tiempo que precisaron que se encuentra en análisis la posibilidad de instalar “barreras físicas tipo bermas de suelo o defensas, a los fines de desalentar la ocupación”.

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), entre ellos la Defensoría del Pueblo de Pilar, manifestó su firme rechazo ante la posibilidad de que se vete la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue aprobada recientemente por el Congreso con amplia mayoría. Según la ADPRA, "esta ley constituye una herramienta fundamental para la recomposición del presupuesto de las universidades nacionales", en un contexto en el que las instituciones educativas enfrentan una situación de emergencia presupuestaria.

El veto, de concretarse, podría comprometer gravemente el correcto funcionamiento de las universidades, afectando no solo los compromisos salariales, sino también los derechos de estudiantes y docentes. "La actualización del presupuesto universitario en función de la inflación acumulada [...] permitirá garantizar no solo el funcionamiento básico de las universidades, sino también el derecho a una educación superior de calidad para miles de estudiantes", expresó la ADPRA en un comunicado conjunto firmado por más de 30 defensores del pueblo de todo el país.

Asimismo, las defensorías advirtieron que la falta de financiamiento adecuado pondría en riesgo actividades esenciales como la investigación y la transferencia de conocimiento, fundamentales para el progreso científico y tecnológico de la Argentina. "Nos preocupa profundamente el impacto que esta decisión podría tener en la calidad educativa", señalaron.

Los defensores pidieron reconsiderar la decisión de vetar la ley y abogaron por un sistema de financiamiento que fortalezca el sistema educativo sin generar un desajuste en las cuentas públicas.

Entre los firmantes, además del defensor de Pilar, se encuentran María Rosa Muiños (CABA), Enrique Pochat (Morón), Rafael Sachetto (Villa María), entre otros.